1. Una democracia económica y ecosocial al servicio de las personas

1.1. Economía

1.1.1. Economía para una vida mejor

1.1.1. Más empleo, con mejores condiciones de trabajo

• Más empleo, con mejores condiciones de trabajo
  
  • Estableceremos como objetivo central de la política económica que la tasa de paro converja con la media europea y que existan suficientes empleos disponibles para las personas que deseen trabajar. A pesar de que la reforma laboral ha dado lugar a las cifras más altas de personas trabajando y de empleo estable, España tiene que enfrentar ahora el desafío de eliminar otra anomalía histórica: la de tener una tasa de paro muy superior a la media europea. El objetivo de la legislatura será converger con esta tasa de paro, que se sitúa en el 7%, y alcanzar una tasa de empleo superior al 70%. Es posible, si se pone en marcha una estrategia integrada de políticas económicas y políticas de empleo orientadas plenamente a este objetivo.
  • Orientaremos a la creación de empleo el potencial que se deriva del cambio de modelo de cre- cimiento y, en particular, del proceso de reindustrialización vinculado a la transición energética, a los cambios en la localización de las actividades productivas y la atención de las necesidades asociadas a la mayor demanda de cuidados. La orientación estratégica hacia una economía verde y digital requiere profesionales con formación especializada en áreas como las energías renovables, la eficiencia energética, el cambio climático, la economía circular y la sociedad digital. En este sentido, los programas de formación que combinan la especialización con el trabajo en empresas son más efectivos desde el punto de vista de la vinculación de los jóvenes al mercado laboral y de su trayec- toria profesional.
  • Reordenaremos el tiempo de trabajo, incluyendo la reducción y la distribución de la jornada la- boral, pero sin reducción de salario. En 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales. Con ello, mejorará la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados y autocuidado al tiem- po destinado a la formación, al ocio o a la participación social. Además, se debe controlar mejor las horas extras y compensarlas con tiempo libre, eliminar los horarios variables sin control, regular los horarios de los servicios públicos y procurar una gestión más flexible de la distribución de la jornada anual o del tiempo a lo largo de la carrera profesional de las personas, incluyendo el contrato de re- levo. Se procurará trasladar el mayor número de días no laborables a los lunes, tanto para facilitar un mejor disfrute del ocio como por razones de organización de la producción.
  • Reforzaremos el vínculo entre empresas y personal, para avanzar en la estabilidad y resiliencia del empleo, haciendo del contrato indefinido a tiempo completo la forma normal de empleo. Con- tinuando con los avances registrados tras la última reforma laboral, este contrato debe ser la base de un modelo de relaciones laborales estable, que permita adoptar medidas de flexibilidad interna pleo con derechos es una pieza central del modelo, porque permite vidas estables, con carreras profesionales más largas, que mejoran la productividad y evitan la sobrerreacción del mercado de trabajo ante las perturbaciones económicas.
  • Subiremos el salario mínimo interprofesional por encima del ipc anual para mantener la ga- nancia de poder adquisitivo de las personas que lo cobran. La subida del SMI llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo en el marco del diálogo social en los últimos cuatro años ha demostrado ser el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral, la desigualdad y la brecha de género. Ahora, además, los incrementos del SMI deben servir para impulsar el crecimiento salarial general de nuestro país.
  • Mejoraremos las políticas activas de empleo, centrándolas en las personas con mayores dificul- tades para acceder a un empleo, ya sea por razones de edad, cualificación, género, origen o des- ajuste entre la formación de las personas sin empleo y las profesiones que se demandan en cada momento. Especialmente, se cuidarán los programas de empleo dirigidos a personas jóvenes (Ga- rantía Juvenil) para garantizar la primera oportunidad laboral, los programas dirigidos a mujeres, a mayores de 45 años y a personas con discapacidad. En la medida en que se garantice su adecuado 2diseño con participación de las corporaciones locales, que son las administraciones más cercanas a las dinámicas sociolaborales, las políticas activas serán más eficaces y estarán basadas en el tra- tamiento personalizado de cada persona desempleada, que debe incluir un compromiso de colo- cación al final de su itinerario, incorporando al sector público un garante de última instancia de este compromiso de empleo.

1.1.2. Defender el poder adquisitivo frente a los efectos de la inflación

• Defender el poder adquisitivo frente a los efectos de la inflación
  
  • Impulsaremos la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios. Tanto el comportamiento salarial hasta el momento, como la firma del AENC, garantizan que el origen de las tensiones inflacionistas no se encuentra en los salarios y su crecimiento. La tensión inflacionista se está produciendo por el encarecimiento de los precios de importación de algunas materias primas esenciales y un mantenimiento o aumento bastante generalizado de los márgenes empresariales. La firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios debe tener como objetivo acordar un reparto adecuado de las implicaciones del encarecimiento de los precios de importación y cortar los efectos de segunda ronda. Existe margen suficiente para que los salarios recuperen el poder adquisitivo perdido en 2022 sin afectar a los precios finales.
  • Favorecer el crecimiento real de los salarios, que aún no se han recuperado de la pérdida de poder de compra que sufrieron con la crisis financiera. En España, los salarios son bajos, con una media de 21.600€, un nivel que no se corresponde con ser la cuarta economía europea. Los salarios han crecido por debajo de la productividad, con lo que han perdido peso en el reparto de la renta. En esta legislatura, debe abordarse el incremento real de los salarios en el marco del diálogo social y en la negociación colectiva, y seguir reforzando el poder de negociación individual y colectivo de las personas trabajadoras.
  • Utilizar adecuadamente la información del observatorio de los márgenes de beneficio de las empresas (OMB), para conocer con detalle cómo se distribuye la renta y los canales de trasmisión de los aumentos de costes a precios. La información recogida por distintos entes oficiales (INE, AEAT, Banco de España, TGSS y Ministerio de Trabajo y Economía Social) hace posible su agrupamiento en aras de ayudar a la toma de decisiones y para conocer la evolución de los márgenes empresariales, de igual modo que otras fuentes permiten conocer la de los salarios. El OMB debe permitir, asimismo, reducir la asimetría de información existente y mejorar el conocimiento de los procesos de trasmisión de costes a precios, convirtiéndose en una herramienta central de la política de lucha contra la inflación. Igualmente, el OMB debe facilitar que los agentes sociales adapten sus reivindicaciones laborales en la negociación colectiva y el reparto de dividendos a la situación de cada empresa; para ellos, se reforzarán la coordinación macroeconómica y la defensa de la competencia.
  • Crear un bono de emergencia para la compra de su vivienda habitual dirigido a los hogares hipotecados a tipo variable, que sufren la fuerte alza de los tipos de interés del BCE. La cuantía del bono será de 1.000€ por hogar y ayudará a sufragar una parte del aumento de la hipoteca. Beneficiará a los hogares que se hipotecaron a tipo variable en los últimos diez años por un importe de hasta 250.000€, y precio de compra de hasta 300.000€, que son los que tienen una mayor carga de intereses (un millón de hogares) con un coste global de mil millones de euros que se financiarán con cargo al impuesto extraordinario a la banca.
  • Establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas. las rápidas, contundentes y permanentes subidas de los tipos de interés que ha llevado a cabo el BCE están provocando incrementos de las cuotas hipotecarias inasumibles para muchos hogares con hipotecas a tipos variables. La propuesta de portabilidad de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo pretende romper el corralito de hipotecados en cada banco que ha logrado el sector para maximizar beneficios. Se trata, siguiendo la estela de la portabilidad telefónica que tan buenos resultados ha dado, de promover la portabilidad de hipotecas —por novación o subrogación—, obligando a que las entidades de crédito publiquen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sus ofertas de crédito 3hipotecario junto a los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir saltar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades.
  • Mejoraremos la información de los alquileres y estableceremos precios de referencia. esta propuesta pretende mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda por dos vías. La primera de ellas es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España. La segunda es establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico.
  • Establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación. Existen ya algunas experiencias internacionales en este sentido, que requieren el impulso político necesario y el liderazgo impulsado desde el Gobierno.
  • Transformaremos en una política de transporte permanente la reducción del precio de los abonos de transporte para desplazamientos recurrentes, al trabajo o a los centros de estudio y con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la Administración local. Es una medida que reduce el coste del transporte, mejora el poder adquisitivo de las personas e impulsa un necesario cambio de modelo que impulse el transporte colectivo, que es un instrumento imprescindible para enfrentarnos a los desafíos de la crisis climática.

1.1.3. Avanzar en la igualdad de género en el mercado laboral y en los cuidados

• Avanzar en la igualdad de género en el mercado laboral y en los cuidados
  
  • Garantizaremos tanto el derecho al cuidado como su corresponsabilidad. el cuidado de las personas es un trabajo no remunerado que asumen de forma desproporcionada las mujeres, lo que afecta negativamente a su vida personal y penaliza su trayectoria laboral. El estado de bienestar debe asumir la garantía del derecho a los cuidados dignos, dotando de presupuesto a las políticas públicas de fomento de la igualdad. Para ello, se propone hacer remunerado y ampliar a diez semanas hasta los doce años el recientemente creado permiso parental, similar al existente en otros países de la UE; remunerar el permiso de cinco días para cuidado de familiares y ampliar el permiso de baja por maternidad para las familias monomarentales hasta las 32 semanas.
  • Cerraremos las brechas de género que cruzan de forma transversal el mercado laboral. Para contrarrestar el carácter abrumadoramente femenino de la jornada parcial involuntaria, las mayores tasas de temporalidad en los contratos y las mayores dificultades del acceso al empleo, son necesarias políticas específicas. La desigualdad económica vinculada a la brecha de género está muy relacionada con el ámbito de los cuidados, especialmente en el caso de las familias monomarentales. Además de promover la corresponsabilidad en los cuidados, deben adoptarse también medidas para permitir su conciliación con la carrera profesional, como flexibilizar los horarios de trabajo, facilitar el teletrabajo, normalizar el trabajo a tiempo parcial en puestos estructurales cualificados y garantizar el acceso universal y gratuito a escuelas infantiles de cero a tres años.
  • Eliminación de las diferencias salariales de género, aplicando con carácter general el principio de que al mismo trabajo debe corresponder igual salario. Para ello es necesario impulsar el poder negociador de las mujeres a través de una mayor transparencia y publicidad de los salarios por tipo de empleo y características de las personas trabajadoras; realizar un seguimiento de los niveles salariales en los sectores más feminizados, de cara a evitar menores salarios en estos sectores; reforzar el control horario con el fin de suprimir las falsas jornadas parciales; y crear un observatorio de la brecha salarial de género que ayudará a medir y evaluar la efectividad de las políticas.
  • Inversión en infraestructura social. es necesario continuar incrementando la inversión en el Sis4tema de Atención a la Dependencia que posibilitan los fondos Next Generation, desarrollando simultáneamente un nuevo modelo de cuidados centrados en la persona. Se han destinado en torno a tres mil millones de euros al cambio de modelo residencial, y se prevé una inversión de alrededor de mil millones de euros para el impulso de escuelas infantiles de primer ciclo. Es necesario seguir avanzando en este sentido para consolidar el papel del Estado corresponsable en los cuidados. En este sentido, aceleraremos la creación de nuevas plazas públicas en escuelas infantiles de primer ciclo hasta alcanzar una cobertura del 90%. Igualmente, es necesario profesionalizar y modernizar, mediante la digitalización, el sector de los cuidados sanitarios y la dependencia. Esto se hará con la introducción de soluciones tecnológicas para fomentar el cuidado a domicilio recurriendo al diagnóstico remoto o los dispositivos de monitorización.

1.1.4. Política industrial para la transición energética y el empleo

• Política industrial para la transición energética y el empleo
  
  • Impulso una política industrial para la transformación económica, aprovechando el contexto global de relocalización que se está produciendo a nivel mundial para impulsar la industria en nuestro país como vector de desarrollo económico. Esta nueva política se desarrollará desde la perspectiva del Estado emprendedor, con un papel estratégico por parte de la Administración en su implementación y en la selección de sectores y proyectos. Con ello se pretende dar un empuje direccional a los esfuerzos productivos y establecer objetivos medibles de desempeño económico en estos sectores. La reindustrialización buscará la diversificación económica de todos los territorios. Se institucionalizará un sistema de gobernanza que asegure la coordinación permanente de todos los agentes y la coherencia del conjunto de políticas públicas en torno a los propósitos últimos que se establezcan. Y se implementará la condicionalidad quid pro quo en las ayudas e inversiones públicas que se pongan en marcha, para exigir a las empresas perceptoras el desempeño de actuaciones social, fiscal y medioambientalmente responsables, entre las que se incluirá el mantenimiento del empleo y la inversión a largo plazo, el cumplimiento de estándares de sostenibilidad y la implementación de planes de igualdad.
  • Promoveremos un proceso de reindustrialización en españa y de aumento del empleo de calidad mediante el impulso de la transición energética, en el actual contexto de revisión de la globalización. Con la política industrial adecuada, España puede ofrecer, a industrias estratégicas de alto valor añadido, ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido (energía solar, eólica terrestre o hidrógeno verde). Esta estrategia competitiva supondrá el abandono definitivo de los intentos pasados —y fallidos— de competir mediante devaluaciones salariales, y convertirá a nuestro país en un foco de atracción de industrias de calidad más que un exportador de energía barata. Este proceso se hará asegurando el equilibrio territorial, de forma que no haya territorios que contribuyan a la producción de energías renovables sin beneficiarse al mismo tiempo de las ventajas de la industrialización y la creación estable de buenos empleos.
  • Implementaremos un plan nacional de transición energética, para reducir drásticamente las emisiones de CO2, reducir la dependencia externa de los combustibles fósiles, democratizar el sistema de producción y distribución energética y abaratar los precios de la energía. Contendrá los siguientes elementos: 1) Rehabilitación de 500.000 viviendas al año, abordando el aislamiento térmico así como la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente eficientes (el objetivo es que cada vivienda rehabilitada reduzca en un 50% la demanda de energía y ahorre un promedio de 400€ anuales en la factura del consumo energético). 2) Ley de Tejados Solares, que facilite e impulse el desarrollo de la energía fotovoltaica en los tejados de edificios y comunidades de propietarios. 3) Refuerzo del ritmo inversor en energías renovables del periodo 2021-2023 para afianzar la posición de liderazgo de nuestro país en el sector. 4) Ley de Financiación del Transporte Colectivo, Público o de Bajas Emisiones, para avanzar en una movilidad sostenible que reduzca el uso del vehículo privado (especialmente en las ciudades) y siga desarrollando la electrificación del parque móvil, con el objetivo de que en 2040 no circulen en España vehículos con motores de combustión interna. 5) Facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales. Uno de nuestros objetivos debe ser garantizar una transición energética justa hacia un modelo basado en las energías renovables, a la vez que se asegura la preservación del paisaje y del modelo tradicional de producción en el medio rural.
  • Gobernar la digitalización. la revolución digital en marcha va a suponer un importante vector de aumento de la productividad gracias a la eliminación de intermediarios y la sustitución de trabajos físicos, repetitivos o formalizables por robots y softwares de gestión. Estos incrementos de productividad deben invertirse en facilitar transiciones suaves y justas entre los empleos que desaparezcan y las nuevas ocupaciones que nazcan. Así como en transformar el tiempo de trabajo en tiempo de ocio y descanso para disfrutar una buena vida. Otros cuatro retos que plantea la digitalización son, en primer lugar, la fiscalidad de los beneficios derivados del nuevo valor intangible generado por las redes sociales digitales y sus bases de datos masivos y su facilidad para ser deslocalizados en territorios de baja tributación. En segundo lugar, es crítico preservar los derechos laborales de las personas trabajadoras vinculadas a plataformas digitales, B2B y P2P, que se encuentran amenazadas por el intento de algunas empresas de transformar su relación laboral en una relación laboral por cuenta propia. En tercer lugar, las políticas públicas deben garantizar la accesibilidad a una digitalización universal para evitar las brechas digitales, que son uno de los factores que más contribuyen a la desigualdad y a la exclusión social. En cuarto lugar, la transición digital debe ser complementaria en todo momento con la transición verde, reduciendo la huella ecológica y el consumo masivo de materias primas críticas asociados a la digitalización.
  • Industrializaremos la transición verde y digital. junto a los objetivos de descarbonizar la economía, de producir energía limpia y barata y de asegurar las ventajas de la digitalización justa, la política industrial tiene que asegurar también la mayor participación posible de las empresas radicadas en España en la producción de los componentes necesarios para que la transición digital y verde se produzcan.
  • Introducción, de forma efectiva, del principio de autonomía estratégica en las decisiones de política industrial, no solo en situaciones de crisis, sino de modo estructural. Esta autonomía estratégica se entiende como la capacidad de garantizar el funcionamiento mínimo de los sectores básicos del aparato productivo y de las necesidades básicas de la población española, al margen de las decisiones que puedan tomar los actores internacionales. Las reconversiones del aparato productivo español han reducido la soberanía económica en muchos sectores básicos. Asimismo la ruptura de las cadenas de producción y de algunos suministros durante la pandemia, en el momento de abrirse las restricciones y tras la invasión de Ucrania, pone de manifiesto los riesgos que supone ignorar este principio en la especialización de nuestro aparato productivo. Especialmente, en presencia de riesgos tan importantes como el cambio climático, se considerará fomentar la soberanía agroalimentaria nacional, por su papel fundamental en la economía del sector agroalimentario español y sus singulares ventajas comparativas.
  • Crearemos el banco de inversión para la nueva economía (bine), un ente público de inversión, en línea con modelos implantados en nuestro entorno similar, como el Kredintanstalt für Wiederaufbau (KfW) alemán. El BINE será una herramienta fundamental para impulsar la inversión pública y privada en España hacia la modernización económica, en concreto hacia la transición ecológica y la reindustrialización, contribuyendo al desarrollo de proyectos industriales y empresariales. Será el encargado de canalizar los recursos necesarios para financiar proyectos innovadores y sostenibles en diferentes sectores con el fin de mejorar la competitividad y el desarrollo económico del país. También tendrá un papel prioritario en la financiación de un parque amplio y profundo de vivienda pública o protegida, así como de la rehabilitación de la vivienda existente. Para su puesta en marcha se impulsará una simplificación y mejora de la arquitectura financiera pública estatal, partiendo de instituciones ya existentes como ICO, COFIDES, CDTI, ENISA, entre otras, con el objetivo de mejorar la eficiencia, ampliar su alcance y aumentar recursos disponibles.
  • Transformaremos la sociedad estatal de participaciones industriales (sepi) en una verdadera agencia Industrial Pública. España tiene una oportunidad excepcional para transformar su estruc6tura productiva y la nueva política industrial también requiere la implicación estratégica del sector público empresarial. La Agencia Industrial Pública dependerá del Ministerio de Industria y no del Ministerio de Hacienda. Sus empresas —las actuales o las que sea necesario crear— tendrán entre sus objetivos contribuir de manera coordinada a la transformación estructural del modelo productivo español, incluyendo en su caso la participación en los PERTE impulsados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Incentivo de la circularidad de la economía. el modelo económico de españa es especialmente lineal y altamente consumidor de recursos naturales, lo que implica costes ambientales a lo largo de toda la cadena de valor, además de una mayor dependencia externa. La fiscalidad puede desempeñar un papel fundamental a la hora de estimular un cambio en el diseño, fabricación y uso de bienes que garanticen su circularidad. En este sentido, de forma similar a lo que hacen otros Estados, se revisará el Impuesto sobre el Valor Añadido para aquellos productos de larga duración, así como para aquellos servicios de reparación, de segunda mano y de alquiler que fomenten la circularidad.

1.1.5. Más competencia para evitar el abuso de poder de las grandes empresas

• Más competencia para evitar el abuso de poder de las grandes empresas
  
  • Limitaremos el poder de los oligopolios, combatiremos la concentración excesiva y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas. El abuso de poder de algunas grandes empresas perjudica a la democracia, al funcionamiento de la economía y a los intereses de la mayoría de la sociedad. Las ventajas tecnológicas, productivas, comerciales o financieras que reciben no se traducen muchas veces en menores precios para sus clientes (otras empresas y consumidores), sino en beneficios extraordinarios para ellas. Además, tienen, en la mayoría de los casos, una capacidad de influencia política que deteriora la democracia. Para evitarlo, son necesarias reglas claras e instituciones destinadas a asegurar el cumplimiento de las mismas. En este sentido, se revisarán la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y la de Ley de creación de la CNMC de 2013 para hacerlas más efectivas y con la firme voluntad de acabar con la impunidad de los abusos. Respecto a los organismos reguladores, se distinguirá entre una autoridad transversal de competencia, con funciones sobre todos los sectores además de una mayor capacidad sancionadora y autoridades reguladoras especializadas en mercados concretos. Todos sus miembros serán nombrados por el Congreso. Esto implica recuperar la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía y crear una Comisión Nacional de otros sectores con actividades en red. La especialización y capacitación técnica es fundamental para dotar al Estado de soberanía real sobre la regulación.
  • Garantizaremos los instrumentos necesarios para intervenir directamente en mercados afectados por prácticas desleales o no competitivas, que pongan en peligro los suministros o provoquen inflación y sobrecostes para los hogares y para otras empresas. La vivienda, el crédito, la luz, el agua o la cesta básica de alimentos, entre otros, son bienes de interés general, y el acceso a los mismos debe garantizarse mediante precios que respondan a sus verdaderos costes. Además de las medidas anteriores para proteger la competencia, esto debe asegurarse también a través de la regulación y de nuevos sistemas selectivos de control de precios para evitar la propagación de espirales inflacionarias en mercados altamente concentrados, como el ejemplo del tope al precio del gas aplicado con la denominada «excepción ibérica».
  • Reducción del poder del oligopolio eléctrico, abaratamiento el precio de la electricidad y lucha contra la pobreza energética. Para ello, se desarrollarán las siguientes medidas. 1) Reforma del mercado eléctrico mayorista para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar así con los beneficios caídos del cielo, lo que permitirá el abaratamiento permanente del suministro eléctrico para hogares y empresas. 2) Reforma de la Ley del Sector Eléctrico para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización, evitando así conflictos de intereses y abusos de posición dominante. 3) En las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable se reservará una cuota específica para instalaciones renovables promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. 4) Con el objetivo de incentivar el ahorro y la eficiencia, en ningún caso el término de potencia podrá representar más del 25% de la parte de la factura destinada a cubrir los costes regulados. 5) Se creará una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones, estableciendo los mecanismos adecuados que permitan a las zonas afectadas por la instalación de estas centrales un mayor beneficio económico, como fórmula de compensación por la servidumbre soportada durante décadas. 6) Se reformará el bono social eléctrico y térmico para que la solicitud y la renovación sean automáticas.
  • Protegeremos a los clientes de las entidades financieras, regulando los rendimientos de los depósitos bancarios y recortando las comisiones bancarias. El sector financiero es uno de los más concentrados y esto provoca que, tras la subida de tipos del BCE, suban las hipotecas pero no la remuneración de los ahorradores. Por ello, se establecerá un mecanismo para vincular los intereses de los depósitos a los intereses de los préstamos. Esto evitará tanto las prácticas oligopólicas como eventuales fugas de depósitos que puedan ocasionar crisis de liquidez en entidades financieras. Por otro lado, es necesario limitar las comisiones bancarias, que han crecido también como consecuencia de la elevada concentración del sector y de la falta de competencia. Con la subida de los tipos de interés, los bancos ya están obteniendo importantes beneficios prácticamente sin necesidad de conceder créditos, solo depositando liquidez en la facilidad de depósito del BCE. No necesitan tener ingresos adicionales a través de elevadas comisiones.
  • Refuerzo de los sistemas de control y supervisión bancaria, de manera jurídicamente compatible con el Derecho de la Unión Europea. Para ello se creará una autoridad independiente de supervisión, adscrita al Banco de España, y se llevará a cabo la regulación profesional del cuerpo de inspectores y auditores informáticos de entidades de crédito, garantizando el acceso a esta función mediante un sistema de oposición que asegure la cualificación e independencia de inspectores y auditores, de manera análoga al resto de personal funcionario de la Administración General del Estado.
  • Acabaremos con la exclusión financiera que provoca el cierre de oficinas y cajeros en los territorios con poca población. Esto deja sin servicios a cientos de miles de personas, vulnerando así sus derechos. Para ello, en primer lugar, se regularán, con el acuerdo con las comunidades autónomas, los umbrales mínimos de servicios básicos que deben prestar las entidades bancarias por territorio, para asegurar que todas las personas del país tengan acceso a ellos. En segundo lugar, se garantizará el derecho de las personas usuarias que lo necesiten o lo deseen a realizar sus gestiones de forma personal en las oficinas bancarias en las condiciones adecuadas, tanto en términos de horario como de servicios prestados.
  • Recuperación las competencias financieras para la empresa sociedad estatal correos y telégrafos. Del mismo modo que debe prestar el servicio postal universal en todo el territorio, incluirá también entre sus funciones la prestación de servicios financieros minoristas de ahorro y depósito en todas sus oficinas. Esto contribuirá tanto al objetivo de reducir la concentración bancaria y aumentar la competencia en el sector, como a que todas las poblaciones y municipios puedan acceder a servicios financieros básicos y evitar así la exclusión financiera. Esta medida, junto a la creación del banco de desarrollo industrial a partir del ICO, permitirá recuperar una banca pública en España.

1.1.6. Más productividad y reforma empresarial

• Más productividad y reforma empresarial
  
  • Pondremos en marcha una estrategia integral para aumentar la productividad, con más recursos públicos y sobre todo privados, de I+D+i hasta alcanzar el 2,1% del PIB. Potenciando así las activi8dades industriales y los servicios de mayor valor añadido, con empresas de mayor tamaño que se integren en las fases de mayor generación de valor en las cadenas globales de producción. Se fomentará la formación permanente de todas las personas en la estructura de las empresas, así como una mayor vinculación con la Universidad y con los demás centros de investigación y conocimiento de nuestro país. Se apuesta así por la permanencia, por la estabilidad laboral y por carreras profesionales más largas vinculadas al proyecto empresarial.
  • Creación del consejo de la productividad de españa. siguiendo la recomendación de 2016 del Consejo Europeo, y como ya han hecho otros diecinueve países de la UE, este órgano integrará a los distintos niveles de la Administración pública con competencias relacionadas con la materia, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a universidades, a institutos de investigación y a especialistas de reconocido prestigio. Emitirá informes y recomendaciones sobre aquellas políticas necesarias para impulsar la productividad y hará un seguimiento de sus resultados.
  • Reforma de la estructura empresarial, como instrumento para el cambio de modelo productivo, con el objetivo de aumentar la productividad y la capacidad de innovación, generar más valor, crear más y mejor empleo, más riqueza y más bienestar. Necesitamos empresas más grandes, que trabajen en red, abiertas a la participación de los trabajadores, más democráticas, con mayor responsabilidad social, más comprometidas con la transformación verde y digital. Hay que compensar el menor tamaño empresarial con estrategias de colaboración sectorial, utilizando instrumentos como los clústeres o los distritos industriales, que permiten mejorar la productividad de cada una de las empresas de forma individual, del sector en su conjunto y del territorio en general.
  • Favoreceremos el aumento del tamaño medio de las empresas. el crecimiento de las empresas medianas se encuentra muchas veces limitado por el excesivo poder de mercado de las grandes, lo que dificulta a las más pequeñas el acceso a redes más extensas y el aprovechamiento de sinergias. Por eso, hay que actuar con determinación para impulsar la competencia e introducir nuevos procedimientos que permitan a las pequeñas empresas acceder en mayor medida y en mejores condiciones a la licitación pública, por ejemplo incorporando cláusulas sociales que favorezcan a autónomos y pymes, o reduciendo la subcontratación a una parte residual de la licitación. También debe replantearse el papel de las sociedades de garantía recíproca para impulsar este crecimiento y crear un fondo de capitalización público orientado precisamente a tal objetivo, así como impulsar los servicios de apoyo a startups y scaleups.
  • Refuerzo la transferencia tecnológica a pymes. especialmente, la transferencia tecnológica entre las universidades, los centros de innovación y los de emprendimiento para promover el trabajo en red y los mecanismos de colaboración e intercambio tanto en el entorno nacional como en el internacional. Se impulsará sobre todo el escalado de las empresas innovadoras, reforzando su acceso al talento.
  • Facilitaremos la tramitación con las administraciones públicas. facilitar la simplificación administrativa, en particular empleando la digitalización y las nuevas tecnologías, es un factor de éxito en la eficiencia de las empresas, y sirve también para un mayor cumplimiento de las responsabilidades empresariales con las Administraciones. Se evitará utilizar el silencio administrativo como forma habitual de resolver tanto las alegaciones como los recursos presentados.
  • Democratizaremos las empresas, introduciendo mecanismos de mayor participación de las personas que trabajan en ellas. Se mejorará así nuestra capacidad para frenar el aumento de las desigualdades, la precarización de una parte de las clases medias y trabajadoras y regular la normalización de ganancias extraordinarias por las personas más ricas. Al introducir más democracia y resituar el papel de las personas trabajadoras en la empresa, más allá de la negociación colectiva, se incorporan a la agenda política propuestas de cambio estructural que permiten corregir las desigualdades que se dirimen en el conflicto entre capital y trabajo. La experiencia muestra, como en el caso de las empresas cooperativas y de economía social, no orientadas exclusivamente a la retribución del capital, que un mayor desarrollo de mecanismos de participación de las personas trabajadoras en la empresa favorece la innovación y aumenta la productividad. Por esos motivos se reforzarán las ayudas, el soporte financiero y las condiciones normativas de la economía social, cooperativa y solidaria (consumo ecológico, turismo solidario, agricultura ecológica, banca ética, etcétera) como una de las vías más eficaces y resistentes para la democratización de las empresas.

1.1.7. Más igualdad y mejor protección social

• Más igualdad y mejor protección social
  
  • Implementaremos una «herencia universal». las políticas de protección a la ciudadanía puestas en marcha con la crisis del COVID-19 han logrado que, por primera vez en nuestra historia, la desigualdad y la pobreza hayan disminuido rápidamente después de una crisis. Pero hay que seguir actuando para que España deje de ser uno de los países más desiguales de la UE. Para ello, se propone implementar, financiada con un nuevo impuesto a las grandes fortunas, una «herencia universal» de 20.000€, que se hará efectiva al cumplir los 23 años, para ayudar a las personas jóvenes a seguir formándose, iniciar su andadura profesional e independizarse.
  • Impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF.
  • Garantía de la suficiencia de las pensiones y refuerzo del sistema público. Durante esta legislatura se ha garantizado por ley, por fin, una reivindicación histórica: la actualización automática de las pensiones de acuerdo con el crecimiento del IPC para asegurar el poder adquisitivo de las mismas. Este compromiso se mantendrá de forma absoluta, pero además se subirán por encima del IPC las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, hasta que su cuantía alcance, al menos, el umbral de la pobreza. También se seguirá reforzando el sistema público de pensiones con más ingresos, derivados tanto de los nuevos mecanismos de financiación como del aumento de cotizantes y de mayores bases de cotización.
  • Reforzaremos el compromiso presupuestario con el estado del bienestar en todos sus ámbitos de actuación, en línea con los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales. El objetivo debe ser llevarlo a niveles similares al de los países más desarrollados de nuestro entorno, en especial en ámbitos como la vivienda, la familia y la infancia o la atención a la dependencia. Las políticas sociales son un pilar fundamental del bienestar de la ciudadanía y un elemento central de la sostenibilidad del modelo económico de mercado, cuya presencia evita problemas de inseguridad económica, desigualdad y exclusión.
  • Aumento de la inversión en atención a la dependencia, la vida plena, y su intensidad protectora, financiando con cargo a impuestos los cuidados ofrecidos por el sistema. En los últimos tres años, la aportación de la Administración General del Estado a la financiación del sistema ha pasado de apenas el 15% a cerca del 30%. Sin embargo, el gasto público en cuidados de larga duración no supera el 1% del PIB, por debajo de la media del 1,5% de la OCDE y muy lejos del 3% de Países Bajos y los países nórdicos. Por ello, continuaremos incrementando la financiación estatal del SAAD hasta que alcance el 50%, asegurando que las comunidades autónomas mantengan su inversión en términos reales. Al mismo tiempo rediseñaremos, bajo principios redistributivos, el actual sistema de copagos para asegurar que todas las personas dependientes reciben una atención adecuada y suficiente independientemente de sus ingresos.
  • Facilitaremos y agilizaremos las transferencias sociales de carácter monetario, estableciendo mecanismos que permitan su automatización y su rápida distribución a las personas beneficiarias, con lo que se evitarán trámites burocráticos innecesarios. Se estudiará la forma de hacerlo a través de la Agencia Tributaria, lo que requeriría que todas las personas que perciban ingresos presenten una declaración. En cualquier caso, esto se hará sin que la medida suponga un aumento de la carga tributaria para las personas con ingresos más bajos. También se establecerán los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a una cuenta bancaria donde recibir las ayudas a las que tienen derecho.

1.1.8. Una fiscalidad justa que impulse mejores políticas públicas

• Una fiscalidad justa que impulse mejores políticas públicas
  

  Impulso de una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias. Esto permitirá, en primer lugar, implementar las políticas públicas que España necesita impulsar para atender los retos pendientes de transformación económica, reducción de la desigualdad y de la pobreza y la ampliación de los servicios públicos. De esta forma también se podrá converger con la media de la UE en el peso de los gastos públicos sobre el PIB. Esta estrategia es también la mejor garantía para la estabilidad fiscal, frente a la repetición del error de los recortes. A continuación, se recogen algunas medidas que se incluirían en esta reforma.

  • Implementaremos un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados. Los impuestos sobre la riqueza son justos en una sociedad en la que la desigualdad y la pobreza alcanzan niveles inaceptables, además de necesarios para financiar medidas como la «herencia universal». Ponerlo en práctica generará una importante redistribución y una mejora notable de la igualdad de oportunidades entre las personas jóvenes. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones se establecerá un mínimo en el conjunto de España que las comunidades autónomas no podrán rebajar. Las herencias son una de las principales fuentes de desigualdad social. Por ese motivo, es necesario recuperar este impuesto en toda España para los herederos que superen los importes que se fijan como referencia en la ley estatal vigente.
  • Reforma, en profundidad, del impuesto de sociedades para aumentar la contribución, en especial, de las grandes empresas. Como medida inmediata se debe hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de la empresa, en línea con lo establecido tanto por la OCDE en la denominada estrategia BEPS como en la Directiva 2022/2523 de la Comisión Europea, de tal forma que ninguna empresa tribute por debajo de este umbral, con independencia de las deducciones, exenciones, reducciones y beneficios a los que tenga derecho. Al mismo tiempo, la reforma del impuesto debe limitar la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores; revisar y recortar las deducciones, exenciones y correcciones que aumentan la complejidad del impuesto para aproximar el tipo efectivo que pagan las empresas al nominal, evitando que sean las pymes las que realizan una mayor contribución fiscal; limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales; revisar las excesivas ventajas en la consolidación de cuentas de los grupos internacionales; concretar nuevos criterios para definir el concepto de sede de dirección efectiva; modificar la norma anti-deslocalización, introduciendo el concepto de «jurisdicción no cooperativa» y concretando el criterio de «nivel impositivo efectivo considerablemente inferior».
  • Mantendremos los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba e implementa completamente la reforma integral del impuesto de sociedades. El Estado ha desplegado cuantiosas medidas para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las familias trabajadoras derivada de la subida de los precios y de las hipotecas. Es justo que quienes, por el contrario, se han beneficiado de la subida de los precios y de los tipos de interés contribuyan a sufragarlas.
  • Eliminaremos los privilegios de las sociedades de inversión de capital variable (sicav, que disfrutan de gravamen del 1%) y de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI, que pagan el 0%).
  • Aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). En primer lugar, ampliando el número de tramos a partir de 120.000€ y aplicando tipos marginales crecientes del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000€. En segundo lugar, seguir acercando los tipos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo. Este aumento afectará a rentas del capital a partir de 120.000€ para llegar, al menos, hasta un tipo del 30%. Además, es urgente eliminar el actual régimen de estimación objetiva y el régimen especial de IVA que este lleva asociado. En tercer lugar, conviene evaluar y eliminar aquellas deducciones del IRPF sin justificación económica, muchas de las cuales generan además una reducción de la progresividad del impuesto."
  • Modernización de nuestra imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales. España va muy rezagada en el ámbito de la llamada «fiscalidad verde», es decir, la que favorece las buenas prácticas ecológicas y anima a reducir las prácticas perjudiciales para el medio ambiente. No podemos permitirnos seguir rezagados. Esta revisión, en el ámbito de la energía, de la movilidad, de las reducciones de gases de industrias y del transporte, del fomento de la economía circular o la agricultura ecológica, se hará teniendo siempre en cuenta sus efectos distributivos y estableciendo mecanismos de compensación a los colectivos más vulnerables económicamente con la finalidad de que la transición energética cumpla los principios de justicia distributiva.
  • Reforma de la normativa del ibi. para que los municipios que así lo decidan puedan establecer escalas según el valor catastral del bien para hacerlo progresivo.
  • Reforma de la normativa del impuesto de transacciones financieras. para gravar también las operaciones más especulativas que actualmente no están sujetas a tributación, se incluirán no solo la compra de acciones, sino también los derivados financieros.
  • Desarrollo de un plan de fiscalidad saludable, para convertir las políticas fiscales en un activo para la salud, actuando de forma preferente en la implantación de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no saludables y la revisión de los impuestos actuales al alcohol y el tabaco.
  • Reducción del fraude fiscal y mejorar los instrumentos contra la corrupción. para aumentar los recursos a disposición de las políticas públicas que benefician al conjunto de la ciudadanía y, por justicia, es necesario continuar con una política decidida para evitar el fraude fiscal y la corrupción, así como para asegurar que todos cumplan con sus obligaciones tributarias, particularmente en lo que respecta a patrimonio y grandes fortunas. Asimismo, se analizará de forma continua la economía sumergida y se procurará eliminarla en cumplimiento de la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal; se creará una base de datos fiscales única compartida entre Administraciones; se igualará el plazo de prescripción administrativa y penal a cinco años o diez años en los casos de delitos agravados, y se unificarán los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales y delitos agravados; se equiparará la plantilla de la AEAT a la media de los países europeos de nuestro entorno y se mejorará la independencia, autonomía, funciones y recursos operativos de la autoridad pública creada en la débil transposición realizada por la Ley 2/2023 de 20 de febrero de la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea. Las agencias e inspecciones tributarias autonómicas trabajarán coordinadamente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y otros organismos exteriores para cooperar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

1.1.9. Una administración pública mejor dotada para el servicio a la ciudadanía

• Reforma de la administración pública para mejorar la atención a la ciudadanía.
  

  La Administración pública necesita un amplio proceso de reformas para conseguir mejorar la atención y los servicios que presta a la ciudadanía española.

  • Para conseguirlo, será preciso actuar para corregir la reducción de las plantillas en el sector público, recuperar tasas positivas de reposición que nos permitan afrontar el problema del envejecimiento y de la jubilación de las plantillas de muchos servicios públicos en pocos años en muchos servicios públicos.
  • Al mismo tiempo, es necesario mejorar los procesos de estabilización laboral iniciados con la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
  • Se requiere también la puesta en marcha de reformas normativas, al menos en los siguientes ámbitos; el de la gestión a objetivos, que debe ser mejorada; el de la contratación pública estratégica, innovadora y de «impacto», que debe potenciarse mediante los conciertos sociales como una herramienta de intervención social; el de los puestos directivos, en el que debe mejorarse la profesionalización y cambiar los procesos de selección.

• Promoveremos medidas de innovación y transversalidad en las administraciones públicas.
  

  Para evitar un funcionamiento excesivamente burocrático y rígido de las Administraciones públicas, se impulsarán medidas de cambio e innovación en estas para hacerlas más flexibles, más capaces de responder a la complejidad de la sociedad actual y más abiertas al conjunto de la ciudadanía. Entre otras, proponemos;

  • A través de enfoques integrales y transversales, partir de la naturaleza de cada problema, en lugar de hacerlo a través de la actual lógica de fragmentación competencial;
  • Utilizar las nuevas tecnologías para conocer mejor las necesidades de la ciudadanía (mejora de diagnósticos) y adaptar las respuestas a las necesidades de cada persona, colectivo o territorio;
  • Potenciar las lógicas de trabajo colaborativo entre la ciudadanía y las administraciones públicas,
  • Y unificar sistemas informáticos y bases de datos que eviten trámites innecesarios y duplicidades.

• Mejora de la gestión de las prestaciones sociales y vuelta a la atención presencial plena.
  

  La reducción de las plantillas de trabajadores del sector público, como resultado de los recortes aplicados por Gobiernos anteriores, así como la eliminación de la atención presencial exigida por la política de distanciamiento social para luchar contra el COVID-19, han limitado el acceso a la atención presencial en la Administración pública para muchas personas, sin haber ido acompañada de una mejora suficiente del acceso por medios digitales. Esto provoca un peor servicio público.

  • La atención presencial debe estar disponible para la ciudadanía en todos los niveles de la Administración, a la vez que debe potenciarse la administración electrónica, siempre como una herramienta de mejora del servicio, y no como sustitución obligatoria de la atención presencial.

• Impulsaremos la reforma inmediata de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.
  

  Reformas que, en ambos casos, estarán basadas en tres ejes fundamentales.

  • El primero es garantizar recursos suficientes para prestar los servicios públicos descentralizados de acuerdo con la población beneficiaria, incorporando bases mínimas de gastos sociales y teniendo en cuenta los criterios necesarios para contemplar las necesidades financieras de cada comunidad, por las vías jurídicas coherentes con el marco constitucional. En este sentido, se abordarán los problemas de la infrafinanciación y de la deuda acumulada como consecuencia de ello.
  • El segundo es potenciar la capacidad de autogobierno para comunidades autónomas y municipios, garantizando en este caso su participación de los ingresos autonómicos, en línea con el informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local de 2017. Siempre que se asegure una cartera básica de servicios, la ciudadanía de cada territorio debe tener la posibilidad de ajustar gastos e ingresos fiscales a las preferencias mayoritarias.
  • En tercer lugar, fomentar la claridad y la transparencia para que la ciudadanía diferencie correctamente las responsabilidades de cada nivel de gobierno, incorporando todos los recursos tributarios en los cálculos de distribución de fondos públicos. Esta es una condición imprescindible para la rendición de cuentas propia de una democracia.

• Refuerzo de las herramientas de cogobierno existentes.
  
  • En particular, la conferencia de presidentes y presidentas debe ser convocada al menos una vez al año para avanzar y resolver la agenda de asuntos pendientes que sean relevantes para el ejercicio del autogobierno y la cogobernanza.
  • En segundo lugar, el consejo de política fiscal y financiera debe ser reformado para que sea una herramienta clave y eficaz en la resolución de todos los asuntos de naturaleza financiera que atañen a las comunidades autónomas. Debe contar con los recursos humanos y financieros necesarios para realizar todo el trabajo técnico.
  • Deben cambiarse las reglas de votación para que el gobierno central no tenga garantizada la aprobación de sus propuestas, sino que sea siempre necesario el diálogo y el pacto con las autonomías.

• Reforma de la ley de estabilidad presupuestaria
  
  • Es necesario reformar la ley en vigor, diseñada para institucionalizar la austeridad en España. Lo que se necesita, al contrario, es hacer compatible la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad de la deuda con la inversión y el papel proactivo que debe tener la política fiscal para abordar las transiciones ecológica y digital e impulsar el pleno empleo. La experiencia de la última década pone de manifiesto que los efectos negativos sobre el crecimiento de los recortes de gasto acaban siendo contraproducentes para la estabilidad fiscal, que la política fiscal debe aplicarse con flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, y que los efectos positivos de la inversión pública son la mejor fórmula para una reducción progresiva de las ratios de deuda.

• Potenciaremos los sistemas de evaluación de políticas públicas.
  
  • Para conseguirlo es preciso en primer lugar dotar de recursos operativos a la Oficina Nacional de Evaluación creada a finales de 2021. Es importante que aborde la elaboración de informes obligatorios sobre la sostenibilidad financiera, la eficacia y eficiencia de los proyectos de concesiones públicas y privadas en todas las Administraciones públicas que impliquen compromisos plurianuales por emplear grandes volúmenes de recursos públicos.
  • En segundo lugar, se posibilitará que las mayorías del parlamento nacional, de los regionales y de grandes municipios, puedan instar la emisión de informes a la AIREF, que en estos momentos está limitada a los Gobiernos.
  • En tercer lugar, se mejorará la transparencia y la disponibilidad de datos para la evaluación externa de las políticas públicas. Para el diseño y puesta en marcha de nuevas políticas públicas es importante disponer de un sistema de homologación de toda la información administrativa que actualmente está a disposición de las administraciones públicas (en todos los niveles) para facilitar su utilización por parte de la Administración y de los investigadores.

1.1.10. Hacer de europa un motor del cambio

• Hacer de europa un motor del cambio
  
  • Promoveremos una reforma más ambiciosa de las reglas fiscales europeas para abandonar definitivamente la austeridad y hacer de la inversión pública un elemento fundamental. Del mismo modo, deben reforzarse las políticas públicas y la capacidad de estabilización de las políticas fiscales. La propuesta formulada por la Comisión Europea en abril de 2023 contiene elementos positivos, pero mantiene otros elementos que deberían superarse. Las reglas no deben imponer requisitos uniformes de reducción del déficit y la deuda a corto plazo, sino centrarse en planes nacionales a medio plazo que garanticen unas finanzas públicas sostenibles mediante un crecimiento suficiente. Igualmente, la política fiscal y la inversión pública no pueden estar condicionadas por el mantenimiento de los límites arbitrarios del 3% de déficit y el 60% de deuda pública, que no tienen ningún fundamento económico. La reforma de las reglas fiscales debe aprovecharse también para abrir un debate sobre las funciones del Banco Central Europeo, en la línea del mandato dual de la Reserva Federal, y partiendo tanto de la experiencia positiva que ha supuesto su apoyo a la implementación de las políticas públicas durante la pandemia como del efecto negativo de las últimas subidas del tipo de interés.
  • Impulso, de forma permanente, de un mecanismo común para financiar las inversiones en bienes públicos europeos, como los relacionados con la transición ecológica, en línea con el Pacto Verde Europeo, la infraestructura social o la autonomía estratégica. La magnitud de las inversiones necesarias para abordar los desafíos de la transición ecológica o de la digitalización, para aumentar la autonomía estratégica de las economías europeas y asegurar que este proceso de cambio se hace de forma justa y con cohesión social es muy importante. La reforma de las reglas fiscales no contempla excepciones para asegurar que estas se pueden llevar a cabo por los Gobiernos nacionales y, además, muchas de estas inversiones tienen la naturaleza de «bienes públicos» para el conjunto de la UE. Dados los buenos resultados de los fondos Next Generation, se propone establecer de forma permanente una Agencia Europea de Inversión para financiar estas actividades, emitiendo para ello deuda pública europea.
  • Creación de un fondo europeo para hacer frente a perturbaciones cíclicas, como el programa SURE desarrollado durante la pandemia. Este instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia ha sido una experiencia exitosa, que ha permitido salvar millones de puestos de trabajo en la UE y alcanzar una recuperación más rápida. En España, contribuyó a financiar los ERTE. Proponemos establecer de forma permanente un mecanismo que permita financiar en mejores condiciones las políticas necesarias para hacer frente a este tipo de perturbaciones, incluyendo el posible establecimiento de un sistema europeo de aseguramiento frente al desempleo.
  • Democratizaremos la adopción de nuevos tratados internacionales, así como revisar y controlar (y, en su caso, revertir) aquellos tratados comerciales que perjudiquen los intereses comerciales y agroalimentarios.
  • Impulsaremos tanto en la unión europea como en españa una reforma profunda de los indicadores de bienestar económico, más allá del producto interior bruto. Se trata de desarrollar una batería de indicadores que tengan en cuenta al mismo tiempo el bienestar social y los límites biofísicos del planeta, en la línea, por ejemplo, de la economía del donut o de la economía ecológica.

1.2. Consumo sostenible y con derechos

• Aprobación de una estrategia para la reducción del impacto ecológico del consumo.
  
  • Impulsaremos patrones de consumo más saludables y sostenibles.
  • Esta estrategia incluirá información, sensibilización y herramientas para que las personas conozcan el impacto ecológico de lo que consumen y reduzcan su huella ecológica.
  • Se fomentarán también los canales cortos de producción-distribución-consumo, especialmente en el ámbito de la alimentación.
  • Se fomentará el ocio alternativo, saludable y sostenible vinculado a las oportunidades territoriales y estacionales.
  • Se reforzará el conocimiento de la dieta mediterránea y de los alimentos tradicionales y de temporada.
  • Se fomentarán las alternativas de movilidad pública colectiva y la mejora de la eficiencia energética en las viviendas.
  • Finalmente, se fomentarán la reparabilidad y la durabilidad y se tomarán medidas contra la publicidad engañosa en materia de sostenibilidad (greenwashing), la obsolescencia programada y el desperdicio tecnológico y alimentario.

• Acceso garantizado a los suministros básicos de agua, energía y calefacción a todos los hogares.
  
  • Se impedirá el corte de estos suministros a las familias y personas en situación de vulnerabilidad.
  • Se implantará un nuevo sistema tarifario para el consumidor doméstico que sea progresivo en relación con el consumo, incluyendo las características de la unidad familiar. En especial, se establecerá una tarificación social que asegure el acceso a un consumo mínimo vital de agua y energía (gas y electricidad).
  • También se facilitará el cambio a sistemas de climatización y agua caliente con energías renovables, así como la rehabilitación energética de viviendas para reducir las necesidades de suministro.

• Refuerzo de los derechos de las personas consumidoras.
  
  • Se potenciará que la ciudadanía cuente con mecanismos ágiles, gratuitos y universales para defenderse, para la protección y la representación ante conflictos, fraudes y abusos en materia de consumo frente a empresas.
  • Para ello, se reforzará y modernizará el sistema arbitral de consumo, se fomentará el asociacionismo, renovando e impulsando el Consejo de Consumidores y Usuarios, y se mejorarán los mecanismos procesales a favor de las acciones de representación de las personas consumidoras.
  • Se incrementará el presupuesto destinado a las políticas de protección de personas consumidoras y usuarias, mejorando la coordinación interterritorial e interadministrativa.

• Aprobación de un plan integral de formación en materia de consumo y protección de los consumidores
  
  • Se hace necesario garantizar a diversos públicos el acceso a la formación sobre el impacto social y medioambiental del modelo de producción y consumo actual, así como las alternativas de producción y consumo sostenibles existentes.

• Aprobación de una nueva ley de condiciones generales de la contratación
  
  • Con la finalidad de erradicar prácticas como las «cláusulas suelo», las tarjetas revolving o las hipotecas multidivisa, entre otras.
  • Esta ley ha de recoger los principios inspiradores de la directiva 93/13/cee del Consejo, del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la jurisprudencia correspondiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

• Aprobación de una ley de servicios de atención a la clientela
  
  • Para regular los elementos que componen el derecho y el servicio de atención a la clientela, especialmente en suministros y servicios esenciales como el agua, la energía, el transporte y las telecomunicaciones.
  • Esta ley abordará aspectos como la obligatoriedad de la atención personalizada, gratuita y accesible, los tiempos de espera, los plazos de respuesta o el seguimiento del estado de las quejas y sugerencias.

• Aseguraremos un etiquetado inclusivo y accesible
  

  La adecuada comprensión del etiquetado de bienes y productos es fundamental para la protección y la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de los avances en materia de inclusión y accesibilidad, las dificultades para la lectura y la comprensión de las etiquetas sigue siendo una barrera para que muchas personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

  • Por ello, es necesario regular el desarrollo de etiquetados inclusivos, como el etiquetado en braille.

• Aprobación de una ley de regulación de la publicidad de alimentos no saludables dirigidos al público infantil
  

  Uno de los principales vectores para luchar contra la obesidad infantil es generar un entorno libre de bombardeos publicitarios de comida basura y no saludable.

  • Ante el fracaso de los acuerdos de autorregulación de la industria relativos a los mensajes publicitarios para reducir el sobrepeso y la obesidad infantil, se abordará por ley una regulación que, siguiendo los criterios científicos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), proteja a los menores de edad de la exposición a la publicidad de alimentos no saludables en los canales convencionales (TV, radio, prensa y revistas) y en las nuevas tecnología de la información, es decir, redes sociales, internet o influencers.
  • En educación primaria se reforzará la formación sobre nutrición y alimentación saludable.

• Aprobación de una normativa estatal para la mejora de la composición y la calidad nutricional de los menús en los comedores escolares
  
  • Una adecuada alimentación en edades tempranas es fundamental para generar hábitos alimentarios saludables, variados y sostenibles. Para ello, se deberá incorporar al menos un 45% de frutas y verduras, y la base de los menús deberá incorporar alimentos de temporada característicos de la dieta mediterránea, como hortalizas, legumbres, cereales, frutas, frutos secos y aceite de oliva.
  • La normativa, además, regulará la oferta en las máquinas de vending y puntos de venta en centros educativos para que sea saludable.

• Actualización de la ley de regulación del juego de 2011
  
  • Con el fin de garantizar que los menores de edad no accedan a productos de juego, que los jóvenes no incurran en prácticas de juego peligrosas y asegurar un mayor control sobre la venta de loterías instantáneas y sobre la verificación de la edad en la venta de productos de lotería.

• Aprobación de una ley de loot boxes o cajas botín
  

  Recientemente se han incorporado en los videojuegos mecanismos aleatorios de recompensa que ofrecen mejoras, premios o alicientes para las personas jugadoras. Estas recompensas son conocidas como loot boxes o cajas botín.

  • La expansión y normalización de estos mecanismos dentro de los videojuegos requiere un abordaje integral para proteger a la población menor de edad de la posible exposición a dinámicas de apuestas y juegos de azar desde etapas tempranas de la vida.

• Impulso de la compra pública responsable
  
  • La administración pública tiene un papel ejemplarizante que es fundamental para difundir prácticas de consumo responsable al conjunto de la sociedad española. Además, la compra pública responsable debe servir para incentivar modelos empresariales justos y sostenibles, facilitando el acceso a la contratación pública a aquellas empresas que hayan incorporado políticas para la mejora de las condiciones laborales y medidas de conciliación familiar, y hayan impulsado la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gobernanza de la empresa.
  • De igual manera, se incentivará a aquellas empresas que presenten planes de sostenibilidad medioambiental sólidos y una política de compras que aseguren ingresos suficientes para los proveedores, corresponsabilidad en la relación comercial e información pública sobre sus prácticas de compra responsable.

• Aprobación de una estrategia estatal contra el lavado verde (greenwashing)
  
  • Que identifique las prácticas abusivas, la publicidad engañosa y los falsos reclamos de las empresas en materia de sostenibilidad (con el fin de garantizar a las personas consumidoras el derecho a una información transparente, completa y veraz) y que defienda, además, los intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y no fomente prácticas de consumo contrarias a la sostenibilidad.

• Garantizaremos el derecho a reparar de las personas consumidoras
  
  • Por medio de una transposición rápida y efectiva de la normativa europea y de la monitorización de las buenas y malas prácticas de las empresas (en materias como el etiquetado, las garantías de durabilidad o la disponibilidad de piezas), así como con campañas de divulgación y sensibilización que incentiven la reparación frente a la sustitución.

• Garantizaremos el derecho a la información de los consumidores sobre las condiciones laborales y medioambientales en las que se han elaborado los productos que consumen.
  
  • Es fundamental proporcionar información exacta, verificable y clara que sea suficiente para tomar decisiones de compra con conocimiento de causa. Para hacer efectivo este derecho, pondremos en marcha una normativa dirigida a las empresas que asegure la transparencia y la trazabilidad de la elaboración de sus productos de forma comprensible y fácilmente accesible.

• Diseño de una estrategia para la erradicación de las «brechas digitales»
  
  • Esto es especialmente necesario en tres ámbitos; el territorial, con la creación de mecanismos para las zonas rurales donde el acceso a las nuevas tecnologías sea más difícil; el económico, para evitar la discriminación que pueda suponer el no disponer de acceso a estos servicios; y el de las habilidades, acabando con el desconocimiento de las oportunidades que ofrecen para el consumo.

.1.2. Trabajo decente. mejorar la vida de las personas trabajadoras

La legislatura que acaba ha sido la más intensa en cuanto al avance y la recuperación de los derechos laborales en la historia de nuestra democracia: la reforma laboral, los ERTE, la subida sin precedentes del SMI, la recuperación de la protección por desempleo, la «ley Rider», la Ley de Trabajo a Distancia, las medidas de igualdad de género en el trabajo, la ratificación de la normativa internacional, etcétera.

Se ha hecho mucho y se han conseguido resultados espectaculares: los ERTE permitieron salvar 3,6 millones de puestos de trabajo y casi 600.000 empresas; la subida del SMI en un 47% ha logrado reducir las desigualdades salariales, en especial entre las mujeres y los más jóvenes. Los indicadores de desigualdad se encuentran en sus niveles más bajos desde 2007 y la brecha salarial de género se ha reducido 3,2 puntos en apenas dos años. Hoy hay más personas activas que nunca en nuestro país: 23,6 millones. El empleo ha crecido en casi 1,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, alcanzando los 20,9 millones de afiliados. La afiliación femenina se encuentra en máximos históricos, con 9,8 millones de afiliadas, y los jóvenes superan los tres millones. Gracias a la reforma laboral, las personas afiliadas con contrato indefinido han aumentado en más de 3,3 millones en esta legislatura y aquellas con contrato temporal se han desplomado hasta los dos millones. El tipo de empleo que más ha crecido ha sido el indefinido a tiempo completo, en casi 1,9 millones, y el temporal a tiempo parcial se ha reducido en casi 900.000 personas. El 86% del total de los afiliados tienen ahora un contrato indefinido. Los menores de treinta años han sido los más beneficiados: han pasado de ser el 47% de los afiliados indefinidos antes de la reforma a ser el 79%, 32 puntos más. Esto ha permitido que la tasa de temporalidad se haya reducido en siete puntos en apenas un año y que la temporalidad del sector privado se sitúe, hoy, en parámetros europeos, en el 13,7%. Por último, el paro se ha reducido un 5,6%. La tasa de paro se sitúa en el 13,3%, la menor en un primer trimestre desde 2008. Por primera vez, el mercado de trabajo español no ha reaccionado ante las perturbaciones macroeconómicas destruyendo empleo, sino todo lo contrario: el mercado laboral es uno de los motores del crecimiento económico actual.

Queda, sin embargo, mucho por hacer. Hay que continuar un proceso que permita a las personas trabajadoras, también a las autónomas, de nuestro país vivir mejor y mirar el futuro con confianza. La clave de la próxima legislatura será culminar el Estatuto del Trabajo del siglo XXI:
● Un Estatuto porque queremos que el trabajo otorgue un estatus de ciudadaníacompleta, una ciudadanía en el trabajo.
● Del Trabajo porque este se presta de muchas formas y maneras y, aunque la centralidad del trabajo subordinado es indiscutible y se tiene que seguir reivindicando, como hemos hecho con la ley Rider, es necesaria una regulación que articule una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales, desde los autónomos hasta los cooperativistas.
● Del siglo XXI porque es el momento de completar varias transiciones: la digital y la verde, pero también la transición democrática, para superar definitivamente las adherencias autoritarias de nuestro actual ET y garantizar que no haya espacios laborales ajenos a la participación, a la democracia, a la ciudadanía.

1.2.1. La sociedad del trabajo como proyecto de ciudadanía

• Resignificaremos el artículo 35.2 de la constitución española, proclamando un estatuto del trabajo
  
  • Resignificaremos el artículo 35.2 de la constitución española, proclamando un estatuto del Trabajo en el que la protección del trabajo se articule a través del fortalecimiento de los derechos de las personas que trabajan y del sujeto sindical, como la forma más eficaz de profundizar en la de mocracia y en el bienestar de las mayorías sociales en nuestro país.

• Dotaremos de centralidad al trabajo y al derecho al trabajo como proyecto de ciudadanía.
  
  • Del derecho al trabajo, que fundamenta un horizonte de derechos individuales y colectivos, se deriva un derecho del trabajo que se propone como un proyecto igualitario, estructurado en torno a dos vectores de intervención, público-estatal y colectivo.
  • El derecho al trabajo exige como nivel mínimo esencial; el derecho a acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos de empleo, garantizando el eficaz funcionamiento de los mismos y su carácter público; el derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación en el acceso al trabajo, en el desarrollo de la relación laboral y al final de esta;
  • El derecho a unas políticas de inmigración que respeten y apliquen en su plenitud la Convención internacional de Naciones Unidas de diciembre de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares;
  • El derecho a la estabilidad en el empleo y a la voluntariedad en la elección del trabajo, en especial del trabajo a tiempo parcial;
  • El derecho a trabajar en condiciones laborales dignas, seguras, previsibles y transparentes;
  • El derecho a la ocupación efectiva;
  • El derecho a que la relación laboral individual solo pueda extinguirse por una causa justa;
  • El derecho de todas las personas trabajadoras a ser representadas colectivamente;
  • El derecho a una prestación económica suficiente que proteja de las situaciones de pérdida de empleo, cese de actividad y ajustes temporales de empleo y el derecho a la prolongación voluntaria de la vida laboral activa.

• Fortalecimiento las instituciones de participación democrática permanente en el ámbito de las relaciones laborales.
  
  • Debe afianzarse la posición de los sindicatos como figuras centrales de la representación colectiva del trabajo dentro y fuera de la empresa, así como potenciar y reforzar la negociación colectiva y el diálogo social, junto con la participación en la organización del trabajo, como herramientas imprescindibles en una sociedad democrática.

1. Una ley de usos del tiempo para humanizar los trabajos

• Ganar más tiempo para la vida, limitando el tiempo de trabajo efectivo.
  
  • Esta propuesta pretende la reducción y el reparto equitativo del tiempo de trabajo, evitando situaciones de desempleo, subempleo y sobreexplotación, así como garantizar el derecho a un uso del tiempo según las ne cesidades sociales y colectivas que haga realidad, con carácter general, el principio de adaptación del trabajo a la persona.
  • En 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales.

• Garantizaremos la soberanía sobre el tiempo y la flexibilidad horaria decidida por la persona trabajadora
  
  • Garantizaremos la soberanía sobre el tiempo y la flexibilidad horaria decidida por la persona trabajadora, bajo la premisa de unos tiempos regulares y previsibles.
  • Debe aumentarse la autonomía de las personas trabajadoras en la gestión del tiempo de trabajo, lo que incluye el derecho a adap tar los horarios de trabajo y el derecho a formas híbridas de trabajo (presencial y a distancia). Con estas medidas, se contribuye a incrementar la satisfacción de las personas y también a favorecer la productividad de las empresas.

• Impulso del trabajo saludable medido en tiempo (ni una hora más)...
  
  • Impulso del trabajo saludable medido en tiempo (ni una hora más), garantizando el derecho de las personas a la preservación de su salud física y mental en el trabajo.
  • Con este fin, se propone la limitación efectiva del tiempo de trabajo, por la cual la distribución irregular de la jornada se realice por periodos máximos de cuatro meses;
  • El incremento del 100% del precio de la hora extraordinaria que no se haya pagado ni compensado con tiempos de descanso equivalentes;
  • El establecimiento de periodos de descanso para proteger a las personas frente a condiciones de trabajo que impliquen un ritmo monótono y repetitivo y la garantía del derecho de las personas trabajadoras a la desconexión digital, incluyendo la prohibición de la empresa de contactar con ellas fuera de la jornada laboral.

• Ordenación del tiempo de trabajo corresponsable e igualitario que facilite la conciliación
  
  • Alcanzaremos una ordenación del tiempo de trabajo corresponsable e igualitario que facilite la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal, evitando que muchas personas (mayoritariamente mujeres) se vean obligadas a reducir su jornada o a renunciar a su carrera profesional para poder conciliar las responsabilidades familiares y laborales.
  • Debe permitirse, asimismo, una reducción de jornada con carácter discontinuo a lo largo de la semana, del mes o del año, así como la reducción de jornada para personas que convivan en el mismo domicilio, aunque no exista entre ellas relación de parentesco.
  • Otra medida a implementar es la ampliación de los permisos retribuidos, incluyendo un permiso retribuido para asistir a visitas médicas de hijos, hijas y familiares.

• Establecimiento de una sola interrupción en las jornadas partidas
  
  • Establecimiento de una sola interrupción en las jornadas partidas, con una duración máxima de una hora, que podrá ser ampliada por convenio colectivo. Esta medida es especialmente relevante en el contrato a tiempo parcial, muy feminizado y en muchas ocasiones involuntario, debido a que muchas personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen por no encontrar trabajo a tiempo com pleto o por necesidades de conciliación.
  • Debe garantizarse que el trabajo a tiempo parcial no se extienda en exceso mediante múltiples interrupciones.

• Reforma de la regulación del trabajo a turnos y del trabajo nocturno
  

  Las personas que trabajan a turnos o en horario nocturno tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud derivados del trabajo.

  • En atención a estas circunstancias, se propone que las personas que trabajan en turnos rotatorios no puedan trabajar más de cinco noches consecutivas, así como la introducción de un derecho de cambio de turno de trabajo para las personas mayores de cincuenta años con el fin de que puedan transitar de un turno de noche a un turno de día disponible en la empresa y para el que tengan la cualificación profesional necesaria.

• Reforzaremos la obligación de la empresa de informar a las personas trabajadoras y dar participación a la representación de las trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el tiempo de trabajo
  
  • Reforzaremos la obligación de la empresa de informar a las personas trabajadoras y dar participación a la representación de las trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el tiempo de trabajo (jornada, horario y regulación de las horas extraordinarias). Esta propuesta se justifica en atención a que el derecho de las personas trabajadoras a la transparencia y a la previsibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo no se corresponde con la incertidumbre en el tiempo de trabajo derivada de horarios completamente variables e inciertos, que contribuyen a una mayor pobreza del tiempo.

• Aplicación, en las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, de un plan de mejora de la organización del tiempo de trabajo y los usos del tiempo.
  
  • Aplicación, en las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, de un plan de mejora de la organización del tiempo de trabajo y los usos del tiempo.
  • El plan, que debe ser negociado entre la empresa y la representación legal de la plantilla, ha de incluir un diagnóstico previo de la situación en la empresa (también negociado) que permita establecer las medidas necesarias para avanzar hacia unos horarios equilibrados y que tome en consideración las exigencias de las personas en la concreción de su prestación laboral.

• Reconoceremos el derecho a sustituir tiempo de trabajo efectivo en la empresa por tiempo dedicado al ejercicio de funciones de representación colectiva
  
  • Reconoceremos el derecho a sustituir tiempo de trabajo efectivo en la empresa por tiempo dedicado al ejercicio de funciones de representación colectiva y sindical y de otros derechos fundamentales.

2.1.2. Derechos para todas y todos: la digitalización al servicio del trabajo decente

• Garantizaremos que la digitalización esté al servicio del trabajo decente
  
  • Garantizaremos que la digitalización esté al servicio del trabajo decente, haciendo uso de la inteligencia artificial y de la tecnología algorítmica para la limitación y el control efectivo del tiempo de trabajo, impidiendo así la prolongación de la jornada más allá de lo previsto en el convenio colectivo y llevando las tecnologías digitales al ámbito de la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

• Estableceremos mecanismos que garanticen una compensación social y económica de los tiempos dedicados a la producción como consumidor _(prosumer)_
  
  • Estableceremos mecanismos que garanticen una compensación social y económica de los tiempos dedicados a la producción como consumidor _(prosumer)_, especialmente en sectores como el bancario, en el que resultan especialmente afectadas las personas mayores.

• Reforzaremos la participación sindical en el diseño, la regulación y la evaluación de los algoritmos en el ámbito laboral
  
  • Reforzaremos la participación sindical en el diseño, la regulación y la evaluación de los algoritmos en el ámbito laboral para prevenir y eliminar los sesgos discriminatorios o, en cualquier caso, contrarios a la dignidad de las personas.
  • Se debe garantizar, igualmente, el derecho de las personas trabajadoras sujetas a decisiones empresariales automatizadas a ser informadas por la empresa. Es un derecho de las personas trabajadoras, y de sus representaciones sindicales y unitarias, ser debidamente informadas en los supuestos de utilización de sistemas automatizados de toma de decisiones, de seguimiento o de vigilancia.
  • Asimismo reconoceremos a la representación sindical y colectiva sus derechos colectivos digitales, asegurando su ordenación legal y garantizando los es pacios necesarios a la negociación en común, de conformidad con la carta digital europea.

• Estableceremos limitaciones estrictas al poder de dirección y control de la actividad laboral
  
  • Estableceremos limitaciones estrictas al poder de dirección y control de la actividad laboral, específicamente cuando se desarrolle a distancia, y en especial mediante el uso de medios audio visuales sobre las trabajadoras y los trabajadores, un control a distancia de su actividad laboral por geolocalización, así como la posibilidad de registros y cacheos personales.

• Implantación del cv ciego
  
  • No constarán imágenes personales, la edad ni el sexo de candidatos y las candidatas a un proceso de selección.

• Protección del derecho a la indemnidad por la utilización de redes sociales
  
  • Reconoceremos el derecho a la indemnidad en redes sociales, de modo que nadie pueda ser sancionado o despedido por el contenido recogido en sus redes sociales, que tampoco podrá ser tenido en cuenta dentro de un proceso de selección o contratación.

• Reconocimiento del derecho a la intimidad en los controles por reconocimiento facial
  

  La generalización del teletrabajo determina la necesidad de clarificar los derechos de las personas trabajado ras frente a estos sistemas de control empresarial que actúan en remoto.

  • Se reconocerá el derecho a la intimidad en los controles por reconocimiento facial de las personas trabajadoras en teletrabajo, debiendo la empresa abstenerse del uso de dispositivos de reconocimiento facial (o similares), que impliquen la captación de imágenes, incluidos datos biométricos, de la persona trabajadora dentro de su domicilio o en un local escogido por esta para el desarrollo del trabajo a distancia.

• Implementaremos la auditoría algorítmica.
  

  El sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema in formático refleja los valores de los humanos que están implicados en la codificación y la recolección de datos usados para entrenar el algoritmo. La legislación no recoge medidas específicas para la protección de las personas trabajadoras en el ámbito de las empresas frente a la discriminación de rivada del uso de algoritmos.

  • Con la auditoría algorítmica, sistema de verificación con un contenido mínimo determinado reglamentariamente, la empresa deberá demostrar que el sistema de inteli gencia artificial utilizado en el ámbito laboral no incorpora sesgos que puedan traducirse en discriminación.
  • Esta auditoría estará a disposición de la representación de las personas trabajadoras, de estas mismas cuando no exista RLT y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2.1.3. Avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y la garantía de los derechos laborales

• Avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y la garantía de los derechos laborales
  
  • Garantizaremos la subida del smi como palanca que haga incrementar el conjunto de los sala rios y contribuya a reactivar la economía. Haber alcanzado, con los 1.080 €, el 60% del salario me dio, si bien es un gran avance, no es suficiente en un país que tiene salarios un 25% por debajo de la media de los países de la Eurozona.
  • Llevaremos a cabo un control efectivo de la brecha salarial utilizando el algoritmo HER. Du rante la anterior legislatura desarrollamos los «instrumentos de la transparencia», como el registro retributivo, la valoración de puestos de trabajo o la auditoría salarial. Estos elementos pretenden darnos una medida de las causas y la magnitud de la brecha salarial para poder actuar sobre estas de forma más efectiva. Ahora es el momento de utilizar la información existente para llevar a cabo actuaciones específicas y quirúrgicas en esta materia. Todas las empresas deberán volcar la infor mación de sus registros retributivos (y, en el caso de las empresas que realicen planes de igualdad, también la información sobre la valoración de puestos de trabajo) en el sistema centralizado que se creará al efecto. La información contenida en dicho sistema será integrada en el algoritmo HER, a partir de cuya explotación se desarrollarán las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de brecha salarial de género.
  • Reforzaremos las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues. Revisaremos las causas para que solo en situacio nes que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados, dando prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas adoptadas.
  • Estableceremos garantías para las personas trabajadoras frente al despido mediante un sistema restaurativo y disuasorio, así como mediante el reforzamiento de la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. Ello implica el derecho del trabajador a la readmisión o a la indemniza ción por despido improcedente, incluyendo el cese durante el periodo de prueba. En ambos casos, se reconocerá el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa.
  • Protección frente a las deslocalizaciones. la creciente globalización propicia también otros fenómenos (como la deslocalización de empresas) que tienen consecuencias negativas sobre el tejido productivo y el mercado de trabajo. Estas deslocalizaciones persiguen una reducción de los costes empresariales mediante el traslado de ciertas actividades productivas, con frecuencia in tensivas en mano de obra, hacia terceros países que cuentan con sistemas regulatorios débiles en materia fiscal, de seguridad industrial o laboral, o donde la supervisión de su cumplimiento efectivo es laxa. Las empresas que decidan el traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados sig natarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo no podrán adoptar medidas de despido colectivo, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenio; en caso de utilización de medidas individuales, deberán reintegrar las ayudas recibidas y serán penalizadas en el acceso a la contratación pública.
  • Protección a las personas empleadas del hogar. los avances decisivos que en esta legislatura se han producido en la protección de las personas empleadas del hogar deben continuar a través del desarrollo reglamentario de su derecho a la prevención de riesgos laborales y abordando otras cuestiones que no pudieron incluirse por motivos formales en el RDL 16/2022, especialmente el su puesto de las internas. Es preciso, también, avanzar en sistemas que permitan a la ITSS ser más efi caz en este ámbito y abordar la cuestión de las personas empleadas del hogar migrantes carentes de autorización, así como la de aquellas que prestan sus servicios en situaciones transfronterizas.
  • Seguiremos protegiendo el trabajo en la cultura. las medidas legislativas adoptadas durante esta legislatura para el desarrollo del Estatuto del Artista han de valorarse como históricas, particularmente las referidas al ámbito laboral (la modernización de la regulación de las relaciones la borales del personal artístico, técnico y auxiliar y el reconocimiento de una prestación especial de desempleo) y al de la seguridad social (compatibilidad de las prestaciones con otras actividades y especialidades en cotización). Pero aún queda trabajo por desarrollar;
    1) En la fiscalidad, asegurando un trato adecuado de los gastos y la compensación de ganancias en varios años, dado el carácter irregular de las rentas.
    2) En la regulación de las enseñanzas artísticas superiores y sus equivalencias con las enseñanzas artísticas profesionales.
    3) En el campo de las transiciones profesionales, estableciendo procedimientos y mecanismos que permitan procesos de reciclaje y formación paralelos a la protección social mientras se accede a otros ámbitos profesionales.
    4) En materias relativas a la compatibilidad y la adaptación de las ayudas por cese de actividad. Por otro lado, es necesario mantener en funcionamiento e impulsar los grupos de trabajo, previstos en la ley, relativos a las enfermedades de las personas artistas y al estudio del sistema de cotizaciones a la seguridad social. Finalmente, es preciso abordar un tratamiento global y holístico del mundo de la cultura que permi ta la adopción coordinada de medidas de distintos tipos, pero siempre con una doble finalidad. por un lado, convertir el sector de la cultura en un ámbito de desarrollo económico que incremente la cantidad y calidad del empleo y, por otro, convertir el mundo de la cultura, su actividad, su industria, sus personas en una referencia, en una marca de país."
  • Crearemos una unidad de la fiscalía especializada en los delitos contra los derechos de los trabajadores, así como la modificación de estos delitos, para hacer más eficaz su persecución, y la incorporación de nuevas formas de criminalidad laboral en línea con lo ya realizado en el nuevo artí culo 311.2º del Código Penal.

2.1.4. Ni precariedad, ni discriminación

• Ni precariedad, ni discriminación
  
  • Pondremos fin a la precariedad en el contrato a tiempo parcial. en los casos de jornada ordi naria marginal, la remuneración de la persona trabajadora será, al menos, un 10% superior a la que proporcionalmente le correspondería por tal jornada. Por otra parte, debe consolidarse la jornada realmente realizada, de tal forma que, salvo en caso de negativa expresa por parte de la persona trabajadora, esta tendrá derecho a consolidar como jornada ordinaria un porcentaje de las horas complementarias realizadas el año natural anterior.
  • Garantizaremos la igualdad de las condiciones esenciales de trabajo de las personas trabaja doras externalizadas en relación con las personas trabajadoras de la empresa principal.

2.1.5. Trabajo de calidad, compatible con la formación y el estudio

• Trabajo de calidad, compatible con la formación y el estudio
  
  • Facilitaremos la culminación de los estudios de las personas que abandonan la formación obli gatoria en el marco de un trabajo decente. El abandono de la formación obligatoria sigue siendo un problema en nuestro país. Es imprescindible fomentar el uso de la contratación formativa para que se logre reducir la tasa de abandono prematuro de los estudios.
  • Prestaremos ayuda técnica a la solicitud y la gestión de ayudas a la formación. Los servicios de empleo dispondrán de una unidad específica que promueva y facilite la gestión para que desa rrollen, de manera real y efectiva, la formación para personas autónomas de actividad empresarial, personas socias trabajadoras y para el personal empleado.
  • Garantizaremos una oferta formativa específica para personas autónomas y socias trabajado ras. Los servicios de empleo, en coordinación con las entidades que representan a las empresas de economía social (cooperativas, sociedades laborales, etcétera), garantizarán anualmente en cada territorio una oferta formativa, preferentemente acreditable, mínima y ajustada a las necesidades de tales empresas y de las socias y los socios trabajadores. En todo caso, dentro de dicha formación se incluirá necesariamente la relativa a la gestión y la dirección de este tipo de empresas. Esta misma acción pública se extenderá a las personas trabajadoras autónomas, adaptándose a sus necesida des en relación con sus iniciativas empresariales.
  • Establecimiento de un crédito mínimo para formación y bonificaciones de la cuota. Se ga rantizará a las personas autónomas y a las empresas de pequeña dimensión un crédito mínimo para formación acreditable de las personas trabajadoras que empleen.Cuando la persona autó noma y, en su caso, un determinado porcentaje de las personas empleadas por tales empresas o personas autónomas hayan realizado formación acreditable en el año natural, se tendrá además derecho a una bonificación de la cuota correspondiente a formación profesional en el año pos terior. Se reconocerá el derecho a una bonificación en la cotización por contingencias comunes correspondiente a las horas que la persona trabajadora esté realizando formación acreditable. En el caso de que tal formación beneficie a personas trabajadoras temporales de la empresa, el cré- dito disponible se incrementará y se tendrá derecho a una bonificación adicional sobre la cuota por desempleo.
  • Reconoceremos un permiso anual para formación. las personas trabajadoras, incluidas las personas socias trabajadoras y autónomas de actividad empresarial, tendrán derecho a un per miso anual para formación acreditable. Durante dicho permiso, la empresa o la persona autónoma tendrán derecho a una bonificación de las cuotas empresariales y la persona trabajadora se consi derará en situación legal de desempleo a efectos de percibir prestación por desempleo durante la misma.
  • Incrementaremos a las empresas que no realicen formación para su personal durante un año natural la cuota por este concepto en el año siguiente en un determinado porcentaje.
  • Reconoceremos el derecho a que hasta treinta días de la prestación por desempleo no se con sidere consumida y sí como días cotizados a las personas fijas-discontinuas que durante sus perio dos de inactividad realicen formación acreditable. En el caso de que dicha formación sea planifica da por su empresa, esta tendrá derecho a una bonificación en las cuotas empresariales.

2.1.6. Un trabajo autónomo por elección y con garantías

• Un trabajo autónomo por elección y con garantías
  
  • Trabajo autónomo con garantías y valor reconocido, con prestaciones sociales adecuadas (jubilación, subsidio para mayores de 52 años, cese de actividad, con especial atención al cese por causas económicas, etcétera), con una fiscalidad que permita alcanzar un modelo de tributación más equitativo; con derechos formativos adaptados a sus necesidades; con derechos de concilia ción; con ayudas específicas para el establecimiento y el desarrollo de su actividad en entornos con riesgo de despoblación o con población envejecida; con medidas de orientación, acompañamiento y apoyo económico para impulsar iniciativas, en sectores emergentes y de energías renovables, la información y la comunicación, así como en la recuperación de oficios y servicios de proximidad.
  • Simplificaremos los trámites administrativos y de gestión, acelerando la digitalización de la Ad ministración, aplicando las nuevas tecnologías de la información para la coordinación entre admi nistraciones de manera que se acorten y se optimicen los plazos de puesta en marcha de la inicia tiva empresarial y desplegando, con la dotación económica correspondiente la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2023-2027, con la participación de todos los ministerios.
  • Iniciativa joven con garantías. diseñar incentivos y ayudas específicas para las personas jóvenes que elijan lanzar una iniciativa empresarial individual o colectiva. Ampliar la aplicación de estos incentivos y ayudas a las mujeres que decidan emprender. Generar las alianzas público-privadas para garantizar el acceso a la financiación a jóvenes y mujeres. Activar todos los puntos públicos de orientación, formación y acompañamiento a la iniciativa empresarial. Fomentar las alianzas entre el talento joven y el talento sénior. Más conocimiento, más proyecto.
  • Ampliaremos la cultura de la prevención de riesgos en el trabajo autónomo con nuevos progra mas financiados públicamente para formar en la autoprevención de riesgos adaptados a la activi dad desarrollada, con tiempos de formación subvencionados, profundizando en la cultura del au tocuidado, con formaciones específicas en gestión de los usos del tiempo en el trabajo autónomo, con políticas públicas de apoyo a la salud mental en el trabajo autónomo.
  • Actualizaremos la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema de me dición de la representatividad basado en principios democráticos y la puesta en marcha del Consejo del Trabajo Autónomo.
  • Apoyaremos a las personas trabajadoras autónomas en situación de bajos ingresos con un ré gimen específico de cotización. Cuando los ingresos reales percibidos por la persona trabajadora autónoma sean inferiores al SMI anual por causas objetivas, tales como las condiciones del merca- do o el inicio de actividad, se podrá acoger a una cotización fija bonificada sin pérdida de derechos de protección.
  • Crearemos normas específicas de tributación para las personas autónomas y socias coope rativistas que realicen actividades empresariales y cuyas rentas no sean superiores a una deter minada cantidad económica anual. Estas normas recogerán el derecho a que se compensen los ejercicios negativos sin límite de tiempo (actualmente están limitados a los cuatro años siguientes, mientras que las sociedades no tienen límite temporal) y la tributación por el tipo inferior hasta cierta cantidad que sea superior a la actual de los primeros 12.500€. En el caso de que las personas autónomas que desarrollen actividades empresariales se agrupen con otras en una cooperativa de servicios, las bonificaciones en la cuota o el tipo impositivo especial serán mejorados en un deter minado porcentaje.
  • Reconoceremos a las personas autónomas dependientes de un cliente el derecho a las condi ciones económicas y de jornada máxima previstas en el convenio colectivo aplicable a dicha em presa-cliente.

2.1.7. Una economía para las personas: más economía social

• Economía social
  
  • Incentivaremos la promoción de proyectos empresariales de economía social, simplificando los trámites administrativos; eliminando trabas disuasorias a proyectos empresariales colectivos; for jando alianzas que garanticen el acceso a financiación privada (a través de finanzas éticas) y pública (mediante mecanismos de crédito e inversión estatales); desarrollando una legislación fiscal que tenga en cuenta el valor económico de la aportación social de estas empresas; consolidando y opti mizando mecanismos como la capitalización del desempleo; con ayudas específicas para las perso nas más jóvenes y para las mujeres; con recursos económicos focalizados en sectores emergentes como las energías renovables, la innovación tecnológica o la regeneración económica y social de entornos rurales y urbanos.
  • Apoyo a las empresas de economía social que incorporen a nuevas socias y a las personas que decidan adherirse a proyectos en marcha. Las personas más jóvenes comparten los valores propios de la economía social; trabajo activista para vivir mejor. Por ello, vamos a desarrollar una tecnología que automatice la detección de necesidades de empleo en las empresas de economía social para garantizar puestos de trabajo y el mantenimiento de empresas arraigadas en el territorio y sosteni bles en el tiempo, garantizando el relevo generacional; introduciendo reformas legales que garanti cen un desembolso gradual y adaptado a las capacidades económicas de las personas que quieren realizar la aportación inicial para ser socias de entidades ya constituidas; incentivando económica mente, y a través de cláusulas sociales en la contratación pública, a las empresas que incorporen nuevas socias, especialmente jóvenes y mujeres; apoyando, con el kit formación-aportación social, a las personas que elijan adherirse a proyectos de economía social.
  • Aplicaremos las nuevas tecnologías y algoritmos transparentes a la detección de empresas en riesgo de cierre por crisis económica o falta de relevo generacional y ponerlas al servicio de las personas trabajadoras que deseen continuar con la actividad empresarial como dueños de la em presa. Esto se llevará a cabo financiando la tecnología que permita identificar estas situaciones y poniéndola al servicio de las organizaciones sindicales y representativas del sector de la economía social para trabajar en el mantenimiento del empleo y la supervivencia de la empresa junto con las personas trabajadoras; activando simultáneamente los servicios públicos que garanticen el aseso ramiento, el acompañamiento y el apoyo económico de esta transición al empleo en la economía social.
  • Estrategia para la economía social española. se incrementará el presupuesto para financiar la implementación de las medidas acordadas con el sector en la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027. Se facilitará la identificación de productos y servicios de calidad que provengan de la economía social, un modelo replicable. Se desarrollarán políticas públicas que garanticen el acceso a la digitalización y a la internacionalización de las empresas de la economía social, hacién dolas más competitivas y fortaleciendo nuestro tejido económico y social a medio y largo plazo.
  • Relocalizaremos la producción y los servicios a través de empresas de economía social basadas en una inversión no especulativa. Se diseñarán estrategias públicas participadas para la relocaliza ción de la producción y los servicios arraigados en nuestro territorio de manera que se garanticen y se optimicen las cadenas de suministro (producción de chips y microchips; baterías de coches eléctricos; producción sostenible de cereal). Se apoyará económicamente la relocalización a través de empresas y redes empresariales de economía social. Se dará impulso a procesos de cualificación y recualificación para garantizar la generación de empleo y autoempleo de calidad, con especial atención en las zonas de mayor despoblación. Se promoverán alianzas científicas-productivas con el tejido económico social para garantizar la innovación permanente y la sostenibilidad de la activi dad empresarial relocalizada (por ejemplo, la innovación en los usos de los recursos hídricos y nue vas formas de movilidad).
  • Incorporaremos la formación en economía social y cooperativa en todos los niveles educativos mediante reformas legales que lo incorporen en los currículos y alianzas público-privadas para ga rantizar el aprendizaje basado en la práctica.
  • Ofreceremos garantías a la iniciativa joven en la economía social mediante ayudas específicas a la constitución de empresas de economía social (cooperativas, sociedades laborales), así como para la adhesión a empresas de la economía social ya constituidas.
  • Impulsaremos las empresas y los empleos de economía social en sectores emergentes a través de una regulación adecuada para las nuevas formas de organización ciudadana en torno a coo perativas de energía; para las nuevas formas de cooperativas de vivienda de cesión en uso, que permiten la organización de las personas para decidir cómo vivir su etapa activa tras la jubilación, o acceder a viviendas más asequibles y sostenibles.
  • Fomentaremos las cooperativas de consumo que permitan decidir y participar en la compra de productos que cuiden nuestra salud, con precios asequibles, en entornos rurales y urbanos, tales como ecomercados o tiendas que ofrezcan productos de segunda mano.
  • Apoyaremos la labor de inclusión y de lucha frente a las brechas de desigualdad a través de empresas de economía social. Se implementarán las reformas legales necesarias para actualizar la regulación de las empresas de inserción y de otras entidades de economía social, para garantizar el cumplimiento de su objeto social; favorecer la inclusión de personas en riesgo de vulnerabilidad social a través de la generación de empleo de calidad. Se harán cumplir los porcentajes de reserva de la contratación pública para aquellas empresas de la economía social que acrediten su balance económico y su impacto social. Se incrementarán los porcentajes de reserva de la contratación pública para las empresas de la economía social que reinviertan la totalidad de sus beneficios en la propia entidad y en la mejora de su balance social.
  • Promoveremos la inclusión de la economía social en el plan estadístico nacional e incluir a las organizaciones representativas de la economía social en el Consejo Superior de Estadística, con el fin de conocer mejor la contribución a la generación de empleo y al crecimiento socioeconómico de estas empresas.
  • Estableceremos incentivos a la calidad en el trabajo. aquellas cooperativas, y otras sociedades laborales, que acrediten el cumplimiento de los mínimos previstos en el convenio de aplicación al sector para sus socias y socios de trabajo tendrán derecho a una bonificación de la cuota por con tingencias comunes. En el caso de superar esos mínimos, dicho porcentaje se podrá elevar hasta un determinado porcentaje adicional.
  • Aprobaremos una ley marco básica estatal que regule los mínimos para las cooperativas y las sociedades laborales, estableciendo un número máximo de personas asalariadas, condiciones míni mas de trabajo, etcétera.
  • Reconoceremos las cooperativas o sociedades laborales dependientes (aquellas cuyos ingre sos dependen de un cliente en al menos un determinado porcentaje). En estos casos, la empresa cliente abonará la diferencia entre la remuneración de las socias y los socios-trabajadores y la que perciban sus propias personas empleadas de nivel equivalente.
  • Facilitaremos que empresas en crisis puedan ser recuperadas por personas trabajadoras por medio de cooperativas de trabajo asociado, diseñando políticas públicas que lo faciliten.
  • Estableceremos programas de ayudas a entidades representativas de la economía social para la creación de plataformas empresariales que posibiliten la intercooperación, creando sinergias que mejoren la capacidad competitiva de las empresas de economía social.

2.1.8. Entornos laborales seguros y saludables

• Entornos laborales seguros y saludables
  
  • Crearemos mecanismos eficaces que garanticen la protección de las personas trabajadoras, especialmente de las que desarrollan el trabajo a distancia. La creciente conectividad resultante de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha hecho posible el teletrabajo, que aumen tó durante la crisis del COVID-19 y es probable que se mantenga junto a las modalidades de trabajo «híbridas». Ha facilitado una mayor flexibilidad en la organización del trabajo, ha preservado puestos de trabajo y ha mantenido la protección de las personas trabajadoras en muchos países durante la pandemia; pero también el teletrabajo puede ser fuente de un estrés importante si no se asegu ran y se respetan los límites al tiempo de trabajo y la protección para que las trabajadoras y los trabajadores puedan desconectarse, de conformidad con la regulación nacional y por acuerdo entre las partes. Los desafíos también incluyen la protección de los datos personales de las trabajadoras y los trabajadores y su derecho a la vida privada, el impacto de las decisiones automatizadas en los derechos laborales, en el empleo y en la asignación de tareas, así como la prevención de los riesgos de salud mental y psicosociales.
  • Protegeremos a todas las personas trabajadoras de la violencia y el acoso laboral. Tras la entra da en vigor en España del Convenio sobre la violencia y el acoso de 2019 (núm. 190), que amplía los márgenes de lo que es el acoso en el mundo laboral, deben realizarse los ajustes que sean precisos para establecer una ordenación jurídica integrada, que ofrezca un marco específico de prevención y de protección eficaz de todas las personas que sufren violencia o acoso laboral.
  • Promoveremos estrategias de seguridad y de salud en el trabajo con el propósito de garanti zar cero muertes y de prevenir las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Debe, asimismo, garantizarse el acceso a las prestaciones de seguridad social pertinentes, y desarrollar políticas y sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo eficaces, incluyendo políti cas y sistemas que tengan en cuenta riesgos nuevos y los ya existentes. Trabajar no puede implicar arriesgar la vida y la salud, como por desgracia ocurre con demasiada frecuencia.
  • Adaptaremos el trabajo a las personas. para ello, se han de tener especialmente en cuenta las características particulares de cada persona que trabaja. En ese sentido, las mujeres, a pesar de lo dispuesto en las normas, no han tenido la suficiente mirada protectora específica que necesitan. Sectores muy feminizados, como el de cuidados o los servicios, presentan un preocupante aumen to de los riesgos psicosociales. Por otra parte, en sectores como la limpieza de edificios, peluquería o cosmética se utilizan productos cuyas consecuencias sobre la salud parcialmente se desconocen, por lo que se deben aumentar los controles, los análisis y la vigilancia sobre ellos. Hay riesgos emer gentes que atajar, como los que afectan a la salud mental, con especial incidencia en las personas trabajadoras del sector sanitario después de la pandemia, por lo que es obligado «cuidar a los que nos cuidan». Todo ello sobre la base de que el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo con diciona las facultades empresariales de organización del trabajo y de ordenación del tiempo de trabajo.
  • Garantizaremos una eficaz protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras en las empresas con una plantilla inferior a cincuenta personas. El 97% de las empresas españo las tiene menos de cincuenta personas trabajadoras, siendo en este tipo de empresas donde se aprecia un menor cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. El 60% de los accidentes mortales se producen en empresas con menos de veinticinco personas trabajadoras. Es urgente hacer un esfuerzo especial para garantizar la protección eficaz de la salud y la seguridad de las per sonas trabajadoras en estas empresas; para ello, se creará la figura del delegado sindical territorial de seguridad. Es bien sabido, por otra parte, que en empresas de pequeño tamaño la representa ción sindical es mucho más débil que en las grandes, en las que el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es precisamente mucho menor, no solo por su mayor capacidad para actuar en esta materia, sino también por la mayor vigilancia que la representación sindical de las personas trabajadoras ejerce sobre ellas.
  • Adaptación de la prevención de los riesgos laborales y el derecho a la salud a los desafíos que abre el cambio climático. Es necesario proteger a las personas trabajadoras ante las situaciones, cada vez más frecuentes, de altas temperaturas, a través, entre otras medidas, del establecimiento de protocolos y planes de actuación que tengan en cuenta las diferentes variables que conforman una situación de riesgo.
  • Anticiparemos las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de accidentes de trabajo mortales y les prestaremos atención y ayuda psicológica.

2.1.9. Avanzar en los derechos colectivos de participación democrática en las empresas

• Avanzar en los derechos colectivos de participación democrática en las empresas
  
  • Cambiaremos el paradigma en la organización empresarial, transitando de la empresa jerár quica y oscura a la empresa transparente y participada; reforzaremos la eficacia de los derechos de información, consulta y negociación colectiva; y ampliaremos la tasa de cobertura de la ne gociación colectiva. La democracia no puede quedar a las puertas de las empresas, las personas trabajadoras y los sindicatos deben participar en la toma de decisiones ordinarias y extraordinarias en el marco de la empresa. La ampliación de la cobertura de los órganos de representación de las personas trabajadoras, mediante la modificación de la unidad electoral más allá del centro de trabajo, contribuye a la eficacia de los derechos legal o convencionalmente reconocidos y a mejorar las condiciones de trabajo.
  • Reordenaremos las relaciones ley-convenio colectivo. con el fin de favorecer la negociación colectiva (tanto en el ámbito empresarial como en el superior) y evitar vacíos de regulación, la ley fijará subsidiariamente, o con carácter suplementario en todo caso, las condiciones de trabajo de aquellas materias cuya concreción dependa o se remita a ella.
  • Extenderemos el derecho de libertad sindical a los miembros de la guardia Civil. La existencia de un doble estatuto (policial y militar) de los miembros de la Guardia Civil ha provocado una situa ción de discriminación injustificada en relación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que sí tienen reconocido el derecho de libertad sindical. Solo si se les garantiza el derecho de liber tad sindical, los miembros de la Guardia Civil podrán defender adecuadamente sus legítimos intere ses profesionales y laborales de una manera real y efectiva.
  • Reconoceremos el derecho al uso colectivo y sindical de los medios informáticos de la empresa y de los canales de comunicación que aquella emplea con el personal a su servicio, sin más límites que los derivados de su uso razonable, garantizando el derecho a la transmisión de la información sobre temas laborales y sindicales como un derecho colectivo y sindical cuyo ejercicio no puede ser controlado por la empresa.
  • Blindaremos los sistemas autónomos de solución de conflictos. estableceremos, de forma clara, la obligatoriedad de los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales individuales y colectivos, en línea con la jurisprudencia sentada en la sentencia del Tribunal Supremo 729/2020, del 30 de julio, para evitar con carácter definitivo decisiones que cuestionen nuestro sistema demo crático de relaciones laborales.

2.1.10. Defender la universalidad del derecho a la protección social

• Impulsaremos una reforma constitucional que garantice sólidamente los derechos sociales y, en concreto, que blinde el derecho a la seguridad social.
  
  • Impulsaremos una reforma constitucional que garantice sólidamente los derechos sociales y, en concreto, que blinde el derecho a la Seguridad Social.
  • El sistema de la seguridad social es el núcleo esencial de lo que, de un modo amplio, se denomina protección social. El texto constitucional explicitará que el sistema de la Seguridad Social es una función del Estado de la que está excluida toda operación de lucroprivado, así como que el sistema está basado en el principio solidario que impone un mecanismo financiero de reparto, una caja única, la consideración conjunta de las con tingencias y la redistribución de rentas de los que más a los que menos tienen.
  • En tanto esa reforma constitucional no se produzca, estas garantías vendrán de la mano de leyes ordinarias.

• Aseguraremos que la suficiencia de las prestaciones, inseparable de la revalorización de las prestaciones, se siga haciendo mediante ley
  
  • Aseguraremos que la suficiencia de las prestaciones, inseparable de la revalorización de las prestaciones, se siga haciendo mediante ley, de acuerdo, como mínimo, con la subida del IPC para asegurar su poder adquisitivo.

• Protección de la familia en situaciones de viudedad, orfandad, etcétera
  
  • Protección de la familia en situaciones de viudedad, orfandad, etcétera se lleve a cabo exclusivamente en consideración a los lazos reales de convivencia y afecto que puedan ser acreditados por cualquier medio de prueba válido en derecho y no solo a través de actos registrados oficialmente.
  • La perspectiva de género se incorporará de manera efectiva en el ordenamiento de la Seguridad Social.

• Garantizaremos que todas las personas residentes en españa tengan derecho a la protección por la seguridad social
  
  • Garantizaremos que todas las personas residentes en españa tengan derecho a la protección por la Seguridad Social, incluidas las personas residentes en situación de irregularidad desde el momento en que presten trabajo por cuenta ajena. Si tienen derecho al salario, también han de tenerlo a la Seguridad Social.
  • Asimismo, mejoraremos las fuentes de financiación del sistema para evitar que el equilibrio financiero se busque a través del recorte de las prestaciones.

• Asumiremos el reto de combatir la informalidad laboral y ampliaremos la protección social
  

  La informalidad sigue siendo un obstáculo importante y una de las causas profundas que impiden lograr una protección inclusiva, adecuada y eficaz de todas las personas trabajadoras. La economía informal tiene con secuencias negativas para el desarrollo de empresas sostenibles, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, los ingresos públicos y el ámbito de actuación de los Gobiernos. La protección social de las personas trabajadoras sigue siendo un desafío para muchas personas au tónomas, inclusive en la economía formal. Por otra parte, el riesgo de exclusión de la protección de las personas trabajadoras o de que esta sea inadecuada es mayor para aquellas que son objeto de discriminación por motivo de género o de otra índole, incluida la discriminación interseccional, así como para las personas trabajadoras de grupos profesionales o sectores específicos, o las que par ticipan en determinadas modalidades de trabajo, incluidas las personas trabajadoras del cuidado, del servicio doméstico y del sector agrícola. A su vez, determinadas modalidades de trabajo, como el empleo temporal, el trabajo en plataformas y el teletrabajo, que pueden haber brindado nuevas oportunidades para la creación y el acceso al empleo de las personas trabajadoras que se enfrentan a mayores barreras para entrar y permanecer en el mercado de trabajo, también plantean nuevos desafíos en el marco de la protección social.

  • Asumiremos el reto de combatir la informalidad laboral y ampliaremos la protección social de las personas en situación (o con mayor riesgo) de vulnerabilidad social.

• Protegeremos los derechos de las personas trabajadoras migrantes
  
  • Protegeremos los derechos de las personas trabajadoras migrantesa a nivel nacional y participaremos en actividades de cooperación bilateral y regional entre los países de origen, de tránsito y de destino para garantizar los derechos de protección social.

• Reconfiguraremos las prestaciones no contributivas, incluidas las de desempleo
  

  Determinadas presta ciones sociales, entre ellas el IMV, han significado un importante avance en el sistema de protección social; sin embargo, la complejidad de su diseño ha limitado notablemente su eficacia, siendo, en consecuencia, necesario revertir esta situación.

  • Reconfiguraremos las prestaciones no contributivas, incluidas las de desempleo, con el fin de simplificar y garantizar la protección a todas las personas que lo necesiten.

• Reorganización de la prestación por desempleo y cese de actividad destinada a dar seguridad a las personas trabajadoras
  
  • Reorganización de la prestación por desempleo y cese de actividad destinada a dar seguridad a las personas trabajadoras (incluidas las personas autónomas de actividad empresarial y las socias y los socios trabajadores), mediante el reconocimiento, en todo caso, de prestaciones que garanticen las transiciones a un nuevo trabajo y que estén vinculadas a la realización de acciones formativas acreditables.
  • Dichas prestaciones tendrán en cuenta especialmente la situación de las personas trabajadoras temporales y a tiempo parcial.
  • En relación con las personas trabajadoras fijas-discontinuas que, durante sus periodos de inactividad, realicen formación acreditable, tendrán derecho a que hasta treinta días de su prestación por desempleo no se considere consumida.

• Reforma del sistema de mutuas colaboradoras de la seguridad social (matpss).
  

  Es necesario abordar la actuación de estas entidades, que gestionan recursos públicos con criterios exclusiva mente privados que no siempre redundan en una mejora de la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. Para revertir esta situación:

  • Se introducirán sistemas de control, participación y transparencia en la gestión de las MATPSS.
  • Se realizará un control exclusivo de la incapacidad temporal común de altas y bajas y el seguimiento por los facultativos de la Seguridad Social, así como el riesgo durante el embaazo o la lactancia; se promoverá el retorno de la gestión económica de IT por contingencias comunes a la Seguridad Social y se valorará el incremento de la cuantía de la prestación por incapacidad común al 75% desde el primer día, y al 100% por contingencias profesionales.
  • Se pondrá fin a la discriminación en el pago de cuotas entre las empresas cubiertas por la Seguridad Social y las empresas cubiertas por entidades colaboradoras, asimismo se eliminará el RD 404/2010, del 31 de marzo, de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales.

2.1.11. Dignificar el empleo público, otra garantía de servicios de calidad para la ciudadanía social

• Dignificar el empleo público, otra garantía de servicios de calidad para la ciudadanía social
  
  • Tomaremos en serio el estatuto básico de las personas empleadas públicas (ebep), haciendo efectivos sus derechos. Década y media después, el EBEP, que supuso algunos progresos impor tantes en derechos, no tiene en cuenta a millones de personas que prestan sus servicios como em pleadas públicas, pues las pocas leyes de función pública posteriores apenas lo han desarrollado. Hacer efectivos esos derechos mediante el desarrollo de un EBEP a la altura del siglo XXI será una prioridad.
  • Aseguraremos la estabilización real del empleo público, corrigiendo la precarización y pre viniendo de forma efectiva eventuales desviaciones futuras. Según la EPA, la temporalidad en el empleo público es del 30%, frente al 14% en el empleo privado. El éxito de la reforma laboral en la reducción del empleo público privado debe trasladarse al empleo público, haciendo realidad los procesos de estabilización abiertos al respecto e intensificando sus efectos, para que, al final de la legislatura, el porcentaje de temporalidad del empleo público sea análogo al del empleo privado, o incluso menor.
  • Garantizaremos que el derecho a la negociación colectiva de las personas empleadas públicas sea completamente equiparable al de las relaciones de trabajo privadas. El derecho a la negocia ción colectiva en el empleo público, en especial en lo que respecta al funcionariado, está plena mente reconocido en el derecho internacional sindical, y así aparece en el derecho español. Sin em bargo, los artículos 37 y 38 del EBEP establecen algunas restricciones en sus garantías de ejercicio efectivo que es preciso corregir a fin de que no haya derechos colectivos de primera y de segunda categoría en nuestro Estado constitucional social y democrático de Derecho.
  • Revigorizar el derecho a un entorno seguro y saludable de trabajo (y de teletrabajo) público, también con perspectiva de género. Las personas empleadas públicas tienen reconocido el mismo derecho a la protección de su seguridad y su salud en el trabajo que las personas empleadas pri vadas. Sin embargo, una vez más, cuando transitamos desde el plano del reconocimiento hasta el plano de las garantías efectivas (la protección practicada), la tutela de su derecho a la protección eficaz de su seguridad y su salud, también en los entornos de trabajo público más digitalizados, encuentra significativas restricciones, normativas y culturales, que han de corregirse, a fin de que la protección real sea equivalente en todos los trabajos, desde luego también en clave de género.
  • Establecer criterios sociales relacionados con el empleo de calidad en la contratación pública. 1) Regular los criterios para la acreditación de empresas y los pliegos de condiciones. Garan tizar la participación sindical en la elaboración de los pliegos de condiciones y en la adjudi cación de los contratos. Introducción de cláusulas sociales en materias como: empleo, salud laboral, medio ambiente, políticas de igualdad, subcontratación, revisión de precios, entre otras. 2) Introducir el concepto de solvencia social, previamente a la adjudicación, tanto como cri terio para la clasificación de empresas, como para las cláusulas de todos los pliegos de con diciones, con referencias a la obligación de cumplimiento de la normativa laboral general y el convenio colectivo de referencia. 3) Introducir el concepto de insolvencia social sobrevenida; en caso de incumplimiento rei terado de los requisitos de empleo, se resolverá anticipadamente la adjudicación. 4) Introducir el concepto de baja temeraria social: en los casos en los que una oferta no con temple el cumplimiento de la normativa laboral o el convenio colectivo de referencia, consti tuirá causa para la desestimación de la oferta.

3. La transición ecológica justa, el desafío de nuestro tiempo

1.3.1. Un país orientado a la transición ecológica justa

La pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, con sus consecuencias económicas, han supuesto desafíos imprevisibles en los últimos años, pero también una oportunidad. La oportunidad de hacer de España un país más resiliente, crear empleo, modernizar nuestra industria, mejorar nuestra competitividad y prepararnos para el futuro. Estamos en el momento de evitar soluciones a corto plazo y con poca visión de futuro y construir la España de las próximas décadas. En este proyecto de país, la transición ecológica justa jugará un papel central en lo económico, lo social, lo laboral, lo medioambiental y lo democrático.

La transición ecológica justa (TEJ) es el proceso de reorganización de la vida en común que tiene por finalidad garantizar una vida digna a todas las personas, en un planeta con límites ya superados, que compartimos y que estamos obligados a cuidar para las próximas generaciones.

El TEJ tiene los siguientes objetivos:
● Garantizar que todas las personas y comunidades puedan disfrutar de una vida segura y digna compatible con la restauración y la preservación de sus entornos sociales, naturales y territoriales.
● Descarbonizar el sistema económico y reducir la huella ecológica para compatibilizar la cobertura de las necesidades sociales con el abordaje del cambio climático y las biocapacidades nacionales y globales.
● Adaptar el universo del trabajo y empleo a las circunstancias de la crisis ecológica y climática y sus consecuencias sociales.
● Desplegar procesos que hagan frente a las situaciones de contingencia y urgencia derivadas de los efectos de la crisis ecológica y climática.
● Detener los principales procesos de destrucción ecológica, restaurar y favorecer la resiliencia de los ecosistemas clave del país y proteger la vida en el planeta.
● Transitar hacia modelos territoriales justos y sostenibles que generen nuevas relaciones de cooperación entre los ámbitos urbanos, rurales y naturales.
● Invertir en investigación y tecnociencia orientadas a resolver los retos que plantea una transición ecológica justa.
● Construir un soporte económico y financiero que haga viable la transición ecológica justa.
Con el fin de cumplir con estos objetivos, Sumar se presenta a las elecciones del próximo 23J con el firme compromiso de tomar medidas dirigidas a mitigar la crisis climática y ecológica, teniendo en cuenta los principios de justicia social, justicia distributiva y justicia participativa.

• Una transición al alcance de todas las personas
  

  La lucha contra la pobreza energética en todas sus dimensiones es una prioridad para Sumar. Se establecerán los mecanismos necesarios para que todas las personas puedan beneficiarse del acceso a una energía limpia y barata, asegurando un suministro básico energético, así como facilitando las inversiones necesarias a los grupos sociales que más lo necesiten.

  • Una tarifa social que permita garantizar el suministro básico a todos los hogares, cuya tramitación no dependa de los operadores de la red. Además de la automatización del bono social y el bono térmico, reduciendo significativamente los errores de inclusión y exclusión del sistema actual, en línea con un nuevo sistema tarifario para el consumidor doméstico desarrollado en la sección IV.4.1.
  • Creación de un fondo de recuperación urbana, ambiental y social de barrios que forme parte de una nueva ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas, con especial atención a los barrios populares y aquellas zonas de renta baja, las más afectadas por la crisis climática, que contemplará la bonificación, créditos y ayudas de hasta el 100%.
  • Mecanismos específicos de financiación para la instalación de autoconsumos colectivos destinados a los hogares de rentas bajas, así como el impulso a las comunidades energéticas con participación pública y de hogares en situación de pobreza energética.
  • Estrategia nacional contra la pobreza en el transporte. definiremos indicadores oficiales que permitan identificar a las personas que sufren pobreza en el transporte según la definición aprobada por la Unión Europea y desarrollaremos una estrategia nacional contra la pobreza en el transporte que diagnostique, prevenga y combata situaciones de vulnerabilidad derivadas de la dificultad de asumir el coste de las necesidades en transporte o de un acceso limitado a este, lo que les dificulta realizar actividades socioeconómicas básicas.
  • Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la cañada real, apostando por la devolución del suministro eléctrico hasta que, en virtud de las competencias autonómicas del Pacto Regional por la Cañada Real, haya una solución definitiva y pactada con los habitantes de la Cañada Real.

• La transición ecológica justa (tej)
  

  El proceso de reorganización de la vida en común que tiene por finalidad garantizar una vida digna a todas las personas, en un planeta con límites ya superados, que compartimos y que estamos obligados a cuidar para las próximas generaciones. La transición ecológica justa (TEJ) tiene los siguientes objetivos:

  • Garantizar que todas las personas y comunidades puedan disfrutar de una vida segura y digna compatible con la restauración y la preservación de sus entornos sociales, naturales y territoriales.
  • Descarbonizar el sistema económico y reducir la huella ecológica para compatibilizar la cobertura de las necesidades sociales con el abordaje del cambio climático y las biocapacidades nacionales y globales.
  • Adaptar el universo del trabajo y empleo a las circunstancias de la crisis ecológica y climática y sus consecuencias sociales.
  • Desplegar procesos que hagan frente a las situaciones de contingencia y urgencia derivadas de los efectos de la crisis ecológica y climática.
  • Detener los principales procesos de destrucción ecológica, restaurar y favorecer la resiliencia de los ecosistemas clave del país y proteger la vida en el planeta.
  • Transitar hacia modelos territoriales justos y sostenibles que generen nuevas relaciones de cooperación entre los ámbitos urbanos, rurales y naturales.
  • Invertir en investigación y tecnociencia orientadas a resolver los retos que plantea una transición ecológica justa.
  • Construir un soporte económico y financiero que haga viable la transición ecológica justa.

• Una fiscalidad justa para la transición
  

  La fiscalidad es un elemento clave para corregir la injusticia climática y financiar una transición ecológica socialmente justa. Proponemos las siguientes medidas:

  • Gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil, responsable directa del cambio climático.
  • Gravamen a los bienes y servicios de lujo que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social, como vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business.
  • Exenciones y penalizaciones fiscales con criterios de progresividad que sirvan para consolidar los sectores motores de la transición ecológica justa y desincentivar comportamientos de consumo que hemos de sustituir o moderar.
  • Tasa al plástico para desincentivar su uso en toda la cadena de valor y destinar la recaudación a objetivos estratégicos de la economía circular.
  • Impuesto general a las grandes empresas contaminantes, basado en las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y azufre (SOx), y cedido a las comunidades autónomas para incentivar la reducción de emisiones y proteger la salud.

• Más participación y conocimiento ciudadano en la transición
  
  • Garantizar la participación real y de calidad de la sociedad en la revisión de los principales planes, estrategias y marcos normativos vinculados a la TEJ, así como en los proyectos y planes que tengan impacto social, ambiental y económico en los territorios y comunidades.
  • Estrategia de desarrollo de competencias ciudadanas para la tej para tomar decisiones democráticas fundamentadas ante los retos del proceso. Se desarrollará una gran campaña de información, basada en evidencias científicas, que coloque las diferentes aristas de la crisis ecológica y la transición justa en el centro del debate público.
  • Ley de transparencia de los sectores estratégicos que permita conocer el origen de la energía y el agua que consumimos, quién la gestiona, qué precios, tasas e impuestos se aplican y qué beneficios genera a sus proveedores.
  • Incorporación de contenidos ecosociales en la educación formal. revisaremos el currículo educativo con criterios ambientales y ecosociales transversales, promoveremos la formación específica del profesorado en materia de crisis climática y crearemos materiales educativos abiertos a toda la ciudadanía. Con el debido respeto a la autonomía universitaria, se fomentará la inclusión de una asignatura sobre la crisis ecosocial, basada en evidencias, que sea obligatoria en todos los grados de la educación superior. Se fomentarán las actividades que conecten la naturaleza con la escuela, llevando a cabo la naturalización de los centros y promoviendo actividades en el exterior. Se revisará el Libro Blanco de Educación Ambiental, con especial atención a la crisis climática, en el marco de una estrategia nacional, refrendada en un congreso estatal, y coordinada con las actuales estrategias regionales de educación ambiental. La estrategia nacional será uno de los marcos referenciales para la acción de gobierno en todos los ministerios. Se alentará la formación interna en las grandes empresas en materias de sensibilización y educación ambiental ante la crisis climática. Se obligará a tener educadores ambientales en municipios de más de diez mil habitantes. Se fomentará la calidad y la estabilidad del empleo de los y las profesionales de la educación ambiental.

• Una administración innovadora para la tej
  

  Se reformará la función pública para mejorar y garantizar la capacidad administrativa, estratégica e innovadora del Estado en el marco de la TEJ, sin necesidad de depender de grandes consultoras.

  • Una administración a la altura del reto. se lanzará una oferta de empleo público de perfiles necesarios para la transición ecológica (economía, planificación energética, evaluación ambiental y políticas públicas ecologistas, entre otros) para que el sector público atraiga y consolide el talento necesario para liderar la TEJ.
  • Plan de capacitación verde y digital del funcionariado. se incentivará la formación continua del funcionariado para mejorar la capacidad estratégica e innovadora del Estado en aspectos claves de la TEJ.
  • Una administración que coinvestiga. se fomentarán convenios y mecanismos de colaboración entre la Administración, las universidades y los centros de investigación para evaluar, mejorar e innovar las políticas públicas de la transición ecológica.
  • Observatorio de control del greenwashing: se designará un organismo independiente de ámbito estatal, bien existente o de nueva creación, para el control del lavado verde de las grandes empresas con las siguientes competencias; Elaborar campañas de sensibilización para la identificación del marketing verde. Denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales oportunas la publicidad falsa o engañosa que confunda a las personas consumidoras. Capacidad para intervenir en la modificación de normas existentes que tengan relación con el greenwashing.
  • Oficina de transición energética justa. para conseguir que los recursos movilizados para la transición ecológica lleguen a quienes más lo necesiten, proponemos la creación de la oficina de transición energética justa (OTEJ). Un organismo dependiente del IDAE que en un inicio se establecerá, principalmente, en forma de sede electrónica, pero con el objetivo, a final de legislatura y en convenio con los Ayuntamientos, de contar con sedes presenciales en municipios de más de 50.000 habitantes y servicios itinerantes en el resto del país. Entre las tareas de la OTEJ estarían; Funcionar como una ventanilla única que permita agilizar todos los trámites relacionados con autoconsumo y rehabilitación. Catalizar la obtención de ayudas para la rehabilitación energética y el autoconsumo (especialmente en forma comunitaria) a aquellos que más lo necesiten. Asesorar activamente en materia de ahorro energético y de recursos, tanto en el ámbito residencial como en el del comercio y la industria (talleres de factura de la luz, ahorro y ecoeficiencia). Impulsar las comunidades energéticas. Asesorar a pymes y autónomos para informar y planificar la reducción de su huella de carbono a través del autoconsumo, comercializadoras verdes, etcétera. Y asesorarlos también para garantizar el acceso a productos financieros sostenibles, así como a subvenciones nacionales y europeas.

• Una transición ecológica coordinada políticamente
  
  • Mantenimiento de una vicepresidencia del gobierno de transición ecológica para coordinar, con la necesaria autoridad ante el resto de los ministerios, y realizar una verdadera política transversal de lucha contra la emergencia climática. La Vicepresidencia de Transición Ecológica debe preservar las competencias directas en cambio climático - mitigación y adaptación a este.
  • Creación de una agencia especial para la tej y de un observatorio del avance de la TEJ que incluyan mecanismos de evaluación de políticas públicas y herramientas de devolución a la ciudadanía (2024). Dependerá de la presidencia del Gobierno y de la Conferencia de Presidentas y Presidentes. Tendrá seguimiento parlamentario y una comisaría al frente que disponga de recursos y competencias para marcar prioridades y objetivos en todas las áreas de gobierno. El observatorio deberá verificar avances, proporcionar información para consolidar o corregir tendencias y rendir cuentas sobre el avance de la TEJ.

1.3.2. Ganar a la crisis climática: actuar con urgencia y responsabilidad

• Incrementar la ambición de la ley de cambio climático y transición energética
  

  Modificar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición marcándose estos objetivos

  • 55% de reducción de emisiones en 2030.
  • 50% de electrificación de la demanda total de energía en 2030.
  • 55% de mejora de la eficiencia en el uso final de la energía.
  • 90% de energía renovable en la generación de electricidad en 2030.
  • Emisiones netas nulas en 2040.

• Estrategia nacional para el calor extremo y recurrente
  

  Con el fin de garantizar a cualquier persona la máxima protección ante los episodios climáticos extremos que se irán normalizando en los próximos años y proteger a la población más vulnerable, impulsaremos un paquete de medidas adaptativas y de regulación bajo el paraguas de una estrategia nacional para el calor extremo y recurrente como parte específica del Plan Nacional de cambio climático - adaptación.

  • Tal como se recoge legalmente, en el supuesto en el que la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente (si se dispone de dicho servicio), emita un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista.
  • Plan de choque de inversión para adaptar espacios públicos, con especial atención en escuelas y residencias, a las olas de calor. En colaboración con los municipios, el plan incluirá espacios de interior y exterior (reverdecimiento, sombras, fuentes, aires acondicionados...) y la creación de una red de refugios climáticos de amplia cobertura.
  • Incluir la alerta por ola de calor en el ámbito de la salud pública, con el consiguiente desarrollo de planes de preparación y respuesta y creación de un sistema de alerta móvil.
  • Reforzaremos nuestro sistema sanitario y los protocolos de actuación para adaptarlos a la prevención de las olas de calor.
  • Poner nombres a las olas de calor para concienciar a la ciudadanía tal y como se hace con los huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos como las borrascas.
  • Adaptar la certificación energética para que considere las temperaturas futuras, el confort pasivo y el efecto isla de calor.

• Desengancharse de los combustibles fósiles
  
  • Detención de las nuevas inversiones y subvenciones al gas natural y a otros combustibles fósiles.
  • Eliminación de cualquier referencia explícita o implícita a la consideración de cualquier combustible fósil, incluyendo el gas natural y las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, como posible energía alternativa o combustible de transición en el transporte.
  • Prohibición de la publicidad y los patrocinios de combustibles fósiles, por ser productos nocivos para la salud y responsables de los cada vez mayores impactos del cambio climático en nuestro país.

• Reforzando la adaptación climática
  
  • Reforma de la ley de costas y gestión de inundaciones. reformaremos la Ley de Costas ampliando la zona de servidumbre de protección y, en aquellas comunidades autónomas en las que no se haya transferido la competencia de gestión de costas, reorientaremos las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones o por aumento del nivel del mar. Se fomentará una política rigurosa de gestión de inundaciones basada en el respeto a las llanuras de inundación y a los sistemas de drenaje sostenible e inversiones para la mejora de las infraestructuras de las estaciones depuradoras de agua, con el objetivo de retener el agua torrencial y evitar así desbordamientos que contaminen los ríos y las playas. Efectuaremos un plan de inversiones contra la regresión de las costas y llevaremos a cabo la revisión de todos los impactos de las infraestructuras en la pérdida de playas.
  • Mapa nacional de vulnerabilidad climática y mejora climática de los servicios de protección civil. Se elaborará el Mapa Nacional de Vulnerabilidad Climática como herramienta de diagnóstico de riesgos imprescindible para avanzar en la cambio climático - adaptación. De la misma manera, ante el previsible aumento de las catástrofes naturales ligadas a la emergencia climática en territorio nacional, impulsaremos un programa de capacitación climática tanto en la Unidad Militar de Emergencia como en los servicios de protección civil, recomendando su extensión a las fuerzas y equipos de seguridad y emergencia de las comunidades autónomas.
  • Reformulación de la planificación hidrológica en clave de emergencia climática. se reformulará la planificación hidrológica y se revisarán los vigentes planes de gestión de sequías y planes de gestión de inundaciones, ajustándose a la nueva realidad del cambio climático y proponiendo las acciones necesarias para la minimización de riesgos. Ante la previsión del cambio climático, estas medidas incluirán la revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación, estableciendo criterios de eficiencia y evitando procesos especulativos. Se fomentará la reutilización de aguas depuradas o de escorrentía.

• Avanzar en la descarbonización: transporte
  

  esponsable del 27% de las emisiones en España, es uno de los sectores prioritarios para acelerar la descarbonización.

  • Apostamos por priorizar el transporte colectivo y el de propulsión humana para desplazamientos personales y la electromovilidad en el transporte de pasajeros y de mercancías por carretera, con criterios de transición justa, y para impulsar la descarbonización del transporte aéreo y marítimo.
  • Para ello, facilitaremos el acceso al vehículo eléctrico simplificando las ayudas a la compra e introduciendo criterios progresivos por renta y promoviendo una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales, con el objetivo de atender a las desigualdades sociales en el acceso a la movilidad eléctrica.
  • Impulsaremos la electrificación del transporte de mercancías instalando cargadores ultrarrápidos en las principales rutas comerciales del país y diseñando ayudas específicas para la electrificación dirigidas a profesionales autónomos del sector del transporte.
  • Estableceremos una hoja de ruta con objetivos concretos para el despliegue de combustibles renovables de cero emisiones, como el hidrógeno 100% renovable, para uso prioritario de la aviación y el transporte marítimo, que vaya más allá de los mínimos exigidos por la UE, aprovechando así el elevado potencial de generación de hidrógeno renovable del que dispone España.
  • Impulsaremos una racionalización del transporte aéreo, incrementando la oferta de transporte público ferroviario y por carretera y limitando los vuelos en distancias que pueden ser fácilmente sustituibles por tren. Asimismo, potenciaremos el tren nocturno y la conexión internacional y multimodal en puertos y aeropuertos.

• Avanzar en la descarbonización: efidicios y viviendas
  

  Electrificar la calefacción y el agua caliente sanitaria de los edificios es una de las medidas con más impacto en la reducción de emisiones.

  • Apostamos por una sustitución progresiva del gas por alternativas eléctricas de menor consumo. Para ello, apostamos por la bomba de calor en climatización y en ACS y por la puesta en marcha de un plan de sustitución de sistemas de calefacción dependientes de combustibles fósiles (incluyendo el gas natural),
  • Con la obligatoriedad de sustituir las calderas con más de 15 años, acompañado de ayudas para los hogares de menor renta.
  • Fijamos como objetivo la descarbonización de los sistemas de calefacción y agua caliente de 500.000 viviendas al año, adicional a los objetivos de rehabilitación.
  • En respeto a las competencias municipales de planificación urbanístico se regulará el desarrollo de nuevas redes de gas en nuevos proyectos de urbanización.

• Avanzar en la descarbonización: industria
  

  La descarbonización de la industria es una oportunidad de innovación que aumentará su competitividad

  • Para ello apostamos por fomentar las inversiones en eficiencia energética, reduciendo y optimizando el consumo de gas natural en los diversos procesos industriales.
  • Establecer criterios de compra pública para productos que tienen alternativa de producción descarbonizada (por ejemplo, el acero).
  • En colaboración con los sectores industriales, invertir en i+d+i para la descarbonización de los procesos industriales.
  • Elaborar una hoja de ruta de demanda del hidrógeno específicamente para la industria española que ayude a planificar las inversiones de manera eficiente y realista.

• Avanzar en la descarbonización: agricultura y ganadería.
  

  El sector agrario es, dentro del conjunto de sectores difusos, el segundo sector emisor de gases de efecto invernadero, detrás del sector transporte.

  • Es crucial concentrar esfuerzos para reducir las emisiones en este sector, en especial las de óxido nitroso y metano provenientes de la fertilización química y de la cabaña ganadera.
  • Para ello, apostaremos por el uso óptimo de la fertilización y en particular de la fertilización ecológica, así como de la rotación de cultivos.
  • Fomentaremos la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, así como la reducción del consumo de combustible y la eficiencia energética de la maquinaria y las construcciones agrícolas.
  • Promoveremos acabar con la quema de residuos agrícolas y apostaremos alternativamente por el reciclaje y la utilización de biocombustibles de segunda generación.
  • Reforzaremos los controles y estándares ambientales y sociales de las grandes explotaciones ganaderas para minimizar su impacto.

1.3.3. España, potencia verde

A raíz de la pandemia y la guerra, el mundo está experimentando un intenso proceso de relocalización industrial, impulsado fundamentalmente por Estados Unidos y la Unión Europea.

Desde Sumar vamos a apostar por la industria verde y las energías renovables para convertir nuestro país en un motor industrial europeo. Esto gracias a la energía a bajo coste que obtendremos gracias a la ventaja competitiva que nos otorga nuestro liderazgo mundial en materia de energías renovables.

Solamente en la industria de las energías renovables, fabricación de componentes y tecnología asociada, estimamos que podemos crear 500.000 empleos en la próxima legislatura. Esto lo haremos aumentando en cinco mil millones de euros los recursos públicos que ahora se destinan en el PERTE, lo que movilizará una inversión privada de siete mil millones de euros adicionales.

• Estrategia españa potencia industrial verde
  
  • Misión españa potencia industrial renovable. actualmente españa tiene el 60% de la cadena de valor de la industria fotovoltaica y el 90% de la eólica, importando la gran mayoría restante de China. Promoveremos la recuperación de la cadena de valor y producción completa de la industria fotovoltaica, la eólica terrestre y la marina en territorio nacional con el objetivo de convertir a España en una potencia industrial en tecnologías renovables.
  • Misión españa vanguardia de la electromovilidad. el objetivo de esta misión es acompañar la reconversión de la industria de la automoción hacia la cadena de valor completa de la electromovilidad. Esto implica la adaptación de fábricas de automóviles y furgonetas, camiones, autobuses y trenes, pero también el impulso de la adaptación de la industria auxiliar. La consolidación de la industria de la electromovilidad va estrechamente ligada a la producción y al reciclaje de baterías, con los máximos estándares ambientales y sociales. En la misma línea, promoveremos un consorcio público y privado para el desarrollo de una macroplanta de minerales críticos en nuestro país, un proceso tecnoindustrial de enorme futuro para el que existe un mercado emergente de enormes proporciones.
  • Misión una industria de la construcción sostenible. facilitaremos la reorientación del sector de la construcción y la obra pública hacia la adopción de los más altos estándares ambientales. También en el uso de nuevas tecnologías bajas en carbono, así como en la descarbonización de la producción de materiales, el fomento de la economía circular, el uso de materiales con menor impacto ambiental y la rehabilitación energética del parque ya edificado.
  • Misión transformación de alimentos ecológicos de excelencia. aprovecharemos el posicionamiento puntero de España en producción de alimentación ecológica para impulsar la agricultura regenerativa y la descarbonización de toda la cadena de valor (procesamiento, envasado y logística). Se impulsará la diversificación de los sistemas productivos agrícolas y ganaderos, buscando actividades económicas que generen mayor valor añadido con un menor consumo unitario de agua, apoyado por un plan de I+D enfocado a la recuperación del secano y a una reorientación del regadío.

• Atracción de industria a zonas de producción renovable.
  
  • Favorecer la instalación de industrias en las regiones de la españa vaciada que acogen importantes desarrollos de energías renovables.
  • Para ello se estudiarán reformas en el mercado eléctrico que rebajen el precio de la electricidad en las cercanías a las zonas productoras de energía renovable y fomentaremos las subastas de contratos renovables a largo plazo que garanticen precios estables para pequeñas y medianas empresas.

• Mesa de transferencia empresarial.
  
  • Replicaremos modelos de desarrollo industrial exitosos, para ello fomentaremos la colaboración horizontal entre actores privados.
  • En este plano, el estado actuará como intermediario para el intercambio de información, con el fin de conectar las empresas y el mundo de la investigación.

• Desarrollo de un turismo más sostenible.
  

  El turismo supone una industria estratégica por su peso absolutamente central en la economía española, en la que en 2022 aportó un 12,2% del PIB. Además, su impacto ecológico en término de emisiones de CO2 es significativo. Y la responsabilidad histórica del modelo turístico de sol, playa y masificación en el deterioro ecológico irreversible del litoral mediterráneo y el territorio insultar español ha sido nefasta. Por todo esto, España necesita una estrategia nacional de turismo sostenible que armaremos en base a los siguientes puntos.

  • El turismo como sector climáticamente vulnerable. los profundos impactos ambientales que van a vivir los destinos turísticos españoles como efecto del cambio climático lo convierten en un firme candidato a la transformación profunda de sus pautas de negocio. Por otro lado, cumplir con el Acuerdo de París exigirá una revisión del mercado global de la aviación comercial en las próximas décadas, que deberá internalizar costes y reducir sustancialmente sus emisiones sin que, por ahora, exista alternativa tecnológica descarbonizada. Esto afectará negativamente al sector turístico, por lo que debemos anticiparnos a dicha posibilidad. Por ello es necesario que las políticas de Estado incorporen el turismo dentro de los sectores en los que considerar escenarios de trabajo orientados a una reconversión industrial ecológica.
  • Plan de turismo sostenible y derecho al lugar. el desarrollo incontrolado del turismo atenta profundamente contra los lugares en los que este se concentra masivamente. El plan de turismo regulará y acompañará a la industria turística para lograr articular una oferta que, siendo fuente de prosperidad en términos económicos, minimice sus impactos ecológicos y sociales. Regularemos el parque de viviendas turísticas en las ciudades, estableceremos límites a las plazas hoteleras en función de la capacidad de carga ecológica y social de los territorios y desarrollaremos un paquete de tasas turísticas que sirvan para garantizar el derecho al lugar de sus habitantes, internalizando costes que hoy se externalizan sobre la naturaleza y el estado de bienestar.
  • Plan nacional de turismo rural y ecoturismo, en consonancia con las demandas del sector, para ayudar a alcanzar el potencial pleno de España y contribuir a la transformación del sector desde coordenadas ecológicas ambiciosas.

1.3.4. Sistema energético 100% renovable, eficiente y democrático

La guerra de Ucrania ha confirmado la necesidad de unos objetivos ambiciosos respecto a la implantación de energía renovable en Europa, acelerando su cumplimiento. A la crisis climática, se le ha unido la seguridad y la autonomía energética como razones que confirman la necesidad de avanzar, al mayor ritmo posible, hacia un sistema eléctrico 100% renovable.

En paralelo a la implantación de energías renovables hay que avanzar en la eficiencia y el ahorro energético. Según la Agencia Internacional de la Energía, la eficiencia energética representa el 40% de la reducción de emisiones necesaria antes de 2040 para cumplir nuestros compromisos climáticos, al mismo tiempo que conlleva una mejora muy significativa de nuestra competitividad y ahorro económico.

Por último, uno de los retos del sistema eléctrico del futuro es la participación ciudadana en la transformación energética, mediante figuras como el autoconsumo y las comunidades energéticas, así como una estricta regulación que limite el poder del oligopolio y dirija la inversión de las grandes corporaciones dirigidas a establecer sistemas de energía distribuida y alcanzar el bien común.

• Acceso universal a la energía con sistema tarifario progresivo
  
  • Acceso universal a la energía en un sistema tarifario progresivo. proponemos un sistema tarifario para el consumidor doméstico, que sea progresivo y tenga en cuenta las características de la unidad familiar. Este sistema asegurará un consumo mínimo vital garantizado para los primeros 1.500 kWh/año, con un IVA superreducido del 4% y reducción de cargos regulados y peajes, convirtiéndose automáticamente en tarifa social a coste cero para consumidores vulnerables. El sistema irá incrementando el IVA y los costes regulados de modo proporcional al consumo en tres tramos: Consumo normalizado, que es el hogar promedio español (entre 1.500 kWh/año hasta los 4.000 kWh/año) con un IVA del 10%, pero eliminando las asimetrías por las que el sector residencial subvenciona a la industria. Sobreconsumo, con IVA del 10% pero mayor participación en costes regulados. Y Sobreconsumo excesivo (más de 7.500 kWh/año), que incrementará el coeficiente de cargos y con el IVA al 21%.

• Un pacto social y territorial para la transición energética justa
  

  Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París exigirá que España continúe desarrollando un proceso muy ambicioso de implantación de energías renovables en muy poco tiempo. Si queremos adecuar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a los nuevos objetivos europeos, el horizonte es disponer de una potencia de, aproximadamente, 148.000 MW en 2030, teniendo en cuenta que la potencia instalada en 2021 fue de 78.000 MW.

  • Simplificación y facilitación del autoconsumo, así como de las plantas en suelo cerca de territorios urbanos, para que los grandes centros de consumo contribuyan al esfuerzo de la transición energética.
  • Creación de un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables en coordinación con las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias de ordenación territorial, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico.
  • Desarrollo renovable responsable que priorice las plantas en suelos degradados, en permanente diálogo con la ciudadanía y el tejido agrícola y rural, facilitando la regulación con el fin de que las comunidades autónomas y los Ayuntamientos participen en la toma de decisión de la ubicación de proyectos.
  • Creación de una agencia pública de mediación que garantice que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un proceso de concertación participativo que recoja, en la medida de los posible, los intereses y las demandas de los diversos actores de la zona.
  • Reforma del mercado eléctrico para abaratar la energía en la proximidad de las plantas de generación, contribuyendo al ahorro económico de los habitantes de la zona y potenciando la instalación de nuevas industrias.
  • Difusión, valorización y replicabilidad de mejores prácticas, con el fin de contribuir a la aceptación social de las tecnologías renovables.

• Un fondo público de inversión en energías renovables y democratización de la energía y autoconsumo
  
  • Un fondo público de inversión en energías renovables. con el fin de contribuir a que el proceso de implantación de las energías renovables sea también un instrumento que permita vertebrar mejor el país y contribuir al reto demográfico de fijar población en la España vaciada, crearemos un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables, similar al Fondo Soberano Noruego del Petróleo, cuyo objetivo será financiar procesos de desarrollo industrial en la España vaciada y en el mundo rural, así como mejorar la dotación de servicios públicos de estos territorios.
  • Fomentar el autoconsumo colectivo. avanzar hacia la flexibilización de la instalación del autoconsumo, especialmente el colectivo, para lograr el objetivo de que el 10% de la energía eléctrica demandada en 2030 proceda de instalaciones de autoconsumo. Se establecerán objetivos mínimos sectoriales del 30% de la demanda en edificios residenciales, de servicios y del sector público, el 20% en el sector ganadero y agrícola y el 10% en instalaciones industriales no intensivas. Este paquete de medidas incluirá la creación de la figura del consumidor asociado, la reducción de las tramitaciones y el permiso de conexión automática en relación a la potencia contratada, para que por debajo de 2,4 kWp de potencia tenga el mismo tratamiento que un electrodoméstico.
  • Impulso a las comunidades energéticas mediante la transposición ambiciosa de las directivas europeas para garantizar a estas un marco favorable como nuevos actores del sector energético y por un plan específico para el autoconsumo colectivo de carácter social.

• Rehabilitación de edificios: eficiencia energética y accesibilidad
  

  En España, más del 50% de los edificios no disponen de aislamiento y el 97% no cumple la normativa actual. El compromiso de Sumar es la adaptación y la mejora del parque de viviendas de España en un horizonte de 15 años, reduciendo sus necesidades energéticas a la mitad e incluyendo como objetivos parciales:

  • La rehabilitación de 500.000 viviendas 100% eléctricas al año, un 3% del parque inmobiliario de primera vivienda, con el compromiso público de ejecutar la rehabilitación de 250.000 viviendas adicionales al año que pertenezcan a familias vulnerables, así como la puesta en marcha de instrumentos de financiación y copropiedad pública y privada.
  • La rehabilitación anual, como mínimo, del 5% de los edificios públicos.
  • Exigir que todos los edificios de nueva construcción, o los que soliciten licencia de obra en la actualidad, se realicen bajo los criterios consumo de energía casi nulo, nZEB o de su consideración como edificios descarbonizados.
  • Actualizar el código técnico de la edificación (cte) y el reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) con unos criterios exigentes y ambiciosos. Actualizaremos también el reglamento de baja tensión para simplificar la introducción del autoconsumo y del vehículo eléctrico.
  • Adecuaremos las oficinas y los locales comerciales de alquiler a los máximos criterios de eficiencia energética antes de salir al mercado, incluyendo un paquete de ayudas públicas basadas en criterios de renta, con el objetivo de posibilitar la rehabilitación.

• Reforma de la ley del sector eléctrico
  
  • Recuperación de utilidad pública de la electricidad, incorporando como derecho el acceso universal y la disponibilidad de una señal precio que refleje con transparencia los costes reales que se originan, así como el pago por uso. Este objetivo se cumplirá a través de las siguientes medidas: normas de estabilidad en el funcionamiento del mercado mayorista, la modificación del marco retributivo de Renovables, Cogeneración y Residuos (RECORE), la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y la gestión y el reparto de los ingresos por CO2.
  • Potenciar el papel y la intervención del estado en el sector de la energía para poder garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía en este ámbito y llevar a cabo una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en España. Así, retribuiremos a cada una en función de dichos costes con el objetivo de no pagar toda la energía al precio que pertenece a la más costosa.
  • Impedir definitivamente la integración vertical de actividades de generación, distribución y comercialización en empresas del mismo grupo. La existencia de monopolios naturales, como es el caso de las redes eléctricas, requiere de palancas regulatorias para que exista competencia. En la práctica, la separación entre actividades reguladas y no reguladas no es efectiva. En particular, impondremos una separación estricta de la actividad de distribución, del mismo modo que sucede en transporte.
  • Reforma del mercado marginalista con el objetivo, a medio plazo, de eliminarlo y sacar, a corto plazo del mercado las energías inframarginales no gestionables, como la nuclear. También apostaremos por todos los mecanismos bilaterales y a plazo, tanto por PPA (Power Purchase Agreement) como por CFD (Contract for Difference). También realizaremos subastas de capacidad, incluyendo almacenamiento e inclusión de la demanda y almacenamiento en consumo.
  • Creación de un fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico (fnsse): Recuperaremos la figura cuya tramitación se ha aparcado durante dos años, apostando por revisar tanto las exenciones como el tiempo de aplicación.

• Propuestas de aprovechamiento hidroeléctrico y cierre nuclear seguro
  
  • Recuperación de la titularidad pública de los aprovechamientos hidroeléctricos según vaya caducando su concesión que será gestionada directamente por organismos públicos.
  • Apuesta por el hidrógeno renovable. apostaremos por el despliegue racional del hidrógeno renovables atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético. El hidrógeno renovable tendrá un papel que cumplir en una economía 100% descarbonizada, pero deberá destinarse a procesos de difícil electrificación (ciertos usos industriales, aviación, transporte marítimo). Revisaremos la actual hoja de ruta del hidrógeno evitando procesos especulativos como el H2Med.
  • Hacia un cierre nuclear seguro y socialmente justo. sumar se compromete a mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, aplicando una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear, exigiendo revisiones e inversiones para garantizar la seguridad del proceso y subrayando la responsabilidad de los propietarios en el mismo. Mientras tanto, se propone sacar la energía nuclear del mercado marginalista por su efecto distorsionante, incrementar la tasa de residuos radiactivos y asegurar un proceso de transición justa de los trabajadores vinculados al sector.

1.3.5. Un país que ganará la batalla al desierto

España es un país de clima mayoritariamente mediterráneo en transformación a causa del cambio climático. Además mantiene una cultura del agua que ya no se adapta a la nueva realidad del siglo XXI, con tres cuartas partes de la superficie del país en riesgo de desertificación. La sequía se ha convertido en una enfermedad crónica del campo español que amenaza nuestra posición como potencia agraria y puede provocar impactos económicos a las mayorías sociales en forma de alzas de los precios alimentarios.

Nuestra escasez de agua, que irá aumentando en el futuro, está provocada por la mezcla de la crisis climática y el comportamiento irresponsable de unas minorías extractivistas que aplican sobre el campo pelotazos hídricos.

La gestión de los recursos hídricos nacionales, uno de nuestros bienes más preciados, debe orientarse ineludiblemente hacia una reducción del consumo, para garantizar el abastecimiento humano y hacer frente a la sobreexplotación actual de los recursos, su deterioro y su prevista reducción como consecuencia del cambio climático. Con el objetivo de transformar nuestra cultura del agua y dar paso a un país hidricamente responsable y adaptado al cambio climático, proponemos las siguientes líneas de actuación.

• Propuestas para el pacto de estado antidesertificación
  

  Ante la amenaza de la desertificación, es necesario un gran pacto de estado que marque las líneas generales de una de las batallas más importantes que nuestro país va a librar en las próximas décadas: la batalla contra el desierto. Con este objetivo en mente, el pacto de Estado antidesertificación se desarrollará con base en los siguientes principios y medidas:

  • Pacto de estado antidesertificación. convertir el agua en política de estado y en derecho público universal, garantizando que las personas económica y socialmente vulnerables puedan recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua que cubra sus necesidades básicas. Establecer el carácter público de la gestión del ciclo integral del agua a través de una ley orgánica, evitando cualquier atisbo de privatización del recurso o su gestión. Fomentaremos el consumo de agua del grifo y la reducción de la utilización de envases.
  • Aplicación de la directiva marco del agua europea como línea general de un pacto de Estado contra la desertificación.
  • Impulso del aprovechamiento del compost y del retorno de la materia orgánica a los suelos, con vocación de retornar carbono a los mismos, fomentar la retención de humedad en estos y frenar su aridización.

• Estrategia nacional de transición hidrológica justa
  
  • Establecimiento de una hoja de ruta para la racionalización, el ahorro y el reparto equitativo de los recursos adaptada a las nuevas condiciones meteorológicas que va a enfrentar nuestro país, garantizando la seguridad productiva en el mundo rural y el acceso al abastecimiento de agua de calidad como un derecho humano universal.
  • Programa nacional de adaptación climática agropecuaria: reconversión del regadío ultraintensivo y del plan estratégico de secano. Moratoria del regadío intensivo y reducción progresiva del regadío superintensivo. Reconversión ambiental y sociolaboral del regadío agroindustrial. Apoyo a los regadíos tradicionales.
  • Estandarización y mejora de las tarifas y precios públicos del agua. promoveremos la revisión de las tarifas y precios públicos del agua para restablecer la recuperación de costes y el principio de proporcionalidad, fomentar el ahorro e incentivar el uso eficiente de un recurso cada vez más escaso en nuestro país.
  • Plan nacional de preservación de aguas subterráneas. impulsaremos un plan nacional de preservación de aguas subterráneas que garantice las condiciones de recarga, impacto y riesgo en la calidad de las aguas. Incluirá un inventario de pozos en España, clausura de pozos ilegales y la instalación de caudalímetros para controlar los consumos en los pozos autorizados.
  • Moratoria a la construcción de grandes instalaciones demandantes de agua, como campos de golf o megaproyectos urbanísticos.

• Protección del dominio público hidráulico y los márgenes fluviales.
  
  • Velaremos por el cumplimiento efectivo de la ley de aguas para asegurar el mantenimiento de los caudales ecológicos, la protección de los márgenes fluviales y los bosques de ribera.
  • Se realizará un inventario de infraestructuras obsoletas para su retirada ordenada.

• Nueva política hidroeléctrica
  
  • Exigiremos el canon hidroeléctrico a las centrales hidroeléctricas sin exenciones.
  • Las centrales hidroeléctricas deberán adaptar las presas y embalses a escenarios más frecuentes de inundaciones y sequías debido al cambio climático.

• Cumplimiento de la depuración completa de aguas residuales para 2027.
  

  Actualmente la Comisión Europea está sancionando con multas de veintidós millones de euros anuales a España por no depurar adecuadamente las aguas residuales urbanas.

  • Para corregirlo, promoveremos la revisión de la planificación sectorial vigente (plan dsear) y su reorientación para lograr la depuración del 100% de todas las aguas residuales en los planes hidrológicos 2021-2027, priorizando las aglomeraciones urbanas mayores de dos mil habitantes equivalentes y las industrias con sustancias peligrosas.
  • Se promoverán los sistemas terciarios de depuración para introducir circuitos de agua reciclada para usos urbanos como la limpieza y el riego de parques y jardines.
  • Se revisarán las grandes obras hidráulicas de dudosa rentabilidad y causantes de graves impactos socioambientales que suponen un gran despilfarro de fondos públicos.
  • En su caso, se propondrán alternativas de menor impacto ambiental y económico que permitan una gestión eficiente de la oferta y la demanda de agua, especialmente en el caso de los regadíos existentes

• Revisión de obras hidráulicas obsoletas.
  
  • Se revisarán las grandes obras hidráulicas de dudosa rentabilidad y causantes de graves impactos socioambientales.
  • Se propondrán alternativas de menor impacto ambiental y económico.

• apuesta por alternativas hídricas disponibles.
  
  • Promoveremos la desalinización del agua de mar y de caudales salobres, así como la regeneración y la reutilización de retornos, en territorios costeros, usando energía solar y eólica.

• Acabar con la corrupción y con la mercantilización del agua.
  
  • Promoveremos nuevos modelos de gestión, basados en la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del agua como un bien público.

• Reducción de la contaminación del agua
  
  • Reducción de la contaminación del agua provocada por el uso excesivo de fertilizantes sintéticos y excrementos y purines de la ganadería industrial, priorizando aquellos que afectan a los espacios naturales con un alto interés para la biodiversidad.

1.3.6. Biodiversidad y protección del patrimonio natural

España es el país más rico en biodiversidad de la Unión Europea, pero casi la mitad de los ecosistemas en España se encuentran en mal estado. Se puede hablar de un grave deterioro en los ecosistemas acuáticos – del litoral e insulares – del 30% en los sistemas áridos, marinos, agroecosistemas y montaña, y de entre el 20% y el 30% en el caso de bosques esclerófilos, atlánticos y mediterráneos. Existe una importante afección a la biodiversidad y la agricultura de regadío demanda el 81% del agua disponible. La degradación es especialmente patente en espacios emblemáticos como Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro o la Mancha Húmeda.

Sin embargo, la riqueza natural de nuestro país es un tesoro que debemos preservar porque, entre otras cosas, constituye uno de los pilares en los que se fundamenta nuestro potencial turístico, tanto en las regiones costeras, insulares y de interior. Sin olvidar su importancia en la generación de servicios ambientales, como el agua de los ríos, el aire limpio, el suelo para cultivar, los pastos para el ganado, los polinizadores, etcétera. El desarrollo de estrategias sostenibles vinculadas a la TEJ crea un marco favorable para desplegar un programa ambicioso de protección de la biodiversidad y de recuperación y restauración de los ecosistemas clave en las próximas décadas, tales como el suelo, los bosques, las masas de agua dulce, el litoral y las áreas marinas, las zonas áridas o los agrosistemas.

Asumimos como ámbitos de actuación prioritaria proteger las masas de agua, desarrollar planes estratégicos, recuperar los ecosistemas silvestres, recuperar las comunidades de montes y reconocer los servicios ecosistémicos de las buenas prácticas del sector primario.

Proponemos las siguientes medidas para cuidar de nuestra biodiversidad y proteger adecuadamente nuestro rico pero amenazado patrimonio natural.

• Estrategia nacional contra incendios de nueva generación:
  

  Dentro del principio de seguridad climática daremos prioridad a mejorar la lucha contra los incendios, para ello proponemos

  • Intensificar la coordinación con las comunidades autónomas en la prevención de incendios forestales, siguiendo las directrices y criterios comunes para la elaboración de los planes de prevención del Real Decreto Ley 15/2022.
  • Reforzaremos las competencias del comité de lucha contra los incendios forestales (clif) y mejoraremos el acceso a la información para fomentar una cultura forestal que tenga como pilares la transparencia y la participación de todos los actores sociales y las entidades locales.
  • Estableceremos un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y a la gestión forestal para poder fortalecer el trabajo de todas las administraciones y actores, ayudando al cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de incendios forestales.
  • Finalizaremos la tramitación de la ley básica para el estatuto de los Bomberos Forestales, cuya tramitación quedó interrumpida por la convocatoria electoral, armonizando sus funciones y categorías profesionales en todo el territorio nacional.

• Estrategia de uso forestal sostenible
  
  • Pondremos en marcha medidas económicas y fiscales para sustituir progresivamente las plantaciones de pinos exóticos y eucaliptos con el fin de generar bosques con especies autóctonas, de crecimiento menos rápido, pero menos proclives a generar grandes incendios.
  • Realizaremos, en cooperación con las comunidades autónomas, un inventario de bosques naturales maduros para favorecer su extensión y su gestión sostenible.
  • Exigiremos en las compras públicas de madera y productos forestales los sistemas de certificación forestal sostenible.

• Impulso de la protección del mar y su biodiversidad
  
  • Con la vocación de alcanzar los objetivos de protección de, al menos, un 30% de la superficie marina para 2030, se impulsará un aumento de las reservas marinas en aguas exteriores, así como una protección de aquellos ecosistemas especialmente singulares, como la posidonia oceánica, entre otros.

• Reforma de la ley de costas y gestión de inundaciones
  
  • Reformaremos la ley de costas para ampliar de 20 metros a 100 metros la zona de servidumbre de protección, y reorientaremos las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones o por aumento del nivel del mar.
  • Se fomentará una política rigurosa de gestión de inundaciones basada en el respeto a las llanuras de inundación, sistemas de drenaje sostenible e inversiones para la mejora de las infraestructuras de las Estaciones Depuradoras de Agua, con el objetivo de retener el agua torrencial y evitar así desbordamientos que contaminen los ríos y las playas.

• Mapa de vulnerabilidad climática y mejora climática de los servicios de protección civil
  
  • Se elaborará el mapa nacional de vulnerabilidad climática como herramienta de diagnóstico de riesgos imprescindibles para avanzar en la cambio climático - adaptación.
  • De la misma manera, ante el previsible aumento de las catástrofes naturales ligadas a la emergencia climática en territorio nacional, impulsaremos un programa de capacitación climática tanto en la Unidad Militar de Emergencia como en los Servicios de Protección Civil, recomendando su extensión a las fuerzas y equipos de seguridad y emergencia de las comunidades autónomas.

• Reformulación de la planificación hidrológica en clave de emergencia climática
  
  • Se reformulará la planificación hidrológica y se revisarán los vigentes planes de Sequía y Planes de Inundación, ajustándose a la nueva realidad del cambio climático y proponiendo las acciones necesarias de minimización de riesgos.
  • Ante la previsión del cambio climático, estos ajustes incluirán la revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación, estableciendo criterios de eficiencia y evitando procesos especulativos.
  • Se fomentará la reutilización de aguas depuradas o de escorrentía.

• Actuación de emergencia para salvar y restaurar el mar menor
  
  • Desde sumar, y en consonancia con la declaración del mar menor como ecosistema sujeto de derechos, proponemos un plan nacional urgente en el ámbito de la cuenca del Mar Menor, con la adecuada dotación presupuestaria para revertir su catástrofe ecológica y regenerarlo.
  • Eliminaremos la entrada de nutrientes y otros contaminantes (metales pesados y pesticidas).
  • Impulsaremos la coordinación de todas las administraciones, la implicación del sector agrario y la participación ciudadana de los diferentes actores sociales, con el fin de plantear una estrategia verdaderamente integrada que incluya la aplicación de todos los instrumentos de gestión y ordenación existentes.
  • Impulsaremos una transición ecológica de la agricultura intensiva en el campo de Cartagena mediante su reconversión hacia un modelo sostenible y susceptible de ser beneficiado por medidas agroambientales de la PAC.
  • Iremos de la mano de la comunidad científica en las propuestas y seremos firmes en la persecución de ilegalidades y la búsqueda de responsabilidades.

• Biodiversidad: plan estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad y su revisión legislativa
  

  Elaboraremos un nuevo plan estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad, que tenga en cuenta los últimos informes de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos con el objetivo de revisar la legislación actual e incorporar medidas realistas, presupuestadas y efectivas para detener la pérdida de ecosistemas y biodiversidad.

  • Elaboraremos un nuevo plan estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad, que tenga en cuenta los últimos informes de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos con el objetivo de revisar la legislación actual e incorporar medidas realistas, presupuestadas y efectivas para detener la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. El plan se marcará como horizonte ampliar la protección y recuperación de ecosistemas y de especies hasta alcanzar al menos el umbral de un 30% de la superficie terrestre y marina protegida para 2030.
  • Revisión del catálogo español de especies amenazadas: con la inclusión del lobo ibérico o la tórtola europea y desarrollo de los planes de gestión con objetivos y recursos económicos efectivos.
  • Estrategia nacional contra las especies exóticas invasoras, derogando la ley 7/2018.
  • Estímulo a la protección de los servicios ecosistémicos, mediante apoyo a los programas de custodia del territorio, los incentivos fiscales y los proyectos piloto de pago por la conservación de recursos hídricos, forestales o de biodiversidad.
  • Gestión de la red natura 2000: revisaremos las directrices de gestión de la Red Natura 2000, para asegurar que sus objetivos de conservación de especies y hábitats amenazados se cumplen.

• Agencia nacional del patrimonio natural y la biodiversidad
  
  • Crearemos la agencia del patrimonio natural y la biodiversidad, que incluirá el actual Organismo Autónomo de Parques Nacionales, para impulsar de forma más coordinada y eficaz en toda España la conservación y recuperación de la biodiversidad. Esta agencia contará con un observatorio del patrimonio natural y de la biodiversidad.

• Plan de acción nacional para la conservación de polinizadores
  
  • Garantizaremos la conservación de las abejas, mariposas y otros insectos polinizadores, ya que es fundamental para el futuro de la agricultura y de los ecosistemas terrestres en su conjunto.

• Plan nacional de conservación de los humedales
  
  • Revisar y reactivar el «plan estratégico español para la conservación y uso racional de los humedales», para revertir el estado de degradación de espacios de importancia internacional como Doñana, la Albufera, el Delta del Ebro, el Mar Menor o la Mancha Húmeda.

• Estrategia nacional de infraestructuras verdes, conectividad y restauración ecológica
  
  • Aprobaremos una estrategia nacional de infraestructuras verdes, conectividad y restauración ecológica que fomente la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos mediante una ordenación territorial basada en soluciones naturales, la conexión de ecosistemas terrestres y fluviales mediante corredores ecológicos e infraestructuras urbanas y la justa asignación del valor correspondiente a los servicios ambientales.

• Protección del subsuelo y los recursos geológicos
  
  • Propondremos una nueva ley de protección del subsuelo y los recursos geológicos que sustituya la de Minas de 1973, para impulsar una minería con los más altos estándares ambientales y que garantice la conservación de la biodiversidad.
  • También elaboraremos una estrategia nacional de extracción de minerales y áridos que se adapte a un futuro sostenible para las generaciones futuras.
  • Impediremos el uso de laderas como escombreras ya que su recuperación es así como las balsas de aguas y lixiviados sin tratamiento.
  • Fomentaremos la creación de geoparques para la protección de áreas paisajísticas de excepcional valor geológico.
  • Por último, propondremos al resto de partidos la derogación de la expropiación forzosa y la búsqueda de alternativas de consentimiento previo libre e informado de las comunidades afectadas previo a la concesión de permisos.

• Responsabilidad internacional en la importación de recursos naturales
  
  • Estableceremos normas de importación en las que se limite y eventualmente prohíba la importación de productos agroganaderos, mineros o basados en petróleo y energías fósiles que provengan de bosques, selvas, áreas marinas u otros espacios protegidos de alto interés ambiental, donde se practiquen políticas insostenibles de incendios o deforestación, como es el caso de la soja en grandes partes de Sudamérica, el aceite de palma del sudeste asiático o las maderas y minerales preciosos procedentes de la explotación ilegal de selvas tropicales.

1.3.7. Hacia un país circular

La economía circular es ya una exigencia europea (plan de acción para la economía circular de la UE) y un imperativo de la transición ecológica. Nuestros sistemas económicos deben imitar a la naturaleza y cada residuo convertirse en el recurso de otro proceso productivo cerrando los ciclos materiales. En el año 2020 España aún se encontraba por debajo de la media europea en el uso circular (secundario) de material: un 11,2% frente a la media de la UE, un 12,8%.

Por eso es necesario una apuesta contundente y coordinada a través de una estrategia integral de Economía Circular con ramificaciones legislativas, fiscales, inversiones en infraestructuras, I+D+i, políticas industriales y políticas de empleo. Dejaremos atrás para siempre la España de usar y tirar. Consolidaremos progresivamente, a lo largo de la próxima década, un sistema productivo que aplique efectivamente la jerarquía de residuos (reducir, reutilizar, reciclar) y facilite la reparabilidad, la reutilización, y el reciclaje de componentes y materiales.

• Aumentar la ambición de la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular
  

  con pleno respeto a las competencias autonómicas tanto en el establecimiento de las medidas fiscales para todo el Estado español como el impuesto sobre la disposición, incineración y coincineración y el impuesto sobre los envases de plástico, así como para el desarrollo de una estrategia estatal de gestión de residuos que se marque como objetivo:

  • Generación de residuos cuyo único destino puede ser la eliminación en un máximo de 100 Kg por persona y año en 2028
  • Cierre progresivo de incineradoras con el 2030 como fecha máxima.
  • Persecución y sanción a los vertederos ilegales.
  • Programa nacional de compostaje, separación completa de la fracción orgánica de los residuos antes de 2027 mediante recogida puerta a puerta —portal a portal—, compostaje comunitario o con implantación efectiva del quinto contenedor en todas las ciudades de España, una línea de ayudas a las comunidades autónomas para la inversión en infraestructuras de compostaje industrial y el apoyo a proyectos de compostaje descentralizado y ciudadano.
  • Alcanzar un mínimo del 10% de reutilización de residuos eléctricos, electrónicos, textiles y de mobiliario.
  • Adelantar la implantación de sistema de devolución, depósito y retorno al año 2025.
  • Alcanzar para el año 2030 un 15% de reutilización en los envases usados en canales de consumo diferente del canal HORECA.

• Garantizar el derecho a la reparación.
  

  Con el fin de garantizar el derecho a la reparación y la reutilización como pilar de una nueva economía circular, proponemos las siguientes medidas:

  • Impulso de los módulos de formación profesional relacionados con la reparación textil, mobiliaria, de aparatos electrónicos y otros sectores relacionados con la economía circular.
  • Implantar un índice de reparabilidad (según el modelo francés), dentro de las normas de ecoetiquetado que serán desarrolladas durante la legislatura, que sirva para calificar si un producto es más o menos reparable.
  • Garantizar por ley la disponibilidad y accesibilidad de piezas de recambio, licencias y manuales de reparación para las personas consumidoras, reparadoras independientes y grupos de reparación comunitaria. El acceso a las piezas de recambio debe garantizarse a precios asequibles y sin grandes tiempos de espera.
  • Las actividades vinculadas a la economía circular, como las actividades de reparación y las tiendas de reutilización, pasarán al IVA reducido.
  • Reforma de las tasas que incentiven diseños duraderos y sostenibles en función de la durabilidad del producto en el marco del sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP).
  • Incremento de los plazos de garantía legal en bienes de consumo, particularmente en productos electrónicos, calzado y ropa, de modo que se incentive el diseño y la comercialización de productos duraderos.

• Obsolescencia, recursos y residuos
  

  La economía circular es ya una exigencia europea (plan de acción para la economía circular de la UE) y un imperativo de la transición ecológica. Nuestros sistemas económicos deben imitar a la naturaleza y cada residuo convertirse en el recurso de otro proceso productivo cerrando los ciclos materiales. En el año 2020 España aún se encontraba por debajo de la media europea en el uso circular (secundario) de material: un 11,2% frente a la media de la UE, un 12,8%. Por eso es necesario una apuesta contundente y coordinada a través de una estrategia integral de Economía Circular con ramificaciones legislativas, fiscales, inversiones en infraestructuras, I+D+i, políticas industriales y políticas de empleo. Dejaremos atrás para siempre la España de usar y tirar. Consolidaremos progresivamente, a lo largo de la próxima década, un sistema productivo que aplique efectivamente la jerarquía de residuos (reducir, reutilizar, reciclar) y facilite la reparabilidad, la reutilización, y el reciclaje de componentes y materiales. De modo más concreto, Sumar se compromete a desarrollar las siguientes líneas de acción:

  • Desarrollo de una ley contra la obsolescencia programada. impulsaremos un ambicioso marco legislativo que sancione el desarrollo industrial fraudulento a través del acortamiento de la vida útil de los productos.
  • Unificación nacional y revisión de la catalogación de los residuos desde una óptica de economía circular. Es necesaria su revisión desde esta óptica para facilitar la conversión legal de los flujos materiales en subproductos reutilizables.
  • Limitar la proliferación de envases y plásticos a través de una ley de embalaje a través de un Real Decreto de embalaje, reducción en origen y granel.
  • Estrategia de materiales estratégicos. recuperación, reutilización y reciclaje. desarrollaremos una estrategia en línea con Europa en la que se impulsen sistemas de I+D+i e industriales para poder recuperar todos aquellos materiales identificados como estratégicos y escasos.
  • Desarrollar una ley de despilfarro alimentario con objetivos ambiciosos y con incidencia en todos los pasos de la cadena de producción alimentaria.

1.3.8. Menos contaminación, más salud

Alrededor de 30.000 personas mueren prematuramente cada año en España debido a la contaminación del aire de nuestras ciudades. La contaminación se ha expandido a nuestros mares, bosques e incluso alimentos, donde el uso de pesticidas y otras sustancias químicas están provocando problemas de salud graves a la población. Por ello proponemos una serie de medidas para luchar contra la contaminación de nuestros ecosistemas y alimentos en favor de la salud de las personas y la preservación de nuestro entorno.

• Plan nacional integrado de calidad del aire
  
  • Reforzaremos el carácter legal de los planes de calidad del aire y los planes de acción de reducción de la contaminación adoptados por las comunidades autónomas y municipios.
  • Europa ya ha marcado el camino a seguir mediante directivas comunitarias para reducir la contaminación en las ciudades con la reducción del uso del vehículo de combustión y el desarrollo de estrategias de movilidad sostenible y de espacio público, defendiendo en primer lugar la salud de las personas. Se priorizarán las ciudades de más de 50.000 habitantes o aquellas especialmente afectadas por episodios de contaminación atmosférica —como Madrid o Barcelona— y aquellos municipios afectados por industrias contaminantes cercanas.

• Estrategia nacional de lucha contra la mortalidad prematura provocada por la contaminación
  
  • Trabajaremos en la reducción drástica de las cifras de enfermedad y mortalidad prematura asociada a la exposición a agentes contaminantes, incluidas aquellas asociadas a la alimentación o a enfermedades ambientales de carácter laboral.

• Planes de acción contra la contaminación acústica y lumínica
  
  • Se actualizarán los mapas de ruido y contaminación lumínica fijando los niveles recomendables en función de la diversidad de usos en cada zona, con especial protección para los centros sanitarios, educativos y las zonas residenciales, así como las de uso público en pueblos y ciudades.
  • También se favorecerá la creación de certificaciones de calidad del cielo nocturno, para favorecer el astroturismo.

1.3.9. Protección y bienestar animal

La protección y el bienestar de los animales es una prioridad para Sumar. Los animales conviven con las personas como parte de la familia, forman parte de nuestro entorno en el ámbito doméstico, en el medio rural y son parte de nuestro sistema productivo. Con los animales silvestres compartimos además el territorio, ya vivan en espacios naturales o en nuestras mismas ciudades. Todos merecen atención y respeto, y por eso Sumar propone una serie de medidas para garantizar su bienestar.

• Derogación de la ley 18/2013 de protección cultural y patrimonial de la tauromaquia
  
  • Derogación de la ley 18/2013 de protección cultural y patrimonial de la tauromaquia.
  • Protección de menores limitando su participación en espectáculos crueles con animales.
  • Supresión de la financiación pública de los espectáculos taurinos con muerte del animal.

• Reconocimiento de las clínicas veterinarias como centros sanitarios y reducción del iva
  
  • Reconocimiento de las clínicas veterinarias como centros sanitarios
  • Y reducción del iva de los servicios veterinarios al 10%.

• Desarrollo de planes estatales contra el maltrato a los animales
  
  • Desarrollo de planes estatales contra el maltrato a los animales
  • Sdotación presupuestaria destinada a fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbitos judiciales y sociales.

• Desarrollo de estrategia educativa en materia de empatía, convivencia y derechos de los animales en el sistema educativo
  
  • Desarrollo de estrategia educativa en materia de empatía, convivencia y derechos de los animales en el sistema educativo, cumpliendo la LOMLOE y ampliando a los diferentes sistemas educativos.

• Inclusión de los animales de compañía de trabajo en la ley de protección, derechos y bienestar de los animales (7/2023)
  
  • Inclusión de los animales de compañía de trabajo en la ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales (7/2023)
  • Y aprobación del reglamento de desarrollo de la ley 7/2023.

• Desarrollo de la legislación de grandes simios, ampliando su protección y derechos.
  
  • Desarrollo de la legislación de grandes simios, ampliando su protección y derechos.

• Avanzar en la transformación de los espacios zoológicos
  
  • Avanzar en la transformación de los espacios zoológicos para que se conviertan en garantes de los planes de conservación sobre los conceptos de exhibición.
  • Acabaremos paulatinamente con la cautividad de delfines y otros cetáceos, así como de los espectáculos en los que participan.

• Desarrollo de la directiva 2010/63/ue (protección de los animales utilizados para fines científicos)
  
  • Desarrollo de la directiva 2010/63/ue del parlamento europeo y del consejo europeo relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos.

• Ampliaremos los recursos, subvenciones, ayudas y convenios estatales
  
  • Ampliaremos los recursos, subvenciones, ayudas y convenios estatales a entidades de protección animal y reforzaremos, con recursos y reconocimiento, las ciudades y pueblos amigos de los animales.

.1.4. Por un mundo rural vivo y activo

El medio rural, la agricultura, la pesca y la alimentación son ámbitos especialmente afectados por el agotamiento del modelo de producción industrial y los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, las personas trabajadoras del rural y del sector pesquero, especialmente en la agricultura familiar y la pesca a pequeña escala, han desempeñado un papel esencial en el cuidado del territorio y la biodiversidad. La transición ecosocial es una oportunidad si las instituciones garantizan la justicia y la lucha contra la desigualdad territorial. Necesitamos una sociedad que dé participación efectiva a la población (independientemente de la densidad poblacional) y un medio rural y pesquero vivos; un sector agroalimentario que avance hacia la soberanía alimentaria, la agroecología, la pesca sostenible y unas políticas públicas comprometidas con ese horizonte. La conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas; el turismo sostenible; la gestión sostenible de los bosques, la transición energética; el desarrollo de una economía de los cuidados, con la implantación de servicios en el lugar de arraigo, centros de día, residencias y recursos de conciliación móviles; la rehabilitación y mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas; el fomento de la actividad cultural en zonas rurales y costeras y la protección de su patrimonio histórico-artístico, ofrecen importantes oportunidades para la diversificación económica. Para ello, el conjunto de la sociedad debe asumir que la prestación de servicios esenciales para una alimentación y una vida sana deben ser retribuidos en consonancia suficiente con los objetivos de la transición ecológica justa. Esta última, junto con la conversión de la alimentación saludable en un derecho y la mejora de las condiciones de vida de la población rural, son objetivos que deben ir de la mano con políticas públicas decididas.

1.4.1. Agricultura y mundo rural

El medio rural ocupa en España el 80% del territorio y concentra a una quinta parte de la población. Desempeña un papel esencial en la provisión de alimentos sanos y suficientes, y ejerce funciones ambientales esenciales, como el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación y la lucha contra el cambio climático. La despoblación, la desagrarización, el envejecimiento y la masculinización progresiva de los pueblos son problemas que debemos afrontar para lograr una transición justa en el medio rural. Se debe reconocer la enorme contribución de los habitantes del medio rural al conjunto de la sociedad, como cuidadores del territorio y de su biodiversidad, como depositarios de cultura e identidad. Queremos un mundo rural vivo, que sea atractivo para sus habitantes, en el que la población desempeñe un papel central en la conservación y la sostenibilidad. Nuestro horizonte es la transición agroecológica, desde una perspectiva integral que no solo incorpore la adecuación de los procesos productivos a criterios de sostenibilidad, sino que también garantice una renta suficiente para los agricultores y un salario justo para los trabajadores, con redes de distribución lo más locales posibles.

4.1.1. Un mundo rural para vivir con igualdad de servicios y oportunidades

• Un mundo rural para vivir con igualdad de servicios y oportunidades
  
  • Plan de acción para el medio rural para la igualdad territorial. impulsaremos un plan de acción para el medio rural que implique a las diversas áreas de gobierno y aporte recursos presupuestarios específicos y continuados, de forma coordinada con las demás Administraciones territoriales: comunidades autónomas, Administraciones locales u organizaciones sociales agrarias, entre otras.
  • Un plan destinado a promover una transición justa en el medio rural, reduciendo el déficit de servicios, promoviendo el empleo, el emprendimiento y la diversidad en el mundo rural; a diversificar la economía hacia los sectores secundario y terciario; a fomentar la vivienda para jóvenes y la residencia de los empleados públicos en los pueblos; a compensar las desigualdades en el acceso a servicios concentrados en las urbes; a beneficiarse in situ de la producción de energías renovables.
  • Un plan destinado a dar apoyo económico y técnico a la conservación y la mejora de la biodiversidad, al mantenimiento de mosaico agroforestal, a la gestión sostenible de los bosques, la restauración de los diversos ecosistemas, la contribución a la transición energética; la prevención y extinción de incendios forestales; la provisión de alimentos de proximidad y de calidad; la ganadería extensiva; la correcta gestión de los vertidos y los residuos agropecuarios, la agricultura ecológica y las demás prácticas respetuosas con el medio ambiente.

• Territorio 30 minutos: servicios esenciales a no más de media hora
  
  • Conexión a internet de calidad en todo el territorio.
  • Servicios de atención a las personas y a las familias: escuelas infantiles, primarias e institutos, centros públicos de atención primaria, oficinas postales y bancarias (ambulantes en su caso), formación profesional y continua, casas de la juventud, servicios de ayuda a domicilio a personas mayores y dependientes.
  • Red de transporte público para conectar provincias y pueblos, y servicio de transporte público para los desplazamientos de las personas mayores a la atención sanitaria y la realización de gestiones administrativas y compras básicas.
  • Aplicar la gratuidad al transporte público de viajeros rurales de lunes a viernes para facilitar su acceso a centros hospitalarios, universitarios y administrativos, con el objetivo de ir alcanzando la igualdad entre el medio rural y urbano.
  • Iniciativa pública de construcción de vivienda nueva y de compra y reforma de vivienda en desuso para alquiler.
  • Refuerzo de la presencia de las administraciones públicas, con beneficios fiscales o incentivos económicos a los empleados públicos que se comprometan a trabajar y residir en las zonas rurales un mínimo de cinco años.
  • Fomento del asociacionismo y dinamización de la vida social de los territorios rurales, con especial atención al papel de las mujeres rurales, a las personas migrantes, la juventud y la participación activa de las personas mayores en su entorno social.

• Medidas de igualdad para acercar el mundo urbano y el mundo rural
  
  • La ampliación de la dotación presupuestaria del programa campus rural.
  • El programa de intercambios entre centros educativos del medio rural y el urbano.
  • El fomento de la formación profesional agraria en las zonas urbanas.

• Acelerar y reforzar la implantación del mecanismo rural de garantía
  
  • Aceleraremos la aplicación del mecanismo para todas las normas y medidas legislativas, planes y programas en todos los ámbitos de la Administración pública, velando por que no se convierta en un informe «de trámite» y conlleve la adaptación efectiva de las políticas públicas a las especificidades del medio rural: baja densidad, dispersión, dificultades para la movilidad y Ayuntamientos infradotados, entre otras.

• Nuevas instituciones para el medio rural
  
  • Crearemos una comisión delegada para asuntos rurales, dependiente directamente del ministerio de la Presidencia, para coordinar las actividades de los distintos ministerios en relación con el medio rural; un consejo asesor del medio rural, con representantes de la sociedad civil del medio rural y personas expertas; y un observatorio del medio rural, responsable de un informe anual sobre la evolución de la situación del medio rural, con estudios específicos sobre los diferentes territorios.
  • Impulsaremos la descentralización política y administrativa, y fortaleceremos el municipalismo mediante la cualificación de la gestión y los servicios de las Administraciones locales, la autonomía financiera municipal y un sistema de financiación autonómico justo para la prestación de los servicios públicos que ofrecen las Administraciones locales y autonómicas en las áreas rurales.
  • Todas esas medidas y sus correspondientes presupuestos deberían ponerse en marcha en el marco de un gran consenso nacional en torno a la necesidad de un mundo rural vivo y atractivo, plasmado en un pacto de Estado por un mundo rural vivo similar al Pacto de Toledo y que se desarrollará en el marco del plan de acción para el medio rural.

4.1.2. Consolidar el futuro de una agricultura y una ganadería sostenibles

• Ley de futuro de la agricultura, la ganadería y la alimentación
  

  Las explotaciones agrarias que nos proveen de alimentos se enfrentan a graves problemas de rentabilidad que ponen en riesgo su supervivencia. Las actividades agrícolas y ganaderas tienen un impacto directo sobre el cambio climático, pero también son una de sus principales víctimas. Las afecciones de la actividad agraria industrial sobre los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad) y su coste para la sociedad son insostenibles. Por todo ello, nuestro sector agroalimentario necesita emprender una transición agroecológica que garantice la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestras explotaciones agrarias y en particular de la agricultura familiar y social. Esa transición debe contar con la participación activa del conjunto de los actores de la cadena alimentaria, incluidos los consumidores, y tener en cuenta las condiciones concretas de cada comarca y cada explotación.

  • Para ello, impulsaremos un gran debate social a escala local, autonómica y nacional sobre el futuro de la agricultura y la alimentación, que culmine con la aprobación de una ley de futuro de la agricultura, la ganadería y la alimentación que oriente las políticas y los estímulos a la actividad agropecuaria hacia esa imprescindible transición agroecológica, implicando una fuerte acción interdepartamental y con recursos presupuestarios suficientes.

• Intervención en el mercado de tierras agrarias para favorecer la integración de jóvenes y mujeres
  
  • Facilitaremos e impulsaremos la puesta en marcha de bancos públicos de tierras de alcance local, autonómico y estatal de manera coordinada con otras actuaciones para facilitar el relevo generacional y la instalación de jóvenes, mujeres y nuevas incorporaciones en las explotaciones agrarias: formación, acompañamiento y financiación de arranque, integración como agricultor activo entre los beneficiarios de la PAC.
  • Pondremos en marcha la cesión de suelo rústico de la sareb para fomentar la puesta en marcha de explotaciones agrarias ecológicas que contribuyan a la transición agroecológica.
  • Estableceremos medidas restrictivas contra la adquisición de tierras agrarias por inversores no comunitarios, de acuerdo con la «Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la adquisición de tierras agrícolas y el Derecho de la Unión Europea».

• Propuestas para la transición agroecológica y apoyo a las explotaciones familiares
  
  • Negociación de una pac que priorice las explotaciones familiares agrarias y apoye la transición agroecológica. España debe ser proactiva y anticiparse a las propuestas de la Comisión Europea.
  • Servicios públicos de asesoramiento, transferencia y acompañamiento para la transición agroecológica. la participación activa de las productoras y los productores agrarios en la transición agroecológica requiere la creación o la potenciación de unos servicios públicos de asesoramiento y divulgación.
  • Apoyo efectivo a explotaciones y empresas agroecológicas. reforzaremos el apoyo a todo el entramado de empresas agrarias y agroalimentarias que ya han emprendido el camino de la transición agroecológica.
  • Protección especial de la ganadería extensiva. la ganadería extensiva es una de las actividades agrarias más fragilizadas hoy en día. Se promoverá un intenso debate protagonizado por los propios ganaderos y ganaderas, y se pondrán en marcha los apoyos suplementarios que necesitan para poder seguir existiendo.
  • Impulso y prioridad para el bienestar en la producción de animales de consumo. Incentivaremos el cambio hacia modelos de producción agraria más sostenibles y respetuosos, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y las nuevas directrices europeas sobre bienestar animal.
  • Reconocimiento y compensación justa para los servicios agroecosistémicos. los muchos servicios que, mediante una buena gestión, el medio rural presta al conjunto de la sociedad han de ser legalmente reconocidos como «servicios ecosistémicos» que deben ser compensados económicamente.
  • Una cadena alimentaria creadora de valor para todos sus integrantes. no hay agricultura verde en números rojos. Para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad, debemos trabajar para conseguir una cadena alimentaria creadora de valor y una distribución equilibrada de este valor entre todos sus agentes.

3. Una gestión sostenible de los recursos naturales en defensa del bien común

• Gestión sostenible de los recursos naturales en defensa del bien común
  
  • Gestión del agua en base a su condición de recurso finito. la gestión de los recursos hídricos debe orientarse ineludiblemente hacia una reducción del consumo, para garantizar el abastecimiento humano y hacer frente a la actual situación de sobreexplotación, deterioro y progresiva desaparición de las fuentes de agua.
  • Una transición energética justa también para los habitantes del rural. la imprescindible transición energética debe beneficiar también a los habitantes del medio rural y evitar la competencia por el uso del suelo, potencialmente generadora de conflictos.
  • Implicación de la población rural en la gestión de los espacios naturales protegidos. Promoveremos la implicación de la población rural en la gestión de los espacios naturales con una combinación adecuada de participación en la redacción de las normas de gestión, flexibilidad en los plazos e intensidad de la aplicación.
  • Gestión integral y coordinada de las poblaciones de animales urbanos, periurbanos, rurales y silvestres. La normativa vigente obliga a las Administraciones competentes a adoptar las medidas de gestión y control de las especies incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras.
  • Una política forestal sostenible en línea con la nueva estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030. Impulsaremos una política forestal sostenible que promueva manejos multifuncionales y priorice la reforestación con especies autóctonas.

4.2. Pesca, sostenibilidad y sector pesquero

El sector pesquero representa el 1% del PIB nacional y genera el 20% de la producción total de pesca de la UE. Se enfrenta a grandes dificultades como la hiperregulación, lo que, junto con la carga burocrática, la complejidad y la extensión de las normas, dificulta el trabajo de los pescadores. Asimismo, el cambio climático y la contaminación producen cambios en los mares y en los océanos que afectan directamente a un sector que depende del buen estado del medio marino para realizar su actividad. No hay que olvidar, además, que la pesca puede ser fundamental en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la dieta de la población, contribuyendo a suministrar proteína animal de menor impacto si se alcanza una gestión sostenible de la extracción, procesado y comercialización, y un consumo responsable. Los retos integrales a los que se enfrenta el sector pesquero han de ser abordados con políticas valientes de fuerte calado social y visión ecosistémica a lo largo de toda la cadena alimentaria.

• Protección del sector pesquero y relevo generacional en la pesca
  
  • Protección del sector pesquero mediante su calificación como sector estratégico y esencial para la seguridad y soberanía alimentaria.
  • Implantaremos medidas económicas e informativas que privilegien los caladeros nacionales y de pesca artesanal a la vez que se informa a la población sobre especies alternativas (de poco consumo actual) en cada temporada, siguiendo criterios biofísicos y de sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Fomentaremos, paralelamente, la reducción del consumo en la dieta de especies con una importante huella de carbono a través de políticas de información a consumidores y restauración, y mediante la prescripción dietética de los profesionales de la nutrición. Impulsaremos políticas de comunicación a la sociedad sobre la actividad pesquera y su valor social. Pondremos en marcha medidas que garanticen que la sociedad tenga acceso a los alimentos del mar de forma equitativa y especialmente en casos de crisis que pongan en riesgo el abastecimiento de alimentos. Aseguraremos una buena coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Pesca y el de Transición Ecológica, dotándolo de una mayor estructura que permita disponer de los medios suficientes para hacer frente a la transición y la adaptación del sector primario en general, y del pesquero en particular, ante la crisis climática y de la biodiversidad. Desarrollaremos el Plan de Información y Publicidad derivado del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Promoveremos la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la pesca.
  • Relevo generacional en la pesca garantizado a través de la formación, la mejora de las condiciones de trabajo y el acceso a los recursos.
  • Formación profesional adaptada, simultaneando prácticas a bordo de buques desde el inicio, permitiendo embarques previos y formación a bordo de la embarcación. Proyectos de formación planificados con el propio sector pesquero." Incremento de las ayudas para la adquisición del primer buque para jóvenes pescadores. Actuaciones de información, comunicación y sensibilización en colaboración con la Red Española de Grupos de Pesca y con la Red de Mujeres en el Sector Pesquero. Reformas normativas para la mejora de las condiciones de trabajo, dando continuidad a las ya implementadas por medio del Real Decreto 618/2020. Completa y correcta aplicación del convenio número 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca, que permitirá verificar eficazmente las condiciones de trabajo reales de los pescadores, tanto en buques nacionales como en buques extranjeros que utilicen puertos españoles. En materia formativa y de acceso a titulaciones, desarrollo de la oferta de Formación Profesional y de nuevos Certificados de Profesionalidad. Acceso a diversas titulaciones relacionadas con el sector pesquero por medio de un examen, cuando se posean ya las aptitudes y conocimientos requeridos. Acuerdos bilaterales para la incorporación de trabajadores de terceros países a la flota pesquera española, ante la imposibilidad de reconocer los títulos de pesca de estos Estados por lo estipulado en el convenio internacional de 1995 sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros (STCWF/1995).

• Propuestas para la sostenibilidad, reconocimiento y mitigación del impacto ambiental en el sector pesquero
  
  • Defensa del enfoque de sostenibilidad en las negociaciones de la política pesquera Común en consonancia con la realidad de los territorios de la flota pesquera europea.
  • Se mejorará el nivel de conocimiento científico en las dinámicas entre especies y en los stocks pesqueros, equilibrando la toma de decisiones en ausencia de datos, estudiando las fórmulas que no impliquen necesariamente una reducción de cuotas.
  • Incluiremos como principio rector la garantía de un rendimiento económico mínimo a los buques pesqueros, como garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria de la Unión Europea.
  • Evaluaremos periódicamente las medidas adoptadas en términos de eficacia, adaptándolas o suprimiéndolas en caso de que se revelen como ineficaces e incluso perjudiciales (máximo dos años).
  • Impulsaremos la regionalización a una escala más local, como forma más eficaz y adaptativa de aplicación de las políticas pesqueras, teniendo en cuenta la situación biofísica específica de las diferentes pesquerías, flotas y territorios.
  • Apostaremos por un modelo de gobernanza y cogestión para la consecución de una mayor eficiencia y que favorezca una gestión pesquera más democrática y acorde a la realidad.
  • Modificaremos la definición de pesca artesanal para hacerla más coherente con la establecida por el ICCAT.
  • Integraremos la política pesquera común del articulado del tratado de funcionamiento de la Unión Europea, como garantía de cumplimiento de los artículos 39, «priorizando la seguridad alimentaria», y 31, «posibilitando un aumento de la productividad para garantizar la seguridad de los abastecimientos».
  • Controlaremos más y mejor las flotas de las empresas mixtas y la trazabilidad de sus capturas.
  • Cumpliremos con la política pesquera comunitaria para terminar con la sobrepesca, principalmente en el Mediterráneo.
  • Mejoraremos el sistema de subvenciones incorporando criterios de conservación, socioeconómicos y de reducción de huella de carbono.
  • Garantizaremos el bienestar animal en la acuicultura y trabajar por reducir su impacto ambiental.
  • Reconocimiento de las cofradías de pescadores y la pesca artesanal a nivel europeo como parte de la identidad cultural y patrimonial del país, así como del valor social, cultural y económico de la pesca.
  • Apoyo financiero y refuerzo de la estructura de las cofradías de pescadores como motor económico de las comarcas pesqueras, elemento de cohesión del tejido socioeconómico y generador de empleo de calidad, evitando además la pérdida del patrimonio cultural asociado a las mismas.
  • Impulso del reconocimiento por la ue de las cofradías de pescadores, para que puedan beneficiarse de los mecanismos financieros implementados en igualdad de condiciones a otras figuras jurídicas predominantes en otros países.
  • Reconocimiento y puesta en valor de los valores singulares de la pesca, sus tradiciones y su cultura, de la identidad propia, singular y diferencial de los puertos pesqueros españoles, así como de las actividades y oficios que forman parte de la cultura y patrimonio pesquero, como las redeiras o las neskatillas.
  • Medidas de mitigación del efecto del cambio climático y la contaminación en el mar.
  • Campañas de sensibilización social sobre el papel del sector pesquero en la lucha contra el cambio climático y la contaminación. Acciones de monitorización de los efectos del cambio climático en nuestras costas en coordinación y cooperación con el sector pesquero.
  • Adopción de medidas para atajar el vertido de residuos contaminantes al mar. Impulso de medidas, como el depósito, para frenar el abandono de redes de pesca.
  • Aumento de las dotaciones económicas para la investigación sobre las repercusiones del cambio climático en el mar, en los ecosistemas marinos y en la pesca.
  • Reducción de la huella de carbono de la pesca, con especial atención a las flotas españolas que operan en territorios de terceros países. Dotar de medios para incrementar la investigación en el impacto de las cadenas pesqueras vinculadas al sistema alimentario español.
  • Mapeo de los ecosistemas marinos donde hay mayor almacenamiento de carbono para contribuir al debate sobre la limitación progresiva de la pesca de arrastre en dichas zonas.
  • Plan de ayuda y búsqueda de alternativas al sector pesquero afectado por especies invasoras, como, por ejemplo, el alga Rugulopteryx okamurae. Esta alga invasora se ha convertido en el mayor peligro para la pesca litoral del estrecho de Gibraltar y mar de Alborán, teniendo un área de expansión potencial a todo el Mediterráneo.

• Propuestas para mejorar la gestión de la pesca y la ordenación del espacio marítimo
  
  • Mejora de la gestión de la pesca mediante el impulso de la gobernanza y la cogestión de las pesquerías locales por los diferentes agentes del sector.
  • Se aprovechará el conocimiento del sector y se aplicarán modelos contrastados que ya funcionan con éxito." Estableceremos mecanismos para que las cuotas pesqueras se consuman con criterios sociales y territoriales, evitando negocios especulativos. Se tendrá en cuenta el segmento de flota del que se trate en cada caso, evitando que las capturas históricas sean el elemento determinante y exclusivo en los repartos." Aplicaremos el artículo 17 de la Política Pesquera Común para facilitar el acceso de los pescadores artesanales y de pequeña escala a los recursos marinos y los mercados." Se dará un tratamiento diferenciado a la pesca artesanal por sus características distintivas (como la escasa capacidad de desplazamiento y su vinculación al territorio), protegiéndola de forma efectiva frente a la competencia de la pesca deportiva y otros tipos de pesca. Prohibición de la pesca recreativa de especies en situación biológica sensible y de las que están sujetas a Tac y cuotas, dada la necesidad de protección que estas presentan."
  • Mejora del conocimiento empírico del estado de los stocks mediante la colaboración entre pescadores y científicos como base para la toma de decisiones a través del enfoque ecosistémico
  • Colaboración entre científicos y pescadores, con programas de trabajo conjunto, participación del pescador en la toma de decisiones y flotas de referencia para colaborar en la recogida de información." Implantación de sistemas de automuestreo, con metodologías estandarizadas por los científicos para un conocimiento del estado de los stocks, contribuyendo con ello a una gestión más adaptada a los cambios biológicos."
  • Ordenación del espacio marítimo acorde a las necesidades de las comunidades locales, los territorios y el estado de los ecosistemas marinos
  • Establecimiento de medidas de convivencia para compatibilizar los usos del mar por parte de los pescadores frente a otros usos, cumpliendo rigurosamente con las leyes en vigor en materia de conservación de la biodiversidad e impacto ambiental." Cumplimiento de la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves, limitando la pesca destructiva (como la pesca de arrastre) en la red Natura 2000, proponiendo medidas conjuntas como las que establece la Política Pesquera Común allí donde sea necesario." Regulación de las Áreas Marinas Protegidas de forma eficiente y eficaz, limitando las actividades que deterioran el medio ambiente marino." Concreción y aplicación del Plan Nacional para la Reducción de las Capturas Accidentales en la Actividad Pesquera, con la incorporación de tiburones, rayas e invertebrados."

• Transición energética justa y descarbonización en la pesca
  
  • Establecimiento de medidas que eviten la competencia por el espacio marítimo entre las instalaciones energéticas y la pesca.
  • Acciones para el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la descarbonización en la pesca, contemplando medidas de confort y seguridad en las embarcaciones pesqueras en diálogo con el sector.

• Refuerzo del papel de la mujer y visibilización de su contribución en las actividades pesqueras
  
  • Incentivaremos la incorporación plena y efectiva de la mujer en el sector, así como la igualdad de oportunidades en todos los niveles de actividad y de responsabilidad (armadoras, pescadoras, directivas...).
  • Se difundirán y se potenciarán los referentes femeninos que trabajan en el sector pesquero.
  • Pondremos en marcha servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social que permitan la conciliación de la actividad profesional y el desarrollo de una carrera profesional a la vez que se reconocen los cuidados.
  • Revisión de la tabla de enfermedades profesionales de actividades como las mariscadoras, las redeiras o las percebeiras, reconociendo las enfermedades que afectan singularmente a estos colectivos debidas al ejercicio de su actividad profesional.

• Coherencia y simplificación normativa en el acceso a la profesión y el funcionamiento de las empresas pesqueras
  
  • Impulso del modelo de ventanilla única para la realización de las diferentes gestiones administrativas.
  • Tratamiento diferenciado de la pesca respecto a otros sistemas productivos a efectos administrativos.
  • Supresión de la obligatoriedad de renovación de titulaciones y exención del pago de tasas.

• Mejora de la rentabilidad del sector pesquero y la sostenibilidad de las comunidades locales dependientes de la pesca
  
  • Recuperación del papel de organismos como el instituto social de la marina (ISM), al que se le han retirado competencias clave para el sector pesquero, e instaurar otros similares al antiguo Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), referente en la promoción del consumo de pescado como alimento sostenible y saludable, apostando por una estrategia de comunicación, información y difusión permanente que ayude a consumidores y profesionales de la nutrición a tomar decisiones adecuadas de consumo con criterios de salud, sostenibilidad y temporalidad.
  • Acciones de mejora de los canales de comercialización, incluyendo los canales alternativos de proximidad y venta directa mediante el desarrollo del Real Decreto de primera venta y otros. Canales específicos de venta para los productos de la pesca artesanal y a pequeña escala en circuitos alimentarios sostenibles.
  • Cumplimiento y mejora de los mecanismos de la trazabilidad y etiquetado de los productos pesqueros según las normativas vigentes.
  • Promoción de la «biodiversidad alimentaria» diversificando la oferta y fomentando el consumo de alimentos producidos localmente y de manera sostenible.
  • Fomento de la compra pública de productos frescos de la pesca artesanal en instituciones públicas (hospitales, residencias, colegios...) mediante su inclusión en los pliegos de contratación.

1.4.3. Alimentación saludable

Nuestra forma de alimentarnos no solo condiciona nuestra salud individual, sino que también guarda una estrecha relación con la salud pública e incide de forma notable sobre la salud del planeta.

El tránsito hacia un nuevo modelo alimentario pasa por convertir la alimentación saludable en un derecho, de la mano de unas políticas públicas que garanticen el acceso a ella y promuevan dietas saludables y sostenibles, en las que primen la soberanía alimentaria y la agroecología a través de un modelo de producción y consumo que tenga como base la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Dicho modelo permitirá el reequilibrio del poder de negociación entre los diferentes actores, diversificar la especialización productiva y relocalizar en gran medida producción y consumo en favor de una alimentación menos dañina y mejor adaptada al territorio.

Para alcanzar estos objetivos, es necesario dotarse de políticas públicas alimentarias que impliquen responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor. Pero también que permeen en todas las escalas organizativas, para transitar de lo local a lo estatal y permitir el escalamiento de los sistemas alimentarios saludables y sostenibles.

En este sentido, el concepto de seguridad social alimentaria nos resulta muy útil como marco de trabajo. Alude a la universalidad en el acceso a los alimentos saludables y sostenibles para toda la población, garantizando así un derecho básico similar al de la Seguridad Social médica.

Inspirada en la iniciativa francesa Securité Sociale d’Alimentation, o en otros ejemplos ya existentes, como el Programa Bolsa de Familia de Brasil, y diversas iniciativas municipales como las desarrolladas en Valencia, Valladolid o Granollers, contribuiría a dar respuesta a los problemas de acceso a una alimentación adecuada que sufren muchas familias y, a su vez, a promover la transición de los sistemas alimentarios actuales hacia la sostenibilidad si se vincula a iniciativas de producción agroecológica y a otras acciones de apoyo alimentario, como los bancos de alimentos.

Los problemas de salud ligados a la mala alimentación constituyen una problemática compleja con múltiples aristas, pero existen algunos factores indiscutiblemente diferenciadores, como la accesibilidad económica y territorial a alimentos más saludables y sostenibles, el grado de información, la disponibilidad de tiempo de dedicación y la capacidad para el cocinado.

La puesta en marcha de una seguridad social alimentaria que garantice el derecho a una alimentación saludable y sostenible para toda la población puede alcanzarse mediante la combinación de medidas de diversa índole, como propuestas legislativas y fiscales, el apoyo económico a familias vulnerables, el fomento de la organización productiva y logística de alimentos sostenibles o la compra pública.

Esta apuesta implicará un proceso participativo, dado que movilizará a un gran elenco de actores, desde la producción hasta el consumo, que estén interesados en la puesta en marcha de estas políticas.

4.3.1. Educar, informar y acompañar para fomentar la alimentación saludable y sostenible

• Educación nutricional para todas las personas
  
  • Con objeto de incidir positivamente en la reducción de enfermedades, el ahorro de recursos sanitarios y el mayor bienestar de la población
  • Incorporaremos en los contenidos básicos curriculares, tanto de educación primaria y secundaria como en los grados universitarias del ámbito sanitario, asignaturas obligatorias sobre alimentación saludable y sostenible. Se incorporarán en el currículo del resto de carreras y ciclos formativos medios y superiores como asignaturas optativas. Todo ello respetando el ámbito competencial y en coordinación con las comunidades autónomas.
  • Se diseñarán programas específicos de alimentación y nutrición relacionados con la salud y el bienestar para la formación del personal docente.

• Información y comunicación sobre la calidad y salubridad de los alimentos
  
  • Se difundirán recomendaciones alimentarias para promover un patrón dietético saludable y sostenible con el medio ambiente, como las publicadas a nivel estatal por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Se evitarán los mensajes que puedan llevar a confusión.
  • Garantizaremos el derecho de la infancia a una alimentación saludable. se regulará por ley la publicidad en las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigida al público infantil y juvenil.
  • Apostaremos por la progresiva retirada de alimentos no saludables en los centros educativos, incluyendo cafeterías y máquinas de vending, así como aquellas situadas en otros espacios de acceso a colectivos vulnerables (hospitales o residencias de mayores, entre otros).

• Inclusión de dietistas-nutricionistas en los sistemas públicos de salud y formación en alimentación de los profesionales de la salud
  
  • Trabajaremos para que toda la población tenga acceso a equipos multidisciplinares formados en alimentación, para la prevención temprana y tratamiento de las diferentes patologías asociadas a la mala alimentación.
  • Siempre que sea posible, se incorporará en todos los equipos de los centros de atención primaria y hospitales públicos a dietistas-nutricionistas para tal fin y se realizarán acciones formativas dirigidas a los profesionales de la salud pública comunitaria y la geriatría, por su potencial incidencia sobre el cambio de hábitos de salud entre la población.
  • Se garantizará la formación en alimentación saludable y sostenible y en todos los componentes del Sistema de Seguridad Alimentaria de estos profesionales en contacto con la ciudadanía.

2. Desarrollo de la oferta pública saludable y sostenible

• Alimentación saludable: desarrollo de la oferta pública saludable y sostenible
  
  • Fomento de la compra pública como motor de la transición alimentaria a través de la adquisición de alimentos saludables y sostenibles destinados a los centros educativos y a otros servicios dependientes de las Administraciones públicas, como centros sanitarios, universitarios, deportivos y residencias de personas mayores
  • Siempre que sea posible, se dedicará al menos un 25% de la compra pública a alimentos saludables y sostenibles procedentes de producción agroecológica, local y de temporada, con una provisión directa desde redes locales de producción e incluyendo otras propuestas como las del ICLEI (fincas de pequeña escala, reducción de las emisiones de GEI, condiciones de trabajo dignas, productos de comercio justo, bienestar animal, empresas de economía social, entre otros). Se incorporarán criterios mínimos vinculantes relativos a la compra de alimentos saludables y sostenibles en el Plan de Contratación Pública Ecológica 2018-2025, fomentando así la compra pública de productos ecológicos, locales y de temporada. Apoyaremos la planificación, la logística y la distribución de la producción para lograr el éxito de los programas. Se establecerán herramientas para el seguimiento de los contratos públicos que permitan garantizar unos mínimos ambientales y sociales, capacitando al personal técnico y gestor en prácticas que favorezcan la demanda de alimentos sostenibles y saludables, especificando el precio mínimo por menú en los pliegos y, por último, desarrollando herramientas para la definición de menús saludables y sostenibles y para la gestión de los comedores, formando al personal de cocina para ello.

4.3.3. Tejer alianzas entre consumo y producción para la transición

• Alimentación saludable: tejer alianzas entre consumo y producción para la transición
  
  • Apoyo a la creación de espacios de articulación logística
  • Fomento de nodos logísticos, centros de acopio o food hubs sostenibles gestionados por el sector productivo (pequeñas y medianas producciones agroecológicas y pesca artesanal orientadas al circuito corto) para impulsar la agregación, almacenamiento, procesamiento, logística y distribución de alimentos.
  • Por medio de la empresa pública mercasa, se fomentará un cambio en la estructura de distribución de alimentos que permita una relación directa entre productores y pequeños vendedores. Se fomentará un Plan de Actuación de Mercasa para facilitar las ayudas en la fase de definición del modelo o para el acceso a instalaciones adecuadas, apoyar la digitalización, el transporte sostenible de reparto de última milla y ayudar en la comunicación y difusión.
  • Resolución de las trabas administrativas para mejorar la sustentabilidad de iniciativas agroecológicas existentes y creando otras nuevas, siguiendo el ejemplo de los avances en la normativa higiénico-sanitaria para elaboradores de pequeña escala.

4.3.4. Gobernanza multiactor, multinivel y de abajo arriba

• Transversalización de la perspectiva de sistemas alimentarios sostenibles y saludables en las políticas de la escala estatal
  

  que permita la armonización de distintas políticas en el marco del futuro reglamento de la Unión Europea sobre sistemas alimentarios sostenibles y la ley de futuro por la agricultura, la ganadería y la alimentación

  • Trabajaremos para introducir la perspectiva alimentaria saludable y sostenible en el plan de Contratación Pública Ecológica 2018-2025, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España 2023-2027, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 2021-2027, la Estrategia de Salud Pública 2022 o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, entre otros.
  • Impulsaremos el desarrollo de departamentos específicos para la promoción de la alimentación sostenible y saludable, con personal y presupuesto propios, para el desarrollo de políticas alimentarias específicas.
  • Asimismo, se promoverá de manera activa la coordinación entre las distintas administraciones públicas con competencias en cuestiones alimentarias en la escala estatal.

• Creación de una estructura de gobernanza multiactor anidada en las distintas escalas administrativas
  
  • Estableceremos mecanismos para compartir e implementar acciones y prácticas que se hayan demostrado exitosas a nivel local y regional en todos los ámbitos de la Administración. Crearemos una estructura de gobernanza alimentaria estatal que articule a las distintas administraciones con competencias en alimentación, en diálogo con las entidades sociales implicadas en la promoción de la alimentación sostenible y saludable.

• Reforma de la ley de seguridad alimentaria y nutrición
  

  para desarrollar instrumentos y políticas que garanticen el derecho a la alimentación saludable y sostenible, especialmente para la infancia y adolescencia.

  • Actualización de la estrategia naos, para reducir de forma efectiva el «entorno obesogénico», especialmente en el ámbito infantil y juvenil.
  • Impulso y dotación de más competencias y medios al observatorio de la Nutrición y de Lucha contra la Obesidad.
  • Incorporación de las recomendaciones de la oms en las políticas sobre la mejora de la calidad nutricional de alimentos y productos.
  • Desarrollar reglamentariamente esta ley en lo relativo a la fijación de unos criterios mínimos de alimentación saludable y sostenible en los comedores escolares, garantizando la presencia en los menús de un mínimo de alimentos de temporada y propios de la dieta mediterránea, de al menos un día vegetariano a la semana para todas y todos, así como una alternativa vegetariana diaria para el alumnado que lo desee (ya sea por razones de salud, éticas, religiosas, etcétera).

• Política fiscal para incentivar el consumo de alimentos saludables y sostenibles y reducir el de alimentos no saludables ni sostenibles.
  

  Alimentación saludable: La puesta en marcha de una seguridad social alimentaria que garantice el derecho a una alimentación saludable y sostenible para toda la población puede alcanzarse mediante la combinación de medidas de diversa índole, como propuestas legislativas y fiscales, el apoyo económico a familias vulnerables, el fomento de la organización productiva y logística de alimentos sostenibles o la compra pública.

  • El precio es el principal condicionante en la compra de alimentos para las familias con rentas menores; por eso, introduciremos beneficios fiscales o ayudas económicas a los alimentos saludables y sostenibles (frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales; provenientes de canales cortos, poco procesados, agroecológicos) que favorezcan un aumento de su consumo, especialmente entre la población vulnerable. Complementariamente, y dadas las elevadas tasas de obesidad y sobrepeso infantil que tenemos en España, estableceremos políticas fiscales que desincentiven y reduzcan el consumo de los alimentos no saludables (ultraprocesados, batidos, refrescos...) dirigidos especialmente a la infancia, para lograr un cambio sustancial del modelo alimentario actual y, como consecuencia, mejorar la salud de la población.

• Fomento de una red alternativa pública de distribución de alimentos.
  
  • Se fomentará económicamente la articulación de una red alternativa de distribución de alimentos basada en criterios sociales y agroecológicos
  • Con precios justos para los productores y las productoras, y consumidores y consumidoras,
  • Y atendiendo a criterios de accesibilidad territorial
  • Podrán vincularse a esta red de forma voluntaria todas aquellas iniciativas productivas que tengan un enfoque de sostenibilidad.

• Creación de una red de espacios públicos comunitarios para facilitar el derecho a la alimentación saludable y sostenible a escala de barrio o municipal.
  
  • Uso de equipamientos públicos de proximidad (economatos cooperativos, centros de distribución de alimentos para redes asociativas, entre otros) en los que se pueda disponer de cocina y comedor colectivos y que pudieran vincularse a despensas comunitarias y a redes de distribución alternativa de alimentos agroecológicos.
  • Fomento de políticas municipales dirigidas al desarrollo de huertos urbanos y de mercados municipales, con el fin de que se puedan aprovechar mejor estos espacios.
  • Impulso de mercados de agricultores y de la venta directa de productos, tanto en explotaciones como en puntos de venta específicos.
  • Acciones que favorezcan el encuentro y la colaboración, la búsqueda de soluciones colectivas, la visibilización de las tareas, el intercambio de conocimientos y recursos en torno a prácticas culinarias y la mejora de conocimientos de cocina, nutrición y gestión doméstica para hacer frente a la pobreza energética.

• Evaluación y monitorización de la inseguridad alimentaria
  
  • Mediante mecanismos para que las estadísticas e indicadores determinen el grado de cumplimiento del derecho a la alimentación saludable y sostenible.
  • Inclusión de este enfoque en las encuestas del ine a través de indicadores clave como el FIES, entre otros.
  • Desarrollo de un informe periódico anual que genere recomendaciones de mejora para todas las políticas públicas mediante datos adecuados y desagregados en función de territorio (rural/urbano; centro/periferia), renta, edad, género, origen geográfico y cultura, entre otros, como los recogidos actualmente por el Observatorio por el Derecho de la Alimentación.
  • Incorporación del enfoque de la alimentación como derecho en la negociación sobre la aprobación de la futura directiva de la UE sobre sistemas alimentarios sostenibles.

• Freno a la exposición a contaminantes químicos de origen alimentario
  
  • Apoyo a la producción y el consumo de alimentos libres de productos fitosanitarios, medicamentos o residuos químicos en la preparación, procesado y embalajes; favoreciendo la producción agroecológica frente a la convencional y los productos de la ganadería y la acuicultura libres de medicamentos.
  • Refuerzo de los controles de residuos de pesticidas en alimentos y estableciendo un sistema más seguro que no abuse del «uso excepcional».
  • Establecimiento de restricciones en la determinación de los límites máximos de residuos a partir del conocimiento científico generado.
  • Promoción de la reducción del uso del embalaje alimentario innecesario y eliminando los materiales de «un solo uso».

.1.5. Hábitat para la vida

1.5.1. Ciudades y pueblos habitables

Necesitamos un urbanismo que genere ciudades y pueblos habitables, amables y sostenibles, que giren alrededor de las personas y de sus proyectos vitales. Por este motivo, proponemos un urbanismo ecofeminista que plantee un cambio profundo en la manera de gobernar, pensar y construir el territorio que habitamos.

Queremos ciudades que permitan la proximidad y garanticen el derecho al acceso a los servicios públicos esenciales. Vivir bien sin estar obligado a grandes desplazamientos. Para ello, hace falta una distribución de servicios y equipamientos equilibrada en el territorio, que permita un acceso equitativo. Una apuesta por la proximidad y por los ciclos cortos para casi todo. Para la alimentación por supuesto, pero también para el comercio en general, así como para la salud urbana, la cultura, el ocio o el deporte.

Para combatir la segregación urbana y la despoblación rural, necesitamos un territorio donde se garantice el acceso a los servicios públicos independientemente del lugar donde se viva, desde la Cañada Real hasta O Courel. Un territorio que sea habitable para las personas en los extremos vitales, la infancia y la vejez, y para personas con otras capacidades. Para ello se hace necesario impulsar políticas públicas destinadas a erradicar el chabolismo y la infravivienda en todo el Estado desde un enfoque que tenga en cuenta los derechos humanos.

Las redes comunitarias y de apoyo mutuo han sido imprescindibles en la construcción de sociedades colaborativas, tanto presentes como pasadas, y lo serán aún más en el futuro. Las políticas puestas en marcha y afianzadas en estos años por el municipalismo progresista y las ciudades del cambio son muestra de que otro urbanismo, centrado en las personas y sus necesidades, es posible.

Por último, es fundamental el derecho de la ciudadanía a una vida saludable. En el contexto de emergencia climática y olas de calor, así como de ciudades con altos niveles de contaminación del aire, las zonas verdes son una fuente de salud y salubridad, y por ello deben ser un derecho básico de las personas. Queremos que nuestros pueblos y ciudades cuenten con más zonas verdes que, además de ser espacios destinados al ocio, sirvan de pulmón y contrarresten las temperaturas extremas gracias a su efecto termorregulador. El acceso a zonas naturales ha demostrado ser un gran proveedor de salud física y mental, por lo que es imprescindible incluir en las políticas urbanísticas la protección de las zonas naturales existentes, la renaturalización de las que hayan sido degradadas y el fácil acceso para toda la población sin que, por ello, se den grandes desequilibrios territoriales.

• Creación de un programa estatal para los barrios vulnerables.
  
  • Impulsaremos la creación de un programa estatal de rehabilitación y mejora de los barrios donde se concentra la población más vulnerable de nuestras áreas urbanas.
  • El objetivo será el de mejorar las condiciones de vida de estas personas y reducir las desigualdades sociales, evitar el riesgo de fractura social y hacer frente a la crisis ambiental mediante la mejora de las condiciones de vida.
  • El programa pondrá a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos los recursos y el apoyo necesario para desarrollar estas intervenciones a través de convocatorias anuales de ayudas directas. Las administraciones locales quedarán así habilitadas y emplazadas a intervenir en los barrios vulnerables por varias vías: incremento y adecuación de los servicios existentes, cuidado y humanización del espacio público, rehabilitación de viviendas, mejoras en la accesibilidad y la habitabilidad, mejora o creación de zonas verdes, así como actuaciones específicas en materia de medio ambiente, educación y salud pública.
  • Se facilitará la adaptación a los efectos del cambio climático para evitar que estos tengan un impacto diferenciado sobre la población más vulnerable.

• Desarrollo de un territorio policéntrico con áreas urbanas mixtas y autónomas.
  
  • Queremos ciudades y territorios que permitan la proximidad. para ello, es necesaria una distribución de servicios y equipamientos equilibrada en el territorio, que le permita a toda la ciudadanía un acceso equitativo.
  • Hace falta una apuesta por la proximidad y por los ciclos cortos que abarque desde la alimentación al comercio, la sanidad, la educación, el medio ambiente, la cultura, el ocio o el deporte.
  • Tenemos el objetivo de incrementar el tiempo libre de la ciudadanía.
  • Se impulsará la creación de una red estatal centrada en el urbanismo y en la vida cotidiana, compuesta por representantes de consejos municipales de género, urbanismo y sociedad civil. El objetivo es fomentar la formación e intercambio de buenas prácticas, así como la investigación y aplicaciones piloto dirigidas a transitar hacia un modelo urbano sostenible y verde, centrado en los cuidados y en el día a día, y que tenga impacto en la normativa vigente.
  • Modificaremos la ley del suelo en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales para apostar por el desarrollo de ciudades más compactas, garantizando en cada barrio o nodo urbano la presencia de espacios naturales y dotacionales junto a los servicios adecuados para el normal y completo desarrollo de la vida cotidiana. No podrán faltar espacios verdes cercanos y accesibles, un transporte público de calidad y las condiciones que faciliten y fomenten la movilidad activa. En este sentido se incorporarán nuevos estándares de dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras para las actuaciones urbanísticas, con especial énfasis en la internalización de las externalidades medioambientales, normas actualizadas y de carácter general de protección del paisaje, especialmente del litoral, y restricciones de carácter general a usos y actividades en suelos protegidos no urbanizables

• Garantizar el derecho a la movilidad sostenible y a la accesibilidad universal del espacio público
  

  Entendemos la movilidad en todas las escalas, desde la accesibilidad a la propia vivienda (ascensores) hasta la existencia de una red peatonal cotidiana, segura y accesible; desde redes de bicicletas y carriles segregados seguros hasta un transporte público asequible y rápido.

  • Se debe garantizar la movilidad de toda la población: infancia, mayores, personas con movilidad reducida y otros colectivos que necesiten ayuda en este sentido.
  • Hay que apostar por una movilidad con perspectiva de género, que atienda no solo al uso productivo sino también al reproductivo (como el trabajo de cuidados no necesariamente profesionalizado).
  • La movilidad con fines de ocio, culturales o deportivos también debe incorporarse a las políticas públicas para reducir la necesidad (o hacer que no sea la única opción) de usar el coche para estos trayectos.

• Garantizar los usos sociales del patrimonio público en desuso.
  
  • Proponemos la creación de un banco de recursos de suelo e inmuebles públicos en desuso y el fomento de los comunes urbanos.
  • Se implementarán estrategias para la dotación de suelo público destinado al desarrollo de vivienda social pública, alojamientos dotacionales y equipamientos públicos. Se apoyará a las administraciones locales para que puedan adquirir suelo urbano mediante sistemas de tanteo y retracto, pago de deudas fiscales y otras líneas de actuación en el marco de la normativa vigente. Asimismo, respecto a los inmuebles públicos en desuso o abandonados, se impulsará la rehabilitación y la cesión para usos públicos y colectivos, incluyendo las cesiones a colectivos ciudadanos organizados para el desarrollo autogestionado de actividades sociales y culturales.

• Creación de un banco de tierras públicas para proyectos agroecológicos.
  
  • Proponemos crear un banco de tierras público en el contexto urbano y periurbano para el desarrollo autónomo de proyectos agroecológicos con carácter fijo o temporal (mientras no se da otro uso a estas parcelas). Los proyectos podrán ser gestionados por centros educativos, colectivos sociales o vecinos y vecinas a título individual, con prioridad para aquellos que realicen una labor social con colectivos vulnerables.

• Recuperación y derecho a uso en la españa vaciada
  
  • Creemos necesario generar un marco legal, en cooperación con las comunidades autónomas y los entes locales, para el impulso de proyectos de rehabilitación y recuperación de pueblos abandonados o en vías de abandono.
  • Estará dirigido a personas o colectivos y se actuará mediante la presentación de proyectos a la Administración pública, que hará el seguimiento de los mismos y que financiará con inversión pública las infraestructuras necesarias para garantizar la conectividad y el acceso.

• Renaturalización y regeneración urbana con soluciones basadas en la naturaleza.
  

  Apostamos por recuperar y mejorar las infraestructuras verdes y azules para fomentar, mediante el impulso de proyectos y políticas que permitan desde nuestras ciudades la cambio climático - mitigación y la adaptación a sus efectos, la reaparición de la naturaleza en entornos urbanizados.

  • Proponemos la creación del marco normativo e institucional propicio para que todas las ciudades desarrollen estrategias de descarbonización, poniéndose metas que permitan llegar a la neutralidad de carbono en 2050, el horizonte marcado por la Unión Europea.
  • Esta renaturalización de los espacios urbanos pasa por el repoblamiento con especies autóctonas, la mejora de la calidad del aire o la creación de espacios de sombra y de bajas temperaturas, con una estrategia no solo circular, sino también regenerativa.
  • El objetivo sería alcanzar en 2040 el 30% de cobertura arbórea en todos los asentamientos urbanos del territorio español.

• Marco de colaboración y coordinación de políticas urbanas.
  
  • Queremos avanzar hacia una gobernanza colaborativa interdepartamental y hacia una gobernanza multinivel en relación al tema urbano, en donde la consecución de objetivos se ponga por delante de la tradicional lógica de defensa de las competencias propias.
  • Así, en colaboración con las comunidades autónomas, los entes locales y la sociedad civil, se avanzará en la constitución de entes metropolitanos para gobernar las áreas funcionales de las ciudades de mayor tamaño.
  • Se incentivará la coordinación de las políticas municipales en estas áreas funcionales, con la participación de todos los agentes implicados.

• Creación de una red estatal sobre urbanismo y cambio climático.
  
  • La urgencia de la situación nos obliga a implementar cambios en nuestros pueblos, barrios y ciudades que permitan un mayor control sobre los efectos de las altas temperaturas, las sequías y las lluvias torrenciales u otras situaciones climáticas extremas.
  • Para ello, se propone la creación de una red compuesta por representantes de consejos municipales de Medio Ambiente, de colectivos ambientalistas y de transformación urbana, cuyo primer objetivo sea impulsar un marco legal que propicie la disminución de los efectos del cambio climático en nuestros barrios y ciudades. El marco de acción son: el espacio público urbano (calles, plazas, parques, vías de comunicación) y los espacios de lo público (escuelas, mercados, hospitales...).
  • Las ciudades deben convertirse en un laboratorio de investigación medioambiental que pueda sustentar, además, un verdadero espacio coeducativo. Estas prácticas servirán asimismo a la mejora de la equidad y la cohesión social, puesto que la brecha existente con las ciudades y los barrios más desfavorecidos se amplía con los efectos sobrevenidos por el cambio climático, dificultando más (si cabe) la vida cotidiana, el ocio, los cuidados y el trabajo en estos entornos más vulnerables.

• Refuerzo de la capacidad administrativa y técnica de los ayuntamientos.
  
  • Se llevará a cabo un estudio sobre cómo está funcionando la administración local con relación a la puesta en marcha de políticas urbanas sostenibles, innovadoras e integradas en municipios de cualquier tamaño.
  • Se identificarán los obstáculos y se actuará con el fin de reforzar la capacidad administrativa y técnica de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales.
  • Se contempla el refuerzo de las plantillas a través de un nuevo marco de financiación específico.

• Situación específica de la cañada real en madrid.
  
  • Se garantizará el respeto de los derechos humanos en la cañada real Galiana de Madrid, restableciendo el suministro eléctrico y abriendo una mesa de seguimiento participada por sus habitantes para realizar contratos de suministro, en cumplimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

1.5.2. Derecho a la vivienda

La apuesta histórica por la especulación, el urbanismo sin control y la falta de regulación del mercado inmobiliario ha provocado una situación de crisis habitacional. Una crisis que es múltiple y está causada por un modelo inmobiliario que antepone la vivienda como inversión al derecho ciudadano. Además, la crisis de la vivienda no es solo una crisis social, sino también climática, pues cuenta con un parque de vivienda muy envejecido e ineficiente energéticamente.

El problema principal es la dificultad del acceso a la vivienda como consecuencia de los elevados precios, sea en compra o en alquiler. La vivienda es cada día más inasequible para la mayoría de la sociedad. La actual combinación de precariedad laboral y vivienda inasequible produce en estos momentos inseguridad residencial.

Inseguridad para trabajadores y autónomos que no saben si van a subirles el alquiler o si no les van a renovar el contrato; inseguridad para los jóvenes que no pueden aspirar a emanciparse; inseguridad para las familias cuya cuota hipotecaria, como consecuencia de la subida de los tipos de interés del BCE, no para de crecer y que empiezan a tener que escoger «qué factura dejan de pagar»; inseguridad de personas en situación de vulnerabilidad que llevan años en listas de espera para poder acceder a una vivienda protegida; e inseguridad para las personas en situación de sinhogarismo para las que tampoco existen sistemas de acogida suficientes.

El mandato constitucional (art. 47 y 33.2 CE) de asegurar el derecho a la vivienda a toda la población y evitar la especulación del suelo se incumple desde hace demasiado tiempo.

España destinó en 2022 a políticas de vivienda en sus presupuestos públicos 3.295 millones de euros y 2.636 millones de euros en ayudas fiscales, un total de 5.931 millones de euros, que equivalen al 0,45% del PIB de la economía española. Dicha proporción está por debajo de la media de los países de la Unión Europea (0,6% del PIB) y, además, durante décadas ha priorizado regresivas bonificaciones fiscales a la compraventa de viviendas, en lugar del desarrollo de viviendas públicas. El resultado de este menor esfuerzo público sitúa a España como uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda pública construida. Su peso sobre el total de viviendas principales (2,5%) es seis puntos inferiores a la media de la UE (9,3%), según el Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo. Los países de la UE con mayor proporción de vivienda social con relación a su parque de viviendas son Países Bajos, con un 30% del total; Austria, con un 24% y Dinamarca, con un 20,9%. En el extremo opuesto se encuentran Grecia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta, con un 0%, Rumanía, con un 1,5%; Estonia, con un 1,7% y Croacia, con un 1,8%.
España también es el duodécimo país europeo con menos vivienda pública en relación con el número de habitantes, al no llegar a una vivienda de este tipo por cada cien habitantes. En el otro extremo están Países Bajos (12), Austria (10), Dinamarca (9,5), Suecia (8), Reino Unido y Francia, que superan holgadamente la media de la UE (4).

Como resultado de la insuficiente acción pública en nuestro país, los hogares han debido realizar en las últimas décadas un esfuerzo económico mucho mayor y, por consiguiente, se han endeudado.

Asimismo, se ha producido una elevada extracción y transferencia de rentas en favor del sector inmobiliario, al tiempo que amplias capas de la población han quedado al margen de las ayudas públicas y del derecho a un alojamiento digno.

Aunque la primera Ley de Derecho a la Vivienda aprobada recientemente constituye un gran paso adelante, quedan muchos elementos pendientes y necesitamos hacer que dicha ley se cumpla. Más aún si consideramos que el derecho a una vivienda digna y adecuada es precondición del ejercicio y acceso a otros derechos fundamentales y a la dignidad humana. La sociedad española en general, y el sector público en particular, tienen una misión: desarrollar un sistema de vivienda que sea un pilar más del estado de bienestar, convergiendo así con Europa. Y eso significa desarrollar un servicio público de vivienda y una normativa que evite la especulación, proteja a los residentes y garantice la función social de la propiedad, haciendo así efectivo el derecho a la vivienda mediante el diálogo social.

Además, es necesario promover la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad, ya que la mala calidad de las construcciones es una de las tres causas de la pobreza energética, junto con la disponibilidad de renta y los precios de la energía.
El desarrollo de la vivienda como derecho tiene ventajas desde un punto de vista social (mejora de la equidad del poder adquisitivo y de las condiciones de vida, a la vez que reduce el endeudamiento) y desde un punto de vista de eficiencia económica (acaba con la «extracción de rentas», libera recursos para el consumo y la inversión en otras áreas prioritarias, reorienta la actividad bancaria hacia otros sectores productivos y aumenta el uso de los activos inmobiliarios). Para ello, llevaremos a cabo las siguientes medidas:

• Inversión pública y medidas fiscales para construccion y movilización de vivienda
  
  • Invertiremos sostenidamente, durante diez años, el 1% del pib en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más dos millones de viviendas protegidas en los siguientes diez años. A estos efectos utilizaremos toda la capacidad tanto de la Sereb como de la SEPES. Sin una inversión importante y constante no será posible hacer crecer el parque de vivienda protegida de alquiler social y asequible para situarlo a la altura de Europa, así como promover la rehabilitación con eficiencia energética del parque ya construido. Esta inversión tiene un retorno económico a corto plazo a través del ahorro en otras políticas públicas, como son los servicios sociales y la sanidad.
  • Adoptaremos medidas en materia fiscal que incluyan condicionar los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades para las SOCIMIS, EDAVS, y las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios en función del valor social y la aportación al interés general de los proyectos que realicen.
  • Impulsaremos modificaciones fiscales similares en el irpf para los particulares que arriendan. Reduciremos también el IVA para proyectos de vivienda de alquiler social y asequible.
  • Estableceremos un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos. coordinaremos los patrimonios públicos de suelo (PPS) de las diferentes administraciones a través de un «banco de suelo» con la capacidad de comprar suelos adicionales a los PPS a través de una línea de crédito del ICO.
  • Declararemos servicios de interés general el conjunto de actividades vinculadas a la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales.
  • Prohibiremos de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las Administraciones (específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa), salvo su transmisión gratuita a entidades públicas para su transformación en parque público o en proyectos público-privados de alquiler.
  • Realizaremos las modificaciones legales oportunas para que las administraciones públicas dispongan de capacidad para ejercer derechos de tanteo y retracto.
  • Impulsaremos programas públicos de compra de vivienda tanto en situaciones de emergencia (ejecuciones hipotecarias, como desahucios por impago del alquiler) como para fortalecer los parques públicos de vivienda.

• Alquiler
  
  • En las áreas de mercado tensionado, estudiaremos si conviene condicionar las autorizaciones administrativas de compraventa de vivienda a que el comprador resida en la misma, la destine a alquiler habitual de larga duración o a un alquiler protegido. Adicionalmente se estudiarán medidas «anti flipping» para transacciones corporativas.
  • Estableceremos limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda.
  • Aumentaremos la duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda tendiendo a que sean indefinidos con causas de resolución excepcionales para proteger al propietario.
  • Crearemos un registro obligatorio de fianzas del alquiler y aumentaremos las capacidades de inspección.
  • Impulsaremos un registro de viviendas vacías en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
  • Modificaremos la ley 12/2023 de vivienda para incluir: el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago, obligaciones de resultado para las Administraciones públicas en materia de vivienda alternativa frente a los desahucios, movilización de vivienda de la Sareb en coordinación con las comunidades autónomas, regulación efectiva de precios del alquiler y desarrollo de un régimen sancionador. Garantizaremos la fuerza vinculante de los dictámenes de los diferentes organismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas (en particular recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, sociales y Culturales).
  • Habilitaremos al estado central o a las administracione locales a instar a la comunidad autónoma que no lo haya hecho a declarar zona de mercado tensionado en los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos que establece la Ley por Derecho a la Vivienda. Aplicaremos así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado para garantizar la igualdad de todos los inquilinos en el ejercicio de sus derechos.
  • Adicionalmente, reformaremos el sistema de incentivos fiscales de la ley de vivienda, beneficiando fiscalmente solo a los propietarios que alquilen sus viviendas al precio igual o por debajo del índice de referencia, establecido en función del 30% de los ingresos de los hogares que alquilan. A su vez, es necesario regular las viviendas turísticas, de habitaciones y el alquiler de temporada para que no sean vías para saltarse la Ley, junto a un régimen sancionador y de inspección para garantizar la efectividad de la norma.
  • Convertiremos la sareb en una herramienta pública que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda. Para ello sus competencias deberían depender del ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda y realizar una gestión activa, con las personas que están en situación de precariedad en viviendas de su propiedad, para gestionar alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos.
  • Mejoraremos la información de alquileres y estableceremos precios de referencia. esta propuesta pretende mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda por dos vías. La primera de ellas es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España. La segunda es establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminando las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y estableciendo un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia. Por otro lado, haremos obligatoria la declaración de zona de mercado tensionado en las áreas geográficas en las que se cumplan objetivamente los requisitos que la Ley de Vivienda establece, aplicando así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado sin depender de la voluntad política del Gobierno autonómico.
  • Incrementaremos las ayudas al alquiler a nivel nacional mejorando la gestión del bono de alquiler joven para garantizar el pago mensual a las personas beneficiarias y estableceremos un bono de ayuda a los hipotecados. En el caso de las ayudas al alquiler, estas tienen que ir acompañadas necesariamente de una regulación de los precios y, en el caso de las hipotecas, es imprescindible apostar por el tipo fijo permitiendo a los consumidores, a través de una «portabilidad», el cambio de la cuota hipotecaria de tipo variable a tipo fijo. A su vez, estableceremos la posibilidad de que los consumidores puedan acogerse a medidas de reestructuración y quitas de la deuda hipotecaria.
  • Crearemos un programa de protección para arrendatarios vulnerables que permitirá facilitar el acceso a alquileres sociales en el mercado libre, así como a la red pública de alojamientos y pisos tutelados a personas y colectivos con necesidades específicas, como aquellas en situación de dependencia, las víctimas de violencia de género, las que presenten problemas de salud mental, las de especial vulnerabilidad, las personas solicitantes de asilo, las refugiadas y los jóvenes migrantes emancipados.
  • Desarrollaremos una carta de derechos de los inquilinos, dotaremos jurídicamente a las asociaciones y sindicatos de personas inquilinas de capacidad de representación en las negociaciones colectivas con los propietarios y de capacidad jurídica en los procesos legislativos, así como en los planes públicos de vivienda.

• Juzgados especializados
  
  • Crearemos juzgados especializados en la materia para resolver los conflictos que genere el derecho a la vivienda.

• Hipotecas, banco público y otras medidas
  
  • Impulsaremos recursos y métodos de inspección para la persecución de las prácticas de acoso inmobiliario, de discriminación en el acceso a la vivienda, así como cualquier otro incumplimiento de la normativa vigente en materia de vivienda.
  • Crearemos un bono de emergencia para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual que sufren la fuerte alza de los tipos de interés decidida por el BCE. La cuantía del bono será de 1.000€ por hogar y ayudará a sufragar una parte del aumento de la hipoteca. Beneficiará a los hogares que se hipotecaron a tipo variable en los últimos diez años por un importe de hasta 250.000€ y precio de compra de hasta 300.000€, que son los que tienen una mayor carga de intereses (un millón de hogares) con un coste global de mil millones de euros, que se financiarán con cargo al impuesto extraordinario a la banca.
  • Estableceremos de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas. las rápidas, contundentes y permanentes subidas de los tipos de interés que ha llevado a cabo el BCE están provocando incrementos de las cuotas hipotecarias inasumibles para muchos hogares con hipotecas a tipos variables. La propuesta de portabilidad de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo pretende romper el corralito de hipotecados en cada banco que ha creado el sector para maximizar beneficios. Se trata, siguiendo la estela de la portabilidad telefónica que tan buenos resultados ha dado, de promover la portabilidad de hipotecas —por novación o subrogación—, obligando a que las entidades de crédito publiquen en la CNMC sus ofertas de crédito hipotecario y los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir optar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades.
  • Estableceremos un objetivo nacional de solidaridad urbana en eficiencia energética del parque de vivienda existente.
  • Mejoraremos el acceso y la calidad de la vivienda en zonas en proceso de despoblación mediante la puesta en marcha de medidas de movilización de vivienda adecuadas a las características de cada territorio.
  • Implementaremos la estrategia nacional para la erradicación del sinhogarismo, basado en el modelo «Housing First», garantizando el derecho subjetivo a la vivienda.
  • Crearemos un banco público para que contrarreste el oligopolio bancario y se pueda rebajar el coste de las hipotecas. Crearlo a partir del ICO y de la red de oficinas de Correos. Un banco que también lleve los servicios financieros a la España vaciada.
  • Estableceremos un marco normativo que favorezca la figura de las asociaciones de Vivienda, que tiene éxito en Europa, como un modelo de gestión y provisión de vivienda asequible por organizaciones sin ánimo de lucro o ánimo de lucro limitado, especializadas en vivienda. Es fundamental desarrollar herramientas como la financiación pública, los avales públicos, la regulación de la inversión privada de impacto social, la provisión de suelo y un marco fiscal favorable para la provisión de vivienda asequible.
  • Reconoceremos el derecho subjetivo a la vivienda de forma progresiva incluyendo a diferentes colectivos, empezando por las personas en situación de sinhogarismo. El derecho subjetivo a la vivienda será satisfecho a través de la garantía de acceso a vivienda pública o mediante ayudas públicas al alquiler en el mercado privado.

• Reserva de suelo para vivienda protegida (hipotecas, alquiler y construccion)
  

  Desarrollaremos una normativa específica para que en suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida. En este sentido, y con el objetivo de «que nadie necesite destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda», se destacan las siguientes medidas:

  • Desarrollaremos y haremos cumplir la declaración de mercado tensionado de la ley por el Derecho a la Vivienda en todos los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos que establece la Ley, aplicando así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado para garantizar la igualdad de todos los inquilinos en el ejercicio de sus derechos. Se trata de garantizar el control de alquileres en toda España en tanto que la competencia de regulación de precios es nacional.
  • Adicionalmente, reformaremos el sistema de incentivos fiscales de la ley de vivienda, beneficiando fiscalmente solo a los propietarios que alquilen sus viviendas al precio igual o por debajo del índice de referencia, establecido en función del 30% de los ingresos de los hogares que alquilan.
  • A su vez, es necesario regular las viviendas turísticas, de habitaciones y el alquiler de temporada para evitar que sean vías para saltarse la Ley, junto con un régimen sancionador y de inspección para garantizar la efectividad de la norma.
  • Constituiremos, en menos de diez años, un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles, con un gasto sostenido del 1% del PIB de media. Este parque público es la clave estructural para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible: movilizando las viviendas vacías, aumentando la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas o construirlas donde sea necesario. Esto requiere aumentar el presupuesto público en vivienda hasta, al menos, el 1% del PIB, sostenerlo en el tiempo y lograr la cooperación de las diferentes Administraciones. Nuestro modelo es Europa, es Viena. Queremos un parque de vivienda a la europea.
  • En materia hipotecaria, proponemos un bono de emergencia para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual, que sufren la fuerte alza de los tipos de interés del BCE, además de una gran pérdida de compra por el alza de los precios de consumo. La cuantía del bono sería de 1.000€ por hogar y ayudaría a sufragar una parte del aumento de la hipoteca. Beneficiaría a los hogares que se hipotecaron a variable en los últimos diez años por un importe de hasta 250.000€ y precio de compra no superior a 300.000€, que son los que tienen una mayor carga de intereses. Beneficiaría a un millón de hogares. Tendría un coste de mil millones de euros que se financiarían con el impuesto extraordinario a la banca, por lo que no tendría ningún coste para el contribuyente. Además, es imprescindible establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas y la posibilidad de acogerse a medidas de reestructuración de deudas y quitas hipotecarias.

1.5.3. Movilidad sostenible

La movilidad debe ser un derecho básico y de carácter universal, dado que facilita el acceso a otros derechos. La disponibilidad de fórmulas de movilidad accesibles, económicas y diversificadas —sin olvidar la movilidad activa— es una condición previa para multiplicar y mejorar las opciones de acceso al lugar de trabajo, a la vivienda, a los centros educativos y sanitarios, a los servicios comerciales, al ocio, a la cultura, al disfrute del tiempo libre y a la práctica del deporte. Al mismo tiempo, dada la situación de emergencia climática, la movilidad tiene que ser en todo momento sostenible y los sectores de transporte y de movilidad deben alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. En todo caso, en el menor plazo posible.

Por tanto, la movilidad debe configurarse como servicio esencial para garantizar a toda la ciudadanía la libre conformación de la voluntad de circular y de relacionarse de forma respetuosa con su entorno. En consecuencia, los poderes públicos tienen el deber de hacer efectivo el pleno desarrollo de este derecho, sea cual sea la situación económica de la persona usuaria o su lugar de residencia, en condiciones de calidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental y económica.

• Nuevo derecho y financiación
  

  La movilidad debe ser un derecho básico y de carácter universal, dado que facilita el acceso a otros derechos. La disponibilidad de fórmulas de movilidad accesibles, económicas y diversificadas —sin olvidar la movilidad activa— es una condición previa para multiplicar y mejorar las opciones de acceso al lugar de trabajo, a la vivienda, a los centros educativos y sanitarios, a los servicios comerciales, al ocio, a la cultura, al disfrute del tiempo libre y a la práctica del deporte. Al mismo tiempo, dada la situación de emergencia climática, la movilidad tiene que ser en todo momento sostenible y los sectores de transporte y de movilidad deben alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. En todo caso, en el menor plazo posible.

  • Garantizaremos el derecho a la movilidad sostenible y saludable. se calificará la movilidad sostenible como un derecho ciudadano con el mayor rango legislativo posible, incluso se trabajará para constitucionalizarlo. Impulsaremos una ley de movilidad sostenible con objetivos de descarbonización del transporte que sean ambiciosos; una ley que considere también la movilidad activa, saludable y segura; que garantice y asegure la accesibilidad y asequibilidad para todos y todas, a través de una oferta social y territorialmente equitativa; que vele por la sostenibilidad económica y el equilibrio financiero de los sistemas de transporte público definiendo, por tanto, las fuentes de financiación. En definitiva, se pretende, por un lado, potenciar al máximo la movilidad activa (caminando y en bicicleta) mediante las infraestructuras necesarias para su desarrollo, y por el otro, poner en marcha un sistema de transporte público con una cobertura y una accesibilidad públicas de carácter universal, al mismo nivel que la sanidad o la educación.
  • Impulsaremos una financiación estatal del transporte público que permita mejorar la oferta, multiplicando las frecuencias y la disponibilidad de servicios, especialmente en los desplazamientos no radiales y en el mundo rural.
  • Convertiremos el transporte público en una alternativa con la misma disponibilidad y calidad del coche, garantizando unas tarifas asequibles y adaptadas a la renta, priorizando incrementar el uso y el aprovechamiento, en especial, de la red ferroviaria de media y larga distancia.
  • En esta misma línea se garantizará la prórroga de las bonificaciones de los bonos de transporte para aquellos trayectos en los que hayan tenido un impacto positivo en el uso del servicio.
  • Billete único, pago progresivo y digitalización. promoveremos un proceso de diálogo y apoyo financiero a las comunidades autónomas, las áreas metropolitanas y los ayuntamientos para la implantación de un billete único para todos los modos de transporte, incluidos los sistemas de alquiler de bicicletas públicas, de competencia estatal. Implantaremos modalidades de pago asociadas a la renta y a la disponibilidad de medios de transporte privados. Digitalizaremos los medios de pago, evitando las situaciones de brecha digital. Además del pago, universalizaremos la información disponible de la oferta de movilidad existente de forma clara, accesible y actualizada.
  • Implementaremos un fondo de compensación territorial por el efecto histórico de las inversiones en infraestructuras de transporte radiales, con el objetivo de compensar a las comunidades autónomas afectadas por este fenómeno. De esta manera potenciaremos los corredores transversales en todo el Estado.
  • Dotaremos al fondo para la sostenibilidad del transporte público de una financiación inicial de, al menos, el 0,25% del PIB. Además, incluiremos la sostenibilidad social, ambiental y territorial en los criterios de rentabilidad de financiación de las nuevas infraestructuras.
  • Impulsaremos la seguridad en la movilidad, dando más protección jurídica a los ciclistas y a los peatones. Aprobaremos una hoja de ruta con el objetivo de reducir la mortalidad y los accidentes, también en las áreas urbanas, con una normativa que proteja a los más vulnerables.
  • Finalmente, [...] en relación a una futura ley de movilidad sostenible y Financiación del Transporte Público que contendrá, al menos, los siguientes puntos:
  • Desarrollo de un sistema multimodal integrado de transporte público, social, eficiente, saludable, seguro, sostenible, descarbonizado, asequible, accesible e inclusivo, para todas las personas; también para las mercancías.
  • Concretaremos mecanismos de financiación del transporte público para garantizar la calidad y sostenimiento del sistema, a largo plazo y de forma estable, fijando una aportación mínima y máxima del Estado a la financiación del transporte público. También se concretarán las otras fuentes de ingresos de las que debe nutrirse el sistema.
  • Medidas específicas para garantizar que la movilidad sostenible llegue realmente al medio rural (estando debidamente adaptadas a la propia idiosincrasia de estos territorios), así como fomentar la movilidad eléctrica en todo el territorio.
  • Integraremos la eficiencia energética como eje fundamental de la ley:
    a) Optando por un sistema multimodal de transporte que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles: el peatonal, el ciclista y el ferroviario.
    b) Llevando a cabo una firme defensa y fomento del ferrocarril, tanto de pasajeros como de mercancías.
    c) Recuperando los trenes nocturnos.
    d) Poniendo a España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril, intentando alcanzar la cuota modal del 18% en 2030 respecto al total de mercancías transportadas por vía terrestre y llegando, al menos, al 35% en 2040.
  • Medidas de reducción de los graves impactos sociales, ambientales y climáticos del transporte aéreo, como pueden ser la eliminación de los vuelos domésticos entre ciudades para los que exista una alternativa ferroviaria, adecuada en términos de conectividad y seguridad, y de menos de cuatro horas de duración.
  • Mejora del planteamiento y los objetivos de los planes de movilidad sostenible en relación con el trabajo, para que reflejen la realidad del tejido empresarial de España.
  • Prioridad a la movilidad activa frente a la motorizada, especialmente en la planificación del espacio urbano, y volver a incluir el concepto de «cero emisiones».
  • Apostaremos por una estrategia estatal que impulse el uso de la bicicleta.
  • Estableceremos un criterio único para la señalización de las vías ciclables existentes y potenciar la creación y la actividad de las entidades públicas, a fin de gestionar las vías verdes, comprometiendo a todas las Administraciones en su mantenimiento

• Ciudades y territorios cercanos, accesibles y con servicios públicos.
  
  • Territorios de los 30 minutos. garantizaremos la financiación de servicios de movilidad suficientes para que la dotación de servicios públicos en el conjunto del territorio esté disponible en un tiempo de viaje inferior a los 30 minutos, con especial atención a las peculiaridades tanto de las áreas metropolitanas como de la España vaciada. Impulsaremos la creación de conexiones intermodales, incluidas las ciclistas, dignas y coordinadas con el transporte de mayor frecuencia y capacidad, para facilitar el acceso a todo el territorio estatal. Trabajaremos para que el tren y el autobús sean modos sostenibles, flexibles y eficientes de transporte.
  • Ciudades de los 15 minutos. legislaremos para que las nuevas planificaciones urbanas planteen ciudades de distancias cortas a pie y en bicicleta, de manera que todos los barrios tengan los mismos derechos garantizados: servicios públicos (escuelas infantiles, colegios, espacios deportivos y centros de salud), comercio local y espacios de ocio (calles con arbolado, parques y jardines). Se invertirá en la infraestructura necesaria para potenciar al máximo la movilidad activa (redes ciclistas, peatonales, reverdecimiento, calidad estancial, etcétera).

• Movilidad sostenible: corresponsabilidad empresarial
  
  • Desarrollaremos normativas para la implementación de planes de transporte al trabajo: las empresas con más de quinientas (500) personas en plantilla financiarán de forma finalista y justificada las infraestructuras, los equipamientos y el coste del desplazamiento al centro de trabajo de sus plantillas.
  • Aplicaremos el mismo sistema a los grandes centros de atracción y generación de movilidad (centros comerciales, polígonos industriales, centros logísticos, etcétera)."

• Mercancías, transporte aéreo, marítimo y ferrovial
  
  • Apostaremos por un sistema de transporte de mercancías sostenible. obligaremos a utilizar centrales únicas de rotura de carga y distribución de última milla, desarrollo y estabilización de corredores ferroviarios funcionales y bien conectados con los puertos y los centros logísticos. Reduciremos drásticamente los cánones de circulación en líneas ferroviarias convencionales para el transporte de mercancías e impulsaremos la descarbonización de las flotas y la ampliación de la red de ferrocarril de mercancías para que en 2040 el 80% de los traslados de mercancías se realicen a través de este medio.
  • Impulsar el transporte ferroviario. redirigiremos las inversiones ferroviarias de alta velocidad a Cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años, con el objetivo de solucionar los problemas actuales de la infraestructura, ampliar las redes existentes y garantizar la financiación para mejorar las frecuencias y la calidad de los servicios.
  • Impulsaremos estrategias que promuevan el trasvase de usuarios del avión al ferrocarril, reduciendo las tarifas de los billetes de AVE y larga distancia para mejorar la conectividad territorial. Adaptaremos la normativa, las estaciones y los trenes con el objeto de impulsar la combinación (intermodalidad) con los medios de transporte sostenibles (a pie, en bicicleta y en transporte público urbano o interurbano).
  • Garantizaremos la coordinación con otros medios de transporte sostenibles (bicicleta y transporte público) para facilitar el acceso desde los núcleos urbanos a las estaciones ferroviarias.
  • Impulsaremos la intermodalidad en todo el estado, con el ferrocarril como eje vertebrador, promoviendo los trenes nocturnos y fomentando la conectividad transfronteriza de la red española con el resto de Europa.
  • A su vez, llevaremos a cabo cuantas actuaciones sean oportunas para que, en el futuro contrato de servicio público a formalizar con RENFE, se incluyan todos y cada uno de los servicios prestados sobre relaciones ferroviarias declaradas obligación de servicio públicos que afecten a los territorios con despoblación.
  • Optimizaremos el transporte marítimo y la gestión de los puertos, mejorando las conexiones de los puertos con su hinterland, especialmente a través de conexiones ferroviarias.
  • Potenciaremos el transporte marítimo en aquellos casos en los que resulte más competitivo y sostenible, no solo para el transporte entre la Península y los archipiélagos.
  • Daremos impulso a las autopistas marítimas, adecuándolas a los flujos reales de mercancías por carretera, de forma que puedan absorber parte de los tráficos rodados que atraviesan el territorio.
  • Promoveremos la electrificación progresiva de las terminales portuarias y daremos competencias a las comunidades autónomas y a los municipios para que puedan regular el número de amarres de cruceros turísticos simultáneos.
  • Protegeremos la biodiversidad, reduciendo el ruido submarino, bajando la velocidad de entrada en los puertos y aplicando el plan SAFE para prevenir los atropellos de fauna.
  • Restringiremos las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los puertos.
  • Reordenaremos el tráfico aéreo y modernizaremos las instalaciones de los aeropuertos para reducir el impacto ambiental.
  • Limitaremos el uso de los jets privados y aplicaremos una tasa creciente sobre los viajes frecuentes en avión que entraría en vigor a partir del segundo vuelo anual.
  • Eliminaremos los privilegios fiscales del avión e implementaremos una tasa al combustible de la aviación para evitar el dumping económico de este medio en relación a los terrestres.
  • Igualmente, restringiremos las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los aeropuertos.
  • Transferiremos las competencias de gestión de puertos y aeropuertos de los diferentes territorios del Estado, para que la gestión sea conjunta con las ciudades en las que se encuentran y cuente con financiación y una actualización de las inversiones.

• Taxis
  
  • Protegeremos al sector del taxi como servicio público esencial estableciendo limitaciones a las VTC a fin de evitar la competencia desleal y garantizar las mejores condiciones de trabajo.

.2. Una sociedad del bienestar justa, saludable y verde

La acumulación de crisis económicas y sociales ha acentuado una serie de problemas colectivos que nuestro país arrastra desde hace décadas y ha creado otros nuevos, igualmente graves.

Padecemos niveles muy altos de desigualdad y la capacidad de las políticas públicas para reducirlos, aunque ha mejorado significativamente durante los últimos años, es menor que en otros países de la UE. Además, tenemos unas tasas de pobreza más elevadas que la mayoría de países del centro y norte de Europa, especialmente en lo que se refiere a pobreza infantil; una realidad que se retroalimenta con un mercado de trabajo que ha mejorado mucho gracias a la reforma laboral, pero en el que se mantienen tasas de desempleo relativamente elevadas y bolsas de subempleo.

También afrontamos problemas relacionados con las distintas etapas de la vida. La llegada a edades avanzadas de la generación del baby boom plantea desafíos al sistema de salud y a la atención a la dependencia. Por su parte, los jóvenes tienen graves dificultades para desarrollar un proyecto de vida autónomo como consecuencia de las aún mejorables condiciones laborales y, sobre todo, de los problemas de acceso a la vivienda.

España padece también un grave problema de crisis de los cuidados, que afecta particularmente a las mujeres, una gran dificultad de conciliación entre la vida laboral y familiar, y una tasa de natalidad bajísima debido a las dificultades para conciliar y al riesgo de empobrecimiento que se incrementa al tener hijos, sobre todo para las familias monoparentales. En los últimos años se han acentuado, además, un conjunto de problemas relacionados con la salud mental causados tanto por enfermedades propiamente dichas como por malestares personales ligados al estrés y a la incertidumbre laboral y social.

El Estado de bienestar que hemos heredado es insuficiente para afrontar esos retos. En consecuencia, debemos renovarlo y reforzarlo, conscientes de que esas limitaciones no afectan por igual a todos los campos de las políticas sociales. Las prestaciones de apoyo a la crianza, el sistema de ingresos mínimos, la política de vivienda social y los servicios sociales o los usos sociales y laborales del tiempo presentan un desarrollo muy limitado. Otros ámbitos, como la sanidad o la educación, tienen un desarrollo mayor, pero con estrecheces presupuestarias que los ponen en peligro y rompen su espíritu de universalidad. A esto se suma una compleja diversidad territorial: a la brecha tradicional entre zonas industrializadas y agrarias se han superpuesto otras, por ejemplo, entre áreas metropolitanas, ciudades medias y la «España vaciada».

Necesitamos avanzar hacia la construcción de políticas públicas que sean capaces de hacerse verdaderamente cargo del cuidado de la vida, fortaleciendo los lazos sociales y afectivos y apoyando a las personas para que puedan desarrollar sus propios proyectos vitales.

Y debemos hacerlo, además, teniendo en cuenta la realidad de la crisis ecológica y el cambio climático. Necesitamos imaginar un desarrollo de los derechos sociales compatible con el desacoplamiento de las nociones de bienestar y crecimiento tal y como los miden los indicadores económicos convencionales. Los derechos sociales son el fundamento de un crecimiento distinto y mejor: en autonomía, en seguridad, en libertad, en acceso a bienes culturales y educativos, en tiempo y en capacidad para intervenir democráticamente en el gobierno de nuestra sociedad.

2.1. Políticas de bienestar y de cuidados

Nuestro país cuenta con un Estado de bienestar moderno, pero con un nivel de desarrollo e implantación muy desigual en sus distintas áreas. La red de prestaciones sociales contributivas (desempleo y pensiones) ha funcionado con efectividad e integra a la mayoría de las personas trabajadoras, aunque la protección que proporciona se ajusta más a las trayectorias laborales «tradicionales» –estables y continuadas– que a las nuevas formas de empleo. En cambio, la red de protección asistencial o no contributiva (pensiones no contributivas y complementos de mínimos, Ingreso Mínimo Vital y rentas mínimas autonómicas, prestaciones de apoyo a la crianza...) es muy deficitaria: tenemos un sistema asistencial limitado, muy fragmentado, con lagunas importantes de protección y poco adaptado a las nuevas situaciones de dificultad.

En España los servicios sociales se crearon para hacerse cargo de las personas en situación de exclusión social, pero, con el paso del tiempo, las trayectorias vitales se han vuelto más variadas, inestables e impredecibles, y cada vez más gente se ve arrojada a situaciones en las que necesitan de algún tipo de ayuda o acompañamiento. Tenemos que avanzar hacia la construcción de políticas públicas universalistas, que sean capaces de ofrecer apoyo a toda la ciudadanía, convirtiendo el cuidado mutuo en uno de los pilares de nuestra democracia.

La crisis del COVID-19 marcó un antes y un después en relación con los cuidados, tanto en España como en la Unión Europea. La adopción de la Estrategia Europea de Cuidados ha supuesto un punto de inflexión y es fundamental contar con medidas ambiciosas que incorporen plenamente la perspectiva de género en el ámbito nacional. No podemos olvidar que los servicios de cuidado inadecuados tienen un impacto desproporcionado sobre las mujeres, ya que las responsabilidades de cuidado no profesionales recaen mayoritariamente sobre ellas y esto afecta a la conciliación de su vida familiar y profesional y a sus opciones de conseguir un trabajo remunerado. Se acogen a más permisos, reducen su jornada de trabajo y se retiran prematuramente del mercado laboral, agrandando la brecha laboral y de pensiones. Como además las mujeres viven más años por término medio, pero con peor salud que los hombres, necesitan más cuidados durante períodos más largos y tienen que afrontarlo con menor capacidad económica. Unas buenas condiciones de trabajo en el sector de cuidados son esenciales no solamente para garantizar la resiliencia del sector, sino también la igualdad de género. Las mujeres son quienes cuidan mayoritariamente y en la mayor parte de los casos lo hacen con trabajos parciales, precarios y mal remunerados. Carecen de perspectivas de promoción profesional y la formación disponible no es proporcional a sus necesidades de perfeccionamiento profesional. Además, algunos grupos como las cuidadoras internas o las trabajadoras domésticas son especialmente vulnerables ante determinadas condiciones de trabajo abusivas.

• Un auténtico ingreso mínimo garantizado
  

  El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido un avance muy importante y vamos a conseguir que sea una verdadera garantía de ingreso para toda la ciudadanía.

  • Para ello es necesario realizar mejoras como incluir a las personas jóvenes de entre 18 y 23 años como potenciales beneficiarios de la prestación y garantizar que las menores de 30 años puedan acceder al IMV con los mismos requisitos que se exigen al resto de población adulta.
  • La cobertura del imv se debe ampliar a personas migrantes en situación irregular, con especial énfasis en aquellas familias migrantes con hijos a su cargo.
  • En general, debe asegurarse la protección de todas las personas y familias con bajos ingresos.
  • Para conseguirlo, vamos a simplificar los requisitos exigidos para acceder a él, a reducir drásticamente la burocracia y a reforzar los recursos de la Seguridad Social a fin de agilizar tanto la tramitación de expedientes como la atención presencial y telefónica de los solicitantes, evitando con ello que potenciales beneficiarios se queden sin la prestación por las debilidades del sistema administrativo y de gestión.
  • Es igualmente importante impulsar la complementariedad de las rentas garantizadas y rentas mínimas de las comunidades autónomas con el Ingreso Mínimo Vital para asegurar que las prestaciones económicas del Estado español cubran el umbral de la pobreza fijado por la UE.

• Ayudas de emergencia social eficaces y ágiles, por cauce ajeno a la ley de subvenciones.
  
  • La emergencia social exige respuestas rápidas y eficaces por parte de la Administración. Por ello, sacaremos estas ayudas del obsoleto marco de la Ley de Subvenciones y generaremos normativa que en ese tipo de situaciones priorice un vínculo basado en la confianza -vía declaración responsable o similar- y no en la sospecha, algo desafortunadamente tan habitual con personas socialmente vulnerables.

• Universalización efectiva de los servicios sociales.
  

  Los servicios sociales deben trascender la visión asistencialista convencional para convertirse en una herramienta que garantice el bienestar del conjunto de la población. Es imprescindible aumentar la eficiencia y la calidad de la atención ciudadana, eliminando las trabas burocráticas que impiden que muchas ayudas lleguen a sus potenciales beneficiarios.

  • Impulsaremos una ley de garantía de la igualdad de acceso a los Servicios Sociales, que declare estos servicios públicos como esenciales, que convierta en derecho subjetivo el acceso a los mismos y que, además, simplifique los trámites administrativos vinculados a ese acceso.
  • Sobre todo, que asegure una financiación suficiente del sistema autonómico y local de servicios sociales públicos.

• Ley de cuidados y de sostenibilidad de la vida.
  
  • Pondremos en marcha una ley que recoja el derecho universal al cuidado y que dignifique los trabajos de cuidado, reconozca y revalorice las tareas de cuidado que asumen mayoritariamente las mujeres y apueste por un sistema público universal de cuidados, que refuerce y diversifique la oferta de servicios, de forma que los cuidados puedan prestarse mayoritariamente de forma directa por parte de entidades públicas.
  • Esa ley también promoverá medidas de concienciación que permitan un cambio de sistema y de reparto de las responsabilidades de cuidado que no se enmarcan dentro de las relaciones laborales.
  • Es necesario llevar a cabo una reorganización drástica del sistema de cuidados para construir una democracia cuidadora en todas sus dimensiones. Esto implica una transformación económica y social que debe venir acompañada también de un Pacto de Estado por los Cuidados. Nuestro país necesita un cambio urgente y profundo que priorice los derechos y condiciones de vida de las personas que necesitan de cuidados y también el reconocimiento y dignificación de las condiciones laborales vinculadas a las tareas de cuidado realizadas mayormente por mujeres.
  • Debe además prevalecer el sistema de contratación pública de servicios de cuidados y de atención a las personas con la inclusión de cláusulas sociales como mecanismo idóneo para incidir, de manera positiva, en el desarrollo de las políticas sociales.
  • Desde esta perspectiva, los cuidados deben entenderse como el motor que refuerce y transforme los pilares del Estado de bienestar. Hay que pensar en una provisión de cuidados que vaya más allá de la lógica que hasta ahora hemos imaginado: mercado, hogares y Estado.
  • Es necesario garantizar la corresponsabilidad del cuidado para sostener la vida, posibilitando nuevos espacios para la entrada de la comunidad, del tercer sector y de las personas -mujeres y hombres-, en el ejercicio y la responsabilidad del cuidado, afrontando un cambio de actitudes personales y sociales con relación al cuidado. En relación con las tareas de cuidado no remuneradas y en aras de garantizar una redistribución justa de cuidados entre hombres y mujeres es fundamental adoptar medidas que interpelen a los hombres, a las empresas y a las administraciones públicas.

• Ley de promoción de la acción comunitaria.
  

  Ante el individualismo del «sálvese quien tenga», el aislamiento y la soledad no deseada urgen herramientas que favorezcan la integración relacional, lo que exige el empoderamiento de las comunidades, elemento clave para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan un determinado territorio.

  • Para ello, necesitamos un marco normativo que facilite la creación y desarrollo de Equipos Interdisciplinares de Desarrollo Comunitario, con el objetivo de potenciar el trabajo en red con las asociaciones vecinales y las organizaciones sociales y ciudadanas que se encuentren en el territorio y sean capaces de facilitar la dinamización comunitaria. En definitiva, se trata de ir incardinando la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa.

• Duplicaremos la dotación presupuestaria del plan corresponsables
  
  • Duplicaremos la dotación presupuestaria del plan corresponsables para su implementación a través de comunidades autónomas y corporaciones locales, lo que supondría 200 millones anuales adicionales.
  • Se crearán bolsas de cuidado en domicilio o en lugares públicos convenientemente habilitados, con garantías de dignidad laboral para las personas que entren a formar parte de las mismas.
  • Fomentar el empleo en cuidados y dignificarlo mediante la certificación de la experiencia informal, para facilitar el tránsito hacia el mercado formal.
  • Se creará empleo público en sectores comunicantes con los trabajos de reproducción social (cuidados infantiles, cuidados de personas adultas, ayuda a domicilio y atención a la dependencia, regeneración medioambiental, cuidado de parques y jardines, energías renovables, etcétera).
  • Crear condiciones dignas para el desarrollo profesional del sector de cuidados resulta clave para el cambio de modelo productivo, ya que favorecería el paso de la aberración actual extractivista a una producción deseable para la sostenibilidad de la vida.

• Políticas de bienestar contra el cambio climático
  

  La calidad del medioambiente influye de forma decisiva en nuestro bienestar. El cambio climático plantea graves amenazas para la salud y el desarrollo de una vida plena, especialmente de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

  • Proponemos convertir el «confort climático» en un derecho social básico, que la administración debe estar obligada a garantizar a través de transferencias, refugios climáticos cercanos, sombras y zonas verdes.
  • Es urgente impulsar, regular y exigir la climatización sostenible de recintos que concentran a población en situaciones de vulnerabilidad, como centros educativos o residencias de mayores u hospitales, así como adaptar y ampliar los servicios públicos –bibliotecas, parques, centros deportivos...– para establecer una red suficiente de espacios seguros frente a episodios climáticos extremos, como las olas de calor o de frío.
  • Además, pondremos en marcha programas de preparación, protección y educación de la población en riesgo, que permitan identificar a los grupos en situaciones de vulnerabilidad de cada comunidad y desarrollar sistemas de alerta temprana, planificación y coordinación ante las emergencias climáticas.
  • Asimismo, desarrollaremos un plan de choque contra la pobreza energética para garantizar los suministros energéticos básicos en hogares con especial vulnerabilidad

• Bienestar y cuidados: desigualdad territorial - servicios sociales en el medio rural
  

  El bajo nivel de desarrollo de las políticas sociales en nuestro país es particularmente grave en el medio rural. Cuando una persona necesita la ayuda de servicios sociales especializados a menudo tiene que trasladarse muchos kilómetros, en zonas con un transporte público insuficiente y fragmentario.

  • Proponemos una mejora sustancial de los servicios sociales rurales, estableciendo horarios de atención en los pueblos, como ya sucede con la atención primaria, o bien protocolos para que los servicios sociales acudan y actúen con eficacia cuándo y dónde se les necesite.

• Bienestar y cuidados: estrategia para combatir el sinhogarismo.
  

  España es firmante de la Declaración de Lisboa sobre la Plataforma europea para resolver el sinhogarismo, que contiene entre sus compromisos que nadie se vea obligado a vivir en la calle por falta de una plaza de alojamiento y que las personas sin hogar pasen por un alojamiento de emergencia o de transición sólo el tiempo estrictamente necesario hasta que puedan ser ubicados en una vivienda estable.

  • Para cumplir este compromiso garantizaremos la financiación y desplegaremos la estrategia nacional para la lucha contra el sinhogarismo, 2023-2030, en la que ha estado trabajando el Gobierno de España en colaboración con los ayuntamientos, comunidades autónomas y entidades del tercer sector y que pone particularmente el foco en garantizar el derecho a la vivienda.
  • Uno de los pilares clave de esta estrategia ha de ser el principio de desinstitucionalización, impulsando un nuevo modelo de atención a personas en situación de sinhogarismo centrado en la atención en la comunidad y en la provisión de apoyos personalizados y libremente elegidos.

.2.2. El derecho a la salud

La sanidad pública ha sido uno de los pilares de nuestras políticas de bienestar. Orientada a garantizar el derecho a la salud de toda la población, ha sido una fuente de cohesión social, ha ayudado a contener la desigualdad e incluso se ha convertido en un motivo de orgullo colectivo. Con unos recursos económicos limitados, nuestro país fue capaz de construir un sistema sanitario público más solidario y eficaz que los de otros países más ricos. Sucesivas oleadas de privatización, precarización y corrupción han erosionado ese proyecto. Vamos a devolver a la sanidad pública la grandeza que nunca debió perder. Vamos a sentirnos orgullosos de nuevo de nuestra capacidad de cuidarnos mutuamente, para vivir en un país saludable y justo gracias a una sanidad pública de vanguardia, gestionada con equidad y eficiencia, capaz de reducir las desigualdades mediante políticas de salud intersectoriales, participativas y transparentes.

• Derecho a la salud: un pacto por la salud en españa
  
  • Proponemos impulsar un gran pacto por la salud, la sanidad y el bienestar en España, que garantice el derecho a la salud.
  • Para ello actualizaremos nuestro sistema nacional de salud blindando su universalidad -revirtiendo las reformas legislativas que han limitado este aspecto- y su carácter público y mejorando su eficacia y su coordinación.
  • Se rediseñará el consejo interterritorial del sistema nacional de salud para establecer una nueva gobernanza entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que junto con las asociaciones de pacientes y agentes sociales implicados garanticen la equidad del Sistema Nacional de Salud y velen por una cartera básica de servicios, programas y prestaciones común a las diferentes comunidades autónomas.
  • Desarrollaremos una ley general de salud y bienestar que asegurará una atención sanitaria integrada en los territorios y vertebrada desde la atención primaria y comunitaria.
  • El pacto incluirá un plan estratégico para la reducción de las desigualdades sociales en salud, que implicará a diferentes ministerios y agentes institucionales, a fin de abordar los determinantes sociales de la salud desde una perspectiva amplia.

• Incremento de la inversión sanitaria pública.
  
  • El gasto sanitario público aumentará anualmente medio punto del pib hasta igualar el porcentaje promedio de los diez países europeos con mayor participación de gasto sanitario público sobre el PIB.
  • Una parte sustancial de este incremento estará destinado a reforzar la atención primaria y comunitaria y la salud pública.
  • Se blindará el carácter público del sistema nacional de salud, impidiendo las formas de gestión privatizadas.
  • Promoveremos un plan de desprivatización, que incluirá los servicios de limpieza, hostelería o lavandería, a fin de garantizar una atención de calidad a los pacientes.
  • Garantizaremos la financiación de la sanidad en las comunidades autónomas, así como la garantía de retribución a aquellas que atienden población desplazada, mediante el desarrollo del Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria para compensar estos gastos sanitarios en el futuro a nivel de atención primaria, asistencia hospitalaria y dispensación de medicamentos.
  • Bse abordará igualmente la deuda sanitaria del estado por los desplazados sanitarios.

• Más y mejores servicios de salud sin listas de espera.
  
  • Proponemos incorporar a los servicios sanitarios públicos nuevas prestaciones, como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia. Son servicios sanitarios que tienen un gran impacto en la población, pero no están incluidos en la cartera básica de servicios de salud o están presentes de forma insuficiente. Su inclusión y ampliación son una vía básica para reducir las desigualdades en el acceso a la salud.
  • Además, aprobaremos una ley de listas de espera que establezca tiempos máximos de espera y garantice un registro homogéneo, transparente y fiable de las listas de espera en todo el país.
  • Se impulsará la protección y vigilancia de la salud centrada en el modelo One Health (una sola salud humana, animal y ambiental) y los sistemas de actuación ante emergencias sanitarias y pandemias.
  • En la línea de otros países europeos se trabajará en pro de una transformación progresiva de la organización hospitalaria; se avanzará hacia unidades basadas cada vez más en necesidades y tipos de cuidado, optimizando así el trabajo interdisciplinar. De este modo, se pretende pasar de plantas basadas en aparatos y sistemas, a otras basadas en necesidades de cuidados, facilitando el trabajo de los profesionales y mejorando la experiencia de los pacientes.

• Fin de la precariedad del personal sanitario: mejora de sus condiciones laborales.
  
  • Nos comprometemos a acabar con la temporalidad y la precariedad del personal sanitario, lo que es necesario para impulsar la sostenibilidad del sistema de salud y garantizar la oferta de servicios de suficiente calidad.
  • Realizaremos una reordenación de las competencias profesionales de las diferentes categorías presentes en el Sistema Nacional de Salud, llevando a cabo una actualización de la categoría profesional, dentro de un marco de trabajo cooperativo que ponga al paciente en el centro.
  • Acometeremos una reforma del estatuto marco y el resto de legislación bajo la que se regulan las condiciones de trabajo de los y las profesionales del sector sanitario, de modo que se ponga fin al sistema actual y se reconozca el derecho a jornadas y horarios racionales, previsibles y respetuosos con los derechos de los trabajadores, para garantizar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, según lo establecido en la Directiva 2003/88 (sobre tiempo de trabajo), la Directiva 2019/1152 (sobre trabajo previsible) y la Directiva 2019/1158 (sobre conciliación).
  • Acabaremos con las guardias médicas de matronas y enfermeras de 24 horas, avanzando desde el sistema de guardias a un sistema de turnos, como ocurre en otros países europeos.
  • Promoveremos la reorganización de plantillas para avanzar hacia la aplicación de la semana laboral de 32 horas en el sector público.
  • Crearemos un plan de retorno del talento dirigido a recuperar para la sanidad pública española a las y los profesionales sanitarios a quienes la precariedad ha obligado a emigrar o a abandonar el sector.

• Atención primaria fortalecida.
  
  • Plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el estado.
  • El plan supondrá la financiación directa para que las comunidades autónomas puedan aumentar personal, mejorar las infraestructuras y adquirir material sanitario.

• Un sistema sanitario con futuro.
  
  • Ampliaremos las plazas de formación de medicina, enfermería y psicología en las universidades públicas, con criterios de distribución geográfica según las necesidades de la sanidad de cada territorio.
  • Aumento de las plazas de formación mir, eir y pir y de otras especialidades, también según las necesidades.

• Salud mental.
  

  Pondremos en marcha un Plan de Choque en Salud Mental que aborde los problemas relacionados con el sufrimiento psíquico desde una perspectiva comunitaria, interdisciplinar y sensible a los determinantes sociales de la salud mental.

  • El plan incluirá campañas urgentes para mejorar la atención específica de colectivos especialmente vulnerables al sufrimiento psíquico.
  • Promoveremos un pacto de estado por la salud mental para que estas políticas partan del consenso institucional, con líneas de financiación finalista a comunidades autónomas para estrategias de salud mental, destinadas especialmente a aumentar las plantillas de profesionales de psicología, así como medidas específicas para abordar la salud mental de juventud y prevenir el suicidio juvenil, con atención específica en centros educativos.
  • Se incrementará el número de profesionales de psicología clínica, enfermería especializada en salud mental, trabajo social y psiquiatría de la red sanitaria pública con el objetivo de crear una red de continuidad de cuidados basada en los centros de salud mental comunitarios y los centros de atención primaria.
  • Se reducirán las listas de espera y los tiempos entre citas, y se garantizará el tiempo de consulta necesario para atender debidamente a los pacientes.
  • Se desarrollará una estrategia de salud mental infantojuvenil que abarque la prevención, detección precoz, promoción y atención desde una perspectiva multidisciplinar, comunitaria y que priorice la intervención psicosocial.
  • Se abordará la elaboración de los planes educativos teniendo en cuenta el impacto en la salud mental de los estudiantes.
  • Serán imprescindibles medidas en el entorno de niños y adolescentes, con promoción del ocio saludable, espacios de encuentro entre iguales, o la implantación de estrategias de interlocución entre adolescentes y autoridades (educativas, sanitarias o administrativas) para que se puedan tener en cuenta sus necesidades y demandas expresadas en sus propios términos.
  • Se incluirán medidas específicas para prevenir y atajar prácticas y problemas asociados como malos tratos (negligencia y violencia), abuso sexual, acoso escolar, ciberacoso, sextorsión, suicidio, discriminación sexual e identidad de género, xenofobia, consumo de alcohol, adicciones a sustancias tóxicas, tecnologías y apuestas así como otras conductas de riesgo.
  • Se pondrá en marcha una estrategia estatal de cero contenciones, dirigida a conseguir que las prácticas coercitivas en los centros sanitarios y entornos penitenciarios sean realmente excepcionales y siempre ateniéndose a unas causas y a través de unos procedimientos previamente protocolizados.
  • Se promoverán prácticas de cuidados en las crisis de salud mental respetuosas con la dignidad de los pacientes y se impulsarán las unidades hospitalarias de modelo abierto, el ingreso domiciliario y los modelos comunitarios intensivos.
  • Se desarrollará un plan nacional contra el suicidio que no solo refuerce la dimensión asistencial sino que también ponga el foco en las condiciones de vida y las intervenciones en el medio.

• Una farmacia al servicio del bien común
  
  • Se creará una empresa farmacéutica pública que investigue, fabrique y comercialice medicamentos, terapias esenciales y vacunas, guiándose por principios de interés público.
  • Se garantizará la independencia del sistema sanitario de la industria farmacéutica, tanto en los aspectos relacionados con la formación como con la investigación, potenciando el papel de la Agencia de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios.
  • Se avanzará en la eliminación progresiva del copago farmacéutico, priorizando a personas de rentas bajas y elaborando un catálogo de medicamentos de alto valor terapéutico exentos de copago

• Impuestos al servicio de la salud.
  
  • Se establecerá un impuesto específico a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.
  • También se crearán mecanismos para controlar la publicidad de bebidas azucaradas y, en general, de alimentos no saludables. Especialmente se prohibirá la publicidad de estos productos dirigida a un público infantil, así como las promociones como premios, regalos o concursos orientadas a apoyar esa publicidad.

• Salud sexual y reproductiva.
  
  • Promoveremos un plan de salud sexual y reproductiva que incremente el abanico de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud.
  • También se garantizará que en todas las comunidades autónomas se respete el derecho de las mujeres a llevar a cabo las interrupciones voluntarias del embarazo dentro de la red sanitaria pública.
  • Además, se trabajará para mejorar la formación de los profesionales de la salud en la detección precoz de las violencias sexuales y el acompañamiento de sus víctimas.
  • Se trazará una estrategia estatal de atención y prevención de los problemas de adicción derivados del chemsex, con participación activa en su diseño de los colectivos implicados. Como es deseable en el abordaje de cualquier adicción se planteará la problemática desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, sin estigmatización ni punitivismo, abordando de forma respetuosa la diversidad sexoafectiva.
  • Se propondrán medidas para el fomento de la salud sexual, aprovechando el mapeo de activos en salud en los distintos territorios, reforzando y apoyando la labor que realiza el tercer sector y potenciando alianzas con distintos actores a nivel sanitario, social y educativo.
  • Se implementarán políticas de prevención para evitar nuevas infecciones por vhc, vih y otras ETS.

• Derecho a la salud: maternidad
  
  • Reproducción asistida, embarazo, atención al parto y puerperio.
  • Pondremos en marcha un plan de apoyo a la maternidad que desarrollará medidas socioeconómicas de apoyo durante el embarazo y el puerperio, y mejorará los procesos de reproducción asistida, atendiendo especialmente a los grupos más vulnerables como las familias monomarentales.
  • Garantizaremos el desarrollo de la estrategia de atención al parto normal, con el fin de asegurar un trato respetuoso y erradicar todas las manifestaciones de la violencia obstétrica mejorando la implementación de los protocolos de actuaciones gestacionales y perinatales, la atención por parte de matronas, el acompañamiento por la persona elegida por la mujer gestante y los protocolos piel con piel.
  • Se promoverá también que estos principios se apliquen en la medida de lo posible en aquellos nacimientos que requieran mayor intervencionismo.
  • Promoveremos un plan integral de atención al postparto y de apoyo a la lactancia materna.
  • Crearemos planes de acompañamiento psicosocial a las familias de bebés prematuros con periodo prolongado de incubadora o afectados por otras patologías que hayan requerido ingreso prolongado al nacimiento.
  • Promoveremos una estrategia estatal de atención y acompañamiento al duelo perinatal.

• Atención a la enfermedad crónica
  

  La cronicidad de la enfermedad es uno de los retos primordiales a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario.

  • Para afrontarlo vamos a impulsar una nueva norma que regule la condición de persona enferma crónica en el Sistema Nacional de Salud. De este modo, se establecerán los derechos, las prestaciones, los beneficios y las características de la atención sanitaria y social que ha de recibir la persona enferma crónica para que cuente con una cobertura adecuada.

• Atención a las adicciones.
  
  • Incrementaremos las plazas públicas en las comunidades terapéuticas de tratamiento de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, y crearemos una específica para infancia y adolescencia.

• Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (muface-mugeju-isfas)
  
  • Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público.
  • Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos.

• Regulación íntegra del cannabis
  
  • Regulación íntegra del cannabis y el modelo de asociaciones cannábicas basadas en el autoconsumo y sin ánimo de lucro. Se legislará para acabar con el vacío legal existente, despenalizando la producción y el consumo propio y sin ánimo de lucro para no favorecer a las mafias que se enriquecen con el tráfico ilegal, y se fomentará la información sobre los efectos del consumo de drogas para un consumo responsable y libre.
  • Legalizaremos el uso del cannabis con fines medicinales.
  • El cannabis se regulará íntegramente en el nuevo contexto nacional e internacional, desde planteamientos respetuosos con los derechos humanos, la evidencia científica, la realidad social, la salud individual y colectiva y la necesaria protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

• Sanidad penitenciaria
  
  • Se culminará la transferencia autonómica de las competencias en materia de sanidad penitenciaria estableciendo las garantías suficientes para su mejora con respecto a la situación actual.

.2.3. Protección de los derechos de los niños y las niñas y de sus familias

La forma en la que hoy tratamos a la infancia define cómo es nuestro país y cómo va a ser en el futuro. Se ha de garantizar una eficaz protección de los derechos de los niños y las niñas y de sus familias.

La crianza de los hijos y las hijas es compleja, enfrenta las dificultades derivadas de las extensas jornadas laborales, la falta de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, o los procesos de rápida transformación tecnológica y cultural que estamos viviendo. Se trata de problemas complejos, conectados con la crisis de los cuidados y con la invisibilización del trabajo reproductivo que realizan mayoritariamente las mujeres.

Nuestras políticas sociales no están respondiendo a estos desafíos. España es uno de los países de la UE que menos invierte en la infancia y las ayudas públicas para apoyar a las familias en la crianza, así como las infraestructuras públicas para el cuidado, son claramente insuficientes. Como consecuencia, somos uno de los países europeos con mayor pobreza infantil y con menor tasa de natalidad.
Ha llegado el momento de crear un auténtico sistema de protección social universal de la infancia que, respetando la diversidad de estructuras familiares, apoye a las madres y a los padres en la crianza, para asegurar el bienestar y las oportunidades de desarrollo de todos los niños y las niñas en igualdad de condiciones. Necesitamos poner en marcha instrumentos innovadores de intervención social para afrontar estos retos, pero también reforzar o ampliar las políticas públicas clásicas de apoyo a la infancia y a la crianza, que en nuestro país nunca han llegado a desarrollarse plenamente.

Una de las claves para ello es dar un potente impulso normativo para la introducción del enfoque de derechos en la atención a la infancia. Esto implicará crear un comité de seguimiento de las resoluciones de los órganos internacionales de derechos humanos, que vele por el cumplimiento de las resoluciones de los comités de tratados, de las observaciones finales de los informes periódicos y de las medidas cautelares y los dictámenes emitidos ante quejas individuales; también la creación de un consejo audiovisual para vigilar y sancionar las intromisiones en el derecho al honor, en la intimidad familiar y personal y en la propia imagen de niños, niñas y adolescentes; la promulgación de una carta para la protección del menor no acompañado; y la organización de equipos de mediación especializados en la resolución de conflictos en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social de la infancia

• Protección derechos infancia y familias: prestaciones e inversión
  
  • Una prestación universal por hijo e hija de 200€ al mes. las prestaciones familiares son uno de los elementos más débiles del Estado del bienestar en España; como consecuencia de ello, padecemos unos índices de pobreza infantil mucho mayores que los de otros países de nuestro entorno. Proponemos unificar las actuales prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social (a extinguir), el complemento por ayuda a la infancia del IMV y la deducción fiscal por madre trabajadora en una nueva prestación universal por cada hijo e hija menores de 18 años que será de 200€ al mes, en forma de una deducción fiscal o de una prestación que puedan percibir mensualmente todas las familias que cumplan esas condiciones.
  • Más inversión en protección de la familia y la infancia. nuestro país tan solo invierte el 1,6% de su PIB en protección social de la familia y la infancia. Eso nos sitúa muy lejos del 2,4% de la media europea y a enorme distancia de países como Dinamarca, por ejemplo, que dedica a este concepto el 3,5% de su PIB. Es urgente alcanzar la media europea para reducir las escandalosas cifras de pobreza infantil de nuestro país, implementando de manera efectiva la Garantía Infantil Europea y su Plan de Acción por parte de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. El incremento de la inversión también servirá para desarrollar una cartera de servicios y prestaciones en materia de política infantil que beneficiarán al conjunto de las familias españolas.
  • Educación infantil de 0 a 3 años. la oferta de los servicios públicos de educación infantil de 0 a 3 años es muy insuficiente para cubrir la demanda de las familias. Vamos a asegurar una oferta que pueda responder a la demanda, así como plazas gratuitas y de calidad.
  • Asimismo, se garantizará la calidad de los servicios públicos, reduciendo las ratios de alumnado por aula y mejorando la formación y las condiciones de trabajo de los educadores y las educadoras.
  • Además, proponemos flexibilizar los horarios de apertura y diversificar las estructuras de los servicios de educación infantil para ofrecer una solución a las familias monoparentales, con horarios de trabajo atípicos, o que estudian, o que buscan trabajo.
  • Comedores escolares gratuitos y saludables. vamos a legislar para implementar progresivamente el derecho universal a comedores escolares gratuitos en todos los tramos de la enseñanza obligatoria. Queremos garantizar una alimentación adecuada para toda la infancia, considerando el tiempo de comedor escolar como parte del proceso educativo y previniendo la aparición de trastornos de la alimentación. Pondremos en marcha una nueva regulación que asegure una alimentación saludable y sostenible en todos los comedores escolares a través de la compra de productos de proximidad.

• Protección derechos infancia y familias: cuidados y permisos parentales
  
  • Mejora de las reducciones de jornada por cuidados familiares. la reducción de jornada por cuidados familiares es un derecho que implica una merma en los ingresos percibidos, de ahí que la mayoría de los padres y, especialmente, las madres, no puedan siquiera plantearse ejercerlo. Estableceremos una prestación económica, condicionada al tipo de familia y a la renta, para fomentar que las personas trabajadoras con menores salarios y las familias monoparentales puedan optar a la reducción de jornada para el cuidado de niños y niñas o personas dependientes.
  • Además, ampliaremos hasta los 16 años el requisito de edad del hijo o hija menor que da derecho a solicitar la reducción. Actualmente, el límite de edad está en los 12 años, edad en la que la mayoría de los niños y las niñas acceden a la educación secundaria, donde se ofrecen escasos servicios extraescolares o de ampliación de jornada.
  • Ampliación y mejora del permiso parental. nos comprometemos a remunerar y ampliar el permiso parental, recientemente creado, a diez semanas hasta los 12 años, para equipararlo al que ya existe en otros países de la UE. Podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial.
  • Además, garantizaremos la remuneración adecuada de estos permisos para que puedan constituir una opción real para las familias, en especial las monoparentales (para estas, igualaremos la duración del permiso al de las familias biparentales) y aquellas con rentas bajas.
  • Se avanzará progresivamente en la ampliación del permiso por maternidad o paternidad hasta alcanzar los seis meses.
  • Además, se reformará la normativa para permitir que las seis semanas obligatorias del permiso por nacimiento y cuidado no sean forzosamente simultáneas para ambas personas progenitoras, y se les devolverá la capacidad de elegir cuándo usar las semanas de permiso voluntario.
  • Permiso de cuidados para enfermedades comunes. cualquiera que tenga a cargo hijos o hijas menores de edad, o familiares en situación de dependencia, sabe hasta qué punto las enfermedades de diferente gravedad y las urgencias quiebran los arreglos de conciliación cotidianos. Nos comprometemos a hacer efectivo el recién aprobado permiso de cinco días (al igual que el permiso de cuatro días por razones de fuerza mayor), cumpliendo con la directiva europea de conciliación que introdujo el permiso para cuidadores de cinco días, con el objetivo de ampliarlo, al menos, a siete días.
  • Apoyo a las familias monoparentales. ampliaremos los avances de esta legislatura en la protección de las familias monoparentales, haciendo que la prestación por nacimiento para familias monoparentales llegue a 32 semanas, con la posibilidad de compartir parte de ese permiso con otras personas.
  • Se reconocerá a las familias monoparentales con uno y con dos hijos o hijas los mismos derechos que a las familias numerosas y se desarrollarán ayudas específicas a la conciliación y la vivienda para estas familias con mayores dificultades al no poder compartir el cuidado.

• Protección derechos infancia y familias: violencia, salud mental y atención temprana
  
  • Garantizaremos el derecho a una vida libre de violencias. durante la pasada legislatura se dio un paso importante con la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Este nuevo marco, que interpela a todos los sistemas, agentes y sectores que tienen relación con niños, niñas y adolescentes, supone un cambio de paradigma y un reto que solo puede enfrentarse con el apoyo explícito del Gobierno central. Se incrementará la dotación pública ya existente para poner en marcha un programa que lleve a cabo los cambios necesarios para cumplir con la ley y respetar su espíritu por medio de un acuerdo entre la Administración central, las autonómicas y las locales.
  • La creación de una oficina que garantice el diálogo y la coordinación entre los distintos sistemas facilitará una mayor toma de conciencia sobre la importancia del texto aprobado el 4 de junio de 2021.
  • Asimismo, se creará una fiscalía y juzgados especializados en violencia contra la infancia para vigilar la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra niños y niñas.
  • Salud mental en la infancia. es necesario garantizar servicios de prevención, detección precoz y atención de la salud mental en la infancia desde una perspectiva multisectorial y comunitaria. Para ello, impulsaremos la implementación efectiva y urgente de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud para el periodo 2022-2026 y su Plan de Acción de Salud Mental.
  • Atención temprana. se ha de reconocer y garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a la atención temprana como un derecho subjetivo, universal, público y gratuito, incorporándose a la cartera básica común de servicios del Sistema Nacional de Salud y aprobando una ley de atención al desarrollo que lo reconozca y lo garantice.
  • Para ello, se trabajará de forma coordinada con los sistemas de salud y con los servicios sociales y educativos, a nivel autonómico y estatal, para que la atención temprana de calidad sea una realidad para todos los niños y las niñas menores de seis años, con independencia del lugar de residencia y del servicio responsable de llevar a cabo las actuaciones preventivas y de promoción del desarrollo holístico del niño o la niña.

• Protección derechos infancia y familias: protección y acogimiento de niños migrantes
  

  Se prestará especial atención a las problemáticas concretas que presentan los niños y las niñas migrantes no acompañados, refugiados o solicitantes de asilo.

  • Se impulsarán las acciones necesarias para garantizar que todas las medidas que se tomen respecto a los niños y las niñas migrantes no acompañados, refugiados o solicitantes de asilo atiendan a la consideración primordial que tiene su interés superior. En este sentido, se revisarán la Ley 26/2015 de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, del 28 de julio, y en concreto los procedimientos de determinación de la edad de los/las niños/as extranjeros/as no acompañados/as, para que se ajusten a lo que establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el resto de normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
  • Promoveremos un pacto de estado para la acogida y la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que impulse el acceso al permiso de residencia y de trabajo una vez hayan alcanzado la mayoría de edad y continúen en territorio español.

• Protección derechos infancia y familias: adopción, participacion infantil y equiparación familias monoparentales a numerosas
  
  • Promoción y apuesta por la participación infantil. garantizaremos que los niños y las niñas tengan la oportunidad de ser escuchadas en todos los procedimientos que les afectan, habilitando los foros de participación infantil adecuados a todos los niveles para que la infancia participe y tenga voz.
  • Ley estatal de familias que reconozca las diferentes modalidades de familias, que equipare las familias monoparentales con las familias numerosas en cuanto a derechos y ayudas, y blinde los permisos y los derechos por cuidado familiar.
  • Mejora de los procesos de adopción internacional para que garanticen los derechos de las niñas y los niños en los países de origen y dotarlos de mayor transparencia, además de trabajar para eliminar las restricciones de terceros países a la adopción internacional por parte de familias LGTBI+.

.2.4. Envejecer con autonomía y seguridad

El incremento de la esperanza de vida ha hecho aumentar significativamente el porcentaje de personas mayores de 65 años en el conjunto de la población. A pesar de los avances sanitarios y la mejora de sus condiciones de vida, más de la mitad de esas personas tienen problemas de salud, un fenómeno que se intensifica a partir de los 75 años. La atención a esas dificultades de enfermedad y dependencia la asumen mayoritariamente las familias y, dentro de ellas, las mujeres, con el enorme esfuerzo económico y personal que ello supone.
Somos ya un país de personas mayores y necesitamos que las políticas públicas garanticen la corresponsabilidad de los cuidados desde las instituciones y posibiliten que se afronte esa etapa de la vida con autonomía y con seguridad, desempeñando un papel activo en todos los ámbitos de la sociedad. El envejecimiento no debería significar nunca más un déficit de nuestra libertad o de nuestra actividad ciudadana ni una carga insoportable para nuestras personas allegadas.

• Cuidados y autonomía
  
  • Seguridad económica de las personas mayores. vamos a asegurar que los ingresos mínimos de las personas mayores sean suficientes para un buen envejecimiento, complementando las pensiones más bajas y en especial las no contributivas para asegurar que no condenan a nadie a la vulnerabilidad social.
  • También se establecerán ayudas económicas para la adaptación de la vivienda con el fin de mejorar la autonomía y la accesibilidad, previniendo accidentes y caídas y facilitando la movilidad, para mantener el confort térmico en el hogar y para desarrollar actividades de ocio cultural y de ejercicio físico.
  • Cuidados y apoyos con buen trato y dignidad. vamos a impulsar un cambio profundo en el modelo de provisión de cuidados y apoyo a las personas mayores, superando el modelo familista y reforzando la implicación pública. Reformaremos la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para transitar hacia una red pública de base comunitaria de atención a la dependencia, y aseguraremos la cofinanciación del sistema de dependencia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo con la ley.
  • Acabaremos progresivamente con la concertación con el sector privado mercantil, potenciando los servicios públicos e integrando en la red pública a las empresas de economía social.
  • Avanzar hacia el buen cuidado. promoveremos un cambio cultural en materia de cuidados que sitúe a las personas en el centro (personas mayores, profesionales y familiares), priorizando la atención domiciliaria frente al modelo residencial.
  • Dignificaremos el trabajo profesionalizado de los cuidados, introduciendo mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los cuidados remunerados, garantizando una buena formación, mejorando la calidad de los servicios y haciendo atractivo el empleo en el sector. Garantizaremos la igualdad de derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar y los cuidados mediante la transposición completa del convenio 189 de la OIT; el reconocimiento de la experiencia laboral o de vías no formales de formación; la promoción de fórmulas de acceso a la formación profesional; y la mejora de los mecanismos de inspección laboral para garantizar unas condiciones de empleo dignas.
  • También estableceremos medidas para reconocer el valor y apoyar los cuidados no remunerados, haciendo efectiva la voluntariedad que debe caracterizar siempre el cuidado en el seno familiar y el derecho a no cuidar, y promoviendo acciones de apoyo y acompañamiento para favorecer el buen cuidado y el autocuidado.
  • Pondremos en marcha un programa de prevención e intervención frente al maltrato a las personas mayores, tanto en el ámbito institucional como en el doméstico.
  • Envejecer en el hogar y en el entorno comunitario. la mayoría de la gente desea permanecer en sus hogares incluso a edades avanzadas y, sin embargo, el sistema las empuja a que ingresen en una residencia. Queremos que las personas mayores puedan vivir en casas, en sus barrios y en sus pueblos con variedad de opciones y capacidad de elección idénticas al resto de la población. Promoveremos un modelo de apoyos y cuidados local y con base comunitaria que garantice el equilibrio y la integración de todos los agentes comprometidos en la atención a las situaciones de dependencia.
  • Para ello, aprobaremos e implementaremos la estrategia estatal de desinstitucionalización; incrementaremos la financiación estatal de la atención a la dependencia hasta alcanzar la media europea, asegurando que alcance el 50% de la inversión total;
  • Revisaremos el catálogo de servicios y prestaciones, mejorando las intensidades horarias y las cuantías económicas; y reformularemos el actual modelo de gobernanza para desburocratizar y agilizar el sistema.
  • Un nuevo modelo de residencias. revisaremos urgentemente las normativas de residencias de mayores para que garanticen unas condiciones de vida dignas. Las residencias deberán acreditar una calidad asistencial adecuada, ratios suficientes de personal de atención, condiciones higiénicas y sanitarias óptimas y un proyecto sociosanitario sólido. Se establecerán nuevos mecanismos rápidos y eficaces de inspección y sanción que aseguren el cumplimiento riguroso de la normativa y en particular del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobado hace un año.
  • Se crearán consejos de residentes y familiares a través de los que se podrá controlar el cumplimiento del marco normativo y la calidad de la atención.
  • Además, avanzaremos en un proceso de desinstitucionalización de las residencias, a partir de su organización en unidades de convivencia donde las personas disfruten de una vida digna y donde se les respete la libertad de elección y el control de las decisiones que afectan a sus vidas, garantizando la preservación de la identidad y la intimidad de la persona y de su entorno familiar. En ese sentido, desarrollaremos fórmulas alternativas de vivienda en la línea de las viviendas colaborativas, compartidas y viviendas con servicios.
  • Ciudades y pueblos amigables. un diseño de los entornos urbanos que tenga en cuenta las necesidades de las personas mayores repercute en beneficios para el conjunto de la población: hace de nuestras ciudades y nuestros pueblos lugares más habitables, seguros y verdes.
  • Impulsaremos iniciativas públicas y comunitarias que sirvan para incrementar y diversificar los espacios y los equipamientos de uso común para que tanto el espacio público como la estructura de viviendas particulares sean inclusivas y faciliten nuevas formas de relación comunitaria, solidaria e intergeneracional.
  • Se promocionarán proyectos de innovación territorial que busquen sinergias entre cuidados, empleo, cultura y vivienda, en la línea de iniciativas internacionales como la Nueva Bauhaus Europea, las Urban Innovative Actions o Reinventing Cities.
  • Un pacto intergeneracional. impulsaremos un pacto intergeneracional que garantice el derecho a desarrollar un proyecto vital en cada fase de la vida y que incluya reformas legislativas que luchen contra la discriminación por edad en los ámbitos laboral, sanitario, administrativo, cultural y educativo, entre otros.
  • También se promoverá la participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad sin obstáculos ni barreras. Se impulsará la puesta en valor de las aportaciones diferenciales de las personas mayores. En el sistema educativo, se reconocerá el valor social de la transmisión de conocimientos y experiencias de vida. En la organización laboral, se fortalecerá el trabajo cooperativo entre personas de todas las edades. En los espacios de participación, se evitará la segmentación por edad. En la cultura, se estimulará la movilización y el desarrollo de iniciativas que superen el edadismo todavía vigente y se apoyará a creadores y creadoras mayores.

• Atención sanitaria e investigación
  
  • Atención sanitaria específica. se impulsará la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de salud en personas mayores desde la atención primaria y comunitaria, mediante plantillas que incluyan profesionales de la medicina de familia y de la enfermería comunitaria, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, psicólogos, dentistas y podólogos. Estos equipos multidisciplinares recibirán formación continua y específica en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos crónicos, las limitaciones de movilidad y el deterioro de la función cognitiva en personas mayores y en los efectos del cambio climático sobre la salud de las personas mayores.
  • Además, pondremos en marcha un plan de ayudas para la compra de audífonos: los pensionistas que lo necesiten y que tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional vigente verán financiado el 80% del coste.
  • Salud mental y soledad no deseada. se pondrá en marcha un programa de apoyo psicológico y social a las personas mayores que estén en situaciones de mayor vulnerabilidad, en especial a las que se encuentran en situación de aislamiento social.
  • Desarrollaremos iniciativas destinadas a las personas mayores en situación de soledad no deseada, en el marco de intervenciones comunitarias y con la implicación ciudadana.
  • Autonomía al final de la vida. un aspecto que no puede dejarse de lado al abordar políticas dirigidas al cuidado de las personas mayores es el del final de la vida, garantizando que puedan suministrarse cuidados paliativos en los domicilios cuando así se desee y reconociendo la necesidad de tener una muerte digna, en coherencia con lo establecido en la Ley de Regulación de la Eutanasia.
  • Investigación sobre el buen envejecer. nuestro país tiene serias carencias de conocimiento respecto al envejecimiento y los cambios demográficos que se avecinan. Queremos promover la investigación en este ámbito para conocer cuáles son las transformaciones sociales y del entorno físico que promueven el buen envejecimiento, teniendo en cuenta la diversidad y la heterogeneidad de las personas mayores. Se requieren investigaciones poblacionales sobre planificación, gestión y evaluación para ofrecer alternativas innovadoras que sirvan de guía a las políticas públicas.

.2.5. Inclusión de personas con discapacidad

Uno de los objetivos más importantes de las políticas de bienestar es asegurar la autonomía y la libertad de toda la ciudadanía. En nuestro país, las personas con discapacidad han padecido tradicionalmente un menoscabo de su derecho a llevar una vida independiente y tomar sus propias decisiones sobre cómo desean vivirla. Vamos a garantizar que todas las personas con discapacidad puedan desarrollar un proyecto vital propio sin barreras sociales que limiten sus opciones.

• Inclusion personas con discapacidad
  
  • Derecho a la igualdad, la inclusión y la vida independiente. nuestro compromiso es retomar de inmediato el proceso de reforma del artículo 49 de la Constitución española, ya iniciado por el Gobierno de España y por el Congreso de los Diputados (con el apoyo mayoritario de los grupos políticos) en 2018, pero sucesivamente frustrado por dos disoluciones anticipadas de las Cortes Generales. Hay que garantizar la igualdad y la inclusión como derecho fundamental siguiendo el enfoque, los contenidos y la terminología de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006.
  • Trabajaremos por el reconocimiento de la lengua de signos española y de las lenguas de signos gallega, vasca y catalana (con sus variantes dialécticas) como lenguas a impulsar y a proteger por parte de las instituciones públicas.
  • Vida independiente. vamos a acabar con la institucionalización forzosa de las personas con discapacidad a través de una estrategia estatal de inclusión en la comunidad y en coherencia con la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización.
  • Se proporcionará a las personas con discapacidad que lo necesiten los recursos y apoyos necesarios para que puedan desarrollar una vida libre y autónoma en el seno de la comunidad, fomentando la desinstitucionalización. Todo ello en función de las características, las necesidades y las preferencias específicas de cada una. Se generalizará la prestación de asistencia personal, estableciéndola como la opción preferente dentro del sistema. Esta prestación la ofrecerán siempre las Administraciones a las personas a las que se les reconozca la situación de dependencia, garantizando la cualificación profesional del asistente personal y que la dotación económica de la ayuda sea suficiente para cubrir los gastos que origine la atención a la persona con discapacidad.
  • Accesibilidad. un requisito necesario para que las personas con discapacidad puedan desarrollar un proyecto vital propio es que todos los entornos, productos, bienes y servicios sean accesibles. Según la legislación vigente, en 2017 terminó el plazo para que todos los entornos, productos y servicios fuesen universalmente accesibles. Exigiremos el cumplimiento efectivo y urgente de ese mandato legal. Para ello, contaremos con los fondos de las denominadas «cuentas durmientes» para financiar las actuaciones en materia de accesibilidad (tal y como hace posible una reciente reforma de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas), de modo similar al que tan buenos resultados ha dado en la recuperación del patrimonio histórico y artístico español.
  • Se reformará la ley de propiedad horizontal para que los costes de obras y actuaciones de accesibilidad en elementos comunes de comunidades de propietarios donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos por las propias comunidades de vecinos, habilitando ayudas públicas suficientes para que el esfuerzo económico sea viable.
  • Mujeres con discapacidad. las mujeres y las niñas con discapacidad padecen una doble discriminación que aumenta las probabilidades de sufrir algún tipo de violencia por parte de familiares, parejas o cuidadores, y disminuye la probabilidad de acceso al empleo. Desarrollaremos acciones para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, erradicar las violencias que sufren y corregir la brecha que sufren en su acceso al empleo.
  • Empleo con apoyo. el empleo con apoyo es una de las modalidades de acceso laboral con más potencial inclusivo. Se elaborará una regulación normativa del empleo con apoyo que incremente las partidas presupuestarias dedicadas a su despliegue, para impulsar su expansión y la multiplicación del número trabajadores y trabajadoras con discapacidad acogidos a esta fórmula laboral.
  • Fiscalidad inclusiva. se impulsará una fiscalidad favorable a las personas con discapacidad y sus familias, con el fin de promover la inclusión social y compensar el sobrecoste que supone la vida activa en la comunidad para las personas con discapacidad.
  • Además, se elevará del 0,7% al 1% la asignación tributaria de interés social, tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el impuesto de sociedades para garantizar la sostenibilidad del tercer sector de acción social.
  • Participación política. la participación política, a través del voto, es esencial para todas las personas en cualquier país democrático, por lo que se hace absolutamente necesario que las personas con discapacidad puedan ejercer, de forma autónoma, el derecho a voto en todo proceso electoral, haciendo efectivas las recientes mejoras normativas. Se adoptarán las medidas necesarias para eliminar los obstáculos que actualmente enfrentan las personas con discapacidad.
  • Participación social, educativa, deportiva y cultural. se avanzará en la implementación de estrategias nacionales y programas formativos para agentes sociales culturales, deportivos, educativos y culturales, con la participación preferente de profesionales en primera persona, que favorezcan la no discriminación efectiva y la inclusión plena de las personas con discapacidad en la vida social, educativa, deportiva y cultural.

6. Un país para jóvenes

Nuestro país afronta un grave problema de inequidad generacional que se superpone a otras formas de desigualdad tradicionales, como las económicas o las de género. La juventud ha padecido con particular intensidad la acumulación de crisis económicas y sociales sin que apenas existan políticas de bienestar específicas para apoyar a las personas jóvenes. Como resultado, millones de jóvenes tienen que aplazar indefinidamente sus expectativas de desarrollar un proyecto de futuro propio, con consecuencias negativas tanto en el plano personal, con un gran impacto en su salud mental, como para el conjunto del país, que se ve privado de su talento y su energía. Es urgente impulsar políticas públicas ambiciosas que acaben con la desigualdad generacional y proporcionen a los jóvenes la oportunidad de realizar sus proyectos de vida y definir el país en el que desean vivir.

• País para jóvenes
  

  • reconocimiento del derecho de sufragio a partir de los 16 años. Problemas cruciales de largo recorrido como la emergencia climática, la transición energética o la explotación de recursos naturales prefiguran de forma irreversible el escenario social y natural en el que los jóvenes de hoy podrán desarrollar sus proyectos de vida. Es de justicia que quienes van a ver condicionadas sus alternativas de futuro participen en la toma de decisiones y en las políticas que estamos desarrollando ahora, pues necesitan hacer frente a esos problemas presentes y futuros de los que ellos van a ser protagonistas.

  • Pacto de estado por la juventud. impulsaremos un pacto de estado por la juventud que no se limite a promover medidas que favorezcan a las personas jóvenes, sino que además comprometa a las distintas fuerzas políticas en la consideración de las necesidades de este colectivo como un vector crítico en la elaboración de cualquier política pública. En particular, las personas jóvenes serán consideradas interlocutores necesarios, en cuanto colectivo particularmente concernido, en cualquier proceso de negociación relacionado con transformaciones medioambientales, climáticas, energéticas y, en general, en cualquier desarrollo legislativo que afecte a la transición ecosocial.
  • Desarrollaremos normativamente el artículo 48 de la constitución española, como mínimo, con una ley de participación juvenil donde se regule de forma específica el movimiento asociativo juvenil, y que incluya áreas jóvenes de sindicatos, partidos políticos, organizaciones religiosas y empresariales.

  • plan integral de salud mental. impulsaremos medidas específicas para atender y prevenir los problemas de salud mental entre las personas jóvenes. Se establecerán herramientas de escucha y de diálogo entre los jóvenes y las autoridades sanitarias, de modo que los primeros puedan expresar sus necesidades y demandas en sus propios términos.

  • Se pondrán en marcha medidas para que en el ámbito educativo se profundice en la atención a la salud mental, con programas de sensibilización y detección precoz dirigidos al personal docente que eviten la patologización de la diversidad. Los planes educativos se elaborarán necesariamente teniendo en cuenta el impacto en la salud mental de las y los estudiantes.
  • Se impulsarán planes de prevención del suicidio en los centros educativos, que contarán con personal especializado y recursos suficientes para desarrollarlos.
  • Se fortalecerá el sistema público de atención a la salud mental juvenil, reduciendo al mínimo las listas de espera, con especial atención a la prevención del suicidio, los trastornos de la conducta alimentaria y la ludopatía, garantizando el acceso a terapia individual y grupal de los jóvenes en la red pública.
  • Plan nacional del fomento del uso del anticonceptivo, basado en la educación sexual integral, acceso gratuito y universal a métodos anticonceptivos, el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo, la producción nacional de anticonceptivos genéricos y la promoción de relaciones sexuales saludables y seguras. El objetivo del plan es garantizar el acceso equitativo a los distintos métodos anticonceptivos y empoderar a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.
  • Plan de emancipación juvenil. las personas jóvenes españolas están entre las que más tarde se independizan de la Unión Europa y es una situación que ha empeorado en la última década. La emancipación tardía no deseada afecta a las oportunidades de desarrollar un proyecto de vida propio y autónomo, lo cual tiene un gran impacto en muchos aspectos, especialmente en la salud mental de las personas jóvenes. Al margen de políticas públicas generales, como las políticas laborales, el incremento del parque de vivienda pública y la limitación de los precios de los alquileres, es imprescindible desarrollar proyectos específicos que faciliten la independencia de las personas jóvenes que la deseen. Por ello, pondremos en marcha un plan de ayuda a la emancipación juvenil con un paquete de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes en todas las comunidades autónomas.
  • Más y mejores becas y ayudas al estudio. vamos a impulsar, en la Universidad, en la educación secundaria y, muy especialmente, en los estudios superiores no universitarios, la ampliación y la modernización de los sistemas de becas y ayudas al estudio, cuya partida presupuestaria se seguirá ampliando significativamente.
  • Se eliminará el sistema variable de becas, de modo que los y las estudiantes conocerán con suficiente antelación si pueden contar con una ayuda al estudio y la cuantía de la misma.
  • Las administraciones estarán obligadas legalmente a ingresar el importe de la beca durante el primer trimestre del curso.
  • Inversión pública en formación profesional y recualificación. se impulsará la inversión pública en la formación profesional para revertir el rápido proceso de privatización que están experimentando los ciclos formativos.
  • Además, se pondrá en marcha una batería de medidas de acreditación para que las personas jóvenes que abandonaron tempranamente su formación adquieran las competencias que precisan para su recualificación profesional.
  • Puesta en valor del voluntariado juvenil y la adquisición de competencias. reconoceremos la educación no formal y el voluntariado juvenil como herramientas educativas, así como la homologación de titulaciones de tiempo libre entre autonomías. Pondremos en marcha un sistema público de acreditación de las competencias adquiridas en el voluntariado y en la educación no formal.
  • Coordinación efectiva de las políticas de juventud. impulsaremos el injuve como organismo para el intercambio y fomento de las buenas prácticas en materia de juventud y la Comisión Interministerial de la Juventud.

7. Migraciones. frenar el racismo y la xenofobia

España debe emprender una reforma sistémica y estructural, acorde con la creciente diversidad étnico-racial, que asegure la protección de los derechos humanos, promoviendo el bienestar colectivo y abordando las situaciones de discriminación y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas inmigradas y racializadas. Debemos facilitar el desarrollo de una sociedad cohesionada, donde todas las personas puedan perseguir su proyecto de vida y contribuir al desarrollo económico y social del país.

• Una ley integral contra el racismo
  
  • Impulsaremos una ley integral contra el racismo, cuyo objetivo sea prevenir y, en su caso, denunciar, sancionar y reparar la discriminación racial, el racismo institucional y estructural, y las formas conexas de intolerancia en aras del fomento de la igualdad y la justicia racial.

• Impulsaremos la administración digital en todos los organismos vinculados a la movilidad internacional
  
  • Para facilitar la gestión migratoria y mejorar la experiencia de las personas usuarias de los servicios consulares y de extranjería, se estandarizarán, se digitalizarán, se agilizarán y se simplificarán los procedimientos y los trámites consulares en todo el mundo, así como los de extranjería, manteniendo una atención dual (presencial y telemática).
  • Para reforzar la conexión entre los usuarios y la administración, se desarrollará una aplicación móvil que acompañe en los procedimientos de información de las personas emigradas e inmigradas.

• Reforma y actualización de la ley y del reglamento de extranjería
  

  La Ley y el Reglamento de Extranjería generan alta inseguridad jurídica, además de mantener procedimientos extremadamente complejos para la población.

  • Se simplificarán y se unificarán los procedimientos de solicitud de residencia.
  • La irregularidad supone para el estado español un coste medio anual de entre 2.200 y 2.400 euros por inmigrante, mientras que la regularidad podría suponer un beneficio de 790 y 950 millones de euros por año para las arcas públicas.

• Reforma de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en españa y su integración social (loex)
  

  La Ley y el Reglamento de Extranjería generan alta inseguridad jurídica, además de mantener procedimientos extremadamente complejos para la población.

  • Que prime los criterios de reconocimiento de derechos y que introduzca un procedimiento de regularización permanente.

• Desarrollo del reglamento de la ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, sistematizando el acceso al asilo por vía diplomática
  
  • Con ánimo de reducir o evitar en la medida de lo posible las migraciones internacionales irregulares, inseguras para los migrantes, se desarrollará el artículo 38 de la Ley de Asilo y se establecerá un procedimiento para atender los casos que se presenten fuera del territorio estatal.
  • En el futuro procedimiento, los consulados y las embajadas de españa recibirán las solicitudes de manera presencial o virtual y garantizarán el acceso físico a la representación diplomática o habilitarán un espacio seguro para atender a las personas solicitantes.
  • El ministerio de asuntos exteriores, unión europea y cooperación facilitará el traslado a España de las personas a las que se otorgue protección o de las que se autorice su traslado durante la tramitación del procedimiento.

• Refuerzo de los instrumentos para la inclusión financiera y socioeconómica de las personas migrantes
  
  • Con el fin de maximizar el bienestar y las contribuciones de las personas inmigrantes, es imprescindible reforzar los mecanismos que permitan su inclusión financiera y socioeconómica.
  • Para promover la inclusión financiera de las personas migrantes en españa, podrá expandirse la oferta de productos financieros adaptados a las necesidades de esta población, y reformar, simplificar y digitalizar el sistema de homologación de títulos y experiencia profesional, promoviendo el sistema de cualificación profesional para mejorar la empleabilidad

• Se prestará especial atención a las problemáticas concretas que presentan los niños y las niñas migrantes no acompañados, refugiados o solicitantes de asilo
  
  • Abordando, en su caso, la modificación de los procedimientos de determinación de la edad, garantizando la puesta en marcha de métodos no invasivos y respetuosos con la integridad y derechos de la infancia.
  • Velaremos por el derecho a la identidad de la infancia y la adolescencia a tener un nombre y una nacionalidad desde el nacimiento y a disponer de la documentación que lo acredite.

• Promover la participación política de las personas migrantes en los diferentes procesos electorales.
  
  • Promover la participación política de las personas migrantes en los diferentes procesos electorales.

• Garantizar el acceso universal al sistema nacional de salud
  
  • Garantizar el acceso universal al sistema nacional de salud eliminando las barreras administrativas y legales que impiden la cobertura sanitaria universal a solicitantes de asilo y refugio, ascendientes de personas migrantes llegados a España en procesos de reagrupación familiar, apátridas, migrantes en situación administrativa irregular, personas sin hogar, residentes que se encuentren en trámite de renovación, o quienes tengan dificultades para acreditar su empadronamiento.

• Cierre de los centros de internamiento para extranjeros (cies) en todo el territorio nacional
  

  Los Centros de Internamiento de Extranjeros vulneran los derechos de las personas migrantes que buscan asilo y refugio, además de criminalizar la situación administrativa de las personas extranjeras que no constituye delito alguno.

  • Cierre de los centros de internamiento para extranjeros (cies) en todo el territorio nacional

.3. Un proyecto para ensanchar la democracia

3.1. Feminismos e igualdad

3.1.1. Un feminismo del 99%

Sumar es un proyecto político que concibe la igualdad de todas las personas como eje indispensable de la democracia. Esto significa que queremos no solo un país libre de violencias machistas y discriminaciones, sino también un país cuyas estructuras sociales, económicas y políticas respondan al cambio de mirada que propone el feminismo, entendido como una manera de poner en el centro las necesidades de las personas, las responsabilidades de cuidado y la economía de la vida, la relación con la naturaleza y el medio ambiente. Por eso, el enfoque feminista permea todos los ámbitos en los que se articulan las propuestas del programa. La principal herramienta para consolidar la perspectiva feminista en la política es la transversalidad de género. Las cuestiones de género tienen que integrarse en todas las políticas públicas y dejar de ser cuestiones marginales y de asociarse solo a determinadas políticas sociales. La transversalidad tiene que ir en paralelo y desarrollarse de manera complementaria a las políticas específicas y a las acciones positivas solo para mujeres, o para determinados sujetos o colectivos.

En los últimos años hemos visto cómo el feminismo se ha convertido en uno de los movimientos (sociales, políticos y de pensamiento) con más capacidad para movilizar, proponer cambios y llevarlos a cabo. Así lo han demostrado las movilizaciones masivas de mujeres que han llenado las calles de muchos países para denunciar las violencias machistas, para defender el derecho al aborto o para reivindicar igualdad salarial y unas condiciones dignas de trabajo, entre otras muchas demandas. El feminismo ha impulsado una inmensa toma de conciencia, situando los derechos y exigencias de las mujeres como innegociables para una mayoría social. Mujeres y hombres de todas las generaciones, en todo el mundo, no están dispuestas a retroceder en los avances y logros conseguidos.
Nuestro país es parte de ese movimiento. El mundo entero miró aquel 8 de marzo de 2018, cuando las mujeres españolas hicieron huelga durante todo el día para denunciar la discriminación sexual, la violencia machista y la diferencia salarial, y salieron a la calla en gigantescas manifestaciones por miles de pueblos y ciudades. Además, en los últimos años son incontables las reivindicaciones y protestas de distintos sectores laborales de mujeres en defensa de sus derechos. Las mujeres han desarrollado nuevas formas de sindicalismo para incidir de manera directa en sus condiciones de trabajo y de vida. Además, la economía feminista juega un papel fundamental al impulsar políticas dirigidas a generar un sistema productivo respetuoso con el planeta, incluyendo la valoración de los trabajos de cuidado, la reducción de las jornadas laborales y el reparto del trabajo productivo y reproductivo.

El activismo feminista es una fuerza imparable pese a todos los ataques que, también de forma global, están llevando a cabo fuerzas políticas, económicas, mediáticas y sociales totalmente reaccionarias y Sumar, desde su lugar en los gobiernos o las instituciones, apuesta por su avance y fortalecimiento. La apuesta de Sumar es impulsar un feminismo transformador y con vocación de cambiar y mejorar la vida de las mayorías sociales, un feminismo para todo el mundo. En este sentido, una institución feminista tiene que ir más allá de elementos como la paridad y presencia de mujeres y también tiene que superar la mirada de las políticas dirigidas exclusivamente a las mujeres para ampliar horizontes e incluir, además del género (que vincula tanto a las mujeres como a los hombres), otras variables como el racismo, la LGTBIfobia, la pobreza, la precariedad económica, etcétera. El feminismo en la institución no puede ni tiene que ser el instrumento para conseguir que algunas mujeres accedan a lugares de poder en detrimento de otras. El feminismo en la institución tiene que ser una herramienta de transformación que se proponga la redistribución de poder y recursos para la mayoría.

Los avances que se han conseguido, gracias a décadas de lucha por la liberación sexual y de género, han impregnado y formado parte del movimiento feminista desde sus inicios. La buscada división feminismo y LGTBI+ es un falso dilema y promueve un enfrentamiento innecesario. Las conquistas feministas son también conquistas para el movimiento LGTBI+ y, en concreto, para las personas trans. Sumar apuesta por un feminismo transformador para el 99% de la sociedad, un feminismo constituido por su sujeto plural que vaya más allá del género sumando luchas articuladas a partir de la redistribución de la riqueza, por el derecho a la vivienda, en defensa de los servicios públicos, por los derechos de todas las trabajadoras, las personas trans, las mujeres migradas, las trabajadoras del hogar y cuidadoras, etcétera.

Defendemos un feminismo que busca abordar las raíces de este sistema socioeconómico que genera desigualdades profundas. Defiende las necesidades y los derechos de todas y sobre todo de las mujeres más precarias y vulnerables. Nuestro feminismo es un feminismo diverso y plural, un feminismo para el 99%, un feminismo de base; popular, inclusivo, un feminismo que busca una transformación social profunda y de amplio alcance.

• Igualdad y feminismo: salarios y pensaiones
  
  • Reducir la brecha salarial de género y combatir la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Las políticas públicas de igualdad son la prioridad para abordar las discriminaciones que se dan en el ámbito laboral entre hombres y mujeres: precariedad, parcialidad, temporalidad, segregación horizontal y vertical o brecha salarial. Se ampliarán y se fortalecerán los planes de igualdad, así como la formación en torno a estos, se promoverá la figura del responsable del plan de igualdad para monitorizar su cumplimiento y se incrementarán las inspecciones laborales para garantizar su aplicación. La interseccionalidad será un eje prioritario de trabajo en este ámbito y se fomentarán medidas en pro de una representación más equilibrada en sectores fuertemente feminizados y masculinizados, como el de las TIC y el de los cuidados.
  • Además, se prestará especial atención a las medidas destinadas a prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo, incluidos los protocolos contra el acoso, dando cumplimiento al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y al convenio 190 de la OIT.
  • También se ampliará el servicio de asesoramiento para la igualdad en el empleo, como herramienta para el impulso y seguimiento del desarrollo de lo contenido en los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020.
  • Reducir la brecha de género en las pensiones. la vinculación de las mujeres a un trabajo estable y de calidad es esencial para reducir la brecha salarial, así como la consiguiente brecha de las pensiones que de ella se deriva y que tiene incidencia directa en los mayores niveles de pobreza de las mujeres mayores.
  • Se hace necesario seguir apostando por reforzar el complemento de las pensiones para la reducción de la brecha de género, con el que se persigue reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en los cuidados.
  • Es necesario plantear un aumento de la cuantía actual de las pensiones mínimas, tanto de las contributivas como de las no contributivas.
  • Igualmente, las pensiones de viudedad deben incrementarse para aquellas mujeres que no poseen cotizaciones propias y cuya única fuente de ingresos es, por lo tanto, la que perciben en caso de viudedad.
  • Plan de choque contra la precariedad en sectores extremadamente feminizados. el sindicalismo de clase y la aparición de organizaciones feministas en los ámbitos de la limpieza, las camareras de piso, el servicio doméstico, la atención domiciliaria o las aparadoras han trasladado al debate social las condiciones de extrema precariedad de estos sectores, ocupados en más del 90% por mujeres que además son, en gran medida, de origen migrante. La dignificación laboral de estas ocupaciones es una parte imprescindible de la lucha contra la pobreza en la ocupación, la brecha salarial de género y la segregación laboral.
  • Del mismo modo, promoveremos estudios que analicen el impacto de las condiciones laborales en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de estas trabajadoras con la finalidad principal de desarrollar políticas de prevención con perspectiva de género e identificar riesgos específicos para la seguridad y la salud, así como actualizar en consecuencia el listado de enfermedades profesionales, entre otros objetivos.

• Familia y conciliación
  
  • Conciliar la vida personal, familiar y profesional de progenitores y cuidadores. para conciliar la vida personal, familiar y profesional y alcanzar la corresponsabilidad y, por tanto, un reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, así como una distribución justa de los tiempos de vida de mujeres y hombres, son esenciales medidas en pro de la flexibilidad horaria y la ampliación de los permisos retribuidos, así como políticas e inversión pública que hagan al Estado corresponsable de los cuidados, entendiendo que estos van mucho más allá del ámbito de las familias.
  • Se avanzará en el debate sobre la reducción de la jornada laboral al apostar por esta como vía para reorganizar los tiempos de trabajo y equilibrar las necesidades laborales, de ocio y de cuidados.
  • Además, se ampliarán los servicios del teléfono de información sobre derechos de las mujeres, orientándolo a la información sobre recursos, servicios y derechos para la conciliación corresponsable.
  • Apoyo a las familias monoparentales. estas familias, compuestas mayoritariamente por mujeres cabeza de familia, sufren mayor riesgo de pobreza y mayores y mayores carencias materiales severas. Se propondrán medidas de apoyo para reducir la feminización de la pobreza, así como para equiparar en derechos a estas familias, especialmente en el ámbito de los cuidados.

• Educación e igualdad
  

  La coeducación es una estrategia fundamental para erradicar estereotipos de género y prevenir la violencia machista. Urge tomar medidas en el ámbito sexoafectivo para prevenir, entre otras cosas, la violencia sexual y el neomachismo entre las personas más jóvenes.

  • Garantizaremos la coordinación de igualdad o la presencia de personal técnico especialista en igualdad en todos los centros educativos para impartir contenido sobre educación sexoafectiva, realizando un convenio con entidades expertas y sindicatos para la aportación de recursos humanos docentes.
  • Para prevenir la brecha de género en el futuro, es necesario que los programas educativos de orientación incluyan medidas para incorporar a las niñas a las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (las denominadas áreas de conocimiento STEM). En el proceso de revalorización de los cuidados, es necesario también aproximar a los niños y a los jóvenes a los estudios relacionados con esta cuestión en todas las etapas educativas.
  • Se establecerá un nuevo ámbito de competencias escolares vinculadas a la coeducación, que deberá formar parte formal de los currículos: educación en igualdad, educación antirracista, educación LGTBI+, educación contra las violencias machistas y educación sexoafectiva.
  • Además, enfrentaremos la brecha de género en la investigación universitaria con medidas que tengan en cuenta los factores de género que penalizan la carrera universitaria.

• Igualdad y feminismo: políticas de salud para las mujeres
  
  • Es importante fortalecer la atención primaria en los sistemas de salud e implementar planes estratégicos que incorporen la perspectiva de género, incluyendo la formación de los profesionales respecto de aquellas enfermedades que son fruto de la desigualdad social y de género de las mujeres, así como sobre los factores que afectan específicamente a la salud de las mujeres, incluyendo los efectos que la contaminación y el cambio climático tienen sobre ellas.
  • Es preciso revisar también los enfoques médicos androcéntricos que con frecuencia dificultan los diagnósticos y los tratamientos adecuados para las mujeres, como ocurre con los infradiagnósticos en infartos o la sobremedicación por ansiedad, así como fortalecer la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales.
  • Igualmente, se promoverá el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres hasta los 45 años de edad, asegurando la no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja. Del mismo modo, se incluirán en la cartera de prestaciones del sistema público de salud las intervenciones para la recuperación de las lesiones genitales producidas por mutilación.
  • Se aumentarán los programas de prevención y cribado fetal y neonatal ampliando la determinación de ADN fetal en sangre materna a nivel prenatal para la detección de alteraciones cromosómicas.
  • Se plantearán medidas para garantizar los derechos de las mujeres embarazadas, las condiciones del parto y posparto más allá de la actual estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, y se valorará la presentación de una ley.
  • Además, se facilitará, se promoverá y se protegerá la lactancia materna para quien la desee, en cumplimiento de las recomendaciones de la OMS y de UNICEF, impulsando el conocimiento de sus beneficios e implantando medidas para poder ejercer esta opción.

• Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
  

  La defensa y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son un eje central de trabajo.

  • Será una prioridad garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud en todo el territorio y en condiciones de igualdad.
  • Sin perjuicio de la reciente criminalización del acoso por el que se obstaculiza el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a una mujer, se hace necesario tomar medidas adicionales para que las clínicas donde se practica, así como el acceso a las mismas, sean espacios seguros tanto para los y las profesionales como para las mujeres.
  • Además, hay que continuar desplegando políticas públicas y recursos para garantizar la libertad sexual y prevenir y abordar la violencia sexual.
  • Es prioritario poner en marcha en las comunidades autónomas los registros de objetores de conciencia que recoge la ley, así como garantizar que la Alta Inspección desarrolle sus funciones y garantice los derechos sexuales y reproductivos en todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne.
  • Asimismo, en coherencia con la reforma de la ley y en cumplimiento con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, se garantiza la prestación del servicio en la sanidad pública y en condiciones de proximidad.
  • También debemos identificar y erradicar las violencias que se ejercen en el ámbito reproductivo, prestando especial atención a la violencia obstétrica, un tipo de violencia reproductiva no reconocida en la actualidad en nuestro país y cuyo abordaje será también un reto de futuro.

• Digitalización, igualdad y violencia.
  

  La digitalización reproduce, cuando no agudiza, discriminaciones de diverso tipo. Nos preocupa la violencia de género digital.

  • Es necesario contar con herramientas para reconocer e identificar sus distintas formas, lo que incluye prevenir y perseguir el ciberacecho y el ciberacoso sexual, especialmente en el caso de las menores de edad, siendo conscientes de la necesidad de establecer marcos que se adapten a los avances tecnológicos y digitales.
  • Se prestará especial atención a la potencial aprobación de la directiva contra la violencia contra las mujeres (aún en debate), que abordará varios delitos relacionados con la ciberviolencia, como la difusión no consentida de material íntimo o manipulado, el ciberacecho, el ciberacoso y la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos.
  • La digitalización también puede generar discriminaciones en el ámbito laboral, como de hecho ya ocurre con los sesgos de género en los algoritmos, y nos preocupa la brecha digital entre mujeres y hombres. Por lo anterior, se hace necesario introducir la perspectiva de género e interseccional en las políticas digitales, entre otras cosas, favoreciendo la adaptación de los planes de igualdad a los entornos digitales

• Mujeres rurales
  

  A pesar de la existencia de la Ley Orgánica núm. 35/2011, del 4 de octubre de 2011, sobre la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, el porcentaje de mujeres titulares de explotaciones agrarias sigue siendo inferior al de los hombres. Se tomarán medidas para avanzar hacia la paridad en la titularidad de las explotaciones agrarias. En la última reforma de la Política Agraria Común se ha introducido, como uno de los objetivos, la igualdad de género.

  • Se garantizará el cumplimiento de las medidas relacionadas con las mujeres previstas en el marco del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (2023-2027) y en las demás políticas públicas vinculadas al mismo.
  • Se tomarán medidas para abordar la situación específica de las mujeres romaníes, refugiadas y migrantes en el sector agrícola.
  • Las mujeres, en tanto agentes de cambio, han de tener un papel prioritario en el mundo rural como protagonistas e impulsoras de nuevos modelos de producción agrícola y sostenible. Se les facilitará el emprendimiento con la creación de políticas públicas que les permitan desarrollar su actividad profesional en cualquiera de los ámbitos recogidos en la actividad económica, aplicando bonificaciones a aquellos códigos CNAE relacionados con la transición ecológica y con la creación de empleos verdes.

• Mujeres romaníes.
  
  • Aprobar una ley orgánica nacional en consulta con representantes de la comunidad romaní, garantizando que mujeres y hombres estén representados por igual en estas consultas, y en la que se incluyan medidas para eliminar la discriminación y lograr la igualdad sustantiva de las mujeres romaníes en todos los ámbitos

• Fortalecimiento instituciones y constitución
  

  A pesar de que España cuenta con la que probablemente es la arquitectura institucional más ambiciosa de la Unión Europea en materia de igualdad, todavía queda un cierto margen de mejora.

  • Es imprescindible fortalecer el ministerio de igualdad para continuar con la labor emprendida hasta la fecha, así como buscar nuevas vías de coordinación entre el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres y las comunidades autónomas y las distintas entidades responsables de la recopilación de datos estadísticos.
  • Se propondrá también crear una vicepresidencia de feminismos y economía de los Cuidados para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y de agentes sociales, así como recuperar la Comisión Delegada de Igualdad.
  • Además, desde la comisión europea se han propuesto dos directivas sobre las normas relativas a los organismos de igualdad con el objetivo de reforzar su papel, lo que afectaría directamente al Instituto de las Mujeres y al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Se considera fundamental ampliar sus funciones, sin perjuicio de la posible implicación de otros órganos en el marco de esta directiva.
  • El instituto de las mujeres necesita fortalecer sus recursos, sus herramientas y sus procedimientos para garantizar la ejecución del PEIEMH (2023-2027) y su capacidad de coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas de igualdad en la Administración General del Estado. Además, tiene que erigirse en referencia de producción de conocimiento así como de diseño de políticas públicas feministas, a través de la ampliación y el fortalecimiento de la colaboración con el ámbito universitario y los estudios de posgrado de género y feministas, la colaboración con otras Administraciones (organismos de igualdad autonómicos, la Federación Española de Municipios y Provincias) y con el movimiento feminista, así como profundizando su plan de estudios y su programas de becas.
  • Se tomarán medidas para fortalecer tanto el observatorio de igualdad, dependiente del Instituto de las Mujeres, como el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
  • Por otra parte, con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a la Ley 15/2022 Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, del 12 de julio, se procederá a la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, y se tomarán medidas para avanzar en la formación del personal de la Administración en la aplicación de la ley y en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de las víctimas y de sanción de las conductas discriminatorias cuando estas se produzcan en el ámbito de actuación de las distintas Administraciones públicas.
  • Se regulará la figura del agente de igualdad y se creará un plan para incorporar las unidades de igualdad a la estructura de todas las Administraciones públicas del Estado, autonómicas y locales.
  • También se reforzarán las políticas de evaluación a través del diseño de nuevos indicadores, entre otras actuaciones.
  • Por último, se fortalecerá la relación con las organizaciones feministas, revisando el Consejo de Participación de las Mujeres para adaptarlo a las nuevas realidades y estableciendo otros cauces de participación, previa consulta con dichas organizaciones y en línea con lo planteado en el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025.
  • Impacto de la constitución en los derechos de las mujeres. se evaluará el impacto que tiene la Constitución española sobre la garantía de los derechos de las mujeres con el objetivo de darle visibilidad en el marco constitucional.

• Igualdad y feminismo: por una europa feminista y contra la extrema derecha
  

  Nos encontramos en un momento delicado para los avances en igualdad. Es un hecho que se han producido retrocesos tanto dentro como fuera de la Unión Europea. La negación de la violencia contra las mujeres, la introducción del pin parental o la eliminación de parte de la arquitectura institucional son algunos ejemplos.

  • Agenda feminista frente a la extrema derecha. nos comprometemos a lanzar campañas de sensibilización y otras medidas para frenar los discursos contrarios a los derechos de las mujeres, que se refieren a la igualdad y a la perspectiva de género como «ideología de género».
  • Trabajar por una europa feminista. la unión europea es un actor imprescindible para avanzar hacia la igualdad tanto dentro como fuera de la Unión. Contamos con herramientas de indudable valor, pero hay que seguir trabajando para continuar por esa senda y evitar retrocesos ya visibles en algunos Estados miembros, transponiendo de manera ambiciosa las directivas actuales y apoyando las propuestas que serán negociadas próximamente durante la presidencia española, como la lucha contra la violencia contra las mujeres o la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y por la protección de las víctimas. Dado que se hace una apuesta decidida por el fortalecimiento de la perspectiva de género en el contexto de la Unión Europea, y considerando el papel del Consejo como colegislador, creemos que, entre las formaciones, ha de figurar una específica sobre igualdad de género.
  • Además, entendemos que en ciertas áreas es necesaria una reforma de los tratados así como de la Carta de derechos fundamentales de la UE, con el objetivo de lograr cambios que sean sostenidos en el tiempo, especialmente para abordar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, la protección de los derechos sexuales y reproductivos o el desarrollo de la Estrategia Europea de Cuidados.
  • Apoyamos también la integración del pilar social europeo dentro de los tratados y el desarrollo de medidas para hacer efectivos los principios 2 y 3 del mismo.

• Mujeres, transición ecológica y cambio climático.
  

  Las mujeres sufren de forma desproporcionada los efectos del cambio climático.

  • Se ahondará en la integración de la perspectiva de género en la formulación, implementación y monitoreo de las políticas relacionadas con la transición ecológica y con el cambio climático; se deberá contar con las mujeres como agentes de cambio, incrementando especialmente su presencia en los puestos relacionados con esta materia que impliquen toma de decisiones.
  • Se fomentará la participación de la mujer en los ya citados estudios STEM y en profesiones próximas al sector de la transformación ecológica y energética por medio de campañas de difusión y de respuestas que alcancen a las mujeres y a las niñas.
  • Se promoverá la inversión en el desarrollo de talentos femeninos mediante el fomento de las ayudas en I+D+I.
  • En esta línea, también se desarrollarán más programas de capacitación en el sector dirigidos a profesionalizar a las mujeres como agentes de cambio en la transición ecológica y la justicia climática.

• Igualdad y feminismo: prevención violencia machista
  
  • Abordaje integral de todas las formas de violencia machista y fortalecimiento de las ya reconocidas. Es necesario ampliar el marco normativo actual para abordar todas las formas de la violencia por razón de género contra las mujeres en línea con el Convenio de Estambul.
  • Se planteará además un abordaje integral. para ello, se llevará a cabo una evaluación del marco jurídico para combatir violencias machistas y su aplicación, con vistas tanto a reforzar su eficacia como a abordar las formas no reguladas actualmente, con especial atención al seguimiento y el cumplimiento de la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas 2022-2025.
  • Se tramitará una ley integral contra la trata de personas que cubra todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan desproporcionadamente a las mujeres y que constituyen formas de violencia machista. Se buscará también consolidar el Plan de Inserción sociolaboral dirigido a mujeres víctimas de trata y de explotación sexual y a mujeres en situación de prostitución.
  • Se garantizará el funcionamiento de los centros de crisis y la calidad de los servicios ofrecidos, de conformidad con la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía de la Libertad Sexual.
  • Se creará igualmente un protocolo de actuación a seguir en los hospitales para la custodia de la prueba y la puesta en conocimiento del juzgado de aquellos casos de mujeres que hayan podido ser víctimas de la denominada «sumisión química», especialmente ante la falta de recuerdo de lo sucedido. Se elaborará un plan contra la violencia institucional en casos de violencias machistas.
  • Del mismo modo, se hará especial hincapié en la violencia económica, cuando se prive intencionadamente de recursos a la mujer y a los hijos e hijas. Especialmente, el impago de pensiones alimenticias puede considerarse como violencia económica y como tal debería estar tipificada como una modalidad más de violencia de género. Adicionalmente, se dotará de mayores recursos económicos el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, difundiendo su uso entre las posibles beneficiarias para evitar situaciones de pobreza real para niños y niñas.
  • Protección y apoyo. se propone introducir otras formas de violencia de género contra las mujeres en el sistema VioGén, así como involucrar a organismos especializados para mejorar los indicadores, la coordinación y la información disponible. Se planteará también una evaluación con el objetivo de reforzar los sistemas policiales y judiciales de valoración del riesgo y los sistemas de protección como las órdenes de protección.
  • Se propondrán también estándares mínimos para los servicios de atención en el ámbito de las violencias machistas.
  • Mejora de datos y estadísticas. se promoverá también una mejora del sistema de recogida de datos y estadísticas que contemple todas las formas de violencia contra las mujeres, introduciendo también nuevas variables que permitan tener un conocimiento más preciso de las formas en que las violencias machistas afectan a la vida de las mujeres, para lo cual se contará con todos los actores implicados, incluidas las organizaciones de la sociedad civil especializadas.
  • Reparación. se promoverán acciones innovadoras en materia de reparación simbólica y garantías de no repetición, para lo cual se establecerán sinergias con países que ya tienen una larga trayectoria en la materia. Entre otras cosas, se propondrá un sistema específico de indemnizaciones, mecanismos de reparación y atención para víctimas graves de delitos vinculados a las violencias machistas.
  • Mujeres migrantes. dado que las mujeres migrantes enfrentan situaciones de vulnerabilidad que pueden evitarse, es necesario que se revise la legislación de extranjería de manera que no suponga ningún obstáculo para que puedan recibir la atención, protección y reparación que necesiten.
  • Educación, formación y asesoramiento en igualdad y no discriminación. en materia de prevención, nos preocupan los datos que apuntan a un porcentaje elevado de jóvenes que niegan la violencia por razón de género. Se tomarán medidas dirigidas a los grupos de estas edades, con especial atención en el sistema educativo.
  • Implementaremos acciones dirigidas a hombres para la promoción de la igualdad y la prevención de las violencias machistas. Entre ellas, pondremos en funcionamiento un nuevo servicio de atención telefónica para hombres en crisis, buscando alternativas no violentas, derivando a servicios que trabajen otras formas de masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que puedan recibir el apoyo profesional necesario. La financiación de estas acciones no supondrá en ningún caso una merma de la financiación de los programas contra las violencias machistas destinados a mujeres.
  • Por otra parte, se hace necesario ampliar la formación en igualdad y violencia contra las mujeres, abarcando el mayor número posible de instituciones públicas, especialmente aquellos sectores implicados en la detección, la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencia, quienes deberán recibir formación obligatoria y continuada sobre la normativa nacional, europea e internacional.
  • Se planteará también una evaluación de los procesos formativos realizados hasta la fecha para identificar elementos de mejora.
  • Blindar el pacto de estado contra la violencia de género. continuaremos por la senda del acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Igualdad en relación con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para blindar el marco de actuación conjunta que garantice la estabilidad y la permanencia de las políticas públicas y de los servicios que de aquel se derivan.
  • Se diseñarán mecanismos de colaboración que garanticen la estabilidad presupuestaria y administrativa de los servicios, actuales y futuros, vinculados al Pacto, para lograr la articulación de una respuesta interinstitucional integral, eficaz y coordinada en materia de prevención, protección y asistencia a las víctimas.
  • Se ampliarán los recursos de atención para procurar que todas las víctimas y supervivientes que lo necesiten puedan acceder a ellos, garantizando una atención integral adaptada a las necesidades de cada superviviente y asegurando procesos de transparencia y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Estado, como el sistema común de información y evaluación.

3.1.2. Derechos y libertades lgtbi+

Para Sumar, es una prioridad dar cumplimiento efectivo a las disposiciones contenidas en la Ley 4/2023 para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI+, del 28 de febrero. Con este objetivo, se propondrán políticas públicas (incluyendo planes estratégicos) para su desarrollo, y se establecerá un proceso de evaluación continua que nos permita conocer sus efectos y adaptar las políticas públicas a las necesidades de las personas LGTBI+. Para ello, será fundamental hacer efectivo el artículo 7 de la ley sobre estadísticas y estudios.

Además, se acelerará la puesta en marcha de las siguientes medidas:

• Igualdad y feminismo: derechos y libertades lgtbi+
  

  Para Sumar, es una prioridad dar cumplimiento efectivo a las disposiciones contenidas en la Ley 4/2023 para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI+, del 28 de febrero. Con este objetivo, se propondrán políticas públicas (incluyendo planes estratégicos) para su desarrollo, y se establecerá un proceso de evaluación continua que nos permita conocer sus efectos y adaptar las políticas públicas a las necesidades de las personas LGTBI+. Para ello, será fundamental hacer efectivo el artículo 7 de la ley sobre estadísticas y estudios.

  • Lmpulso de un pacto de estado contra los discursos de odio dirigido a:
    ● Concienciar y sensibilizar a fin de lograr un consenso social y político de repulsa de los mismos.
    ● Proteger a aquellos grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia de estos discursos, como el colectivo LGTBI+, las personas gitanas, las personas migrantes, las personas racializadas, las personas sin hogar, las personas con VIH, las personas con discapacidad o las mujeres.
    ● Buscar sinergias por la diversidad entre ellos y los movimientos sociales en los que se enmarcan, como el feminista.
    ● Facilitar información a las víctimas sobre sus derechos y sobre las herramientas que tienen para defenderse del odio.
    
  • Erradicación del odio y la discriminación lgtbi+fóbica.
    ● ahondar en la formación específica de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la derivación y la atención a las víctimas en línea con lo previsto en el II Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio.
    ● Revisar los protocolos de detección de delitos de odio, para mejorar la identificación de estos.
  • Apoyo a las víctimas y supervivientes de la discriminación y la violencia. Partiendo del marco de la Ley 4/2023, se creará una red de recursos de acogida y alojamiento, medios jurídicos, asistenciales, psicológicos y de orientación al empleo para las víctimas de la violencia LGTBI+fóbica y se establecerán mecanismos de coordinación con los otros servicios que estén en contacto con las víctimas.
  • Educación y formación en la diversidad. proponemos integrar, en el marco de la ya mencionada educación sexoafectiva, la diversidad como factor transversal; planes de formación para su correcta implementación; el nombramiento de personas o de unidades responsables de promover y garantizar el respeto a la diversidad sexo-genérica en todos los niveles educativos; así como planes de formación para el funcionariado. En el ámbito universitario, se promoverán posgrados específicos de género y diversidad LGTBI+ en coordinación con las universidades y se incorporará la perspectiva de género y sexoafectiva en los másteres de habilitación docente para educación primaria y secundaria.
  • Políticas de empleo y lucha contra la marginalidad.
    ● implantar los planes de igualdad LGTBI+ en el ámbito del empleo y crear políticas activas de inserción laboral para prevenir el riesgo de exclusión social por diversidad sexual o de género, así como para apoyar a quienes ya se encuentran en situación de exclusión social. Se prestará especial atención a las políticas de inserción laboral específicas para mujeres trans, especialmente afectadas por el desempleo.
    ● Reconocer la LGTBI+fobia como causa de riesgo psicosocial en el empleo.
    ● Garantizar que el trabajo sea un espacio libre de acoso o discriminación por orientación sexual, expresión o identidad de género y características sexuales, en conexión con otras formas de violencia y acoso en el ámbito del trabajo, como las que sufren las mujeres
  • Protección del derecho a la salud. protocolos sanitarios específicos. en todo el territorio la implantación de protocolos sanitarios específicos dirigidos a cubrir las necesidades del colectivo LGTBI+ y garantizar su atención sociosanitaria, de forma que se evite cualquier forma de violencia y discriminación por razón de género; garantizar el pleno acceso a todas las técnicas de reproducción asistida en el sistema público, así como el acceso a tratamientos completos de atención a la identidad de género. Realizar planes estatales de prevención y tratamiento de las cuestiones de salud que puedan afectar de manera específica al colectivo como el VIH, ITS, chemsex o la salud mental de las personas LGTBI+, considerando la especificidad de un colectivo que se ha visto expuesto a décadas de estigmatización, violencias verbales, físicas, emocionales y a la exclusión social.
  • Se apostará por la formación de los profesionales en atención a la diversidad como factor transversal en el ámbito sanitario. Debemos conseguir la completa erradicación de las mal llamadas «terapias de conversión», tal y como se establece en la Ley 4/2023, así como de los planteamientos pseudoterapéuticos que estigmatizan y clasifican como trastornos o enfermedades la atracción afectivo-sexual no normativa (por ejemplo, la bisexualidad, la asexualidad) y las identidades de género (como las personas trans y no binarias).
  • Infancia, juventud, vejez. políticas para una vida con pleno desarrollo de la personalidad. Para abordar el tratamiento del colectivo LGTBI+ en su curso vital completo, es preciso asegurar a los y las menores y jóvenes el derecho a una infancia segura y en libertad, con independencia de su orientación sexual, su identidad, su expresión de género o sus características sexuales. Y es necesario asegurar también las condiciones para un envejecimiento activo y participativo, por medio de políticas asistenciales (centros de día y residencias, sin infantilización o vuelta al armario) que contemplen la diversidad, así como adaptar la asistencia gerontológica a las particularidades de cada persona, haciendo hincapié en la formación de los y las profesionales en contacto directo con las personas mayores.
  • Pobreza, exilio y habitabilidad. reconocemos que la orientación afectivo-sexual, la expresión y la identidad de género, la diversidad corporal o las manifestaciones de diversidad sexo-genérica son todavía factores de vulnerabilidad social, por cuanto se demuestra que provocan en muchas personas el abandono temprano de la educación; la expulsión del hogar; la migración forzosa desde los países que criminalizan o aplican una violencia estructural; y dificultades en el acceso al empleo, o el éxodo de las zonas rurales a las ciudades. Ser LGTBI+ es, para muchas personas, causa de pobreza, exclusión y sinhogarismo, lo que requiere de una respuesta pública dirigida tanto a la protección y el reconocimiento de la diversidad como a asegurar una retribución justa y el acceso a los recursos habitacionales disponibles, a la vivienda pública y a un empleo digno.
  • Familias diversas pero iguales en derechos. favorecer el reconocimiento, el respeto y el trato legal y social en condiciones de igualdad de los diversos modelos de familia y convivencia que ya son una realidad para muchas familias LGTBI+.
  • Avanzar hacia el reconocimiento de la multiparentalidad, para que los menores de edad que crecen en familias reconstituidas estén protegidos legalmente. Facilitaremos los reconocimientos registrales y evaluaremos la posibilidad de adoptar, acoger y tutelar a menores por parte de un núcleo de más de dos personas.
  • Examinar el concepto jurídico de «familia» para que incorpore otros tipos de relaciones no recogidas en la noción de matrimonio (convivientes, cuidadores y cuidadoras). Trabajar para que sean legalmente posibles las paternidades y maternidades diversas.
  • Mejorar los procesos de adopción, haciéndolos más ágiles y homogéneos en todas las comunidades autónomas.
  • Asimismo, mejoraremos y agilizaremos las resoluciones de patria potestad de la infancia en situación de acogimiento hacia las familias de acogida.
  • Trabajar para asegurar la libre movilidad de las familias lgtbi+ en la Unión Europea manteniendo los mismos derechos que tienen en España.
  • Prestaremos especial atención a la creación de un certificado de filiación europeo.
  • Cultura, innovación e investigación. combatir la lgtbi+fobia como estigma interiorizado y la asunción de modelos tóxicos a través de medidas de sensibilización y de la formación en todos los ámbitos.
  • Incentivar, mediante convocatorias y financiación estatal, políticas transculturales que se desarrollen en exposiciones, festivales, medios audiovisuales, canales de comunicación y redes sociales, a fin de sensibilizar y visibilizar de forma positiva la diversidad LGTBI+.
  • Potenciar la investigación básica y aplicada para crear conocimiento que contribuya a la transformación y a la mejora de la calidad de las condiciones de vida de las personas LGTBI+ y de sus familias.
  • Promover imaginarios y referentes culturales que expongan la diversidad sexual y erradiquen los modelos de hostilidad y exclusión generados por la sociedad patriarcal.
  • Financiar proyectos culturales que visibilicen a las personas lgtbi+ y permitan crear referentes y modelos de identidad diversos.
  • Personas lgtbi+ refugiadas y migrantes. priorizar el cumplimiento del artículo 50 de la ley para que se emita la documentación de personas migrantes de acuerdo con su identidad de género, permitiendo el cambio de nombre y de la mención del sexo en su documentación.
  • Impulsar campañas de incidencia que permitan que las personas lgtbi+ refugiadas y migrantes conozcan sus derechos, así como revisar y mejorar las medidas relacionadas con el trámite, la atención, la acogida, el estudio y la resolución de las solicitudes de protección internacional de aquellas personas que sufran persecución en sus países de origen o en países de tránsito por su orientación sexual o su identidad de género.
  • Defender el principio de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad y autonomía corporal de las personas trans, intersex y no binarias.
  • Medidas para prevenir y atajar de manera específica la violencia intragénero, aquella que se produce en el seno de parejas del mismo género, y para otorgar derechos y protección a sus víctimas.

2. Democracia de calidad

3.2.1. Democratización y sociedad civil

En tiempos complejos, la democracia es la respuesta. Apostar por la democracia implica mejorar nuestra inteligencia colectiva y nuestra capacidad para transformar la realidad. Sin embargo, vivimos tiempos de crisis y desconfianza democrática que nos obligan a revisarla y profundizar en ella.

Necesitamos una democracia revitalizada, un nuevo contrato democrático capaz de incorporar todas las voces de una sociedad diversa, de recuperar la confianza en las instituciones públicas y de situar el diálogo en el centro de las decisiones políticas.

Proponer medidas concretas para ensanchar y mejorar la calidad de nuestra democracia no es sencillo, pues se trata de modificar las reglas del juego y, sobre todo, las prácticas y los comportamientos de los múltiples actores sociales y políticos. En cualquier caso, proponemos seis líneas de acción:

• Democratización de las instituciones públicas: refuerzo de la cultura del diálogo.
  

  Nuestras instituciones responden a un diseño democrático heredado del siglo pasado, de manera que hemos de adaptarlas a los requisitos del nuevo milenio.

  • En este sentido, en primer lugar, valoraremos la oportunidad de impulsar algunas iniciativas normativas —como una ley de participación ciudadana, la revisión de la ILP, la actualización de la LOREG o la ampliación del número de diputados y diputadas para mejorar su capacidad de representación—, siempre contando con una comisión que valore sus contenidos y anclaje constitucional.
  • Con todo, el centro de atención lo situaremos en la incorporación del diálogo en nuestras instituciones públicas. Abogamos por una democracia deliberativa, basada en la cultura del diálogo y que, a nivel institucional, implique acciones como la celebración de debates parlamentarios sobre retos a medio y largo plazo o la apertura de las instituciones a las propuestas de la ciudadanía.

• Democratización de las políticas públicas: incorporación de la inteligencia colectiva.
  

  Más allá de las instituciones, la democracia debe impregnar las políticas públicas, especialmente en sus fases de diseño y de toma de decisiones.

  • Para ello, proponemos que la tramitación de iniciativas legislativas y el diseño de planes y programas cuenten con el acompañamiento de un proceso participativo.
  • A fin de esto, contaremos con guías y normativas, así como de un conjunto de metodologías que se aplicarían en función de cada caso.
  • Entre ellas destacaríamos los procesos deliberativos, las asambleas ciudadanas, las consultas cívicas y las plataformas participativas.
  • En relación al último instrumento: proponemos la creación de una plataforma electrónica nacional de participación ciudadana integral que permita deliberar, formular propuestas e interpelar a los cargos electos.

• Fortalecimiento de la sociedad civil: la comunidad frente al individualismo.
  

  La democracia nos insta a superar el individualismo predominante y a reforzar nuestro sentido de comunidad.

  • Proponemos, pues, diversas medidas para articular y reforzar la sociedad civil, como destinar recursos a fomentar el asociacionismo, contribuir a la formación interna de las entidades, potenciar su presencia en los diversos entes de representación y establecer vías de comunicación estables con las instituciones.
  • También proponemos la creación de observatorios ciudadanos destinados a favorecer el seguimiento y el control de las actividades políticas por parte de la ciudadanía. Su objetivo será favorecer el empoderamiento de la sociedad civil y mejorar la legitimidad de la acción política.

• La ciudadanía es el pilar de la democracia: educación, educación y educación.
  

  El ingrediente principal para el buen funcionamiento de la democracia es contar con una ciudadanía virtuosa; es decir, con ciudadanos y ciudadanas capaces de entender y formar parte del debate público sobre nuestro destino compartido. Por ello, siempre se ha puesto tanto énfasis en la relación entre educación y democracia.

  • Proponemos, pues, fomentar la formación democrática en las diferentes etapas educativas (de la escuela a la Universidad);
  • Así como una campaña comunicativa sobre los valores de la democracia y su importancia a la hora de afrontar los retos actuales. Es importante mostrar que la mejor forma de abordar problemas como el cambio climático, la pobreza o la salud es a través del diálogo democrático.

• Por la libertad de expresión, contra el uso fraudulento de la información.
  

  La libertad de expresión y de comunicación son pilares de la democracia, de manera que necesitamos potenciar la primera y proteger la segunda de usos fraudulentos.

  • En este sentido, proponemos una regulación soft; es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes.
  • También nos parece imprescindible explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas.
  • Y, como hemos de proteger la libertad de expresión, deberemos revisar los delitos de opinión y de odio, así como modificar o, en su caso, derogar parcialmente la ley de seguridad ciudadana.
  • Finalmente, resulta ineludible abordar la regulación y el control democrático sobre el uso de datos masivos, el control público de algoritmos y la imparable introducción de la IA.

• Atreverse a aprender y a innovar.
  

  Las instituciones públicas se caracterizan por su estabilidad, de manera que ofrecen fuertes resistencias al cambio. En un contexto tan cambiante e incierto como el actual, necesitamos superar estas inercias y buscar formas de innovación democrática. Sabemos que para innovar hemos de generar espacios abiertos que permitan aprender tanto de los éxitos como de los errores.

  • Así pues, proponemos fomentar la creación de espacios de innovación democrática, que podrán ubicarse en los diversos niveles locales, autonómicos y estatales de la Administración.
  • Se estimulará su funcionamiento y se analizarán los resultados para favorecer la transmisión del aprendizaje y las experiencias compartidas.

3.2.2. Administración y buen gobierno

La Administración pública ha sido objeto de críticas y origen de frustraciones desde hace décadas. Una insatisfacción permanente que no hemos sabido revertir y que condiciona la percepción de la ciudadanía acerca de las actuaciones gubernamentales. Las resistencias son mayúsculas, al tiempo que se trata de un ámbito poco agradecido en términos de resultados a corto plazo.

Sin embargo, la administración es la herramienta del gobierno y de ella dependen los servicios que recibe la ciudadanía y su capacidad para diseñar e implementar políticas públicas. Una herramienta pensada para la sociedad del siglo XX (quizá del XIX) y que ya no requiere únicamente de ajustes y reformas, sino que necesita una auténtica transformación. Las acciones que siguen son nuestras propuestas para abordar esta transformación:

• un discurso, un plan, una política
  

  De entrada, lo que necesitamos es apostar con decisión por la Administración pública, creer en ella y poner en valor su indispensable contribución al crecimiento y al bienestar de nuestra sociedad. Un discurso que defienda sin ambigüedades la Administración pública y que la dote de sentido, de propósito colectivo.

  • A partir de aquí, hemos de diseñar un plan, una política de transformación administrativa, sabiendo, además, que trascenderá los límites de una legislatura. Es decir, apostamos y lo hacemos con un plan fijado en el medio y largo plazo. Un plan que debería incorporar las acciones que presentamos a continuación.

• Personas, personas y más personas.
  
  • Situar a las personas en el centro de la transformación de la Administración pública es, probablemente, la piedra angular de nuestra propuesta. Y al usar el término personas nos referimos tanto a la ciudadanía como al conjunto de los empleados públicos.
  • Nuestra guía debe ser una administración centrada en las personas y, por lo tanto, que garantice tanto el respeto a su diversidad como la inclusión de todas sus situaciones y todas sus voces.
  • Para ello deberemos diseñar mecanismos de escucha y de cuidado, esforzarnos en hacer una Administración inteligible e incorporar a la ciudadanía en experiencias de cogestión y cocreación de servicios públicos.
  • Además, lejos de las críticas tradicionales, afirmamos que el principal activo de la Administración pública son las personas que trabajan en ella y que, por lo tanto, especialmente en un momento de relevo generacional, deberemos poner mucho empeño en las políticas de recursos humanos: redimensionar las plantillas y definir nuevos perfiles y mecanismos de selección y de captación de talento (especialmente entre los jóvenes).

• Capacidad institucional: trabajar mejor y con más recursos
  

  Tras un largo periodo de recortes y cambios, nuestra Administración pública se encuentra muy debilitada. Hemos de revertir esta situación y reforzar nuestra capacidad institucional.

  • Dotar a nuestras instituciones de solidez pasa por simplificar los procesos, insistir en las medidas de transparencia, incorporar mecanismos de prevención de la corrupción (buzón anónimo para las personas denunciantes) y, sobre todo, reconocer que nuestra Administración necesita más recursos.
  • Favoreceremos el teletrabajo o el trabajo a distancia en los puestos de la Administración que sean compatibles, junto con los medios técnicos necesarios para su correcto desarrollo.
  • Proponemos derogar la ley de racionalización de la administración pública y, de esta forma, suprimir la prioridad que hoy se otorga al pago de la deuda pública.

• Capacidad relacional: tejer redes y operar desde la colaboración.
  

  La complejidad de los problemas a tratar desde la Administración pública nos obliga a cruzar fronteras y a trabajar desde las intersecciones. Se requieren, pues, nuevas capacidades relacionales para poder articular espacios de colaboración entre diferentes niveles administrativos (Gobierno multinivel), entre diferentes departamentos (transversalidad) y con los múltiples agentes de la sociedad civil (participación).

  • Proponemos pues la creación de redes, de ecosistemas que —cada uno en su ámbito— sean capaces de abordar desde la colaboración y la confianza los principales retos ambientales, sociales y económicos del país.
  • Articular estas redes implica un cambio en las formas de conformar las políticas públicas.

• Capacidad de anticipación y de evaluación: mirar el futuro y saber lo que avanzamos.
  

  Las Administraciones públicas no pueden limitarse al día a día, a las inercias de la cotidianeidad.

  • En este sentido, por un lado, debemos promover visiones estratégicas que nos permitan anticipar el futuro.
  • Por otro lado, resulta imprescindible promover una cultura de la evaluación y herramientas para llevarla a cabo. Partiendo de experiencias pasadas, y del nuevo marco que ofrece la reciente Ley 27/2022, proponemos profundizar en el desarrollo de la evaluación de los resultados del sector público con un diseño institucional adecuado a partir de una agencia de evaluación de políticas públicas capaz de impulsar un trabajo que no solo genere aprendizaje interno, sino que, de cara al exterior, favorezca la rendición de cuentas y la legitimidad de las intervenciones públicas.

• Liderazgo: politización y función directiva profesional
  

  La transformación de la Administración no es sencilla y requiere de un fuerte compromiso por parte tanto del liderazgo político como de la 120Un proyecto para ensanchar la democracia Democracia de calidad función directiva profesional. Un liderazgo también renovado, pero fuertemente comprometido con los propósitos de cambiar las dinámicas de funcionamiento de las instituciones públicas.

  • Por un lado, se requiere un compromiso explícito desde la cúpula del Gobierno y un encargo político, claro y potente, al responsable de la transformación administrativa. Este liderazgo político debe combinar mucha fuerza para imponerse en un entorno repleto de resistencias y mucha sensibilidad, pues no se trata de un liderazgo vertical, sino de un liderazgo que escucha y articula.
  • Por otro lado, deberemos poner en marcha un proyecto de dirección pública profesional, con nuevos perfiles y habilidades adecuadas a la Administración que se pretende construir.
  • Finalmente, impulsaremos políticas de integridad y de rendición de cuentas, asegurando así el comportamiento ético y responsable de los cargos públicos y los profesionales de la Administración.

• Innovación, digitalización y gestión del conocimiento.
  

  Como tantos otros ámbitos, la transformación de la Administración pública reclama disponer de espacios innovadores, así como promover una gestión de los datos y del conocimiento.

  • En este sentido, proponemos impulsar tanto los laboratorios de innovación pública como una agencia pública para la transición digital destinada a impulsar y controlar la introducción del análisis de datos masivos, los procesos de digitalización y los riesgos de exclusión que generan el uso de algoritmos en la toma de decisiones o la llegada de la IA a la Administración pública.
  • En términos más generales, hemos de garantizar una transición digital transparente y con criterios democráticos y de justicia.
  • En el marco de la agencia para la transición digital, se proponen actuaciones diversas, como promover una pacto nacional de innovación tecnológica, impulsar un ecosistema de plataformas público-comunitarias, garantizar el derecho a la propiedad común de los datos, crear infraestructuras tecnológicas nacionales y europeas soberanas, asegurar la toma democrática de decisiones en torno al desarrollo tecnológico, generar una red de equipamientos para la inclusión digital, impulsar programas de alfabetización digital promovidos por la Administración pública, implementar medidas para combatir la brecha digital o un plan de igualdad digital para la promoción de una digitalización feminista.

3.2.3. Modelo territorial

El Estado de las autonomías ha sido una fórmula abierta para articular las diferentes realidades políticas y sociales bajo un mismo paraguas institucional. Aunque el modelo actual se diseñó desde una perspectiva centralista, se han consolidado las Administraciones autonómicas, se han generado subsistemas políticos diferenciados y, quizá de forma incompleta, se han abierto esferas públicas con identidades regionales o nacionales. Tras esta evolución, hoy llena de tensiones, se requiere una transformación del modelo territorial en la que inscribir políticamente la gestión, las políticas públicas y las instituciones que sustentan nuestra democracia. Se trata de un proyecto político a medio y largo plazo que proporcione una visión estratégica sobre la ordenación territorial en España. Un nuevo contrato territorial que asuma y articule la complejidad y la diversidad del país. Una diversidad recogida, aunque no desarrollada, en la CE y que debe ser incorporada como símbolo de madurez de nuestra democracia. Todo ello requiere de una nueva cultura política de la pluralidad y del encuentro, radicalmente diferente del enfrentamiento territorial y del agravio permanente que otros parecen promover.

• Pacto territorial
  

  España es una realidad plurinacional, un país de países, en el que todas las naciones y comunidades políticas deben desarrollarse en un marco igualitario y solidario. Un estado que se construya valorando y dignificando su rica diversidad.

  • El punto de partida debería ser un nuevo pacto territorial, reconociendo y poniendo en valor la diversidad de España, aunque dotándola de un sentido solidario.
  • Este pacto es la base de un nuevo contrato territorial para un mejor desarrollo de los autogobiernos y del gobierno compartido.
  • Un pacto que sitúa en el centro la colaboración, el diálogo y la vocación de servicio al bienestar de la sociedad.

• Competencias y financiación para las comunidades autónomas
  

  Para garantizar el autogobierno territorial y desarrollar las políticas propias en el ámbito competencial autonómico, es necesario el pleno respeto de las competencias autonómicas, así como garantizar una financiación suficiente para las comunidades autónomas,

  • Acordando un nuevo modelo que incluya un suelo fiscal para prestar unos servicios públicos de calidad, ya que el actual está caducado desde 2014.
  • Así pues, es necesario impulsar el desarrollo del pleno cumplimiento de los Estatutos de Autonomía, encauzar las reformas de aquellos que necesiten ser actualizados e impulsar de forma inmediata la reforma del sistema de financiación.

• Reconocimiento y potenciación de los gobiernos locales
  

  El modelo territorial está incompleto si no incorporamos a los municipios. En este sentido, nuestra propuesta es nítidamente municipalista y reconoce su importante papel a la hora de trabajar por el bienestar de nuestra sociedad.

  • Para ello aprobaremos de forma inmediata una ley de gobiernos locales y financiación local, y aseguraremos el reconocimiento a la capacidad y la legitimidad de los gobiernos locales para formar parte del modelo de gobernanza multinivel;
  • Del mismo modo, apuntalaremos sus competencias y mejoraremos los recursos para desarrollarlas.

• Una españa plurilingüe y pluricultural. reconocimiento del plurilingüismo.
  

  Las instituciones del Estado deben preservar la riqueza cultural y lingüística de España, de forma coherente con nuestra realidad plurinacional. Por eso, es necesario que desde las administraciones públicas se preserve viva esta riqueza, respetando y dignificando las lenguas y culturas de las diversas naciones y territorios, desde una posición de igualdad y reconocimiento mutuo de todas ellas.

  • La pluralidad lingüística no se debe limitar a las comunidades autónomas con lengua propia, sino que su promoción y uso debe extenderse al conjunto de España y sus instituciones, así como al marco de la UE.
  • El gobierno debe velar por la garantía de los derechos de todos y todas las hablantes, asegurando el uso efectivo de las lenguas cooficiales, como se señala en los Informes del Consejo de Europa sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, con especial atención a su cumplimiento en la AGE y la Administración de justicia

• Impulso de una mesa de diálogo entre el gobierno del estado y la generalitat de catalunya
  

  La relación entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España ha mejorado notablemente gracias a la política del diálogo, la negociación, la desjudicialización y la construcción de acuerdos impulsado por ambos Gobiernos.

  • Es necesario reforzar los mecanismos de concertación multilateral y bilateral entre las instituciones de la Generalitat de Catalunya y del Estado para el pleno desarrollo del autogobierno. Un diálogo permanente y respetuoso basado en el reconocimiento de una gobernanza multinivel y teniendo como horizonte que España debe avanzar hacia el pleno reconocimiento de su carácter plurinacional.
  • Hay que avanzar hacia un nuevo pacto territorial entre catalunya y el Estado alcanzado a través del diálogo, la negociación y el acuerdo. Un diálogo bilateral, de Gobierno a Gobierno, en la mesa de diálogo. Al mismo tiempo, debemos impulsar todos los espacios de negociación bilateral que recoge el Estatuto de Catalunya y todos los espacios multilaterales que deben funcionar de forma regular avanzando en nuevos acuerdos.
  • El acuerdo surgido de la negociación entre la generalitat de catalunya y el Gobierno del Estado tiene que ser votado por la ciudadanía de Catalunya. Catalunya es la única comunidad que se rige por un Estatuto que no ha sido votado por la ciudadanía y no es fruto de un pacto entre Gobiernos, de manera que el nuevo pacto político entre Catalunya y el Estado debe pasar por las urnas.

.3.3. Un país más justo

3.3.1. Un modelo de justicia

La justicia es un servicio público esencial para hacer efectivas la libertad y la igualdad de la ciudadanía. Un servicio mediante el que nuestros tribunales no solo cumplen un mandato constitucional, sino que también dan la medida de su valor para generar cohesión social, crear comunidad en torno a los valores democráticos y para apelar a la ciudadanía —desde esa comunidad compartida—, tanto en relación con el ejercicio de sus derechos como con el cumplimiento de sus deberes en la construcción del bien común.

Así se garantizan, en última instancia, las libertades y los derechos, costosamente conseguidos, que se ven amenazados, en la práctica, por fenómenos como las condiciones abusivas de algunos contratos, los problemas vinculados al medio ambiente, la salud, la vivienda, los retos en materia de libertades civiles y las múltiples manifestaciones de la violencia heteropatriarcal. De la misma manera que su defensa requiere instrumentos normativos que hagan frente a tales retos, también los medios y las estructuras organizativas a su servicio deben ser los adecuados —tanto en cantidad como en calidad—, para satisfacer las demandas de la ciudadanía.

Por ello, nuestras propuestas en esta materia no se limitan a la configuración de los órganos de gobierno de la judicatura, la selección de sus componentes, la de sus altas magistraturas, los sesgos de los que adolecen algunas de sus decisiones y el contenido de las leyes que las fundamentan. Junto a esa dimensión de la justicia como «poder», que sin duda ha de tenerse en cuenta, una fuerza política con proyecto de Estado debe mostrar una visión solvente de la justicia entendida como «servicio» y servicio público.

Se trata de construir una justicia democrática, abierta y en diálogo con todos los operadores jurídicos y entidades que compartan la necesidad de hacer real el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

• Impulso de una estrategia de la justicia del siglo xxi para garantizar que cumple su función como pilar básico de nuestra democracia y servicio público de calidad
  

  Los principios centrales de nuestra democracia dependen en gran medida de la justicia: su actuación garantiza la efectividad real de estos valores o la frustra de facto. La Administración de justicia es un poder del Estado encargado de aplicar la ley, además de un servicio público que provee a la ciudadanía, a las empresas, a las asociaciones y a los colectivos de un bien esencial: la resolución de disputas y la atribución y efectividad de los derechos.

  • España no se puede permitir continuar con una administración de justicia colapsada e incapaz de resolver, conforme a la ley y en tiempo razonable, los conflictos que se le plantean.
  • El inadecuado funcionamiento de la justicia perjudica especialmente a los más vulnerables.
  • Una administración de justicia eficaz es la mejor garantía de derechos para las personas y los sectores sociales más débiles frente a aquellos con mayor poder.

• Desarrollo de forma dialogada un plan de choque inmediato en la administración de justicia para eliminar sus graves deficiencias.
  

  Los principios centrales de nuestra democracia dependen en gran medida de la justicia: su actuación garantiza la efectividad real de estos valores o la frustra de facto. La Administración de justicia es un poder del Estado encargado de aplicar la ley, además de un servicio público que provee a la ciudadanía, a las empresas, a las asociaciones y a los colectivos de un bien esencial: la resolución de disputas y la atribución y efectividad de los derechos.

  • La situación actual de la justicia es crítica. sin perjuicio de su coexistencia con otras medidas a largo plazo, es inaplazable elaborar de forma inmediata y dialogada con los operadores jurídicos y los agentes institucionales y sociales del ámbito de la Administración de Justicia, un plan de choque.
  • Este debe prever las acciones legislativas, organizativas y presupuestarias necesarias, tanto a corto como a medio plazo (la dotación temporal extraordinaria de medios a los órganos más necesitados, el incremento del número de jueces por habitante o un nuevo modelo de oficina judicial, entre otras), para mejorar la calidad del servicio público de Administración de Justicia y reducir el tiempo necesario para obtener una resolución judicial firme y ejecutada oportunamente.
  • Es necesario arbitrar mecanismos que reduzcan litigios y demoras, así como abordar la realidad de los actos masa (grandes cadenas de actos iguales y aislados), para darles una respuesta conjunta que llegue a todos los afectados, incluso sin necesidad de haber litigado.
  • Crearemos también órganos de ejecución comunes a las distintas jurisdicciones, con medios no menores a los que dispone la Agencia Tributaria, para poner remedio a las numerosas ejecuciones dinerarias pendientes.

• Potenciaremos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para descongestionar la justicia y avanzar hacia modelos menos adversariales de resolución.
  

  España se caracteriza por una elevada litigiosidad y un uso insuficiente de instancias no judiciales para resolver conflictos.

  • Por tanto, facilitaremos el acceso a la mediación, a la conciliación y a otras formas alternativas de resolución de conflictos (Alternative Dispute Resolution [ADR]) con respeto a los derechos de la parte más débil, así como con mediadores y facilitadores públicos profesionales a los que pueda acceder toda la ciudadanía, construyendo en el proceso una justicia que cuente con la participación ciudadana, propicie la resolución pactada de sus propios conflictos y establezca las salvaguardias convenientes en función de su naturaleza
  • Proponemos la creación de órganos públicos de conciliación y mediación preprocesales de proximidad, a los que se pueda acceder a través de los afectados o por indicación del órgano judicial competente, como herramientas para la resolución alternativa de conflictos muy cercanos a la ciudadanía —también en las grandes ciudades— .
  • Estos órganos contarán con personal profesional especializado en diversas materias, con medios suficientes y con fuerza ejecutiva de los acuerdos y mediaciones logrados sin necesidad de ulterior ratificación judicial.

• Mejoraremos la atención a las víctimas mediante la implantación de servicios de justicia restaurativa de carácter público y universal en todas las fases del proceso penal.
  

  España se caracteriza por una elevada litigiosidad y un uso insuficiente de instancias no judiciales para resolver conflictos.

  • Mejoraremos la respuesta dada a las víctimas, se desarrollará reglamentariamente el estatuto de la Víctima, estableciendo un derecho de acceso a servicios de justicia restaurativa, para todas las víctimas que así lo soliciten, con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito.
  • Garantizaremos la calidad de los servicios de justicia restaurativa, así como su consideración como servicio público.
  • Estos servicios se financiarán de forma estable y suficiente en todo el Estado para que no existan territorios donde las víctimas no puedan acceder a los servicios de justicia restaurativa eficaces, seguros y competentes.
  • Promoveremos las reformas procesales oportunas para dotar de seguridad jurídica a los resultados que se produzcan en el proceso restaurativo.

• Dotaremos a la justicia de los medios humanos y materiales idóneos y suficientes, corrigiendo sus defectos estructurales y funcionales.
  

  Se necesitan más medios focalizados allí donde son necesarios, partiendo de que un simple incremento de medios no es el remedio adecuado si no se acompaña de una distribución racional y finalística de los existentes y de la corrección de defectos tanto estructurales como funcionales.

  • La inversión debería concentrarse en agilizar la primera instancia, donde los resultados son comparativamente más negativos, en contraste con otros países de la OCDE. En particular, hay que reforzar las plantillas de jueces y juezas, letradas y letrados de la Administración de justicia, el personal de gestión, tramitación, auxilio judicial, entre otros; así como de psiquiatría, medicina, psicología, trabajo social, criminología y demás. Igualmente, adoptaremos medidas para mejorar los servicios de traducción e interpretación.
  • Es necesario dotar de medios y personal especializado de apoyo a los órganos de segunda instancia y al TS para que la eficacia de la justicia en una instancia no se vea frustrada en las sucesivas instancias.
  • También impulsaremos recursos de apoyo al servicio judicial (atención a las víctimas, ejecución penal, justicia restaurativa y terapéutica y la articulación con el espacio sociosanitario).

• Avanzaremos hacia la digitalización de la justicia
  

  Apostar por la informatización y ofimatización de la Oficina Judicial es una demanda del sector

  • Hay que potenciar las distintas medidas de eficiencia digital contempladas en el plan Justicia 2030, asegurando no solamente los aspectos normativos del mismo, sino también la colaboración de ingenieros informáticos que permita un diseño adecuado y eficaz —preferentemente con código abierto— de la justicia digital, que debe ser transparente y de libre acceso para la ciudadanía.
  • Es imprescindible el despliegue de nuevas herramientas tecnológicas como el expediente judicial electrónico accesible, la interoperabilidad, la utilización de datos para proyectar mejoras y las videoconferencias.
  • Sin perjuicio de las competencias autonómicas, hay que garantizar el establecimiento de pasarelas entre los programas informáticos de gestión de los procedimientos judiciales en las comunidades autónomas.

• Reestructuración de la oficina judicial
  

  Necesitamos un nuevo modelo de Oficina Judicial.

  • Debe pasarse del actual sistema de órganos judiciales separados a otro de actuaciones conjuntas integradas con servicios comunes a todos ellos.
  • Desarrollaremos la oficina judicial basándonos en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación.
  • Reorganizaremos los recursos actualmente existentes, buscando criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones, con el despliegue simultáneo de nuevas herramientas tecnológicas (expediente judicial electrónico accesible, interoperabilidad y utilización de datos para proyectar mejoras, videoconferencias)
  • La nueva oficina judicial, con la esencial utilización de los medios informáticos, no debe impedir que los ciudadanos puedan relacionarse presencialmente con el personal judicial.

• Adaptación de la justicia a la estructura descentralizada y compuesta del estado y aseguración de la coordinación multinivel
  

  El actual sistema constitucional distribuye las competencias en materia de justicia entre el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencias transferidas y el CGPJ, lo que lleva al establecimiento de organismos permanentes de coordinación y normas para solucionar conflictos.

  • La «cogobernanza» será potenciada, pues es la forma óptima de adecuar el diseño de políticas públicas en esta materia a la descentralización propia de nuestro modelo constitucional y resulta determinante para avanzar en el establecimiento de un nuevo marco de relaciones que supere las ineficiencias y disfunciones que impiden que el sistema público de justicia preste servicio en condiciones homogéneas y con un similar nivel de calidad en todo el Estado.
  • En este ámbito debe llegarse a acuerdos en temas como la política de demarcación y planta judicial, así como la creación de juzgados y tribunales y delimitación de su ámbito territorial. La falta y deficiencia de coordinación es uno de los factores que más distorsionan el funcionamiento de los órganos judiciales.
  • Los tsj de cada comunidad autónoma deben ser la última instancia judicial de cada comunidad, dejando aparte la función de unificación jurisprudencial del TS (art. 152.1 CE y los diversos Estatutos de Autonomía).
  • Reduciremos las competencias de la audiencia nacional (an) al mínimo en las distintas materias (especialmente las penales) y suprimiremos sus competencias relativas a menores y vigilancia penitenciaria, que regresarían a sus órganos naturales, para evitar la merma de las competencias constitucionales de los TSJ y la conversión práctica del TS en un órgano de segunda instancia.
  • Debe excluirse además la competencia del ts sobre materias de ámbito no estatal o no superior a una comunidad autónoma.
  • Se debe articular la descentralización del cgpj en determinadas materias (que no sean estrictamente las que el art. 122.1 CE atribuye al CGPJ), sin perjuicio de una posible vía de recurso, transfiriéndolas o delegándolas en Salas de Gobierno reforzadas con miembros ajenos a la carrera judicial o bien creando Consejos Territoriales que resuelvan con mejor conocimiento, rapidez y sensibilidad autonómica los problemas que afectan a cada comunidad.

• Impulso de una ley orgánica sobre el derecho a la defensa
  
  • Esta ley orgánica del derecho de defensa tendrá como objeto desplegar el catálogo de derechos que asisten a toda persona, regular las garantías y deberes de la asistencia jurídica, así como las garantías institucionales para su ejercicio a través de las instituciones que le son propias, rechazando fórmulas de privatización y reconociendo el derecho a la indemnidad por el ejercicio del derecho de defensa.
  • Garantizaremos el suministro por parte del estado de los medios de prueba pertinentes en los casos de evidente desigualdad entre las partes.
  • Se adelantarán las indemnizaciones a las víctimas, en especial de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de delitos, para impedir que las demoras conlleven la reducción de sus derechos.

• Refuerzo de la justicia gratuita y el turno de oficio como servicios públicos esenciales
  

  El derecho a la tutela judicial efectiva exige garantizar a las personas que no disponen de recursos económicos suficientes el asesoramiento, la representación procesal y la defensa de calidad por mandato de los artículos 119 y 24 de la Constitución

  • Para ello es necesario mejorar losmecanismos de información a la ciudadanía sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita y los requisitos y las condiciones de la prestación, así como incrementar los recursos destinados a ese servicio, poniendo fin a la insuficiencia y el retraso en el abono de los honorarios de los profesionales que lo prestan y aumentando el umbral de rentas para tener derecho a la justicia gratuita.
  • Se invertirá en una mayor remuneración para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de dignificar y compensar el servicio público prestado por abogadas y abogados.
  • Simplificaremos y agilizaremos el procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
  • Se proporcionará asesoramiento jurídico gratuito previo a la vía judicial y se facilitará la elección y el cambio de profesionales de oficio.
  • Mejoraremos, en colaboración con los colegios profesionales, el sistema del turno de oficio y las garantías para la organización, el funcionamiento y cobro de honorarios.
  • Se adoptarán medidas para mejorar la calidad del servicio prestado, entre otras cosas, potenciando la formación especializada y estableciendo mecanismos eficaces de evaluación y satisfacción del servicio público recibido.
  • Garantizaremos que la administración de justicia colabore correctamente en el sistema de designación de oficio de modo que se respete y facilite la labor de los profesionales en la Administración de Justicia.

• Propondremos un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales.
  

  El derecho a la tutela judicial efectiva exige garantizar a las personas que no disponen de recursos económicos suficientes el asesoramiento, la representación procesal y la defensa de calidad por mandato de los artículos 119 y 24 de la Constitución

  • Nos comprometemos a proponer una reforma de los sistemas de acceso a las carreras profesionales relacionadas con la justicia, con la creación de un centro de altos estudios de carácter público, propiciando modalidades de pruebas y criterios de selección que, sin merma de su carácter rigurosamente objetivo, prioricen la madurez intelectual y cultural, la adquisición de conocimientos jurídicos y la capacidad argumentativa frente al acopio memorístico de conocimientos, estableciendo un periodo transitorio para la adaptación de los actuales opositores.
  • Los estudiantes admitidos durante el periodo de estudios y prácticas, tras cuya superación adquirirían la correspondiente titularidad, recibirán la retribución correspondiente para garantizar la igualdad.
  • En este nuevo modelo de acceso se reforzarán las materias de igualdad de género, derechos humanos y respeto hacia las minorías.
  • Se incidirá en las aptitudes para la toma de decisiones y en el conocimiento de la trascendencia que pueden tener en el entorno social al que van dirigidas, en la motivación y en el ejemplar trato que se dispense a todos los intervinientes.
  • Estableceremos un sistema de becas públicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo público en la justicia para garantizar que ninguna persona quede excluida del acceso por motivos socioeconómicos.
  • Asimismo, se favorecerá el acceso de las minorías a la carrera judicial y fiscal.
  • Además, se establecerán formas especiales de acceso a las carreras judicial y fiscal, tercer y cuarto turno, para profesiones jurídicas y universitarias y para determinados colectivos (letrados y letradas Administraciones de Justicia, así como personal judicial y fiscal sustituto).

• Incorporaremos de manera integral la perspectiva de género interseccional y otras perspectivas que sirvan tanto para visibilizar como para reconocer las necesidades de colectivos marginalizados y luchar contra todo sesgo o discriminación en la carrera fiscal y judicial y el resto del personal judicial.
  

  Vivimos en un país profundamente desigual en el que diversas identidades (género, clase social, etnia, nacionalidad, edad, discapacidades, etcétera) interaccionan entre sí y crean situaciones de especial vulnerabilidad. Estas desigualdades podrían suponer un sesgo o un trato diferencial hacia la ciudadanía por parte de la justicia o afectar negativamente a la progresión profesional dentro del sistema de justicia.

  • Para combatir el pernicioso efecto de estas desigualdades adoptaremos un plan integral que identifique medidas destinadas a atajar estos problemas.
  • Garantizaremos la formación continua de las personas integrantes de la carrera judicial y del Ministerio Fiscal, así como la del personal judicial, en materia de no discriminación e igualdad y, en particular, en lo que respecta al enjuiciamiento con perspectiva de género, infancia y adolescencia, a la lucha contra la violencia contra la mujer en todas sus formas y a la utilización del lenguaje inclusivo.
  • Se promoverá la participación igualitaria de todos los miembros de la carrera judicial y fiscal, mujeres y hombres, en las actividades de formación en las labores de coordinación, dirección, docencia y en la asistencia como participantes.
  • Integraremos la perspectiva de género en toda la política de prevención de riesgos laborales, velando por el establecimiento y cumplimiento adecuado de medidas efectivas de protección frente a todas las formas de acoso y violencia en la carrera judicial y fiscal, abordando las medidas necesarias para la adaptación del ejercicio de la actividad jurisdiccional a la edad de las personas llamadas a ejercerla.
  • Se garantizará la paridad de hombres y mujeres en el tribunal constitucional, el Tribunal Supremo y otros órganos colegiados o técnicos, promoviendo acciones positivas para el acceso de las mujeres a las presidencias de Sala y a los cargos de la Fiscalía.
  • Adoptaremos medidas para que nadie pueda sufrir consecuencias negativas derivadas de las labores de cuidado de atención a la familia y personas dependientes en el acceso a cargos de nombramiento discrecional al que se refiere el artículo 326.2 de la LOPJ.

• Negociaremos con los agentes sociales la situación laboral y profesional de quienes trabajan en la administración de justicia en orden a mejorar sus condiciones y ordenación.
  
  • Es necesaria una reformulación dialogada de la situación profesional del personal con aprovechamiento racional de conocimientos y clara distribución competencial sin rigideces, estableciendo las compensaciones procedentes, la especialización por materias, la adaptación a las formas de gestión derivadas de la aparición de múltiples desarrollos informáticos, repensando la actual estructura por categorías, la formación continuada y especializada sobre competencias y las habilidades relacionadas con su puesto de trabajo, la vinculación del plan de carrera profesional a los planes de formación y el diseño de una política retributiva objetivada que permita reconocer una mayor o mejor dedicación o un mejor perfil.
  • En general, se trata de articular fórmulas para lograr la «motivación» como servidores públicos y para conseguir que el trabajo, cuidadoso en el trato ciudadano, de calidad y en tiempo adecuado, sea reconocido a efectos retributivos y de promoción
  • Se reducirán al máximo las suplencias e interinidades, con necesaria y previa formación y la valoración a efectos de consolidación y acceso definitivo.
  • Para los letrados y las letradas de la administración de justicia se efectuará una atribución funcional concretada legalmente y acorde con sus conocimientos jurídicos especializados, dando prevalencia a su actuación como directores del proceso respecto, en su caso, a su posible función como gestores de la Oficina Judicial.
  • En especial procuraremos, de forma dialogada, el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que efectivamente realicen todos los demás cuerpos funcionariales, destacando su profesionalidad y su papel determinante en el adecuado funcionamiento de la justicia.
  • Insistiremos en su especialización, profundizaremos en su función como gestores de la oficina judicial y delimitaremos, en su caso, claramente sus funciones respecto de los letrados y las letradas de la Administración de Justicia.

• Articulación de un ministerio fiscal activo en la defensa del interés social promoviendo ante los tribunales el interés de lo público y la defensa de los derechos de los ciudadanos.
  

  El Ministerio Fiscal, al tener el mandato constitucional de, entre otros, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y procurar ante estos la satisfacción del interés social,

  • Propugnamos que deben establecerse, no solo fórmulas de nombramiento que garanticen el prestigio e independencia del Fiscal General, sino que aseguren una interpretación constitucional del interés público y del interés social en el marco de una actuación de la institución proactiva en defensa de los derechos de los ciudadanos cuyo control propondremos que se lleve a cabo por el Parlamento, dotándolo de medios suficientes para cumplir adecuadamente con tales funciones (que ahora no logra efectuar en las distintas jurisdicciones).

• Configuración de la función que ejercen los profesionales independientes (abogados/as, graduados/as sociales y procuradores/as) como esencial para lograr una justicia constitucional, siendo garantía para el ciudadano, pero también para todo el sistema judicial
  

  El Ministerio Fiscal, al tener el mandato constitucional de, entre otros, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y procurar ante estos la satisfacción del interés social,

  • La «justicia» se produce en equipo, todos los intervinientes deben estar coordinados y motivados en aras de lograr una justicia constitucional y ser conscientes de que las deficiencias de unos inciden en las actuaciones de los demás y que todos son corresponsables de su funcionamiento adecuado.

• Reconoceremos la responsabilidad del estado por funcionamiento anormal de la justicia y por error judicial y la exigencia indemnizatoria a cargo del estado (art. 121 ce).
  

  Del funcionamiento anormal de la justicia derivan vulneraciones de derechos fundamentales.

  • La obligación del estado de reparar las consecuencias del funcionamiento anormal de la justicia debe ser realmente exigible y debe dar lugar a la correspondiente responsabilidad indemnizatoria.
  • Además, los daños causados por error judicial deben extenderse a supuestos más amplios que los contemplados por la jurisprudencia («error craso, patente, indubitado e incontestable») y establecerse mecanismos efectivos para su exigibilidad.
  • Garantizar que las resoluciones de jueces y tribunales estén adecuadamente motivadas (especialmente cuando afecten a derechos fundamentales y a libertades públicas) y redactadas en un lenguaje claro y accesible, garantizando el derecho de la ciudadanía a ser informada y asistida en una lengua que comprenda, así como a utilizar la lengua oficial que se decida en las comunidades autónomas con idioma propio y ser respondida en ella, con la misma igualdad de condiciones que en otros servicios públicos.
  • Igualmente, hay que asegurar también la protección de los derechos lingüísticos y promover el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.

• Reformas en los distintos ámbitos jurisdiccionales
  
  • Deben existir juzgados de familia en todos los territorios e instancias, ajustando la normativa sustantiva a la realidad social y a los valores de igualdad, fortaleciendo los equipos psicosociales y ofreciendo a las familias recursos de justicia terapéutica.
  • Asimismo, es imprescindible la existencia de órganos especializados en el ámbito de la discapacidad y dotados de equipos técnicos adecuados.
  • En el orden social se promoverá la especialización de juzgados en materia de seguridad y salud en el trabajo y se propondrá ante los organismos competentes la creación de un tribunal social internacional.
  • En la jurisdicción de menores, la norma sancionadora debe ser fundamentalmente educativa, evitando que la respuesta sea solo de castigo, prohibiéndose la privatización de la ejecución de las medidas. Reforzaremos los equipos técnicos y llevaremos a cabo un adecuado control en los centros del cumplimiento de las medidas y de protección
  • En el ámbito contencioso-administrativo se ha de facilitar el allanamiento por parte de la Administración cuando se trate de asuntos muy difícilmente defendibles. Se debe, además, mejorar el aprovechamiento de mecanismos como los pleitos testigos y la extensión de los efectos de las sentencias, así como eliminar las dilaciones derivadas del defectuoso funcionamiento de determinados tribunales económicos administrativos a los que los ciudadanos se ven en ocasiones obligados a acudir como vía previa a la judicial.
  • En la justicia penal hay que llevar a cabo un adecuado control de las conformidades que evite la vulneración de los derechos de igualdad y de defensa, especialmente en el caso de personas extranjeras. Promulgaremos una nueva ley de indultos ajustada a la realidad social actual y que refuerce la exigencia del interés público en su concesión.
  • Por otra parte, se impulsará la lucha contra la violencia de género, con una mayor coordinación entre las oficinas de víctimas del delito y el resto de recursos de la Administración de Justicia y la recuperación de los juzgados de violencia de género.
  • Propondremos que, en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, se atribuya la instrucción al Ministerio Fiscal, creando la figura del juez de garantías para el control de las medidas a adoptar que afecten a derechos fundamentales.
  • En general, impulsaremos la promulgación de leyes procesales agilizadoras y la reforma de leyes sustantivas desfasadas de la realidad social (entre otras, en materia de sucesiones) y de los valores de igualdad que reclama la sociedad actual.

• Recuperación de la justicia universal penal como medio para evitar la impunidad de acciones que atentan contra los derechos más fundamentales del ser humano y garantizar la realización del valor de la justicia.
  

  Cada vez son más los casos en los que existe interés por parte de toda la comunidad internacional en que determinados hechos delictivos, los más graves o los que se cometen en varios países, no queden impunes. Esto va unido a la constante reformulación del concepto de soberanía de los Estados como lo demuestra la creación del Tribunal Penal Internacional.

  • Se garantizará la formación de los jueces en tratados, convenios y resto de normativa internacional para garantizar una adecuada aplicación de la justicia multinivel.

• Supresión de la justicia militar e integración en la jurisdicción ordinaria
  
  • Proponemos la supresión de la justicia militar. todas las cuestiones de las que conocen los tribunales militares son susceptibles de ser conocidas por las jurisdicciones ordinarias, en especial por los órdenes penales y por el contencioso administrativo.
  • De igual modo, y en coherencia con lo anterior, proponemos la derogación del código penal militar, sin perjuicio de integrar en el código penal ordinario aquellos tipos penales específicos al ejercicio de las armas.
  • Asimismo, las normas procesales aplicables serán las de las leyes procesales que correspondan conforme a las cuestiones que se hayan de dilucidar, sin perjuicio de las adaptaciones que fuesen precisas debidas a la singular naturaleza del ejercicio de las armas.
  • En cuanto a la situación de los profesionales que sirven el cargo en la jurisdicción militar como jurídicos militares, se les dará la opción de integrarse, además de en los cuerpos o armas militares, si así se decidiera y fuese procedente, a su elección, en las carreras judicial, fiscal o en el cuerpo de abogados del Estado, según las vacantes existentes en cada uno de estos cuerpos, sin merma de los derechos adquiridos como el de la antigüedad o los demás que les pudieran corresponder.

• Renovación del consejo general del poder judicial
  

  Necesitamos un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sea reflejo de la pluralidad democrática de nuestro país y que dé lugar a un gobierno transparente del poder judicial, evitando su uso partidista y garantizando el interés general de la ciudadanía.

  • Para eso es preciso reformular su sistema de elección y reforzar su naturaleza democrática y, por tanto, el protagonismo del Parlamento, así como la obtención de mayorías, de modo que se evite el bloqueo que en la actualidad sufre, garantizando una representación plural y equilibrada que asegure la imparcialidad del órgano y evite su instrumentalización.
  • Estableceremos mecanismos para lograr la paridad, al igual que en los restantes órganos de gobierno, y respaldaremos que, una vez expirado su mandato, cesen automáticamente vocales y presidente.
  • En cuanto a los vocales del cgpj de procedencia judicial, mantenemos el modelo de elección parlamentaria.
  • También reformaremos la ley orgánica del poder judicial para ajustar las competencias del CGPJ a las funciones relativas a su estatuto y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo, así como lo relativo a la ordenación de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario entre los funcionarios y empleados públicos del poder judicial con el objeto de incrementar la eficacia del funcionamiento de la justicia como un servicio público para la ciudadanía.
  • La primera semana tras la constitución de las cortes, nuestro grupo parlamentario propondrá a las presidencias del Congreso y del Senado que convoquen sin demora un pleno para activar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

• Renovación del tribunal constitucional e implantación de la figura del amicus curiae.
  
  • El tribunal constitucional, máximo intérprete de nuestra constitución y garante de los derechos fundamentales y libertades públicas, debe contar con fórmulas de nombramiento que garanticen el prestigio e independencia de sus magistrados, evitando el bloqueo de su renovación cuando algunos de los órganos competentes para designar miembros no cumplan en tiempo y forma con su obligación constitucional de nombramiento.
  • Es también necesario modificar la ley orgánica del tribunal constitucional para evitar que el retraso en el nombramiento de magistrados suponga que su mandato resulte inferior a los nueve años, dada la ineficacia de la medida para evitar retrasos en la renovación de los magistrados y su dudosa constitucionalidad.
  • Se regulará la figura del amicus curiae, de manera que permita a organizaciones sindicales, de derechos humanos, medioambientales, etcétera, intervenir en los procesos, colaborando con el órgano judicial y aportando información objetiva.

3.3.2. Políticas de seguridad y prevención

Aunque España es un país relativamente seguro, podemos desarrollar políticas que sean más eficaces y justas en este ámbito. Es necesario un cambio radical en la forma de pensar la seguridad. Necesitamos transitar hacia la prevención, menos costosa social y económicamente que la reacción. La mejor respuesta a los problemas de inseguridad son las buenas políticas sociales. Las políticas públicas de seguridad deben plantearse de forma transversal, con la intervención de los diferentes agentes de carácter administrativo y social. Concebimos la seguridad ciudadana como un bien social desigualmente distribuido (las personas, colectivos y sectores sociales más vulnerables sufren mayor propensión a ser víctimas de delitos y vulneraciones de derechos). Sin olvidar el papel que corresponde a la comunidad, una visión progresista de la seguridad ciudadana implica considerar que es un servicio público que debe ser garantizado y proveído por el Estado para amparar a los sectores sociales más vulnerables. La izquierda debe proponer otros medios, menos autoritarios, violentos, populistas y costosos, y más eficaces y reales, para garantizar la seguridad en los barrios, especialmente los más vulnerables. La visión neoliberal, que lo fía todo a la responsabilidad exclusivamente individual y al «punitivismo mágico», debe ser sustituida por una visión más real y eficaz.

• Aprobación de una ley de prevención y convivencia
  
  • Respetando el marco competencial territorial, esta ley creará un marco de colaboración y coproducción entre los distintos niveles administrativos y posibilitará la participación activa de la ciudadanía y la sociedad civil para el abordaje transversal de la seguridad local, tanto a nivel municipal, metropolitano, como comarcal en el ámbito de la España rural
  • Esta ley creará los órganos de coordinación que sean necesarios.
  • Esta normativa facilitará la incorporación de medidas desde la óptica de las políticas sociales, con incidencia directa en la reducción de la delincuencia y en el aumento de la percepción de seguridad.
  • Esta ley también creará un marco regulatorio armonizador a las distintas normativas municipales sobre convivencia ciudadana, que desafortunadamente en numerosas ocasiones han tendido a criminalizar la marginación social y han priorizado la intervención policial ante conflictos que frecuentemente son de naturaleza social.
  • Por el contrario, esta ley potenciará medidas informativas, de dinamización comunitaria, restaurativas, educativas, de habilitación o adecuación de espacios, y de intervención social o gestión de conflictos realizadas por agentes no policiales, ante las medidas sancionadoras.

• Articularemos una red estatal de resolución comunitaria de conflictos leves, fortaleciendo el sentido de responsabilidad compartida y de pertenencia a la comunidad cívica.
  
  • Se articulará una red estatal de resolución comunitaria de conflictos leves no judicializados promoviendo la cohesión social y generando condiciones colectivas de escucha, entendimiento, confianza, respeto y cuidado.
  • Se fomentarán redes de mediación en barrios y pueblos, así como espacios comunitarios de reflexión y participación cívica desde una perspectiva de educación para la igualdad, la diversidad, la paz, la no violencia y la no polarización.
  • Es necesario invertir en estructuras administrativas, de la sociedad civil, y figuras diferentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como profesionales del trabajo social, la mediación, o la salud mental, a quienes se dote de estabilidad, salarios dignos, y medios para prevenir, gestionar, intervenir y resolver de forma mediada problemas de convivencia y conflicto social, o de naturaleza sanitaria en espacios públicos, en las escuelas o los barrios.
  • Igualmente, tendremos que formar y reorganizar a la policía para que pueda apoyar la labor de estos profesionales

• Propondremos una comisión parlamentaria para reabrir el debate sobre el modelo policial español
  
  • Es preciso impulsar un nuevo modelo policial que delimite adecuadamente sus funciones sobre el principio de subsidiariedad frente a otros actores sociales e institucionales, que sirva para profundizar en su profesionalidad y su modernización y que acentúe su carácter de institución al servicio de la ciudadanía.
  • El nuevo modelo ha de apostar por estructuras menos burocráticas, más horizontales y flexibles, con mayor capacidad para la colaboración con otras administraciones, más abierto a la participación ciudadana y con una mejor capacidad de planificación, gestión de la información y adaptación al cambio tecnológico.
  • Este modelo tendrá que reconocer las particulares necesidades y retos del ámbito rural y de la España vaciada
  • Esta comisión propondrá las líneas maestras para la reforma de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) de 1986, a fin de diseñar un nuevo mapa de funciones actualizado a los retos de seguridad actuales, así como nuevos mecanismos de coordinación y colaboración entre el nivel municipal, el autonómico y el central.

• Promoveremos políticas diferentes frente a las problemáticas de los grupos juveniles
  

  Se ha generado una alarma social, a veces con tintes racistas alentados desde determinados posicionamientos políticos, sobre problemáticas vinculadas a grupos juveniles, en especial vulnerables o procedentes de la migración. La respuesta no puede ser simplemente más policía. Frente a ello, desarrollaremos políticas progresistas con medidas como:

  • Formación interdisciplinaria preventiva en las aulas (que reemplace las charlas policiales),
  • Programas de educación contra la violencia de género,
  • Profesionalización de las figuras de mediación incorporando a personas procedentes de los grupos juveniles como jóvenes de enlace entre los grupos y otros agentes sociales, así como personas mediadoras intergrupales
  • Y medidas de inserción laboral juvenil.

• Impulso de medidas para mejorar la formación, selección y promoción de los miembros de las fcse en negociación con los representantes de estos colectivos
  
  • Es necesaria una nueva visión de la profesión policial en consonancia con un nuevo modelo de seguridad, basada en nuevas habilidades y funciones y una mayor apertura a la sociedad, asegurando que la selección, formación y promoción interna garanticen la diversidad e igualdad de oportunidades para mujeres y colectivos infrarrepresentados en los cuerpos de seguridad.
  • La legitimidad policial deriva del respeto y la confianza ciudadana, frente a soluciones propias de otro tipo de regímenes que ponen el acento en el principio de autoridad, proponemos un modelo policial construido sobre la cercanía y el respeto a la ciudadanía.
  • Las fcse deberían, por una parte, ser capaces de atraer y retener a profesionales con alta cualificación de otros sectores (ciencia de datos, investigación financiera) para desarrollar funciones que no requieran ser agente de autoridad y, por otra, delegar muchas de las tareas administrativas a personal que no sean policías, como ocurre en el resto de Europa.

• Convertiremos el bienestar del personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad en una prioridad estratégica.
  
  • Para ello, negociaremos con los agentes sociales mejoras en las retribuciones, las pensiones, la jornada laboral y aquellas medidas orientadas a dar respuesta adecuada a los problemas de salud mental que los retos de esta profesión plantean.
  • Propondremos reformas legales orientadas a conseguir estos objetivos (como la ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil).

• desmilitarización de la guardia civil, como reivindican muchos profesionales del cuerpo y respalda el código europeo de ética policial.
  
  • Una sociedad democrática requiere organismos civiles para garantizar la seguridad civil. aunque quedan algunos países donde persiste una gendarmería parcialmente militarizada, son una minoría en descenso. No existen razones de peso para justificar este anacronismo.

• Estableceremos modelos de gestión policial de las movilizaciones sociales y la desobediencia civil más tolerantes, menos agresivos y más respetuosos con los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación
  

  No podemos decir que la seguridad ciudadana es la garantía de los derechos fundamentales si la usamos como excusa para restringirlos excesivamente.

  • El modelo de gestión mediada —avalado por el alto comisionado de derechos Humanos de Naciones Unidas, el Parlamento Catalán y la Audiencia Nacional— constituye una buena práctica que debería convertirse en referente.
  • También reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal) en un momento en el que las movilizaciones sociales son importantes para, por ejemplo, concienciarnos de la emergencia climática.

• Propondremos una regulación completa del uso de la fuerza policial que incluirá la prohibición del uso de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios altamente lesivos.
  

  Los y las profesionales y la ciudadanía se merecen una mayor seguridad jurídica en este ámbito.

  • Se articulará una nueva regulación de rango legal y reglamentario del uso de la fuerza por las fuerzas policiales.
  • Una regulación que sea flexible pero vigilante con el uso de mecanismos menos lesivos; que adecue los protocolos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras recomendaciones de organizaciones internacionales; que permita la participación ciudadana o de organismos independientes en el desarrollo de protocolos de actuación (que han de ser públicos) que supongan un uso de la fuerza, y que articule mecanismos de reparación ágiles y adecuados en caso de uso impropio de la fuerza.
  • En nuestro país se mantiene el uso de balas de goma por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto en contexto de protestas pacíficas con fines de dispersión, como en el marco de operaciones en la frontera. Se trata de un material altamente lesivo que puede ocasionar lesiones de enorme gravedad que van desde la pérdida de ojos, la ruptura de vértebras y costillas, hasta la muerte. Por ello, se prohibirá el uso de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios altamente dañinos para la integridad física de las personas.
  • Regularemos, a la luz de la experiencia internacional, el uso de cámaras personales, como registro fidedigno de interacciones policiales con la ciudadanía.
  • Igualmente, se establecerán mecanismos para el control del uso de la fuerza en todos los espacios de privación de libertad (ya sean penales, policiales, de menores o extranjería).

• Limitaremos el uso de las paradas de identificación policial y las prohibiremos a efectos de aplicar la ley de extranjería.
  

  En España se usan de forma desmesurada las paradas de identificación policial, aunque la ciencia destaca que su impacto sobre la delincuencia es muy cuestionable.

  • Su utilización para controlar la inmigración conlleva que su peso recaiga injusta y desproporcionadamente sobre personas racializadas como es reconocido por varios estudios, sentencias e informes de organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas y la Comisión Europea.
  • Prohibiremos de forma expresa el uso de perfiles raciales y restringiremos la práctica de paradas policiales de identificación a situaciones vinculadas a la prevención e investigación de delitos y a supuestos muy justificados, concretos y documentados.
  • Se modificará la «ley mordaza» y se establecerán protocolos más estrictos y menos ambiguos, registro sistemático y publicación abierta y rápida de los datos, así como mejor formación en este ámbito para evaluar y evitar el uso sesgado de este poder policial.

• Potenciamiento de la democratización de los cuerpos policiales y refuerzo de los mecanismos de control interno y externo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
  
  • Es fundamental que las fuerzas y cuerpos de seguridad se auto controlen y asuman los contenidos básicos del Código Europeo de Ética de la Policía.
  • Ello pasa por la identificación clara y visible en los uniformes para posibilitar la depuración de responsabilidades.
  • Facilitaremos y estableceremos canales para la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil que sean representativos y proactivamente inclusivos, sobre todo de colectivos en situación de vulnerabilidad.
  • La judicatura y la fiscalía recibirán formación especializada para actuar contra los abusos en este ámbito. Se reforzará la capacidad fiscalizadora de las defensorías del pueblo mediante la atribución de carácter vinculante a sus propuestas.
  • Respetando competencias territoriales y por medio de la negociación, se promoverá la estandarización, el fortalecimiento y la homologación de los procesos de disciplina interna para que cumplan criterios mínimos en todo el Estado.
  • Se crearán, como piden las organizaciones de derechos humanos, instituciones externas especializadas en tareas de observación y control.
  • Desarrollaremos indicadores públicos y transparentes de rendimiento de los cuerpos policiales, y de sus subdivisiones, para poder auditar el cumplimiento de las funciones básicas y la satisfacción de la ciudadanía.

• Medidas para promocionar la i+d y el conocimiento público en materia de seguridad y convivencia.
  
  • Adoptaremos el modelo sueco de una agencia nacional de prevención que sirva para desarrollar el conocimiento sobre el sistema de justicia penal y prevención del delito, adoptando un papel central en auditar, potenciar la transparencia y mejorar la calidad de las estadísticas sobre la criminalidad y el funcionamiento del sistema penal, así como su reutilización a efectos de la investigación científica.
  • La agencia elaborará indicadores públicos y transparentes de rendimiento de los cuerpos policiales y sus subdivisiones para auditar su funcionamiento.
  • Desarrollaremos una encuesta nacional de seguridad, al menos con carácter bianual, que se inspire en la experiencia de otros países o del área metropolitana de Barcelona y que ofrezca un retrato más fiable de las tendencias en inseguridad, dado que las estadísticas policiales solo recogen delitos denunciados.

• Acabaremos con las deficiencias del sistema penitenciario para satisfacer el principio de equivalencia de la sanidad penitenciaria.
  

  Proponemos un sistema por el cual las víctimas estén más protegidas y se cometan menos delitos, pero con un menor coste en privación de libertad de las personas, acercando las tasas de encarcelamiento españolas a las de países como Finlandia, Países Bajos o Noruega.

  • Proponemos hacer efectivo lo previsto en la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 mediante la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas de salud autonómicos con plena identidad de prestaciones.
  • Se prestará especial atención a la salud mental y a la discapacidad, promoviendo como medida normal el no ingreso en prisión de las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.
  • Estableceremos un plan para que las personas con trastornos mentales graves no entren en el sistema penitenciario, sino que sean atendidas por el sistema sociosanitario y comunitario, abandonando el modelo de hospital psiquiátrico penitenciario.
  • No se puede permitir que el desistimiento de las administraciones públicas dé lugar a una privatización de la sanidad penitenciaria que conduzca a una atención médica de peor calidad y más cara para el contribuyente.

• Estableceremos un sistema de medidas penales más eficaces en la prevención de los delitos y orientado a la reinserción para lograr una sociedad más segura.
  

  Proponemos un sistema por el cual las víctimas estén más protegidas y se cometan menos delitos, pero con un menor coste en privación de libertad de las personas, acercando las tasas de encarcelamiento españolas a las de países como Finlandia, Países Bajos o Noruega.

  • Para ello se habrá de consensuar un nuevo código penal, sistemáticamente coherente, contrastado técnicamente, con un nuevo sistema de penas, con preferencia por penas más eficaces y eficientes y por penas a cumplirse en la comunidad.
  • Se establecerá un servicio autónomo de cumplimiento de sanciones comunitarias para incrementar una mejor supervisión y asistencia que asegure el cumplimiento efectivo de estas penas.
  • Se garantizarán los programas de tratamiento rehabilitador para evitar la reincidencia.
  • Se dotará a los órganos judiciales de informes de valoración de los factores que pueden tenerse en cuenta para imponer penas individualizadas que reduzcan la comisión de nuevos delitos.
  • Se eliminará la prisión permanente revisable.

• Mejores prácticas en la promoción y publicidad de la seguridad privada
  

  Es importante que la publicidad de estos servicios no contribuya a crear sentimientos públicos exagerados de inseguridad ciudadana (como ocurre, por ejemplo, con el fenómeno de la ocupación),

  • Para lo que sería preciso emprender reformas legales, pero también el desarrollo de un código de buenas prácticas para la industria policial y penitenciaria similar al que existe para la industria farmacéutica.

3.3.3. Memoria democrática

La aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 ha supuesto un avance significativo de las políticas de memoria y derechos humanos en el Estado español. Sin embargo, la garantía efectiva de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición del franquismo exige todavía mayor atención por parte de las Administraciones públicas. A tal efecto, urge desarrollar políticas estatales que, con enfoque de género, interseccional y desde los derechos humanos, recuperen la memoria democrática y reivindiquen la lucha por la democracia, la libertad y la igualdad que se desempeñó contra la dictadura y durante los años de la transición a la democracia. Preservar y transmitir la memoria colectiva ha de formar parte del discurso propio de una ciudadanía democrática.

• Abordaremos de forma urgente el desarrollo reglamentario de la ley de memoria democrática de 2022 y desplegar todas las medidas contenidas en la misma
  
  • En particular, la elaboración, en colaboración con las comunidades autónomas, del censo público de víctimas; el impulso al Banco Estatal de ADN de los posibles familiares de las personas desaparecidas que sea técnicamente compatible con los que ya se han implantado en varias autonomías; la garantía del derecho al libre acceso y consulta gratuita de los archivos públicos y privados con la reforma de la Ley de Secretos Oficiales; la auditoría sobre los bienes y derechos incautados durante la dictadura; el inventario de edificaciones y obras realizados por las víctimas que sufrieron trabajos forzados; a revisión y revocación de todas las condecoraciones, medallas y recompensas concedidas a personas que formaron parte del aparato de represión de la dictadura; el inventario estatal de lugares de memoria; la constitución del Consejo de Memoria Democrática y la creación y dotación del Centro de la Memoria Democrática.
  • Hay que ampliar el objeto de la comisión para contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, así como al estudio de las vulneraciones de derechos humanos durante la Transición.
  • Además, se instará al ministerio fiscal a cumplir con el mandato de la ley, dando cauce de participación a las personas y organizaciones cuyos derechos están amparados por la normativa internacional, la Convención europea sobre derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la propia Ley de Memoria Democrática.
  • Reconociendo este el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento, así como el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas a causa de la Guerra y de la Dictadura

• Impulso, institucional y presupuestariamente, de la obligación estatal de llevar a cabo las tareas de búsqueda, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas en la guerra y la dictadura, de acuerdo con los paradigmas transnacionales de los derechos humanos y la justicia de la transición.
  
  • Aumentaremos progresivamente la dotación presupuestaria anual prevista para las tareas de localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, así como la presencia institucional en todos los actos de reparación que se realicen, al objeto de escuchar y apoyar a las víctimas.
  • Impulsaremos la elaboración de mapas del territorio que sirvan para localizar los restos de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

• Apoyaremos el reconocimiento y la reparación de la represión sufrida por las mujeres durante el franquismo y reivindicar social e institucionalmente el papel cumplido por las mujeres y el movimiento feminista en la lucha por las libertades y la democracia.
  
  • Para ello, todas las políticas de memoria incorporarán transversalmente el enfoque de género interseccional, atendiendo a otros parámetros de discriminación como la clase o la etnia.
  • Además, se implementarán políticas de reparación que contemplen medidas destinadas específicamente a mujeres.
  • Asimismo, se impulsarán los actos públicos oficiales de reconocimiento al papel cumplido por las mujeres en la lucha por la democracia trascendiendo su papel de víctimas y atendiendo a su agencialidad política
  • También se creará una comisión, con participación académica y de las entidades memorialistas y feministas, que elabore un informe en el que se recoja el estado de la cuestión, señale las insuficiencias de lo realizado hasta ahora y plantee propuestas para políticas de verdad, justicia y reparación dirigidas específicamente a las mujeres.

• Respaldo del reconocimiento y reparación de la represión sufrida por las personas lgtbi+ durante el franquismo y reivindicar, social e institucionalmente, el papel cumplido por el movimiento lgtbi+ en la lucha por las libertades y la democracia.
  
  • Las políticas de la memoria han de incluir el reconocimiento del papel cumplido por el movimiento LGTBI+ en la transición
  • Se dignificarán institucionalmente aquellos lugares o hitos relevantes en esa lucha.
  • Se creará una comisión, con participación académica y de las entidades memorialistas y LGTBI+, que elabore un informe en el que se recoja el estado de la cuestión, señale las insuficiencias de lo realizado hasta ahora y plantee propuestas para políticas de verdad, justicia y reparación.

• Impulsaremos la formación en materia de memoria democrática, en todos los niveles del sistema educativo, y promoveremos la divulgación, la investigación y la formación sobre la represión, la dictadura franquista y la memoria democrática.
  
  • Se procederá a la actualización de los contenidos curriculares en las distintas etapas educativas y se impulsará la incorporación en los libros de texto y materiales curriculares del estudio de la represión y las luchas por la democracia en España con el objetivo de garantizar el conocimiento ciudadano crítico sobre lo sucedido, así como el derecho a la verdad, con especial atención a la etapa escolar.

• Resignificación profunda del valle de cuelgamuros [valle de los caídos] como lugar de reinterpretación crítica de la guerra y la dictadura.
  
  • Desarrollaremos, mediante un decreto, el nuevo régimen jurídico y patrimonial del valle.
  • Además, instalaremos un centro de interpretación de última generación in situ, homologable a otros proyectos de Europa y América Latina.
  • Continuaremos con las exhumaciones de los restos de las personas cuyos familiares así lo han solicitado y avanzaremos en la dignificación de las víctimas de la represión franquista allí inhumadas

• Selección de lugares de memoria emblemáticos para su desarrollo como centros de interpretación.
  
  • Avanzaremos en la creación del inventario estatal de lugares de memoria democrática, en coordinación con las comunidades autónomas, para la selección de lugares de memoria emblemáticos para su desarrollo como centros de interpretación con su correspondiente función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora.
  • Entre estos lugares se encontrarían las cárceles de carabanchel y la modelo, el edificio de la Jefatura Superior de Policía de vía Laietana en Barcelona, el campo de concentración de Castuera en Badajoz, el destacamento Banús en el Valle de Cuelgamuros (como ejemplo de infraestructura realizada por mano de obra penada), así como lugares emblemáticos del exilio y de la memoria democrática de las mujeres.

• Impulsaremos una ley de «bebés robados» que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y familias.
  

  La sustracción de bebés fue una práctica que comenzó en la posguerra española y se alargó hasta los primeros años de la democracia. Se calcula que solo entre los años 1944 y 1954 fueron apartados de sus madres un total de 30.960 niños y niñas. La práctica se realizó, fundamentalmente, contra las mujeres republicanas, anarquistas y antifranquistas presas en las cárceles, a las que se privaba de sus hijos para integrarlos en familias que el franquismo consideraba de «comportamiento irreprochable».

  • Impulsaremos una ley que garantice la búsqueda e identificación de niños y niñas y el reconocimiento público del impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente en las mujeres durante décadas.
  • La ley debe tener un enfoque global que facilite los procesos de búsqueda y proporcione acompañamiento a las víctimas en todas las fases de dichos procesos, velando por que el plazo de prescripción se cuente a partir del momento en que se restituye la identidad de las víctimas, permitiendo el acceso a los archivos, documentos públicos y privados y garantizando que todas las víctimas reciban reparación integral.

.4. Un programa internacional. españa, potencia de paz y progreso

Desde el shock financiero de 2008, las crisis globales se multiplican y retroalimentan: crisis climáticas y ecosociales, crisis geopolíticas y financieras, crisis sanitarias y humanitarias; cada una de ellas agrava las anteriores y hace su solución más compleja. Al mismo tiempo, se está dando una dinámica creciente de repliegue sobre sí mismos de los Estados y las regiones del planeta. La crisis de la globalización ha creado una grave asimetría entre los problemas que nos afectan y las capacidades de las que disponemos para hacerles frente.

La premisa del programa internacional de Sumar es muy clara: España tiene la enorme responsabilidad y la capacidad de convertirse en parte de la solución a estos problemas. Nuestro país puede y debe convertirse en una fuerza de progreso, estabilidad y certidumbre para este mundo en crisis. Tenemos un enorme potencial para ello: disponemos de las convicciones, de los medios y de las capacidades necesarias para convertirnos en un referente de mediación, cooperación, nuevas políticas de movilidad humana y liderazgo para atajar las crisis que nos afectan.

Necesitamos más herramientas de mediación y coordinación, pero tenemos cada vez más conflictos. Es necesario actuar de manera conjunta, pero priman los intereses particulares y la confrontación. Esto no solo trae consigo gravísimas consecuencias para la democracia y los derechos humanos de millones de personas en el planeta. También nos hace incapaces de abordar los enormes retos comunes que tenemos por delante.

Desde Sumar creemos que no debemos resignarnos a vivir en un mundo regido por la incertidumbre, la inestabilidad y el conflicto. Al contrario: es hora de redoblar el compromiso a favor de orden internacional más justo, más capaz, más eficaz y democrático, que blinde la protección de nuestros bienes comunes y de los derechos humanos para el conjunto de nuestras poblaciones. Ante la gravedad de la crisis ecosocial que se cierne sobre el mundo, es hora de crear los instrumentos necesarios para hacerle frente.

Es hora de apostar por un orden económico, comercial y financiero capaz de satisfacer las necesidades de la población mundial dentro de las limitaciones del planeta. Es hora de generar mecanismos comunes y garantías suficientes para construir una paz global justa y duradera, dotándonos de mayores capacidades para prevenir las crisis, mediar en los conflictos en curso, y reparar las violaciones de derechos humanos que hoy constituyen el día a día de nuestro mundo. Es hora de construir una Europa con voz propia en el planeta, una Europa más democrática, feminista y comprometida con la justicia social, que expanda el destello de lucidez de la gestión expansiva de la pandemia y entierre de una vez los dogmas neoliberales y las lógicas de explotación y abuso que durante demasiado tiempo han regido su relación con las otras regiones del planeta. Una Europa en paz, capaz de mediar y desescalar los conflictos, que ponga un final inmediato a las violaciones de derechos humanos que genera su política migratoria y respete los compromisos internacionales que hemos adquirido en esta materia.

Los principios básicos de la democracia, los derechos humanos, la defensa de la paz y la sostenibilidad de la vida, los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI+, la redistribución de la riqueza y la justicia ecosocial, serán el faro que guíe una acción exterior decidida, moderna y comprometida, que será fuente de estabilidad y certidumbre para estos tiempos de turbulencia global.

A través de las siguientes medidas, daremos los pasos necesarios para avanzar hacia una política exterior que cuide la democracia y el planeta, una Europa que proteja a las personas, una política de desarrollo a favor de la justicia global y una nueva política de movilidad humana que ponga los derechos humanos en el centro.

Construir esa España, esa Europa, ese mundo mejor no es solo posible, sino imprescindible.

4.1. Una política exterior para cuidar la democracia y el planeta

• Una política exterior comprometida con la justicia climática global
  
  • Promoveremos la conformación de una internacional climática que impulse la descarbonización de la economía, la provisión de energías renovables, la justicia climática global y el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo.
  • Apoyaremos la agenda de bridgetown y promoveremos la creación de un fondo mundial para la cambio climático - mitigación alimentado con los derechos especiales de giro del fondo monetario internacional y la financiación en condiciones favorables a los países más vulnerables frente los efectos de la emergencia climática causada por los bancos multilaterales de desarrollo.
  • Impulsaremos la creación de una fuerza civil de control ecológico en el seno de Naciones Unidas y de un tribunal internacional de justicia climática para facilitar la lucha global contra el ecocidio, que debe ser reconocido como delito en el ámbito de la Corte Penal Internacional.
  • Apoyaremos la adopción de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, con los objetivos de detener la explotación de nuevos campos gaspetroleros y de proyectar un cronograma ambicioso y factible para el abandono de los combustibles fósiles.
  • Volveremos a promover la creación de la organización mundial del medio ambiente y reforzaremos el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

• Garantizar la paz y la seguridad humana en el mundo
  
  • Apostaremos por implementar en las instituciones globales enfoques más amplios de seguridad humana que prioricen la protección del medioambiente, los derechos humanos y el bienestar de las personas.
  • Adoptaremos, en el ámbito específico de la política de defensa, una estrategia Nacional de Seguridad Humana que fortalezca el compromiso con el derecho internacional humanitario
  • Lideraremos los esfuerzos internacionales destinados a abolir las armas nucleares, impulsando la ratificación del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y reforzando la aplicación de los diferentes instrumentos relativos a la reducción y no proliferación de armamento nuclear —JCPOA, INF, New START y NPT
  • Promoveremos la revisión y auditoría de los programas especiales de armamento y otros gastos asociados a planes de defensa con el fin de dotarlos de mayor transparencia.
  • Revisaremos en profundidad la política de exportación de armamento, tanto a nivel estatal como europeo, para prohibir la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos, y aseguraremos la plena aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas.
  • Impulsaremos una educación para la paz y la no violencia como un aspecto transversal de la acción gubernamental, en la línea establecida por la Resolución 53/243 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

• España, impulsora de un nuevo multilateralismo democrático.
  
  • Apoyaremos una reestructuración profunda del sistema de naciones unidas y de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que sean organismos más transparentes, dotarlos de capacidad operativa y de mecanismos de rendición de cuentas, mejorar la representatividad y derechos de voto del Sur Global y fortalecer la participación de los actores no gubernamentales, además de proteger y promover los bienes públicos globales.
  • Fomentaremos una completa revisión de la arquitectura internacional de paz y seguridad, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, ante la incapacidad manifiesta de dar respuestas a conflictos como los de Ucrania, Yemen, Etiopía o República Democrática del Congo, entre muchos otros.
  • Promoveremos la creación de una agencia fiscal internacional y un tribunal de justicia económica para juzgar los crímenes financieros transnacionales, así como el establecimiento de un impuesto global sobre la riqueza y sobre las transacciones financieras.

• España, referente en la mediación y resolución de conflictos
  
  • Adoptaremos un papel más activo en la mediación y la resolución pacífica y dialogada en los conflictos en los que la diplomacia española tenga un valor añadido, como los del Sáhara Occidental, Palestina, Colombia, Haití, Ucrania o Sahel.
  • Promoveremos la creación de una unidad de mediación y resolución de conflictos en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores e impulsaremos una red internacional de mediación con la participación destacada de la sociedad civil global y de agentes no estatales

• Los derechos humanos, pilar de nuestra acción exterior
  
  • Adoptaremos un plan nacional de derechos humanos y acción exterior con un enfoque feminista e interseccional, un programa integral de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y una ley nacional de debida diligencia en la cadena de suministro para reorientar nuestra política exterior, en todas las dimensiones y con todos los instrumentos, con el objetivo de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, de forma real y vinculante.
  • Recuperaremos la jurisdicción universal para perseguir la vulneración de derechos humanos en todo el mundo y la ratificación de convenios internacionales, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
  • Impulsaremos una carta global de derechos laborales, con objeto de blindar los derechos de las personas trabajadoras a nivel internacional, especialmente las más vulnerables, y promoveremos la integración de los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo en los acuerdos comerciales globales.

• Un país que defienda una europa autónoma y con voz propia en el mundo.
  
  • Impulsaremos una europa con un lugar autónomo y una voz propia en el mundo actual, que acompase valores e intereses y ponga en el centro los derechos humanos y la lucha contra la emergencia climática y las desigualdades globales, incluidas las de género.
  • Promoveremos el desplazamiento progresivo de las garantías de seguridad de la otan hacia una autonomía estratégica integral al servicio de la ciudadanía europea y no de la industria armamentística, un espacio europeo de seguridad sujeto a control democrático, que desarrolle las garantías derivadas del artículo 42(7) del Tratado de la Unión Europea e incluya entre sus objetivos prioritarios el respeto a los derechos humanos, así como el bienestar social y medioambiental de los países europeos y sus áreas de vecindad.
  • Apostaremos por abandonar el requisito de la unanimidad en materia de política exterior y de seguridad común.
  • Plantearemos una interlocución pacífica, autónoma y crítica con china, en defensa de nuestros intereses y principios pero alejados de toda veleidad militar, a través de una diplomacia activa y exigente para evitar la confrontación entre grandes potencias.
  • Rediseñaremos la política comercial europea para que los acuerdos contribuyan siempre a la implementación del Acuerdo de París o la ratificación de los estándares de la Organización Internacional del Trabajo en todo el mundo, favoreciendo una redirección social, inclusiva y climáticamente justa de las crisis actuales.
  • Desarrollaremos la diplomacia digital europea para promover la transferencia tecnológica, reducir la dependencia de las grandes empresas y buscar la eliminación de las cláusulas que imponen el libre flujo de datos en los tratados comerciales para avanzar hacia el internacionalismo digital.

• Una política exterior comprometida con una internacional democrática.
  
  • Promoveremos la creación de un foro a nivel internacional con representantes de los movimientos progresistas políticos, académicos y de la sociedad civil para coordinar acciones en favor de una agenda progresista y democrática común, con un especial protagonismo de los liderazgos feministas, ecologistas y antirracistas.

• Una internacional feminista y orgullosamente diversa.
  
  • Avanzaremos y profundizaremos en el desarrollo de una política exterior que contribuya a eliminar las causas estructurales que generan desigualdades de género en el mundo.
  • Impulsaremos la creación de una alianza global por la igualdad y la diversidad, una internacional feminista conformada por aquellos países que promuevan activamente la igualdad de género y la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en la acción tanto interior como exterior.
  • Crearemos una secretaría de estado sobre política exterior feminista que transversalice el enfoque feminista e interseccional en todas las políticas y actividades e impulse planes de desarrollo de la Declaración y Plan de Acción de Beijing; la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad; la Agenda 2030 y el Convenio de Estambul contra la violencia de género.

• Unas relaciones renovadas y una nueva agenda progresista con américa latina
  
  • Avanzaremos hacia unas relaciones horizontales con américa latina que incluyan la participación de actores no estatales y movimientos sociales e indígenas de la región
  • Reforzaremos los vínculos con gobiernos progresistas latinoamericanos para impulsar agendas compartidas de progreso en foros internacionales e iberoamericanos, dando acompañamiento al proceso de integración regional latinoamericano.
  • Impulsaremos el marco de diálogo político entre la unión europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), promoviendo la celebración de una Cumbre anual y reorientando las prioridades hacia la lucha contra las desigualdades, la emergencia climática y los feminicidios.
  • Aseguraremos que los tratados comerciales con la región contribuyan al desarrollo mutuo y garanticen la prevalencia de los derechos humanos y ambientales sobre el poder de las grandes corporaciones. En ese sentido, renegociaremos el Acuerdo UE-Mercosur en sus dimensiones de protección de los derechos humanos, las personas trabajadoras y la biodiversidad para dar prioridad a estas cuestiones.
  • Promoveremos una reflexión compartida con nuestros países hermanos sobre el pasado, presente y futuro común, alejados de cualquier forma de revisionismo o instrumentalización interesada.

• Una nueva relación estratégica con nuestra vecindad sur
  
  • Construiremos una visión estratégica hacia nuestra vecindad sur que acompase intereses y valores y supere la visión dicotómica que reduce estas relaciones de vecindad al prisma exclusivo de cooperación o conflicto en la región del Magreb. En situaciones de tensión, apostaremos por el diálogo, sin abandonar los valores y objetivos propios, evitando una política puramente reactiva y poniendo siempre los derechos humanos en el centro.
  • Promoveremos, desde el marco europeo, la creación de una fuerza mediterránea de intervención climática y protección civil para luchar contra los incendios y otras catástrofes naturales, prestar asistencia en el mar y luchar contra la contaminación en la región del Magreb.
  • Reconoceremos y apoyaremos a la pluralidad de agentes no estatales políticos y sociales en la región del Magreb, fomentando los intercambios educativos, culturales y en materia de economía social.

• una solución justa para el sáhara occidental, palestina y ucrania
  
  • Daremos marcha atrás con celeridad al cambio de posición adoptado en 2022 con respecto al Sáhara Occidental y utilizaremos todos los canales de influencia en el conflicto para apoyar plenamente el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, en el seno de las Naciones Unidas, impulsando el trabajo de la MINURSO, y tanto en las instancias regionales como en las relaciones bilaterales con su Vecindad Sur.
  • Promoveremos proactivamente medidas que faciliten la vida a la población saharaui allí donde se encuentre, sea en Tinduf, en territorio ocupado del Sáhara Occidental o en España, fomentaremos el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno y aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos de refugiados saharauis.
  • Trabajaremos desde la unión europea para defender el cumplimiento de las sentencias de la justicia europea relativas al Sáhara Occidental y revisar, en consecuencia, los diferentes acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos que puedan afectar al Sáhara Occidental.
  • Se constituirá una comisión de trabajo sobre la responsabilidad histórica de españa con el pueblo saharaui, que deberá elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación actual del pueblo saharaui y la responsabilidad histórica del Estado español.
  • Apostaremos por el cumplimiento estricto del derecho internacional en palestina para poner fin a la ocupación y a las prácticas de apartheid que sufren sus poblaciones.
  • Abogaremos por políticas efectivas para avanzar hacia el reconocimiento del estado palestino, teniendo siempre en consideración la voluntad de la sociedad civil palestina.
  • Continuaremos con la solidaridad integral con ucrania y fortaleceremos la vía diplomática para lograr, cuando las circunstancias lo permitan, una paz justa y duradera alineada con las aspiraciones del pueblo ucraniano y con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
  • Reforzaremos la ayuda humanitaria a ucrania y apostaremos por un plan de reconstrucción basado en ayudas y no en préstamos, orientado al bienestar de las mayorías ucranianas y no al beneficio de las grandes multinacionales.

• Un servicio exterior moderno y democrático
  
  • Reordenaremos las prioridades de la política exterior española, privilegiando asuntos como la igualdad, la diversidad, las cuestiones climáticas y la construcción de paz.
  • Daremos al conjunto de nuestra política exterior una capacidad de anticipación propositiva y dinámica, así como una mayor coherencia y coordinación con los actores implicados en la agenda exterior
  • Impulsaremos una hoja de ruta ciudadana en materia de acción exterior para fortalecer la conexión entre la sociedad civil y nuestro servicio exterior.
  • Democratizaremos la carrera diplomática con un sistema de becas para reflejar plenamente la diversidad existente en la sociedad española y garantizar que el origen social y el género no limiten las posibilidades de entrada.

.4.2. Una europa que proteja a las personas

• Un pacto verde europeo con ambiciones renovadas y objetivos adelantados.
  
  • Impulsaremos el papel de la unión europea como promotora de una planificación ecológica en clave democrática a escala global, aprovechando su liderazgo normativo y regulatorio, su facultad para ejercer la diplomacia climática y su capacidad de evitar la competencia a la baja entre los Estados miembros.
  • Reforzaremos decididamente los instrumentos del pacto verde europeo, como el fondo de Transición Justa y el Fondo Social Climático, para asegurar que la lucha contra la emergencia climática no recaiga en las personas trabajadoras y que contribuyan más aquellos que contaminen en mayor medida.
  • Promoveremos la creación de un mecanismo sure climático, una herramienta financiera que asegure que la transición ecológica no produzca un impacto negativo en el empleo y se proteja a las personas trabajadoras.
  • Fortaleceremos la agenda legislativa del objetivo 55 (fit for 55) para convertir el impulso de las energías renovables y la descarbonización de sectores clave como la industria y la vivienda en ejes prioritarios de la acción europea, y así garantizar el cumplimiento de la reducción de emisiones de la Unión Europea en al menos un 55% en 2030
  • Impulsaremos una planificación industrial verde que corrija las desigualdades territoriales en el seno de la Unión, promueva la creación de empleo verde en toda Europa y desarrolle una base industrial propia en el sector de las energías renovables, profundizando así en la autonomía estratégica de la UE.

• Reforma de los tratados para blindar la europa social.
  
  • Promoveremos la inclusión de un protocolo de progreso social en los tratados para garantizar que, en caso de conflicto, los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales de las personas tengan prioridad sobre las libertades económicas de las corporaciones.
  • Haremos de la carta de derechos fundamentales de la unión europea y de la Carta Social Europea el programa de una nueva política social europea y promoveremos la concreción normativa de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
  • Reforzaremos la labor de asistencia y asesoramiento de la agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales.

• Una europa con una política social a escala continental
  
  • Garantizaremos que la ciudadanía europea tenga acceso a protección social en las mismas condiciones, con independencia de su lugar de residencia, armonizando las normas que regulan el acceso a las prestaciones por parte de la ciudadanía de otros Estados, mejorando la coordinación entre las autoridades nacionales para garantizar los derechos, perfeccionando los mecanismos de compensación financiera y ampliando el limitado margen competencial de la UE en materia sociolaboral.
  • Promoveremos medidas de apoyo a las medidas sociales de los estados miembros, como la coordinación de las políticas tributarias, y avanzaremos hacia la creación de un seguro de desempleo europeo.

• Un horizonte feminista para europa
  
  • Lideraremos a nivel europeo la lucha contra la violencia machista y la defensa del Convenio de Estambul frente a las fuerzas reaccionarias del continente y reforzaremos los mecanismos para luchar contra la trata de personas.
  • Garantizaremos que todas la políticas públicas, normativas y presupuestos de la unión Europea y de los Estados miembros se elaboren desde la perspectiva de género y el análisis feminista con enfoque interseccional, haciendo preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género o de órganos estatales análogos.
  • Aseguraremos el cumplimiento de la estrategia europea de los cuidados y ampliaremos sus objetivos para asegurar una auténtica transición de los cuidados en toda Europa.
  • Haremos que los espacios de representación, toma de decisiones y liderazgo de la Unión Europeo sean paritarios.

• Los derechos laborales, en el centro de la transición ecológica y digital europea
  
  • Desarrollaremos un sistema de relaciones laborales propiamente europeo que asegure una transición digital y ecológica justa que ensanche la protección de los derechos laborales nacionales.
  • Ahondaremos en la condicionalidad social y medioambiental del desembolso de fondos públicos a empresas privadas.
  • Profundizaremos en el diálogo social europeo, con más y mejores acuerdos de diálogo social en el seno de la Unión para proteger a las personas trabajadoras en el marco de las transiciones ecológica y digital, promoviendo la introducción de convenios colectivos europeos y de una nueva negociación colectiva verde y reforzando el papel de la Autoridad Laboral Europea para avanzar en la convergencia en materia laboral y de seguridad social.
  • Promoveremos la creación de centros de datos paneuropeos, así como la producción de hardware y el diseño y control de herramientas por parte de organismos públicos, para garantizar el carácter democrático de las decisiones adoptadas en materia de desarrollo tecnológico.
  • Aseguraremos la concreción normativa de la declaración europea sobre los derechos yprincipios Digitales para reafirmar la gobernanza democrática y abierta de la red y blindar los derechos laborales asociados a la economía digital.

• Una gobernanza económica europea al servicio de las personas
  
  • Impulsaremos una superación del pacto de estabilidad y crecimiento para fomentar y no penalizar las inversiones públicas y los gastos asociados a las mismas y avanzar así hacia un nuevo modelo de gobernanza económica que impida la vuelta a la Europa neoliberal de la austeridad.
  • Promoveremos que la última palabra sobre las trayectorias de deuda y déficit corresponda al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, y no a la Comisión Europea, para garantizar así la legitimidad democrática de las decisiones en materia de coordinación de políticas económicas.
  • Trabajaremos por un mayor pluralismo en el pensamiento económico dentro de las instituciones de la Unión Europea, impulsando un enfoque de elaboración de políticas que se base en indicadores que midan el progreso más allá del PIB y apostando por avanzar hacia un modelo más allá del crecimiento.

• Llevar la democracia económica a europa
  
  • Sustituiremos el mecanismo europeo de estabilidad, situado fuera del ámbito del derecho de la Unión Europea, por una agencia europea de la deuda plenamente responsable ante el Parlamento Europeo y con un mandato renovado que haga posible el desarrollo de políticas macroeconómicas activas a escala europea.
  • Lucharemos por la reforma del sistema europeo de bancos centrales para facilitar una mayor participación de las instituciones representativas de la Unión Europea en el diseño e implementación de la política monetaria.
  • Fomentaremos la ampliación de los objetivos del banco central europeo, incorporando a su mandato consideraciones relativas a la cohesión social, la sostenibilidad climática y la búsqueda del pleno empleo. También mejoraremos los mecanismos de rendición de cuentas.
  • Procuraremos la ampliación de la capacidad del parlamento europeo para definir y fiscalizar la política macroeconómica y monetaria de la eurozona, reformando su estructura para asegurar una verdadera capacidad legislativa y de control político sobre la agenda de la zona euro.

• Una política fiscal europea que ponga fin a los paraísos fiscales.
  
  • Promoveremos un plan de choque para terminar con el fraude fiscal, que priorice la lucha contra los paraísos fiscales, reformando la lista negra de la Unión de paraísos internos y externos con criterios de inclusión más exigentes y transparentes.
  • Impulsaremos que la unión europea asuma la coordinación de los sistemas tributarios de los Estados miembros, en especial de los impuestos directos, para que los individuos y las empresas tributen de forma equitativa y de acuerdo con el principio de progresividad, evitando la competencia entre Estados y el dumping fiscal, a través de una ampliación sostenida y gradual de los criterios fijados en el G7 de Cornualles de 2021, que establecieron un mínimo global de tributación del 15% en el impuesto de sociedades.
  • Lucharemos por una reforma más ambiciosa de las actuales reglas fiscales, incluyendo una regla de oro verde y social que permita excluir del cálculo del déficit las inversiones en transición ecológica e infraestructura social; manteniendo como objetivo la superación del esquema obsoleto de reducción del déficit público y la deuda pública por debajo del 3% y 60% del PIB respectivamente.
  • Reformaremos y expandiremos sustancialmente el sistema de recursos propios de la unión Europea, de modo que su presupuesto adopte una escala suficiente como para dotar a la Unión de una auténtica política fiscal, financiada con impuestos supranacionales y figuras tributarias (como un nuevo impuesto global sobre la riqueza y sobre las transacciones financieras) que garanticen la suficiencia financiera de la Unión y la progresividad de los tributos europeos.
  • Apoyaremos que la unión europea desarrolle una capacidad fiscal permanente, orientada a la provisión de bienes públicos europeos e inspirada en el ejemplo de los fondos Next Generation EU.
  • Defenderemos que la regulación de los impuestos supranacionales esté en manos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo y que este decida a través de una mayoría cualificada.
  • Apostaremos por abandonar el requisito de la unanimidad en materia de política fiscal.

• las personas y sus derechos fundamentales, en el corazón de europa
  
  • Promoveremos la transformación del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Europa de las personas, para privilegiar el respeto de los derechos fundamentales, tanto de la ciudadanía europea como de los de terceros países, frente a la securitización de la inmigración, el asilo y el control fronterizo.
  • Reformaremos en profundidad la organización y el funcionamiento de las agencias europeas independientes que operan en el ámbito de la Europa de las personas —muy especialmente de Frontex y Europol—, para democratizar su dirección y facilitar la exigencia de eventuales responsabilidades políticas y jurídicas a causa de su actuación, incluido ante el Parlamento Europeo.

• Una europa más democrática
  
  • Promoveremos una reforma integral de los tratados y de otros instrumentos comunitarios para profundizar la democracia en la Unión Europea y asegurar su funcionalidad en el caso de futuras ampliaciones.
  • Perfeccionaremos la arquitectura institucional de la unión europea, disminuyendo las competencias del Consejo Europeo y limitando la unanimidad en el seno del Consejo.
  • Apoyaremos que se otorgue un mayor poder al parlamento europeo, confiriéndole así facultades generales de iniciativas legislativas y democratizando el método de elección de la Comisión Europea.
  • Promoveremos la reconfiguración de los mecanismos de participación democrática, así como las iniciativas ciudadanas a nivel europeo, y reformaremos las Conferencias sobre el Futuro de Europa para fiscalizar sus recomendaciones y garantizar una participación ciudadana efectiva y verdaderamente democrática.

• Unas instituciones europeas transparentes al servicio de la ciudadanía
  
  • Lucharemos por mejorar la calidad democrática de las agencias europeas con medidas específicas de incremento de la transparencia y rendición de cuentas.
  • Impulsaremos la creación de un plan europeo contra la corrupción y el fortalecimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude para que casos como el Qatargate no vuelvan a suceder.
  • Promoveremos la regulación de los grupos de interés, limitando su influencia y estableciendo la difusión pública obligatoria de sus actividades.
  • Reforzaremos los procedimientos mediante los que la unión europea contribuye a frenar los procesos de involución democrática en los Estados miembros.
  • Apoyaremos aquellas medidas que incrementen la efectividad del derecho a acceder a la información pública en manos de las instituciones y agencias de la Unión Europea, como la ampliación de los tipos de documentos a los que se puede solicitar acceso y la creación de un registro público.

.4.3. Una política de desarrollo a favor de la justicia global

• Una cooperación al servicio de la planificación ecológica a escala global.
  
  • Apoyaremos que se compense con fondos multilaterales a los países del sur Global por los costes que comporta preservar la biodiversidad, por los daños motivados por el problema del cambio climático —del cual no son los principales culpables— y por terminar con el extractivismo y la explotación de recursos naturales y quema de combustibles fósiles
  • Respaldaremos la financiación climática global, dando mayor relevancia a las actividades de adaptación en los países con menos recursos, y apoyaremos la ampliación del fondo de pérdidas y daños de la COP 27.
  • Promoveremos que los países desarrollados asuman compromisos más exigentes y vinculantes en materia de cambio climático - mitigación, con capacidad para establecer sanciones por incumplimientos, y alentaremos a la protección jurídica de los bienes naturales en el plano internacional.

• Una cooperación al servicio de la planificación ecológica a escala global.
  
  • Apoyaremos, en los países del sur global, la consolidación de instituciones democráticas, sistemas fiscales capaces y progresivos, y políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y a garantizar un reparto más justo de las tareas de reproducción y del cuidado de la vida, tradicionalmente delegadas a las mujeres.
  • Daremos respaldo a la configuración, en otros países, de sistemas de protección social universales, solidarios y redistributivos, que incluyan garantías mínimas de ingresos, protecciones a las personas trabajadoras, contra el desempleo y otras políticas sociales que garanticen el derecho a una vida digna de forma integral.
  • Impulsaremos la creación y suministro equitativo de servicios públicos de calidad, incluyendo sistemas de educación y salud públicos; la defensa integral de los derechos de la infancia. Además del acceso a la vivienda, a una alimentación adecuada y al agua como bienes públicos y derechos justiciables.

• La justicia de género: pilar de la nueva cooperación española
  
  • Construiremos una cooperación al desarrollo verdaderamente feminista, que defienda los derechos humanos de las mujeres y las niñas, luche contra las violencias de género y ponga el cuidado de las personas y del planeta en el centro.
  • Impulsaremos la convergencia entre la agenda de desarrollo y los convenios internacionales de derechos humanos —en particular la CEDAW—, apostando por la justicia de género en todas las políticas públicas.
  • Fortaleceremos el compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, incluidos los sexuales y reproductivos, y apoyaremos la financiación de organizaciones de mujeres y feministas.

• La justicia de género: pilar de la nueva cooperación española
  
  • Construiremos una cooperación al desarrollo verdaderamente feminista, que defienda los derechos humanos de las mujeres y las niñas, luche contra las violencias de género y ponga el cuidado de las personas y del planeta en el centro.
  • Impulsaremos la convergencia entre la agenda de desarrollo y los convenios internacionales de derechos humanos —en particular la CEDAW—, apostando por la justicia de género en todas las políticas públicas.
  • Fortaleceremos el compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, incluidos los sexuales y reproductivos, y apoyaremos la financiación de organizaciones de mujeres y feministas.

• Una acción humanitaria que sitúe la vida en el centro.
  
  • Trabajaremos por un sistema humanitario dotado de la capacidad operativa y los recursos necesarios para ofrecer una respuesta ágil y coordinada a las crisis recurrentes.
  • Promoveremos una acción humanitaria vinculada de modo coherente con el desarrollo, la crisis climática, la construcción de la paz, la protección de la diversidad y la igualdad de género, preservando su especificidad, también dedicaremos más recursos a la gestión de riesgos globales.
  • Impulsaremos una acción humanitaria descentralizada, y cada vez más localizada, que asuma las iniciativas de mejora de la calidad, la eficacia y la rendición de cuentas.

• Una acción humanitaria que sitúe la vida en el centro.
  
  • Trabajaremos por un sistema humanitario dotado de la capacidad operativa y los recursos necesarios para ofrecer una respuesta ágil y coordinada a las crisis recurrentes.
  • Promoveremos una acción humanitaria vinculada de modo coherente con el desarrollo, la crisis climática, la construcción de la paz, la protección de la diversidad y la igualdad de género, preservando su especificidad, también dedicaremos más recursos a la gestión de riesgos globales.
  • Impulsaremos una acción humanitaria descentralizada, y cada vez más localizada, que asuma las iniciativas de mejora de la calidad, la eficacia y la rendición de cuentas

• Garantizar una financiación suficiente y previsible para la cooperación española.
  
  • Fomentaremos que la gobernanza del sistema de ayuda se traslade desde una instancia exclusiva de países desarrollados, como es la OCDE, al foro más incluyente de Naciones Unidas.
  • Aseguraremos el cumplimiento del compromiso de dedicar el 0,7% del pnb a la ayuda oficial al desarrollo (AOD), alcanzándose, al menos, el 0,55% del PNB al final de la próxima legislatura para llegar al objetivo final de 0,7% en 2030.
  • Destinaremos de forma preferente la aod a la lucha contra la pobreza y las desigualdades, dedicando el 0,20% del PNB a los países menos adelantados y los Estados frágiles y el 20% de la AOD a la cobertura de las necesidades básicas de las poblaciones.
  • Defenderemos que la agenda de desarrollo se financie progresivamente con recursos derivados de exacciones globales, como un impuesto global a la riqueza.

• Una nueva arquitectura de cooperación a la altura del reto.
  
  • Fortaleceremos el centro político y estratégico del sistema de cooperación en el seno del Gobierno, ubicándolo en una Vicepresidencia, bien dotada técnicamente y con capacidad de coordinación con los Ministerios implicados.
  • Reformaremos en profundidad la agencia española de cooperación internacional al desarrollo (aecid), convirtiéndola en una institución abierta a la sociedad, bien asentada en los países en los que opera, eficaz en la promoción de iniciativas y alianzas y con capacidad para atraer talento.
  • Defenderemos de forma urgente el despliegue de la ley 1/2023 sobre cooperación para el Desarrollo y por la Solidaridad Global, culminando todas las reformas reglamentarias comprometidas en dicha Ley.
  • Promoveremos la creación de un banco público de desarrollo sostenible que promueva la gestión del conocimiento y el diálogo con la sociedad española y los países socios.
  • Mpulsaremos un modelo de cooperación descentralizada, con mayor protagonismo de las comunidades autónomas y las entidades locales

• Una ciudadanía comprometida con la agenda de desarrollo
  
  • Fortaleceremos los mecanismos de participación de la sociedad civil en el diseño y aplicación de las políticas públicas vinculadas al desarrollo.
  • Estableceremos mecanismos de apoyo directo a las organizaciones de la sociedad civil en los países socios, incluidas las organizaciones comunitarias, los agentes privados y los agentes locales o regionales.
  • Adoptaremos un enfoque integral de educación para la ciudadanía, ecologista y feminista, que movilice a todos los niveles voluntades y genere redes de incidencia y movilización social en defensa del desarrollo y la justicia social.

.4.4. Una política de movilidad humana con los derechos humanos en el centro

• Abandono del paradigma securitario y de las devoluciones sumarias
  
  • Apostaremos por una política integral de movilidad humana que promueva una movilidad con derechos, mediante el establecimiento de espacios de diálogo y colaboración entre países de origen, tránsito y destino, añadiendo a la agenda cuestiones que vayan más allá del control fronterizo o de la seguridad.
  • Aplicaremos la ley de transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países para avanzar hacia un modelo de gestión migratoria innovador y positivo, poniendo fin a los acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos.
  • Fortaleceremos y garantizaremos los instrumentos para la acogida y defensa de las personas en necesidad de protección internacional, así como las vías de acceso al asilo.
  • Tipificaremos el delito de devolución sumaria en frontera y eliminaremos la disposición adicional de la Ley de Extranjería que legitima esta práctica, financiando y promoviendo mecanismos de monitoreo independiente de los derechos humanos en la Frontera Sur para que masacres como la de Melilla en junio de 2022 no vuelvan a suceder nunca más y se depuren todas las responsabilidades.

• Abandono del paradigma securitario y de las devoluciones sumarias
  
  • Lideraremos una coalición de países para avanzar hacia un nuevo pacto de migración y asilo de la unión europea que facilite el establecimiento de corredores humanitarios; concrete un mecanismo de reasentamiento vinculante y permanente, más generoso que el actual; aumente las cuotas de reasentamiento, fomentando el patrocinio público y privado, además de reforzar la gestión multinivel entre Gobiernos locales, regionales, los Estados miembros y la Unión Europea.

• Aceleración de la adopción de legislación y acuerdos internacionales en migración, asilo y refugio
  
  • Promoveremos la ratificación, a la mayor brevedad, de la convención internacional de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares.
  • Aseguraremos la implementación de los acuerdos del pacto mundial para una migración Segura, Ordenada y Regular.
  • Avanzaremos en la transposición plena de las directivas europeas en materia de protección internacional.
  • Promoveremos la reforma de los instrumentos de extranjería y consulares de acuerdo con los procedimientos comunitarios de concesión o retirada de la protección internacional.
  • Aseguraremos el pleno respeto, implementación y monitoreo del plan de acción contra el Racismo de la Unión Europea.
  • Impulsaremos el reconocimiento de las migraciones climáticas, promoviendo su inclusión y protección en la legislación de migración, asilo y refugio.

• Un acceso al asilo más sencillo, rápido y democrático.
  
  • Estableceremos un procedimiento para atender los casos de asilo que se presenten fuera del territorio nacional para proteger la vida de todas las personas, con independencia de su estatus jurídico.
  • Aseguraremos que los consulados y embajadas de españa reciban las solicitudes de manera presencial o virtual, garanticen el acceso físico a la representación y habiliten un espacio seguro para atender a las personas solicitantes.
  • Facilitaremos el traslado a españa de las personas a las que se otorgue protección o a las que se autorice su traslado durante la tramitación del procedimiento.
  • Garantizaremos el pleno cumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement).

• Protección de la ciudadanía española en el exterior
  
  • Reforzaremos la red consular y de extranjería con la ampliación de su plantilla y actualizaremos los salarios y el Acuerdo de Condiciones de Trabajo Administración-Sindicatos de 2008 para el personal laboral en el exterior.
  • Pondremos en marcha una política de diáspora integral, hasta ahora ausente, hacia los españoles residentes en el extranjero, que conlleve el pleno respeto y la promoción de los derechos recogidos en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, incluyendo vías para seguir facilitando el voto en el exterior tras eliminación del voto rogado, asegurando que toda la ciudadanía que solicite el voto como ERTA y se encuentre registrado como CERA en otra demarcación consular no vea impedida su derecho al voto; consolidar la transformación digital de los servicios consulares; compatibilizar la asistencia sanitaria en el extranjero con la asistencia en España o aumentar la oferta de clases de lengua y cultura española a la comunidad en el exterior.
  • Estudiaremos la creación de una circunscripción electoral exterior para ensanchar la democracia española más allá de nuestras fronteras, con una representación política proporcional a su número.

.5. Un proyecto de educación, universidad, conocimiento, ciencia, cultura, deporte, innovación y digitalización para la cohesión social y la transición justa y sostenible

La educación, la cultura, la formación universitaria, el conocimiento, la ciencia y la innovación, la digitalización y el deporte son ejes centrales de una necesaria transición social, ecológica y digital hacia un mundo sostenible, justo, cohesionado e inclusivo.

Pensar en la próxima legislatura con ambición obliga a una mirada que tenga en cuenta su importante contribución al bienestar, a los derechos para todas y para todos, y a la nueva sociedad y economía que perseguimos. Porque son, además, ámbitos que deben abrirse al conjunto de la sociedad y de sus distintos territorios, para dejar atrás la desigualdad, los prejuicios y unas visiones obsoletas ante las que no hemos de ceder, ni que debemos aceptar que se equiparen con actividades dirigidas preferentemente a las élites, como se da el caso, sobre todo, en relación con la universidad, la ciencia y la innovación.

Son, además, aspectos cada vez más relevantes para fundamentar la ciudadanía fuerte del siglo XXI a la que aspiramos, y para afrontar de manera adecuada los grandes retos sociales del presente y del futuro. Transformaciones sociales previas de calado en el mundo de la educación y la formación, incluyendo el deporte, el conocimiento y la ciencia, la tecnología y la cultura, ayudaron a vencer el miedo y la incertidumbre en etapas anteriores de nuestra historia. Contrarrestaron la desigualdad y los riesgos vitales básicos con derechos sociales; las limitaciones a la libertad, al espíritu creativo y a la innovación con derechos culturales, sociales y políticos, y la invisibilidad de los colectivos vulnerables con más derechos, así como con políticas activas transversales e interseccionales de inclusión, redistribución y reconocimiento. Es fundamental impulsar hoy un nuevo proyecto de país que permita recuperar la confianza en la mejora social en todos estos ámbitos.

De aquí la importancia de fomentar el progreso de la educación, de la actividad universitaria, de la cultura, del conocimiento, la ciencia y la innovación, del deporte o de la transformación digital, facilitando su acercamiento a la vida cotidiana de las personas, cualquiera que sea su condición social, de género o edad, su origen nacional o étnico, o su lugar de residencia, para que pueda enriquecerse con su participación en la creación, formación o disfrute en todos estos aspectos. Es fundamental, asimismo, garantizar su cobertura y responsabilidad públicas, dirigidas a alcanzar una plena igualdad y a facilitar el desarrollo sostenible y la calidad en todos estos ámbitos, teniendo como objetivo central contribuir al reforzamiento de una vida buena y a la mejora del conjunto de la sociedad. Y ello a la luz de los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible), del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, del pilar europeo de derechos sociales y de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008, en su versión enmendada en 2022.

La realización de este proyecto resulta más importante, si cabe, en la situación de encrucijada en la que nos encontramos, acusando la tensión entre discursos, lógicas y tendencias distintas, e incluso opuestas.

De una parte, persiste su concepción como aspectos centrales del Estado Social, al servicio de las personas, de la cohesión social y del desarrollo sostenible, desde criterios éticos orientados por la justicia social y el bien común. Pero, por otra, esta aproximación contrasta con la precariedad general y la falta de recursos para llevar a cabo dichas tareas de manera adecuada. Carencia agudizada desde la llamada «crisis de austeridad» de finales de la década inicial de este siglo y primeros años de la segunda. También se opone a la entronización de perspectivas y prácticas de signo muy diferente, individualizadoras, precarizadoras, competitivas, y burocratizadoras, que cabría enmarcar en un modelo neoliberal. Estas últimas, consolidadas en este periodo, incrementan, asimismo, el riesgo de consolidación de las desigualdades, al limitar el acceso de la población a estas actividades según su clase social, género, edad, lugar de procedencia, discapacidad, edad u otras diversidades, y socavan su desarrollo con calidad y orientación social.

No hay que olvidar que esta división tiene su correlato en otra tensión. Se trata de la que tiene lugar entre la responsabilidad pública última del conjunto del sistema (en lo que hace a la garantía de su adecuado desempeño de funciones, dimensión social, rendición de cuentas y coordinación, compatible con el reconocimiento de las diversidades) y las potentes tendencias mercantilizadoras y privatizadoras desarrolladas, sobre todo, en el último decenio.

Finalmente, cabe mencionar el ascenso y la difusión en los últimos años de discursos cuestionadores de la cultura, de la ciencia y del conocimiento científico y experto, y de los valores referidos a la democratización, la igualdad social y de género, la participación colaborativa en el conjunto del sistema educativo, incluidas la universidad y la libertad de expresión y de creación. Es cierto que este cuestionamiento contrasta con el protagonismo social que hoy tiene la educación y la formación universitaria, la ciencia, la innovación y la cultura, o con el fomento de la actividad deportiva... claves para afrontar los importantes retos y problemas sociales que enfrentamos hoy. Contrasta asimismo con la importancia de la formación y la digitalización para facilitar la incorporación de las personas a un trabajo decente y pleno y con derechos.

En lo que sigue se exponen las principales medidas que se proponen respecto a estos distintos ámbitos desde un enfoque que pretende ser abierto a la ciudadanía y al debate, a la crítica y a la autocrítica, al tiempo que colaborativo y participativo, y que se aproxima a todas estas cuestiones valorando su contribución a una transición justa, a una sociedad buena y a una ciudadanía con bienestar y derechos.

Dichas medidas parten de aspectos referidos al modelo general de cada una de las actividades y de los sistemas en los que se insertan; focalizan la atención, antes que nada, en las personas; subrayan tanto las cuestiones de igualdad, de clase, de género, o conforme a otros criterios, como la necesidad de inclusión de los colectivos en situación de vulnerabilidad; plantean mejoras sustantivas en relación con la realización y la evaluación de la calidad de estas tareas; abordan la necesidad de profundizar en la democratización y la gobernanza colaborativa de estas funciones sociales y de las instituciones que se ocupan de las mismas, fomentando la participación de los colectivos infrarrepresentados y de menor poder orgánico interior, como el estudiantado, el personal técnico o de gestión; y acaban con compromisos referidos a los recursos o a la financiación de dichas actividades y sistemas con el fin de que puedan desempeñar sus tareas adecuadamente.

5.1. Derecho a la educación y sistema educativo

La educación es la base y motor de nuestra sociedad. Su finalidad es desarrollar las potencialidades de todo ser humano. La educación nos hace mejores. Un proyecto de país avanzado necesita de un modelo educativo público que asegure el bienestar de la población y una democracia de calidad. Necesitamos un nuevo contrato social para la educación que se base en dos principios fundamentales: el derecho universal a la educación y el compromiso con su carácter público, en tanto que bien común esencial, y que garantice el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad. Nuestro Proyecto de Educación Democrática puede convertirse en uno de los instrumentos de mayor capacidad transformadora para combatir las desigualdades y conseguir una sociedad más justa y equitativa. Ello requiere que la sociedad, en su conjunto, asuma la responsabilidad de la educación como un derecho fundamental y un bien común. Es la forma de dar esperanza de futuro a nuestras niñas, niños, jóvenes y a todas las personas a lo largo de su vida.

5.1.1. Un sistema educativo para todas y todos

• Universalización de la cobertura pública gratuita de la etapa educativa de cero a tres años y su inclusión plena en el sistema educativo
  

  La investigación sobre la materia ha reiterado el impacto positivo de la incorporación temprana al sistema educativo en las futuras trayectorias, pues potencia la permanencia y el éxito escolares. Esta medida es también estratégica y absolutamente imprescindible para reforzar el mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y apoyar el derecho al tiempo libre de las personas cuidadoras en general, incluyendo las de mayor edad.

  • Universalización de la cobertura pública gratuita de la etapa educativa de cero a tres años y su inclusión plena en el sistema educativo

• Red pública suficiente de centros de formación profesional que garantice la cobertura de estos estudios, comprometida con el trabajo decente, y que consiga revertir el peso actual de la oferta privada en estas enseñanzas y facilitar la permeabilidad entre itinerarios diferentes.
  

  La investigación sobre la materia ha reiterado el impacto positivo de la incorporación temprana al sistema educativo en las futuras trayectorias, pues potencia la permanencia y el éxito escolares. Esta medida es también estratégica y absolutamente imprescindible para reforzar el mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y apoyar el derecho al tiempo libre de las personas cuidadoras en general, incluyendo las de mayor edad.

  • El objetivo debe ser garantizar el acceso universal a las plazas públicas, tanto en modalidad presencial como a distancia, y en todas sus etapas.
  • La formación profesional y las enseñanzas de régimen especial que correspondan deben contar con una red pública suficiente tanto en la modalidad presencial para todas las personas que lo soliciten, sin barreras socioeconómicas por tasas ni barreras físicas por culpa de la distancia, como en la modalidad a distancia para aquellas personas que así lo demanden
  • Impulsaremos una nueva ley de formación profesional que recoja los principios anteriores, que la adapte al modelo productivo, a las necesidades de formación y el derecho al acceso en el mundo del trabajo; que conduzca a un trabajo decente, de acuerdo con la definición de la OIT, y no se utilice para cubrir puestos de trabajo a bajo coste
  • La fp dual tiene que servir como vía de inserción sociolaboral también en este mismo marco general, abriendo un itinerario profesionalizador y en la línea del trabajo decente.
  • Asimismo, es importante promover la permeabilidad entre itinerarios durante la educación secundaria superior no obligatoria, que facilite la permanencia en el sistema educativo y la continuidad de las trayectorias

• Apuesta decidida por reforzar la educación pública y la responsabilidad y regulación públicas del conjunto del sistema, incluyendo la red concertada
  

  La educación es un derecho fundamental y universal como reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución española. La educación pública desde el nacimiento es una prioridad nacional.

  • Es imprescindible garantizar plazas escolares gratuitas y de proximidad para todos los niños y todas las niñas independientemente de la zona del país en la que vivan.
  • Para ello, es necesario alcanzar de manera inmediata el 5% del pib en gasto educativo, y avanzar progresivamente hacia el 7%. Esta inversión se debe garantizar mediante una Ley de Financiación del Sistema Público Educativo.
  • Este objetivo necesita una red suficiente de centros de titularidad y gestión pública que permita cubrir todas las necesidades educativas (desde los 0 años) en sus diferentes etapas y modalidades, así como en los distintos distritos escolares y territorios, incluida la escuela rural.
  • Esto debe acompañarse de una regulación y responsabilidad públicas del conjunto del sistema educativo, de modo que todos los centros ofrezcan una educación de calidad y permitan un aprendizaje activo, al tiempo que cumplan con los principios de accesibilidad, transparencia, inclusión e igualdad, fomentando la democratización y la cooperación de la enseñanza.
  • Es fundamental, en esta dirección, evitar la segregación escolar en la red pública y, sobre todo, donde ha tenido más impacto, esto es, en una parte de la concertada, en lo que hace especialmente —aunque no solo— a colectivos de estudiantes en situación de vulnerabilidad por condiciones desfavorecidas, discapacidad, o dificultades académicas, garantizando la accesibilidad y educación en condiciones de igualdad, así como la inclusión de las distintas diversidades. Para ello, será necesario revisar la normativa de conciertos educativos para que la red concertada sea realmente subsidiaria de la pública y, asimismo, acabar con la cesión de suelo público para la construcción de centros educativos en manos privadas.
  • Por ello, la oferta de plazas concertadas se financiará con recursos públicos solo en los casos en que sea estrictamente necesario, esto es, debido a una insuficiencia en la red pública.
  • Y, con el objetivo de corregir la segregación escolar, se establecerá también por ley el incremento progresivo del porcentaje de los fondos públicos destinados a la red pública.
  • Se suprimirán de forma inmediata los conciertos educativos con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales.
  • Con carácter inmediato, se controlará el estricto cumplimiento de la ley, fiscalizando, asimismo, que los centros privados sostenidos con fondos públicos no impongan tasas ilegales a las familias del alumnado mientras los conciertos estén en vigor.

• Facilidades en los acompañamientos y el apoyo requeridos para respaldar trayectorias escolares estables y minimizar el impacto de debilidades de alta persistencia, como la repetición, el fracaso escolar y el abandono anticipado
  
  • Es imprescindible implementar y reforzar medidas como la detección y tratamiento temprano de problemas de aprendizaje,
  • La implementación de planes integrales de atención personalizada al alumnado en riesgo de fracaso o exclusión,
  • La contratación de más profesores y profesoras de apoyo,
  • El refuerzo de la atención sociosanitaria y psicológica en los centros,
  • La inversión en centros de difícil desempeño,
  • El mantenimiento y reforzamiento de la escuela rural,
  • Y la dignificación y extensión de la formación profesional y de las enseñanzas de régimen especial.
  • Todo ello teniendo en cuenta no solo los contenidos y procesos de la educación formal, sino también su relación con los aspectos, menos visibles, pero no menos importantes, referidos a la educación no-formal y la informal.

• Ecocomedores escolares gratuitos de gestión directa en los centros públicos durante toda la etapa obligatoria y otros soportes básicos.
  
  • Los ecocomedores deben ser parte de los acompañamientos ofrecidos al estudiantado,
  • Y también deben servir para incorporar de manera efectiva la educación en una alimentación saludable y sostenible y para la minimización de la precariedad vital de este colectivo.

• Dignificación de las enseñanzas artísticas y aprobación de su marco regulador como estudios universitarios.
  
  • Mejoraremos la oferta y la accesibilidad de las enseñanzas artísticas, e iniciaremos el proceso de adscripción e integración de los estudios superiores de música y de las restantes enseñanzas artísticas al sistema universitario. Se debería reconocer su rango de estudios superiores universitarios, regularizando una situación que hoy en día es anómala.

• Formación a lo largo de la vida
  
  • Se reforzarán de manera sustantiva la formación y educación de las personas adultas, incluyendo los cambios normativos que sean necesarios para alcanzar este objetivo, de manera que se garantice de manera efectiva la formación y el reciclaje profesional a lo largo de la vida.

5.1.2. Una educación integral e inclusiva, en y para la democracia, y orientada por los ods

• Educación integral e inclusiva
  
  • La educación debe atender a un alumnado diverso en intereses y potencialidades, y lograr que cada estudiante desarrolle al máximo sus capacidades.
  • Para ello, necesitamos una educación integral que atienda a todas las dimensiones de la persona.
  • Se requiere también una educación inclusiva que compense las desigualdades socioeconómicas, culturales e individuales, que son las que más directamente influyen en el éxito o en el fracaso del alumnado.
  • Debe basarse así en una cultura de la diversidad y de la inclusión social para poder dar respuesta a todo el estudiantado, sin discriminación alguna, educando en igualdad, equidad y justicia social.

• Educación crítica, reflexiva, tolerante, laica, respetuosa de la igualdad y las distintas diversidades, y comprometida con los objetivos del desarrollo sostenible de naciones unidas.
  
  • El sistema educativo debe respetar y promover la libertad de conciencia del estudiantado, y, por ello, prescindir de la afirmación dogmática de contenidos doctrinales y morales, religiosos o de cualquier otra naturaleza, fomentando el desarrollo del pensamiento autónomo y el juicio crítico de alumnos y alumnas.
  • Ninguna religión ni simbología religiosa formarán parte del currículo ni del horario lectivo obligatorios. La calificación obtenida en esta materia, de haberse cursado, no contará en ningún caso en el cálculo de la nota media de Bachillerato para acceder a la Universidad o para obtener ayudas al estudio o becas.
  • La educación pública debe ser laica y respetar la libertad de conciencia de los niños y las niñas.
  • El hecho religioso debe ser abordado en sus múltiples dimensiones como un elemento cultural y social de relevancia, pero las enseñanzas confesionales no deben integrarse ni en el currículo ni en el horario escolar.
  • Asimismo, se debe promover una relación enseñanza-aprendizaje activa y creativa, con la máxima participación del alumnado. Igualmente, se debe impulsar el desarrollo de la capacidad reflexiva, crítica e innovadora respecto de los distintos contenidos abordados, incluyendo los derechos sociales y culturales, las distintas diversidades y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con especial atención a la igualdad de género y a la no discriminación.

• Coeducación como elemento fundamental de la escuela inclusiva.
  
  • El sistema educativo debe valorar, defender y cuidar a todo el alumnado independientemente de las condiciones personales, la identidad de género, la expresión de género, la sexualidad o el origen social.
  • El fomento de la educación sexual adaptada en todas las etapas educativas es fundamental para favorecer la igualdad de trato, el respeto y la prevención de la violencia machista.

• educar en y para la democracia y en contacto con la comunidad social del entorno.
  
  • Democracia para aprender a convivir en igualdad y en libertad, lo que exige que las escuelas sean un ejemplo de democracia.
  • Para ello, todos los sectores de la comunidad educativa deben participar de manera equilibrada en la elección y composición de los órganos de gobierno de los centros.
  • Hacer de los centros educativos un lugar de encuentro, participación y diálogo entre las familias, profesorado y alumnado.
  • Impulsar la implicación de la comunidad social en el funcionamiento de los centros y que estos participen en su entorno permitiendo, por ejemplo, que sus espacios y recursos puedan ser utilizados fuera del horario lectivo por la comunidad vecinal para la realización de actividades sociales, artísticas, deportivas, lúdicas y creativas.

• Enseñanza plurilingüe para garantizar la igualdad lingüística.
  
  • Proteger las lenguas oficiales del estado es necesario para potenciar la igualdad lingüística; el sistema educativo es el lugar para garantizar que se conozcan y estudien.
  • Para ello, se impulsará una ley estatal de uso y enseñanza de lenguas oficiales y minorizadas.

• Evaluación formativa justa, equitativa e inclusiva, planteada como un proceso integral.
  
  • Estará orientada a producir información, contextualizada social y culturalmente, para mejorar la dinámica de los centros, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y los procesos de construcción del conocimiento, sin dejar a nadie fuera del sistema educativo.
  • Ello exige evaluar para mejorar la metodología empleada en la construcción del conocimiento.
  • Y hay que evaluar también a las administraciones educativas y el funcionamiento de los centros, teniendo en cuenta el papel del alumnado en estos procesos de evaluación.

5.1.3. Una educación con las personas, la formación, las condiciones laborales y los recursos adecuados

• Bajada de ratios en las aulas españolas y aumento de la dotación de medios humanos y materiales.
  
  • Para hacer posible este modelo educativo resulta esencial bajar la ratio de alumnado por aula y aumentar el número de docentes y otros profesionales especialistas con el fin de que trabajen de forma conjunta en la atención a las necesidades y la diversidad de todo el alumnado.
  • Es necesario mejorar los recursos materiales y la accesibilidad, así como desarrollar una organización y un currículo verdaderamente inclusivos partiendo de las necesidades de los estudiantes, de sus saberes y experiencias, para potenciar su creatividad y avanzar hacia la adquisición del conocimiento científico y la más amplia cultura.
  • Es fundamental, además, conectar la educación con la vida real del entorno local, así como con los desafíos sociales, ecológicos y de igualdad entre mujeres y hombres, comunicativos y tecnológicos, para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa.

• Dignificar la profesión docente, cuyo papel social es fundamental.
  
  • Se deben mejorar las condiciones del profesorado, y eso pasa por una reducción significativa de las ratios, por facilitar los desdobles y los refuerzos, y disminuir los horarios y las tareas burocráticas.
  • Es necesario aumentar las plantillas de profesorado, reducir la interinidad al mínimo y mejorar las retribuciones y los recursos.
  • Asimismo, se debe impulsar la autonomía pedagógica, decidida democráticamente por toda la comunidad educativa, para facilitar la articulación curricular y organizativa en los centros y que redunden en el bien común.

• Formación inicial y permanente del profesorado
  
  • Los centros deben converger en un proyecto común que refuerce la formación inicial y la permanente.
  • El profesorado debe contar con una formación inicial de equivalente relevancia en docencia y especialización en su área, sin perjuicio de la formación universitaria en su especialidad.
  • La formación inicial debe combinar práctica (en los centros y con profesorado reconocido) y teoría (en las facultades de educación) que ayuden a investigar y mejorar.
  • Se debe ofrecer también una formación permanente teórico-práctica a este colectivo, como parte de su labor docente, con alicientes de desarrollo profesional, además de económicos, para su realización.
  • Es importante, asimismo, incorporar formación en cuestiones como la igualdad de género para contribuir a un modelo verdaderamente coeducativo, o a la inclusión de la diversidad.

5.1.4. Centralidad de la educación pública, gratuita y adecuadamente financiada, y de la responsabilidad pública del conjunto del sistema

• Gratuidad de todas las etapas educativas en los centros públicos, obligatorias y no obligatorias.
  
  • Gratuidad, especialmente, como se ha señalado, en la educación infantil de cero a tres años, en Formación Profesional y también en los ecocomedores escolares de gestión directa en los centros públicos durante toda la etapa obligatoria.

• Mayor inversión en educación
  
  • En personal, infraestructuras y equipamientos.
  • El mantenimiento y mejora de los centros públicos requiere una mayor inversión en sus infraestructuras y equipamientos, con dotación de espacios de uso múltiple, talleres, bibliotecas, aulas de música, gimnasios, comedores escolares, etcétera.
  • También es fundamental la bioclimatización de los centros públicos, para convertirlos en entornos escolares seguros, saludables, verdes y sostenibles.
  • Es imprescindible contar con una inversión adecuada para la dotación de profesorado suficiente y de otros profesionales de la educación; para el aumento de las becas y ayudas al estudio y el reforzamiento de la acción tutorial y la orientación; para programas de acogida temprana y de educación afectivo-sexual y en planes integrales de refuerzo y apoyo contra el fracaso escolar y el abandono educativo prematuro que compensen los recortes y la financiación insuficiente del último decenio.

• Plan contra el calor: «centros educativos contra la crisis climática»
  
  • Luchar contra el calor en los centros educativos no solo supone proteger la salud de niños y niñas sino que también es una herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad educativa.
  • Por todo ello, hay que poner en marcha un plan para rehabilitar los centros educativos, instalar toldos y sombras y renaturalizar los patios con vegetación, sombra y agua para bajar las temperaturas y convertirlos, además, en refugios climáticos abiertos a los vecinos y vecinas.

• Salud mental en los centros de educativos.
  
  • Pondremos en marcha un plan para hacer frente a los problemas de salud mental en jóvenes aumentando los profesionales de orientación y psicología para prevenir y acompañar la realidad de los centros educativos.

.5.2. Universidad, ciencia e innovación

5.2.1. Universidad

2.1.1. La universidad como servicio público para el conocimiento y la ciencia, la innovación, a cultura y la cohesión social

El Sistema Universitario Español (SUE) se encuentra en una situación de encrucijada entre su concepción como servicio público y como institución social y colaborativa y las tendencias mercantilizadoras y precarizantes del ciclo de recortes y austeridad de la pasada década.

Como ejemplo de dichas tendencias cabe citar, entre otras manifestaciones, un aumento importante y muy rápido de los centros de titularidad privada, especialmente en algunas comunidades autónomas, así como la creciente competencia entre los centros públicos por los escasos recursos. Ha sucedido igualmente en la oferta de alojamiento u otros servicios. Estos cambios se han acompañado, además, de una creciente atomización de las actividades ofrecidas, sin que se garantice en todos los casos un estándar de calidad contrastable. Se ha añadido la carencia de una financiación sostenida, adecuada y estable de los centros de titularidad pública, necesaria para realizar su función social de manera pertinente.

Estas últimas y la falta de recursos dificultan su importante contribución a la cohesión social y al bien común, así como a la producción de formación, conocimiento y cultura, necesarias para una transición social, ecológica y digital justa. También incrementan el riesgo de consolidación de las desigualdades, limitando el acceso o el resultado académico del estudiantado según su clase social, lugar de procedencia, discapacidad, edad u otras diversidades, y refuerzan la segregación de género en determinados estudios o entre el personal laboral.
Debemos pensar la Universidad no solo como un espacio de producción de conocimiento, ciencia y cultura, sino también de formación especializada e integral en todas las facetas de la persona, incluyendo la actividad deportiva. El sistema universitario debe proporcionar así una formación científica y profesional, requerida para afrontar los grandes retos sociales y del planeta, facilitar la promoción social y favorecer la incorporación del estudiantado a un trabajo decente y pleno, reforzando sus derechos. Todo esto reviste una relevancia central en una sociedad avanzada como la nuestra, en donde el conocimiento, la formación universitaria, la innovación, la digitalización, la cultura y la actividad deportiva constituyen herramientas estratégicas para enfrentar los riesgos y las incertidumbres de hoy y para seguir garantizando la mejora del conjunto de la sociedad.

Fortalecer hoy el sistema universitario requiere:
● Profundizar en su apertura a la sociedad dando acceso a un estudiantado más amplio y diverso.
● Asegurar el protagonismo en las aulas y la difusión en la sociedad de una formación y unos saberes apoyados en los valores de la democratización y de la igualdad social y de género, de la transición social y ecológica justa y de la ciencia abierta y ciudadana.
● Garantizar la estabilidad y mejora de las trayectorias personales. Reforzar el carácter innovador, abierto y de calidad de todas sus actividades, desde la docencia hasta la investigación o la transferencia, y el intercambio de conocimiento con la sociedad, evaluando dicha calidad con una nueva aproximación.
● Aplicar transversalmente la igualdad de género y la no discriminación, logrando la inclusión efectiva de la discapacidad y de las distintas diversidades en todas sus misiones y actividades.
● Avanzar en su internacionalización y en los intercambios con sus territorios, minimizando el impacto de la desigualdad.
● Reforzar la responsabilidad pública última del conjunto del sistema, tanto de las universidades públicas como de las privadas, en lo que hace a la coordinación de sus actividades y titulaciones, calidad en el desempeño de sus funciones, dimensión social, transparencia y rendición de cuentas, compatible con el reconocimiento de las diversidades y de la autonomía universitaria.
● Profundizar en su democratización reforzando la participación interna y externa en el sistema, especialmente de los grupos más infrarrepresentados, como los estudiantes.
● Calidad y evaluación evaluando periódicamente las universidades para conocer el rendimiento de los recursos públicos recibidos y para fomentar una cultura de corresponsabilidad social.
● Y, muy especialmente, garantizar una financiación adecuada y en progresivo crecimiento que asegure la consecución de todos estos objetivos con la calidad exigible.

• Fortalecer el sistema universitario
  

  Debemos pensar la Universidad no solo como un espacio de producción de conocimiento, ciencia y cultura, sino también de formación especializada e integral en todas las facetas de la persona, incluyendo la actividad deportiva. El sistema universitario debe proporcionar así una formación científica y profesional, requerida para afrontar los grandes retos sociales y del planeta, facilitar la promoción social y favorecer la incorporación del estudiantado a un trabajo decente y pleno, reforzando sus derechos. Todo esto reviste una relevancia central en una sociedad avanzada como la nuestra, en donde el conocimiento, la formación universitaria, la innovación, la digitalización, la cultura y la actividad deportiva constituyen herramientas estratégicas para enfrentar los riesgos y las incertidumbres de hoy y para seguir garantizando la mejora del conjunto de la sociedad. Fortalecer hoy el sistema universitario requiere:

  • Profundizar en su apertura a la sociedad dando acceso a un estudiantado más amplio y diverso.
  • Asegurar el protagonismo en las aulas y la difusión en la sociedad de una formación y unos saberes apoyados en los valores de la democratización y de la igualdad social y de género, de la transición social y ecológica justa y de la ciencia abierta y ciudadana.
  • Garantizar la estabilidad y mejora de las trayectorias personales. reforzar el carácter innovador, abierto y de calidad de todas sus actividades, desde la docencia hasta la investigación o la transferencia, y el intercambio de conocimiento con la sociedad, evaluando dicha calidad con una nueva aproximación.
  • Aplicar transversalmente la igualdad de género y la no discriminación, logrando la inclusión efectiva de la discapacidad y de las distintas diversidades en todas sus misiones y actividades.
  • Avanzar en su internacionalización y en los intercambios con sus territorios, minimizando el impacto de la desigualdad.
  • Reforzar la responsabilidad pública última del conjunto del sistema, tanto de las universidades públicas como de las privadas, en lo que hace a la coordinación de sus actividades y titulaciones, calidad en el desempeño de sus funciones, dimensión social, transparencia y rendición de cuentas, compatible con el reconocimiento de las diversidades y de la autonomía universitaria.
  • Profundizar en su democratización reforzando la participación interna y externa en el sistema, especialmente de los grupos más infrarrepresentados, como los estudiantes.
  • Calidad y evaluación evaluando periódicamente las universidades para conocer el rendimiento de los recursos públicos recibidos y para fomentar una cultura de corresponsabilidad social.
  • Y, muy especialmente, garantizar una financiación adecuada y en progresivo crecimiento que asegure la consecución de todos estos objetivos con la calidad exigible.

2.1.2. Combatir la precariedad vital: un estudiantado amplio y diverso y la formación universitaria como derecho efectivo para una ciudadanía fuerte

• Universidad: garantizar el mayor esfuerzo posible en la democratización y ampliación del acceso del estudiantado universitario.
  
  • Debe hacerse hincapié en la minimización de las desigualdades según origen socio-familiar, género, procedencia étnica o nacional, edad, discapacidad u otras diversidades.
  • Aumentar las vías de acceso a los estudios universitarios reglados desde actividades o formaciones previas, o que se dirijan a colectivos de edades más elevadas de las habituales, facilitando la incorporación de quienes no pudieron hacerlo previamente o deseen regresar al sistema.
  • Adaptar la oferta formativa en consecuencia, incorporando aspectos como los horarios flexibles o matrículas a tiempo parcial.

• Universidad: una política de precios públicos que tienda a la reducción y, de manera progresiva, a la gratuidad
  
  • Se sigue el modelo de otras universidades europeas, comenzando, de forma inmediata, por el primer curso de los grados.
  • Eliminaremos el actual castigo económico que resulta de las matrículas sucesivas en una misma asignatura, facilitar el acceso a los estudios de Máster del estudiantado económicamente más desfavorecido
  • Y compensar el coste de oportunidad de la dedicación exclusiva al estudio.

• Universidad: aumento de la oferta de becas en función de la renta y de otros soportes requeridos para, con ello, minimizar la precariedad vital y educativa del estudiantado
  
  • Por ejemplo, contribuiremos a facilitar el acceso a un alojamiento digno, cuando así se requiera por razones socioeconómicas o situación de vulnerabilidad en los procesos de movilidad estatal o internacional, mediante plazas en residencias estudiantiles a precios asequibles, intercambios o ayudas.
  • Hay que revisar la normativa de becas actual para acelerar su tramitación y asegurar que se ingresen al inicio del curso académico.
  • Tenemos que ofrecer soportes en relación con la cobertura de necesidades, como por ejemplo el bienestar emocional o mental, contando para ello con una financiación extraordinaria que permita fortalecer la corresponsabilidad en este ámbito.
  • Hacer un seguimiento exhaustivo del estudiantado que combina estudios y trabajo, analizar su relación con las tasas de permanencia y abandono, y ofrecer los soportes e instrumentos adecuados.

• Garantizar la calidad formativa de las prácticas externas y su seguimiento y evaluación
  
  • Se contará con una implicación efectiva de las personas tutoras académicas y de las entidades colaboradoras.
  • Reformular el contexto en el que ahora se llevan a cabo, asegurando un reconocimiento adecuado de todos los agentes implicados y dotando a esta actividad, a lo largo de la legislatura, de las recompensas académicas y económicas que corresponden a la importancia de la tarea desempeñada, en la dirección de la inserción laboral digna y con derechos tal como propugna la OIT.
  • Facilitar una inserción sociolaboral digna, en un empleo decente y con derechos, generalizando las acciones en esta dirección para hacer frente al empleo precario.

• Potenciación de la participación estudiantil en la vida universitaria
  
  • Se reconocerán los derechos estudiantiles y de los consejos u órganos de este colectivo, y facilitaremos su participación tanto en los órganos de gobierno y en la gestión de la vida universitaria como en las organizaciones estudiantiles, en todas las misiones y en la organización de actividades.
  • Las universidades deben promover, además, su adecuado reconocimiento académico, asegurando su conciliación con las restantes tareas académicas y personales del estudiantado.
  • Deben reforzar el acompañamiento, orientación y formación ofrecidas a todo el estudiantado en relación con el acceso y la salida del sistema universitario, pero también para posibilitar la permanencia en el sistema y su participación en actividades de docencia, investigación, transferencia o cultura, no siempre conocidas.
  • También para fortalecer su vinculación con el conjunto de la sociedad y el mundo del trabajo, o para su internacionalización, incluyendo el aprendizaje de idiomas extranjeros.

2.1.3. Personal docente e investigador (pdi) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (ptgas): trayectorias estables y nuevas evaluaciones para combatir la precariedad laboral

• Recuperación de los estándares adecuados en la cantidad y calidad del empleo de las universidades.
  
  • No solo superaremos el impacto de las sucesivas crisis, sino que también dejaremos atrás de manera definitiva la precariedad y la inestabilidad, posibilitando las trayectorias estables.
  • Todo ello con perspectiva de género y de inclusión efectiva de las distintas diversidades.
  • Establecer topes máximos reales de contratación temporal y contar con una figura laboral con estabilidad, de inicio, para incentivar la consecución de este objetivo. El tope de contratación temporal debería aplicarse, asimismo, al PTGAS. Se debe garantizar la aplicación de la LOSU en esta dirección, dirigida a eliminar la precariedad en los contratos de formación y las categorías de inicio, tanto del PDI como del PTGAS, y a respaldar la estabilidad en las transiciones, incluyendo la derivada del cambio normativo.
  • Fijar una tasa de reposición acorde a las necesidades, no solo actuales sino también futuras, a través del establecimiento de marcos plurianuales de reposición de la plantilla que no se encuentren encorsetados por los ejercicios presupuestarios anuales.
  • Introducción de coeficientes de corrección para el conjunto de pdi, frente a su paralización durante cinco o más años, con una política paralela para el PTGAS.

• Replanteamiento del sistema de evaluación del profesorado.
  
  • Se considerarán el conjunto de sus trayectorias y contribuciones, y en especial las vinculadas con la función social más amplia del sistema universitario.
  • Incluir la evaluación de carácter cualitativo, la relativa a la docencia o a la gestión académica y la vinculada al bienestar común o a la transferencia a la sociedad sin ánimo de lucro.
  • Estas evaluaciones son también más adecuadas para considerar las trayectorias de las mujeres y de otros colectivos menos favorecidos o con menor peso en las categorías superiores del sistema.
  • Este último tipo de evaluación de la actividad investigadora permite, además, tener en cuenta de una manera más adecuada las ideas y trabajos más creativos y novedosos, o simplemente más transdisciplinares y heterodoxos, tan necesarios para el avance científico.
  • Habría que integrar, asimismo, la especificidad de las distintas especialidades, la perspectiva de género, la inclusión de las distintas diversidades y, de manera conjunta, la contribución de todo ello a los fines del sistema universitario. La investigación, la transferencia y la docencia se evaluarán con nuevos indicadores que no dificulten las carreras del profesorado, especialmente del más joven, de los grupos de investigación más pequeños, de líneas de investigación menos competitivas o no prioritarias, o de las universidades periféricas, entre otros casos, y que favorezcan carreras estables y más diversas.
  • Poner en marcha el sexenio de evaluación de la docencia, además de los de investigación y transferencia.

• Generación de nuevas modalidades de articulación de las tareas del ptgas y del pdi en la realización de las principales misiones del sistema universitario.
  
  • Implificaremos de manera rotunda las tareas de gestión y administrativas implicadas en la realización de muchas de las actividades incluidas en las misiones de las universidades.

4. Docencia, formación, investigación, transferencia, cultura universitaria y ciencia abierta y ciudadana para las personas y la cohesión social

• Potenciación de la ciencia y los datos abiertos recogidos en repositorios públicos y apoyadospor las instituciones universitarias y científicas responsables.
  
  • Reaccionaremos frente al mercado de editoriales privadas que domina la difusión del conocimiento y condiciona nuestro sistema de publicaciones y evaluación de la investigación, así como gran parte del presupuesto de los proyectos de investigación y de las bibliotecas universitarias.
  • Promocionaremos la cultura universitaria y la ciencia ciudadana como forma de democratizar la ciencia y favorecer la participación de la ciudadanía en los procesos de investigación. Y también como herramienta con capacidad para ser un elemento transformador de las estructuras de investigación y de la propia institución universitaria por sus valores.

• Consideración, de manera integrada, del conjunto de las actividades desempeñadas por el pdi de modo que concuerde con el número máximo de horas de dedicación
  
  • Reconoceremos adecuadamente la docencia, su papel en la carrera académica del profesorado y la importancia de evaluar su calidad, con participación del estudiantado.
  • Enriqueceremos el reconocimiento de la transferencia productiva o remunerada con el de las actividades de intercambio con la sociedad sin ánimo de lucro o sin rentabilidad económica inmediata asociada.
  • Asimismo, fortaleceremos la oferta de formación permanente y a lo largo de la vida, dirigida no solo al personal egresado y universitario actual, sino también, de manera más amplia, al conjunto de la sociedad.

1.5. Igualdad de género: consolidar su aplicación transversal

• Incorporación de las unidades de igualdad en los estatutos de las universidades y dotación de recursos económicos, materiales y humanos y del poder de decisión y actuación requeridos.
  
  • Diseñaremos una hoja de ruta que permita hacer frente a las fuertes resistencias que emergen ante el desarrollo de iniciativas, programas y políticas orientadas a transformar la estructura androcéntrica que tradicionalmente ha caracterizado el mundo académico.
  • Incorporar medidas orientadas a cambiar las bases de la formación y del conocimiento con perspectiva de género.
  • Aprobaremos y aplicaremos protocolos de conciliación corresponsable de la vida laboral, personal y familiar tanto para PDI como PTGAS, incorporando los recursos necesarios para ello.
  • Aseguraremos el cumplimiento de los derechos de conciliación corresponsable y la provisión de los servicios necesarios, añadiendo compromisos adicionales acordados en las universidades, especialmente en relación con el cuidado de ascendientes y descendientes a cargo.
  • Se prevendrán y erradicarán los distintos tipos de violencias y acoso en el medio universitario, contemplados, entre otras fuentes, en el Convenio 190 de la OIT.

2.1.6. Igualdad e inclusión efectiva y transversal de la discapacidad y de las distintas diversidades

• incorporación de oficinas o unidades de atención a la discapacidad y a las distintas diversidades en los estatutos de todas las universidades.
  
  • Se facilitarán recursos materiales, presupuestarios y humanos suficientes para abordar este compromiso.
  • Aseguraremos un presupuesto específico y suficiente para garantizar las actuaciones, así como los recursos humanos y técnicos adecuados a los estándares exigibles.
  • Conseguiremos la plena eliminación de las barreras y de la discriminación que sufren las personas con discapacidad tanto en el acceso a la universidad como en su permanencia en ella, en las transiciones a otras modalidades educativas o en la salida al mercado laboral.
  • Garantizaremos la incorporación plena del diseño para todas y todos y de la accesibilidad universal.
  • Fomentaremos el incremento de la presencia tanto en el pdi como en el PTGAS de las personas con certificado de discapacidad, garantizando el cumplimiento de la cuota establecida

2.1.7. Internacionalización de la investigación, de la docencia y del intercambio de conocimientos

• Refuerzo de becas y ayudas económicas destinadas a respaldar los procesos de movilidad internacional, por la duración completa y los costes reales de los mismos, especialmente entre los colectivos con más dificultades o menos recursos.
  
  • Aseguraremos la formación permanente de toda la comunidad universitaria orientada a posibilitar las movilidades internacionales, como la referida al conocimiento de idiomas.
  • Potenciaremos los intercambios internacionales, especialmente a escala europea, en la dirección de las alianzas europeas e iberoamericanas, mediante actividades de docencia, investigación y transferencia.
  • Favoreceremos los intercambios internacionales, también de llegada, aumentando la información y reduciendo de manera decisiva la tramitación burocrática en todos estos procesos y así favorecer las colaboraciones.
  • Promoveremos programas de cooperación universitaria internacionales.

2.1.8. Universidades comprometidas con sus territorios: poner en valor la relación de las universidades con sus entornos locales y sus contribuciones mutuas

• Potenciación de la ciencia abierta y ciudadana y los intercambios con los agentes sociales de los contextos locales.
  
  • Normalizaremos las relaciones fluidas y regulares con los restantes escalones del sistema educativo en sus territorios, como la organización de campamentos de verano con contenidos científicos, humanísticos, culturales, deportivos y de profundización en la digitalización;
  • Cursos de formación complementaria o actividades extraescolares, culturales y deportivas en los campus;
  • Así como distintos eventos en los restantes centros educativos locales.
  • Reforzaremos los intercambios con los ámbitos rurales mediante programas como el erasmus o la formación continua dirigidos a estos núcleos, u otras actividades (alojamiento a precio más reducido, por ejemplo).
  • Implicaremos a los centros universitarios en la recuperación y puesta en valor del patrimonio ambiental y cultural de las ciudades y localidades en que se asientan; en la gestión de los sectores económicos, ambientales y socioculturales vinculados a dicho patrimonio; y en el desarrollo local, en sus vertientes urbanísticas, ecológicas, culturales y científicas.
  • Realizaremos una tarea semejante en los barrios desfavorecidos y vulnerables, especialmente, en lo que hace a la incorporación al mundo universitario.
  • Se diseñarán programas de prácticas externas que vinculen a las citadas organizaciones y al entramado productivo local con los centros universitarios.
  • Fortaleceremos la contribución de estos al tejido productivo local y a la cantidad y calidad del empleo, configurando medios de innovación productiva y de conocimiento.

2.1.9. Gobernanza participativa, responsable y sostenible en el marco de los ods y del pilar europeo de derechos sociales. agencias de evaluación

• Democratización de la universidad reforzando el protagonismo de los órganos representativos de participación y promoviendo el papel de los distintos sectores, sobre todo de los infrarrepresentados, especialmente del estudiantado.
  
  • Dotaremos a las personas representantes de los medios necesarios para llevar a cabo sus funciones, así como del reconocimiento correspondiente, con especial consideración de las desigualdades, mediante acciones positivas cuando así se requiera.

• Revisión y actualización del papel y funcionamiento de las agencias de evaluación académica y científica, como aneca y la aei, y de su relación con las actividades, fines y autonomía del conjunto del sistema universitario.
  
  • Y ello desde una aproximación a la calidad que aúne aspectos cuantitativos y cualitativos, centrada en su dimensión de servicio público y simplificando el peso de la gestión burocrática.

• Intensificación de la relación del sistema universitario con la sociedad, con el resto del sistema educativo y con los centros de producción de ciencia e innovación.
  
  • Incorporaremos nuevas modalidades de colaboración efectiva de los actores del tejido social en las actividades universitarias y viceversa a través de medios como la ciencia ciudadana.

10. Financiación estructural. cumplimiento obligatorio del compromiso de la losu y aumento posterior sostenido, con rendición de cuentas y transparencia

• Obligación, como mínimo, de cumplir la referencia de la ley orgánica del sistema universitario (losu) de destinar el 1% del pib a financiación pública de las universidades públicas.
  
  • Se aumentarán progresivamente las dotaciones presupuestarias a partir de esa base para alcanzar en diez años el nivel de financiación correspondiente a una de las principales economías de la Unión Europea, como es el caso de España.

• implementación de una política de desgravación fiscal condicionada a la puesta en marcha de planes de inversión de descarbonización y autonomía energética.
  
  • Se aplicará un plan de infraestructuras destinado a la reposición de la capacidad investigadora y a la modernización y adecuación de las instalaciones desde criterios de sostenibilidad ambiental.
  • Desarrollaremos planes estratégicos y campus verdes como parte de la sostenibilidad urbana: movilidad, renaturalización, transiciones energéticas en edificios y potenciación de comunidades locales de energía.

• Rendición de cuentas y transparencia asegurando, entre otros aspectos, la contabilidad analítica en todas las universidades públicas, e incentivación de una incorporación en las restantes que permita establecer estándares estatales de costes (lo que redundará en una mejor financiación)
  
  • Se obligará a implementar contratos-programa plurianuales destinados a la financiación por objetivos que complementen la financiación básica para el funcionamiento de las universidades.
  • Incorporaremos en los contratos-programa antes citados cláusulas relativas al grado de cumplimiento de indicadores sociales, ambientales y económicos, en especial, los referidos a lo recogido en los planes de igualdad de género, en las memorias o informes de sostenibilidad de las universidades y en los restantes documentos en que se recojan los cumplimientos de las universidades en materia de gobernanza económica, social y ambiental.