PSOE - generales 2023 - Adelante (versión completa) (v. completa)
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Índice

1. Una política económica al servicio de la ciudadanía y de un crecimiento económico justo y sostenible

1.1. Estabilidad económica y financiera, reforzando la confianza en españa en el ámbito internacional

Es fundamental seguir manteniendo un entorno de estabilidad económica y financiera que prolongue el crecimiento económico y permita aprovechar plenamente las oportunidades de los cambios tecnológicos en marcha. Ello exige una gestión eficiente de los recursos públicos, una política fiscal responsable de reducción de las ratios de déficit y deuda en línea con las reglas europeas, una buena gestión del Tesoro para minimizar los costes financieros, amortiguar las fluctuaciones cíclicas, obteniendo de ese modo un crecimiento sostenido y sostenible en el plano económico y financiero. Para ello:
  • Continuaremos reforzando la confianza en españa mediante una política económica responsable y coherente, alineada con las recomendaciones de los organismos internacionales, basada en la escucha y el diálogo con los agentes económicos y sociales.
  • Seguiremos en la senda de consolidación fiscal y sostenibilidad de las cuentas públicas reduciendo el déficit estructural y luchando contra el fraude y la economía sumergida para incrementar los ingresos sin aumentar, con carácter general, los impuestos y permitir así financiar de forma eficiente y justa las políticas públicas, la inversión y el refuerzo del estado de bienestar.
    • Velaremos por el cumplimiento de los parámetros de consolidación fiscal en el conjunto de los sectores.
  • Potenciaremos la financiación verde sobre la base de un libro verde de Financiación Sostenible, que será trabajado con los agentes sociales, el sector financiero y los sectores económicos más directamente implicados, para hacer de España un referente en Europa en emisiones de instrumentos financieros sostenibles.
  • Impulsaremos el mercado español de bonos verdes apoyando la movilización de la inversión pública y privada para la transición ecológica e impulsando un marco avanzado de evaluación y gestión de los riesgos climáticos de empresas y entidades financieras a nivel europeo y mundial.
  • Seguiremos liderando los procesos de transformación verde y digital en el ámbito europeo mediante una hoja de ruta realista, compatible con el crecimiento económico, que posicione España entre los países más avanzados y atractivos para la inversión productiva.
  • Seguiremos llenando la hucha de las pensiones con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo y poder mantener pensiones dignas para las generaciones futuras.
  • Profundizaremos en la creación de fondos de pensiones de empleo, desarrollando el segundo pilar de protección, en el ámbito laboral, para aumentar las posibilidades de ahorro y mejorar la calidad de vida de las personas de cara a la jubilación.

2. Crecimiento económico y pacto por el pleno empleo, aprovechando el proceso de innovación tecnológica en beneficio de la sociedad

La reforma laboral, pactada con la UE y con los agentes sociales, proporciona la mejor base para seguir traduciendo el impulso inversor en creación de empleo de calidad. Durante la próxima legislatura, debemos extender la fase alcista del ciclo económico iniciada en 2021 a través de una política de inversión que aumente el empleo y la productividad. Del mismo modo, la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos Next Generation debe servirnos para retomar la senda de prosperidad y convergencia con los países más avanzados iniciada desde la llegada de la democracia y truncada con la década perdida tras la gran crisis financiera de 2008, gestionada por el Gobierno del PP.

Además, sobre la base de los avances logrados en estos años, se trata de activar un círculo virtuoso de formación y colocación que permita reducir el desempleo estructural, especialmente el de la juventud, alineándolo con la media europea, y eliminar el desempleo de larga duración. Para ello:
  • Impulsaremos con los agentes sociales un pacto por el pleno empleo para acelerar el círculo virtuoso de formación y colocación desarrollando el segundo pilar de protección, en el ámbito laboral, para aumentar las posibilidades de ahorro y mejorar la calidad de vida de las personas de cara a la jubilación. y, de ese modo, aprovechar el impulso de la inversión con los fondos europeos Next Generation, alinear los niveles de desempleo al 8% de paro estructural en línea con la media europea, con los siguientes componentes:
    • Mejora de ajuste oferta-demanda de trabajo mediante un sistema integrado de información de los sistemas de gestión del SEPE y de la Seguridad Social. De esta forma, mejoraremos el mecanismo de ajuste de oferta y demanda de trabajo (matching), con la integración de los sistemas de gestión de los Servicios Públicos de Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social, la creación de un sistema integrado de información sobre vacantes, demandantes de empleo y perfiles formativos y la introducción de herramientas de inteligencia artificial para alinear las vacantes con los perfiles de las personas desempleadas.
    • Impulso de un programa de planes cortos de formación y recualificación (microacreditaciones) para la nueva economía verde y digital.
    • Con el fin de impulsar la formación en el empleo para los jóvenes, garantizándoles una protección adecuada con un Plan de Choque contra el desempleo juvenil con el mecanismo Pack “formación + empleo” en 12 meses.
    • Aumento de las opciones y de la oferta de formación profesional, con atención especial al impulso en las pymes. Esta oferta estará alineada con los PERTES para promover los perfiles para la nueva economía verde, de los cuidados, sanitaria y digital.
    • Pondremos en marcha el programa de prácticas de empresa, con el smi y la SS cubiertos, con mentores en el sistema público de empleo y tutores en las empresas, como el mejor modo de entrada en el mercado de trabajo de los jóvenes que hayan estado un año en paro.
    • Desarrollaremos los servicios garantizados de la ley de empleo 3/2023, tanto de las personas demandantes de empleo como de la pequeña y mediana empresa.
    • Mantendremos la centralidad del diálogo social para la gobernanza de las relaciones laborales.
    • Garantizaremos en el estatuto de los trabajadores que el smi se acompase al 60% del salario medio; medida tambien eficaz para lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
    • Reforma de los sistemas de protección activa para los parados de larga duración y refuerzo de los incentivos al empleo de beneficiarios de subsidios y del Ingreso Mínimo Vital
  • Culminaremos el proceso en marcha de inversión pública y de apoyo a la inversión privada para la modernización del país en clave verde y digital con los fondos next generation. para ello, obtendremos la aprobación por parte de la comisión europea de la adenda al plan de recuperación, transformación y resiliencia, completando así la ejecución de las inversiones y proyectos estratégicos ya en curso.
  • Desplegaremos los proyectos estratégicos del plan de recuperación con el fin de impulsar la modernización de nuestra economía y posicionar a España entre los países líderes en los sectores y tecnologías del futuro: vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC); energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (PERTE ERHA); salud de vanguardia; descarbonización de la industria; modernización de la industria naval, agroalimentaria y aeroespacial; impulso al ecosistema empresarial de semiconductores y microprocesadores (PERTE CHIP); digitalización del ciclo del agua; economía circular; nueva economía de la lengua y de economía social y de los cuidados.
  • Dotaremos el fondo del mecanismo red, con el fin de disponer de una red de seguridad y un mecanismo de estabilización contracíclico para impulsar la recualificación y reincorporación de los trabajadores
  • Seguiremos impulsando la atracción de inversiones extranjeras productivas y proyectos estratégicos, especialmente en el ámbito verde y digital.
    • Desarrollaremos instrumentos de co-inversión
    • Y crearemos una ventanilla única para agilizar el despliegue de los proyectos estratégicos, de manera compatible con los objetivos de transición energética y la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico.
  • Aumentaremos el peso de la inversión pública productiva en el presupuesto del estado
    • Aumentaremos el peso de la inversión pública productiva en el presupuesto del Estado, centrada en aumentar el capital humano, natural, tecnológico, social e institucional de España.
  • Modernizaremos la administración pública
    • Modernizaremos la administración pública para aumentar su eficiencia y productividad mediante la digitalización, otras nuevas tecnológicas y la eliminación de costes y burocracia para las empresas, autónomos y toda la ciudadanía.
  • Culminaremos el programa de reformas estructurales en marcha
    • Culminaremos el programa de reformas estructurales en marcha, con el objetivo de establecer un marco legislativo avanzado que ofrezca una hoja de ruta clara para la doble transición verde y digital. Esto brindará estabilidad, confianza y seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a las empresas, fomentando y atrayendo inversiones y talento.
  • Crearemos el consejo nacional por la productividad
    • Crearemos el consejo nacional por la productividad para profundizar en el análisis y estimación del impacto sobre la productividad y contribuir así a la evaluación de las reformas de forma coordinada con los distintos organismos de evaluación de políticas públicas.
  • Reforzaremos los mecanismos de protección activa mediante la adecuada articulación de los subsidios y los mecanismos de inclusión social
    • Reforzaremos los mecanismos de protección activa mediante la adecuada articulación de los subsidios y los mecanismos de inclusión social, favoreciendo el reciclaje y la formación y los programas de inserción de la juventud para lograr eliminar el paro de larga duración y lograr el pleno empleo efectivo.
  • Aseguraremos un proceso de transición justa en el ámbito verde y digital.
    • Aseguraremos un proceso de transición justa en el ámbito verde y digital.
    • Se trata de acelerar los efectos positivos de las nuevas tecnologías, apoyar a las trabajadoras y los trabajadores, ciudadanos y empresas, para que puedan acceder a las oportunidades y empleos de calidad, y acompañar a aquellas regiones o sectores más afectados con el fin de garantizar una transición justa que no deje a nadie atrás.
.1.3. Una digitalización que aumente la productividad, la prosperidad, la cohesión social y territorial, poniendo en el centro a las personas
La transformación digital se ha acelerado exponencialmente y presenta importantes oportunidades y también retos que hemos de abordar. Es fundamental encauzar el proceso para garantizar una digitalización que proteja nuestros valores y derechos, que impulse el empleo de calidad y permita mejorar la vida de las personas. Para ello:
  • Seguiremos impulsando la agenda de transformación digital
    • Seguiremos impulsando la agenda de transformación digital, mediante la colaboración público-privada, con el fin de apoyar la inversión productiva y la modernización del conjunto de la economía, mediante la digitalización de las pymes, las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía, y la integración de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías en los procesos productivos.
  • Impulsaremos la autonomía estratégica de españa y europa
    • Impulsaremos la autonomía estratégica de españa y europa
    • Culminaremos los proyectos estratégicos del plan de recuperación (pertes), apoyando la participación activa de PYMEs y autónomos, con el fin de disponer de ecosistemas empresariales resilientes en todo el territorio que contribuyan a la industrialización estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, de seguridad y defensa, tecnológico y digital.
  • Seguiremos impulsando los proyectos emblemáticos para posicionar a españa a la vanguardia en nuevas tecnologías disruptivas
    • Seguiremos impulsando los proyectos emblemáticos para posicionar a españa a la vanguardia en nuevas tecnologías disruptivas como la computación y comunicaciones cuánticas, la neurociencia y neurotecnologías, la inteligencia artificial, los algoritmos verdes, el diseño y fabricación de semiconductores o el desarrollo de la nueva economía de la lengua.
  • Apoyaremos a nivel global un marco adecuado de regulación y supervisión de la inteligencia artificial
    • Apoyaremos a nivel global un marco adecuado de regulación y supervisión de la inteligencia artificial, que impulse la innovación, pero proteja nuestra seguridad, derechos y valores democráticos.
    • Apoyaremos la creación de mecanismos de supervisión de algoritmos a nivel europeo e impulsaremos la creación de una Agencia Internacional de Regulación de la Inteligencia Artificial.
  • Pondremos en marcha la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial
    • Pondremos en marcha la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial, con el fin de disponer de una autoridad para garantizar la protección de los derechos y valores democráticos, así como el alineamiento de los algoritmos con las exigencias del Reglamento Comunitario de Servicios Digitales.
  • Seguiremos impulsando la carta de derechos digitales
    • Seguiremos impulsando la carta de derechos digitales en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, con atención especial a los menores, a las neurotecnologías, la biología sintética, las nuevas realidades inmersivas en plataformas y la inteligencia artificial generativa.
  • Convocaremos un grupo de trabajo con el sector privado y expertos para articular una regulación adecuada del acceso de menores a internet/redes sociales
    • En la próxima legislatura, convocaremos un grupo de trabajo con el sector privado y expertos para articular una regulación adecuada del acceso de menores a internet/redes sociales, con el fin de garantizar su protección y su salud mental.
  • Seguiremos garantizando la conectividad digital ultrarrápida en el 100% del territorio
    • Seguiremos garantizando la conectividad digital ultrarrápida en el 100% del territorio, continuando con el apoyo al despliegue de la fibra óptica y la opción satelital asequible.
    • Además, posicionaremos a españa como un hub de conectividad clave en el sur de Europa mediante la conectividad internacional (incluyendo cables submarinos).
  • Impulsaremos el desarrollo de la tecnología 5g
    • Impulsaremos el desarrollo de la tecnología 5g, para que pueda desarrollarse la industria 4.0 en todo el territorio, así como la investigación y el desarrollo de la tecnología 6G.
  • Reforzaremos la ciberseguridad en el ámbito público y privado
    • Reforzaremos la ciberseguridad en el ámbito público y privado con el fin de proporcionar un entorno fiable y de confianza para el desarrollo de las nuevas tecnologías.
  • Seguiremos impulsando la modernización y digitalización de las administraciones públicas
    • Seguiremos impulsando la modernización y digitalización de las administraciones públicas con el objetivo de ofrecer una gestión más eficiente, rápida y segura para toda la ciudadanía.
  • Continuaremos incorporando funcionalidades a la carpeta ciudadana
    • Continuaremos incorporando funcionalidades a la carpeta ciudadana, y la ampliaremos al ámbito de las empresas y los autónomos, para que las principales gestiones se puedan realizar fácilmente en un clic.
  • Continuaremos impulsando las competencias digitales de toda la ciudadanía
    • Continuaremos impulsando las competencias digitales de toda la ciudadanía, modernizando la educación, la Formación Profesional y la universidad, con cursos de programación y robótica en todas las escuelas y el despliegue de programas especiales de acompañamiento para las personas mayores, con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social.
  • Garantizaremos la recualificación y la formación a todas las personas desempleadas y trabajadoras
    • Garantizaremos la recualificación y la formación a todas las personas desempleadas y trabajadoras, de manera que puedan acceder a los empleos de la nueva economía digital y verde.
.1.4. Apoyo a las empresas y autónomos en su proceso de modernización, impulsando el emprendimiento y el crecimiento empresarial
España dispone de un tejido productivo rico y diversificado. Cuenta con empresas grandes líderes en sectores tractores de futuro, desde el sector de la energía al agroalimentario, incluyendo las infraestructuras digitales, el sector de la salud, la inteligencia artificial, el sector audiovisual o las industrias culturales. Con un tejido vibrante de pymes, startups y autónomos, que compiten en el escenario internacional. Durante la próxima legislatura, seguiremos apoyándolas e impulsando su modernización, con un marco normativo favorable y dando apoyo a sus inversiones productivas. Para ello:
  • Concentraremos los esfuerzos en el mejor desarrollo y aplicación de las reformas estructurales y en la reducción de las cargas administrativas.
    • Concentraremos los esfuerzos en el mejor desarrollo y aplicación de las reformas estructurales y en la reducción de las cargas administrativas.
    • Tras el gran impulso legislativo de estos años, la prioridad debe ser la continuidad, estabilidad y seguridad jurídica para las empresas, trabajadores, autónomos e inversores, la reducción de costes de transacción y la utilización plena de las tecnologías digitales para mejorar la calidad de los servicios y de las políticas públicas.
  • Consolidaremos y evaluaremos las mejoras en protección social para autónomos aprobadas en la última legislatura.
    • Consolidaremos y evaluaremos las mejoras en protección social para autónomos aprobadas en la última legislatura.
    • Y se reforzará la participación institucional de las organizaciones más representativas del trabajo autónomo a través del Consejo de Trabajo Autónomo.
  • Acompañaremos a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos, en el proceso de proceso de transición ecológica y de adaptación e incorporación de las nuevas reglas europeas en materia verde y digital.
    • Acompañaremos a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos, en el proceso de proceso de transición ecológica y de adaptación e incorporación de las nuevas reglas europeas en materia verde y digital.
    • Seguiremos apoyando con financiación pública las inversiones necesarias para la adaptación a los requisitos normativos, la incorporación de nuevas tecnologías y la modernización de los procesos empresariales.
  • Seguiremos trabajando para reducir la morosidad en las operaciones comerciales, como una necesidad para incrementar la competitividad y viabilidad de nuestras pymes y autónomos.
    • Seguiremos trabajando para reducir la morosidad en las operaciones comerciales, como una necesidad para incrementar la competitividad y viabilidad de nuestras pymes y autónomos.
  • Crearemos una plataforma digital pública de factura electrónica
    • Crearemos una plataforma digital pública de factura electrónica, que permita a los autónomos y a las pymes aprovechar esta reforma de la Ley Crea y Crece para reducir sus costes y hacer más eficientes sus procesos.
  • Apoyaremos la creación de empresas y su crecimiento
    • Apoyaremos la creación de empresas y su crecimiento
    • La actividad de los autónomos y el nacimiento y escalado de las startups tecnológicas.
    • En particular, impulsaremos la digitalización y agilización de todos los trámites empresariales
    • Lucharemos contra la morosidad comercial
    • Y apoyaremos instrumentos financieros que permitan escalar las empresas.
  • Ampliaremos el programa kit digital para poder impulsar la digitalización de las pymes de más de 50 trabajadores y autónomos.
    • Ampliaremos el programa kit digital para poder impulsar la digitalización de las pymes de más de 50 trabajadores y autónomos.
    • Seguiremos impulsando la digitalización de las pymes y autónomos, extendiendo el programa Kit Digital a empresas de más de 50 trabajadores,
    • Mpulsando el desarrollo de clusters, centros de innovación digital (digital innovation hubs) y Asociaciones de Empresas Innovadoras,
    • Así como los programas de formación de directivos y autónomos, con el fin de promover las redes de colaboración entre empresas, claves para aumentar la productividad a través de la innovación.
  • Desarrollaremos todos los mecanismos e instrumentos de la ley de startups
    • Desarrollaremos todos los mecanismos e instrumentos de la ley de startups para situar a España como un referente en emprendimiento y facilitar la atracción de nuevas inversiones a sectores de futuro.
  • Seguiremos desplegando las medidas contenidas en la estrategia españa nación emprendedora para potenciar el ecosistema emprendedor
    • Seguiremos desplegando las medidas contenidas en la estrategia españa nación emprendedora para potenciar el ecosistema emprendedor, mediante el fortalecimiento de la ventanilla única de la Oficina Nacional de Emprendimiento, la creación de la Red Nacional de Centros de Emprendimiento, la mejora de las capacidades emprendedoras, y el despliegue de herramientas para facilitar la creación y transmisión de empresas y la difusión de resultados, con atención especial al emprendimiento liderado por mujeres.
  • Proporcionaremos apoyo financiero a las pymes innovadoras y startups tecnológicas
    • Proporcionaremos apoyo financiero a las pymes innovadoras y startups tecnológicas, desde su creación hasta su fase de crecimiento y escalamiento, ya sea con participación en el capital o mediante préstamos participativos u otros instrumentos financieros para pymes viables e innovadoras, tanto en su fase de creación como en fase de crecimiento.
    • En particular, crearemos un fondo de apoyo financiero a la transición verde y digital, así como a las pequeñas y medianas empresas.
    • También desplegaremos el programa scaleup spain, con el fondo de escalado de empresas tecnológicas Next Tech, que está gestionado por el Instituto de Crédito Oficial,
    • Así como participaremos en las iniciativas europeas como la european tech champions Initiative gestionada por el Banco Europeo de Inversiones.
  • Aprobaremos un plan nacional de emprendimiento social
    • Aprobaremos un plan nacional de emprendimiento social que promoverá políticas de impulso al emprendimiento social entre todos los agentes públicos y privados que apoyen específicamente al emprendimiento innovador de triple balance (con impacto social, económico y medioambiental).
.1.5. Apoyo a las familias y los trabajadores autónomos
En línea con las medidas adoptadas para sostener la renta disponible de las familias en estos últimos años, seguiremos apostando por reducir las desigualdades, aumentar la productividad y los salarios, impulsar el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento, así como apoyar la conciliación de la vida profesional y familiar y lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
  • Seguiremos adoptando medidas eficaces para amortiguar el impacto de la guerra en ucrania
    • Seguiremos adoptando medidas eficaces para amortiguar el impacto que la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés tienen sobre las rentas de las familias mediante ayudas directas focalizadas para las familias más vulnerables.
  • Ampliaremos hasta la renta media (37.800€) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas
    • Ampliaremos hasta la renta media (37.800€) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas: ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de cuota de 1 año.
  • Apoyaremos la aplicación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para que los salarios ganen poder adquisitivo
    • Apoyaremos la aplicación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para que los salarios ganen poder adquisitivo, tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas.
  • Aseguraremos que la competencia efectiva permita que se trasladen a los precios finales las bajadas en los costes de la energía y de otras materias primas
    • Haremos un seguimiento activo mediante el observatorio de márgenes empresariales
    • Y aseguraremos que la competencia efectiva permita que se trasladen a los precios finales las bajadas en los costes de la energía y de otras materias primas que se han producido en los últimos meses.
  • Adoptaremos mejoras aplicables a todos los préstamos hipotecarios
    • Adoptaremos, fruto del diálogo con las entidades financieras del país, mejoras aplicables a todos los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la conversión de las hipotecas a tipo fijo, la restructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago.
  • Impulsaremos el ajuste por los bancos de los tipos de interés de los depósitos a los tipos de interés de mercado
    • Impulsaremos el ajuste por los bancos de los tipos de interés de los depósitos a los tipos de interés de mercado, instando en su caso a las investigaciones y actuaciones que aseguren una competencia efectiva en el mercado bancario.
  • Seguiremos impulsando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
    • Seguiremos impulsando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres aumentando la tasa de participación y ocupación de las mujeres, apoyando el emprendimiento femenino y la paridad en los puestos directivos en el ámbito público y privado.
  • Pondremos en marcha un plan nacional para que las empresas ofrezcan una mejor conciliación
    • Pondremos en marcha un plan nacional para que las empresas ofrezcan una mejor conciliación mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral
  • Seguiremos ampliando el sistema público de escolaridad de 0 a 3 años y la nueva economía de los cuidados
    • Seguiremos ampliando el sistema público de escolaridad de 0 a 3 años
    • Y la nueva economía de los cuidados para impulsar la profesionalización de este sector y proporcionar un apoyo adecuado a las familias.
  • Aumentaremos el mínimo por descendientes y personas dependientes en el irpf
    • Aumentaremos el mínimo por descendientes y personas dependientes en el irpf con el fin de apoyar a las familias con hijos, impulsar la natalidad y acompañar en el cuidado de las personas mayores y dependiente.
  • Seguiremos impulsando la inclusión y las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía
    • Seguiremos impulsando la inclusión y las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía, con una atención especial a los niños, las mujeres, los desempleados y las personas mayores, así como a los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social.
  • Impulsaremos una adecuada regulación y supervisión del acceso de menores a las redes sociales para garantizar su protección.
    • Impulsaremos una adecuada regulación y supervisión del acceso de menores a las redes sociales para garantizar su protección.
.1.6. Garantizar la inclusión financiera y digital, atendiendo especialmente a las personas mayores
  • Pondremos en marcha la autoridad de defensa del cliente financiero
    • Pondremos en marcha la autoridad de defensa del cliente financiero para proteger a la ciudadanía, en cuanto clientes financieros, en relación con sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera.
    • Esto permitirá una resolución vinculante, ágil y gratuita de estas reclamaciones ante un único organismo, reduciendo además la litigiosidad en los tribunales.
  • Apoyaremos la participación activa de las personas mayores en la economía.
    • Apoyaremos la participación activa de las personas mayores en la economía.
    • Además de impulsar la inclusión digital y financiera de las personas mayores, garantizando un trato personalizado y prioritario presencial en el ámbito financiero y de los servicios públicos.
    • Impulsaremos la economía “senior” y la participación activa de las personas jubiladas.
  • Garantizaremos la inclusión financiera de las personas mayores y con discapacidad, a través de la atención personalizada y presencial
    • Garantizaremos la inclusión financiera de las personas mayores y con discapacidad, a través de la atención personalizada y presencial, el mantenimiento de las cartillas de crédito, horarios de atención predeterminados, citas previas, atención telefónica o vía WhatsApp, etc.
  • Garantizaremos la inclusión financiera de la ciudadanía en todo el territorio
    • Garantizaremos la inclusión financiera de la ciudadanía en todo el territorio mediante la prestación de servicios financieros físicos el uso del dinero en efectivo en el cien por cien del territorio de nuestro país.
  • Garantizaremos la inclusión financiera de la ciudadanía en todo el territorio
    • Garantizaremos la inclusión financiera de la ciudadanía en todo el territorio mediante la prestación de servicios financieros físicos el uso del dinero en efectivo en el cien por cien del territorio de nuestro país.
  • Garantizaremos la inclusión digital mediante el acceso de toda la ciudadanía a las competencias digitales necesarias
    • Garantizaremos la inclusión digital mediante el acceso de toda la ciudadanía a las competencias digitales necesarias
    • Culminaremos la puesta en marcha de los planes de formación desde la escuela a las empresas y la colaboración público-privada mediante el programa “Generación D” para que todas las personas, incluyendo a las mayores de 65 años, puedan acceder a los servicios digitales, comunicarse y participar activamente en una sociedad cada vez más digital.
  • Garantizaremos la prestación de servicios públicos en un clic mediante el impulso de la carpeta ciudadana
    • Garantizaremos la prestación de servicios públicos en un clic mediante el impulso de la Carpeta Ciudadana
  • Reforzaremos las acciones de educación financiera
    • Reforzaremos las acciones de educación financiera, particularmente para jóvenes, en los centros educativos de bachillerato y Formación Profesional, pero también para personas mayores y colectivos vulnerables, como por ejemplo la nueva población emigrante.
    • Esta educación financiera estará centrada en ámbitos como las criptomonedas y los criptoactivos, el ahorro a largo plazo o la financiación hipotecaria.
.1.7. Liderazgo de españa en la construcción europea
Durante estos cinco años, España se ha consolidado como un país central en la Unión Europea, liderando los principales debates y apoyando las iniciativas dirigidas a reforzar la integración económica y social, la autonomía estratégica de la UE y la construcción de un espacio de valores y libertad. Para seguir avanzando en esta dirección:
  • Impulsaremos una reforma de las reglas fiscales europeas
    • Impulsaremos una reforma de las reglas fiscales europeas que permita conjugar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y la consolidación de la deuda pública con el crecimiento económico, la creación de empleo y la agenda de inversiones sociales, verdes y digitales.
    • Estas reglas fiscales deben acometerse a través de planes nacionales adaptados a la realidad de cada Estado miembro.
  • Impulsaremos una reforma de las reglas fiscales europeas
    • Impulsaremos una reforma de las reglas fiscales europeas que permita conjugar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y la consolidación de la deuda pública con el crecimiento económico, la creación de empleo y la agenda de inversiones sociales, verdes y digitales.
    • Estas reglas fiscales deben acometerse a través de planes nacionales adaptados a la realidad de cada Estado miembro.
  • Impulsaremos la unión bancaria y de los mercados de capitales
    • Impulsaremos la unión bancaria y de los mercados de capitales para disponer de mercados financieros sólidos mediante la reforma del marco de gestión de crisis bancarias.
  • Impulsaremos la competitividad de las empresas europeas y la autonomía estratégica
    • Impulsaremos la competitividad de las empresas europeas y la autonomía estratégica apoyando las mejoras del marco de ayudas de estado, la protección del buen funcionamiento del mercado interior, la reforma del mercado energético europeo, el avance tecnológico en el ámbito verde y digital y el impulso de capacidades en el ámbito de la ciberseguridad y la industria de defensa.
  • Reforzaremos e impulsaremos los instrumentos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
    • Reforzaremos e impulsaremos los instrumentos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
    • Impulsaremos el refuerzo del marco regulatorio e institucional para luchar contra los flujos financieros relacionados con las redes de delincuencia internacional.
    • Apoyaremos la candidatura de madrid como sede de la nueva agencia europea contra el Blanqueo de Capitales.
  • Apoyaremos un refuerzo del presupuesto europeo con nuevos recursos propios
    • Apoyaremos un refuerzo del presupuesto europeo con nuevos recursos propios que garanticen una financiación suficiente para los programas y acciones de la UE.
  • Apoyaremos un refuerzo del presupuesto europeo con nuevos recursos propios
    • Desarrollaremos un marco adecuado en el ámbito de la unión europea para la inteligencia artificial que garantice la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y las empresas.
  • Impulsaremos sistemas de pagos internacionales eficientes y seguros.
    • Impulsaremos sistemas de pagos internacionales eficientes y seguros.
    • Impulsaremos las iniciativas para extender los sistemas de pagos instantáneos disponibles en España, así como los proyectos para disponer de mecanismos baratos, rápidos y seguros para los pagos internacionales de personas y empresas.
  • Reforzaremos la cooperación con américa latina
    • Reforzaremos la cooperación con américa latina, apoyando la conclusión de los acuerdos Comerciales en marcha (Chile, México y Mercosur) y el apoyo financiero a los proyectos estratégicos para el continente.
  • Reforzaremos la perspectiva social del semestre europeo
    • Reforzaremos la perspectiva social del semestre europeo para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible desde el punto de vista social.
.1.8. Refuerzo de la gobernanza global
Durante estos cinco años, España se ha consolidado como un socio de referencia en los principales foros internacionales, reforzando la red de seguridad financiera y contribuyendo a soluciones basadas en el diálogo y la paz, con una atención especial al apoyo a los países más vulnerables y de renta media.
  • Impulsaremos el refuerzo del marco de instituciones globales como el fondo monetario internacional y el banco mundial para garantizar la estabilidad financiera y apoyar a los países de renta baja y media.
    • Impulsaremos el refuerzo del marco de instituciones globales como el fondo monetario Internacional y el Banco Mundial para garantizar la estabilidad financiera y apoyar a los países de renta baja y media.
    • Apoyaremos las iniciativas para proporcionar alivio de la deuda externa de los países más vulnerables. Para ello, desarrollaremos programas que incorporen cláusulas de suspensión por desastres medioambientales, así como programas de apoyo en el ámbito de la salud y los alimentos.
  • Impulsaremos la reforma de la organización mundial del comercio (omc)
    • Impulsaremos la reforma de la organización mundial del comercio (omc) para recuperar un sistema multilateral en las relaciones comerciales internacionales.
  • Promoveremos las innovaciones regulatorias y tecnológicas en el ámbito verde y digital como bienes públicos globales
    • Promoveremos las innovaciones regulatorias y tecnológicas en el ámbito verde y digital como bienes públicos globales, garantizando, por tanto, su provisión y acceso para toda la sociedad en todo el mundo, sin exclusión.
  • Promover en la asamblea de naciones unidas la creación de una agencia internacional de seguridad y derechos digitales, con sede en españa
    • Promover en la asamblea de naciones unidas la creación de una agencia Internacional de Seguridad y Derechos Digitales, con sede en España, para exportar al mundo nuestro modelo de digitalización basado en el respeto de nuestros valores constitucionales y nuestros derechos individuales y colectivos también en la esfera digital.
.1.9. Una fiscalidad justa para un país moderno

1.9.1. Reforma tributaria

La sociedad española apuesta por unos servicios públicos fuertes, modernos y eficaces, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la clase media y trabajadora. Financiar el estado del bienestar no es un lujo que no nos podamos permitir. Tenemos la memoria y la experiencia de lo que ocurrió en la anterior crisis financiera, cuando se impuso una política de recortes que debilitó lo público y mermó la sanidad, la educación y la dependencia.

El estado del bienestar es la red de seguridad de la ciudadanía, la garantía de la igualdad de oportunidades y el vector de la cohesión social y territorial de España. Pero también es un potente motor de nuestra economía, con un impacto claro en la generación de empleo de calidad directo e indirecto y en la aportación de valor añadido a través de la innovación pública.

El Partido Socialista cree firmemente en el valor de lo público y en la justicia social como la base de nuestra convivencia democrática. De ahí que el sistema fiscal no sólo tiene la función de asegurar los ingresos necesarios para la provisión de las políticas públicas que garantizan los derechos y libertades de la ciudadanía. También debe cumplir los principios constitucionales de equidad y progresividad, así como asegurar que la igualdad de oportunidades sea efectiva y reducir la desigualdad social, territorial y de género.

Por ello a lo largo de esta legislatura hemos impulsado una política fiscal acorde a los principios constitucionales de equidad y progresividad, de manera de las mayores rentas y patrimonios, así como los grupos multinacionales y grandes empresas, contribuyan en mayor medida mientras que los más desfavorecidos reciben el mayor nivel de ayuda protegidos por el escudo social.

La fiscalidad no puede ser abordaba a través de un debate cortoplacista o basado en la demagogia. Es un debate nuclear en la concepción del país al que aspiramos y necesita pedagogía. Por ello desde el Partido Socialista planteamos una fiscalidad justa e inteligente, adaptada al siglo XXI y capaz de hacer frente a los retos de una economía globalizada, marcada por la digitalización, la transición verde y la lucha contra el fraude fiscal.

El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria de 2022 constituye un punto de partida riguroso y solvente para avanzar en este debate. Por ello proponemos:
  • Una política fiscal y de inversión para garantizar servicios públicos modernos para la gran mayoría de la sociedad.
    • Una política fiscal y de inversión para garantizar servicios públicos modernos para la gran mayoría de la sociedad.
    • Seguiremos orientando la política de inversiones y el sistema fiscal para crear incentivos al trabajo, la innovación, el cumplimiento de la regulación y el despliegue de la nueva economía verde.
  • Una fiscalidad que ayude a la clase media y trabajadora
    • Una fiscalidad que ayude a la clase media y trabajadora en la crianza el acceso a la vivienda, a movilidad sostenible, la eficiencia energética en los hogares, o la adquisición de vehículos eléctricos
    • Estas ayudas se harán a través de la renta indirecta que suponen los servicios públicos o de las transferencias directas en prestaciones.
    • El objetivo es contar con una administración tributaria más proactiva y accesible, que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el conocimiento ciudadano de para qué se utilizan los impuestos.
  • Un sistema fiscal que incentive las grandes transformaciones de nuestro modelo productivo
    • Un sistema fiscal que incentive las grandes transformaciones de nuestro modelo productivo,
    • Que favorezca la innovación empresarial, la adaptación a la transición ecológica y digital o la igualdad de género así como el apoyo a sectores estratégicos como la cultura.
  • Un sistema fiscal que permita un reparto más justo y equilibrado de las consecuencias de las crisis.
    La concentración de la riqueza y el incremento de las desigualdades son algunos de los mayores desafíos que afrontan los países y España no es una excepción. Es necesario hacer cambios estructurales en el sistema tributario para avanzar hacia una sociedad más justa.
    • Un sistema fiscal que permita un reparto más justo y equilibrado de las consecuencias de las crisis.
1.9.2. Más medidas
Como base de la financiación autonómica y local, la fiscalidad es también una parte sustancial del modelo territorial de nuestro país. El Gobierno socialista ha demostrado que preservar el estado de bienestar, garantizando la prestación de los servicios públicos fundamentales, es cuestión de voluntad política. Las comunidades autónomas han podido enfrentarse y combatir las consecuencias de la crisis sanitaria y de la invasión de Ucrania gracias a las decisiones del Gobierno de España que les ha proporcionado recursos extraordinarios de más de 30.000 millones de euros al margen del sistema de financiación. Gracias a estos recursos, pudieron mantenerse los servicios públicos, la protección de la ciudadanía y nuestro tejido productivo.

Hay que recordar que es la ciudadanía quien hace uso de los servicios públicos y contribuye con sus impuestos a financiarlos. Por ello, tenemos que situar a las personas en el centro del debate. Solo si pensamos en satisfacer sus necesidades y aspiraciones podremos lograr el consenso político y territorial para hacer realidad un sistema de financiación aceptable para todos.

Del mismo modo apostamos por la mejora continua de la eficiencia en el gasto público, a través de los planes de revisión de gasto (spending review) y la evaluación de las políticas públicas, en un claro ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Defendemos que unas cuentas públicas saneadas y sostenibles son la mejor garantía para el presente y también para las futuras generaciones. En ese sentido, a pesar de la ausencia de reglas fiscales tras el impacto de la pandemia, hemos desarrollado una política fiscal y presupuestaria prudente y eficiente, protagonizando un descenso continuado de las ratios de déficit. Esto implica un compromiso explícito con la consolidación fiscal, al mismo tiempo que hemos posibilitado una inversión récord en políticas tractoras de la economía.

España merece un debate serio y riguroso sobre fiscalidad, con propuestas que vayan en línea de lo que marcan los organismos internacionales para promover una economía dinámica y competitiva, asumiendo los retos de la transformación digital y la transición ecológica mientras blindamos y fortalecemos nuestro estado del bienestar.

Por todo ello proponemos:
  • Asegurar la protección de los colectivos vulnerables y de la clase media y trabajadora con una política fiscal y de gasto social orientada a sus necesidades.
    • Asegurar la protección de los colectivos vulnerables y de la clase media y trabajadora con una política fiscal y de gasto social orientada a sus necesidades.
  • Desarrollar una reforma fiscal orientada a las familias coordinada con la política de gasto social.
    • Desarrollar una reforma fiscal orientada a las familias coordinada con la política de gasto social
    • Para ello mejoraremos los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.
  • Impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes
    • Impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.
  • Promover un pacto de estado contra el fraude fiscal
    • Promover un pacto de estado contra el fraude fiscal
    • Consensuaremos con todas las fuerzas políticas, agentes sociales y profesionales del ámbito fiscal un plan de acción contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal.
    • Y continuaremos reforzado y modernizando los recursos y la plantilla de la Agencia Tributaria.
  • Seguiremos impulsando el afloramiento y regularización de la economía sumergida
    • Seguiremos impulsando el afloramiento y regularización de la economía sumergida
    • En línea con las mejoras de estos años, reforzaremos los mecanismos para la regularización de la economía sumergida y la lucha contra el fraude, para así tener un sistema fiscal más sólido y justo, eliminando las ventajas competitivas de los que abusan del sistema.
  • Continuaremos impulsando a nivel internacional el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el impuesto sobre sociedades y una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales.
    • Continuaremos impulsando a nivel internacional y en la unión europea el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades y una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales.
    • Del mismo modo promoveremos la adopción de medidas para evitar la elusión y la evasión fiscales que realizan los grandes grupos económicos y los grandes patrimonios.
  • Evaluaremos la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del estado de bienestar.
    • Evaluaremos la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar.
  • Evaluaremos los resultados del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas
    • Evaluaremos los resultados del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas
    • Y, en su caso, avanzaremos en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.
  • Avanzaremos en la fiscalidad verde
    • Avanzaremos en la fiscalidad verde, contribuyendo al compromiso de nuestro país con la emergencia climática y con el futuro de nuestros jóvenes.
    • Una fiscalidad verde bajo la premisa de “quien contamina paga”, que irá acompañada de medidas compensatorias, bien en la imposición directa o bien en las políticas de gasto, para incentivar los cambios necesarios entre las clases media y trabajadora.
    • Del mismo modo, evaluaremos los incentivos en vigor para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular.
  • Culminaremos la tramitación de la nueva ley de apoyo al mecenazgo
    • Culminaremos la tramitación de la nueva ley de apoyo al mecenazgo para que estas actividades constituyan un apoyo real a los sectores de la cultura, el patrimonio y la innovación social.
  • Impulsaremos una herramienta personalizada para que cada español sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga
    Esto constituye un ejercicio de pedagogía y transparencia fiscal frente a los discursos que consideran las bajadas de impuestos como la única receta posible.
    • Impulsaremos una herramienta personalizada para que cada español sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga, y así la ciudadanía puedan juzgar por sí mismos la importancia del pago de impuestos para sostener el estado de bienestar.
    • Con el objetivo de seguir mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Agencia Tributaria desplegará un plan de información y asistencia integral a los contribuyentes, en el que la atención al ciudadano y la mejora de las comunicaciones administrativas constituirán una prioridad.
.1.10. Economía social
La economía social española es un ecosistema clave para la transformación y la resiliencia de la economía, así como para la generación de empleo decente, incluyendo el empleo inclusivo para aquellas personas en riesgo de exclusión social y para la contribución a la transición verde y digital en línea con los objetivos de la Unión Europea.

En España operan más de 43.100 empresas y entidades de la economía social que generan alrededor de 2,2 millones de empleos directivos e indirectos, y que operan en todos los sectores de actividad.

Continuaremos impulsando la economía social en España, y para ello:
  • Aprobaremos la ley integral de impulso de la economía social,
    • Aprobaremos la ley integral de impulso de la economía social, a través del dialogo con las entidades representativas de las familias de la economía social, para la modernización y adecuación de las leyes 5/2011 de economía social, 27/1999 de cooperativas, 44/2007 de empresas de inserción y 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas.
  • Lanzaremos una segunda convocatoria en el marco del plan integral de impulso de la economía social, financiado por el perte de economía social y de los cuidados
    • Lanzaremos una segunda convocatoria en el marco del plan integral de impulso de la Economía Social, financiado por el PERTE de Economía Social y de los Cuidados, para favorecer inversiones estratégicas en proyectos altamente innovadores de la economía social, con el objetivo de alcanzar el 11% del PIB en 2030 desde el 10% en 2022.
  • Promoveremos un fondo estatal de inversiones con impacto social y ambiental en empresas y entidades de la economía social.
    • Promoveremos un fondo estatal de inversiones con impacto social y ambiental en empresas y entidades de la economía social.
  • Concretaremos la creación del hub de vanguardia de la economía social como instrumento tanto nacional como internacional.
    • Concretaremos la creación del hub de vanguardia de la economía social como instrumento tanto nacional como internacional.
  • Facilitaremos la participación de la economía social en los procesos de contratación pública.
    • Facilitaremos la participación de la economía social en los procesos de contratación pública.
  • Fomentaremos la inclusión del conocimiento de los modelos de la economía social en los programas y asignaturas de emprendimiento en el ámbito educativo.
    • Fomentaremos la inclusión del conocimiento de los modelos de la economía social en los programas y asignaturas de emprendimiento en el ámbito educativo.
  • Facilitaremos la adquisición de las unidades productivas en los procesos de reconversión de empresas.
    • Facilitaremos la adquisición de las unidades productivas en los procesos de reconversión de empresas.
  • Fomentaremos la capitalización de las prestaciones por desempleo para la transformación de las empresas en sociedades cooperativas o sociedades laborales.
    • Fomentaremos la capitalización de las prestaciones por desempleo para la transformación de las empresas en sociedades cooperativas o sociedades laborales.
  • Impulsaremos una nueva ley de sociedades laborales
    • Impulsaremos una nueva ley de sociedades laborales con el objetivo de facilitar el emprendimiento colectivo a las nuevas situaciones del tejido productivo y posibilitar así que este modelo empresarial refuerce su atractivo económico y sea un instrumento eficaz para la transmisión de empresas mercantiles a las personas trabajadoras de las mismas, tanto en caso de relevo generacional como en otras circunstancias.
  • Reforzaremos los instrumentos de diálogo permanente con las entidades representativas de la economía social
    • Reforzaremos los instrumentos de diálogo permanente con las entidades representativas de la economía social
    • Y con las comunidades autónomas,
    • Así como de coordinación interministerial.
  • Continuaremos con el desarrollo de la estrategia española de economía social 2021-2027
    • Continuaremos con el desarrollo de la estrategia española de economía social 2021-2027
  • Desarrollaremos y consolidaremos series estadísticas de economía social
    • Desarrollaremos y consolidaremos series estadísticas de economía social para conocer y contrastar con mayor detalle la contribución de la economía social al crecimiento socioeconómico y a la generación de empleo.
.1.11. Turismo sostenible
El turismo es un importante motor para el crecimiento de la economía española y supone una fuerza transformadora extraordinaria, capaz de mejorar la vida de millones de personas, contribuyendo al desarrollo económico, a la generación de empleo y a la cohesión social y territorial.
España es un país líder, tanto en llegadas de turistas internacionales como en gasto. Los puntos fuertes de nuestro país son los recursos patrimoniales naturales y culturales, la calidad de nuestros destinos y productos turísticos, así como una red extraordinaria de infraestructuras y un alto nivel de seguridad.
El mercado turístico español ha llegado a representar cerca del 13% del PIB y del total del empleo, cifras que nos permiten afirmar la importancia del sector para la economía española y los logros de un mercado turístico que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas.
Sin embargo, nuestra industria turística se enfrenta a importantes retos de transformación y adaptación hacia un modelo turístico más sostenible e inteligente. Un modelo acorde a una realidad en constante cambio que debe hacer frente a los desafíos de la lucha contra el cambio climático, la digitalización, las tendencias internacionales y la maximización de la satisfacción de la experiencia en destino del turista.
Conscientes de la importancia del sector y de los retos de carácter transversal a los que debe hacer frente, el Gobierno de España ha impulsado durante estos años importantes medidas para proteger, reforzar y avanzar en la transformación del sector. Ejemplo de ello son las medidas de protección puestas en marcha ya antes de la pandemia, como la aprobación de la línea de ayudas por la quiebra de la turoperadora Thomas Cook por un total de 700 millones de euros para las empresas turísticas afectadas por el impago de la compañía quebrada.
Ante los peores momentos de la crisis de la COVID-19, el sector fue receptor de un apoyo económico público sin precedentes que pretendía paliar los nocivos efectos de la caída de la actividad provocada por unas restricciones imprescindibles para contener la propagación de un virus mortal.
Como medida más eficaz contra la destrucción de puestos de trabajo, se aprobaron los ERTES, financiados por el Estado, que beneficiaron a 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Además, los préstamos ICO, los fondos de solvencia a empresas estratégicas del sector, los 7.000 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas para subvencionar a fondo perdido las pérdidas de empresas y pymes, las prestaciones por cese de actividad a autónomos, la renegociación de alquileres, moratorias hipotecarias y aplazamientos de deudas tributarias, contribuyeron a sostener al sector.
Y para potenciar la recuperación se aprobó el Plan de Impulso del sector turístico, dotado con 4.262 millones de euros.
Gracias al esfuerzo colectivo, la implicación del sector y las medidas gubernamentales adoptadas ha sido posible la recuperación del turismo en nuestro país y su decisiva influencia positiva en la economía nacional. De hecho, el Banco de España ha señalado que los ingresos derivados del turismo impulsaron el superávit en la balanza por cuenta corriente un 2,6% en 2022, pasando de 11.500 millones a 11.800. Pero no podemos olvidar las lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia, con un alto impacto sobre la actividad turística. Es imprescindible avanzar en un modelo que haga al sector más sostenible y resistente ante nuevas adversidades o la aparición de nuevos competidores.
Es necesario continuar en el camino iniciado de modernización y competitividad del sector turístico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en su componente 14. Esto se ha traducido ya en ayudas a planes de sostenibilidad turística en destino, en planes nacionales que han promocionado el Xacobeo, el turismo enogastronómico y los destinos de sol y playa, en subvenciones de patrimonio con uso turístico, en ayudas para los territorios extrapeninsulares, y en planes de mejora de la oferta experiencial que España pone a disposición de sus visitantes, con la mirada puesta en atraer turismo de calidad.
En esta dirección, desde el PSOE tenemos como objetivo transformar el modelo turístico en base a la desestacionalización, la desconcentración y la diversificación, empleando la digitalización, el uso inteligente de datos y la sostenibilidad como palancas.
o Partimos de un modelo con un claro componente estacional. Nuestro clima determina en buena medida las temporadas de las distintas modalidades turísticas (sol y playa en época estival, esquí en invierno, etc.). Por ello, trabajaremos juntos con las administraciones públicas territoriales y la iniciativa privada para alargar la temporada, mejorar las capacidades de destino, diversificar la oferta turística, desestacionalizar la demanda y repartir los beneficios del turismo a lo largo de todos los meses del año.
o Partimos de un modelo concentrado, en el que los destinos de sol y playa suponen el 65% de la oferta y la demanda. Seguiremos apostando por los destinos maduros y apoyando a los nuevos destinos emergentes repartidos por todo el territorio, mejorando la accesibilidad y la movilidad.
o Apostaremos por la diversificación. Queremos poner en valor todos los productos turísticos, poniendo el foco en el turismo cultural o el turismo rural. El turismo más tradicional ya se complementa con una nueva oferta turística que queremos potenciar. El turismo deportivo, el de congresos, el gastronómico, el industrial o el musical son algunos de los ejemplos. El turismo enogastronómico va más allá del carácter complementario y ya se ha convertido en sí mismo en un importante producto turístico que pone en valor los productos de proximidad y la cultura de los territorios, avanzando con ello en sostenibilidad y en desestacionalización.
o Acompañaremos a las empresas y a los destinos turísticos en el uso de la digitalización y aprovechamiento de los datos como palanca para adaptarse a las nuevas demandas de los viajeros y a los nuevos modelos de negocio. Para ello, impulsaremos nuevas actuaciones que permitan fomentar un entorno digital que favorezca la competitividad de las empresas turísticas.
o Defenderemos que España siga posicionándose como referencia mundial en turismo y como una alternativa moderna, competitiva y a la vanguardia en la transformación del modelo hacia la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial. En esta sostenibilidad aplicaremos medidas destinadas a contribuir a un turismo respetuoso con el medioambiente y los recursos naturales, así como medidas dirigidas a garantizar el empleo digno y el equilibrio entre los visitantes y los residentes.
De acuerdo con estos objetivos promoveremos las siguientes medidas:'
  • Continuaremos impulsando la estrategia de turismo sostenible 2030
    • Continuaremos impulsando la estrategia de turismo sostenible 2030 para promover un turismo respetuoso con el medio ambiente y sostenible en todas sus vertientes: económica, social, digital, medioambiental y territorial.
  • Impulsaremos el fondo tecnológico para la creación de líneas de ayudas para apoyar establecimientos o áreas comerciales situadas en zonas turísticas y cuyos negocios estén vinculados con la llegada de visitantes
    • Impulsaremos el fondo tecnológico para la creación de líneas de ayudas para apoyar establecimientos o áreas comerciales situadas en zonas turísticas y cuyos negocios estén vinculados con la llegada de visitantes
  • Seguiremos desarrollando la plataforma inteligente de destinos turísticos
    • Seguiremos desarrollando la plataforma inteligente de destinos turísticos, concebida como un centro de big data para incrementar el volumen de negocio turístico.
  • Fomentaremos una armonización de las medidas de protección laboral para las camareras de piso con el objetivo de prevención de riesgos
    • Fomentaremos, entre las comunidades autónomas y en el ámbito de sus competencias, una armonización de las medidas de protección laboral para las camareras de piso con el objetivo de prevenir dolencias, lesiones y enfermedades derivadas de la sobrecarga muscular y movimientos repetitivos que implican sus tareas
  • Aprobaremos una estrategia de turismo lgtbi
    • Aprobaremos una estrategia de turismo lgtbi que tenga como objetivo el diseño y promoción de experiencias de turismo especializadas en el segmento LGTBI, contando además con la participación de empresas y asociaciones turísticas del colectivo, así como de las comunidades autónomas para su coordinación y aplicación
  • Reforzaremos los programas de turismo y de termalismo del instituto de mayores y servicios sociales (imserso)
    • Reforzaremos los programas de turismo y de termalismo del instituto de mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para seguir mejorando la calidad de vida y el acceso de las personas mayores y de las personas con discapacidad a servicios de ocio y de salud, así como contribuir al mantenimiento del empleo turístico y a la desestacionalización del sector.
    • La mejora de los programas debe tener en cuenta las preferencias de las personas usuarias.
  • Apoyaremos una política pública de paradores de turismo que ponga en valor la protección de nuestro patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural.
    • Apoyaremos una política pública de paradores de turismo que ponga en valor la protección de nuestro patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural.
    • La empresa debe continuar siendo referente por su compromiso con el empleo de calidad y la mejora de la eficiencia energética de sus establecimientos.
    • Debemos continuar apostando por la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la experiencia del viajero.
  • Impulsaremos proyectos que contribuyan a fomentar impactos positivos y reducir los efectos negativos de la actividad turística.
    • Impulsaremos proyectos con la colaboración de los agentes e instituciones implicados que contribuyan a fomentar impactos positivos y reducir los efectos negativos de la actividad turística.
  • Coordinaremos acciones con los ayuntamientos de costa para garantizar el buen mantenimiento de las playas y hacer compatible el disfrute y la protección del mar
    • Coordinaremos acciones con los ayuntamientos de costa para garantizar el buen mantenimiento de las playas y hacer compatible el disfrute y la protección del mar
  • Apoyaremos la búsqueda de nuevos mercados emisores de turistas
    • En el marco de una estrategia común, con la implicación de la Cámara de Comercio, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales, apoyaremos la búsqueda de nuevos mercados emisores de turistas, para la diversificación de la demanda internacional que reduzca la dependencia de específicos mercados.
  • Pomoveremos planes de dinamización y de colaboración que generen nuevos productos turísticos
    • En el marco de las conferencias sectoriales de turismo, promoveremos planes de dinamización y de colaboración que generen sinergias transformadoras y potenciadoras de nuevos productos turísticos entre comunidades autónomas.
.1.12. Comercio
El comercio es un sector estratégico para nuestro país, que representa el 13% del valor añadido bruto de nuestra economía, correspondiendo el 5,2% al comercio minorista. Pero, además, es un elemento clave para la revitalización en nuestros pueblos y ciudades, porque donde hay comercio hay activación de la vida social, generando un efecto arrastre sobre otras actividades económicas, culturales, deportivas y lúdicas.
El comercio interior se configura como esencial para el necesario proceso de transformación de nuestras empresas, impulsando la sostenibilidad, la digitalización, la economía circular y los productos de cercanía y calidad. Desde el PSOE creemos que el comercio de proximidad es un verdadero factor de desarrollo económico, social y cultural y que requiere de una coordinación sólida y estrecha con todas las administraciones, asociaciones y Cámaras de Comercio para la puesta en marcha de actuaciones conjuntas que permitan a nuestras empresas avanzar hacia su necesaria transformación.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está suponiendo una enorme oportunidad para impulsar el comercio tanto en el medio urbano como en el rural, favoreciendo su modernización, sostenibilidad y digitalización, y mejorando su presencia en todos los canales de distribución. Para el trienio 2021-2023 los fondos europeos han permitido una dotación presupuestaria de 415,6 millones de euros para las líneas de mercados sostenibles, zonas rurales, zonas turísticas y el fondo tecnológico.
Respecto al comercio exterior, durante los últimos años, este sector ha ganado competitividad, la base de empresas exportadoras crece de forma continuada y el comercio de servicios ofrece todavía un gran potencial de crecimiento, demostrando que las empresas españolas han sido capaces de adaptarse, reinventarse y seguir compitiendo en los mercados internacionales.
España apoyará una Unión Europea abierta al comercio exterior, motor de crecimiento y prosperidad. Por ello, es fundamental tanto evitar la fragmentación de nuestro mercado interior, como preservar la apertura al exterior y abrir nuevos mercados para aumentar las posibilidades de suministro y de exportación para nuestras empresas.
Esto no es impedimento para reconocer que la globalización, junto con otros fenómenos simultáneos, como el cambio tecnológico, pueden tener costes de ajuste y efectos distributivos importantes dentro de cada economía y que no siempre han sido tenidos suficientemente en consideración. Las políticas públicas deben orientarse a potenciar estos efectos positivos y a reducir o compensar los eventuales costes, de forma que los beneficios alcancen a todos y no dejen a nadie atrás.
Por todo ello, desde el PSOE nos comprometemos a trabajar en las siguientes medidas:'

1.12.1. En materia de comercio interior

  • Desarrollaremos instrumentos públicos para dinamizar el consumo local y apoyar al comercio de proximidad
    • Desarrollaremos instrumentos públicos para, en coordinación con otras administraciones, dinamizar el consumo local y apoyar al comercio de proximidad en el necesario proceso ordenado de avanzar hacia un modelo más innovador, verde y digital y que permita la creación de empleo de calidad y la cohesión social y territorial.
  • Fortaleceremos la actividad comercial mediante el mantenimiento de ayudas
    • Fortaleceremos la actividad comercial, especialmente en las zonas rurales y en aquellas de alta afluencia turística, mediante el mantenimiento de ayudas específicas para el refuerzo de su actividad y distribución comercial apostando por un modelo más sostenible.
  • Ayudas específicas al comercio minorista, que le permita incorporar soluciones tecnológicas y procesos innovadores en su actividad, así como fomentar el uso de herramientas digitales
    • Mantendremos el apoyo, a través de líneas de ayudas específicas al comercio minorista, que le permita incorporar soluciones tecnológicas y procesos innovadores en su actividad, así como fomentar el uso de herramientas digitales como el comercio en línea, la factura electrónica o los servicios en nube.
  • Fomentaremos acciones de sostenibilidad en el comercio y de reducción, reutilización y reciclaje de materiales.
    • Fomentaremos acciones positivas de favorecimiento de la sostenibilidad en el comercio y de reducción, reutilización y reciclaje de materiales.
  • Impulsaremos la coordinación entre las administraciones, asociaciones y cámaras de comercio para lograr un tejido comercial competitivo, resiliente y adaptable
    • Impulsaremos la coordinación entre las administraciones, asociaciones y cámaras de comercio para lograr un tejido comercial competitivo, resiliente y adaptado a los desafíos de futuro y que le permita enfrentarse con éxito a los cambios de tendencias y hábitos del consumidor.
1.12.2. En el ámbito del comercio exterior
  • Apostamos decididamente por aumentar la diversificación de las cadenas de suministro y de los mercados de exportación de españa y la ue
    • Ante el convulso panorama actual de los mercados internacionales, apostamos decididamente por aumentar la diversificación de las cadenas de suministro y de los mercados de exportación de España y la UE
    • Y por promover relaciones comerciales abiertas, predecibles y transparentes, evitando restricciones injustificadas al comercio.
  • Continuaremos trabajando en la ambiciosa agenda de acuerdos comerciales bilaterales de la ue
    • Continuaremos trabajando en la ambiciosa agenda de acuerdos comerciales bilaterales de la UE para fortalecer alianzas estratégicas que contribuyan a nuestro abastecimiento y generen nuevas oportunidades comerciales y de inversión para nuestras empresas.
  • Impulsaremos una agenda de política comercial multilateral revitalizada que reforme la organización mundial del comercio (omc)
    • Impulsaremos una agenda de política comercial multilateral revitalizada que reforme la organización Mundial del Comercio como pilar fundamental para garantizar un comercio abierto, predecible y basado en reglas
  • Vamos a continuar apoyando a las empresas españolas en su proceso de internacionalización
    • Vamos a continuar apoyando a las empresas españolas en su proceso de internacionalización, para afrontar las dificultades que plantea un contexto económico internacional tan incierto. Para hacer frente a estos retos, las empresas españolas podrán apoyarse en una economía más abierta, competitiva y diversificada que en el pasado.
.1.13. Política industrial para un modelo productivo en transformación
  • Acelerar la transformación de nuestra industria
    • Vamos a aprovechar la gran oportunidad que suponen los recursos e instrumentos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, instrumentalizados a través de los distintos PERTE, para acelerar la transformación de nuestra industria, asegurando que la inversión se dirige de forma eficaz y eficiente a modernizar el tejido productivo. Durante la próxima legislatura, vamos a dar el impulso definitivo a la ejecución y resolución de las inversiones de los PERTE.
  • Aprobaremos la estrategia española de impulso industrial 2030
    • Aprobaremos la estrategia española de impulso industrial 2030, alineada con la de la Unión Europea, para explotar nuestras fortalezas y oportunidades.
    • Estas pasan por nuestro enorme potencial en el ámbito energético, con el despliegue de energías renovables, así como por la ubicación estratégica de nuestro país: entre la UE y el Norte de África y entre el Atlántico y el Mediterráneo. Porque, al mismo tiempo que modernizamos nuestra industria convencional, estamos impulsando la nueva industria del futuro.
  • Continuaremos trabajando en un pacto global y de estado por la industria en nuestro país, buscando el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas.
    • Continuaremos trabajando en un pacto global y de estado por la industria en nuestro país, buscando el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas.
    • Nuestra prioridad es reforzar las capacidades industriales y tecnológicas en todo el territorio, aumentar el peso de la industria en el PIB, apostar por la modernización de nuestro tejido industrial para mejorar su competitividad a través de la sostenibilidad, digitalización e internacionalización, así como apoyarla mediante el diálogo social y la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones públicas.
  • Aceleraremos una propuesta para reformar y aprobar en el parlamento cuanto antes la ley de industria, ya que la actual data de 1992
    • Treinta años son demasiados para un sector en constante modernización. aceleraremos una propuesta para reformar y aprobar en el parlamento cuanto antes la Ley de Industria, ya que la actual data de 1992, diseñada con todo el sector, los agentes sociales y todas las profesiones implicadas.
    • El objetivo es adaptarla a la realidad industrial y económica actual teniendo en cuenta la doble transición verde y digital, acompañando a las empresas en esta transformación.
  • Mantendremos la colaboración plena con el sector de la automoción, que consideramos estratégico
    • Mantendremos la colaboración plena con el sector de la automoción, que consideramos estratégico para facilitar en España el rápido avance de las tecnologías de baterías y el vehículo eléctrico y conectado, a través de la segunda convocatoria del PERTE VEC
  • Vamos a apoyar a los sectores intensivos en energía, para que puedan reducir el coste de la electricidad y el gas
    • Para seguir acelerando la transición ecológica, vamos a apoyar a los sectores intensivos en energía, para que puedan reducir el coste de la electricidad y el gas.
    • Pondremos en marcha las convocatorias del perte de descarbonización industrial que permitirá acompañar a las empresas en su transición hacia modelos y procesos más respetuosos con el medio ambiente.
  • Queremos potenciar la formación para el acceso a las profesiones industriales más demandadas
    • Queremos potenciar la formación para el acceso a las profesiones industriales más demandadas, donde se necesita el relevo generacional, con especial atención a la variable territorial.
  • Avanzaremos en las opciones y oferta de plazas en formación en competencias digitales, en materia de transición ecológica y eficiencia energética de las trabajadoras y los trabajadores del sector industrial.
    • Avanzaremos en las opciones y oferta de plazas en formación en competencias digitales, en materia de transición ecológica y eficiencia energética de las trabajadoras y los trabajadores del sector industrial. Con esto, garantizaremos que cuenten con los conocimientos adecuados para hacer frente al proceso social y económico de transición energética, así como para contribuir a satisfacer la demanda de empleo generada por la economía verde y digital.
  • Impulsaremos una reindustrialización estratégica gracias a las posibilidades que nos ofrece la transición ecológica justa
    • Impulsaremos una reindustrialización estratégica gracias a las posibilidades que nos ofrece la transición ecológica justa, aprovechando las potencialidades que los empleos derivados de las energías renovables pueden aportar a las comarcas que han experimentado una reconversión del modelo industrial y energético.
  • Continuaremos impulsando el proyecto piloto de reducción de jornada laboral para empresas industriales sin merma salarial.
    • Continuaremos impulsando el proyecto piloto de reducción de jornada laboral para empresas industriales con medidas destinadas a la reducción de las jornadas laborales sin merma salarial.
  • Impulsaremos la creación de una reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción industrial (recapi)
    • Impulsaremos la creación de una reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de Producción Industrial (RECAPI),
    • Así como la creación de un órgano interministerial para su coordinación en forma de Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica.
    • Queremos asegurar que nuestro país cuenta con las capacidades industriales para fabricar los productos y servicios esenciales para hacer frente a futuras disrupciones.
  • Mantendremos una apuesta firme por garantizar la protección de nuestros productos industriales y artesanales, apostando por la preservación de las identidades locales, tradiciones y cultura.
    • Mantendremos una apuesta firme por garantizar la protección de nuestros productos industriales y artesanales, apostando por la preservación de las identidades locales, tradiciones y cultura.
    • Esto contribuirá a un aumento de la actividad económica y de la generación de empleo de calidad, especialmente en zonas rurales.
  • Fijación de criterios de diseño ecológico y etiquetado, dirigidos a potenciar la durabilidad, reutilizabilidad y reparabilidad de los productos en base a la economía circular.
    • Acompañaremos a nuestro tejido productivo en la fijación de criterios de diseño ecológico y etiquetado, dirigidos a potenciar la durabilidad, reutilizabilidad y reparabilidad de los productos en base a la economía circular.
.1.14. La mejor españa conectada y digital
El Partido Socialista Obrero Español, en su acción de gobierno, ha estado comprometido con la transformación digital del país. La sociedad, la ciudadanía y las empresas están en un proceso de transformación global y digital que es clave para el país y para la competitividad de su economía. Esta es una realidad que debemos seguir apoyando y reforzando, desde una perspectiva humanista.
El PSOE ha demostrado saber responder con eficacia a los retos que supone la transformación digital de las empresas y de la sociedad. España avanza a buen ritmo en su proceso de digitalización y así lo demuestran los indicadores como el DESI, que nos sitúan en el puesto número siete dentro de la lista de los Estados miembros, cuatro puestos con respecto a 2018.
España Digital 2026 es la estrategia que ha engarzado nuestras actuaciones para el sector digital, consiguiendo mejorar nuestras fortalezas y desarrollar e impulsar nuevos servicios y las infraestructuras necesarias. Una clara apuesta por convertirnos en una referencia digital en el mundo.

Esta agenda tiene como objetivo una digitalización inclusiva que impulse el estado del bienestar, la igualdad de oportunidades y que contribuya, además, a la cohesión social y la vertebración territorial del país. Con esto se busca el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía vivan donde vivan. Porque si algo caracteriza a la acción de los gobiernos del PSOE es la búsqueda del cierre de todo tipo de brechas (sociales, económicas o de otro tipo). Ha sido, por tanto, una actuación prioritaria el cierre de la brecha digital, empezando por la de conectividad.

Al hablar de la brecha digital, hay dos elementos principales: la red de fibra óptica y la conexión de alta velocidad por satélite. Con ambas, hemos cerrado la brecha digital, llevando la conexión de alta velocidad al 100% del territorio en 2023. Dos años antes de lo previsto.

La conectividad digital es clave para poder desarrollar los proyectos económicos y vitales en todo el territorio, fijando población y permitiendo una mejor cohesión social y territorial. Gracias a los fondos europeos Next Generation, el gobierno socialista ha invertido más de 1.000 millones de euros para lograr la conectividad digital en el 100% del territorio. Con la extensión de la fibra, hemos logrado que 9 de cada 10 hogares tengan ya banda ancha, posicionando España como el país con las mejores infraestructuras digitales de Europa y uno de los mejores a nivel mundial. Además, con el programa “conéctate35” de Hispasat, hemos logrado llevar ya en 2023 la alta velocidad a todas las zonas remotas, rurales y poco pobladas de España, con una tarifa plana de 35 euros al mes, cerrando la brecha digital entre el ámbito rural y urbano dos años antes de lo previsto.

No podemos olvidar que las redes son aquellas infraestructuras que sirven de puertas a la sociedad digital. Mediante su extensión y mejora en la velocidad, estamos logrando garantizar la igualdad entre todos los españoles y españolas.

Estos servicios dan acceso a oportunidades económicas, culturales, sociales y personales; fomentan el surgimiento de nuevos modelos de negocio, de prosperidad y bienestar. Esto ayuda a fijar la población en el territorio, especialmente, en las zonas más en riesgo de despoblación, contribuyendo así a convertir toda España en un país más igualitario y más cohesionado.

Para permitir el acceso a los servicios digitales para toda la ciudadanía, España dispone de una infraestructura de conectividad digital de alto rendimiento, seguridad y sostenibilidad. Una red optimizada para aprovechar las últimas tecnologías de fibra óptica en redes fijas y para conectar sistemas inalámbricos innovadores como 5G o la futura evolución del 6G.

Con estas medidas, hoy 9 de cada 10 hogares tienen acceso a redes de al menos 100 Mbps mediante fibra óptica. Unos datos que se alcanzarán en el ámbito rural en 2024. Hemos reducido la brecha digital a 18 puntos porcentuales.

Sobre la fortaleza que supone la extensa red de telecomunicaciones del país, hemos cimentado la digitalización de España.

Es imprescindible aprovechar las enormes posibilidades de la economía del dato. La principal medida impulsada es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA). Esta estrategia será una pieza fundamental para aprovechar las oportunidades derivadas de la inteligencia artificial y de la transformación digital e impulsará la modernización del modelo productivo español. El desarrollo de esta estrategia ha permitido posicionar a España como un polo de atracción de inversión y talento internacional.

Las pymes españolas son la base de la economía de España y no podían quedar al margen de esta transformación digital que estamos viviendo. Desde el PSOE, conscientes de su gran importancia para la economía del país, hemos puesto en marcha programas con características muy innovadoras y que permiten el acceso a la digitalización a las pymes españolas. El programa Kit Digital, garantiza el acceso a aplicaciones y servicios esenciales para ser competitivas en la economía digital. La digitalización nos ofrece un elenco de oportunidades sin precedentes y a su vez nos plantea una serie de desafíos que no podemos obviar. Por ello, implementamos la Carta de Derechos Digitales de España, que se ha convertido en un referente en el establecimiento de principios y normas que permitan impulsar la innovación tecnológica sobre una base humanista.

En esta línea, hemos puesto el foco en la necesidad de que toda la ciudadanía tenga acceso a todos los beneficios que supone la digitalización en el mundo actual. Por ello impulsamos el Plan Nacional de Competencias Digitales. Este plan ofrece las herramientas necesarias para participar en la sociedad digital y no dejar a nadie atrás. El PSOE está comprometido con la modernización de la administración pública para hacerla más accesible para las empresas y el público en general. Para ello ha desarrollado de forma proactiva nuevos servicios, sobre todo en los ámbitos de la salud, la identificación digital, la ciberseguridad, las aplicaciones móviles y la integración de la IA en el sector. El desarrollo de la app Mi Carpeta Ciudadana es una de las más revolucionarias herramientas puestas en marcha para seguir garantizando el desarrollo de una administración ágil, eficiente y orientada al ciudadano.

Pero el gobierno socialista no ha impulsado, solamente, unas infraestructuras y servicios digitales que son ejemplos europeos de política digital. Su apuesta por la puesta en marcha de sectores innovadores ha implicado el lanzamiento de un Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de semiconductores y microelectrónica, alineado con la estrategia europea de soberanía digital y garantía de la seguridad en la cadena de suministros.

En la misma línea, el lanzamiento del Plan “España, hub audiovisual de Europa” aspira a convertir a nuestro país en un referente de las industrias culturales de Europa y de todo el mundo. Un plan ambicioso que ha puesto a España como referente para el desarrollo de todo tipo de proyectos audiovisuales.

Nuestro convencimiento es que la transformación digital nos llevará a tener un país más igualitario, más próspero y mejor para toda la ciudadanía.

Continuaremos desarrollando medidas que mejoren la cohesión social y la vertebración territorial. Seguiremos avanzando en facilitar que la ciudadanía, tengan acceso a una conectividad accesible y asequible en cualquier punto del territorio. Una sociedad que ya es digital no puede permitirse dejar fuera de la misma a colectivos importantes de su población.

Con nuestras medidas, promovemos un entorno que permita a nuestras empresas beneficiarse de la conectividad y de los incrementos de la productividad y de las oportunidades de negocio asociadas a la transformación digital.

Continuaremos contribuyendo a la capacitación digital de la ciudadanía y las empresas, fomentando la empleabilidad y respondiendo a las necesidades de las empresas promoviendo el talento digital. Poniendo siempre al ciudadano como el centro de la toma de decisiones, garantizando sus derechos, en un entorno de transformación completa de la sociedad.

Todo ello, aprovechando las ventajas de las soluciones digitales para favorecer la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo de la cohesión territorial y el crecimiento de la economía.

Queda un importante camino por recorrer para seguir garantizando el desarrollo de una administración ágil, eficiente y, sobre todo, orientada al ciudadano. En este sentido, y a pesar de que es necesario garantizar unos servicios públicos digitales de calidad, también es necesario garantizar la presencialidad cuando esta sea imprescindible.

1.14.1. Derechos digitales para la democracia del futuro

  • Garantizaremos la integración de los postulados de la carta de derechos digitales en el ordenamiento jurídico nacional, impulsando iniciativas para su extensión a nivel europeo e internacional
    • Garantizaremos la integración de los postulados de la carta de derechos digitales en el ordenamiento jurídico nacional, impulsando iniciativas para su extensión a nivel europeo e internacional.
    • Se trata de lograr una digitalización humanista, respetuosa con los derechos y valores democráticos, y que contribuya a la cohesión social, cerrando las brechas sociales: de edad, de género, de raza u origen, territoriales o de discapacidad.
  • Fomentaremos un debate entre los estados miembros que sitúe los derechos digitales en el centro de las prioridades políticas de la unión
    • Fomentaremos, en el marco de la presidencia española del consejo de la Unión Europea, un debate entre los Estados miembros que sitúe los derechos digitales en el centro de las prioridades políticas de la Unión
  • Crearemos bancos de pruebas regulatorios para los sistemas de inteligencia artificial que apoyen la innovación y orienten el desarrollo de la regulación de la inteligencia artificial
    • Crearemos bancos de pruebas regulatorios para los sistemas de inteligencia artificial que apoyen la innovación y orienten el desarrollo de la regulación de la inteligencia artificial generativa y de determinados usos de la IA, tanto a nivel europeo como global, a través de la adopción de estándares internacionales respetuosos con los derechos de la ciudadanía.
  • Desarrollaremos un sello de calidad ética y verde para los algoritmos con el fin de garantizar el progreso seguro y ético de la inteligencia artificial (ia)
    • Desarrollaremos un sello de calidad ética y verde para los algoritmos (ethical by design & green by design), con el fin de garantizar el progreso seguro y ético de la inteligencia artificial dentro de un marco normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos.
  • Pondremos en marcha la agencia española de supervisión de inteligencia artificial
    • Pondremos en marcha la agencia española de supervisión de inteligencia artificial para analizar y verificar el desarrollo y la implementación segura y confiable de tecnologías basadas en inteligencia artificial, así como de un marco ético y normativo que permita desarrollar una IA fiable y alineada con los principios éticos y sociales y potenciar su uso mediante la adopción de medidas para reforzar la confianza social en las tecnologías digitales.
  • Impulsaremos planes de acción y de seguimiento continuo contra la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana, la estabilidad de las instituciones democráticas
    • Impulsaremos planes de acción y de seguimiento continuo contra la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana, la estabilidad de las instituciones democráticas y los valores comunes y para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad.
  • Regularemos el uso de redes sociales de menores
    • Regularemos el uso de redes sociales de menores con enfoque transversal y mediante la colaboración público-privada, impulsando su pensamiento crítico para combatir la desinformación y el uso de contenidos no adecuados según la edad.
  • Impulsaremos el compromiso de que las instituciones públicas encarguen siempre a profesionales y artistas humanos la ejecución de las imágenes, música... que se utilicen en campañas institucionales.
    • Impulsaremos el compromiso de que las instituciones públicas encarguen siempre a profesionales y artistas humanos la ejecución de las imágenes, música... que se utilicen en campañas institucionales.
  • Crearemos el consejo digital joven, con el fin de contar con un órgano consultivo para articular las contribuciones y propuestas de las generaciones más jóvenes en la definición y ejecución de las políticas públicas en el ámbito digital.
    • Crearemos el consejo digital joven, con el fin de contar con un órgano consultivo para articular las contribuciones y propuestas de las generaciones más jóvenes en la definición y ejecución de las políticas públicas en el ámbito digital.
    • Dicho consejo contará con una representación propuesta por las comunidades autónomas, las asociaciones juveniles de España y el ámbito latinoamericano.
1.14.2. Medidas para afrontar el reto de la ciberseguridad en el nuevo contexto geopolítico
  • Reforzaremos la seguridad en el ámbito digital con el desarrollo de la ley de ciberseguridad para proteger adecuadamente la información relacionada con la prestación de servicios públicos por medios electrónicos.
    • Reforzaremos la seguridad en el ámbito digital con el desarrollo de la Ley de Ciberseguridad para proteger adecuadamente la información relacionada con la prestación de servicios públicos por medios electrónicos.
  • Avanzaremos en los modelos de identidad digital para permitir la acreditación y firma digital a través de dispositivos móviles de forma sencilla y cibersegura.
    • Avanzaremos en los modelos de identidad digital para permitir la acreditación y firma digital a través de dispositivos móviles de forma sencilla y cibersegura.
  • Actualizaremos el marco vigente para reforzar la ciberresiliencia y la ciberseguridad y tener capacidad de respuesta ante las ciberamenazas y los ciberincidentes, dada su complejidad técnica y el daño potencial que pueden causar
    • Actualizaremos el marco vigente para reforzar la ciberresiliencia y la ciberseguridad y tener capacidad de respuesta ante las ciberamenazas y los ciberincidentes, dada su complejidad técnica y el daño potencial que pueden causar
  • Impulsaremos proyectos asociados a la ciberseguridad de manera que nos mantengan en la vanguardia de la seguridad, asegurando la garantía de soberanía tecnológica y desarrollo avanzado.
    • La ciberseguridad asociada a las redes es clave en el mundo que se nos avecina. Impulsaremos proyectos asociados a la misma de manera que nos mantengan en la vanguardia de la seguridad, asegurando la garantía de soberanía tecnológica y desarrollo avanzado.
1.14.3. Una españa competitiva que apoya la trasformación digital de las empresas, las administraciones y del tejido productivo
  • Fortaleceremos la autonomía digital y tecnológica de españa
    • Fortaleceremos la autonomía digital y tecnológica de españa para mejorar la productividad y avanzar hacia un modelo de crecimiento moderno, sostenible e inclusivo.
    • Para ello desarrollaremos las capacidades tecnológicas de españa en ámbitos como la computación cuántica, el 6G y los semiconductores como elementos clave para la competitividad y para tener capacidad de respuesta a los cambios acelerados en las relaciones comerciales y en los mercados.
  • Continuaremos impulsando los programas retech con los fondos europeos next generation
    • Continuaremos impulsando los programas retech con los fondos europeos next generation, liderados por las comunidades autónomas para crear redes de proyectos innovadores en los ámbitos de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los espacios de datos y los gemelos digitales.
  • Impulsaremos la convocatoria de ayudas y programas de subvenciones a pymes para financiar los costes digitalización.
    • Impulsaremos la convocatoria de ayudas para bonos de 25.000 a 29.000 euros para la digitalización de las pymes a partir de 50 trabajadores y programas de subvenciones a pymes para financiar los costes de adopción de soluciones digitales y de transformación digital desarrollando el programa Kit Digital.
  • Apoyaremos los proyectos de digitalización de la cadena de valor de los diferentes sectores industriales
    • Apoyaremos los proyectos de digitalización de la cadena de valor de los diferentes sectores industriales como la automoción, el aeroespacial, las comunicaciones electrónicas o la medicina de vanguardia a través de la inclusión de la transformación digital como uno de los ejes prioritarios de las convocatorias de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica).
  • Fomentaremos el emprendimiento y el crecimiento empresarial de proyectos digitales innovadores de alto impacto
    • Fomentaremos el emprendimiento y el crecimiento empresarial de proyectos digitales innovadores de alto impacto a través de vehículos de financiación, coinversión y colaboración público-privada como el fondo Next-Tech
  • Impulsaremos la capacitación digital en todas las etapas educativas y de la formación profesional
    • Impulsaremos la capacitación digital en todas las etapas educativas y de la formación profesional y la recualificación laboral digital para mejorar la empleabilidad del capital humano, incrementar la competitividad y acelerar la modernización de la economía a través del desarrollo del Plan Nacional de Competencias Digitales.
  • Mejoraremos la accesibilidad digital de las administraciones públicas.
    • Mejoraremos la accesibilidad de la ciudadanía y de las empresas a los servicios públicos a través de su digitalización desarrollando el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.
  • Diseñaremos un programa de simplificación burocrática, automatización inteligente de procesos y modernización de la administración pública
    • Diseñaremos un programa de simplificación burocrática, automatización inteligente de procesos y modernización de la administración pública, orientando el conjunto de las unidades administrativas a la atención a la ciudadanía y la resolución de sus problemas, pero con especial atención a las gestiones educativas, sanitarias, empresariales y de los autónomos para mejorar su eficiencia.
  • Desarrollaremos la aplicación mi carpeta ciudadana, integrando más funcionalidades de las ya disponibles
    • Desarrollaremos la aplicación mi carpeta ciudadana, integrando más funcionalidades de las ya disponibles para poder realizar trámites administrativos de todas las administraciones públicas en un solo clic e incluyendo la extensión para las gestiones de las empresas y autónomos.
  • Impulsaremos un desarrollo medioambientalmente sostenible de la inteligencia artificial
    • Impulsaremos un desarrollo medioambientalmente sostenible de la inteligencia artificial
    • Para ello estableceremos requisitos de eficiencia energética y suministro de fuentes renovables para los proyectos de inversión e instalación de centros de procesamiento de datos u otras tecnologías intensivas en energía en España
    • También promoveremos los algoritmos verdes por diseño (green by design), e impulsaremos los proyectos que permitan explotar las sinergias de la doble transición verde y digital.
  • Pondremos en marcha medidas que favorezcan la instalación de centros de datos de manera sostenible
    • Pondremos en marcha medidas que favorezcan la instalación de centros de datos de manera sostenible mediante el desarrollo de las energías renovables, la garantía de suministro de agua y energía a la población y empresas, y las inversiones necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico.
    • Seguiremos apoyando el posicionamiento de españa como un centro de conectividad de cables submarinos.
    • Impulsaremos el talento en estos ámbitos, reforzando las competencias del sistema educativo y de formación para el empleo relacionado con la nube.
  • Seguiremos impulsando el uso de la inteligencia artificial en español y en el resto de lenguas cooficiales
    • Seguiremos impulsando el uso de la inteligencia artificial en español y en el resto de lenguas cooficiales, mediante los programas del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, el desarrollo de corpus lingüísticos, tecnologías del lenguaje, incorporación de las herramientas de la RAE, observatorio de la lengua, aprendizaje del español dentro y fuera de España, y apoyo a los nuevos mercados, para aprovechar plenamente la palanca económica de nuestras lenguas como factor de crecimiento económico y competitividad internacional.
  • Seguiremos impulsando la digitalización y modernización de los sectores tractores de la nueva economía del conocimiento
    • Seguiremos impulsando la digitalización y modernización de los sectores tractores de la nueva economía del conocimiento, incluyendo todas las industrias culturales, el sector audiovisual y de videojuegos, los medios de comunicación y los nuevos mercados emergentes como los podcasts.
  • Reforzaremos y adaptaremos la regulación de propiedad intelectual, de identidad y seguridad
    • Reforzaremos y adaptaremos la regulación de propiedad intelectual, de identidad y seguridad, para adaptarla a las nuevas realidades del proceso de transformación digital.
1.14.4. Un plan de infraestructuras digitales para abrazar la disrupción tecnológica
  • Continuaremos impulsando los despliegues 5g
    • Continuaremos impulsando los despliegues 5g especialmente en zonas rurales y aisladas para evitar que se genere una nueva brecha digital.
  • Continuaremos con las medidas que favorezcan la implantación y despliegue seguro y ubicuo de la tecnología móvil 5g y sus futuras evoluciones.
    El 5G/6G tendrá un rol relevante en los próximos cambios disruptivos que definirán nuestra sociedad.
    • Por tanto, continuaremos con las medidas que favorezcan la implantación y despliegue seguro y ubicuo de la tecnología móvil 5G y sus futuras evoluciones.
  • Diseñaremos un plan piloto 6g
    • Diseñaremos un plan piloto 6g que favorezca el desarrollo de casos de uso que permitan al ecosistema español (operadores, suministradores, academia, sector I+D+i, servicios verticales) mantener su posición de liderazgo y aprovechar las oportunidades que desarrollará esta tecnología.
  • Desarrollaremos reglamentariamente la última ley general de telecomunicaciones
    • Desarrollaremos reglamentariamente la última ley general de telecomunicaciones, de manera que se permitan actuaciones que faciliten el despliegue de redes innovadoras de telecomunicaciones que alcancen a toda la población.
  • Promoveremos el desarrollo de servicio de computación en el borde (servicios edge) que contribuyan a los objetivos de la década digital europea
    • Promoveremos el desarrollo de servicio de computación en el borde (servicios edge) que contribuyan a los objetivos de la Década Digital Europea, mediante el impulso de proyectos de ciudades y fabricación inteligente, sobre la base de la extensión del 5G por el territorio español y posterior implantación de pilotos 6G que nos garanticen estar a la vanguardia de la nueva tecnología.
  • Reforzaremos la conectividad de los centros de referencia en digitalización sectorial, como los polígonos industriales y centros logísticos.
    • Reforzaremos la conectividad de los centros de referencia en digitalización sectorial, como los polígonos industriales y centros logísticos.
    • Mejoraremos los equipamientos que alojan infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios para optimizar el despliegue de redes, lograr un menor consumo de energía y permitir la llegada de servicios digitales disruptivos a los hogares.
1.14.5. Una digitalización inclusiva para impulsar el estado del bienestar, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la vertebración territorial
  • Completaremos la universalización del acceso a las infraestructuras digitales
    • Completaremos la universalización del acceso a las infraestructuras digitales con medidas que favorezcan los despliegues en las zonas más remotas, simplificando y facilitando los requisitos.
    • Bajo el paraguas del programa unico, continuaremos apoyando los despliegues de forma que las redes ultrarrápidas estén disponibles para toda la población a un precio asequible en todo el territorio.
  • Pondremos en marcha medidas de acompañamiento a los trabajadores y las trabajadoras que puedan verse afectados por el desarrollo de la inteligencia artificial
    • Pondremos en marcha medidas de acompañamiento a los trabajadores y las trabajadoras que puedan verse afectados por el desarrollo de la inteligencia artificial, para la adopción de competencias digitales de reconversión digital y adaptación a las nuevas realidades laborales.
  • Desarrollaremos un plan de formación y acceso a los servicios digitales dirigido a los colectivos vulnerables o con necesidades especiales y que evite la exclusión digital.
    • Desarrollaremos un plan de formación y acceso a los servicios digitales que garantice el aprovechamiento de las capacidades de la sociedad digital a los colectivos vulnerables o con necesidades especiales y que evite la exclusión digital.
  • Impulsaremos un plan específico de choque contra el desempleo juvenil
    • Impulsaremos un plan específico de choque contra el desempleo juvenil, donde la capacitación, la acreditación de competencias digitales no regladas y la promoción del talento joven, la formación STEM con foco en las mujeres o el impulso de los empleos digitales, sea un referente clave para la planificación de políticas de desarrollo económico y generación de empleo.
  • Impulsaremos medidas de trato preferente y garantía de prestación presencial de servicios públicos a las personas mayores de 65 años y con discapacidad.
    • Impulsaremos medidas de trato preferente y garantía de prestación presencial de servicios públicos a las personas mayores de 65 años y con discapacidad.
  • Potenciar la economía del dato y la inteligencia artificial para el desarrollo de servicios digitales y modelos de negocio disruptivos
    • Potenciar la economía del dato y la inteligencia artificial para el desarrollo de servicios digitales y modelos de negocio disruptivos
  • Avanzaremos en la economía y gobierno del dato para usar tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial para abordar los desafíos ambientales, sociales y de salud.
    • Avanzaremos en la economía y gobierno del dato para usar tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial para abordar los desafíos ambientales, sociales y de salud.
  • Estudiaremos las implicaciones y realizaremos seguimiento del desarrollo de los metaversos a fin de analizar los posibles desequilibrios normativos que pudieran producirse
    • Estudiaremos las implicaciones y realizaremos una evaluación y seguimiento del desarrollo de los metaversos a fin de analizar los posibles desequilibrios normativos que pudieran producirse, así como para detectar los eventuales riesgos y oportunidades de la tecnología Web 3.0. Realizaremos un análisis de los posibles escenarios y su impacto en los ámbitos de la educación, empleo, fiscalidad, promoción de la igualdad, protección de datos o seguridad.
  • Crearemos espacios comunes de datos federados e interoperables en los ámbitos de la salud, la movilidad, el turismo y la industria
    • Crearemos espacios comunes de datos federados e interoperables en los ámbitos de la salud, la movilidad, el turismo y la industria que permitan que las empresas españolas puedan desarrollar servicios disruptivos en la nube que garanticen la soberanía digital europea.
  • Estableceremos un marco regulatorio “open data” para que empresas y ciudadanía tengan acceso a los datos de las administraciones públicas.
    • Estableceremos un marco regulatorio “open data” para que empresas y ciudadanía tengan acceso a los datos de las Administraciones Públicas.
  • Garantizaremos el uso de la inteligencia artificial también en español
    • Garantizaremos el uso de la inteligencia artificial también en español, mediante la puesta en marcha del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua como oportunidad para aprovechar el potencial del español y de las lenguas cooficiales como factor de crecimiento económico y competitividad internacional, así como para incorporar nuevas herramientas tecnológicas para la gestión y el procesamiento de dichos contenidos por parte de medios de información en español y en las lenguas cooficiales.
1.14.6. Convertir a españa en un agente relevante en el ámbito de la microelectrónica y los semiconductores
  • Realizaremos un plan de talento asociado al área de microelectrónica, con el objetivo de conseguir una masa crítica de especialistas
    • Realizaremos un plan de talento asociado al área de microelectrónica, con el objetivo de conseguir una masa crítica de especialistas, mediante tres acciones combinadas: atracción del talento emigrado, refuerzo de la creación de las infraestructuras educativas de formación media y universitaria y finalmente, la incorporación de figuras relevantes internacionales del área de microelectrónica y semiconductores a nuestro ecosistema.
  • Impulsaremos a través del perte chip la cadena de valor de la industria en distintas fases
    • Impulsaremos a través del perte chip la cadena de valor de la industria en distintas fases: concepción, diseño, producción de chips y dinamización de la fabricación de productos electrónicos TIC, mediante la puesta en marcha de las líneas de ayudas contempladas en su elaboración, reforzando especialmente todo el sector innovador, alineándolo con la Chips Act europea y generando dinámicas en la cadena de valor que logren el círculo virtuoso de fomentar el establecimiento de empresas punteras, la creación de empresas innovadoras y una importante iniciativa de I+D+i que las alimente.
  • Seguiremos impulsando la economía y gobierno del dato, desarrollando los programas de misiones de investigación e innovación
    • Seguiremos impulsando la economía y gobierno del dato, desarrollando los programas de misiones de investigación e innovación con el fin de abordar los desafíos ambientales, sociales y de salud
  • Crearemos una infraestructura de país (salas blancas españa), que nos ponga en igualdad de condiciones con las instituciones más innovadoras del mundo en el área de semiconductores y microelectrónica.
    • Crearemos una infraestructura de país (salas blancas españa), en cooperación internacional, que nos ponga en igualdad de condiciones con las instituciones más innovadoras del mundo en el área de semiconductores y microelectrónica.
  • Aceleraremos la puesta en marcha de un programa de cátedras y becas universidad-industria para potenciar el talento en españa en sectores de alta tecnología (ia, semiconductores, etc.).
    • Aceleraremos la puesta en marcha de un programa de cátedras y becas universidad-industria para potenciar el talento en España en sectores de alta tecnología (IA, semiconductores, etc.).
1.14.7. La economía de la lengua y la digitalización
El PERTE de la Nueva Economía de la Lengua tiene el objetivo de movilizar inversiones públicas y privadas para maximizar el valor del español y las lenguas cooficiales en el proceso de la transformación digital a nivel mundial. Se trata de impulsar toda la cadena de valor de esta nueva economía de la lengua, del conocimiento y de la inteligencia artificial que están en el centro de la digitalización. Este PERTE cuenta con una inversión pública de 1.100 millones de euros y aspira a movilizar otros 1.100 millones a través de la colaboración público-privada y es parte del Plan de Recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation EU.

El castellano y las lenguas cooficiales son unos recursos de enorme valor y potencial que debemos cuidar, potenciar y aprovechar como legado para el bienestar de las siguientes generaciones, abriendo opciones y oportunidades a nuestros jóvenes.

Nuestro objetivo es que España sea el nodo central de la inteligencia artificial en español y que los sistemas integren la riqueza de nuestras lenguas cooficiales en beneficio de la economía y, sobre todo, de las personas.
  • Nos comprometemos a seguir impulsado los objetivos del perte de la lengua
    • Nos comprometemos a seguir impulsado los objetivos del perte de la lengua
    • Y trabajar desde el observatorio global del español para definir retos, necesidades y proyectos,
    • Empezando por el impulso a los estudios sobre el estado de situación de la certificación del español, así como para evaluar los sistemas existentes e identificar las palancas claves para escalar el sector de aprendizaje de la lengua, y el desarrollo de corpus lingüísticos.
  • Impulsaremos los cinco ejes de actuación del perte de la nueva economía de la lengua en infraestructuras lingüísticas para nuestras lenguas oficiales
    • Impulsaremos los cinco ejes de actuación del perte de la nueva economía de la Lengua en infraestructuras lingüísticas para nuestras lenguas oficiales, el apoyo a las industrias basadas en las tecnologías del lenguaje, el incremento de la presencia del español como lengua de producción y difusión de conocimientos científicos y el impulso del aprendizaje y la penetración del español en los principales centros mundiales de innovación, así como de la digitalización de las industrias culturales.
  • Seguiremos impulsando el aprendizaje del español en españa y en el ámbito internacional
    • Seguiremos impulsando el aprendizaje del español en españa y en el ámbito internacional
    • Apoyaremos la labor del instituto cervantes y de las universidades españolas para impulsar un modelo de certificación eficiente de niveles de aprendizaje y la inclusión del español en el currículo escolar de los principales países, como China, Japón, India y Estados Unidos.
  • Promoveremos que el plan de recuperación y el perte sirvan para reforzar el papel de españa como puente en europa y américa latina.
    • Promoveremos que el plan de recuperación y el perte sirvan para reforzar el papel de España como puente en Europa y América Latina.
  • Reforzaremos e intensificaremos la participación de los organismos públicos de investigación y las universidades en el desarrollo del perte y sus programas y líneas de actuación
    • Reforzaremos e intensificaremos la participación de los organismos públicos de investigación y las universidades en el desarrollo del PERTE y sus programas y líneas de actuación, especialmente en el ámbito de la ciencia y la innovación vinculada a la lengua.
    • En este sentido reforzaremos e impulsaremos el proyecto tractor 7 con el objetivo de promover la divulgación nacional e internacional de la ciencia en español junto con actores como la FECYT, la agencia de noticias científicas SINC y aprovechando el Año Cajal que pondrá en marcha un programa de incentivos fiscales.
    • Apoyaremos y promoveremos la generación de conocimiento y consolidación del patrimonio técnico-científico hispanohablante, mediante actuaciones de apoyo al mantenimiento y conservación de los diccionarios digitales de las reales academias. Estas actuaciones contribuirán a la indización automática de textos biomédicos a través de sistemas de IA y al fomento de inversiones en el ámbito universitario.
.1.15. El sector agroalimentario. protagonista de las oportunidades del desarrollo rural español

1.15.1. Defendemos el valor social y económico de un sector primario sostenible, innovador y de calidad

El Partido Socialista Obrero Español tiene un compromiso con el medio rural, y lo entendemos hoy, más que nunca, como un espacio vital para el desarrollo sostenible de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Entendemos la pluralidad y riqueza de nuestro territorio reconociendo la importancia de las diferentes tradiciones y culturas del medio rural y sus comunidades locales.

Reconocemos la importante interrelación que existe entre este espacio y los entornos urbanos, una relación que, por igual, requiere de una interdependencia eficaz y justa. La relación entre los entornos urbanos y rurales debe mantener un diálogo permanente en el que se fundamenta la cooperación en términos de complementariedad territorial, prestación de servicio y calidad ambiental.

El PSOE es el partido que mejor entiende y defiende la España rural y por ello tenemos un compromiso con el mundo rural y el sector agroalimentario. No se puede entender un país mejor sin entender la realidad de las zonas rurales, sus medios y recursos, de sus tradiciones, sus realidades económicas y sociales, y de los retos de futuro para afrontarlos con una visión integradora e igualitaria que permita responder a estos desde la ilusión compartida por un futuro mejor para nuestros pueblos del medio rural en alianza y cooperación con las grandes ciudades.

La base del sector la constituyen alrededor de 900.000 explotaciones agrarias repartidas por el territorio, ocupando una superficie total de 23,9 millones de hectáreas de superficie agraria utilizada.

La industria agroalimentaria constituye nuestro mayor subsector industrial, con más de 30.000 empresas que aportan una cuarta parte de la facturación de toda la industria manufacturera y una quinta parte del empleo. La gran mayoría (cerca del 80%) son pequeñas y medianas empresas, y las cooperativas y otras entidades de economía social tienen un peso destacado.

Asimismo, contamos con más de 3.600 cooperativas agroalimentarias que aglutinan más de 1.100.000 socios y tienen una fuerte vinculación con el territorio, generando 123.700 empleos directos. Su facturación supone el 68% del valor de la producción final agraria y el 28% de las ventas de la industria agroalimentaria.

Por otro lado, la actividad pesquera es una actividad de larga tradición en España que además de su papel como fuente de alimentos de alta calidad y baja huella en carbono, ayuda a fijar población en las zonas costeras y dinamizar su economía. La flota española, con 8.657 buques ocupa el primer lugar de la flota UE-27 en tonelaje bruto, y el tercer lugar en número de buques y en potencia.

El conjunto de la flota española capturó en el año 2022 un total de 1.303.617 toneladas de pescado, de las cuales, 807.697 toneladas se capturaron en aguas nacionales y de la Unión, 333.639 toneladas en aguas internacionales, y 162.280 toneladas en aguas de terceros países incluyendo al Reino Unido. El valor de mercado de estas capturas alcanzó los 2.252 millones de euros en 2022.

El sector agroalimentario como elemento vertebrador del mundo rural y de la creación de riqueza y empleo en el medio rural. El conjunto del sistema agroalimentario y pesquero aporta más del 10% del PIB y da empleo a 2,8 millones de personas. Desde que el Partido Socialista Obrero Español entró a liderar el Gobierno de España en junio de 2018, los afiliados a la Seguridad Social se han incrementado en cerca de 50.000 nuevos afiliados en las ramas vinculadas al sistema agroalimentario y pesquero, lo que es una muestra de la pujanza de este sector con el gobierno del Partido Socialista.

Somos un país que exportamos nuestros productos agroalimentarios de calidad a todo el mundo, es una de nuestras señas de identidad. La pujanza y estabilidad del sector agroalimentario y de la producción ecológica también se ve reflejada en las exportaciones agroalimentarias, dado que, en este período, las empresas españolas han sido capaces de incrementar las exportaciones agroalimentarias, desde los algo más de 48.000 millones de euros en 2018, a los más de 68.500 millones de euros en el último año móvil a febrero de 2023, con una balanza neta (exportaciones menos importaciones) de cerca de 14.000 millones de euros. En este contexto será clave seguir avanzando en el despliegue del PERTE agroalimentario como apuesta del gobierno del Partido Socialista para la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector.

Agricultura familiar y cooperativismo agroalimentario. La combinación necesaria para asegurar el futuro del sector. Porque la agricultura familiar y profesional es un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad alimentaria y la cohesión social y territorial de las zonas rurales. En este contexto, la apuesta por el desarrollo normativo específico y el fomento de la agricultura familiar serán fundamentales para que las pequeñas y medianas explotaciones familiares sigan siendo la piedra angular de nuestro sistema agroalimentario.

La eficiencia en el uso del agua será un elemento fundamental para la mejora de la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones agrarias. El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español ha comprometido, en los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, algo más de 5.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. Además, para la modernización y nuevos regadíos ha comprometido más de 2.130 millones de euros, actuaciones que en su mayor parte ya se están desarrollando y que suponen el volumen de inversiones en regadíos más ambicioso en lo que llevamos de siglo.

Esta es nuestra apuesta de futuro para el sector donde a través de la planificación y la inversión, no sólo en infraestructuras, a través también en la generación de conocimiento e innovación y el uso de nuevas tecnologías digitales y el asesoramiento agrario, nos va a permitir conciliar las necesidades del sector agroalimentario con la necesaria protección de los recursos naturales para asegurar la viabilidad y el futuro de nuestra agricultura.

Las mujeres como motor del desarrollo de las zonas rurales. Seguimos apostando por el fortalecimiento del papel de las mujeres como motor para el desarrollo empresarial en el medio rural, con el fomento del emprendimiento de impacto social, el desarrollo de la titularidad compartida y la promoción de actuaciones de formación como la red de aulas mentor y las microacreditaciones.

Jóvenes una apuesta por un sector con futuro. En la nueva PAC se han previsto en torno a 230 millones de euros anuales para apoyar el relevo generacional, la mayor cifra destinada a este objetivo en los 60 años de historia de la PAC. Las nuevas oportunidades para los jóvenes y las mujeres no deben verse solo en el plano económico, estas se deben acompañar de otros incentivos. Para ello el gobierno socialista ya ha puesto en marcha otros programas como el Programa cultiva de estancias formativas en explotaciones modelo, la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario o el Programa Campus Rural por el que más de mil jóvenes universitarios en 2023 van a poder realizar prácticas formativas en entornos rurales.

Iniciativas que vamos a fortalecer y seguir promoviendo para asegurar el futuro sostenible, igualitario e integrador del medio rural y de los pueblos para una España mejor.

1.15.2. Retos de futuro

El futuro del sector agroalimentario, pesquero y acuícola pasa por seguir mejorando su competitividad y sostenibilidad, en su triple vertiente: ambiental, económica y social. Hubo un tiempo en que el objetivo era producir más, luego fue producir con más calidad. Ahora el reto es producir mejor, es decir, de forma más eficiente y respetuosa con el medio, con los recursos naturales, con la sociedad y el bienestar animal.

Debemos aprovechar las ventajas de la economía circular y mejorar la rentabilidad, optimizando los costes e incrementando el valor añadido.

Y esto es posible gracias al conocimiento, la innovación, el talento humano, unas adecuadas estructuras de transformación y comercialización y, por supuesto, las inversiones necesarias.

Para ello, contamos con el potente instrumento de la Política Agrícola Común y el Plan Estratégico para su aplicación en España, diseñado entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los representantes del sector y la sociedad civil. Además, de forma extraordinaria, contamos con el apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permite llevar a cabo inversiones clave para impulsar la innovación, la digitalización y la mejora de la sostenibilidad. En total, sumando los fondos europeos y la cofinanciación estatal y autonómica suponen más de 54.000 millones de euros en el período 2021-2027. Se trata del mayor aporte de financiación comunitaria para el sector agroalimentario desde la entrada de España en la Unión Europea.

El sector pesquero se enfrenta al gran reto de la modernización y renovación de sus buques de cara a la transición energética y descarbonización, pero también para disponer de barcos más seguros, más confortables desde el punto de vista de la habitabilidad a bordo, con mayor conectividad y más tecnológicos. En definitiva, para hacer la pesca del siglo XXI con barcos del siglo XXI. Este reto está muy directamente relacionado con otro de los grandes retos de futuro del sector pesquero, como es el relevo generacional, tanto de tripulantes como de armadores.

Es necesario contar no solo con los adecuados instrumentos de apoyo, para incentivar las inversiones necesarias o el relevo generacional, sino también con un marco normativo adecuado y una gobernanza eficaz, que permita a los productores obtener una remuneración justa por sus producciones y evitar prácticas desleales. En el ámbito pesquero contamos con la Política Pesquera Común y la recientemente aprobada Ley 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. En la acuicultura, contamos con la contribución de España a las Directrices Estratégicas para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva 2021-2030 (EsAcui 21-30).

Contamos por lo tanto con los instrumentos y el programa adecuado para un sector estratégico en nuestro país, necesario para garantizar la seguridad alimentaria de forma sostenible.

Por unos pueblos con futuro.
El Partido Socialista Obrero Español ha sido el partido que ha liderado la priorización de las políticas dirigidas a la lucha contra el fenómeno de la despoblación que llevaba ocurriendo durante varias décadas. En este contexto hemos hecho una apuesta clara por la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario para que los habitantes del medio rural, los jóvenes, hombres y las mujeres, pueden desarrollar su modo de vida y con ello fortalecer la autonomía agroalimentaria y el equilibrio social y territorial en España.

Y lo vamos a seguir haciendo porque no se puede entender la mejor España sin entender la realidad de las zonas rurales, de sus tradiciones y de los retos de futuro para afrontarlos con una visión integradora e igualitaria que permita responder a estos retos desde la ilusión compartida por un futuro mejor para nuestros pueblos del medio rural en alianza y cooperación con las grandes ciudades.

Un pacto por un futuro del medio rural en la era digital. Desde el Partido Socialista Obrero Español vamos a continuar con la mejora de la conectividad en el medio rural para generar nuevas oportunidades de desarrollo. Desde 2018, la diferencia de cobertura en zonas rurales respecto al total del país se ha reducido a más de la mitad, pasando del 42% en 2018 a solo 18% en 2022. En 2025, continuando por esta senda, la vamos a llevar al 100% de la población. Finalizaremos el despliegue de programas desarrollados por el gobierno del Partido Socialista, como Único Banda Ancha con 500 millones de euros ya invertidos, Único Demanda Rural con internet de banda ancha satelital a 35€ y vamos a llevar la nueva era de la digitalización a través del 5G a todos los municipios rurales con 680 millones de euros de inversión para posibilitar el despliegue de estas redes.

La mejora de la conectividad y de las capacidades digitales, nos va a permitir continuar fortaleciendo al sector de las tecnologías auxiliares agroalimentarias. Vamos a posicionar a este sector como un referente global.

Un pacto por los servicios accesibles en el medio rural. El gobierno del Partido Socialista ha realizado una apuesta decisiva por el desarrollo de los servicios públicos en el territorio. Apostamos por la ampliación de la educación infantil de 0 a 3 años con la creación de más de 65.000 nuevas plazas, muchas de ellas en el medio rural. La apuesta por la Formación Profesional con la creación de más de 250.000 nuevas plazas, que ya está permitiendo que los jóvenes y mujeres puedan tener un futuro en las nuevas profesiones vinculadas a la doble transición climática y digital. Asimismo, la apuesta por el refuerzo de la atención primaria y la digitalización de los servicios sanitarios para una atención personalizada y el desarrollo de nuevos modelos de atención a las personas más humano y sostenible para lo que se han destinado más de 3.000 millones de euros para un nuevo modelo de economía de los cuidados.

Para asentar la mejora y accesibilidad de estos servicios clave en el medio rural, desde el PSOE, vamos a impulsar un marco normativo que fije el criterio de proximidad de los servicios públicos y su acceso a los habitantes del medio rural, evitando que ningún municipio quede fuera del radio básico de menos de 30 minutos de acceso a los servicios públicos.

1.15.3. El sector agroalimentario como garantía de autonomía alimentaria, sana, segura y de calidad

  • Seguiremos trabajando en la implementación de la nueva pac 2023-2027, más justa, más sostenible y social. realizaremos una evaluación intermedia en 2024.
    • Seguiremos trabajando en la implementación de la nueva pac 2023-2027, más justa, más sostenible y social.
    • Realizaremos una evaluación intermedia en 2024.
  • Aprovecharemos todo el potencial que ofrece la nueva pac, y seguiremos impulsando políticas nacionales de desarrollo rural
    • Aprovecharemos todo el potencial que ofrece la nueva pac, y seguiremos impulsando políticas nacionales de desarrollo rural, para apoyar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos y mujeres en las explotaciones agrarias y para impulsar la innovación y la modernización del sector agroalimentario.
  • Destinaremos más presupuesto para innovación, formación y asesoramiento en el sector agroalimentario
    • Destinaremos más presupuesto para innovación, formación y asesoramiento en el sector agroalimentario para que los avances en el conocimiento y la tecnología lleguen también a las pequeñas y medianas explotaciones familiares, que tienen más dificultades para acceder a ello.
  • Incrementaremos el presupuesto de las ayudas para la renovación de maquinaria agrícola (plan renove de maquinaria).
    • Incrementaremos el presupuesto de las ayudas para la renovación de maquinaria agrícola (Plan Renove de Maquinaria).
  • Potenciaremos el uso de las energías renovables en el sector primario para lograr la eficiencia energética y abaratar la factura de la electricidad.
    • Potenciaremos el uso de las energías renovables en el sector primario para lograr la eficiencia energética y abaratar la factura de la electricidad.
  • Seguiremos reforzando la financiación del sector a través de las líneas de préstamos bonificados y ayudas para avales.
    • Seguiremos reforzando la financiación del sector a través de las líneas de préstamos bonificados y ayudas para avales.
  • Impulsaremos la integración de cooperativas, apoyando inversiones en entidades asociativas prioritarias
    • Impulsaremos la integración de cooperativas, apoyando inversiones en entidades asociativas prioritarias, y fomentando el reconocimiento de este tipo de entidades con mayor dimensión y capacidad para llevar a cabo proyectos de transformación y comercialización que mejoren el valor añadido para los productores.
    • Asimismo, promoveremos la participación de las cooperativas agroalimentarias en los nuevos modelos de negocio vinculados a la transformación del modelo energético, con iniciativas como las comunidades energéticas locales.
  • Proseguiremos con las inversiones del plan de recuperación, transformación y resiliencia para apoyar al sector en la necesaria transición ecológica y digital
    • Continuaremos desarrollando a través de planes de acción la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y mundo rural aprobado en marzo de 2019 en el Consejo de Ministros.
  • Proseguiremos con las inversiones del plan de recuperación, transformación y resiliencia para apoyar al sector en la necesaria transición ecológica y digital
    • Proseguiremos con las inversiones del plan de recuperación, transformación y resiliencia para apoyar al sector en la necesaria transición ecológica y digital, para que las innovaciones lleguen a todas las explotaciones agrarias, también las pequeñas y medianas, y las industrias agroalimentarias.
    • En este sentido, sacaremos también una nueva convocatoria de ayudas para industrias alimentarias dentro del PERTE Agroalimentario.
  • Fomentaremos la innovación y el emprendimiento digital en el sector agroalimentario
    • Fomentaremos la innovación y el emprendimiento digital en el sector agroalimentario con el desarrollo de las actuaciones del Hub de Innovación Digital en la Escuela de San Fernando de Henares
    • Y la continuidad de las actuaciones de apoyo al emprendimiento en el sector agroalimentario a través del programa Agroimpulso de ENISA.
  • Impulsaremos el sector de las tecnologías auxiliares del sector agroalimentario
    • Impulsaremos el sector de las tecnologías auxiliares del sector agroalimentario para lograr un sector líder, moderno, digitalizado y competitivo
    • Y para hacer de españa un país referente global en tecnologías auxiliares para el sector agroalimentario.
  • Aseguraremos el cumplimiento de la nueva ley de la cadena alimentaria
    • Aseguraremos el cumplimiento de la nueva ley de la cadena alimentaria, reforzando la labor de la AICA y las autoridades competentes de los gobiernos autonómicos con nuevas herramientas.
  • Pondremos en marcha un sistema de monitorización de mercados de los principales productos publicado en la web del ministerio de agricultura
    • Pondremos en marcha un sistema de monitorización de mercados de los principales productos publicado en la web del Ministerio de Agricultura, donde se puedan ver fácilmente parámetros como los precios en origen, mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones.
  • Defensa ante la ue de un mayor control de las importaciones para que los productos importados cumplan los mismos estándares ambientales, sociales y laborales que los productores europeos.
    • Defensa ante la ue de un mayor control de las importaciones para que los productos importados cumplan los mismos estándares ambientales, sociales y laborales que los productores europeos.
  • Reforzaremos el buen estatus sanitario de las producciones agrarias españolas, con medidas de prevención y control; e incrementaremos las indemnizaciones por sacrificio obligatorio.
    • Reforzaremos el buen estatus sanitario de las producciones agrarias españolas, con medidas de prevención y control.
    • Incrementaremos las indemnizaciones por sacrificio obligatorio.
    • Impulsaremos la investigación y el desarrollo de vacunas para enfermedades como la tuberculosis bovina.
  • Impulsaremos una ganadería diversa, equilibrada y sostenible, apoyando especialmente la ganadería extensiva por sus beneficios sociales y ambientales.
    • Impulsaremos una ganadería diversa, equilibrada y sostenible, apoyando especialmente la ganadería extensiva por sus beneficios sociales y ambientales.
  • Fomentaremos las razas autóctonas
    • Fomentaremos las razas autóctonas a través de diversas medidas de apoyo y promoción que no solo permitan proteger el patrimonio genético, sino también generar mayor valor añadido y rentabilidad para los productores y asegurar su futuro.
  • Seguiremos incrementando el apoyo a la promoción de alimentos de españa, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras
    • Seguiremos incrementando el apoyo a la promoción de alimentos de españa, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, a través de la estrategia #AlimentosdEspaña
  • Elaboraremos e impulsaremos un plan estratégico de la producción ecológica.
    • Elaboraremos e impulsaremos un plan estratégico de la producción ecológica.
    • Fomentaremos el consumo de alimentos de calidad diferenciada y producción ecológica a través de campañas de promoción específicas y colaboraciones con la restauración y la hostelería.
  • Promoveremos la formación sobre los beneficios de la dieta mediterránea y los productos emblemáticos de nuestro país a edades tempranas.
    • Promoveremos la formación sobre los beneficios de la dieta mediterránea y los productos emblemáticos de nuestro país a edades tempranas.
  • Apoyaremos y fomentaremos los canales cortos de comercialización de productos agrarios, con disposiciones normativas que faciliten la venta directa en condiciones de seguridad e higiene.
    • Apoyaremos y fomentaremos los canales cortos de comercialización de productos agrarios, con disposiciones normativas que faciliten la venta directa en condiciones de seguridad e higiene.
  • Impulsaremos la distribución alimentaria tradicional, a través de la red de mercas, modernizando sus instalaciones y aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, para hacerlos más eficientes y sostenibles.
  • Reforzaremos el sistema de seguros agrarios, como la mejor herramienta de gestión de riesgos, incrementando el presupuesto de ayuda estatal e introduciendo las medidas necesarias para incentivar su contratación.
  • Retomaremos la ley contra el desperdicio alimentario, tal y como se encontraba en las Cortes Generales.
  • Seguiremos impulsando un regadío moderno y sostenible, mejorando la eficiencia en el uso del agua y la energía, así como el aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales como las aguas desaladas o las aguas depuradas regeneradas.
  • Seguiremos avanzando para lograr la conectividad digital en 100% del territorio, acorde a las aplicaciones del sector agroalimentario, como el internet de las cosas o la industria 4.0 y la conexión digital para el 100% de la población en 2025, generando oportunidades para el medio rural.
  • Promoveremos y facilitaremos la instalación de empresas que generen empleo en el medio rural, en pequeños municipios y en zonas de baja densidad, a través de los incentivos regionales y los nuevos programas operativos.
  • Impulsaremos y modernizaremos el plan de fomento del empleo agrario (profea), que ha demostrado su eficacia en muchos municipios, generando empleo para las personas que viven en ellos, además de contribuir a mejorar las instalaciones y equipamientos comunes.
  • Impulsaremos una ley de agricultura familiar que favorezca y priorice este tipo de agricultura que genera mayor valor social y vinculación con el territorio. Pesca y acuicultura. Un país que cuida de los recursos del mar y a su sector
1.15.4. Pesca y acuicultura. un país que cuida de los recursos del mar y a su sector
  • Defenderemos la pesca sostenible, para tener en cuenta el objetivo de triple sostenibilidad que persigue la Política Pesquera Común, tanto ambiental, como económica y social.
  • Impulsaremos políticas pesqueras que permitan modernizar el sector, mejorar su rentabilidad y facilitar el relevo generacional.
  • Apoyaremos la descarbonización de la flota y la transición energética del sector pesquero y acuícola.
  • Apoyaremos al sector pesquero para adaptarse a las exigencias medioambientales y comunitarias, e impulsaremos la innovación y el desarrollo tecnológico en nuevas técnicas de pesca más selectivas y respetuosas con el medio marino.
  • Seguiremos defendiendo los intereses del sector pesquero español ante las organizaciones regionales de pesca y en los acuerdos de pesca con terceros países.
  • Apostaremos por un reparto justo y equitativo de las cuotas y posibilidades de pesca, logrando el rendimiento máximo sostenible de las pesquerías.
  • Apoyaremos a la flota artesanal, y la mejora de las condiciones de vida y seguridad a bordo, trabajando para que la Política Pesquera Común contribuya a este objetivo, además de mejorar la sostenibilidad del sector.
  • Desarrollaremos la ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e Investigación Pesquera.
  • Reforzaremos los programas de investigación oceanográfica para contar con la mejor información científica disponible para la gestión sostenible de las pesquerías.
  • Defenderemos el papel del sector pesquero y la acuicultura en economía azul, como usos sostenibles y un sector estratégico que contribuye a la autonomía alimentaria en la Unión Europea.
  • Seguiremos promoviendo el acceso de la mujer al sector pesquero y acuícola en condiciones de igualdad, a través del Plan Estratégico para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027.
  • Impulsaremos el desarrollo de las organizaciones de productores y su integración en organizaciones transnacionales a nivel europeo, como eje fundamental en la mejora de los canales de comercialización, fomento del consumo de productos pesqueros e incremento de su valor añadido en el mercado.
  • Impulsaremos una mejora de la percepción de la sociedad sobre los productos acuícolas, como oferta complementaria y no sustitutiva de productos para el abastecimiento de la demanda de pescado.
  • Continuaremos apoyando las inversiones del plan de recuperación, transformación y resiliencia en los proyectos del sector extractivo, transformador y comercializador para su digitalización y transición ecológica.
  • Seguiremos luchando contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, manteniendo a nuestro país en el liderazgo frente a estas prácticas desleales y que merman los recursos y la biodiversidad marina. Un sector cinegético que participa de la sostenibilidad del mundo rural

1.15.5. Un sector cinegético que participa de la sostenibilidad del mundo rural

  • Avanzaremos hacia una actividad cinegética más sostenible, en el marco de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, aprobada por unanimidad entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
  • Fomentaremos la colaboración entre organismos de investigación, representantes del ámbito cinegético y organizaciones ambientalistas para conocer mejor los censos de fauna cinegéticas, así como la eficacia de las medidas de gestión del hábitat.
  • Desarrollaremos estrategias para el control de la población de especies cinegéticas de interés asegurando la convivencia con las actividades del medio rural.

2. Una agenda verde para garantizar el bienestar de hoy y el del mañana

Desde junio de 2018 hemos gobernado para conseguir una sociedad más justa, reduciendo desigualdades y modernizando nuestro tejido productivo. La transición ecológica es una de las herramientas para conseguir estos objetivos. Hemos trabajado para transformar nuestras ciudades, nuestra movilidad, la energía, la industria y los servicios buscando la mayor eficiencia en el uso de los recursos, soluciones respetuosas con el medio ambiente y el sistema climático, conservando y restaurando ecosistemas y haciendo de nuestros municipios sitios sanos y saludables, pensados para los vecinos.
En estos años, hemos activado un cambio profundo de nuestro sistema energético, haciéndolo más eficiente y renovable. Lo hemos hecho acompañando a trabajadores, trabajadoras y consumidores domésticos e industriales, persiguiendo una transición justa, pero dando cobertura en los momentos difíciles, no sólo para reducir la pobreza energética y generar oportunidades en las comarcas del carbón, sino también en el área de influencia de la central nuclear de Garoña, abandonada por el PP, que ahora cuenta con un plan específico. También en los tiempos duros, en los que la COVID nos encerró en casa o en los meses en los que la energía se convirtió en un arma de guerra en manos de Putin.
Hemos conseguido contener los precios de la energía gracias a las medidas domésticas y a las soluciones que hemos construido en Europa. Y esto nos ha permitido contener la inflación y mantener una senda positiva en la inversión, el PIB y el empleo.
Porque queremos que la transición energética sea fuente de innovación, modernización de sectores industriales clásicos y germen de una nueva industria; queremos que sea una fuente de empleo de calidad y que reduzca nuestra costosa dependencia de suministros energéticos del exterior.
Queremos que baje la factura de los hogares, que contribuya a una movilidad limpia y silenciosa, a barrios y casas eficientes, a ganar el espacio urbano para las personas y a recuperar la naturaleza en nuestras ciudades.
Que la transición energética sea una manera de entender el uso de los recursos para preservar su disponibilidad para el futuro y que genere valor añadido en el modo en que producimos. Por eso, es tan importante el impulso de la economía circular y el ecodiseño, la capacidad de recuperar y reutilizar minerales, textiles, metales o baterías, de evitar el desperdicio alimentario, de mejorar el rendimiento de lo que utilizamos y de buscar nuevos materiales que desplacen a los que resulte más difícil obtener o reciclar.
Por eso, también, el agua debe ser gestionada de manera inteligente y eficiente. Es un recurso clave para nuestro bienestar y el de sectores tan importantes como la agricultura, el turismo, la energía o la industria. Pero lo es también para los ecosistemas. Es imprescindible anticipar la disponibilidad de agua en futuros escenarios climáticos que muestren un incremento e intensidad de los periodos de sequía, compatibles también con lluvias torrenciales. Queremos garantizar el abastecimiento de agua en todos nuestros hogares y su predictibilidad para los usos económicos, que tendrán que ser cada vez más eficientes y adaptados a la disponibilidad del recurso. Nuestros planes hidrológicos ofrecen seguridad, apostando por la eficiencia, la buena gestión y la inversión en desalación, reutilización y digitalización de todo el ciclo del agua. Sin olvidar su papel fundamental en la conservación de ecosistemas, fijando caudales ecológicos que garanticen el buen estado del río en todo momento.
Queremos culminar este nuevo enfoque en la gestión de los recursos hídricos y completar y modernizar nuestras infraestructuras de saneamiento y depuración. La conservación de nuestros ecosistemas y su restauración, –tanto de espacios emblemáticos como el Mar Menor, Doñana, las Tablas de Daimiel o el Delta del Ebro, así como entornos menos conocidos en los cauces de los ríos, el borde litoral, espacios marinos o del interior– resulta fundamental. Queremos preservar nuestros suelos, impulsar la bioeconomía, proteger a quienes nos protegen y protegen nuestra biodiversidad y nuestros montes y bosques. Esto exige compromiso, regulación y acción, facilitar la participación, el diálogo y el consenso.
Tenemos una responsabilidad ética también hacia los seres vivos no humanos, considerados como “seres sintientes” en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto del bienestar y la protección animal tendremos en cuenta siempre los avances científicos, así como las iniciativas de las instituciones europeas, compatibles con el desarrollo económico y social.
Un compromiso sobre el terreno que, desde lo local, garantice la calidad de vida, para que el menú básico de servicios públicos esté disponible a no más de 30 minutos del lugar donde se viva.
Una responsabilidad regional y nacional, que vele por el bienestar de personas, ecosistemas y animales. Pero una responsabilidad también con el resto de nuestros socios, en Europa y el Mediterráneo, con aquellos con los que sentimos fuertes lazos culturales y de historia o vecindad común, en América Latina o África. Una responsabilidad para hacer frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la protección del océano y la prosperidad de todos. Una responsabilidad en la que la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible han de inspirar nuestra acción y el modo en el que contribuimos a tejer lazos de cooperación y progreso común.

2.1. Energías renovables y reindustrialización verde, un plan para un nuevo modelo energético y productivo

2.1.1. Desarrollo del potencial renovable y nuevas tecnologías

La política energética llevada a cabo por el Gobierno durante esta legislatura ha demostrado su eficacia, multiplicando exponencialmente la presencia de energías renovables. Por ello, vamos a consolidar el desarrollo de nuestro potencial:
  • Aprobaremos una ley para identificar, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, las áreas idóneas para el desarrollo de renovables y facilitar el acceso de los beneficios a las comunidades locales, garantizando el respeto al medio ambiente.
  • Impulsaremos la innovación en el sector energético a través del fomento de las nuevas tecnologías necesarias para la descarbonización de la energía, como el almacenamiento energético, la gestión de la demanda, así como el hidrógeno renovable y otros gases renovables.
  • Fomentaremos, en el seno de la unión europea, las reformas del mercado eléctrico necesarias para poder trasladar el beneficio de las energías renovables a los consumidores y proporcionar la estabilidad necesaria para atraer a los inversores.
España, con el Gobierno socialista al frente, ha abierto en Europa el debate sobre la reforma de mercado eléctrico, algo que, al principio de la legislatura, parecía un tabú y que, como medida transitoria durante la crisis, logró la “solución ibérica” que ha permitido ahorrar miles de millones de euros a los consumidores españoles y portugueses y ha sido reclamada por consumidores en otros países europeos.
  • Consolidaremos el impulso de una energía social y participativa a través de las comunidades energéticas y facilitando el desarrollo del autoconsumo, con una especial apuesta por el autoconsumo colectivo.
  • Aprobaremos el 7o plan general de residuos radioactivos.
    Este nuevo plan integrará las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras necesidades en el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares.

2.1.2. Un nuevo horizonte de reindustrialización a través de la cadena de valor de las energías renovables y de la generación de nuevas oportunidades de empleo

Las energías renovables son nuestra mejor herramienta para para reducir la factura energética, además de nuestra mayor ventaja competitiva como país. No solo generan energía, también generan nuevas oportunidades industriales y puestos de trabajo cualificados. Aprovecharemos el liderazgo español en transición energética para seguir impulsando una auténtica agenda de reindustrialización: apoyándonos en la competitividad generada por las renovables y los bajos costes de la energía que generan y respondiendo a nuevas exigencias que nos permitirán ser líderes en ámbitos punteros y de creciente demanda como el acero verde.
Las energías renovables y sus tecnologías y materias primas asociadas nos permiten construir un nuevo modelo productivo basado en la innovación, el conocimiento y el uso eficiente de los recursos. Nos permiten desarrollar nuestro potencial industrial y lograr oportunidades de empleo de calidad, mejor remunerado y estable.
  • Impulsaremos una política industrial verde para la fabricación de bienes de equipo, de la cadena de valor y servicios asociados a las energías renovables, así como la descarbonización de otros sectores industriales y la reindustrialización ligada a las demandas de la nueva economía.
  • Reforzaremos la apuesta por la investigación. con mayor rendimiento en el desarrollo de nuevos materiales innovadores clave para la transición energética, así como para la reducción, reutilización y reciclaje.
  • Aseguraremos la generación de más de 700.000 empleos asociados a la transición verde, fortaleciendo las titulaciones de FP y grado, así como la recapacitación de la fuerza laboral y la modernización de los servicios públicos de empleo para mejorar la empleabilidad de personas en situación de desempleo.

2.1.3. Garantizar la justicia social en el acceso a la energía para los consumidores vulnerables

La transición energética no puede olvidar a los consumidores más vulnerables. Durante esta legislatura hemos reforzado las ayudas a través del bono social, especialmente, ante la crisis energética que hemos vivido. Debemos continuar en esta dirección para acabar con la lacra que supone la pobreza energética.
  • Desplegaremos las medidas incluidas en la estrategia contra la pobreza energética. reforzaremos los bonos sociales térmico y eléctrico y crearemos la figura del “consumidor electrodependiente” para mejorar el acceso a la energía en igualdad de condiciones y así garantizar la redistribución y justicia social.

2.1.4. La transición justa, un modelo de éxito social en la reconversión industrial y energética

  • Continuaremos con el apoyo y acompañamiento a las personas y territorios vinculados a la transición energética para la diversificación y reactivación de sus economías locales desde un marco de sostenibilidad, innovación energética y creación de empleo.
  • Utilizaremos las herramientas desplegadas con los cierres de la térmica, pioneras en Europa, para diseñar y poner en marcha las herramientas de apoyo social y económico a los territorios implicados en otros procesos de cierre o reconversión.
  • Complementaremos la implementación de la estrategia de transición justa, abordando estrategias de gobernanza y anticipación en otros sectores económicos y productivos implicados en la descarbonización y transición ecológica.

2.2. Mejores oportunidades, calidad de vida y equilibrio de ecosistemas en el medio rural y el medio urbano

2.2.1. Infraestructuras, transporte y movilidad

El PSOE ha planteado un nuevo enfoque para la movilidad, las infraestructuras, y las políticas urbanas guiados por un mismo propósito de modernidad, sostenibilidad e inclusión. Un enfoque marcado por el nuevo contexto tecnológico, ambiental, social y económico, así como por nuevas prioridades políticas en la acción de Gobierno, donde la movilidad cotidiana ha ganado protagonismo.

Avanzamos hacia una España más verde, más digital y cohesionada, un país en el que la movilidad y el transporte serán herramientas decisivas para la igualdad de oportunidades de las personas. Abanderamos el desarrollo sostenible sobre el que pivotará el nuevo modelo productivo que se está alumbrando.

El progreso ha de ser un aliado en la mejora de nuestra calidad de vida. Ha de permitirnos ciudades más humanas y habitables, transportes más seguros, respetuosos con el medio ambiente y accesibles para todas y todos.

Desde el primer momento comenzamos a trabajar en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 para adecuar las políticas de movilidad e infraestructuras de la próxima década al nuevo contexto global. Un contexto marcado por la necesidad de descarbonizar la economía, por dar respuesta al cambio climático, por la digitalización y la irrupción de nuevas tecnologías en el ámbito de la movilidad, así como todos los desafíos asociados al reto demográfico y a la inclusión social.

La estrategia responde también a la necesidad de adaptar la actividad a la nueva realidad de nuestra red de infraestructuras. Una vez superadas las carencias de conectividad básicas del siglo pasado y con una de las redes más completas del mundo, las prioridades se centran en optimizar su uso, priorizar las soluciones de movilidad cotidiana, su digitalización, la intermodalidad y la seguridad y garantizar su mantenimiento y conservación, sin perjuicio de la necesidad de completar las redes transeuropeas.

Hemos puesto las bases de una verdadera política de infraestructuras del transporte sostenible en la que el derecho a la movilidad, la seguridad y la transformación verde y digital han sido nuestra prioridad. Y en estos cuatro años que vienen queremos seguir trabajando para revertir el déficit de inversión de los últimos años de los gobiernos del PP.

Entendemos la movilidad como un derecho esencial para poder acceder a otros derechos fundamentales, como son el trabajo, la sanidad, la educación o el ocio.
  • Retomaremos y aprobaremos la ley de movilidad sostenible, en la que consolidaremos la movilidad como un derecho esencial de la ciudadanía. Será la palanca para la innovación en este ámbito y nos colocará a la vanguardia mundial, lo que facilitará la captación de inversiones.
  • Crearemos un fondo estatal de contribución a la movilidad sostenible, con fuentes estables de financiación, que plasme nuestra idea de que el Estado debe mejorar eficientemente el transporte público urbano y metropolitano: o Financiará servicios de transporte y movilidad que cumplan determinados requisitos de sostenibilidad, digitalización y contribución a la cohesión social y territorial.
    • El protagonista de nuestra movilidad diaria debe ser el transporte público. con este fondo priorizaremos inversiones eficientes en la red local y autonómica de autobús, metro, metro ligero, ferrocarril o tranvía.
    • Desarrollaremos un sistema nacional de movilidad sostenible con el que estado, comunidades autónomas y entidades locales puedan reforzar sus políticas públicas.
    • Permitirá adaptar el transporte público a las necesidades reales de las personas, introduciendo la digitalización y los últimos avances tecnológicos.
    • Garantizará la movilidad a todas las personas e integrará información y pago de los servicios de movilidad.
  • Impulsaremos y priorizaremos el uso del transporte público, garantizando que sea asequible para las personas que más lo necesitan, como es el caso de los jóvenes, losla juventud, trabajadores de bajos ingresos o los pensionistas.
    • Ampliaremos los descuentos al uso del transporte público con la gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta los 24 años
    • A través de la ley de movilidad sostenible, diseñaremos un sistema para establecer la contribución de la Administración General del Estado a la financiación del transporte urbano y metropolitano de manera homogénea, transparente y equitativa.
    • Estableceremos un sistema estable de financiación de proyectos de inversión relacionados con la movilidad urbana y metropolitana, así como el fondo estatal de contribución a la movilidad, para facilitar su transformación basada en la descarbonización, calidad del aire, digitalización y componente social.
    • Crearemos sistemas integrados de transporte y movilidad que tengan al transporte público como columna vertebral, en los que exista una convivencia adecuada y complementariedad de las distintas formas de transporte, con marcos jurídicos claros que sean respetados por todos, incluyendo patinetes, motos, taxis, VTC, etc.
  • Tendremos especial interés en la movilidad del entorno rural y sus necesidades. Queremos que todas las personas de este país tengan oportunidad de acceder al transporte, independientemente de donde vivan.
    • Desarrollaremos los trabajos de la mesa de movilidad rural como parte de una estrategia integrada para abordar los retos de las provincias en declive poblacional.
  • Apoyaremos y promoveremos los servicios de transporte público a demanda, adaptándolos a los horarios de las personas que residen en los territorios con baja intensidad de población
  • Contaremos con la participación ciudadana para la toma de decisiones de movilidad alternativas en los territorios de baja densidad de población, con objeto de maximizar las oportunidades de viaje.
  • Ampliaremos los servicios ferroviarios de proximidad a partir de la experiencia de las iniciativas piloto desplegadas en este año 2023.
  • Impulsaremos programas que utilicen la digitalización y los últimos avances tecnológicos para incluir esa atención personal en el diseño del mejor compendio de modos y medios públicos con los que garantizar la movilidad.

1. Apuesta decidida por el ferrocarril

Los y las socialistas contemplamos las infraestructuras como la herramienta básica para la cohesión del territorio, Deben estar al servicio de las personas, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y de la competitividad de nuestro tejido productivo. En su desarrollo primamos cómo hacer que estas sean menos contaminantes. En estos años, hemos defendido y aplicado un gran cambio. El ferrocarril ha pasado a ser la principal fuente de inversión porque es un elemento fundamental en la lucha contra el cambio climático y un transporte eficiente.
1.1.1. Cercanías y rodalies
Apostamos por la red de Cercanías y las Rodalies por su proximidad y relevancia en el día a día de tantos españoles y españolas.
  • Nos comprometemos a mejorar la inversión en la red convencional y a aumentar las inversiones para la mejora en la infraestructura y los servicios de cercanías.
  • Estudiaremos la recuperación de los trenes nocturnos internacionales, siguiendo los pasos de otros países europeos, en colaboración con Portugal.
  • Mejoraremos y modernizaremos la red de cercanías, acelerando los planes de cercanías que ya estamos ejecutando con un gran ritmo inversor.
  • Ampliaremos las redes de cercanías, llegando a más ámbitos, con nuevas líneas y estaciones accesibles y con una renovación integral de las instalaciones y del parque móvil ferroviario.
  • Aumentaremos el número de trenes que prestarán los servicios ferroviarios declarados como obligaciones de servicio público y, de manera especial, en Cercanías y Rodalies, de manera que se reduzcan las incidencias por fallos en el material rodante.
1.1.2. Alta velocidad
España tiene la red más extensa de alta velocidad de Europa. Haremos que la alta velocidad sea accesible a todos y todas y en todo el territorio, aumentando cada vez más su potencial y aprovechando al máximo su capacidad.
  • Seguiremos desarrollando la red de alta velocidad para que llegue a asturias en este mismo año y a Almería en el 2026.
  • Seguiremos trabajando en la conexión de extremadura y en los diferentes corredores que conectan Navarra, La Rioja o Cantabria, así como en la Y vasca.
  • Llevaremos a término la variante de olmedo (valladolid), que permitirá una mejor conexión entre las líneas de alta velocidad del norte.
  • Seguiremos con el proceso de apertura a diferentes operadores ferroviarios y lo extenderemos a todos los corredores para que todas las personas dispongan de más servicios y más baratos.
  • Ampliaremos el sistema de billetes intermodales que ya se ha implantado como experiencia piloto en el tramo Soria-Calatayud, para que todas las capitales de provincia y principales poblaciones puedan acceder de manera intermodal a la red de alta velocidad a un precio asequible y con un tiempo de viaje competitivo.
1.1.3. Corredores transeuropeos
Tenemos un compromiso firme con el desarrollo de los corredores transeuropeos. Apostamos por corredores multimodales que integren la infraestructura ferroviaria con los otros modos de transporte, gracias a nodos y terminales. Esto mejorará no solo las líneas de alta velocidad, sino especialmente las líneas ferroviarias convencionales.
  • Continuaremos la ejecución de ambos corredores, atlántico y mediterráneo, bajo el objetivo marcado por la Unión Europea de completar la red básica en el año 2030, una fecha que, probablemente, adelantaremos.
1.1.4. Transporte ferroviario de mercancías
Potenciaremos el tren como medio de transporte de mercancías. Complementará al transporte de mercancías por carretera y aumentará su eficiencia. Es esencial continuar trabajando para mejorar su sostenibilidad desde una triple perspectiva: ambiental, económica y social.
  • Nuestro objetivo es que en el año 2030 el transporte de mercancías por ferrocarril represente el 10% del total de mercancías que se mueven en nuestro país. Es una apuesta posible y que lograremos con la ejecución de la infraestructura necesaria, pero también con la potenciación de los servicios.
  • Impulsaremos las actuaciones que permitan el establecimiento de autopistas ferroviarias, de manera que, mediante de la colaboración entre el transporte por carretera y el transporte ferroviario de mercancías, se puedan establecer soluciones logísticas eficientes y descarbonizadas.
  • Continuaremos con el estudio de la reapertura directa del tramo madrid-burgos, de vía convencional, para su aprovechamiento para el tráfico de mercancías, y la adecuación de la antigua Ruta de la Plata.
2.1.2. Electrificación de la red de carreteras
Vamos a redefinir el modelo de carreteras para adaptarlas a los retos de la digitalización y sostenibilidad y a los vehículos del futuro. Electrificar la movilidad es uno de los grandes retos de nuestro país: reduce las emisiones, acelera la descarbonización de nuestra actividad e impulsa a nuestra industria automovilística.
  • Aseguraremos la conectividad en toda la red, haciéndola apta para la circulación del vehículo autónomo y conectado.
  • Impulsaremos un plan de electrificación de la red de carreteras del estado, que asegurará que cualquier vehículo eléctrico pueda circular sin limitaciones por nuestra red.
  • Ejecutaremos el plan de eficiencia energética, que aspira a reducir los consumos, reducir las emisiones vinculadas y a implementar la instalación de elementos generadores de energía sostenible. Esto nos permitirá mejorar en la consecución del objetivo de que la Dirección General de Carreteras sea neutra en carbono en el año 2030.
2.1.3. Transporte de mercancías por carretera
El transporte marítimo de mercancías es fundamental para la actividad económica española, sosteniendo la mayor cuota modal en el comercio exterior. España, por su situación y longitud de costa, tiene que maximizar su liderazgo en este sector.
  • El transporte de mercancías por carretera va a continuar siendo una actividad esencial, que previsiblemente siga suponiendo más del 90% del total de mercancías transportadas. Es determinante continuar haciendo de este sector un sector más robusto y competitivo.
  • Trabajaremos para devolver el prestigio a la profesión de conductor de camión, mediante la implantación de un plan transversal para impulsar la FP en el sector, facilitando la obtención del carnet de conducir C+E. Reforzaremos la seguridad del gremio y realizaremos actuaciones de divulgación para la atracción de talento al sector, así como otras medidas que acerquen esta profesión a jóvenes y mujeres.
  • Estableceremos un plan estable de ayudas para facilitar la transición hacia los vehículos de cero emisiones de transporte, tanto camiones como autobuses, así como para reducir la edad del parque de vehículos profesional. Queremos prolongar este programa hasta contar con un parque nacional de autobuses y camiones eficiente y sostenible.
  • Apoyaremos la actividad logística, con actuaciones coordinadas entre las distintas administraciones a través del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible.
  • Reforzaremos el papel de españa como plataforma logística internacional, especialmente, en lo relativo al transporte aéreo y marítimo, gracias a nuestra posición estratégica con respecto a los grandes flujos internacionales de mercancías, contribuyendo a la generación de actividades de gran valor añadido en nuestro país y la creación de empleo de calidad
2.1.4. Red de carreteras del estado
La Red de Carreteras del Estado es uno de los grandes garantes de la cohesión territorial de nuestro país y uno de los instrumentos más importantes para asegurar la movilidad y la igualdad de oportunidades. Por ello, continuaremos trabajando en la ampliación de los diferentes ejes y en la mejora de los existentes basándonos en criterios de seguridad, mejora de la funcionalidad y conectividad.
  • Continuaremos el plan de humanización de travesías para seguir transformando las carreteras en calles y paseos para nuestros pueblos y ciudades, ganando espacio para las personas y mejorando los entornos urbanos.
  • Desarrollaremos en un plan destinado a reducir el impacto de las infraestructuras en el medio natural y en la biodiversidad. Entre las mejoras estará, por ejemplo, la mejora de la integración de la red existente: pantallas sonoras, pasos de fauna, permeabilización transversal con nuevas pasarelas, etc.
2.1.5. Movilidad metropolitana
La movilidad en los diferentes entornos de las áreas metropolitanas de nuestras grandes ciudades requiere una especial atención. De la misma forma que trabajaremos para la mejora de las cercanías, también lo haremos para transformar y mejorar nuestras redes viarias metropolitanas, reformulando los accesos a las áreas metropolitanas.
  • Realizaremos actuaciones de transformación en carriles bus vao, que primen el transporte público y el uso más eficiente de los vehículos a través de las principales vías de acceso.
  • Haremos programas de actuación concretos para a resolver los problemas de la red existente, de forma que se reduzcan los cuellos de botella y mejoren la seguridad viaria y la funcionalidad de las vías.
  • Crearemos nuevos carriles bici o sendas peatonales paralelas a las carreteras, así como pasarelas y pasos seguros, que permitirán superar la barrera y los riesgos que las carreteras pueden suponer para los usuarios más vulnerables.
  • Impulsaremos la creación de una línea de ayudas para adquisición de bicicleta eléctrica.
2.1.6. Seguridad viaria
La seguridad viaria debe ser un pilar fundamental en las políticas de desarrollo de la red de carreteras.
  • Seguiremos la estrategia “visión cero”, una forma diferente de enfocar la seguridad vial que busca reducir a cero el número de muertes y lesiones graves en accidentes de tráfico. La seguridad vial es el aspecto más importante en el diseño de nuestras infraestructuras.
  • Implementaremos un plan de carreteras 2+1, con un carril por cada sentido más otro carril adicional interior dedicado al adelantamiento.
  • Aplicaremos los criterios e instrumentos de la directiva europea de seguridad viaria.
2.1.7. Transporte marítimo de mercancías
El transporte marítimo de mercancías es fundamental para la actividad económica española, sosteniendo la mayor cuota modal en el comercio exterior. España, por su situación y longitud de costa, tiene que maximizar su liderazgo en este sector.
  • Elaboraremos una estrategia marítima nacional para reforzar el sector y facilitar que despliegue todo su potencial como sector económico de alto valor añadido y empleo de calidad.
  • Llevaremos a cabo un plan específico de descarbonización del transporte marítimo.
  • Continuaremos reforzando el sistema español de búsqueda y rescate en el mar y de lucha contra la contaminación marítima, invirtiendo para la incorporación de los sistemas más innovadores que permitan reforzar la mejora de la calidad de un servicio que ya es valorado como excelente por la comunidad marítima
2.1.8. Transporte aéreo
El transporte aéreo es otro elemento esencial por las circunstancias de nuestra geografía, extensión bicontinental y la realidad insular.
  • Elaboraremos un plan estratégico para la sostenibilidad del transporte aéreo en españa, partiendo del análisis de sus principales impactos ambientales y la contribución de cada uno de los actores en la cadena de valor del sector.
  • Haremos un plan de ayudas para el desarrollo de instalaciones de producción de combustibles sostenibles.
  • Implantaremos un plan específico de i+d+i para el desarrollo de la aviación sostenible, facilitando que la industria y las infraestructuras aeronáuticas nacionales se sitúen a la cabeza del desarrollo y operación de aeronaves eléctricas y propulsadas por hidrógeno.
  • Impulsaremos las medidas que permitan alcanzar la neutralidad en emisiones de co2 de las infraestructuras del transporte, mediante la construcción de plantas fotovoltaicas e infraestructuras de recarga eléctrica.
  • Facilitaremos que las infraestructuras de transporte se conviertan en hubs del hidrógeno.
2.1.9. Aeropuertos
Con el fin de ganar competitividad, realizaremos las inversiones necesarias en los aeropuertos para poder atender la demanda esperada, con los más altos niveles de seguridad, favoreciendo la conectividad de largo radio, así como su adaptación sostenible para poder hacer frente al reto de la descarbonización de la aviación.
  • Inversiones para desarrollar el hub del aeropuerto adolfo suárez madrid-barajas y mejorar la experiencia de sus pasajeros.
  • Inversiones para desarrollar la conectividad intercontinental del aeropuerto josep tarradellas barcelona-el prat.
  • Inversiones para garantizar la capacidad necesaria para atender la demanda de los aeropuertos de la isla de Tenerife.
2.1.10. Movilidad sostenible y activa
Uno de los factores que puede mejorar la transición ecológica ligada a la calidad de vida de las personas es conseguir un sistema que garantice una movilidad sostenible de cercanía y baja en emisiones.
  • Impulsaremos la movilidad activa e implantaremos progresivamente todas las actuaciones establecidas en la Estrategia Estatal de la Bicicleta
  • Seguiremos financiando el fomento de la bicicleta en todas las poblaciones del país para integrar su uso en nuestra movilidad diaria.
  • Mejoraremos la movilidad de tracción humana: investigación y concienciación para potenciar la salud mediante los cambios hacia una movilidad sostenible.
  • Impulsaremos la electrificación del transporte, con especial hincapié en el transporte público y colectivo.
  • Consolidaremos y aceleraremos el despliegue de infraestructura de recarga de alta potencia en nuestro país en los próximos 4 años.
  • Promocionaremos los planes de movilidad sostenible para ir al trabajo.
  • Daremos prioridad a la movilidad no motorizada frente a la motorizada en la planificación del espacio urbano.
  • Introduciremos medidas concretas de transición justa e incorporaremos el concepto de “pobreza en el transporte”. Un concepto definido por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión como la incapacidad o dificultad de las personas y de los hogares para hacer frente a los costes asociados a los sistemas de transporte privado o público y su falta de acceso o su acceso limitado para desplazarse en su vida cotidiana a los servicios y actividades.
  • Recogeremos medidas específicas para la movilidad sostenible en el medio rural, debidamente adaptadas a la propia idiosincrasia de estos territorios.
  • Optaremos por un sistema multimodal de transporte adecuado en términos de eficiencia, que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles (peatonal, ciclista y ferroviario).
2.1.11. Digitalización de la movilidad
  • Daremos importancia a la innovación y digitalización de la movilidad para dar un mejor servicio a las personas.
  • Crearemos un espacio de datos integrado de movilidad, que permita a las administraciones un diseño de políticas públicas basadas en datos, con una mayor calidad en la prestación de los servicios de transporte y mejor información y fiabilidad para los usuarios y usuarias, especialmente, en la planificación de los viajes de varias etapas.
  • Promocionaremos el establecimiento de sistemas de pago integrados en el ámbito del transporte, especialmente, en los sistemas de movilidad cotidiana, y contribuiremos a financiar su implantación.
  • Crearemos un “sandbox”, un espacio controlado para probar nuevos modelos de negocio que permitan mejores servicios a las personas, de manera que la regulación no sea un freno para la innovación, sino que la administración pueda ser motor de la misma.
  • Reforzaremos los instrumentos de capacitación de los profesionales del transporte para adaptarse a los nuevos requerimientos de digitalización y descarbonización, impulsando de manera específica la presencia de la mujer como profesional en este ámbito de actividad.

2.3. Lucha contra la contaminación y eficiencia en el uso de los recursos. hacia una economía circular e innovadora

2.3.1. La economía circular como oportunidad de un nuevo sector económico y de empleo verde. residuos y reducción de plásticos de envases

En línea con la Unión Europea, hemos aprobado e impulsado un paquete normativo en materia de economía circular y residuos que, por un lado, puede atraer nuevos mercados en el entorno rural y, por otro, solucionar los problemas ambientales que genera el entorno urbano.
  • Fomentaremos la economía circular en nuevos sectores como la química, el textil o la recuperación de materiales electrónicos, generando nuevos nichos de mercados.
  • Consolidaremos la apuesta por el ecodiseño y la promoción de la reparación, la reutilización y el reciclaje.

2.3.2. Mejora de la gestión de residuos en el espacio urbano

Seguiremos acompañando a las comunidades autónomas para el mejor tratamiento de los residuos y el fomento del compostaje en el entorno urbano (ejecución PERTE Economía Circular).
  • Culminaremos el desarrollo de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como del nuevo reglamento de residuos y envases que nos permitirá alcanzar los ambiciosos objetivos de reducción de envases para 2025 y 2030.

2.3.3. Contaminación por plásticos en la costa y el mar y otros espacios naturales

La contaminación por plásticos es uno de los grandes desafíos del s XXI. Por eso, es necesaria una correcta gestión que evite la afectación al paisaje, al suelo, a la vegetación y a los ecosistemas acuáticos.
  • Impulsaremos las negociaciones para alcanzar un acuerdo internacional contra la contaminación por plásticos y adoptaremos las medidas para su implementación efectiva en nuestro país.
  • Fomentaremos la economía circular en áreas rurales e industriales a través de la ejecución del PERTE de economía circular.
  • Fomentaremos el compostaje de materia orgánica en el ámbito rural.
  • Potenciaremos la recuperación de materias primas secundarias en la industria.

2.4. El derecho al medio ambiente y la participación ciudadana. un país que aborda con valentía la emergencia climática desde la justicia social y la equidad

2.4.1. Derecho a un medio ambiente saludable y a la seguridad climática

  • Reconoceremos el derecho a un medio ambiente saludable y a la seguridad climática; bases para el bienestar humano, la equidad y la salud, así como garantías de prosperidad.
  • Garantizaremos el acceso al agua para los consumidores vulnerables.
  • Reforzaremos la legislación en materia de acceso a la información, participación y justicia ambiental.

2.4.2. Impulsaremos mayor ambición climática en el ámbito internacional y la búsqueda de acuerdos para la preservación de océanos, la biodiversidad y la reducción de plásticos

Gracias a la acción de Gobierno, España ha consolidado una posición de liderazgo en la diplomacia climática, tanto a escala europea como internacional, liderando los debates europeos y globales sobre el clima como en la Cumbre Climática Chile-Madrid- Tiempo de Actuar celebrada en 2019.
  • El psoe se compromete a una acción de gobierno alineada con las recomendaciones de la ciencia y la reivindicación ciudadana para cumplir con los compromisos climáticos asumidos por España, que impulsen y aceleren la ambición climática de todos los países.
  • Seguiremos siendo un actor decisivo para el impulso de la ambición climática, tanto en el contexto de las cumbres climáticas y otros foros internacionales de toma de decisión, como en el seno de la Unión Europea, y en la búsqueda de acuerdos sobre la preservación de la biodiversidad, de los océanos y la reducción de plásticos.
  • Durante la presidencia española de consejo de la unión europea se reforzará la agenda climática generadora de oportunidades para la economía, la industria, el empleo y el bienestar social.

2.4.3. Revisión al alza de los compromisos climáticos de españa

Europa ha comprometido su neutralidad climática de aquí a 2050, en coherencia con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Para ello, los países de la Unión Europea han fijado un objetivo vinculante intermedio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, el 55 % en 2030 (con respecto a niveles de 1990).
  • Para contribuir a este objetivo, en la medida que corresponde a españa, nos comprometemos a revisar periódicamente, siempre al alza, los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así como en la revisión de este plan remitida a Bruselas en el pasado mes de junio.

2.4.4. Las personas en el centro de la toma de decisiones de la acción climática

La ciudadanía es consciente de los retos que el cambio climático supone para su bienestar y para la economía del país. Por ello, exigen respuestas efectivas por parte de los responsables públicos y de las empresas, pero también es necesario que participen activamente en el diseño de políticas climáticas que reduzcan la huella de carbono. Este compromiso social quedó patente en las recomendaciones surgidas de la Asamblea Ciudadana por el Clima, promovida por el Gobierno y que fueron entregadas al Congreso de los Diputados.
  • Seguiremos incentivando la participación social, en especial de los más jóvenes, en espacios de diálogo e influencia política y foros de negociación (como pueden ser las cumbres climáticas) donde se determina la ambición climática asumida por los gobiernos.
  • Introduciremos las recomendaciones de la asamblea ciudadana para el clima en la acción de Gobierno.

2.5. Conservación y restauración de la naturaleza. el medio ambiente como principal garante de la salud

2.5.1. Un país más resiliente y adaptado al cambio climático

Los escenarios climáticos previstos para España indican una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, como las sequías e inundaciones. En coherencia con la Declaración de Emergencia Climática que adoptamos en 2020, seguiremos integrando la variable climática en todas las políticas públicas, muy especialmente, en aquellas que afectan a la seguridad de las personas, los equipamientos y los bienes.
  • Activaremos los planes de protección de la costa frente al cambio climático en coordinación con las comunidades locales y apoyándonos en el mejor conocimiento científico.
  • Protegeremos la economía y el empleo del sector mar, ya que el borde litoral es muy vulnerable a los impactos del cambio climático, afectando especialmente a las actividades que se desarrollan sobre el mismo.
  • Avanzaremos la implementación de los planes de ordenación del espacio marino en un marco de participación y de búsqueda de consenso que permitan compatibilizar las actividades económicas que propician el desarrollo local con la preservación de los ecosistemas que alimentan ese desarrollo. Avanzaremos en su implementación en un marco de participación y de búsqueda de consenso.

2.5.2. Anticipación frente a las sequías, inundaciones y la desertización

  • Activaremos los nuevos planes de sequía, que priorizan estrategias de reducción de la vulnerabilidad mediante el impulso de medidas preventivas y de adaptación.
  • Seguiremos colaborando con las entidades locales para la definición y aplicación de los planes de sequía.
  • Mediante los planes de gestión del riesgo de inundación reduciremos la exposición de las zonas inundables mejorando la ordenación del territorio, y propiciando una mayor coordinación administrativa que involucre a todos los actores que gestionan el riesgo; complementándolos con una mejora de la capacidad predictiva de los sistemas de información hidrológica.
  • Revisaremos los criterios de diseño de las infraestructuras hidráulicas, singularmente, de las presas, incorporando a los habituales estudios "coste-beneficio” los de "adaptación al cambio climático-coste".

2.5.3. Prevención de incendios, gestión forestal y protección del medio rural

Es necesario continuar desarrollando e integrando en las políticas ambientales medidas de protección y adaptación frente a los riesgos derivados del cambio climático, paliando sus consecuencias y aumentando nuestra prevención y preparación ante fenómenos extremos, como sequías, inundaciones o incendios.
  • Aprobaremos las leyes básicas de bomberos forestales y de agentes forestales.
  • Reforzaremos los planes anuales anticipados para la prevención, extinción y restauración de incendios y la coordinación con las comunidades autónomas
  • Fortaleceremos el conocimiento técnico y científico sobre los incendios de última generación y la formación del personal de respuesta, promoviendo asimismo en el marco de la Estrategia y el Plan Forestal programas de mejora de la resiliencia de los bosques y espacios protegidos frente a los riesgos de incendios y deforestación.
  • Seguiremos renovando la flota aérea de extinción de incendios forestales.
  • Desarrollaremos medidas para el fomento de la bioeconomía y la gestión forestal sostenible, contribuyendo al impulso de la viabilidad económica de la gestión forestal y su aportación al desarrollo de los territorios rurales.
  • Con la intención de promover el buen estado de los montes de pequeños propietarios y los servicios ecosistémicos que prestan, impulsaremos una ley de montes de socios.

2.5.4. Preservación de la biodiversidad y los ecosistemas. acuerdo 30x30

España atesora un valioso patrimonio natural, siendo el país líder de la Unión Europea en espacios protegidos, con más de un 30% de su territorio integrado en la Red Natura 2000. Para conseguir el objetivo de Acuerdo 30x30, y mantener ese liderazgo, tenemos que acelerar la protección de nuestros espacios marinos, ya que la protección del océano y la conservación de los ecosistemas marinos es imprescindible para aportar medios de vida sostenibles, estabilidad climática, bienestar humano y salud global.
  • Protegeremos el 30% de los espacios terrestres y el 30% de los marinos para el año 2030.
  • Volcaremos un especial esfuerzo en la protección de la biodiversidad del espacio marino, a través de la implantación de medidas previstas en el Segundo ciclo de las Estrategias Marinas (2018-2024).

2.5.5. Preservación del patrimonio natural de los humedales

  • Culminaremos la ejecución de los marcos prioritarios de actuaciones de doñana, el Mar Menor, la recuperación de la Albufera de Valencia y el Delta del Ebro y aprobaremos un nuevo plan específico de actuaciones prioritarias para las Tablas de Daimiel.
  • Fomentaremos la preservación del patrimonio natural en espacios con especial interés ambiental
    • Mediante el despliegue de la estrategia nacional de infraestructura verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas y teniendo presente el estado y la recuperación de aquellos incluidos en Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
    • Mediante soluciones basadas en la naturaleza (sbn)
    • Desplegando la estrategia nacional de lucha contra la desertificación, ya aprobada.

5.6. Garantizar el agua para las generaciones futuras

En política de agua anticiparemos respuestas al impacto del cambio climático. Los Planes Hidrológicos de tercer ciclo, recién aprobados, incluyen medidas para hacer frente a escenarios más extremos. Se trata de unos planes que fortalecen la previsibilidad, incorporan recursos no convencionales, promueven una gestión eficiente y se dotan de la adecuada flexibilidad.
Es imprescindible incorporar al conjunto de la sociedad al cambio cultural que ese esfuerzo de adaptación supone. Hablamos de un derecho, el del acceso al agua, que no admite exclusión alguna y que requiere del concierto de todas las administraciones, sectores productivos, colectivos ciudadanos y del mundo de la ciencia para lograr un pacto social. Ese pacto ha de sustentarse sobre tres pilares: ahorro, eficiencia y reutilización, porque no podemos malgastar hoy el agua que nuestros hijos necesitarán mañana.
  • Reformaremos la ley de aguas, para blindar el derecho ciudadano de acceso al agua.
  • Nos hemos comprometido a duplicar en 2027 la capacidad de las desaladoras, dotándolas de fuentes de energía renovable para reforzar la garantía de abastecimiento, reducir sus emisiones y equilibrar el precio del agua desalada. También nos comprometemos a duplicar la reutilización, mejorando los sistemas de saneamiento y depuración y su normativa reguladora.
  • Reformaremos el marco tarifario para la implantación de precios que integren de forma eficiente todas las fuentes que alimenten en los distintos territorios los sistemas de gestión, aumentando la flexibilidad de los sistemas de explotación mediante conexiones de las distintas fuentes de suministro entre sí y de éstas con los puntos de demanda.
  • Mejoraremos la gobernanza del agua, potenciando la participación ciudadana, el acceso a la información y la transparencia de los datos.
  • Seguiremos colaborando con los municipios para incrementar el ahorro y la eficiencia en el ciclo del agua, priorizando las inversiones en sistemas de abastecimiento en núcleos rurales.
  • Impulsaremos la digitalización en la gestión del agua para mejorar la recopilación y análisis de la información, favoreciendo una mayor eficiencia en la explotación de las redes, lo que facilitará un control preventivo de las redes que permitirá reducir las pérdidas a porcentajes inferiores al 10%.
  • Se impulsará la digitalización de los sistemas de información en las confederaciones hidrográficas, tanto para mejorar la gestión del agua y el acceso a los datos, como para facilitar los trámites que deben realizar la ciudadanía, mediante la implantación de “ventanillas únicas” y de registros electrónicos de derechos de agua.
  • Continuaremos el esfuerzo inversor y la mejora de la cooperación institucional para un riguroso control de la contaminación difusa en las masas de agua, e incentivaremos la mejora tecnológica de las instalaciones de depuración para la eliminación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud en los vertidos de aguas residuales.
  • Fomentaremos la incorporación del conocimiento y el desarrollo de la innovación y la investigación en el ámbito del agua, impulsando una estructura consolidada de I+D+i del agua, que pueda convertirse en un referente nacional e internacional, favoreciendo la cooperación científica, técnica y empresarial.
  • Se promoverá la utilización de la teledetección y, en particular, de los sistemas de obtención de información del agua mediante satélites para que toda la cartografía del agua sea accesible a través de servicios interoperables conformes a la normativa europea.

2.6. Una agenda urbana centrada en el bienestar de las personas

2.6.1. Salud y medio ambiente

Las ciudades deben recuperar el espacio público para los vecinos, naturalizando el urbanismo, mejorando la calidad del aire para garantizar la salud pública, integrando peatonalización y movilidad sostenible y adaptando su fisonomía y sus equipamientos al cambio climático. Debemos garantizar el derecho a vivir en ciudades saludables, libres de la contaminación del aire, de la contaminación lumínica y del ruido; donde medio ambiente y salud sean sinónimos.
El Gobierno debe estar centrado en promover entornos saludables para la población, con un enfoque global basado en la ciencia y perdurable en el tiempo. Un medio ambiente sano constituye la base insustituible de nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Es necesaria, además, la reducción sistemática de toda forma de contaminación, para evitar los riesgos hacia ecosistemas, la salud y la calidad de vida (contaminación química, contaminación acústica y lumínica).
Otro de los factores decisivos para la transición ecológica ligada a la calidad de vida de las personas es conseguir un sistema que garantice una movilidad sostenible de cercanía y baja en emisiones.
  • Acompañamos a las ciudades en sus planes de salud y medio ambiente, prestando particular atención a la calidad del aire que respiramos y a la reducción de otros tipos de contaminación (química, acústica y lumínica) para proteger la salud pública y mejorar la calidad de vida.
  • Ciudades y pueblos adaptados al cambio climático
    • Favoreceremos la extensión de las zonas de bajas emisiones.
    • Recuperaremos el espacio disponible para los vecinos a través de la peatonalización y la naturalización de cascos urbanos.
    • Fomentaremos los refugios climáticos (toldos, arbolado, fuentes...) en las ciudades.
    • Estableceremos corredores verdes entre ciudades y pueblos, así como en el entramado urbano.
    • Cooperaremos para extender los proyectos de renaturalización de ríos y zonas húmedas en los tramos urbanos.
  • Promoveremos la eficiencia energética de barrios y ciudades desde la equidad y justicia social.
    Impulsando la rehabilitación energética de los barrios para mejorar la habitabilidad y el confort de las viviendas y reducir el consumo energético de los hogares y la mejora de la calidad edificatoria y la eficiencia energética compatible con una mayor disponibilidad de vivienda asequible y accesible desplegando la Ley de Vivienda.
  • Fomentaremos un modelo de movilidad sostenible para una vida más agradable y sana
    • Promoveremos un sistema multimodal de transporte que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles (peatonal, ciclista y ferroviario).
    • Impulsaremos la electrificación del transporte, con especial hincapié en el transporte público y colectivo.
    • Introduciremos medidas concretas de transición justa e incorporaremos el concepto de “pobreza en el transporte” y medidas para combatirla.
    • Consolidaremos el despliegue de las infraestructuras de recarga en nuestro país.
    • Promocionaremos los planes de movilidad sostenible en el trabajo y la escuela.
    • Situaremos españa al nivel de la ue en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril.
    • Desplegaremos medidas específicas para la movilidad sostenible en el medio rural, adaptadas a las propias características de estas áreas.
.2.7. Reduciendo la desigualdad eliminamos la brecha rural-urbana
España está creciendo demográficamente. En 2023, hemos superado por vez primera los 48 millones de habitantes, ha aumentado la esperanza de vida y la llegada de población dinamiza la pirámide demográfica. Este crecimiento está llegando también al medio rural. Desde 2019, el número de personas que han decidido residir en pueblos supera las 220.000. Y, entre ellas, una parte importante son mujeres (más de 100.000) y jóvenes (aproximadamente, 100.000 menores de 35 años). En la actualidad, el problema de pérdida de población se concentra en las ciudades intermedias (incluso algunas capitales de provincia en el interior peninsular) para las que es necesario establecer una estrategia y prioridades de ayuda desde el punto de vista de la población.

Eliminar la brecha urbano-rural es garantizar la calidad de vida para las personas que viven en el medio rural y los que quieren residir en nuestros pueblos. Servicios próximos y de calidad, vivienda, internet y empleo son las bases sobre la que se sostiene la política para nuestros pueblos.

2.7.1. Servicios básicos de calidad, accesibles y a 30 minutos máximo en el mundo rural

  • Aprobaremos la cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia.
  • Impulsaremos planes de movilidad rural sostenible y a la demanda, con diversidad de horarios y rutas, especialmente, dirigidos a personas con dificultades de movilidad.

2.7.2. Más innovación y mejores oportunidades en el mundo rural

  • Reforzaremos la capacitación digital en áreas de reto demográfico, aprovechando la universalización de la cobertura de banda ancha y 4G/5G.
  • Pondremos en marcha líneas de ayudas para impulsar proyectos innovadores y sostenibles de bioeconomía en el mundo rural.
  • Incrementaremos los programas de ayudas a ayuntamientos y entidades locales para la transformación territorial (transición energética, proyectos innovadores, capacitación digital, agendas urbanas, turismo o arraigo).
  • Impulsaremos fórmulas laborales de teletrabajo o mixtas presencial-virtual.
  • Extenderemos la red de centros de innovación territorial (cit).

2.7.3. Vivienda asequible y eficiente para nuestros pueblos

  • Aprobaremos un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.
  • Fomentaremos los programas para la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética en pequeños municipios.
  • Desarrollaremos parques públicos de vivienda asequible y que fomenten el alquiler social.

2.7.4. Mejor atención a las personas: refuerzo de la calidad de vida en el mundo rural

  • Mejoraremos la atención y cuidado de los mayores en el medio rural: atención primaria, accesibilidad, atención a la dependencia, adaptación de viviendas.
  • Extenderemos los programas de arraigo para el asentamiento de nuevas familias en pequeños municipios.
  • Incrementaremos el programa “campus rural”, para la reconexión de la juventud y el medio rural.
  • Impulsaremos programas de retorno del talento de las mujeres, proyectos de mujeres para el emprendimiento verde y rural y de mejora de la igualdad.
  • Activaremos programas de integración de población inmigrante y refugiada en el medio rural.
  • Promoveremos programas específicos de difusión, programación y divulgación cultural en las zonas rurales, especialmente, reforzaremos el fomento de la lectura y la programación de artes escénicas mediante proyectos y producciones de sitios pequeños para que puedan girar por sus zonas colindantes e incluso por todo el territorio.
  • Todos los programas de creación, producción y programación de giras del ministerio de Cultura, abordarán su dimensión y opciones para desarrollarse en el ámbito rural y ciudades más pequeñas que, a menudo, disponen de espacios escénicos y de representación.

2.7.5. Pueblos seguros. seguridad ciudadana y de los negocios del medio rural

  • Continuaremos con las actuaciones para la rehabilitación energética de los cuarteles de la Guardia Civil. Queremos llegar a rehabilitar al menos 160 cuarteles ubicados en los municipios rurales.
  • Continuaremos mejorando el número de efectivos de la guardia civil, en línea con el aumento que el Gobierno ha llevado a cabo desde 2018. Se ha incrementado el número de efectivos de la Guardia Civil en el territorio en más de 3.120 Guardias Civiles, revirtiendo la reducción de más de 4.000 efectivos de la plantilla de la Guardia Civil del Gobierno del PP desde 2012 hasta 2018.

2.7.6. Equilibrio entre el medio urbano y el rural: desconcentración de la administración y las instituciones

  • Pondremos en marcha nuevas sedes y servicios en el territorio, como ya se ha hecho en Soria, Teruel, Cuenca, Segovia, Cáceres, Burgos, Jaén, León, Córdoba, Sevilla...
  • Vamos a seguir reforzando las capacidades de la age en el territorio.
  • Continuaremos acercando la administración a las personas en el medio rural: con nuevas oficinas municipales de justicia, desde los CIT...
  • Apoyaremos a la farmacia rural como establecimiento básico en el medio rural de nuestro país. E Impulsaremos su sostenimiento económico, con especial atención a aquellas que prestan sus servicios en municipios de menos de 1.000 habitantes.

2.7.7. Atención al mundo rural en la acción de gobierno y la legislación

  • Desarrollaremos el rural proofing, una “mirada rural” obligatoria en todas las leyes, los presupuestos y planes.
  • Actualizaremos la estrategia nacional frente al reto demográfico, para incluir los cambios que se han producido e impulsar la cohesión social en el territorio.
  • Impulsaremos la normativa específica y el régimen local de los pequeños municipios, en el marco del mecanismo rural de garantía.

2.7.8. Las mujeres como motor del desarrollo económico del medio rural

  • Desarrollaremos de forma completa la titularidad compartida de las explotaciones agrarias que permita visibilizar y reforzar el papel de las mujeres en la gestión y el trabajo de las explotaciones agrarias.
  • Fomentaremos las iniciativas de emprendimiento lideradas por mujeres de impacto social en el territorio a través del apoyo de un fondo de impacto social y dotar con 400 millones de euros de la adenda al Plan de Recuperación.
  • Impulsaremos programas de retorno del talento de mujeres, proyectos de mujeres para el emprendimiento verde y rural y de mejora de la igualdad.
  • Fomentaremos la participación de mujeres en puestos directivos de las cooperativas y otras entidades representativas con un fuerte arraigo en el medio rural.
  • Potenciaremos la red de aulas mentor que ha crecido en los últimos años un 79%, con el objetivo de que los habitantes del medio rural, especialmente, las mujeres, puedan acceder a una formación que les permita desarrollarse personal y laboralmente, mejorando su cualificación profesional y sus oportunidades de empleo en el marco de la doble transición climática y digital.

2.7.9. La juventud para un medio rural y un sector agroalimentario vivo y con futuro

  • Fomentaremos el relevo generacional en las explotaciones agrarias con el apoyo de más de 210 millones de euros al año para este objetivo.
  • Fomentaremos los laboratorios de innovación rural para promover la participación de jóvenes del sector agroalimentario y el medio rural en iniciativas innovadoras.
  • Reforzaremos la iniciativa del erasmus rural para favorecer el intercambio de experiencias y de conocimiento entre jóvenes en todo el territorio. Y apoyaremos ampliar esta experiencia a otros países de nuestro entorno.

3. Un ascensor social que garantice el bienestar y la igualdad de oportunidades para los jóvenes

El conocimiento es un factor clave en el desarrollo y crecimiento económico en una sociedad, y qué duda cabe que es un factor de mayor relevancia no solo para explicar sus causas, sino también sus efectos. Así pues, los procesos e instituciones por los que se producen, se crean, se adquieren y se desarrollan las competencias y capacidades para la ciudadanía, determinan las posibilidades y niveles de desarrollo social y económico, pero también las condiciones en las que las personas pueden disfrutar de dichos beneficios de dichos desarrollos y crecimiento. Además, la ciencia, la innovación y la creatividad son sectores y actores que pueden contribuir más desde una concertación de instituciones públicas y privadas y donde estas primeras pueden generar condiciones para un especial desarrollo y ejercer un papel emprendedor para la creación de valor.

Las dos pasadas legislaturas han inaugurado una nueva etapa de atención a los derechos de la juventud. Las personas jóvenes presentaban enormes vulnerabilidades en sus procesos de transición a la vida adulta, vinculadas a su precariedad laboral, su incapacidad de emanciparse o formar una familia. Para darles solución, el Gobierno socialista ha abordado un ambicioso programa de mejora de las condiciones de vida de los jóvenes en cuestiones cruciales para su bienestar material. Hemos actuado en las cuestiones más directas y de transformación inmediata, aprobado subidas sin precedentes del SMI, aumentándolo en casi un 50%, o una reforma laboral que ha hecho que pasemos de que solo 1 de cada 3 personas jóvenes tuvieran un contrato estable a que ahora sean 3 de cada 4. En materia de vivienda, el bono de alquiler joven, la ley de vivienda y el compromiso de alcanzar el 20% de vivienda pública son y serán claves para garantizar la emancipación de la población joven. Por otro lado, no podemos olvidar la inversión récord en becas (2.520M€), el bono cultural, la apuesta por un transporte público asequible, colocar la salud mental como una prioridad política o poner en marcha las primeras becas para jóvenes opositores.

El PSOE tiene un objetivo claro: asegurar por la vía de los hechos que las personas jóvenes no van a vivir peor que sus padres y que la sociedad española les ofrece un catálogo de medidas en favor de sus oportunidades y derechos acorde a su progresiva asunción de responsabilidades. Sin embargo, en España continuamos padeciendo una situación anómala: los jóvenes hasta los 30 años tienen una tasa de paro anormalmente alta y su edad de emancipación del hogar familiar es también anormalmente avanzada. Ambos aspectos son síntomas claros de una realidad: la juventud española necesita mayores oportunidades de empleo y mayores oportunidades de emancipación. Dar a la juventud española las oportunidades que se merece es uno de los grandes proyectos del PSOE en la nueva legislatura.

Así pues, derecho de acceso al conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su auténtica perspectiva de futuro sostenible para el conjunto de la sociedad y de desarrollo individual generalizado y justo en la participación de sus beneficios. La educación, la cultura, la ciencia y la investigación son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo. En ellas se basa la efectiva innovación, que tiene, a su vez, una profunda dimensión social.

Un programa de acción de gobierno que afronte semejante desafío ha de ser consciente de las causas y atender con realismo y eficacia las raíces con las que nutrir todo el sistema para que resulte efectivamente transformador. Se trata de una tarea colectiva que requiere participación y procedimientos claros y compartidos y seguir apostando por procesos de acuerdo. Se requiere estabilidad, legislativa y normativa, de objetivos y de recursos a largo plazo. Así lo ha hecho en esta legislatura el Gobierno socialista en materia de ciencia e innovación y en lo destinado en la educación y la FP.

La posibilidad de acceso al derecho a la educación mediante un sistema público y el desarrollo cultural son la base de una sociedad equitativa, con igualdad de oportunidades y con posibilidades para lograr una verdadera calidad, que no se reduzca a determinados resultados en la adquisición de conocimientos, por otra parte, imprescindibles. La educación, como señalaba Jaques Delors, “encierra un tesoro y este es que constituye el derecho que hace posible el resto de los derechos”. Y este proceso es más significativo en el mundo del siglo XXI donde el conocimiento es el punto de apoyo de su propio desarrollo y evolución. La empleabilidad y la preparación para el ejercicio profesional precisan de una formación consistente y versátil, pero no es un mero aprendizaje técnico. Se trata de derechos decisivos para el pleno ejercicio de la ciudadanía que han de garantizarse desde la primera infancia. Esto implica, a su vez, tener al alcance recursos y las mismas oportunidades de aprendizaje con independencia de sus condiciones socioeconómicas y culturales de partida.

Todos los análisis internacionales nos muestran que hay una correlación entre la inversión en conocimiento y el desarrollo social y económico de los países. España ha iniciado el giro hacia una sociedad del conocimiento, hacia la innovación, hacia el incremento de la productividad y hacia la generación de valor añadido, que solo se puede sostener sobre la base de una participación activa del recurso más importante con el que cuenta una sociedad: un capital humano formado, con iniciativa, productivo y capaz de contribuir activamente al proceso de transformación económica y social que necesita España.

Los centros de investigación, y muy singularmente las universidades, constituyen una referencia decisiva y son el verdadero horizonte del progreso social y económico a través de la generación y la transferencia del conocimiento, y es preciso articular estrategias que definan la singularidad en sus entornos geográficos y sociales y lograr en torno a ellos polos de mejora en todos los sentidos.

Los socialistas concebimos la educación, la ciencia y la cultura como vértebras constitutivas de una sociedad equilibrada, con posibilidades y justa, y aportamos compromisos específicos para lograrlo. No cabe hablar de una nueva economía que no sea una economía del conocimiento y que no tenga en su núcleo la formación, la innovación y la creatividad. Ofrecemos, por ello, los cauces y las medidas para lograrlo y lo hacemos con una perspectiva acorde con los retos europeos establecidos para las próximas décadas ante retos de tanta trascendencia como es la digitalización, la lucha contra el cambio climático y el incremento de la longevidad.

El acceso educación de calidad para todos es parte indispensable del Estado del Bienestar, es un derecho esencial en un sistema democrático y ha demostrado ser uno de los mecanismos más eficaces para promover la igualdad. Estas son razones consolidadas que hacen de la educación un asunto central de los programas socialistas.

La educación constituye un elemento indispensable para construir un modelo social de cohesión, desarrollo sostenible y contribuir al derecho de cada individuo a lograr su proyecto de vida personal. Es, por tanto, una de las piezas indispensables para asegurar el actual Estado de Bienestar actual y también el futuro.

Para que sea en efecto así es preciso que el conocimiento se sitúe en la escala de valores como un factor decisivo que ha de ampararse asimismo con los compromisos y los recursos necesarios. Y más aún, de una autentica participación social en la ciencia, su divulgación y su papel determinante para la toma de decisiones políticas. La ciencia debe ser un pilar esencial de la toma de decisiones políticas y no debemos renunciar a que forme parte de un bien social, la ciencia pública.

En la cultura residen dos dimensiones complementarias entre sí, como ocurre con las dos caras de una moneda, sin la una no hay la otra. La cultura es un servicio público y también es una industria. Esta sencilla pero potente premisa permite utilizar su enorme potencial para contribuir al bienestar, la libertad y la convivencia. En definitiva, un virtuoso desarrollo de ambas dimensiones de la cultura serán garantía de progreso.

Los socialistas tenemos en nuestro ADN la conciencia de la importancia y trascendencia emancipadora que el derecho de acceso a la cultura tiene para los hombres y mujeres.

En cada momento que el socialismo ha tenido oportunidad, y desde su acción de Gobierno, ha dado pasos trascendentales para el avance de la cultura. Conscientes de su enorme efecto y su importancia, supuso un elemento central de la construcción de la sociedad democrática desarrollada en los años ochenta, cuando estaba todo por hacer, desterrando la idea de que la cultura era producto de unas élites para sí mismas y que era un fruto solo para iniciados por mor del privilegio y la selección social. Somos testigos de que aquellos avances fueron muy importantes y hoy defendemos con claridad que el derecho de acceso a la cultura es parte del catálogo de derechos de Estado de Bienestar de las personas, idea que gracias a la Declaración de Florencia ha calado ya en el conjunto de las instituciones y que el confinamiento por la COVID-19, ha puesta con más fuerza de manifiesto.

El siglo XXI ha traído avances y nuevas perspectivas para la política cultural y su papel en el desarrollo de la sociedad. Los socialistas hemos puesto también el acento en la oportunidad que constituye esta segunda dimensión de la cultura como recurso, como sector económico de enorme trascendencia y que puede ser determinante para la creación de empleo y contribuir decisivamente a la consolidación de un modelo sostenible de alto valor añadido para nuestro proyecto de desarrollo económico.

El conocimiento y la efectiva oferta de oportunidades es la clave que puede hacer posible para nuestra juventud un futuro próspero y de avance en el bienestar en sus vidas. La apuesta por hacer de ello un elemento central en el desarrollo de España, y garantizar participar de este desarrollo, es lo que permitirá garantizar su derecho a desarrollar su proyecto de vida con plenitud.

POR UNA EDUCACIÓN EXCELENTE Y EQUITATIVA A LO LARGO DE LA VIDA La herramienta más importante para avanzar en igualdad y en la construcción de una ciudadanía responsable y exigente es la educación pública. Además de la función de “ascensor social” y de instrumento para lograr el empoderamiento individual, una educación inclusiva y de calidad es imprescindible para garantizar un progreso económico basado en el conocimiento, y consolidar una democracia basada en los principios de convivencia, cooperación, solidaridad o participación.

La educación es el pilar fundamental para una sociedad culta, libre y crítica, que tenga confianza en sí misma y en su futuro. Además, es un factor decisivo para la cohesión social y para el desarrollo personal, para que todos y todas nos enriquezcamos. Nuestro sistema educativo debe afrontar nuevos desafíos para universalizar una educación de excelencia que eleve, sin que nadie se quede atrás, el nivel cultural y de cualificación y garantice la empleabilidad a lo largo de la vida.

El Gobierno socialista ha logrado transformar y modernizar la educación española, pasando de la política del recorte y la involución a la política educativa de la inversión, la innovación, la excelencia y la equidad. El último presupuesto de Mariano Rajoy se situó en 2.525 M€, el presupuesto de educación ha alcanzado en el 2023 los 6.408 M€, un 254% más.

La última legislatura ha supuesto un avance histórico en igualdad de oportunidades con el récord en recursos y beneficiarios para becas: 2.500 M€ para más de un millón de estudiantes, y se han creado programas de cooperación territorial para ampliar la educación infantil 0-3, mejorar resultados educativos, para ampliar la oferta de formación profesional, reforzar la inclusión o avanzar en bienestar emocional.

La escuela pública tiene un papel esencial para garantizar el derecho a la educación y ser ante todo una escuela de las oportunidades y de excelencia; una escuela justa, no segregada, comprometida con la compensación de las desigualdades socioeconómicas y de acceso al conocimiento, con los mejores recursos materiales y humanos para asegurar la máxima equidad y reducir al mínimo el abandono escolar; el objetivo es seguir avanzando hacia una educación inclusiva e integradora que proteja el bienestar emocional del alumnado, con atención a las necesidades individuales de cada uno. Por eso reforzaremos el servicio público de la educación, constituido por centros y escuelas públicas inclusivas, protegiéndolo frente a la tendencia segregadora, que impulsan otros partidos políticos.

3.1. Por una educación excelente y equitativa a lo largo de la vida

3.1.1. Más y mejores oportunidades educativas

  • Ampliaremos el derecho a la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, universalizando la escolarización de 0 a 18 años, no mediante la obligatoriedad sino promoviendo de forma gradual una oferta suficiente de plazas públicas gratuitas, tanto de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, como de formación profesional, junto a un esquema de garantía formativa 16-18 que ayude a reducir el abandono temprano y refuerce la igualdad de oportunidades en las zonas rurales y en los barrios urbanos más vulnerables.
  • Prestaremos una atención especial a la protección y apoyo a la escuela rural, flexibilizando los criterios generales del sistema educativo, para priorizar su continuidad en los pueblos más pequeños y facilitar el mejor desempeño de la actividad docente en las circunstancias específicas de los entornos menos poblados.
  • Reforzamos la equidad y la mejora de resultados educativos con programas de refuerzo y apoyo educativo en horario extraescolar y unidades de acompañamiento para acabar con el riesgo de absentismo, fracaso escolar, repetición, y abandono temprano de la educación. Más recursos y formación específicos para afrontar con éxito la respuesta educativa. Además, destinaremos más recursos a los departamentos de orientación de los centros de complejidad social. Reforzaremos los Departamentos de orientación con profesorado de Servicios a la Comunidad en centros de complejidad social. Mejoramos la formación en lengua extranjera. Crearemos una línea de becas y ayudas destinadas a un nuevo Programa de intercambio internacional para el alumnado de Bachillerato y FP de Grado Medio. Fomentaremos la participación en proyectos de movilidad y la internacionalización del alumnado y profesorado.
  • De la alfabetización digital a la programación y pensamiento computacional. reforzaremos el programa Código Escuela 4.0 para la formación de alumnos y profesores en robótica y programación, con atención a los desarrollos de la inteligencia artificial, al tiempo que se refuerzan los programas del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.
  • Fomentaremos en colaboración con los ayuntamientos, la pacificación de los entornos escolares, ciudades seguras para la infancia y rutas escolares saludables, que prioricen la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar como forma de potenciar la autonomía del alumnado, la lucha contra el sedentarismo y contribuyan a reducir el C02.
  • Nuestro compromiso electoral es dar un salto cualitativo, afianzar un rol de corresponsabilidad y lograr que los municipios se conviertan en territorios educadores trabajando en red con todos los agentes implicados en lograr un modelo educativo participativo, democrático y más innovador.
  • El momento de las enseñanzas artísticas. nos comprometemos con una ley específica de Ordenación de las Enseñanzas Artísticas, que regule la especificidad de estas enseñanzas, los criterios de acceso, sus fines académicos, la autonomía de los centros, el régimen del profesorado, la investigación en las artes y la titulación.
  • Siempre hay tiempo para volver a estudiar. reforzaremos la educación de adultos, asegurando el acceso a esta formación y la educación a lo largo de la vida. Nuestro objetivo es acabar con la brecha digital y lograr que la educación de adultos sea una formación intergeneracional y relevante, flexible, diversa, de calidad, con aplicabilidad y que tenga un acompañamiento continuado.

3.1.2. Una escuela que protege el bienestar emocional de sus alumnos

  • Tolerancia 0 ante el acoso. la escuela debe ser un lugar para la convivencia, la tolerancia y la prevención de la discriminación. Por ello, reforzaremos los contenidos educativos orientados a la mejora de la convivencia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos. Abordaremos con especial atención todos aquellos aspectos que, en colaboración con la comunidad escolar, especialmente las familias, organizaciones y municipios, permitan prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación y atender a sus víctimas.
  • Reforzaremos el observatorio estatal para la convivencia con protocolos y medidas destinadas a prevenir y solventar los problemas de acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones, con las garantías para el alumno afectado y seguir impulsando estudios generales del estado de la convivencia en centros de educación primaria y secundaria, para realizar propuestas de mejora basadas en la evidencia científica.
  • Impulsaremos estructuras organizativas especializadas en convivencia desde modelos de gestión restaurativa de los conflictos incorporando los Programas de Alumnos Ayudantes y de Mediación escolar en los centros educativos.
  • Incorporaremos al observatorio de convivencia el cuidado del bienestar de la comunidad Educativa, con actuaciones encaminadas a la recogida de información y análisis de la situación del bienestar emocional y de elaboración de propuestas para prevenir problemas de salud mental y para la mejora del bienestar, con representantes de todos los sectores (educación, sanidad, servicios sociales, ayuntamientos...) impulsando la figura del coordinador de bienestar y seguridad en todos los centros educativos.
  • Refuerzo de la presencia de especialistas en salud mental y coordinación con el sistema sanitario.

3.1.3. El centro educativo. un espacio exigente y excelente de aprendizaje ante los retos de nuestra sociedad

  • Impulsaremos una bajada de ratio en aquellos centros que presenten un proyecto de mejora. El objetivo es que los alumnos aprendan más y en mejores condiciones, escalonando la bajada de ratios con criterios de equidad y de innovación transformadora del propio centro. Con el objetivo de: facilitar las transiciones entre etapas y elevar el éxito escolar, y promover desdobles de refuerzo en Primaria y ESO hacia la excelencia y el alto rendimiento educativo.
  • Avanzaremos hacia una educación inclusiva en la que los centros ordinarios cuenten con recursos y medios para atender a los alumnos con necesidades especiales por razones de discapacidad, respetando siempre la decisión familiar cuando consideren que es mejor la opción de un centro de educación especial.
  • Promoveremos sistemas de información compartida para analizar los factores que afectan a la educación de manera más comprehensiva y fortalecer las oportunidades para integrar y procesar datos de múltiples fuentes, incluyendo en un mismo marco analítico los resultados de aprendizaje, las características de las escuelas, el territorio, y las características socioeconómicas de los hogares.
  • Promoveremos mejoras en las condiciones de los centros (climatización, renaturalización de los patios, adaptación de los espacios a los nuevos métodos pedagógicos).
  • Fomentaremos desde las etapas más tempranas la creatividad, el gusto por aprender y de emprender, las vocaciones científicas y tecnológicas (en las que nuestro país tiene déficit actualmente), y lo haremos especialmente entre niñas y mujeres para superar prejuicios y barreras invisibles que están limitando su acceso a estos estudios y profesiones; así como el uso crítico de Internet y de las redes sociales, fomentando siempre unas pautas de actuación basadas en la ética y los valores compartidos de convivencia y solidaridad.
  • Impulsaremos programas de fomento y estímulo de la lectura para mejorar la competencia y comprensión lectora del alumnado, capacitar para la búsqueda, análisis y procesamiento crítico de la información recibida en diferentes tipos de soportes, elaborar sus propios mensajes y desenvolverse con éxito en la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento.
  • Reforzaremos la educación matemática, con proyectos y ejemplificaciones para el aula destinadas a mejorar los resultados académicos y cambiar las prácticas de aula, incorporando el aprendizaje competencial de las matemáticas con diversos recursos pedagógicos y a través de actividades de formación del profesorado.
  • Apoyaremos proyectos de centro que promuevan la música, el deporte y la sostenibilidad ambiental.
  • Colaboraremos con las ccaa en el impulso de la educación ambiental y para la sostenibilidad (EAS) a través de la formación inicial y permanente del profesorado, promoviendo la concienciación medioambiental.
  • Crearemos premios nacionales de educación ambiental y para la sostenibilidad (eas), fomentando la participación del alumnado y el profesorado en proyectos medioambientales, de lucha contra el cambio climático y que aborden situaciones de aprendizaje ecosocial.
  • Digitalización con paso decidido y seguro. impulsaremos el uso de plataformas de gestión y comunicación con toda la comunidad educativa, la mejora de los procesos de colaboración entre el profesorado a través de la red y las oportunidades de participación del alumnado para una transformación digital más democrática, abierta y centrada en el aprendizaje, el bienestar y los cuidados de toda la comunidad educativa.
  • Promoveremos la creación de materiales para extender una digitalización asentada en sólidas bases de conocimiento y competencia mediante Planes de desarrollo interdisciplinar STEAM (Ciencias, Tecnologías, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
  • A fin de incorporar el pensamiento computacional y la inteligencia artificial en la práctica docente, impulsaremos la colaboración con las Comunidades Autónomas para crear y ofrecer recursos educativos abiertos, formación, acompañamiento y evidencias de impacto en las prácticas educativas y en el aprendizaje del alumnado, a través de actividades de programación y robótica.
  • Impulsaremos la cooperación internacional virtual a través de plataformas, hermanamiento electrónico, desarrollo de redes presenciales para enriquecer las experiencias de aprendizaje en los centros escolares y desarrollar las competencias plurilingües de profesores y alumnos.
  • Innovamos en la eso y bachillerato introduciendo proyectos motivadores y de innovación en los centros que incorporen elementos profesionales en la ESO y el bachillerato desde la capilaridad de la Formación Profesional.
  • Educación para la salud en todas sus dimensiones; hábitos de higiene y alimentación, programas contra el sedentarismo y la obesidad, y por el cuidado de la salud mental son clave para el bienestar del alumnado.
  • Educación afectivo-sexual como barrera ante el acceso a contenidos pornográficos que fomentan la violencia de género y atentan contra la dignidad de las personas, o el uso irresponsable de redes sociales que ponen en riesgo la integridad física y emocional.
  • Promoveremos la educación emocional en el currículum y la extensión de planes de bienestar emocional en todas las etapas educativas y en todos los centros para formar parte de la Programación General Anual, para prevenir problemas de salud mental y mejorar el bienestar emocional entre niños, niñas y jóvenes.
  • Crearemos un instituto de desarrollo curricular con el fin de estudiar la modernización y la actualización permanente del currículo básico, de modo que garantice una formación integral, para adquirir las competencias necesarias ante los cambios sociales, ambientales y tecnológicos, desde una posición profesional e independiente, y con participación de la comunidad educativa.
  • Combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión

3.1.4. Docentes motivados, formados y ampliamente reconocidos para alcanzar la excelencia educativa

  • La profesión docente es cada vez más compleja y los entornos en los que trabaja el profesorado plantean cada vez más retos y desafíos, que implican nuevas competencias profesionales y más carga administrativa. Por ello, diseñaremos e implementaremos, en coordinación con las CCAA, la nueva carrera docente y aprobaremos el Estatuto del Docente.
  • Menos burocracia para los y las docentes. promoveremos la generalización de los medios tecnológicos adecuados para agilizar la tramitación de la documentación pedagógica y administrativa, simplificar los documentos de carácter pedagógico e institucional de los centros, evitando duplicidades o documentación innecesaria, optimizar los procedimientos y eliminar procesos innecesarios.
  • Ningún sistema educativo es mejor que su profesorado; el mejor sistema educativo necesita a los mejores profesores. Aspiramos a que nuestro sistema educativo cuente con mejores resultados y para ello necesitamos seguir impulsando un cuerpo docente de gran calidad. Equipararemos progresivamente los niveles profesionales entre los distintos cuerpos docentes.
  • Reformaremos la formación inicial- basada en el aprendizaje en la práctica-, el Prácticum en el Máster Universitario en Formación del Profesorado, la formación permanente y el desarrollo profesional docente.
  • Más formación del profesorado en los nuevos currículos y su carácter competencial, en la educación inclusiva, la Agenda 2030 y en sostenibilidad, en materia de acoso y malos tratos y de prevención, detección y actuación frente a la violencia contra la infancia y en igualdad.
  • Impulsaremos la codocencia como innovación educativa en los colegios e institutos que tengan una escolarización diversificada y plural por encima de la media.
  • Promoveremos la enseñanza y evaluación en entornos virtuales, la formación en competencias digitales y las metodologías activas y colaborativas, con el objetivo de favorecer un enfoque interdisciplinar y globalizado y facilitar la docencia por ámbitos desde una perspectiva competencial.
  • Daremos formación al profesorado en igualdad y educación afectivo sexual para que se introduzca en todas las etapas educativas y para todo el alumnado.
  • Diseñaremos un plan de formación inicial y continua del profesorado en lengua extranjera y didáctica específica de las asignaturas impartidas en lengua extranjera.
  • Hemos reducido significativamente el número de interinos en la educación pública y ahora es el momento de promover una modificación de los sistemas de acceso y procesos de selección para identificar los docentes más idóneos que acceden a la función pública.
  • Reconoceremos el buen desarrollo profesional docente con el respaldo y compromiso de la administración a través de mayores posibilidades de acceso a los distintos puestos de trabajo propios de la función docente; y con la mejora de las condiciones de trabajo, con especial énfasis en las nuevas formas de organizar y ejercer la enseñanza: adecuación de horarios.
  • Reforzaremos la inversión en la investigación educativa, haciendo que el i+d educativo llegue al profesorado a través de la formación inicial y continua, y mejore los aprendizajes del alumnado.

3.1.5. Un sistema educativo con nuevos servicios, más justo, participativo, que no se desentiende de la desigualdad social

  • Para facilitar la conciliación familiar, para evitar que la educación en la sombra genere desigualdad, para impulsar la escuela pública y cumplir con la función social de la educación, crearemos un Programa de conciliación en el ámbito escolar. Un programa de cooperación territorial que facilite una oferta gratuita de actividades extraescolares y refuerzo educativo en los centros públicos (refuerzos, talleres de lectura, manualidades, actividades deportivas, culturales, etcétera), con la implicación y colaboración mediante convenios con las distintas administraciones.
  • Ayudas para comedor, ampliación del horario de apertura de los centros, actividades educativas extraescolares, acceso a dispositivos informáticos, entre otras acciones, servirán para una jornada escolar extendida beneficiosa para los alumnos, las familias y los docentes. Y para la que se reforzará la implicación y colaboración de los ayuntamientos.
  • Apoyaremos programas intergeneracionales centrados en la convivencia y valores cívicos, en colaboración con los ayuntamientos.
  • Impulsaremos el programa de gratuidad de libros de texto y ayudas para material escolar para apoyar la inversión de las familias, en colaboración con las CCAA.
  • Seguiremos reforzando el sistema de becas para que ningún alumno o alumna se vea forzado a renunciar por falta de medios económicos. Aumentaremos la dotación de las becas en algunos conceptos e incorporaremos nuevas becas para colectivos con necesidades específicas, alumnado de centros de 2a oportunidad, alumnado que realice las pruebas de acceso a la universidad (exención de las tasas), y regulación de las cuantías de los distintos componentes de la beca (eliminación de la cuantía variable).
  • Crearemos el observatorio de la equidad educativa con el objetivo de dotar al sistema educativo de un instrumento de análisis, seguimiento y evaluación de la equidad educativa a fin de medir y conocer el estado de la equidad en cada una de las enseñanzas, así como el impacto que para conseguir dicho objetivo tienen las becas y ayudas al estudio y los programas de las administraciones educativas que favorecen la equidad y la escolarización equilibrada.

3.1.6. Un sistema educativo democrático y con más servicios

La educación en valores constituye la base fundamental para el ejercicio crítico y responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las personas. En el primer caso, proporciona las herramientas para que el alumnado adopte un compromiso activo y autónomo con los valores, principios y normas que articulan la convivencia democrática. En el segundo, contribuye a la formación intelectual, moral y emocional necesaria para que niños y niñas emprendan una reflexión personal en torno a los grandes retos y problemas que constituyen nuestro presente. La LOMLOE ha supuesto un avance en el ámbito de la formación cívica y en el papel que desempeña el sistema educativo en una formación integral del alumno en los principios constitucionales, los valores que inspiran y marcan la Unión Europea y su importancia para su pleno desarrollo como ciudadanos.

El PSOE está comprometido con la idea de que el sistema educativo puede contribuir decisivamente a la participación activa y razonada, a la interacción respetuosa y cooperativa, a la libre expresión de ideas, al pensamiento crítico y autónomo, a la consideración de las normas y valores comunes, a la mediación y resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles, a la gestión asertiva de las emociones y las relaciones afectivas con los demás y con el medio, de forma que, a través de todo ello, se promueva el desarrollo de una ciudadanía global y comprometida con los retos del siglo XXI.

Existe un sólido consenso político entre las instituciones de la Unión Europea sobre la necesidad de reforzar la educación cívica. Consideramos que este es un camino que gana cada vez más relevancia, haciendo una necesidad el promover acciones en favor de la convivencia, los valores de pluralidad y de lucha contra el populismo y la manipulación en el debate público. Preparar a nuestra juventud para ser personas competentes y preparadas para la ciudadanía del siglo XXI.
  • Apoyaremos programas intergeneracionales centrados en la convivencia y valores cívicos, en colaboración con los ayuntamientos.
  • La participación es democracia. impulsaremos el funcionamiento de los distintos órganos de participación de la comunidad educativa, incluyendo su actualización y reforma, y reforzando el papel activo de los ayuntamientos en la relación con sus centros educativos.
  • Reforzaremos la participación del alumnado en la educación para la ciudadanía democrática. Desarrollaremos canales de escucha a la infancia y fomentaremos pedagogías activas en el marco de la educación para la participación.
  • El criterio para la veracidad en el juego político es una de nuestras prioridades. Los socialistas nos comprometemos con su refuerzo para garantizar futuros ciudadanos y ciudadanas responsables e implicados en el buen funcionamiento de la democracia y en la defensa de los derechos humanos.
  • En el marco de la presidencia de turno de la presidencia del Consejo de la UE, España impulsará, de manera especial, el fortalecimiento de los valores europeos y la ciudadanía democrática. A esta línea de impulso se suma el apoyo a las mejores políticas, el acceso y la calidad en la educación digital y, en especial, la promoción de las vocaciones STEM entre las niñas.
  • Reforzaremos de manera activa la formación cívica en el marco del desarrollo escolar y en promover actividades extracurriculares vinculadas a estos objetivos mediante las escuelas de ciudadanía.

3.2. Formación profesional, un proyecto intergeneracional para un futuro inclusivo

3.2.1. Formación profesional como proyecto de éxito , con una oferta formativa adaptada a las necesidades del mercado laboral, y a las de cada persona y cada empresa

Para garantizar el bienestar individual y colectivo hemos de disponer como país de personas muy bien formadas que puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento y generación de empleos.

El reto ante la economía del siglo XXI, determinante para el futuro económico, el crecimiento y la generación de empleo, es poner a disposición de todas las personas, juventud, mujeres y hombres trabajadores y empresas, una formación profesional que les permita optar, en cualquier momento y con la máxima facilidad, a una formación y actualización permanente a lo largo de toda la vida profesional.

Hemos conseguido la confianza y el prestigio social del nuevo sistema de formación profesional, como una opción de éxito para la juventud, una necesidad para todos los trabajadores y trabajadoras, y el reconocimiento de las empresas.

Es uno de los proyectos más prometedores como país, garantizar el futuro de los jóvenes y su incorporación al mercado laboral. Una juventud con oportunidades de formación y de empleo, de desarrollo personal y profesional, de talento y con proyecto vital. Apenas existe desempleo entre los jóvenes con titulaciones de formación profesional. Por eso, la formación profesional ya no puede ser un itinerario secundario, sino un camino normalizado de éxito. Un itinerario lleno de “paradas”, que permite a cada cual detenerse en su formación allá donde considere y retomarla en cualquier momento de su vida laboral.

Más allá de esto, el sistema educativo deberá progresivamente ir avanzando hacia una perspectiva moderna, en que los itinerarios académicos y profesionales sean permeables, y donde los itinerarios académicos de bachillerato incorporen retos y elementos profesionalizadores.

La concepción de la formación del pasado siglo ha quedado desfasada. Ya no hablamos de formación asociada solo al periodo de la juventud. La formación y cualificación profesional ha dejado de ser una elección para convertirse en parte de la cultura de los trabajadores y trabajadoras, imprescindible para actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias. Debemos garantizar que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, encuentre la formación que necesita para encontrar un empleo, mantenerlo o mejorar su posición.

Contamos con un modelo de formación profesional nuevo y ambicioso, que ha reunido el apoyo de estudiantes y trabajadores, organizaciones empresariales y sindicales, empresas, centros y profesorado. Un modelo al servicio de múltiples objetivos: de una juventud con talento, oportunidades y futuro; del mantenimiento del empleo por parte de los trabajadores; de la transformación de los sectores productivos en plena transición digital y verde que nos sitúe en un lugar privilegiado en el nuevo ecosistema económico; del ascenso de los niveles formativos, reduciendo el abandono educativo temprano; y, por último, al servicio de un modelo poblacional más equilibrado, con oportunidades formativas y de empleo también en zonas con menor población, promoviendo las oportunidades que la deslocalización internacional están abriendo.
  • Con nuevas titulaciones asociadas a los nuevos perfiles profesionales emergentes que reclama la economía, la sostenibilidad medioambiental y la digitalización, en colaboración constante con las empresas, y con empleabilidad del 100% en el mercado laboral.
  • Asegurando la formación en sectores tradicionales, poniendo en valor la importancia de estas profesiones y su alto valor para nuestra sociedad.
  • Desarrollando formaciones intermedias y cortas (microformaciones) que hagan accesible la formación a cualquier persona, pudiéndola compaginar con otras actividades.
  • Con programas actualizados que incluyan periodos de formación en empresas de calidad y al servicio del estudiante.
  • Fomentando la internacionalización de los estudios de formación profesional a través de la movilidad del alumnado y profesorado en programas europeos.
  • Con ofertas “a la carta” para las empresas, según sus necesidades de actualización de sus plantillas.
  • Ayudas para las empresas que colaboren en formación profesional dual, especialmente cuando se trate de fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas, así como las microempresas.
  • Ayudas de transporte para estudiantes de fp cursando ciclos formativos o cursos de especialización con centro alejado en más de 20 kms de su domicilio, cuando no exista una oferta más próxima.
  • Alianza por la formación profesional dual, que garantice la apertura y la participación de las empresas con la formación profesional de la juventud y de sus trabajadores y trabajadoras, también las pymes y en las zonas en riesgo de despoblación.
    • Con unidades dinamizadoras de fp dual en los entornos empresariales, que faciliten la relación entre centros y empresas.
    • Creación de hubs de colaboración público-privada, entre la administración y las empresas de los sectores que mayor empleo generan, para facilitar la cualificación y las habilidades digitales y verdes en todos los sectores y permitir el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad.
  • Formación para 3 millones de personas en formación profesional cada año, de los cuales 1.400.000 serán jóvenes matriculados en formación profesional del sistema educativo, y 1.600.000 trabajadoras y trabajadores ocupados o desempleados.
    • Aumento de plazas públicas para estudiantes de formación profesional, garantizando la diversificación de la oferta pública y el ajuste con las demandas del mercado laboral.
    • Refuerzo de los planes de formación profesional de trabajadoras y trabajadores, ocupados y desempleados, ofreciendo itinerarios que faciliten el mantenimiento del empleo, la mejora en el mismo, o el tránsito entre sectores productivos.
    • Formación gratuita y permanente en digitalización a todos los niveles y para todas las personas.
    • Refuerzo de la oferta de formación profesional en entornos rurales e insulares, implantando ciclos formativos y certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales.
    • Creación de programas específicos de formación profesional para dar respuesta a personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de inserción laboral por cualquier razón.
    • Planes contra la brecha de género y los estereotipos asociados a los sectores industriales, tecnológicos y digitales, para incrementar el talento femenino en estos ámbitos.
  • Acreditación a todos los trabajadores y trabajadoras de las competencias profesionales que cada persona haya adquirido en el desempeño de su puesto de trabajo.
  • Despliegue masivo con un mecanismo sencillo, público, gratuito y permanente, con presencia y colaboración de los interlocutores sociales, los agentes económicos y los gobiernos municipales.
  • Un nuevo derecho de la ciudadanía: la orientación profesional de jóvenes y trabajadores y trabajadoras, para diseñar sus itinerarios formativos y profesionales.
  • Orientación hacia la empleabilidad y movilidad intersectorial de los trabajadores y trabajadoras provenientes de empleos en transformación de cualquier sector, en particular desde los sectores en transición a la economía sostenible, incluyendo su formación y recualificación.
  • Unidades de orientación profesional dependientes de ayuntamientos, que aproximen el servicio de orientación profesional a toda la ciudadanía.
  • Conversión de los centros de formación profesional en centros del siglo xxi, en línea con la creación de la red de centros de excelencia en Formación Profesional.
    • Compaginando la formación con el desarrollo de proyectos de innovación e investigación aplicada y conjunta entre centros de formación profesional, empresas, organismos y entidades, a través de proyectos que promuevan la trasferencia de conocimiento entre centros y la movilidad nacional e internacional.
    • Equipándolos de recursos tecnológicos que revolucionen la formación como la realidad virtual, gemelos digitales y simuladores.
    • Apoyando la implantación de metodologías activas próximas a la realidad profesional.
    • Integrando la formación a jóvenes y las ofertas para personas trabajadoras, ocupadas o desempleadas.
    • Dando estabilidad a los centros autorizados para impartir formación profesional.
    • Impulsando el emprendimiento y la creación de viveros de empresas, fomentando entornos generadores de tejido empresarial alrededor de los centros de formación profesional y apoyando el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
3.2.2. Compromiso con los docentes de formación profesional
  • Dedicación horaria del profesorado para proyectos de innovación e investigación aplicada, y el diseño y participación en proyectos con empresas.
  • Generalizando las estancias en empresas y la formación de alta especialización en cada sector productivo para el profesorado, así como la participación en proyectos de innovación como parte de su horario.
  • Actualización y formación permanente del profesorado de formación profesional en digitalización, sostenibilidad y tecnologías emergentes aplicadas a cada sector productivo.
  • Favoreciendo la estabilidad de los formadores que imparten ofertas de formación profesional para personas trabajadoras en centros y entidades autorizadas.

3.3. Ciencia, innovación y universidad

3.3.1. Universidad: una universidad pública para la transformación y el progreso de lasociedad

Las universidades juegan un papel fundamental como ascensor social y para lavertebración del territorio. Son agentes transformadores de la sociedad y base fundamental del progreso en una sociedad basada en el conocimiento. El modelo que defiende el PSOE es el de una universidad pública sustentada en los valores de igualdad, inclusión y sostenibilidad. Para que eso se cumpla, el Partido Socialista está firmemente comprometido con el aumento progresivo de la financiación estable de sus universidades, con la estabilización de sus plantillas, con el acceso a la educación superior del estudiantado en igualdad de condiciones, con la búsqueda de la internacionalización de las universidades y con la atracción y captación de talento. Las políticas de los gobiernos del PP (2011-2018) redujeron notablemente el número de becas y endurecieron sus requisitos de obtención, generando bolsas de precariedad por la imposibilidad de convocar plazas de profesorado, aumentaron las tasas universitarias y ahogaron a las Universidades públicas por falta de financiación pública.

Desde que el PSOE llegó al Gobierno en 2018, ha desplegado una política universitaria de recuperación de derechos que tiene su mejor ejemplo en la política de becas. Las partidas destinadas a becas universitarias han alcanzado los mayores niveles de nuestra historia reciente, siendo 2023 el año con mayor inversión pública en ayudas al estudio. Se consolida la beca como un derecho subjetivo, vinculada a la situación socioeconómica del estudiante buscando la equidad del sistema. Por otro lado, la política en materia de tasas universitarias emprendida por el Gobierno socialista ha permitido bajar las tasas universitarias, disparadas por las recetas conservadoras aplicadas a la universidad. Para el desarrollo de estas políticas el Gobierno de España ha contado con la alianza e implicación de las Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas que consiguieron amortiguar parte de las políticas de recortes de los conservadores, con medidas como la congelación de las tasas universitarias.

Además, la recientemente aprobada nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario refuerza la financiación pública de las universidades, la reducción de la precariedad, la formación a lo largo de la vida para adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad, el impulso de la movilidad internacional del estudiantado; una carrera académica más predecible, más corta y más estable y más autonomía en la gobernanza universitaria, así como la participación del estudiantado en los órganos de gobierno de la universidad.

Apostamos por una universidad pública y de calidad, independientemente del lugar donde vivan los estudiantes y de los recursos económicos de sus familias.
  • Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio y estableceremos la gratuidad de los estudios universitarios y de FP superior para aquellos alumnos que vayan aprobando las asignaturas a la primera, mediante un sistema de crédito ETC aprobado a la primera = crédito ETC que será gratuito en el siguiente curso. Seguiremos mejorando en cuantías y cantidad los presupuestos, ampliando las necesidades para movilidad y estancias en el extranjero, incluido el programa Erasmus
  • Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio e impulsaremos la reducción de tasas universitarias para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
  • Reforzaremos las convocatorias de empleo público para renovar las plantillas y reducir la precariedad y la temporalidad laboral del personal universitario.
  • Pondremos en marcha un registro único de todas las convocatorias para promover la transparencia y la atracción y retorno de profesorado en el extranjero.
  • Actualizaremos los procesos de acreditación y acceso del personal docente e investigador, potenciando su simplificación y la agilización de los plazos.
  • Impulsaremos la modernización de las infraestructuras de los campus universitarios y los centros de investigación y fomentaremos la internacionalización en materia de investigación y docencia.
  • Seguiremos impulsando las unidades de igualdad y diversidad en las universidades españolas para avanzar en igualdad real entre hombres y mujeres y en el respeto e integración de la diversidad en la universidad, con especial foco en abordar y prevenir los casos de acoso en el entorno laboral académico.
  • Velaremos por que las universidades privadas cumplan con los criterios de acreditación que aseguran la calidad educativa de estos centros y su dedicación a la investigación.
  • Impulsaremos el trabajo de las administraciones públicas y las empresas con las universidades para fortalecer un sistema de formación permanente a lo largo de la vida.
  • Aceleraremos la puesta en marcha un programa de cátedras y becas universidad-industria para potenciar el talento en España en sectores de alta tecnología (IA, semiconductores).
  • Agilizaremos y reduciremos la burocracia de los sistemas de reconocimiento y certificación de títulos, con el fin de disponer de herramientas digitales, robotizar los procesos y tener mecanismos casi automáticos para los títulos europeos, alineando el sistema con los más eficientes a nivel internacional.

3.3.2. Ciencia e innovación al servicio del bienestar de las personas

Las sucesivas crisis de estos últimos años han mostrado la importancia de la ciencia para afrontar pandemias o crisis energéticas, así como su papel estratégico en el bienestar actual y futuro del país. Por ello, resulta esencial otorgar un protagonismo a la ciencia en el desarrollo social, en la toma de decisiones políticas y económicas, así como el aumento de la inversión en ciencia e innovación.

Los Gobiernos del Partido Popular deterioraron notablemente el sistema de I+D+I, en especial el sistema público de ciencia. Entre 2010 y 2015, descendió la financiación estatal en más del 30%, siendo el país de la UE que más recortó en este ámbito, a lo que se sumó en un claro deterioro en las condiciones laborales de las personas dedicadas a la investigación. Como consecuencia, desparecieron más de 10.000 plazas de científicos a tiempo completo en el sector público. De igual modo, los recortes crearon un tapón generacional bloqueando la entrada de nuevos investigadores, con una tasa de reposición 0 durante cuatro años (2012-2015). A causa de este bloqueo generacional, muchos jóvenes investigadores fueron obligados a salir de España en busca de oportunidades en otros países. En lugar de tratar la innovación y el desarrollo como una política anticíclica, como hicieron otros países europeos para impulsar la recuperación económica, fue una de las partidas que más recortes sufrió en la aplicación de las políticas de austeridad.

La llegada del PSOE al Gobierno en 2018 supuso un punto de inflexión para la recuperación del sistema de ciencia en España. En primer lugar, la ciencia y la innovación recuperaron su voz en el Consejo de Ministros. En segundo lugar, el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación se ha duplicado hasta alcanzar los 3.991 millones de euros entre 2020 y 2023, siendo España el segundo país de la Unión Europea que más fondos del Plan de Recuperación ha dedicado a la I+D+I. Este aumento de la financiación ha venido acompañado de la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Entre sus principales objetivos está el de garantizar una financiación pública de la I+D+I estable y creciente, con el objetivo de que en 2030 alcance el 1,25% del PIB, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea. Esta senda de crecimiento se ha visto respaldada, además, por un aumento del 20% del presupuesto nacional en I+D+I en 2023. En paralelo, se ha publicado la mayor oferta pública de empleo en el sistema público de ciencia y se ha lanzado el Plan de atracción y retención del talento científico e innovador con el objetivo de facilitar el retorno del talento que en años recientes salió de España ante la ausencia de oportunidades.

De igual modo, debemos destacar el desarrollo de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) como el de Salud de Vanguardia o el Aeroespacial, con el fin de impulsar y fortalecer sectores prioritarios, que, en la agenda del Plan de Recuperación aprobada en junio de 2023, se han visto incrementado en 1.300 millones de euros para acciones de I+D+I. Por otro lado, se ha puesto en marcha un nuevo un novedoso instrumento en política científica, los Planes Complementarios de I+D+I en áreas estratégicas, programas cofinanciados y cogobernados por la Administración General del Estado y las CCAA.

Estas inversiones y reformas ya están dando resultados claros en el cambio de modelo productivo: desde la pandemia, 1 de cada 4 nuevos empleos son en el ámbito de la ciencia y la innovación. En concreto, se han creado más de 270.000 nuevos empleos en dos sectores muy intensivos en conocimiento y que requieren de una alta cualificación como lo son el sector de la digitalización, las telecomunicaciones y el de las actividades profesionales científico-técnicas.

Esta senda debe ser no solo consolidada, sino que abre la puerta a una nueva etapa para España en la que la ciencia y la innovación pueden tener un papel determinante y ser políticas palanca de enorme retorno y utilidad para contribuir decisivamente a un modelo sostenible de desarrollo, mejorar el bienestar de toda la sociedad y luchar contra el cambio climático.
  • Continuaremos desarrollando los programas ya lanzados de apoyo a las empresas innovadoras como las Misiones; la compra pública innovadora; la coinversión en empresas de base tecnológica; o el Plan de Transferencia y Colaboración para incentivar la colaboración público-privada en I+D+I e impulsar la capacidad innovadora de las empresas españolas.
  • Seguiremos promoviendo un estado emprendedor, que impulse la investigación y la innovación para aumentar la competitividad y productividad de la economía y las empresas españolas. Culminaremos los programas en marcha, impulsando el modelo de misiones y de programas complementarios de investigación con las Comunidades Autónomas, de forma que España se sitúa entre el TOP20 de los países innovadores a nivel mundial en cuatro años
  • Aumentaremos el apoyo en las primeras fases de las empresas emergentes innovadoras o de base tecnológica, que por su alto riesgo tienen dificultades para obtener financiación en los circuitos habituales.
  • Afianzaremos la contratación prioritaria de personal de investigación en el sector público con el nuevo contrato indefinido para el sector, así como medidas de estímulo de su contratación en empresas para atraer y retornar talento y acabar con la precariedad de los investigadores e investigadoras.
  • Seguiremos incrementando el número de investigadores en los próximos cuatro años en universidades y centros de investigación.
  • Implementaremos un nuevo modelo de financiación de la investigación más flexible, menos burocrático y centrado en su impacto social. En esta línea, se consolidará un nuevo programa de fondos a grupos de investigación, que les permitan disponer de recursos estructurales para consolidar sus líneas de trabajo.
  • Dentro del perte de la nueva economía de la lengua, impulsaremos la ciencia en español, apoyando los repositorios existentes y desarrollando nuevos mecanismos para reforzar la presencia de los investigadores e investigadoras y de científicas y científicos españoles en las publicaciones de referencia a nivel internacional
  • Promoveremos nuevos proyectos de colaboración público-privada en ámbitos como la extinción de incendios o el uso eficiente del agua, para reforzar la investigación aplicada a mitigar los efectos del cambio climático, y seguiremos apostando por los ya existentes en las áreas de Salud de Vanguardia y Espacio.
  • Crearemos un nuevo programa de investigación e innovación en cambio climático, sequía y otros fenómenos meteorológicos extremos.
  • Crearemos un nuevo programa de investigación e innovación en energías renovables en línea con el PERTE de Energías Renovables, para afianzar el cambio de modelo energético y avanzar hacia una España autónoma en energía 100% renovable y sostenible.
  • Aseguraremos las inversiones en investigación biosanitaria con el objetivo de que los centros y las empresas españolas diseñen y produzcan al menos 10 nuevas terapias y tratamientos avanzados que se incorporen al sistema público de salud.
  • Aceleraremos el despliegue completo de la agencia espacial española e impulsaremos la primera Ley del Espacio en nuestro país para desarrollar operaciones y aplicaciones en el cosmos que repercutan en el bienestar y autonomía de nuestra sociedad. Un país líder en sectores punteros como el aeroespacial, que mejoran la vida de la ciudadanía a través de la monitorización y seguimiento del calentamiento global o los desastres naturales.
  • Pondremos en marcha políticas de asesoramiento científico al gobierno de españa y el Parlamento, que permita que las evidencias científicas se tomen en cuenta a la hora de definir las políticas públicas.
  • Continuaremos apostando por el modelo de planes complementarios de i+d+i para áreas estratégicas como instrumento de corresponsabilidad y cofinanciación en política científica entre la Administración General del Estado y las CCAA.
  • Seguiremos fortaleciendo la red innpulso de ciudades de la ciencia y la Innovación con iniciativas de alto potencial transformación como el programa de agentes locales de innovación.
  • Fomentaremos políticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del sistema científico, universitario y empresarial, en desarrollo de la Ley de la Ciencia y de la Ley de Universidades.
  • Implantaremos los compromisos de la estrategia nacional de ciencia abierta 2023-2027 recientemente aprobada, con actuaciones como el refuerzo de los repositorios en abierto de resultados y datos de investigación, así como iniciativas para avanzar hacia un modelo de publicación y evaluación basado en el acceso abierto y la evaluación del impacto social de la investigación.
  • Impulsaremos el trabajo del comité español de ética en la investigación creado en 2023 para que tenga la independencia y medios necesarios para realizar su trabajo en ética e integridad de la actividad científica.
  • Promoveremos una mayor participación social y ciudadana en la ciencia, impulsado planes y la divulgación científica con especial atención a su vinculación con las cuestiones de actualidad de la sociedad.
  • Promoveremos una mayor divulgación en medios sociales de comunicación y de difusión de la información, del trabajo que científicos y Organismos Públicos de Investigación desarrollan, así como el trabajo conjunto con Cultura y con los medios públicos de radiotelevisión para el desarrollo de formatos audiovisuales sobre ciencia y tecnología. Se promoverá en estos contenidos, ofrecer la visibilización e información sobre el papel de la mujer en la ciencia y la historia del desarrollo humano.
  • Se reforzarán los programas de actividades educativas en áreas stem, tales como Ferias de Ciencia o actividades extraescolares dedicadas a promover vocaciones científicas y tecnológicas entre niños y niñas.
  • De manera más específica, promoveremos en cooperación con científicas y mujeres tecnólogas, la visibilización del papel de la mujer en la ciencia en medios sociales y pedagógicos, aportando ejemplos para las niñas y mujeres jóvenes.

3.4. Cultura para la vida, vivir dignamente de la cultura

3.4.1. Cultura, una cuestión de estado

La cultura es un pilar fundamental de nuestra identidad como sociedad, parte indispensable de nuestro Estado de Bienestar y un factor claro para el desarrollo económico de España. El progreso está íntimamente ligado al desarrollo cultural individual y colectivo, como síntoma inequívoco de una sociedad buena, justa y de libertad.

El reconocimiento en el artículo 44 de la Constitución de la cultura como un derecho implica también la obligatoriedad de una actuación pública que promueva el desarrollo cultural y el acceso a los bienes culturales. Es necesario, pues, trasladar desde los poderes públicos y las instituciones educativas la idea de que el acceso a la cultura y la posibilidad de participar en ella es vital para las personas. Así lo ha hecho la UNESCO al ratificar la Declaración de Florencia que reivindica poner la cultura en el centro de las políticas públicas, haciendo de ella una herramienta y una solución para el progreso.

Además, la cultura española es una de las más influyentes a nivel mundial por su idioma, por su potencia creativa en todas las disciplinas artísticas, por el patrimonio cultural material e inmaterial que atesora y por el dinamismo y reconocimiento a su talento.

Representa el 3,5% del PIB y da trabajo a más de 700.000 trabajadores y trabajadoras, siendo también uno de los principales activos de la industria turística, tan esencial en nuestro modelo económico. Además, es un sector creativo por excelencia, algo vital para construir un modelo de desarrollo y crecimiento innovador y sostenible, que nos permita imaginar sociedades con mayor bienestar, más cohesionadas, inclusivas y con mayor salud democrática.

Es necesario, pues, trasladar desde los poderes públicos y las instituciones educativas la idea de que el acceso a la cultura y la posibilidad de participar en ella es vital para las personas. Así lo ha hecho la UNESCO al ratificar la Declaración de Florencia que reivindica poner la cultura en el centro de las políticas públicas, haciendo de ella una herramienta y una solución para el progreso.

La recuperación del rango ministerial para la Cultura fue la primera acción para la dignificación en la política de un sector capital en nuestra sociedad. Una manera de demostrar el papel central que debe jugar la cultura en el proyecto de nuestro país. A lo largo del profundo impacto que ha tenido en nuestra sociedad la pandemia provocada por la Covid-19, el papel de la Cultura en nuestras vidas cotidianas ha quedado más de manifiesto que nunca hasta la fecha. Por ello, por primera vez en la historia, en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se ha incluido la cultura como bien público de carácter esencial, algo especialmente necesario tras los efectos producidos en la pandemia en el sector.

Los socialistas queremos defender que no se debe considerar a la cultura como una parte accesoria de un proyecto político y que constituye un elemento importante del Estado de Bienestar y un recurso para la transformación económica que busca España. Por estas dos razones, el Gobierno de España ha situado la Cultura entre las diez políticas tractoras del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que agrupan los sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social.

Lograr este doble objetivo tiene también cuatro premisas indispensables: la primera es proteger a todos los agentes que componen el entramado cultural, que son los creadores, pero también técnicos, intérpretes y gestores; y es por ello que el PSOE está comprometido con la mejora de sus condiciones de trabajo, jubilación y de salud. La segunda premisa de este objetivo es hacer una política concertada, que permita trazar una ruta de colaboración y una visión estratégica.

La tercera constituye una declaración de propósito con el hemos predicado en el Gobierno y en la oposición: promoveremos el diálogo sobre la cultura con los distintos grupos políticos representados en el Parlamento con el fin de acordar un Pacto de Estado por la Cultura buscando el consenso y fomentando avances que sean lo más estables posibles.

La cuarta premisa parte de entender que la cultura es una competencia compartida del Estado, Comunidades Autónomas y municipios, que necesita una labor coordinada de todos los ámbitos para que desde el apoyo público pueda ponerse en valor todo el ecosistema cultural de forma eficiente y ordenada. Desde el PSOE consideramos que debemos avanzar en promover una legislación general sobre cultura y promover una mayor implicación, cooperación y coordinación de sus protagonistas en el diseño de la política cultural.

Necesitamos reforzar y poner en marcha estructuras e instituciones culturales sostenibles con el máximo consenso y con la dotación de recursos suficientes para desarrollar con total plenitud las políticas públicas culturales que persigan este objetivo. Por todo ello:
  • Trabajaremos para alcanzar un pacto de estado por la cultura con el resto de las fuerzas políticas, gobiernos autonómicos y la Federación Española de Municipios y Provincias.
  • Avanzaremos hacia la construcción de un marco legislativo específico y general de la cultura que nos permita avanzar en sus garantías y en su desarrollo, así como articular la participación del sector en su diseño.
  • Reformaremos el instituto nacional de las artes escénicas y de la música (INAEM) dotándolo de mayor autonomíaa y exhibición territorial.
  • Modernizaremos las instituciones culturales de titularidad del ministerio de cultura y deporte (museos, archivos y bibliotecas) para reforzar así el servicio público para la ciudadanía y la vertebraciónn del territorio a través de la cultura, a través de su digitalización y transición ecológica.
  • Continuaremos con el reconocimiento del patrimonio industrial y el paisaje cultural, reforzando su sostenibilidad, su accesibilidad universal y su papel como elemento de cohesión territorial.
  • Fortaleceremos el papel de la cultura al servicio de la ciudadanía con la creación de otras instituciones culturales estatales como:
    • El centro nacional de fotografía como institución cultural singular e innovadora que reúna las características esenciales de preservación, estudio, difusión e investigación de la manifestación artística de la fotografía en España.
    • El centro de tabacalera como centro de producción y de residencias artísticas y culturales, para la reactivación del tejido creativo y la promoción de un espacio de investigación artística e intercambio de experiencias entre artistas.
  • Pondremos en marcha un “foro transversal de la cultura” con los ministerios de Educación, Transición ecológica, Ciencia y Sanidad para desarrollar proyectos culturales conjuntos relacionados con la salud de las personas, los retos en el aula, la crisis climática, la despoblación y la innovación científica y tecnológica.
  • De manera más específica, impulsaremos la colaboración de la creación artística y su producción con el objetivo de la divulgación y la cultura científica, especialmente en el ámbito de la creación y producción audiovisual y digital.
  • Abordaremos la transición ecológica de los principales museos y centros culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, y fomentaremos ayudas para que otros agentes y centros culturales aborden esta transición.
  • Facilitaremos la entrada a la mayoría de edad y la formación de nuevos públicos de la mano de la cultura manteniendo el programa del Bono Cultural Joven.
  • Habilitaremos la creación de un “comité asesor juvenil” en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte con el objetivo de que participen en el diseño de políticas culturales orientadas a jóvenes y adolescentes.
  • Reimpulsaremos y actualizaremos las acciones y adecuaciones para que las personas con discapacidad puedan acceder y participar de servicios culturales, las dotaciones y la vida cultural.
  • Promoveremos la creación de las mujeres en todos los ámbitos (cine y audiovisual, libro, artes visuales, etc.). Seguiremos la evolución del acceso de las mujeres al sector de la cultura a través de un Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura.
  • Promoveremos las mejoras normativas necesarias para avanzar en las garantías para la realización del derecho a la plena participación en la vida cultural de las personas de origen diverso, incluyendo la perspectiva de diversidad cultural y estableciendo medidas que fomenten en el ámbito escénico, cinematográfico y audiovisual la incorporación de personas con otros orígenes culturales y/o étnico-raciales.
  • Reforzaremos el programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA), prestando especial atención a los municipios pequeños.
  • Pondremos en marcha un programa de cine de verano en municipios sin salas de exhibición.
  • Ampliaremos el plan de fomento de la lectura para que llegue a todas partes.
  • Seguiremos fortaleciendo la red de bibliotecas públicas del estado: la mayor red de fomento de la lectura por su implantación en el territorio y volumen de fondos.
  • Reforzaremos el programa de ayudas para el desarrollo de proyectos culturales en entornos rurales
  • Confeccionaremos un plan nacional de la danza junta al sector privado y en colaboración con el resto de las administraciones públicas con el fin de impulsar y potenciar esta disciplina artística en todo el territorio.
  • Pondremos en marcha, en colaboración con el resto de administraciones públicas, una Red Nacional de Centros coreográficos que exhiban creaciones de danza y que potencie la investigación y la formación en el ámbito de la danza.
  • Nos comprometemos a completar el desarrollo del estatuto del artista
  • Reforzaremos las líneas de apoyo para la promoción de la cultura, la modernización de las industrias creativas, los creadores y creadoras y la profesionalizaciónn de agentes culturales.
  • Reforzaremos el proyecto pedagógico de la joven orquesta nacional de españa (jonde), que forma a las s músicas y músicos españoles que han finalizado sus estudios musicales, pero todavía no han iniciado su carrera profesional.
Para que la cultura potencie su papel como motor de crecimiento sostenible y tecnológico y alcance todo su potencial a nivel nacional e internacional:
  • Apoyaremos a los creadores, artistas y personas que trabajan en la cultura en el marco que ofrecen las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, contribuyendo al avance y progreso, integrando las nuevas tecnologías en los procesos creativos, sin olvidar el principio fundamental de garantizar la protección de los creadores y artistas, así como una justa remuneración de toda la cadena de valor.
  • Promoveremos métricas eficaces el impacto directo e indirecto, económico y social que tiene la cultura en nuestro país, con el fin de mostrar la importancia de esta.
  • Incentivaremos la coordinación de los organismos encargados de la política de internacionalización de la cultura española.
  • Abordaremos la financiación de la cultura de manera sistémica y holística, impulsando la modernización de su marco jurídico y económico.
  • Revisaremos y modernizaremos los sistemas y leyes de apoyo a la cultura ya existentes como son, entre otros, el mecenazgo o los esquemas de subvenciones para modernizarlos en términos económicos y para acercarlos más al entorno europeo y a las necesidades reales del sector.
  • Promoveremos la colaboración público-privada y la creación de fondos de inversión especializados en activos culturales para fomentar y movilizar la inversión privada hacia el sector cultural, como sector de impacto.
  • En coordinación y cooperación con los propios agentes, promoveremos una estrategia que permita a todos los sectores de las industrias culturales, avanzar en la sostenibilidad medio ambiental, incorporando dichas industrias a la estrategia de impacto cero y lucha contra el cambio climático.
  • Fomentaremos el turismo cultural como fuente de riqueza, convirtiéndolo en motor de desarrollo y transformador de la sociedad y la economía.
  • Enviaremos de nuevo al congreso de los diputados la ley que crea una Oficina de Derechos de Autor encargada de velar por la protección de la propiedad intelectual y por el buen funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades de gestión de derechos de autor.
  • Avanzaremos en la actualización de la normativa de derechos de autor en los nuevo modelos y canales de creación como puede ser los PODCAST.
  • Apoyaremos los nuevos formatos de creación y mercados emergentes, como son los podcasts y todas las actividades en el ámbito del videojuego.
  • Pondremos en marcha una mesa de la música con los agentes públicos y privados para acompañar y potenciar su explosión de talento y su internacionalización.
  • Continuaremos con el impulso del “espacio audio” para sacar todo el potencial a las industrias culturales y creativas que utilizan nuestras lenguas oficiales y en particular el castellano como medio de expresión creativa. La música en español, por supuesto, que está viviendo un momento de éxito global que la equipara a la música en inglés por primera vez en la historia, pero también los pujantes sectores del podcast y el audiolibro. Incluyendo acciones de apoyo a la internacionalización.
  • Fortaleceremos el instituto nacional de la cinematografía y el audiovisual (icaa) dotándolo de mayor autonomía y competencias en materia audiovisual y cinematográfica.
  • Seguiremos impulsando el sector audiovisual y de videojuegos mediante el programa ‘españa Hub Audiovisual’. El objetivo es aumentar la producción audiovisual en un 30% mediante la movilización de transferencias y préstamos de los fondos Next Generation EU, para apoyar la digitalización y modernización de todas las actividades relacionadas y el impulso del talento en sectores conexos, desde la producción de películas y series hasta los medios de comunicación y los nuevos formatos y mercados emergentes, como los podcasts y los videojuegos, el metaverso y la realidad inmersiva.
  • Continuamos apoyando la prolongación de la actividad de rodaje en españa y la atracción de inversión y de producciones, promoviendo la cooperación con los grandes centros mundiales en el ámbito audiovisual, desde Estados Unidos a la India, con el fin de impulsar una actividad con una gran capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía, desde el turismo a la hostelería, pasando por el maquillaje y peluquería, vestuario, catering, mobiliario, iluminación, postproducción y transporte.
  • Volveremos a tramitar la reforma de la ley del cine para actualizar el marco legislativo para consolidar un sector audiovisual y cinematográfico sólido, diverso y resiliente.
  • Promover la cultura del lenguaje audiovisual y de manera más especifica el Lenguaje cinematográfico, creando así nuevos públicos y promoviendo en generaciones más jóvenes, recuperar la asistencia a las salas de cine. En este sentido, se buscará también promover aquellos grupos de docentes y centros innovadores que hacen uso del cine y el documental como material de apoyo pedagógico y de extensión educativa.
  • Fortaleceremos el instituto nacional de la cinematografía y el audiovisual (icaa) dotándolo de mayor autonomía y competencias en materia audiovisual y cinematográfica.
  • Garantizaremos la dotación del fondo de protección a la cinematografía.
  • Reformaremos la filmoteca española, reconociendo el patrimonio audiovisual como parte del patrimonio histórico español y dotando a la institución del reconocimiento de Bien de Interés Cultural.
  • Crearemos un órgano de diálogo y encuentro con el sector audiovisual que permita la participación de todos los agentes públicos y privados implicados.
  • Reforzaremos la industria, mejorando la dotación del fondo de ayuda al sector Audiovisual y apostando la creación de talento en el área mediante impulso específico a las formaciones relacionadas.
  • Promoveremos el acceso a fondos europeos de la producción independientes mediante la promoción del mantenimiento de derechos de los productores, siguiendo la línea de la de la Comisión Europea ya que las normas de la Comisión exigen que estos deban mantener la propiedad intelectual de la obra audiovisual.
  • Promoveremos el papel de rtve y (y entes públicos de tv) como motor de la creación y producción audiovisual mediante la compra de derechos, la promoción y difusión de la creación española y europea.
  • Continuaremos con el impulso al sector audiovisual, reforzando el papel del spain Audiovisual Hub, herramienta fundamental para convertir a España en una referencia en la industria audiovisual a nivel global.
  • Seguiremos apoyando la vuelta al cine a los mayores de 65 años con la bonificación del precio de las entradas a 2€, contribuyendo a la recuperación de las salas de cine y que la vuelta al cine sea un acto social cotidiano.
  • Impulsaremos un “plan de actuación para la internacionalización de la cultura española” participada por el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, con el fin de reforzar la presencia de la cultura española en el exterior y la mejora de su competitividad internacional. Buscando el acceso al mercado estadounidense y de América Latina.
  • Seguiremos consolidando la presencia y el papel de españa como país de referencia en las distintas ferias y festivales culturales de carácter internacional, fomentando, a través de una agencia de exportación específica, que se encargue además del apoyo a la participación de profesionales y empresas en ferias y circuitos profesionales internacionales.
  • Incrementaremos las ayudas a la traducción de los libros escritos en cualquier lengua del Estado.
  • Reforzaremos el peso de españa en la unesco.
.3.5. Juventud
Las dos pasadas legislaturas han inaugurado una nueva etapa de atención a los derechos de la juventud. Las personas jóvenes presentaban enormes vulnerabilidades en sus procesos de transición a la vida adulta, vinculados a su precariedad laboral, su incapacidad de emanciparse o formar una familia. Para darle solución, el Gobierno socialista ha abordado un ambicioso programa de mejora de las condiciones de vida de los jóvenes en cuestiones cruciales para su bienestar material.

Hemos aprobado subidas sin precedentes del SMI, aumentándolo en casi un 50%, o una reforma laboral que ha hecho que pasemos de que solo 1 de cada 3 personas jóvenes tuvieran un contrato estable a que ahora sean 3 de cada 4. En materia de vivienda, el bono de alquiler joven, la ley de vivienda y el compromiso de alcanzar el 20% de vivienda pública son y serán claves para garantizar la emancipación de la población joven. Por otro lado, no podemos olvidar la inversión récord en becas (2.520M€), el bono cultural, la apuesta por un transporte público asequible, colocar la salud mental como una prioridad política o poner en marcha las primeras becas para jóvenes opositores.

Estas medidas constituyen conjuntamente un proyecto integral, con el empeño de que este sea un buen país para la juventud. Sin embargo, la brecha generacional para poder construir un proyecto de vida digno sigue existiendo. Por ello, reforzar las políticas de juventud de forma transversal en toda la acción de gobierno va a seguir siendo una prioridad para los gobiernos socialistas. El PSOE tiene un objetivo claro: asegurar por la vía de los hechos que las personas jóvenes no van a vivir peor que sus padres.

3.5.1. Educación, formación y cultura

  • Impulsaremos la aprobación definitiva del estatuto del becario mediante dialogo, el acuerdo y pacto con los agentes sociales.
  • Abordaremos un plan nacional para que la educación en la sombra y la participación en actividades extraescolares no sean un elemento más de desigualdad.
  • Mantendremos las ayudas para material escolar y libros de texto para apoyar la inversión de las familias al inicio del curso escolar.
  • Fortaleceremos los programas de personas jóvenes investigadoras que fomenten su incorporación laboral, promoviendo contratos y una carrera profesional estable.
  • Ampliaremos los programas de ayuda para la preparación de oposiciones a menores de 35 años, destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la función pública.
  • Promoveremos la oferta de plazas de fp y las opciones de formación para alcanzar tasas de titulados similares a la media europea.
  • Pondremos en marcha bonos y el acceso a posibilidades de aprendizaje de idiomas para que personas jóvenes puedan realizar cursos en el extranjero o estudiar y perfeccionar idiomas.
  • Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio y estableceremos la gratuidad de los estudios universitarios y de FP superior para aquellos alumnos que vayan aprobando las asignaturas a la primera, mediante un sistema de crédito ETC aprobado a la primera = crédito ETC que será gratuito en el siguiente curso. Seguiremos mejorando en cuantías y cantidad los presupuestos, ampliando las necesidades para movilidad y estancias en el extranjero, incluido el programa Erasmus
  • Trabajaremos para construir una escuela que protege el bienestar emocional de sus alumnos:
    • Tolerancia 0 ante el acoso. la escuela debe ser un lugar para la convivencia, la tolerancia y la prevención de la discriminación. Por ello, reforzaremos los contenidos educativos orientados a la mejora de la convivencia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos. Abordaremos con especial atención todos aquellos aspectos que, en colaboración con la comunidad escolar, especialmente las familias, organizaciones y municipios, permitan prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación y atender a sus víctimas.
    • Reforzaremos el observatorio estatal para la convivencia con protocolos y medidas destinadas a prevenir y solventar los problemas de acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones, con las garantías para el alumno afectado y seguir impulsando estudios generales del estado de la convivencia en centros de educación primaria y secundaria, para realizar propuestas de mejora basadas en la evidencia científica.
    • Impulsaremos estructuras organizativas especializadas en convivencia desde modelos de gestión restaurativa de los conflictos incorporando los Programas de Alumnos Ayudantes y de Mediación escolar en los centros educativos.
    • Incorporaremos al observatorio de convivencia el cuidado del bienestar de la comunidad Educativa, con actuaciones encaminadas a la recogida de información y análisis de la situación del bienestar emocional y de elaboración de propuestas para prevenir problemas de salud mental y para la mejora del bienestar, con representantes de todos los sectores (educación, sanidad, servicios sociales, ayuntamientos...) impulsando la figura del coordinador de bienestar y seguridad en todos los centros educativos.
  • Promoveremos el acceso a la cultura con descuentos, la ampliación del bono Cultural para jóvenes y programas de promoción de nuevos públicos
  • Promoveremos programas específicos de difusión, programación y divulgación cultural en las zonas rurales, especialmente el refuerzo al fomento de la lectura, la programación de artes escénicas mediante proyectos y producciones de sitios pequeños para que puedan girar por sus zonas colindantes e incluso por el territorio.
  • Crearemos un consejo juvenil en el ministerio de cultura para que los programas de creación, producción y programación de giras puedan acercarse a los jóvenes y niños, creando nuevos públicos con actividades de contextualización. Crearemos un Consejo Juvenil en el Ministerio de Cultura.
  • Crearemos programas de ayuda desde el ministerio para promover y ayudar aquellas iniciativas de creación, promoción cultural, ocio y socialización en torno a la cultura de jóvenes

5.2. Vivienda

  • Consolidaremos el bono alquiler joven como elemento esencial para facilitar el acceso al alquiler asequible.
  • Reforzaremos las ayudas directas para el alquiler de vivienda habitual contempladas en los Planes Estatales de Vivienda.
  • Desarrollaremos y aplicaremos la nueva línea de avales del instituto de crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años el sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes con el objetivo de posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas
  • Desplegaremos todas las medidas de la ley de vivienda para alcanzar el incremento al 20 % de parque público de vivienda.
  • El 30% de las viviendas promovidas a través de cualquiera de las líneas del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, serán destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años.
  • Daremos continuidad al bono joven de alquiler para que se convierta en una medida a largo plazo ampliando la financiación para llegar a toda la población joven.
  • Apoyaremos a los jóvenes para el acceso a la vivienda en régimen de propiedad en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.
  • Daremos ayudas directas para el acceso a la vivienda habitual en régimen cooperativo o en promociones de cohousing.
  • Queremos construir 183.000 viviendas públicas para alquiler y garantizando que la mitad vaya destinada a jóvenes, ampliando la dotación y el número de receptores del Bono de Alquiler Joven.

3.5.3. Movilidad

  • Ampliaremos los descuentos al uso del transporte público con la gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta los 24 años
  • Fomentaremos y apoyaremos la adquisición y el uso bicicletas eléctricas.

3.5.4. Salud

  • Brindaremos el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad. En el marco de un Pacto de Estado por la Salud Mental, pondremos especial foco en las personas jóvenes, que permita el refuerzo de la presencia de especialistas en salud mental y coordinación con el sistema sanitario.
  • Impulsaremos una estrategia nacional contra el suicidio juvenil.
  • Fortaleceremos los programas para la promoción de la salud afectivo-sexual en todos los niveles educativos haciendo hincapié en que reflejen la realidad actual de nuestra sociedad huyendo de estigmas y tabúes sexuales.
  • Apostando por una generación libre de humos:
    • Regularemos el uso de los vapeadores y productos dulcificados derivados del tabaco.
    • Evaluaremos de la ley vigente para avanzar para avanzar hacia la promoción de espacios libres de humo en la línea propuesta por la Unión Europea.
    • Continuaremos desincentivando el consumo de tabaco con en todas las herramientas para reducir la adicción.
  • Nos comprometemos a abordar con urgencia el capítulo de educación afectiva y sexual y su vinculación con el mundo digital y que aleje a nuestra infancia y juventud de la pornografía, el machismo y la violencia o las esferas de pseudo prostitución (sugardaddismo, loverboy, etc..).
  • Garantizaremos el acceso a preservativos y anticonceptivos de forma gratuita a las personas jóvenes ampliando la red de puntos a lugares frecuentados por la juventud.
  • Modernizaremos los programas de lucha contra las adicciones para hacerlos más efectivos y adaptarlos a los nuevos canales y realidades juveniles.
  • Estableceremos un plan de choque contra la soledad juvenil no deseada.

5.5. Igualdad

  • Fortaleceremos los planes de igualdad y los programas para erradicar la violencia de género entre las personas más jóvenes, con especial atención a las redes sociales y el ámbito digital.
  • Desarrollaremos medidas para fomentar la participación de la mujer joven en las esferas públicas y privadas del ámbito rural.
  • Aseguraremos un ocio seguro a través de protocolos de actuación y prevención y fomentando la existencia de puntos y mapas violeta, especialmente en celebraciones de fiestas y eventos culturales y deportivos.
  • Trabajaremos por mejorar la visibilidad del deporte juvenil femenino y la oferta en el ámbito extraescolar y municipal para las niñas
  • Ampliaremos los programas de concienciación contra la lgtbifobia entre las personas jóvenes.
  • Fortaleceremos la formación y protocolos de actuación frente a cualquier tipo de discriminación tanto en centros educativos como en centros de ocio.

3.5.6. Participación

  • Incluiremos la perspectiva joven en todas las políticas públicas que se desarrollen garantizando la incorporación efectiva del contexto social de cada realidad juvenil.
  • Fomentaremos la participación juvenil en el diseño de políticas públicas a través de laboratorios de innovación pública.
  • Seguiremos incentivando la participación social, en especial de los más jóvenes, en espacios de diálogo e influencia política y foros de negociación (como pueden ser las Cumbres Climáticas) donde se determina la ambición climática asumida por los Gobiernos.
  • Habilitaremos la creación de un “comité asesor juvenil” en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte con el objetivo de que participen en el diseño de políticas culturales orientadas a jóvenes y adolescentes.
  • Crearemos el consejo digital joven, con el fin de contar con un órgano consultivo para articular las contribuciones y propuestas de las generaciones más jóvenes en la definición y ejecución de las políticas públicas en el ámbito digital. Dicho Consejo contará con una representación propuesta por las Comunidades Autónomas, las asociaciones juveniles de España y el ámbito latinoamericano.
  • Adaptaremos la forma de comunicar e interactuar de las administraciones públicas para ponerlas al servicio de las necesidades de las personas jóvenes.
  • Estableceremos a la juventud como uno de los pilares de las políticas de cooperación al desarrollo. Fomentando su participación en programas de cooperación y acceso a organismos multilaterales y la creación de redes juveniles a nivel internacional.
  • Promoveremos y ayudaremos a la implicación de jóvenes en la participación en la sociedad civil, la cooperación internacional y el voluntariado, buscando que este sea compatible con estudios y trabajo.
  • Apoyaremos programas intergeneracionales centrados en la convivencia y valores cívicos, en colaboración con los ayuntamientos.
  • Promoveremos, en diálogo con la sociedad civil, una plataforma digital paraguas para facilitar el acceso a jóvenes que quieran realizar voluntariado a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta iniciativa reunirá a jóvenes voluntarios, organizaciones del tercer sector español e instituciones para conectar las oportunidades de voluntariado a jóvenes interesados y dar apoyo durante un periodo de tiempo determinado a proyectos o programas de acción solidaria a nivel internacional.

3.5.7. Empleo

  • Con el objetivo de garantizar que ningún joven se quede sin una oportunidad Impulsaremos la formación en el empleo para los jóvenes, garantizándoles una protección adecuada con Plan de Choque contra el desempleo juvenil con el mecanismo Pack “FORMACIÓN + EMPLEO” en 12 meses de formación en alternancia con un contrato laboral.
  • Incrementaremos el programa “campus rural”, para la reconexión de la juventud y el medio rural, el relevo generacional en las explotaciones agrarias con el apoyo de más de 210 millones de euros/año para este objetivo, fomentaremos los laboratorios de Innovación Rural para promover iniciativas innovadoras, y reforzaremos la iniciativa de Erasmus rural para favorecer el intercambio de experiencias y de conocimiento entre jóvenes en todo el territorio. Y apoyaremos ampliar esta experiencia a otros países de nuestro entorno.
  • Reforzaremos las ayudas y programa de apoyo y formación a proyectos de jóvenes emprendedores, así como la red de puntos de atención al emprendimiento y los recursos de las incubadoras de empresas.

4. La mejor españa, la españa feminista

4.1. La mejor españa, la españa feminista

El PSOE, de la mano del movimiento feminista, ha estado detrás de los mayores avances que las mujeres han tenido en democracia en España y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de la ola reaccionaria y antifeminista que nos amenaza. Nos enfrentamos a cambios y transiciones ineludibles que necesitamos hacer de manera justa, con las mujeres pilotando y moldeando nuestro futuro común y sus propias vidas. Y necesitamos hacerlo garantizando ganancias en calidad de vida y bienestar; evitando que las mujeres sean malabaristas del tiempo, compatibilizando múltiples roles; viviendo sin miedo a una violencia que se ensaña con las mujeres por el simple hecho de serlo; en una sociedad que permita cuidar a nuestros mayores y dependientes con dignidad y de manera corresponsable; y que permita que nuestras hijas e hijos crezcan sin las cadenas de los estereotipos tóxicos y con las herramientas necesarias para construir una sociedad más justa y una convivencia basada en los valores democráticos. El PSOE apuesta por un feminismo que sume construyendo la mejor España.

Desde la llegada al gobierno hemos puesto en marcha medidas que impactan en las condiciones materiales de la vida de las mujeres y que, por tanto, abundan en su capacidad de emancipación. Fue nuestra prioridad, nada más llegar al gobierno en 2018, impulsar las medidas más urgentes para, por un lado, avanzar en derechos en el ámbito laboral, y por el otro, poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También hemos recuperado derechos y gobernado con los gobiernos más paritarios de la historia de España lo que ha facilitado la transversalidad de género en todo el ciclo político. España ha sido uno de los únicos tres países de la Unión Europea que han incluido la transversalidad de género en sus planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el ámbito de la igualdad en el empleo, aprobamos el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, que disponía: la ampliación de permisos iguales e intransferibles hasta las 16 semanas; obligaciones para las empresas en cuanto a la reducción de la brecha salarial; o la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras y cuidadores no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia (derecho que habían perdido durante los gobiernos del PP), entre otras medidas.

Hemos incrementado la pensión media de jubilación para las trabajadoras y la pensión de viudedad. También hemos subido las pensiones no contributivas, lo que tiene impacto principalmente en las mujeres, junto a los factores correctivos como el complemento para la reducción de la brecha de género.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros también ha sido un factor determinante en el camino para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se ha reducido en casi 4 puntos entre 2019 a 2021 y ha influido en el aumento de la tasa de empleo femenina. Los empleos más precarizados están principalmente ocupados por mujeres, así, el 57,5% de las beneficiarias de esta subida a tiempo completo son mujeres, a pesar de que sólo son el 46,2% de la población ocupada.

La cifra de mujeres afiliadas a la seguridad social ha experimentado un incremento de aproximadamente 640.000 durante los últimos años. En enero de 2023, las mujeres representan el 47,02% de la afiliación total, alcanzando un número de 9.442.857 afiliadas. La tasa de paro femenina ha descendido en casi dos puntos.

La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo ha abierto la senda para acabar en España con la discriminación que históricamente han venido sufriendo las personas que trabajan en el sector doméstico, la inmensa mayoría de mujeres, al reconocer la igualdad de trato con el resto de las personas trabajadoras y mejorar sus condiciones de trabajo y de Seguridad Social. Esta medida ha supuesto un avance sin precedentes en derechos y dignidad para las personas trabajadoras, especialmente en un sector feminizado como el de las empleadas del hogar.

El gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado un compromiso claro e inequívoco en la lucha contra la violencia de género avanzando en legislación y protocolos garantizados por el respaldo presupuestario. Con el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, pusimos en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que el PP estaba dejando morir, devolvimos a los Ayuntamientos las competencias en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género que les había arrebatado el PP; distribuimos los 120 millones para las Comunidades Autónomas y entidades locales, previstos en el Pacto de Estado, y conseguimos sacar adelante una iniciativa del grupo socialista en el Congreso para aumentar en 20 millones más para los ayuntamientos esta partida, hasta un total de 40; pusimos en marcha el título habilitante para facilitar la acreditación administrativa de víctima y poder acceder a recursos y prestaciones sociales; hemos compatibilizado las ayudas para las víctimas con otras de carácter autonómicas y locales, o que tengan que ver con violencia sexual; hemos facilitado, la asistencia psicológica a las y los menores expuestos a violencia sin consentimiento del maltratador. Además, hemos mejorado la protección por orfandad para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género con una ley propuesta por el Grupo Socialista.

La lucha contra la violencia sobre las mujeres ha sido y sigue siendo nuestro principal objetivo, debemos erradicar cualquier atisbo de violencia machista en nuestra sociedad, por ello hemos impulsado el compromiso para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y hemos aumentado los recursos destinados a ello, también hemos mejorado la protección a las huérfanas y huérfanos de las víctimas de violencia de género, y se ha facilitado el cambio de apellidos para los hijos e hijas de las víctimas. Frente a los partidos que pactan y gobiernan con quienes niegan la violencia de género, el PSOE apuesta por garantizar que las mujeres puedan vivir vidas plenas y libres de violencia como imperativo democrático.

En 2022, nuestro país dio un gran paso en la lucha contra la violencia sexual con la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley de Solo sí es sí, una ley que ofrece una respuesta integral a la violencia sexual contra las mujeres. Esta ley, aumentó los recursos a las mujeres víctimas de violencia sexual y puso en marcha la creación de los centros de crisis y atención 24 horas en todas las CCAA. Sin embargo, esta ley fue insuficiente porque no cumplió con la propuesta del PSOE al dejar fuera el abordaje de la prostitución y la explotación sexual. Por eso, impulsamos una norma para acabar con todas las formas de proxenetismo y dar así respuesta a todas las víctimas de violencia sexual, incluidas las de explotación sexual.

Esta ley provocó dolorosos e indeseados efectos con las condenas por violencia sexual. Por eso llevamos a cabo la reforma conveniente para paliarlos, asumiendo la responsabilidad, e impulsándola desde el grupo parlamentario socialista, porque no actuar no era una opción.

Con el gobierno de Pedro Sánchez hemos recuperado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres de 16 y 17 años y puesto fin a los tres días de reflexión. Acosar a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir su embarazo es ahora delito gracias a la iniciativa del Grupo Socialista. También hemos recuperado el derecho a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su estado civil u orientación sexual. Y establecido la autonomía a las mujeres con discapacidad para abortar sin exigir el consentimiento de su tutor legal, considerando además los abortos y embarazos forzosos como formas de violencia contra las mujeres.

El Compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con la transversalidad de género se ha plasmado en muchas iniciativas legislativas, políticas y presupuestarias, incluidas las de acabar con la llamada tasa rosa al poner el IVA reducido al 4% para productos de higiene femenina, tal y como se incluyó en la Ley 31/2022, de 22 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado.

La transversalidad de llevar la igualdad a las políticas e ir más allá de las políticas de igualdad ha sido una prioridad de los gobiernos socialistas como queda reflejado en leyes y políticas promovidas desde distintos departamentos y la inclusión de la igualdad de género en la preparación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo que está permitiendo que el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres esté presente en todas las acciones del plan y su ejecución presupuestaria.

La igualdad entre mujeres y hombres no solo es un principio fundamental, sino también un requisito para alcanzar una sociedad democrática plena. Sin feminismo no hay democracia. Además, es un motor de desarrollo económico y de justicia social.

El PSOE es un Partido feminista que, desde hace 144 años, ha defendido y acompañando la lucha de las mujeres por su emancipación, por la igualdad de derechos, libertades, oportunidades, obligaciones y trato. El feminismo socialista es heredero del feminismo revolucionario que vindicaba la ciudadanía para las mujeres, del movimiento obrero, de las sufragistas del S.XIX y por supuesto de las mujeres socialistas que desde los inicios del S.XX han luchado por la igualdad entre mujeres y hombres. Nuestra propuesta es un nuevo contrato social que no se base en la desigualdad entre mujeres y hombres, que nos permita construir una sociedad democrática y libre de injusticias, con igualdad de oportunidades tanto en el ámbito público como privado. Somos el partido que ha dado y sigue dando respuesta a las demandas y exigencias del movimiento feminista y a los problemas reales que sufre más del cincuenta por ciento de la población, las mujeres. Y, caminando siempre junto al él, apostamos por la consecución de los objetivos que marca la agenda feminista. Teniendo siempre en cuenta las condiciones materiales, el contexto y todos los condicionantes que afectan, a nivel material y simbólico, en la reproducción de las desigualdades de las mujeres. Trabajando para ampliar y fortalecer los consensos, porque solo con las grandes mayorías pueden consolidarse derechos y avances.

Las y los socialistas queremos establecer los instrumentos que hagan posible la plena materialización de la igualdad entre mujeres y hombres. Las políticas de igualdad, entendidas como las políticas responsables de acabar con la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, no pueden ser confundidas con políticas sociales ni con políticas de identidad.

El partido socialista apuesta por lo que mejor sabe hacer: políticas públicas que aborden las diversas formas de discriminación que enfrentan las mujeres sin caer en enfoques fragmentados. Trabajando hacia una sociedad más equitativa y justa para todas las mujeres, reconociendo y atendiendo de manera integral sus necesidades. Desde un enfoque estratégico para superar los complejos desafíos a los que nos enfrentamos de manera integral y ambiciosa, aprovechando el papel activo del Estado para impulsar la innovación, el crecimiento económico sostenible el bienestar social, y con la imprescindible participación del movimiento feminista y las organizaciones de mujeres. Las y los socialistas aspiramos a la ciudadanía plena de las mujeres, a remover todos los obstáculos, materiales y simbólicos, que impiden la autonomía y la emancipación de las mujeres. Con la igualdad como horizonte, y el feminismo como camino.

4.2. Empleo. vidas independientes y autónomas.

La igualdad efectiva pasa, necesariamente, por la independencia económica y por que las mujeres tengan vidas autónomas y la posibilidad de desarrollarse en el ámbito profesional. La igualdad en el empleo es, por tanto, un fin en sí mismo, pero es también un elemento estratégico y clave: el pleno disfrute de los derechos y libertades por parte de las mujeres sólo puede construirse a través de la independencia económica y la autonomía. Es imposible hablar de autonomía, igualdad y libertad si las mujeres siguen dependiendo económicamente de los hombres. Sin independencia económica no hay autonomía, y sin autonomía, no hay libertad.

Para el Partido socialista es indispensable profundizar en la mejora de las condiciones de las mujeres el ámbito de su independencia económica y, por tanto, de la garantía de las condiciones materiales para tener una vida digna y que garantice una libertad real en sus decisiones y expectativas. En el presente, con un trabajo que les permita tener un proyecto de vida propio. Y en el futuro, porque de cómo sean esos trabajos (tipos de contrato, jornada, salario, desarrollo profesional, etc.) dependerán las pensiones que reciban.

4.3. Igualdad en el empleo

Mujeres y hombres siguen teniendo un acceso desigual a los mercados de trabajo, al crédito y la financiación de sus proyectos, a los espacios de poder y de toma de decisiones. Existe un reparto desigual de los tiempos y trabajos, especialmente los domésticos de cuidados no remunerados, y las mujeres padecen el impacto desigual de las políticas económicas que siguen mostrando un diseño androcéntrico.

Las estructuras económicas y de conocimiento perpetúan las desigualdades entre las mujeres y los hombres, generando además una pérdida de competitividad de nuestra economía.

La situación estructural de las mujeres en el mercado de trabajo continúa siendo más precaria que la de los hombres debido principalmente al mandato social de los cuidados que hace que estos recaigan principalmente en las mujeres tanto de forma material como simbólica condicionando su participación real y el trato que reciben en el ámbito laboral, así como a la menor valoración de los sectores feminizados. Menor tasa de actividad (63,18% hombres y 54,18% mujeres – INE 1T 2023), de empleo (55,87% hombres y 45,99% mujeres – INE 1T 2023) y mayor tasa de paro (11,57% hombres y 15,13% mujeres – INE 1T 2023), y mayor parcialidad, las mujeres suponen en torno al 75% de los contratos a tiempo parcial. Esta situación tiene consecuencias no solo en el nivel de renta de las mujeres presente, o futuro, ya que las pensiones y otras prestaciones están asociadas al empleo, sino que impacta directamente en sus decisiones educativas, laborales y vitales, y por tanto, en su libertad real.

La libertad de las mujeres está intrínsecamente ligada a su autonomía y a su independencia económica. Para lograrla, hay que eliminar las barreras que impiden que las mujeres puedan acceder, permanecer y promocionar en el ámbito laboral, así como acabar con la brecha salarial.
  • Seguiremos avanzando en políticas que permitan eliminar la brecha salarial, profundizando en materia de transparencia salarial, potenciando las inspecciones de trabajo y e incrementando el régimen sancionador, de acuerdo con la Directiva Europea de Transparencia Salarial.
  • Pondremos en marcha la oficina estatal de lucha contra discriminación en la Inspección de Trabajo.
  • Actualizaremos la ley de prevención de riesgos laborales incorporando la perspectiva de género.
  • Estableceremos una nueva regulación de las enfermedades profesionales a fin de considerar, entre otras, aquellas propias de muchas actividades realizadas principalmente por mujeres, como ocurre con las camareras de pisos, o las profesiones vinculadas a la atención dependencia o la limpieza, que tendrán la consideración de enfermedad profesional.

4.4. Apuesta por el empleo verde y digital

Estamos viviendo una profunda transformación de nuestro sistema productivo con las transformaciones digital y verde. La segregación en los estudios y en las ocupaciones debe combatirse para que las mujeres puedan aprovecharse de la generación de empleos de calidad en estos sectores, y también estar presente en su diseño, para que como ha ocurrido en otros momentos de transformación, no queden excluidas. La situación de partida, teniendo en cuenta que son sectores masculinizados, supone una atención particular para articular estas políticas de transformación y reconversión. No se trata solo de una cuestión de justicia social, sino de invertir en el necesario talento de toda la población y garantizar oportunidades reales. Una verdadera política palanca que además contribuirá a la dinamización y la sostenibilidad de los territorios.

El partido socialista apuesta firmemente por la incorporación y la promoción de las mujeres en trabajos emergentes en el nuevo modelo productivo, en el marco de la economía digital y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en el proceso transformador de la transición ecológica.

La brecha digital de género es reseñable en cuanto a habilidades digitales y también en cuanto a la presencia de las mujeres en profesiones del sector. Existe una importante brecha digital en el acceso de las mujeres a las carreras STEM. Los roles y estereotipos, para uno y otro sexo, refuerzan los prejuicios sobre sus capacidades, intereses y motivaciones, por lo que la asociación de la ciencia y la tecnología a habilidades masculinas puede desincentivar las vocaciones STEM en las niñas y jóvenes. La presencia de las mujeres en el sector de tecnologías de la información (TIC), en todas las áreas y categorías profesionales es inferior a la de los hombres. Como indica red.es, en 2020, había 144.000 expertas en TIC, lo que supone un 19,8 % del total. Una de las razones para explicar este desequilibrio es la falta de mujeres graduadas en STEM. En 2018, la proporción de mujeres graduadas en estas disciplinas era de 14,3 por cada mil mujeres de entre 20 y 29 años en Europa. En España, la cifra era menor de 12,7.

Así mismo, la brecha en los trabajos vinculados con la transición verde es también muy elevada. Según los estudios más recientes, las mujeres solo acceden al 18% de los empleos, y la mitad de los puestos son administrativos, debido entre otras razones, a la menor presencia en carreras y puestos científicos y técnicos.

Necesitamos modificar estas cifras si queremos avanzar en igualdad y si queremos que España esté a la vanguardia de estas transiciones, situarnos de manera ventajosa en las cadenas de valor internacionales y garantizar nuestra autonomía estratégica y resiliencia frente a posibles futuras crisis o emergencias.
  • Fomentaremos la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos de decisión vinculados con la transición verde y digital.
  • Desarrollaremos un plan de impulso para la incorporación y promoción de las mujeres en trabajos emergentes de la economía digital y verde. Para ello aprovecharemos el impulso, las herramientas y el presupuesto que para formación aparece en las nuevas directivas europeas de Chips, Industrias con emisiones netas, Materias primas críticas o Cibersolidaridad.
  • Potenciaremos el emprendimiento femenino, tanto en la transición energética y la economía verde como en la digitalización. Para ello es importante garantizar la financiación de las iniciativas promovidas por mujeres o en las que participen mujeres. Planes piloto desarrollados por la Comisión Europea apuntan a que una revisión de los protocolos de financiación ayudaría a desterrar prejuicios y valorar aspectos que suelen incluir los proyectos de las mujeres que son esenciales para la innovación y la resiliencia de estas nuevas empresas y que muchos casos no son tenidas en cuenta.
  • Fomentaremos la incorporación de las mujeres en los planes de reconversión y de nuevos empleos. En las zonas de reconversión, dado que son sectores muy masculinizados, es necesario un esfuerzo específico. Tanto con actuaciones dirigidas a las mujeres como con reservas de plazas en programas o actividades, como con las relacionadas con formación y recualificación profesional.
  • Impulsaremos programas formativos dirigidos a incrementar habilidades digitales y a formar especialmente a mujeres en materias vinculadas con el ámbito tecnológico y digital.
  • Fomentaremos el interés temprano en vocaciones relacionadas con la transición ecológica y la transformación digital mediante la incorporación de contenidos relevantes en los currículos escolares y actividades extraescolares. Esto implica abordar de manera activa la detección y eliminación de sesgos de género que puedan existir en las disciplinas científicas y tecnológicas.

4.5. Servicios publicos de cuidados y política de tiempos

Los cuidados nos competen a todas las personas como sociedad y debemos avanzar hacia una organización social donde éstos no recaigan de manera de manera sistemática en las mujeres. La división sexual del trabajo y la desigual distribución en los usos del tiempo, a través de los mandatos de género establecidos socialmente, impiden la corresponsabilidad y sitúan a las mujeres en el centro de los cuidados. En el partido socialista creemos que es imprescindible desvincular la idea que asocia los cuidados con las mujeres. En esa idea, la de la división sexual del trabajo, se fundamenta toda la desigualdad y las discriminaciones que sufren las mujeres.
El mercado de trabajo está diseñado para personas sin responsabilidades domésticas ni familiares. Las mujeres se han introducido en el mercado laboral pero los hombres no se han introducido en los cuidados. Esta asimetría actúa en detrimento de las mujeres.
Cuando no existe una provisión pública suficiente y asequible de servicios públicos de cuidados, la participación laboral de las mujeres se ve seriamente afectada ya que son las mujeres quienes asumen gratuitamente, y a costa de su tiempo, las tareas de cuidados.
Avanzar en la consolidación del Estado del Bienestar y establecer políticas públicas para los cuidados, contribuirá a eliminar el freno que supone la maternidad para las mujeres. Así mismo, el socialismo debe de abanderar, también, cambio cultural para que los hombres asuman su responsabilidad en los cuidados. Aún estamos lejos de la corresponsabilidad, hay que generar las condiciones para lograr la implicación responsable de los hombres en el cuidado, un enorme reto para unas nuevas relaciones de género, para una sociedad democrática y decente. La corresponsabilidad no se dirime exclusivamente entre mujeres y hombres, sino que también es social. Los cuidados son una necesidad colectiva y el Estado debe asumir la responsabilidad de cubrirla. Por ello, impulsaremos medidas y servicios públicos de calidad para superar la sobrecarga que las familias, y de forma preeminente las mujeres, han venido soportando, asumiendo los cuidados para suplir los déficits de nuestro modelo de bienestar social.
Los servicios públicos de cuidados deben establecerse en torno a tres premisas:
- Garantizar los servicios públicos de cuidados como palanca de justicia social.
- Perseguir una nueva organización social de los cuidados que permita avanzar en igualdad entre mujeres y hombres.
- Cuidar a quien cuida. Garantizar la dignidad de quiénes reciben cuidados y de quiénes los prestan a través de servicios de acompañamiento psicosocial.
Y deben ir acompañados de una verdadera Política de tiempos basada en la racionalización de los horarios y en unos usos del tiempo, de trabajo, de cuidados y de ocio, cada vez más iguales entre mujeres y hombres.
Y deben ir acompañados de una verdadera Política de tiempos basada en la racionalización de los horarios y en unos usos del tiempo, de trabajo, de cuidados y de ocio, cada vez más iguales entre mujeres y hombres.
  • Fortaleceremos la red pública de servicios de cuidados potenciando un nuevo modelo de organización social de los cuidados para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad.
  • Extenderemos la prestación por nacimiento y cuidado (antes paternidad y maternidad) hasta las 20 semanas, incorporando una mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial de los padres y madres a partir de la semana 16.
  • Avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados, considerando la perspectiva del ciclo de la vida, siempre en el marco del diálogo social, y desde la perspectiva de género.
  • Fomentaremos la corresponsabilidad en las primeras etapas de la crianza incentivando prácticas beneficiosas como la adopción consecutiva de los permisos de nacimiento.
  • Pondremos en marcha un plan nacional para el trabajo flexible con un paquete de reformas legales y de incentivos a empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación de la vida personal y la profesional, mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral.
  • Universalizaremos la educación de 0 a 3 años.
  • Aumentaremos la oferta de centros de día y de cuidados de larga duración, uniéndolo a la Estrategia estatal de lucha contra la soledad no deseada.
  • Trabajaremos para revalorizar los empleos de cuidados, mejorar su cualificación con habilidades digitales y adecuar sus niveles salariales al conocimiento y responsabilidades que conllevan. Esto supone además trabajar en combatir su estereotipación.
  • Fomentaremos la colaboración público-privada, en el marco de la negociación colectiva, para establecer incentivos vinculados con la oferta de servicios de cuidados o facilidades para acceder a ellos, como escuelas infantiles o ludotecas, centros de día para personas mayores, etc. Y en caso de grandes empresas que puedan dotarse de infraestructuras, recursos diseñados para atender el cuidado de menores hasta la escolarización obligatoria.
  • Promocionaremos actividades extraescolares, campamentos de verano, etc. prestando especial atención al fomento de vocaciones vinculadas con la transición verde y digital, como por ejemplo los campamentos tecnológicos. Del mismo modo, los servicios de comedor deben incluirse como una prioridad para la equidad y como refuerzo de las políticas contra la pobreza infantil.
  • Plantearemos medidas para familias monoparentales, encabezadas en más de un 82% por mujeres, como la consideración de familia numerosa.
  • Impulsaremos que se tenga en cuenta la transversalidad de los cuidados en procesos estratégicos como el plan nacional de reformas, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o el Semestre Europeo, integrando la perspectiva de género en todas las fases de ejecución.

4.6. Pacto por la racionalización de los horarios y ley de usos del tiempo

El fortalecimiento de un Estado del Bienestar que garantice servicios públicos de cuidado, accesibles y de calidad, debe ir a acompañado de una verdadera política de tiempos. El uso del tiempo no es solo un asunto individual y privado. También es colectivo y público.

La organización y distribución del tiempo es un componente clave para establecer una sociedad igualitaria en cuanto a las oportunidades y las libertades de hombres y mujeres, y resulta un planteamiento estratégico por las múltiples repercusiones en muy diferentes aspectos de la vida de la ciudadanía. Facilitaría la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, fomentando la corresponsabilidad y tendría un impacto positivo, también estudiado, en la productividad laboral y en el bienestar de las personas trabajadoras, así como la de sus familias.

La racionalización de los horarios y la transformación de los usos del tiempo tienen como finalidad la redistribución de los tiempos acoplándolos a las necesidades vitales de la ciudadanía. Horarios escolares, comerciales, laborales, de ocio y entretenimiento, etc. debieran establecerse teniendo en cuenta estas necesidades. Una tarea ingente, que precisamente por su dimensión, requiere de una convergencia de voluntades de todos os ámbitos de la sociedad: económico, político, educativo, mediático, etc. Se trata de una reivindicación largamente demandada que ahora más que nunca es imprescindible llevar a cabo.

El objetivo es articular políticas de tiempos que vayan más allá de propuestas sobre días u horas máximas de trabajo remunerado y que aborden una racionalización de nuestros horarios que tenga como referencia una propuesta centrada en la igualdad entre mujeres y hombres, la salud integral de la sociedad, la eficiencia y la sostenibilidad.

Es una gran transformación de la sociedad para la que necesitamos consolidar un compromiso compartido.
  • Promoveremos un gran pacto social por la racionalización de los horarios que pueda reflejarse en iniciativas legislativas y con la implicación de todos los agentes implicados de todos los ámbitos: político, de la Administración y de la sociedad civil, sindicatos y organizaciones empresariales, comunidad educativa, comercios, medios de comunicación para que adapten los horarios de máxima audiencia, promoción a través de la FEMP de pactos locales para la gestión del tiempo, etc. Entre otras medidas, puede incluir la creación de una Mesa de Concertación Social para los Usos del Tiempo y Racionalización Horaria.
    • Seguiremos trabajando en la ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, una ley que debe permitir avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres, y fomentar el bienestar de las personas y la eficiencia del tejido empresarial y asociativo.
    • Pondremos en marcha un plan nacional para el trabajo flexible con un paquete de reformas legales y de incentivos a empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación de la vida personal y la profesional, mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral.
  • La encuesta sobre empleo del tiempo del ine deberá realizarse con la periodicidad que marca Eurostat. Para poner en marcha políticas de usos del tiempo y racionalización horaria es indispensable contar con los datos más recientes, completos.

7. La paridad como requisito democrático

La incorporación de las mujeres al ámbito profesional ya no es un hecho reciente. Sin embargo, los puestos de decisión y responsabilidad, a pesar de los avances, siguen siendo mayoritariamente masculinos.

Según el INE, “en el año 2021, el porcentaje de mujeres en el conjunto de Consejos de Administración de las empresas que forman parte del Ibex-35 ha sido del 30,7%, porcentaje 3 puntos superior al del año anterior y que ha hecho un largo recorrido desde los 11,7% de 2012, pero que, sin duda, es todavía insuficiente. Si se considera el cargo ejercido en los consejos de administración, la presencia de mujeres en la presidencia de empresas es casi anecdótica (no llega al 6%)”.

La Constitución Española establece la necesidad de remover los obstáculos que impiden que la igualdad entre los sexos que consagra sea efectiva. Continuando la senda trazada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que ya establecía el “principio de presencia equilibrada”, nuestra propuesta de ley nace con esa vocación. La de impulsar y exigir que las mujeres ocupen los puestos que les corresponden por mérito y capacidad.

La paridad, esto es, la presencia equilibrada entre mujeres y hombres, es una exigencia democrática. El partido socialista quiere que la paridad sea una realidad en el poder económico y en el poder político, en el Gobierno de España y en el gobierno de las grandes empresas. Como dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez: Algunos dirán que es excesivo. Nosotras y nosotros decimos que es justo. Por ello el PSOE se compromete a aprobar la Ley de representación paritaria que ya se encontraba en el Congreso para su tramitación.
  • Impulsaremos la aprobación de la ley orgánica de representación paritaria de mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión, que garantizará la igualdad efectiva en la toma de decisiones política, de la administración y de las empresas.
    • Paridad en las listas electorales para alcanzar la paridad en la representación política. Reforzar la presencia de mujeres con listas cremallera.
    • Paridad en el ámbito político.
      Los nombramientos del Consejo de Ministros, los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado (por ejemplo las Secretarías de Estado o las direcciones generales) incorporarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
    • Paridad en los consejos de administración.
      La futura ley responde a una directiva comunitaria sobre la materia y establece el objetivo del 40% de participación femenina en los órganos de dirección públicos y privados. Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración es del 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección. En los puestos de alta dirección, deberán ajustar los procesos de selección para que se alcance ese objetivo.
    • Paridad en los colegios profesionales.
      Siguen siendo mayoritariamente masculinos aún en sectores feminizados como, por ejemplo, el de la salud. De 251 colegios profesionales en julio de 2015, solo en 41 – el 21,91%- la presidencia estaba ocupada por mujeres. Es decir, a pesar de ser un ámbito feminizado, el 78,09% de presidentes son hombres
    • Paridad en tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios de la Administración General del Estado.
    • Paridad en los órganos constitucionales.

8. Construir conocimiento, el futuro digital y la inteligencia artificial sin sesgos de género

Necesitamos que las mujeres estén en todos los espacios donde se deciden las nuevas estrategias y los nuevos objetivos, pero también allí donde se transforman los contenidos, donde se genera el conocimiento.

Por una parte, a pesar de que las mujeres universitarias son mayoría en España desde hace décadas, no lo son entre el personal universitario y científico estable, ni en la cúspide de la carrera académica o científica. No solo existe un techo de cristal, sino un auténtico laberinto en el que se van perdiendo mujeres conforme avanzan sus carreras académicas y científicas. Incluso cuando llegan a la cumbre no siempre se les reconoce su autoridad, ni llegan a ser consideradas referentes.

Por otra parte, la brecha digital de género es reseñable en cuanto a habilidades digitales y también en cuanto a la presencia de las mujeres en profesiones del sector. Existe una importante brecha digital en el acceso de las mujeres a las carreras STEM. Los roles y estereotipos, para uno y otro sexo, refuerzan los prejuicios sobre sus capacidades, intereses y motivaciones, por lo que la asociación de la ciencia y la tecnología a habilidades masculinas puede desincentivar las vocaciones STEM en las niñas y jóvenes.

Existe una gran desproporción entre mujeres y hombres en los estudios tecnológicos, que luego se acrecienta aún más en el ámbito profesional donde se están generando los mejores puestos de trabajo y, sobre todo, donde se está diseñando el futuro.
  • Seguiremos impulsando los estudios feministas en las universidades y centros de investigación para generar conocimiento, repensar los contextos de investigación y las disciplinas.
  • Promoveremos la revisión de las estadísticas públicas para que se midan mejor las desigualdades de género y permitir un mejor conocimiento que informe unas políticas públicas transformadoras.
  • Apoyaremos el buen funcionamiento de las unidades de igualdad en las universidades, con especial foco en abordar y prevenir los casos de acoso en el entorno laboral académico.
  • Trabajaremos para incrementar de manera rápida y estable la proporción de mujeres en el personal científico e investigador, con especial énfasis en investigadoras pre y postdoctorales e investigadoras en posiciones permanentes. Seguiremos los criterios del Programa Marco Horizonte Europa sobre la financiación de la investigación para mejorar la perspectiva de género y la presencia de mujeres en los equipos de investigación y su liderazgo.
  • Fomentaremos las medidas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del sistema científico, universitario y empresarial, en desarrollo de la ley de la ciencia y la ley de universidades. Promoveremos la investigación sobre el papel de las mujeres en las ciencias, el conocimiento y el desarrollo humano. De manera más específica promoveremos en cooperación con científicas y mujeres tecnólogas, la visibilización del papel de las mujeres en la ciencia, en medios sociales y pedagógicos, aportando ejemplos para las niñas y mujeres jóvenes
  • Se diseñarán planes contra la brecha de género y los estereotipos asociados a los sectores industriales, tecnológicos, y digitales para integrar el talento femenino (lo mismo para incorporar el talento masculino a las profesiones de cuidados).
  • Desarrollaremos el plan de acción de educación digital 2021-2027 y su acción «Incentivar la participación de las mujeres en las CTIM» (STEM en inglés).
  • Impulsaremos la formación de los profesionales del ámbito educativo para la eliminación de la brecha de género en la enseñanza de STEM. Proporcionaremos, a la comunidad educativa y las AMPAS, en el marco establecido por la LOMLOE, formación y herramientas para la eliminación de sesgos de género en la educación de materias científicas y tecnológicas. Se desarrollarán actividades de desarrollo de las STEM como ferias de ciencias.
  • Promoveremos las vocaciones tempranas vinculadas con el ámbito científico y tecnológico, tanto en el entorno escolar como en actividades extracurriculares. Los estudios especializados señalan cada vez más la infancia como la etapa clave donde se configuran habilidades y preferencias para el futuro desempeño profesional. Eliminar los sesgos en los contenidos y en la impartición de estas materias es clave para aumentar el número de mujeres en esta rama.
  • En paralelo, trabajaremos en prestigiar las profesiones vinculadas a los cuidados y en reforzar en los colegios la cultura de los cuidados en los niños para romper los estereotipos asociados a la elección de estudios.
  • La cultura es escenario y motor de transformaciones sociales. promoveremos la participación de las mujeres en todos los ámbitos creativos.

4.9. Una inteligencia artifical sin sesgos de género

La digitalización de la sociedad no es opcional. El desarrollo tecnológico no puede ser ajeno ni reproducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Es imprescindible que todos los avances cuenten con perspectiva de género. En el marco de la regulación que se está llevando a cabo en la Unión Europea, así como de todas las medidas que se están implementando en nuestro país, seguiremos trabajando para que una digitalización y el desarrollo de la IA se haga sin sesgos de género, de manera que contribuya a eliminar y corregir las desigualdades del mundo analógico, en el mundo digital. Ambos mundos están fuertemente relacionados.

La influencia de la utilización de datos con sesgo de género tiene implicaciones en el mundo off line (que no te ofrezcan determinados puestos de trabajo por ser mujer, o que ningún asistente sepa responder a preguntas como dónde ir si te han violado), y también a nivel simbólico, vinculado con la reproducción de estereotipos y prejuicios de género, así como la construcción de nuestro marco mental de referencia que determina qué es más valioso en nuestras sociedades o quién tiene autoridad.

El reto de la configuración de algoritmos, de la Inteligencia Artificial en el más amplio sentido del término, hay que abordarlo desde dos perspectivas. La primera consiste en su propia configuración, en los procesos donde hay intervención humana. La segunda, consiste en cómo se reproducen – aprenden del entorno y reproducen sesgos – y en introducir mecanismos para corregirlo. El establecimiento de marcos éticos para regular los algoritmos, tal como se está haciendo en Ley sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea, son los pasos que se perfilan para abordar las implicaciones de la IA en las personas y la sociedad en el corto y medio plazo.
  • Seguiremos impulsando los estudios especializados para detectar cómo se introducen los sesgos y cómo neutralizarlos, así como fomentando y difundiendo buenas prácticas al respecto a través del ONTSI y de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, y todos los recursos disponibles.
  • Avanzaremos en la creación de un esquema de certificación para algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que respeten la neutralidad y la ausencia de sesgos de género, también en su utilización en los ámbitos laborales.
  • Seguiremos impulsando la perspectiva de género en la ia a través del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua.
  • Fomentaremos la especialización en programación y software, incidiendo en la participación de las mujeres.

4.10. Igualdad efectiva entre mujeres y hombres como catalizador del mundo rural

El mundo rural está envejecido y masculinizado. El éxodo rural tiene rostro de mujer joven. Y se acrecienta con cada proyecto de vida fuera del pueblo. La falta de oportunidades en el empleo y la dispersión de los servicios públicos es una de las causas de la denominada feminización del éxodo rural, como lo es una división sexual del trabajo más marcada que en las ciudades y que conlleva a un reparto muy desigual de los trabajos y los tiempos asociados a los cuidados y trabajo doméstico no remunerado. En los contextos rurales suele haber un mayor arraigo de los roles más tradicionales y menos posibilidades de anonimato a la hora de tomar decisiones o llevar a cabo actuaciones que puedan señalar a las mujeres.

En comparación con las ciudades, en el medio rural, las mujeres sufren más paro, empleos de peor calidad o subsidiarios, más segregación horizontal y vertical. Escasa representación en los puestos de decisión, sin apenas presencia en los consejos rectores de las cooperativas agropecuarias y pesqueras. Por cada cien hombres, apenas hay treinta mujeres jefas de explotaciones.

A pesar de eso, las comunidades rurales están llenas de posibilidades y tenemos que conseguir que sean atractivas para las mujeres. En ese sentido, hay que desterrar la imagen estereotipada que existe de las zonas rurales. A lo largo y ancho de nuestro territorio hay multitud de proyectos de innovación en la vanguardia de sus sectores.

Necesitamos también que la imagen de las mujeres rurales, de las mujeres del campo y de las mujeres del mar, también sea la de mujeres jóvenes, preparadas, con ideas nuevas, con proyectos innovadores.

Es imprescindible invertir en servicios y recursos para las zonas rurales para mejorar sus condiciones de vida, fortalecer su participación económica y garantizar su acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Una red de servicios públicos con vocación de continuidad que no dependan de inversión coyuntural para su sostenimiento y que apuesten por el empleo de calidad.

Es indispensable abordar las especiales dificultades de las mujeres víctimas de violencia de género en los entornos rurales, donde el drama de la violencia machista está muchas veces silenciado o invisibilizado. Y la dispersión o carencia de recursos hace mucho más difícil que las víctimas reciban ayuda y lo hagan con la discreción que las víctimas requieren.

No habrá desarrollo del medio rural sin la contribución y participación de las mujeres en todos los ámbitos y, en especial, en la actividad económica, en el emprendimiento en diferentes sectores como el turismo, la artesanía, el ocio, así como en proyectos relacionados con la innovación. Las mujeres, y concretamente las mujeres rurales, tienen que estar en el centro de las transiciones verde y digital. Asegurar que las mujeres formen parte de este cambio contribuye además a tener en cuenta a toda la población para la transformación del capital humano local en la conformación de un nuevo modelo productivo. Es imprescindible para la vertebración y la cohesión territorial. No es solo una cuestión de igualdad y de justicia, sino una necesidad para mantener vivos nuestros pueblos.
  • Impulsaremos la participación paritaria en los órganos de decisión, negociación y representación.
  • Seguiremos trabajando para que la ley de titularidad compartida sea efectiva y útil. Para ello, abordaremos las modificaciones legislativas necesarias y la fundamental coordinación entre todas las administraciones implicadas.
  • Apoyaremos a las asociaciones de mujeres rurales para realizar acciones de transferencia de conocimiento, asesoramiento y divulgación, y reforzaremos el apoyo a los proyectos empresariales desarrollados por mujeres rurales.
  • Fomentaremos las medidas específicas orientadas a mujeres en materia de innovación y digitalización y a potenciar la perspectiva de género en la implantación de Red de Centros de Innovación territorial. Así mismo, impulsaremos la formación en competencias digitales dentro del Programa de fomento del empleo agrario
  • En el marco de la nueva pac, seguiremos impulsando la incorporación de mujeres a las explotaciones agrarias y también al sector pesquero y acuícola en condiciones de igualdad a través del Plan estratégico para la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola 2021-7.
  • Retomaremos los consejos locales o comarcales de participación de las mujeres.
  • Apoyaremos y daremos a conocer la gran labor innovadora que se está llevando a cabo en las zonas rurales, proyectando referentes de mujeres que sirvan de inspiración para las más jóvenes. Así mismo, pondremos en marcha Programas de retorno del talento de las mujeres al mundo rural.
  • En el contexto de renovación del pacto de estado contra la violencia de género, estableceremos medidas para las mujeres rurales con el fin de garantizar el acceso a los recursos. Desarrollaremos un Plan de Intervención de Lucha contra la Violencia de Género en el medio rural.
  • Fomentaremos los servicios de atención integral a las mujeres en los centros de salud, que deben de utilizarse como espacios de cribado universal para los casos de violencia de género.
  • Estableceremos programas dirigidos a mujeres mayores para ofrecer espacios de encuentro y fomentar su participación social a través del desarrollo de actividades en materia de salud, nuevas tecnologías, cultura, etc. contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y al bienestar de estas mujeres.
  • Fomentaremos programas intergeneracionales (de ocio, de ayuda a la comunidad, de intercambios de aprendizajes, etc.).

4.11. Lucha contra la violencia machista

4.11.1. Ni un paso atrás contra la violencia machista

La violencia de género es una cuestión de Estado para el Partido Socialista. Es uno de los principales problemas estructurales del país, al que debemos responder con contundencia y recursos, económicos, materiales y humanos, desde las responsabilidades gubernamentales e institucionales, y también desde el compromiso democrático y feminista.

4.11.2. Defender el pacto de estado contra la violencia de género

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, demandado por el movimiento feminista, e impulsado por el partido socialista, fue un gran logro de toda la sociedad.

Defender el Pacto de Estado contra la violencia de género es urgente. Ahora más que nunca, ante lo que puede suponer un gobierno de coalición de derechas, con un partido negacionista, es necesario defender lo conquistado y los grandes consensos.

Es incompatible permanecer en el Pacto de Estado, y por tanto en el consenso de la lucha contra la violencia de género, y negociar con quienes la niegan. El PP o está en el Pacto de Estado, o está con Vox.
11.2.1. Renovar el pacto de estado contra la violencia de género
Más de 1200 mujeres asesinadas desde 2003. En los que llevamos de año, 23 menores han quedado huérfanos.

El pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se firmó en el Congreso de los Diputados la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la ausencia de la extrema derecha, para actualizarlo y blindar su financiación pública.

La renovación del Pacto, impulsada por el partido socialista, mejora la democracia y nos compromete a todas y todos con una verdadera política de Estado que es la lucha contra la violencia de género. El dictamen para su renovación incluye el refuerzo de la respuesta institucional integral y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combate de forma expresa los discursos negacionistas.

Las y los socialistas consideramos que es imprescindible que la confianza en las instituciones no se deteriore. La denuncia es la puerta de entrada al sistema de protección, que no es infalible, pero sin ella es muy complicado llegar a los casos de violencia. Sabemos que el paso de la denuncia es muy complejo. Numerosos estudios nos indican que el no reconocerse como víctima, el miedo al agresor, la incertidumbre por si no son creídas, y hasta la vergüenza, son factores que limitan, o incluso impiden, llegar a denunciar. Entender y tener en cuenta estos motivos harán mejorar las herramientas con las que contamos para proteger a las víctimas.
  • Es imprescindible culminar cuanto antes los trabajos de renovación del pacto.
  • Evaluaremos la aplicación del pacto y continuaremos implementando las medidas pendientes. con especial atención a:
    • Cribado universal. situar la atención primaria de salud en el primer espacio de detección precoz de la violencia contra las mujeres, con recursos específicos para la derivación en casos de cribados positivos y circuitos de atención y actuación entre los diferentes agentes intervinientes, y que eviten la victimización secundaria. Esta medida adquiere una especial relevancia en los entornos rurales, donde incidiría en garantizar la privacidad de las víctimas.
    • Creación de las unidades de valoración forense y de juzgados especializados en Violencia contra la Mujer en todo el territorio nacional para fortalecer el sistema de respuesta judicial a las mujeres víctimas.
  • Aumentaremos los recursos para luchar contra la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.
  • Se introducirán nuevas medidas para enfrentar los retos actuales, como el acoso y la violencia en el ámbito digital y de las redes sociales, especialmente en relación con las menores y las más jóvenes.
  • Atenderemos de manera especial a las y los menores huérfanos.

11.3. Menores huérfanos

Queremos seguir avanzando en reforzar su bienestar, reparar el daño y garantizar igualdad de oportunidades. Las ayudas y recursos están establecidas hasta la mayoría de edad, pero a los 18 años no se tiene, en la mayor parte de los casos, una vida independiente con unos ingresos autónomos.
  • Extenderemos el acceso a recursos socioeconómicos como víctimas directas de la violencia de género a efectos administrativos hasta los 26 años a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas.
  • Desarrollaremos instrumentos que nos permitan conocer mejor la situación de los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por violencia de género, ampliando los indicadores facilitados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para el seguimiento mensual y anual de los huérfanos y huérfanas por violencia de género.
  • Crearemos indicadores y recoger información haciendo seguimiento judicial de las resoluciones de medidas de protección a menores, incluidas en los procedimientos penales y en los casos de asesinato y homicidio.

4.11.4. Ciberviolencia. combatir la violencia de género en el ambito digital

Este fenómeno reciente tiene mayor incidencia sobre las mujeres y las niñas. La Unión Europea avanza en la definición y la regulación de este problema. Tal como señala el Parlamento Europeo, a medida que el mundo se mueve en línea, también lo hacen las formas de violencia que ya afectan a las mujeres y las niñas de forma desproporcionada, y las tecnologías digitales les permiten adoptar nuevas formas esta dimensión de la violencia posibilitada por internet, el correo electrónico, los teléfonos inteligentes y las plataformas de redes sociales. Forma parte de un conjunto más amplio de violencia de género, y sus manifestaciones cambiantes incluyen la incitación al odio sexista, el trollo, el doxing, el acoso (sexual) en línea y el acecho, las amenazas de violaciones o de muerte, la extorsión de carácter sexual y otras formas de abuso basado en la imagen. Al igual que otras formas de violencia de género, se basa en diferencias y relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. Lo que diferencia a la ciberviolencia es el anonimato que confiere a los autores y el hecho de que puede llevarse a cabo desde cualquier lugar y escala y de modo indeleble.

Siguiendo las recomendaciones y el marco europeo:
  • Impulsaremos el plan de prevención y actuación de los delitos de violencia de género online, que incluya la formación especializada de los profesionales, y de sensibilización especialmente respecto de víctimas menores y aquellas con discapacidad.
  • Fomentaremos la creación de programas de concienciación y prevención del ciberacoso y la violencia de género online, incluyendo la promoción de relaciones saludables y respetuosas en el entorno digital.
  • Las y los socialistas europeos hemos impulsado una iniciativa legislativa que pide a la Comisión y al Consejo que se introduzca la "ciberviolencia” dentro del nuevo delito de “violencia de género” que se está definiendo en el ámbito europeo. Como socialistas, seguiremos trabajando para incluir en este marco la prostitución y los vientres de alquiler.
  • Siguiendo la ley europea de servicios digitales, apoyaremos que las plataformas en línea de muy gran tamaño se responsabilicen y apliquen medidas de reducción de contenidos que constituyan ciberviolencia, especialmente en lo que se refiere a garantizar que las víctimas puedan ejercer eficazmente sus derechos en relación con contenidos que representen el intercambio no consensuado de material íntimo o manipulado mediante el tratamiento rápido de notificaciones y la retirada inmediata de dichos contenidos.

4.11.5. Seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista

  • Profundizaremos en las diversas situaciones que enfrentan las mujeres, fortaleciendo aún más las medidas dirigidas a aquellas más vulnerables: mujeres con discapacidad, mujeres en áreas rurales, mujeres mayores, mujeres pertenecientes a minorías étnicas y migrantes, y las menores y más jóvenes.
  • Mejoraremos la atención y protección de las víctimas de violencia machista, con especial consideración a las víctimas de sumisión química y a aquellas con necesidades de especial protección, mediante recursos especializados.
  • Desarrollaremos planes de acción para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres, integrando medidas en toda la geografía española, con implicación de los operadores y actores sociales. Reforzaremos y aumentaremos las políticas y actuaciones para la sensibilización sobre sus causas y consecuencias. Abogando por una respuesta multisectorial de calidad para las víctimas y los hijos e hijas de las víctimas, que incluyen seguridad, justicia, salud, y otros servicios esenciales.
  • Pondremos en marcha un plan de intervención de lucha contra la violencia de Género en el medio rural.
  • Trabajaremos para mejorar la respuesta institucional a las víctimas a través de la coordinación y el trabajo en red para poder hacer efectivos los protocolos municipales. Para ello, se reforzará la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad en las zonas rurales, incluyendo unidades de apoyo judicial y policial en pequeños municipios, e impulsando el procedimiento de ventanilla única en zonas rurales para agilizar los trámites administrativos.
  • Potenciaremos la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género.
  • Aseguraremos la dotación suficiente de las partidas presupuestarias destinadas a los recursos de prevención, recuperación integral de las víctimas y a su asistencia social, dependientes tanto de las comunidades autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.
  • Incentivaremos la participación de hombres y jóvenes en la prevención de las violencias contra las mujeres mediante iniciativas dirigidas a ellos.
  • Seguiremos poniendo recursos y desarrollando medidas de empleabilidad e inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género en los entornos rurales y urbanos.
  • En cuando a la violencia sexual:
    • Garantizaremos los recursos para el desarrollo de la ley de libertad sexual
    • Facilitaremos a las ccaa que puedan fortalecer y mantener en el tiempo la atención especializadas y acceso a recursos (sanitarios, policiales.) para atender a las víctimas de violencia sexual.
    • Se tendrán en cuenta las particularidades de las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, la dispersión territorial de los recursos, o cualquier otra condición que suponga más dificultades para el acceso y la atención de los servicios especializados.
  • Apoyaremos a la directiva europea de violencia contra las mujeres para blindar el marco internacional de lucha contra la violencia de género.
  • Continuaremos abordando la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, en línea con lo establecido en el Convenio de Estambul.

12. Mujeres jovenes y redes sociales

La relación entre las redes sociales y el deterioro emocional, especialmente entre las jóvenes, está siendo cada vez más evidente según numerosos estudios. Se observa un preocupante incremento del acoso y del número de suicidios. Además, se observa un crecimiento alarmante de la ansiedad social o la depresión. La baja autoestima, los trastornos alimentarios y los traumas relacionados con la imagen corporal también están en aumento. Del mismo modo, aumentan las cirugías estéticas entre las jóvenes para parecerse a los filtros de las aplicaciones que usan. Es indudable que este problema debe abordarse de manera urgente ya que apenas estamos comenzando a comprender el impacto que tiene en la salud mental y el desarrollo emocional de las personas, sobre todo en las jóvenes.
  • Desarrollaremos un plan estatal para para abordar el impacto de las redes sociales en las y los menores, teniendo en cuenta la especial incidencia en las mujeres jóvenes, que pivotará sobre la educación digital; la prevención y apoyo en salud mental y la Prevención e investigación y desarrollo de herramientas y tecnologías que promuevan un entorno en línea seguro. Entre otras medidas contemplará:
    • La investigación sobre los efectos de las redes sociales en la salud de las y los menores para desarrollar estrategias de intervención efectivas.
    • El impulso, a través de la comunidad educativa y las ampas, de formación para la promoción de un uso responsable de las redes sociales y para la detección de posibles situaciones de acoso o violencia digital o de riesgos para la salud mental.
    • El establecimiento de programas de prevención y detección temprana de problemas de salud mental relacionados con el uso de las redes sociales, como la ansiedad, la depresión y los trastornos de la alimentación.
    • La promoción de la formación de profesionales de la salud en la identificación y manejo de los impactos negativos de las redes sociales en la salud.
  • Aumentaremos los recursos específicos para la prevención en los centros educativos.
  • Promoveremos la colaboración y el establecimiento de protocolos y programas específicos contando con todos agentes implicados (políticos, institucionales, sanitarios, educativos, de la sociedad civil y de las empresas tecnológicas y del sector)

12.1. Proteger a los menores de la pornografía

Reivindicamos el derecho de la infancia y la adolescencia a desarrollar su sexualidad y a contar con formación e información que les ayude a tomar decisiones saludables y respetuosas sobre el sexo y la sexualidad a lo largo de sus vidas.

Debemos proteger a los y las menores del acceso a la pornografía. Según el estudio (Des)Información sexual: pornografía y adolescencia de “Save the Children” en septiembre de 2020, casi siete de cada diez adolescentes consumen pornografía de forma regular en nuestro país. Resulta especialmente preocupante que los niños y las niñas accedan a contenidos pornográficos a edades muy tempranas: más de la mitad, un 53,8%, afirma haber visto pornografía por primera vez entre los seis y los doce años. La mayoría de los menores (62,5%) reconoce haber visto pornografía. Las cifras son alarmantes. Casi el 88% de los chicos, y casi el 39% de las chicas, ha visto pornografía al menos una vez en su vida.

El acceso temprano a la pornografía puede tener diversos impactos negativos en los menores, como la distorsión de la percepción de la sexualidad, problemas emocionales y psicológicos, desarrollo de actitudes y comportamientos sexuales inapropiados e incluso violentos, riesgo de adicción, y alteración de la percepción de la intimidad y las relaciones amorosas, y cosificación de las mujeres y niñas. Es fundamental abordar este problema de manera efectiva y brindar a los menores el apoyo y la educación necesarios para comprender la sexualidad de manera saludable y respetuosa.

Para impedir que los menores accedan a la pornografía debe establecerse una iniciativa legislativa que aborde las diferentes dimensiones del problema y promueva la colaboración entre los diferentes actores involucrados, incluyendo a las familias, las escuelas, las instituciones gubernamentales, las empresas de sector y las organizaciones de la sociedad civil. Además, debe tener en cuenta los derechos de los menores y garantizar su protección, sin limitar indebidamente su acceso a información y educación sexual adecuada a su edad.
  • Elaboraremos una iniciativa legislativa para impedir el acceso de los menores a la pornografía en internet y limitaremos el acceso a contenidos que pueden resultar dañinos para el desarrollo de los y las menores.
    • Incluiremos medidas como programas para crear conciencia sobre los riesgos asociados y las consecuencias negativas de su consumo;
    • Implementación de herramientas de protección y bloqueo;
    • Colaboración con la industria del entretenimiento y plataformas en línea para establecer estándares más estrictos de etiquetado y restricción de contenidos y promover prácticas de publicidad responsable;
    • Apoyo a las víctimas y terapia especializada para aquellos menores que hayan sido expuestos o sufran consecuencias negativas;
    • Investigación y seguimiento para evaluar y ajustar las acciones que se lleven a cabo.
  • Fomentaremos acuerdos con empresas tecnológicas y todos los agentes implicados para poner en marcha programas específicos, así como para contribuir a la difusión de campañas.
  • Reforzaremos la educación sexual en el marco que establece la ley de Educación (LOMLOE) y facilitaremos información y herramientas a las familias a través de las AMPAS y toda la comunidad educativa.

13. Las mujeres no son mercancías. ni prostitución ni vientres de alquiler

La prostitución y los vientres de alquiler son el producto de la intersección más brutal del capitalismo –donde los ricos compran a los pobres– y del patriarcado –donde los hombres compran a las mujeres–. Estas dos industrias se expanden gracias a la agravación de la pobreza, a la explotación de mujeres pobres y con menos recursos.
Frente a los discursos que presentan estos sistemas como innovadores e inocuos, hay que señalar el daño que estas estructuras causan para la vida y para la salud de las mujeres implicadas, y simbólicamente para todas las mujeres, ya que la prostitución se convierte en una auténtica escuela de desigualdad.

El partido socialista se posiciona claramente. Ni prostitución, ni trata, ni vientres de alquiler. Aspiramos a una sociedad de mujeres y hombres libres, una sociedad justa en la que las mujeres que se compran o se venden, en la que no se comercia con bebés.

4.13.1. Abolir la prostitución y erradicar la trata de seres humanos

En el Partido Socialista nos declaramos abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que proponemos, de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Los y las socialistas queremos dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo, que acaben con la prostitución y articulen una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud.
  • Aboliremos la prostitución. desarrollaremos una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas.
  • Estableceremos un marco legal integral que aborde políticas públicas para articular una salida a las víctimas de trata y en contextos de prostitución. Se reforzarán los servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas, con atención específica a menores.
  • La asistencia profesional de las víctimas en los ámbitos sanitario, jurídico, social y laboral, potenciando el acompañamiento psicológico. Asimismo, impulsaremos mecanismos de coordinación efectivos con las ONG en la defensa de las personas prostituidas.
  • La regulación del estatuto de víctima de prostitución de manera que permita atender a los y las menores de edad de manera específica y el establecimiento de protocolos tanto de prevención como de intervención que tengan en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad y discriminación como las víctimas con discapacidad.
  • Continuaremos los trabajos para aprobar la ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
  • Nos comprometemos a apoyar la reforma de la directiva europea sobre trata de Personas, donde se plantea la necesidad de reforzar las capacidades de las autoridades policiales y judiciales nacionales; abordar la "digitalización" de la trata; introducir medidas más disuasorias contra las personas jurídicas y prestar asistencia y apoyo a las víctimas de forma más coherente; se considera que los Estados Miembros deben avanzar en la protección de las víctimas en los procedimientos penales; la asistencia a las víctimas, incluidos los grupos vulnerables; y las disposiciones relativas a la indemnización.

4.13.2. No a los vientres de alquiler

El deseo de ser madre o padre no es un derecho. Los cuerpos de las mujeres no son objetos de uso para satisfacer deseos de otras personas. Hay que acabar con la concepción de que las mujeres sean un medio para el fin de otros, atentando deliberadamente contra su autonomía y dignidad, y explotando su falta de recursos y oportunidades.

Los contratos gestación subrogada son nulos de pleno derecho según la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Tal como expresó el Tribunal Supremo en 2013, vulnera los derechos fundamentales de madres gestantes y niños reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos. Este mismo tribunal, en una sentencia del pasado abril de 2022, consideró que la gestación subrogada “entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables. Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad”.

El Partido Socialista se opone contundentemente a la práctica de la gestación por sustitución o gestación subrogada, términos que solo suavizan la cruel realidad de los denominados "vientres de alquiler". Consideramos que esta práctica vulnera los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo se ha incluido la prohibición de la publicidad de las agencias que hacen negocio con la explotación de las mujeres. Pero hay que continuar avanzando.
  • Actuaremos contra las agencias que promocionan y hacen negocio con la gestación subrogada, promoviendo las medidas legislativas necesarias.
  • Seguiremos apoyando a nivel europeo no solo la consideración como delito de la gestación subrogada, sino el establecimiento de mecanismos para abordar de manera internacional este problema que trasciende nuestras fronteras. Abordaremos los cambios legislativos necesarios, asegurando siempre el interés superior del menor y los derechos de las mujeres.
  • Paralelamente, se llevarán a cabo las medidas necesarias para facilitar y fomentar el sistema de adopción nacional e internacional. La maternidad y la paternidad tienen más que ver con los afectos y los cuidados que con los genes.

4.14. Más derechos y mejores vidas

4.14.1. Una maternidad libremente decidida. derechos sexuales y reproductivos

La punta de lanza del avance la derecha extrema y la extrema derechos son los derechos de las mujeres, y de manera concreta, el derecho al aborto. En Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, acabamos de ver cómo se pretendía restringir el derecho a decidir de las mujeres con chantajes emocionales y coacciones, como la obligación de escuchar los latidos del feto.

El derecho a la interrupción del embarazo es un gran consenso democrático. Se trata de una libertad individual que las mujeres deben poder ejercer en condiciones de dignidad. Para las mujeres el aborto solo puede ser dos cosas: o un derecho o una forma de poner su vida en juego.

En nuestro país, un tren de la libertad arrolló al último ministro que quiso revertirlo. Frente a la reacción, las feministas socialistas en primera línea. Hoy, trece años después del recurso del PP, la ley Aído, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, es constitucional.

Los derechos de las mujeres siempre son los primeros en ser cuestionados. El 24 de julio podemos estar en la senda para continuar avanzando, o podemos encontrarnos en un camino de retorno al blanco y negro para las mujeres. Se trata de avanzar o de retroceder.

Hay que seguir avanzando, para ello:
  • Debemos garantizar la ive en igualdad de condiciones en todas las comunidades así como la información y garantía de la elección y la disponibilidad de acceder a los dos métodos mediante los cuales se lleva a cabo la prestación: el método quirúrgico y el farmacológico.
  • Es imprescindible garantizar el acceso a esta prestación en las zonas rurales, donde hay menos servicios y más dispersos, así como mayor dificultad para garantizar la privacidad de las mujeres.
  • Impulsaremos que se habiliten “zonas de seguridad” alrededor de las clínicas para reforzar la seguridad de las mujeres que acuden a las mismas y puedan ejercer sus derechos sin acosos ni coacciones.
  • Perseguiremos, de acuerdo con la legislación vigente, a aquellas personas y grupos que acosen a las mujeres y/o centros en los que se lleva a cabo las interrupciones de embarazo, insistiendo en la protección legal para las de las mujeres que intentan abortar.
  • Desarrollaremos políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados a través de campañas informativas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar especialmente destinadas a la juventud.
  • Desarrollaremos acciones y habilitaremos recursos específicos para las mujeres con discapacidad en cuanto a la salud sexual y reproductiva, facilitando los apoyos necesarios a su capacidad de decidir y obrar para que disfruten de una salud sexual óptima y obtengan los apoyos que precisen en el desarrollo de la maternidad.

4.14.2. Mejorar la salud de las mujeres.

La literatura especializada ha llamado la atención sobre cómo el androcentrismo (la identificación de lo masculino con lo universal) en la medicina tiene un impacto determinante en la salud de las mujeres. Todavía muchos estudios biomédicos utilizan a los hombres como prototipo y aplican los resultados en mujeres. Signos, síntomas y efectos para las mujeres se han estudiado en menor medida. También se investiga menos en cuestiones que afectan a las mujeres que tienen que ver con enfermedades, como la endometriosis o procesos naturales, como la menopausia, sobre la que sigue habiendo un gran tabú social a pesar de afectar a millones de mujeres en nuestro país.

Además, existe una tendencia a medicalizar y patologizar el malestar emocional de las mujeres, lo que, junto con la tendencia a convertir los procesos fisiológicos naturales en procesos patológicos, da lugar a una sobremedicalización que no aborda, y por tanto no resuelve, los problemas relacionados con los ciclos naturales de las mujeres, ni con la salud mental. Una cuestión que adquiere una relevancia especial y concreta tras la pandemia y que no es ajena al agotamiento de las mujeres en sus múltiples roles y la sobrecarga vinculada al mandato social de los cuidados. En definitiva, tratar los efectos junto con las causas que llevan a las mujeres al agotamiento, la falta de tiempo y en muchos casos, en contextos de precariedad laboral.

Por ello, debemos analizar las políticas de salud y proponer acciones para reducir las desigualdades de género en este ámbito a través del Observatorio de Salud de las mujeres, recuperado en 2019 por el gobierno de Pedro Sánchez para transversalizar la perspectiva de género en las políticas de salud. Se debe seguir trabajando en esta línea a través de la apuesta por el conocimiento, la ciencia y la comprensión de la salud de las mujeres.
  • Elaboraremos en colaboración con el consejo interterritorial del sistema nacional de salud, una Estrategia de Salud y perspectiva de género del SNS.
  • Promoveremos el conocimiento sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en salud y fortalecer el enfoque de género en las políticas de salud y en la formación continuada del personal de salud, tal como establece el Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud.
  • A través del observatorio de salud de las mujeres, continuaremos con la recuperación de la serie de Informes sobre Salud y Género, establecer un grupo de trabajo específico para el estudio de los sesgos de género en los diagnósticos, y un grupo específico para potenciar la investigación en la menopausia y las enfermedades vinculadas con la menstruación, como la endometriosis, y la propensión de las adolescentes a la anorexia o a otros problemas vinculados con la salud mental.
    • Se realizará un informe sobre las mujeres y la menopausia siguiendo el ejemplo de los realizados por el gobierno británico en estos últimos años.
      • Las recomendaciones de esos informes irán seguidas de cambios legales y políticas específicas, así como de su seguimiento.
      • Trabajar desde las administraciones públicas con la industria para asegurar el desarrollo de tratamientos más seguros para la menopausia.
  • Desarrollaremos una estrategia contra la medicalización y por la salud mental que ponga la salud mental y la física al mismo nivel. La sobremedicalización afecta principalmente a las mujeres y tiene que ver con su agotamiento social en sus múltiples roles, la precariedad y la falta de conocimiento específico.
  • Contribuiremos a la identificación y difusión de buenas prácticas para reducir las desigualdades de género en salud.
  • En coordinación con las ccaa, estableceremos un protocolo de atención sanitaria que facilite la intervención sin sesgos de género, con especial atención a aquellas enfermedades o afecciones que presentan síntomas diferenciados por sexo.
  • Elaboraremos un catálogo de las diferencias sintomáticas en mujeres y hombres en las enfermedades más frecuentes o con mayor índice de mortalidad o invalidez.
  • Fomentaremos la evaluación de la dimensión de género en proyectos y contenidos relacionados con la salud.

3. Lucha contra la pobreza de las mujeres

Las mujeres siguen viéndose desproporcionalmente más afectadas por la pobreza y el riesgo de exclusión social que los hombres, en especial aquellas que sufren formas múltiples o interseccionales de discriminación. Según el INE, la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres en España en 2022 se sitúa en el 21,1% mientras que la de los hombres se sitúa en un 19,8%. Y eso que la medición de la pobreza subestima la multidimensionalidad de la pobreza y su incidencia en las mujeres sobre todo al no tener en cuenta la pobreza de tiempo. Por ese motivo, se debe desarrollar una estrategia de lucha contra la pobreza que garantice un enfoque estructural y amplio para erradicar la pobreza femenina, y su vinculación con la perpetuación intergeneracional de la pobreza a través de la pobreza infantil, la más injusta y determinante de todas las pobrezas.
  • Avanzaremos en la medición multidimensional de la pobreza para que se aborde en toda su complejidad y tenga en cuenta aspectos tan importantes para el bienestar de las personas y muy específicamente de las mujeres como la inclusión de la pobreza de tiempo con los datos proporcionados por la EET del INE, y la perspectiva de género y la interseccional.
  • Desarrollaremos de una estrategia de lucha contra la pobreza 2030, con objetivos concretos de reducción de la pobreza y centrada en acabar con la pobreza de las mujeres y romper el ciclo intergeneracional de riesgos de pobreza muy vinculada por la pobreza infantil. Esta estrategia debe incluir la perspectiva de género en el combate de la pobreza energética y de movilidad.
  • Promoveremos una normativa marco sobre niveles mínimos de ingresos que cubra a todas las personas mayores de 18 años, con el fin de garantizar que las mujeres y sus hijos que viven en la pobreza tengan un nivel de vida digno.
  • Impulsar el uso de tarjetas monedero alimentarias con un plan a nivel nacional para facilitar el consumo de alimentos y evitar la estigmatización de las familias en situación de vulnerabilidad.
  • Abordaremos la problemática de la falta de vivienda es un factor clave para alcanzar la igualdad de género y erradicar gran parte de la pobreza de las zonas de transformación social.
  • Abordaremos las especificidades del sinhogarismo para las mujeres y su vinculación con la violencia de género en un doble sentido, ya que la mayor parte de las mujeres que están en esa situación son víctimas de violencia de género, y muchas de las que se encuentran sin hogar provienen de situaciones previas de violencia machista.
  • Defendemos el derecho a una pensión digna y seguiremos aumentando el montante de la pensión mínima durante esta legislatura, como se ha hecho en la presente, hasta conseguir la media europea.
  • El incremento del 10% de la cuantía del complemento para la reducción de la brecha de género previsto para 2024-5 se completará con otro 10% adicional durante el bienio 2026-7

5. La españa de la cohesión y del bienestar

El Estado de bienestar forma parte de la mejor España. Los españoles y las españolas cuentan hoy con un Estado de bienestar que los protege y garantiza derechos gracias a las decisiones que adoptaron ejecutivos socialistas en los tres últimos decenios. Felipe González inauguró el verdadero trabajo en materia social en democracia. Por su acción política disponemos de pensiones dignas, prestaciones de desempleo robustas, un sistema público de atención sanitaria articulado y moderno o una red de servicios sociales que se extiende por el territorio. El gobierno de Zapatero puso en marcha el sistema de promoción a la autonomía y atención a la dependencia. Subió las pensiones mínimas, amplió el permiso de paternidad a 15 días y creó, por primera vez, el Ministerio de la Vivienda.

Los gobiernos socialistas de González y Zapatero sentaron las bases de un sistema de bienestar que hemos seguido cuidando con mimo durante esta legislatura. Nuestras pensiones, nuestra política de bienestar e inclusión, nuestra sanidad y nuestros servicios sociales han ampliado desde 2018 su capacidad de proteger y capacitar, garantizando ingresos, promoviendo la autonomía de las personas, luchando contra la discriminación y generando cohesión social. Gracias a ello, España es hoy menos desigual. Estamos creciendo, y lo hacemos de manera justa, sin dejar a nadie atrás, ofreciendo oportunidades con independencia del código postal en que nacimos o residimos. Estamos reparando el ascensor social que el gobierno de Rajoy dejo maltrecho. Seguimos empeñados en construir un modelo de bienestar para todas y todos, un modelo robusto y garantista, que necesitamos blindar para que la derecha insolidaria no nos lo pueda arrebatar cuando algún día vuelva al poder.

El listado de actuaciones promovidas durante esta legislatura es extenso. Hemos garantizado el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, revalorizando las pensiones contra el criterio de la oposición de derechas en un contexto de inflación internacional.

En el ámbito sanitario, entre otras iniciativas, hemos eliminado los copagos que introdujo el PP, ampliado la cartera de terapias y tratamientos avanzados y aprobado una Ley de Eutanasia. Hemos apoyado a las familias con nuevos permisos parentales iguales e intransferibles. Hemos protegido a los colectivos más vulnerables con un Ingreso Mínimo Vital. Hemos recuperado las cotizaciones para cuidadoras no profesionales.

Hemos luchado con denuedo contra la pobreza infantil, convirtiéndola en un asunto de Estado en el que no escatimamos esfuerzos. Hemos aprobado un Plan de Choque para recortar las listas de espera de la dependencia, y la primera ley de Vivienda de la democracia.

Son muchos y muy profundos los avances que hemos abanderado las y los socialistas, y no son menos los que tenemos en cartera para el futuro. En la próxima legislatura seguiremos la senda que nos ha traído hasta aquí: una senda coherente, de avances en el reconocimiento de derechos y en el acceso a prestaciones y servicios. Los pensionistas tendrán garantizada la revalorización de su pensión. Aumentaremos el montante de las pensiones mínimas. Mejoraremos el acceso al Ingreso Mínimo Vital.

Promoveremos la atención a la salud mental, una atención pública y gratuita, y crearemos una Agencia Estatal de Salud Pública. Seguiremos ampliando los permisos parentales y extendiendo los derechos y la protección de la infancia. Garantizar el derecho a la atención temprana en la infancia figurará entre nuestras prioridades. No dejaremos hasta asegurar que las personas dependientes cuenten con la atención y los cuidados que necesiten en el momento en que la precisen. Y no escatimaremos en inversiones para lograrlo. Hacer asequible la vivienda es el gran caballo de batalla de la próxima legislatura.

Hemos incluido la economía social y de los cuidados en la estrategia de un nuevo modelo de crecimiento, impulsando el Proyecto Estratégico del Plan de Recuperación para la Economía Social y de los Cuidados, con el fin de apoyar la modernización de este sector e impulsar su potencial desde el punto de vista económico y de creación de empleo.

Nuestros principios y objetivos son de sobra conocidos. Nos avalan 144 años de historia consagrados a pelear por el progreso social de nuestro país.

5.1. Pensiones

El Partido Popular de Rajoy recibió del PSOE en el año 2011 una herencia de 67.000 millones de euros en el Fondo de reservas—conocido como hucha de las pensiones— que en gran medida fue fruto del superávit registrado en las cuentas de la Seguridad Social durante los años del gobierno socialista de Zapatero. En tan sólo 7 años el Partido Popular dilapidó esa herencia que habíamos generado con la gestión del gobierno socialista. Un ahorro sobre el que se debía cimentar la sostenibilidad del sistema cuando se encuentre más tensionado (a partir de principios de la próxima esta década) por la jubilación de la denominada generación del baby boom, la mayor de nuestra historia.
Por si no bastara con dinamitar el futuro del sistema, en el año 2013 el Partido Popular impuso el rodillo de su mayoría absoluta para aprobar una aberrante reforma del sistema público de pensiones sin diálogo social ni el aval del Pacto de Toledo. Esta reforma suponía de facto y para siempre un empobrecimiento constante y paulatino de losa y laso pensionistas presentes y futuros.
Una reforma que condenaba las pensiones a la pérdida de poder adquisitivo por la aplicación de una revalorización mísera del 0,25% anual, al tiempo que reducía la cuantía inicial de todas las pensiones a futuro a través del factor de sostenibilidad. Estas medidas suponían la ruptura de nuestro sistema de pensiones de reparto, que perdía así sus señas de identidad y nos condenaba a unas pensiones cada vez más exiguas.
Desde junio de 2018, el PSOE se comprometió a revertir los recortes del Partido Popular y a recuperar esas señas de identidad del sistema público de pensiones, devolviendo la suficiencia económica a los y las pensionistas. Hoy podemos decir con orgullo que hemos cumplido con ese compromiso.
Retomando la senda del diálogo sobre el que se fraguó la reforma de 2011, hemos realizado una reforma del sistema de pensiones enmarcada en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y tras de un intenso y fructífero proceso de interlocución con las organizaciones sindicales y empresariales. Porque las pensiones para las y los socialistas son un derecho que entendemos como un asunto de Estado, y por ello consideramos necesario legitimar las reformas en este ámbito mediante el consenso social derivado de esa mesa tripartita de negociación.
El consenso que ha avalado las reformas emprendidas ha permitido garantizar en todo momento una paz social que contrasta con la situación que vivió España con la reforma del PP de 2013, o con la que ha conocido Francia recientemente. Y, además, se ha enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una de las principales reformas estructurales que sirve para garantizar la pervivencia del sistema en los próximos treinta años.
Como primer gran hito, se ha recuperado el derecho a la revalorización de las pensiones para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. Se ofrece así certidumbre al colectivo de pensionistas en un contexto extraordinariamente complicado, pese al cual la revalorización en 2023 ha supuesto una subida del 8,5%.
También hemos cumplido con nuestro compromiso de dignificar las pensiones más bajas, y por ello hemos establecido una senda de subida para las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, con la intención de evitar así situaciones de exclusión social derivadas de la falta de recursos en la tercera edad.
Además, se trata de una medida que tiene un gran impacto en la reducción de la brecha de género, dado que las mujeres cobran pensiones más bajas. En esta misma línea, hemos creado el complemento económico de brecha de género, y hemos aplicado medidas que permiten reducir el impacto de las lagunas de cotización de la vida laboral, un fenómeno feminizado por causa de la maternidad.
Todo ello se hace dentro del marco de una estrategia integral con la que equilibrar las cuentas de la seguridad social por la vía de los ingresos, terminando con la insolvencia heredada y fortaleciendo la estructura de ingresos del sistema. Por otro lado, la reforma introduce importantes elementos redistributivos. Sabemos que la reducción de la desigualdad es el fundamental para lograr el bienestar social, y por ello nuestra reforma tiene la solidaridad como principio motor.
El socialismo propone el diálogo y el acuerdo como forma de legitimación, y es por ese planteamiento que aprueba sus reformas reforzando, no recortando.
Gracias al gobierno socialista de Pedro Sánchez, el sistema de pensiones es hoy más sostenible, digno, garantista, igualitario e inclusivo. Y se puede comprobar objetivamente que los resultados refuerzan ya la orientación de las reformas realizadas.
Es importante resaltar que estas reformas se han implementado con la oposición frontal del PP, siendo la voluntad transformadora y progresista del PSOE la que ha devuelto a las y los pensionistas los derechos arrebatados por la derecha:
Los futuros pensionistas, especialmente las y los más jóvenes, son quienes más beneficiados de la eliminación del factor de sostenibilidad que cercenaba su derecho a una pensión digna (con la reforma del PP, los jóvenes habrían perdido de media 300 euros mensuales en su pensión futura).
Más de 10 millones de pensionistas actuales han recuperado el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones.
De este modo, una persona pensionista que cobraba 1090€ cuando llegamos al gobierno cobra hoy en día 1367€, en lugar de los 1104€ que cobraría de haberse mantenido la reforma del PP. La diferencia son 3.681€ anuales.
De esos más de 10 millones de pensionistas, 2,5 millones se beneficiarán de la dignificación de las pensiones mínimas, y otro medio millón de la subida de las pensiones no contributivas.
Hemos ampliado derechos y mejorado todas las prestaciones de la Seguridad Social de acuerdo con tres ejes de actuación.
Igualdad entre mujeres y hombres. Por vez primera, se hace explícito el objetivo de reducción de la brecha de género en el sistema de pensiones. Ello se traduce, más allá de las actuaciones para la eliminación de la brecha salarial, en la adopción de medidas dirigidas específicamente a corregir la injusta desigualdad existente entre las pensiones de las mujeres frente a las de los hombres.
Compromiso intergeneracional. Algunas de las medidas adoptadas están dirigidas a los más jóvenes: de forma destacada, la derogación del factor de sostenibilidad —el instrumento diseñado por el PP para reducir automáticamente la cuantía de las pensiones— y su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional.
Solidaridad y redistribución: La capacidad financiera de nuestro sistema de Seguridad Social se ha reforzado significativamente a través de medidas que piden un esfuerzo adicional, pero asequible, a quienes tienen una mayor capacidad adquisitiva.
Hemos garantizado el equilibrio de la seguridad social. Después de heredar un déficit del 1,6% del gobierno de Rajoy, las medidas basadas en el aumento de ingresos y la asunción por parte del Estado de los gastos de naturaleza no contributiva han permitido una reducción rápida de ese déficit que, tal y como recoge el Plan de Estabilidad, se convertirá en equilibrio presupuestario en la próxima legislatura. Hemos logrado este resultado bajo situaciones extraordinarias como una pandemia o una guerra en Europa, y afrontando esas realidades mediante la protección social.
Hemos avanzado en la recuperación de la confianza en el sistema:
Garantizando la sostenibilidad financiera: al reforzar la estructura de ingresos del sistema que permitirá recuperar el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones,) que superará los 5.000 millones este año (la primera vez que aumenta desde 2011) y que, con la reforma aprobada, alcanzará 130 mil millones de euros cuando más se necesita para combatir el reto demográfico.
Garantizando la sostenibilidad social: al blindar legalmente la revalorización de las pensiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, y al dignificar las pensiones mínimas y no contributivas, preservando la suficiencia y adecuación de las pensiones que proclama nuestra Constitución.
Garantizando la sostenibilidad política, mediante el fortalecimiento de la legitimación democrática de nuestro sistema de pensiones, al hacer que las reformas aprobadas sean el resultado de intensos procesos de negociación y diálogo, desarrollados en dos planos:
El político: todas las recomendaciones del Pacto de Toledo han sido, total o parcialmente, atendidas.
El social: todas las reformas han sido discutidas y enriquecidas en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, siendo las más importantes el producto de grandes acuerdos tripartitos.
5.1.1. Nuestra visión del sistema de pensiones
Los segmentos superiores de la pirámide de población son probablemente los que han experimentado cambios más sustanciales en los últimos 40 años, suponiendo una auténtica transformación en su modo de vida.

A un notable aumento de la esperanza de vida —6 años más que entonces— debemos añadir la mejora de la calidad de la misma a partir de los 65 años, todo un logro sin duda que hace que hoy disfrutemos de una jubilación más larga y más plena.

Son las políticas emprendidas por los distintos gobiernos socialistas las que han hecho posible esa transformación, por su innegable contribución para la reducción de las desigualdades sociales, la mejora de las condiciones laborales y la creación y fortalecimiento de los pilares del Estado del bienestar Todas estas medidas han consolidado en poco tiempo en España un Estado Social y Democrático de Derecho sustentado sobre una gran clase media trabajadora.

La robustez y el alcance del sistema público de pensiones es la herramienta clave que ha hecho que la jubilación dejara de ser una etapa vital marcada por la carencia de autonomía, la inactividad, el sedentarismo y en muchos casos la dependencia de las hijas o hijos, para convertirse en un periodo vital caracterizado por una combinación de autonomía personal y tiempo libre para ser disfrutado en plenitud.

El sistema de pensiones se basa en la solidaridad intergeneracional. Quienes cobrarán una pensión los próximos años ya han contribuido a la jubilación de las generaciones anteriores, por lo que el Estado tiene la obligación de proveerles una pensión digna. Debemos, por tanto, combatir el discurso neoliberal que pretende buscar un enfrentamiento generacional que allane el camino hacia el desmantelamiento del sistema.

Por todo ello, vamos a seguir reforzando la confianza en el sistema público de pensiones desde mayor consenso social y político posible, y siguiendo los criterios de sostenibilidad del sistema y suficiencia económica de los y las pensionistas.

Para el PSOE, el sistema público de pensiones es un derecho esencial y sostenible, siendo imprescindible garantizar el poder adquisitivo de los y las pensionistas a largo plazo. Esa es la única manera de dar cumplimiento al verdadero espíritu del artículo 50 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar unas pensiones “adecuadas y periódicamente actualizadas”.

Hay dos visiones enfrentadas sobre el modo en que se debe afrontar el reto planteado al sistema de pensiones por la realidad demográfica. Y la visión que se imponga va a impactar decisivamente en la configuración de la sociedad venidera. Un planteamiento basado en los recortes y en la reducción del gasto aumentaría la desigualdad y la exclusión social, minaría la independencia y obstaculizaría la posibilidad de envejecimiento activo de la mayoría de las personas mayores, beneficiando solo a aquellas personas que más tienen.

Frente a esta sociedad, desde el partido socialista proponemos un modelo distinto en el que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales contemplando la última etapa con confianza .Y, para lograrlo, seguiremos utilizando fórmulas basadas en la igualdad, la solidaridad y la redistribución, garantizando ingresos suficientes a quienes reciban una pensión, que permitan que las pensiones puedan desempeñar su papel esencial como herramienta de cohesión.
  • Blindaremos el poder adquisitivo de las pensiones. garantizaremos ante cualquier circunstancia el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC.
  • Seguiremos revalorizando las pensiones mínimas y no contributivas durante la próxima legislatura, para reforzar su efectividad en la reducción de la pobreza.
  • Seguiremos profundizando en la ambiciosa agenda de reducción de la brecha de género de las pensiones, con una subida del complemento contra la brecha de género del IPC +10% adicional en 2026-2027.
    • En esta legislatura se ha puesto en marcha el complemento para la reducción de la brecha de género, así como la mejora de la cobertura de lagunas en las cotizaciones de las mujeres.
    • El incremento del 10% de la cuantía del complemento para la reducción de la brecha de género previsto para 2024-2025 se completará con otro 10% adicional durante el bienio 2026-2027.
  • Desarrollaremos nuevas modalidades de jubilación parcial y activa, para dar más flexibilidad y mejores oportunidades en una salida progresiva y voluntaria del mercado de trabajo.
    • Tras haber sentado las bases para un mercado de trabajo con menor rotación y mayor estabilidad, necesitamos políticas que potencien la complementariedad entre el trabajo de los más mayores y los más jóvenes.
    • Aprobaremos una nueva fórmula de jubilación parcial anticipada que preserve la calidad del empleo de los relevistas a través de contratos indefinidos; y se tendrá en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades (en muchos casos, fuertemente feminizadas) a partir de cierta edad.
  • Culminaremos la regulación de la jubilación anticipada para actividades profesionales especialmente duras o penosas, con una especial atención a la dimensión de género.
    • En cumplimiento del acuerdo en el ámbito del diálogo social, se establecerá un nuevo procedimiento para hacer efectivo, en supuestos objetivamente justificados, el adelanto de la jubilación.
  • Continuando con la implementación plena de las recomendaciones del pacto de toledo, vamos a reformar las pensiones de muerte y supervivencia con el objeto dignificar las pensiones de orfandad y mejorar las pensiones de viudedad de aquellas viudas en situación de vulnerabilidad.
  • Completaremos el despliegue de las medidas de fortalecimiento de la estructura de ingresos adoptadas para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Ello incluye culminar el proceso que iniciamos en 2021 de separación de fuentes de financiación con la asunción por el Estado de todos los gastos impropios, de naturaleza no contributiva, así como el despliegue del mecanismo de equidad intergeneracional. Rellenaremos la hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social estará dotado con más de 20.000 millones de euros en 2027.
    • Recuperaremos la centralidad del fondo de reserva de la seguridad social con las contribuciones derivadas del mecanismo de equidad intergeneracional y los previsibles excedentes del sistema en los próximos años.
.5.2. Apoyo a las familias y politicas del bienestar para todas las personas

5.2.1. Apoyo y protección a las familias

Hacemos nuestros y priorizamos en nuestros gobiernos los principios rectores constitucionales de la política social y económica, con la protección social, económica y jurídica de la familia. Las transformaciones demográficas y sociales que se han producido en las últimas décadas en nuestro país han modificado radicalmente las estructuras familiares y las formas de organización de responsabilidades y tareas dentro de las familias, a la vez que se han diversificado los modelos de familia: parejas de hecho, una sola persona progenitora, personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, familias en las que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores, familias adoptivas o acogedoras, etc.

El gobierno socialista ha priorizado en estos años la protección social y económica de las familias ante circunstancias adversas. En este ejercicio de protección se ha considerado especialmente a tipologías familiares vulnerables, como los hogares monoparentales o los que cuentan entre sus miembros con alguna persona con discapacidad. En este empeño, nuestro compromiso ha sido reconocer la diversidad de realidades familiares existentes en nuestro país y responder a sus necesidades diferenciadas.

El proyecto socialista está comprometido con abordar los problemas de corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Nuestro objetivo es que la responsabilidad que representan los cuidados recaiga en hombres y mujeres de manera igualitaria, corrigiendo situaciones donde la desigualdad se expresa en menores cotas de bienestar o salud para ellas.

En esta materia, ha habido avances que han supuesto un antes y un después para las familias de este país, como la aprobación en 2019 de la norma que reconoce permisos iguales e intransferibles de nacimiento para el cuidado de los hijos e hijas a ambos progenitores hasta el primer año de vida, el inicio de la tramitación de la ley de familias, y la reciente incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.

Esta norma es expresión de los principios de igualdad de género y de equilibrio entre vida familiar y vida profesional. Su trasposición nos permite avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, al mejorar el elenco de derechos de conciliación de las personas trabajadoras estableciendo nuevos permisos y ampliando los existentes.

La norma crea un nuevo permiso parental para el cuidado de hijo o menor acogido por tiempo superior a un año, que podrá disfrutarse hasta que el menor cumpla 8 años. Este permiso, de duración no superior a 8 semanas, continuas o discontinuas, es intransferible y podrá disfrutarse de manera flexible. Además, y entre otros permisos y reducciones de jornada, se amplía el derecho a la adaptación de la jornada de las personas con dependientes a cargo para quienes acrediten deberes de cuidado respecto de los hijos o hijas mayores de 12 años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado del trabajador, así como de otras personas dependientes cuando convivan en el mismo domicilio y no puedan valerse por sí mismas.

El PSOE se compromete a:
  • Garantizar que todas las familias son iguales en derechos, y a promover el apoyo y la protección social que necesitan mediante el impulso de la Ley de Familias.
  • Reconocer jurídicamente los diversos tipos de estructuras familiares, ya establecer el marco para una política integral de apoyo a las familias en todo el territorio.
  • Extender la prestación por nacimiento y cuidado (antes paternidad y maternidad) hasta las 20 semanas, incorporando una mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial de los padres y madres a partir de la semana 16.
  • Simplificar los trámites por nacimiento para que se puedan hacer de una vez y desde el hospital (prestación por nacimiento, la tarjeta sanitaria).
  • Establecer una prestación por crianza para familias con personas menores a cargo.
  • Promover una crianza positiva y saludable, mediante el reconocimiento de un marco estatal de apoyo a los 1.000 primeros días.
  • Garantizar medidas de apoyo a situaciones familiares específicas, priorizando las situaciones familiares de vulnerabilidad con personas menores a cargo.
  • Avanzar en permisos retribuidos para los cuidados, que garanticen conciliación y corresponsabilidad en vida familiar, laboral y personal, en el marco del diálogo social.
  • Fomentar la corresponsabilidad de los progenitores en las primeras etapas de la crianza, incentivando prácticas beneficiosas como la adopción consecutiva por parte de los progenitores de los permisos de nacimiento.
  • Mejorar el fondo de garantía de pago de alimentos.

5.2.2. Refuerzo y consolidación del sistema de servicios sociales, como cuarto pilar del estado del bienestar, y desarrollo del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

Si bien los servicios sociales fueron incorporados a la lista de pilares del estado del bienestar, desde la ya lejana aprobación en 1988 del Plan Concertado su desarrollo y reconocimiento no se ha producido al mismo nivel que otros. El protagonismo de administración local, autonómica y estatal hace del sistema de servicios sociales un reto constante de cooperación y colaboración entre administraciones para atender adecuadamente a toda la ciudadanía. Nuestro objetivo es disponer de unos servicios sociales más fuertes, con recursos suficientes a todos los niveles de actuación y coordinados para hacer efectiva la igualdad y la equidad.

La crisis sanitaria y social derivada de la pandemia por COVID-19, evidenció la necesidad de dar un impulso definitivo a la transformación de los cuidados de larga duración en nuestro país. Nuestro gobierno se ha centrado en recuperar la cogobernanza entre comunidades autónomas y gobierno, en revertir los duros recortes de los gobiernos conservadores (la dotación para el ejercicio 2023 es un 96% mayor que en el año 2018) y en impulsar las reformas e inversiones necesarias para la modernización de las políticas de cuidados, en general, y de los servicios sociales, en particular.

Entre los retos y objetivos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del gobierno de España, se encuentra modernizar los servicios sociales públicos y dotarlos de un nuevo marco normativo para todo el Estado. Se trata de una inversión cercana a los 875 millones de euros para la modernización de los servicios sociales, la transformación tecnológica, la innovación, la formación y el refuerzo de la atención a la infancia.

Asimismo, es necesario reconocer el papel que las entidades del tercer sector desempeñan como interlocutoras ante la Administración General del Estado en el desarrollo de las políticas públicas sociales, especialmente, durante los momentos de crisis social y económica que hemos afrontado.

Para avanzar en la consolidación y el refuerzo del Sistema de Servicios Sociales, como Cuarto Pilar del estado del bienestar, y junto a la mejora de la protección constitucional de los derechos sociales, el PSOE se compromete a:
  • Seguir promoviendo el pacto político territorial que adapte los servicios sociales a las nuevas necesidades sociales, intensificando la cogobernanza con las comunidades autónomas y las entidades locales con una nueva ley de Servicios Sociales.
  • Garantizar una cartera común de servicios sociales que potencie la intervención comunitaria, impulsando la atención integrada intersectorial de proximidad.
  • Avanzar hacia un sistema de información estatal de los servicios sociales garantizando el conocimiento y la accesibilidad de los servicios sociales y prestaciones mediante la eliminación de trámites, la simplificación de procedimientos y la superación de brecha digital.
  • Incentivar la investigación social para renovar el conocimiento y mejorar los sistemas de información que permitan la evaluación el análisis y la adaptación continua.
  • Avanzar en la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales y, en su caso, educativos, a través de la especificación de mecanismos estructurales que faciliten la cooperación y permitan la atención integral a las personas.
  • Avanzar hacia una regulación estatal de ordenación de las profesiones de la Intervención Social y la consideración de los/as profesionales de los servicios sociales como autoridad.

5.2.3. Reforma del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

Creemos en una sociedad que cuida y que entiende el cuidado como un derecho para garantizar una vida digna a todas las personas. La promulgación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en el año 2006 supuso un gran avance, con el reconocimiento del derecho subjetivo y el despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD).

Nuestra prioridad ha sido reforzar la atención a la dependencia y avanzar en un nuevo modelo de apoyos y cuidados de larga duración, alineado con el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Hemos incrementado la financiación recortada por el PP, disminuido la lista de espera y acortado el tiempo medio de gestión.

Después del balance de los años de vigencia de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia, las consecuencias de la pandemia en la atención a las personas con dependencia y la apuesta en los fondos europeos por la inversión en cuidados, nos comprometemos a:
  • Asegurar una correcta financiación de la dependencia que asegure su suficiencia y sostenibilidad.
  • Seguir con la reforma del saad: nuevos servicios y prestaciones adaptados a las necesidades de cada persona, dispositivos que acaben con la lista de espera, reorganización y modernización de la atención a domicilio y ampliación de la teleasistencia, mejora de la calidad de los servicios y del empleo prestigiando a sus profesionales, fortalecimiento y mantenimiento del carácter público de los servicios, y clarificación de la participación del sector privado y el tercer sector social.
  • Mejorar la normativa por la que se regulan las prestaciones del saad culminando el proceso de reversión de los recortes, adaptándonos a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, favoreciendo la flexibilidad, e incrementando las posibilidades de combinación de prestaciones y servicios del SAAD para una adecuación más personalizada.
  • Impulsar una prestación para las personas electrodependientes que les permita hacer frente al coste energético que supone el depender de un soporte vital.
  • Todos los servicios y prestaciones del sistema se deberán reorientar y adaptar hacia el modelo integral y centrado en la persona, para garantizar la dignidad y los derechos de las personas en situación de dependencia.
  • Actualizar el plan de choque en dependencia y, en colaboración con las Comunidades Autónomas, considerar la teleasistencia como derecho subjetivo.
  • Seguir desarrollando la promoción de la autonomía personal, contemplada en la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, promoviendo la figura del asistente personal.
  • Asimismo, estableceremos un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes, como es la prestación de ayudas a la dependencia.
  • Mejorar el modelo residencial, aumentando la calidad de la atención en centros tanto públicos como privados en equipamientos y profesionales. Avanzaremos hacia un modelo que se parezca lo máximo posible a un hogar, ajustando los cambios a cada contexto, a través de un cambio organizacional hacia unidades de convivencia más reducidas; contemplando los nuevos roles de los profesionales, fijando la figura del profesional de referencia, elaborando una historia de vida, promoviendo la autonomía, planes personalizados y los cambios del entorno necesarios. El objetivo es desarrollar la atención integral centrada en la persona mediante un modelo colaborativo entre los servicios sociales, sanitarios y otros comunitarios, y las personas residentes, familia, profesionales y voluntariado.
  • Profundizar en nuevos modelos de convivencia y cuidados de larga duración en edades avanzadas, proponiendo servicios de apoyo comunitarios innovadores que puedan contribuir a sostener vías alternativas a la institucionalización.
  • Promover la construcción de nuevos centros residenciales públicos para personas en situaciones de mayor dependencia, en el marco de las políticas de vivienda que el gobierno va a fomentar. Se trataría de aprovechar el impulso público de construcción de viviendas y edificaciones para favorecer también proyectos de centros residenciales públicos de diferente naturaleza.

5.2.4. El desafío de la longevidad. derechos para todas las edades

En España, en este momento, la población de más de 65 años representa el 20% del total, y se prevé que alcance el 26% en el año 2037. El aumento de la longevidad es un fenómeno generalizado en nuestro entorno europeo y debe considerarse un éxito, especialmente de un modelo social que apuesta por el bienestar. Constituye un gran reto social y político que ha de abordarse desde una perspectiva de derechos. Las personas mayores se enfrentan a situaciones de mayor vulneración de derechos humanos, discriminación, barreras en la participación en sociedad y amenazas a su dignidad personal y su capacidad para seguir tomando decisiones libres y autónomas sobre su propia vida.

Para combatir el edadismo, así como otras discriminaciones como la homofobia, xenofobia o la discriminación por religión, los y las socialistas hemos promovido la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No discriminación, que otorga instrumentos efectivos para luchar contra la discriminación por edad. El proyecto socialista promueve los derechos y la participación de las personas mayores en todos los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos, así como la incorporación de su perspectiva en el conjunto de las políticas públicas.

En cuanto a la apuesta intergeneracional, la acción del gobierno se ha centrado en garantizar los equilibrios intergeneracionales que legitiman las políticas de bienestar, con la intención de atender las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital, y de reducir las distintas brechas de desigualdad que existen, también por edad.

Con la vejez, el riesgo de que las personas caigan en situación de aislamiento y de soledad no deseada aumenta. Según estudios recientes, los costes de la soledad no deseada se sitúan cerca del 1,17% del PIB de España. En esta etapa de la vida también supone un problema social la brecha digital, porque dificulta y limita el acceso a servicios sociales básicos y las posibilidades de participación social y política. El gobierno se ha ocupado de este asunto con acciones concretas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relacionadas con la formación e inclusión digital de la ciudadanía, para hacer frente al proceso de transformación digital.

La intergeneracionalidad conlleva una nueva perspectiva que los y las socialistas queremos incorporar al diseño de las políticas públicas. Una sociedad intergeneracional permitirá una comunidad más cohesionada y capaz de afrontar las transformaciones sociales que el aumento de la longevidad conlleva. Contar con el talento de todas las personas y la experiencia de los y las senior reforzará además una sociedad más competitiva y sostenible.

El PSOE se compromete a:
  • Asegurar una perspectiva de ciclo vital en todas las políticas.
  • Sensibilizar a la ciudadanía del cambio que suponen las nuevas sociedades longevas, y apostar por la intergeneracionalidad para construir sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, erradicando culturas y prácticas edadistas.
  • Impulsar un pacto de estado para la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores.
  • Poner en marcha un ambicioso plan nacional para alfabetización digital de las personas mayores con la cooperación de las CC AA y los ayuntamientos.
  • Apoyar la creación de una convención sobre los derechos de las personas Mayores en el seno de Naciones Unidas que promueva, proteja y asegure el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en todo el mundo.
  • Garantizar la protección contra cualquier tipo de discriminación por razón de la edad.
  • Bajo el amparo de la ley de igualdad de trato y no Discriminación, impulsar en el ámbito de la negociación colectiva la elaboración en las empresas de Planes para la Retención del Talento Senior, trabajando para prevenir el edadismo en la contratación laboral.
  • Promocionar el envejecimiento saludable, con el objetivo de que las personas mayores puedan seguir participando y desarrollando un proyecto de vida propio.
  • Promover entornos y ciudades amigables, inclusivas y cuidadoras, donde las personas mayores puedan sentirse seguras, favoreciendo lugares de encuentro entre las generaciones.
  • Fomentar el voluntariado para y entre las personas mayores.
  • Reforzar las políticas que promuevan el bienestar emocional de las personas mayores, y pongan el acento en la prevención de los problemas de salud mental.
  • Promover políticas educativas, de ocio y culturales entre las personas mayores. favorecer la formación a lo largo de la vida y la formación universitaria para personas mayores como herramienta de conocimiento y convivencia intergeneracional.
  • Impulsar la “economía del envejecimiento”, tanto desde el punto de vista de la economía de los cuidados, como de su vinculación al ocio y al tiempo libre.
  • Promover la cultura del buen trato entre los y las profesionales que trabajan en la atención y cuidado de las personas mayores, dando paso a una nueva ética del cuidado y a una sociedad cuidadora.
  • Pondremos en marcha un plan nacional anticaídas para prevenir las más de 250.000 caídas al año de personas mayores, generalmente en el propio domicilio. Estas caídas afectan enormemente a la calidad de vida, con graves consecuencias de salud de forma irreversible en muchos casos. Con este plan lograríamos mantener su calidad de vida, al tiempo que se posibilita un ahorro significativo en la atención hospitalaria, en sintonía con lo recogido en el documento de consenso sobre prevención de la fragilidad en la persona mayor del Ministerio de Sanidad en 2022.

5.2.5. Protección y promoción de los derechos de la infancia

Esta legislatura ha sido la legislatura de la infancia. A pesar de las dificultades que hemos afrontado como país, como la crisis derivada de la pandemia o las consecuencias de la guerra de Ucrania, hemos avanzado más que nunca en derechos de la infancia y la adolescencia, y el gobierno ha cumplido prácticamente la totalidad de las propuestas formuladas en este campo de cara a las elecciones de 2019.

Los últimos datos disponibles, referidos a 2021, nos muestran cómo la desigualdad y la pobreza en la infancia han descendido en España hasta alcanzar cifras previas a la crisis de la Covid-19, y similares a las que tenía el país antes de la crisis de 2008.

Una reducción que, además, es mayor en los tipos más graves de pobreza infantil.

Esta mejora se deja ver en muchos indicadores: Los hogares sin ingresos con niños, niñas o adolescentes continúan bajando en 2023 y se consolidan en niveles previos a la recesión provocada por la crisis de 2008, descendiendo en más de un 50% si lo comparamos con el punto más alto de 2013 (es decir, 110.500 hogares menos.) España también mejora sustancialmente en otros indicadores que afectan a la infancia y la adolescencia más vulnerable, como el abandono educativo temprano, que se reduce cuatro puntos en nuestro país hasta llegar al 13,3%, la cifra más baja desde que hay registros, beneficiando especialmente a los y las jóvenes con ingresos más bajos. O el cierre de la brecha digital, con una disminución del 75% en los últimos cinco años de los hogares con niños y niñas que no pueden permitirse el acceso a internet.

Además, sabemos lo que nos hubiera costado como país no actuar: más de 900.000 niños, niñas y adolescentes habrían entrado en situación de pobreza si no se hubiera desplegado el escudo social puesto en marcha por el gobierno durante la Covid-19, y más de 750.000 lo habrían hecho en 2021 si no se hubiesen realizado las transferencias sociales. En esta legislatura la salida de la crisis ha sido diferente a la que experimentamos en 2008: se ha protegido a toda la infancia, sin dejar a nadie atrás.

Estos indicadores mejoran y, con ellos, la vida de muchos niños, niñas y adolescentes, gracias a la apuesta decidida que el gobierno progresista ha hecho por la infancia y la adolescencia y por la igualdad de oportunidades. Una apuesta que llegaba tras años de negacionismo político por parte de la derecha respecto a la pobreza infantil, y de congelación de las ayudas destinadas a la infancia y la adolescencia más vulnerable.

La creación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil demuestra la acción decidida de este gobierno por la justicia social. El Alto Comisionado ha desarrollado una labor transversal, garantizando el cumplimiento de la Convención de derechos de la Infancia, transversalizando la mirada de infancia y adolescencia vulnerable a la acción impulsada desde los ministerios y las administraciones territoriales, y generando conocimiento sobre la pobreza infantil para que las políticas destinadas a combatirla sean más eficaces. En definitiva, convirtiendo la lucha contra la pobreza infantil en una cuestión de estado.

El Alto Comisionado ha impulsado también la Alianza País Pobreza Infantil Cero, destinada a alinear esfuerzos y reforzar el compromiso de todos los agentes en la lucha contra pobreza infantil. Esta Alianza cuenta ya con cerca de 250 administraciones públicas, empresas, entidades del tercer sector, fundaciones y universidades, que han generado un tejido social comprometido con la lucha contra la pobreza infantil.

El gobierno ha puesto en marcha políticas clave contra la pobreza y la desigualdad en la infancia con la mayor inversión presupuestaria en infancia de la historia de nuestro país —más de 11.380 millones de euros en los PGE de 2023 — y con la aprobación de múltiples leyes destinadas a la protección de la infancia, cumpliendo con los compromisos adquiridos en 2019 a pesar de las circunstancias tan adversas que hemos atravesado.

La aprobación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto la creación de un nuevo pilar en nuestro estado de bienestar, una de las políticas claves en la lucha contra la pobreza infantil. El IMV, que beneficia especialmente a los hogares con niños y niñas y, en particular, a las familias monoparentales, encabezadas en su mayoría por mujeres, ha llegado ya a más de 1,75 millones de personas, es decir, más de 600.000 hogares, de los cuales en dos tercios viven niños o niñas.

Otra medida clave para la protección de la infancia puesta en marcha es la prestación por hijo/a a cargo. Hemos triplicado la cuantía para niños y niñas de 0 a 3 años con el desarrollo del Complemento de Ayuda a la Infancia que beneficia a más de 350.000 niños, niñas y adolescentes. Además, como medida de ayuda a la crianza, se han equiparado los permisos de maternidad y paternidad en el marco del Real Decreto de 2019 de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

Con la aprobación de la Ley para la Reforma Laboral, se ha favorecido la contratación indefinida y la bajada de la temporalidad. Esto redunda, además, en el beneficio de los hogares con niños y niñas a cargo, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros en 14 pagas.

Hemos aprobado también la nueva Ley de Educación (LOMLOE) en la que se incluye la universalización de la educación 0-3 años o medidas destinadas a reducir el abandono educativo temprano. El gobierno ha impulsado, también, una inversión histórica en becas y ayudas al estudio, movilizando 2.549 millones de euros, una cifra nunca antes vista, así como en acceso a la educación infantil de 0 a 3 años, en la cual existe una importante brecha de participación en función de la renta del hogar.

Se ha aumentado también la inversión en el Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, el PROA+, de refuerzo al alumnado en situación de vulnerabilidad, y se mantiene el programa Vacaciones Escolares, Continuar Aprendiendo, conocido como VECA, cuyo objetivo es garantizar el derecho básico a la alimentación, al ocio, a la actividad física y a la cultura durante los periodos no lectivos.

Además, y con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los más jóvenes, se ha aprobado la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional y se han movilizado 1.300 millones de euros destinados a la creación de 45.000 nuevas plazas de Formación Profesional.

Con la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia con medidas que beneficiarán directamente a los hogares con niños y niñas como la construcción de vivienda pública, los límites al precio de los alquileres o las moratorias de desahucios.

Además, el gobierno ha puesto en marcha los bonos sociales eléctrico y térmico para garantizar los suministros básicos en hogares con menos recursos. También se ha puesto en marcha la tarificación para familias en situación de vulnerabilidad para garantizar el acceso a internet.

El acceso igualitario a la salud es otro de los ejes clave en la lucha contra la pobreza infantil, con medidas como el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, coordinado por el Alto Comisionado y que contiene 200 medidas con el propósito de hacer accesibles los estilos de vida saludables a toda la infancia en sus entornos más cercanos. También hemos impulsado el Plan de Salud Bucodental, que incrementa los servicios comunes ofrecidos por la sanidad pública priorizando a la población infanto-juvenil.

En materia de protección a la infancia el gobierno ha puesto en marcha la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como LOPIVI, y que refuerza también la prevención de estas violencias; y la Ley de Extranjería, que favorece la inclusión de los y las menores de edad no acompañados y los y las jóvenes extutelados.

También se han creado el Consejo Estatal de Participación de la infancia y la Adolescencia, y la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, destinada a la cooperación territorial entre las diferentes administraciones públicas para la protección y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El principal hito europeo es la aprobación de la Garantía Infantil Europea, destinada a romper el círculo de la pobreza infantil en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Acompañada de nuevos recursos financieros que provienen principalmente del Fondo Social Europeo Plus: en España dispondremos de más de 1.600 millones de euros adicionales de este fondo para combatir la pobreza infantil hasta 2027, una inversión nunca antes vista en nuestro país. Este éxito se consolidó en nuestro país con la aprobación del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), El motor que impulsa nuestra acción es que todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país crezcan, sanos seguros y protegidos, libres del riesgo de la pobreza y la exclusión social y que accedan, en igualdad, a las oportunidades de desarrollo y movilidad social. Para esto, nuestro estado de bienestar debe garantizar los derechos de la infancia, promover la equidad desde el inicio de la vida y proteger a niños y niñas del riesgo de pobreza.

Este cambio que se ha iniciado debe seguir avanzando para consolidar la igualdad de oportunidades de manera eficaz, derribando las creencias, corrosivas y falaces, que justifican a la meritocracia como forma justa de distribuir recursos. Los niños y niñas que nacen y crecen en circunstancias desfavorables merecen tener la oportunidad desarrollar sus talentos como todos los niños y niñas de nuestro país y por eso deben ser protegidos con especial ahínco.

Vamos a seguir combatiendo la pobreza infantil porque es una cuestión de justicia social, de calidad democrática y de eficacia. Desarrollaremos la senda que se ha iniciado y por la que se debe seguir transitando en la siguiente legislatura. La reducción de la pobreza infantil seguirá siendo una cuestión de Estado. Por todo ello, nos comprometemos a:
2.5.1. Garantía de rentas y apoyo a la crianza
  • Universalizar la desgravación ya existente por hijo/a a cargo para que aquellas familias que actualmente no puedan acogerse a este beneficio fiscal en el esquema actual del IRPF.
  • Consolidar el ingreso mínimo vital y el complemento de ayuda a la Infancia –hasta llegar a al menos un millón de niños, niñas y adolescentes- como principales herramientas para reducir la pobreza infantil en nuestro país.
  • Facilitar el acceso a ayudas y prestaciones a las familias con niños, niñas y adolescentes eliminando de barreras administrativas y burocráticas.
2.5.2. Educación y cuidado de la primera infancia (0 a 3 años)
  • Universalizar un primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) de calidad garantizando el acceso todos los niños y niñas.
  • Garantizamos en colaboración con las ccaa el acceso a la atención temprana para menores de 6 años.
  • Consolidar y mejorar la política de becas y ayudas al estudio como derecho según la situación socioeconómica del hogar para evitar que se base exclusivamente en las notas del alumnado.
  • Abordar un plan nacional para que la educación en la sombra y la participación en actividades extraescolares no sean un elemento más de desigualdad.
  • Reducir la brecha en competencias digitales mediante la implementación a todo el territorio del programa Competencias Digitales para la Infancia.
  • Poner en marcha un programa de becas para el aprendizaje de inglés para niños, niñas y adolescentes en hogares con pocos recursos económicos.
  • Seguiremos impulsando las ayudas para material escolar y libros de texto para apoyar de las familias en el inicio del curso escolar.
2.5.3. Salud
  • Garantizar el derecho a la salud de todos los niños, niñas y adolescentes mediante el acceso a servicios de atención a la salud bucodental y la salud mental, a gafas y audífonos.
  • Desarrollar el plan estratégico nacional para la reducción de la obesidad infantil.
  • Expansión del programa ‘patios abiertos-en plan bien’ de promoción de estilos de vida saludables para combatir la brecha social en obesidad infantil.
  • Promover una alimentación saludable mediante:
    • Garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a comedores escolares, para asegurar al menos una comida saludable al día
    • Extender el servicio de comedor escolar a centros de educación infantil y secundaria priorizando los ámbitos territoriales con menor nivel de renta.
    • Desarrollar un programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche que reduzca las desigualdades en alimentación y potencie los productores locales y los productos de kilómetro cero.
    • Impulsar el uso de tarjetas monedero alimentarias con un plan a nivel nacional para facilitar el consumo de alimentos –incluidos los no perecederos- y evitar la estigmatización de las familias en situación de vulnerabilidad.

2.5.4. Vivienda

  • Incrementar el acceso a una vivienda digna aumentando la oferta de vivienda pública de alquiler priorizando los criterios de renta e infancia.
  • Habilitar un programa nacional de ayudas y subvenciones para la mejora de la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas que priorice a aquellas familias con hijos e hijas a cargo con menos ingresos.
2.5.5. Participación infantil
  • Reforzar la participación infantil mediante el impulso y apoyo de consejos de participación locales y autonómicos.
  • Identificar el consejo estatal de participación de la infancia y de la Adolescencia como instrumento para transmitir las propuestas de la infancia al gobierno y a las Cortes.
2.5.6. Protección de la infancia
  • Desarrollar un plan nacional, en coordinación con los gobiernos autonómicos, para la implementación de ‘casas de niños’ o ‘Barnahus’ para la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y de abuso sexual.
  • Avanzar en la desinstitucionalización reduciendo el número de niños, niñas y adolescentes tutelados en acogimiento residencial, especialmente aquellos y aquellas de menor edad, con la aprobación de distintas medidas que favorezcan y faciliten el acogimiento familiar.
  • Garantizaremos la integración de los postulados de la carta de derechos digitales en el ordenamiento jurídico nacional con especial atención a la protección y garantías de la infancia, impulsando iniciativas para su extensión a nivel europeo e internacional.
  • En la próxima legislatura, convocaremos un grupo de trabajo con el sector privado y expertos para articular una regulación adecuada del acceso de menores a internet/redes sociales, con el fin de garantizar su protección y su salud mental.
  • Regularemos el uso de redes sociales de menores con enfoque transversal y mediante la colaboración público-privada, impulsando su pensamiento crítico para combatir la desinformación y el uso de contenidos no adecuados según la edad.

5.2.6. Tercer sector social, la economía solidaria y los agentes socioeconómicos, aliados estratégicos de las políticas sociales

Es fundamental que recordemos la importancia de que los partidos canalicen las demandas de los colectivos convirtiéndolas en leyes y políticas públicas. Por tanto, estamos llamados a un trabajo coordinado con todos los movimientos sociales y con las organizaciones que reivindiquen los derechos de las personas tomando el pulso de sus demandas y fomentando la participación activa.

Reforzar el cuarto pilar del estado del bienestar ha sido y es tarea del conjunto de la sociedad. Desde la responsabilidad pública, pero con la participación imprescindible de la sociedad organizada, es el momento de dar un nuevo impulso a todo el sistema de cuidados y de servicios sociales de forma colaborativa con todos los actores sociales.

El papel del tercer sector es clave para el desarrollo de las políticas sociales, creando valor público por su disposición para dar respuesta a las nuevas necesidades de forma rápida y eficiente y por su inversión continuada en innovación social. Los y las socialistas nos comprometemos a favorecer que sigan manteniendo y cultivando valores añadidos como son la incardinación comunitaria, la presencia en el territorio, la acción voluntaria, la participación ciudadana y la innovación social.
  • Seguiremos impulsando el proyecto estratégico del plan de recuperación para la economía Social y de los Cuidados (el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados), con el fin de apoyar la modernización de este sector e promover su potencial desde el punto de vista económico y de creación de empleo, contribuyendo a una economía más resiliente e inclusiva
  • Generaremos mecanismos de participación de la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas, especialmente en las políticas sociales y en la lucha contra la pobreza, incluyendo la voz de aquellas personas a las que van dirigidas a través de los mecanismos que poseen las redes de organizaciones del Tercer Sector.
  • Reconoceremos e implicaremos al tercer sector como interlocutor ante las administraciones públicas.
  • Apoyaremos el año europeo del tercer sector con el objetivo de visibilizar la importancia de la labor de las entidades sociales.
  • Daremos cumplimiento a los desarrollos normativos pendientes derivados de la ley del Voluntariado, promoviendo también planes de acción o estrategias centrados en el voluntariado.
  • Impulsaremos el estudio y medición de impacto de la actividad del tercer Sector para señalar su aportación al desarrollo y a la cohesión social.
  • Promoveremos un estudio sobre cuáles deberían ser las condiciones más adecuadas para una sostenibilidad de las actividades del Tercer Sector.

5.3. La inclusión, una política de estado

5.3.1. La inclusión social comienza en la lucha contra la desigualdad

Pese a que la riqueza global ha aumentado durante los últimos años, también lo ha hecho la desigualdad, debido en gran parte a una tendencia global a la concentración de la riqueza por parte de unas pocas élites económicas.

Para atajar esta tendencia, que en último caso conduce a la pobreza y la exclusión social, los y las socialistas confiamos en una fórmula que combina las medidas predistributivas y las redistributivas.

Es necesario intervenir en los casos de vulnerabilidad extrema y exclusión social. Ahora bien, es igualmente importante establecer estrategias para la reducción de la desigualdad. Estas deben incluir acciones previas, en la fase de producción, de tal forma que se evite, o al menos se reduzca, la generación de la desigualdad. Nos referimos, por ejemplo, a la garantía de salarios dignos, o la recuperación de la fortaleza sindical y los procesos de negociación colectiva. Es necesario dar herramientas a la ciudadanía para fortalecerla ante los posibles cambios derivados de los ciclos económicos, de tal manera que las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social derivadas de las mismas no tiendan a su desaparición.

Para acabar con la exclusión —es decir, con las barreras de acceso a oportunidades laborales, habitacionales, formativas, residenciales u otras—, debemos comenzar atacando los factores sociales y económicos que abocan a las personas a estas situaciones de vulnerabilidad, o las agravan. Pero con ello no basta. Hay que plantear enfoques integrales que aborden todas las dimensiones implicadas. Los procesos de exclusión son fenómenos dinámicos y, generalmente, no existe un único factor que lleva a una persona a la pobreza y la exclusión, sino que se trata de la interconexión entre varios. La pobreza debe de tratarse en con un enfoque de múltiples factores en su origen, y lo mismo ocurre con las desigualdades y los distintos ejes que las generan.

La desigualdad aumentó durante la crisis de 2008, aumento que se agravó en nuestro país debido a la aplicación de fórmulas neoliberales basadas en los recortes con las que el gobierno del PP abordó la situación económica.

La pandemia de la COVID también ha supuesto un impacto desigual, como sucedió en la anterior crisis, afectando con más intensidad a familias que ya tenían rentas bajas.

Sin embargo, en esta ocasión, las medidas de recuperación social impulsadas por los gobiernos socialistas en España, así como las iniciativas de algunos gobiernos autonómicos y Administraciones Locales, han hecho posible amortiguar el impacto.

Debemos consolidar las políticas de bienestar que dan respuesta a situaciones de adversidad coyuntural, y reforzar la inclusión social plena de las personas más vulnerables que han experimentado privación y exclusión de larga duración.

Como señala el informe FOESSA 2022, “a diferencia de la crisis previa, la respuesta de las políticas públicas ante el crecimiento de las necesidades sociales ha sido más intensa y de naturaleza más protectora”.

Nuestro compromiso en la lucha contra la pobreza es firme, y por ello vamos a seguir insistiendo con estrategias, planes y políticas, fieles a nuestra convicción de que hay que apostar simultáneamente por la predistribución y la redistribución.

5.3.2. Hacia un país con pobreza cero. el ingreso mínimo vital

España presenta tasas inaceptablemente altas de pobreza en comparación con países de nuestro entorno, muy especialmente entre niños, niñas y jóvenes. Durante la última legislatura hemos adoptado medidas de diverso orden que están contribuyendo a reducir estas tasas. Estas medidas ya están dando resultados: según los últimos datos disponibles, la tasa de riesgo de pobreza en nuestro país, situada en el 20,4%, se ha reducido hasta niveles previos a la crisis de 2008, y la desigualdad -medida por el coeficiente de Gini- se sitúa incluso por debajo de los niveles de 2008. Asimismo, los hogares sin ingresos, un indicador de pobreza severa, también han descendido de forma importante en esta última legislatura hasta llegar a la mitad de los que había en 2013, en plena recesión económica. Además, la pobreza infantil también ha disminuido en nuestro país, especialmente en sus formas más severas.

Para el partido socialista, la pobreza es un fenómeno a erradicar y no cejaremos en el empeño de que España se convierta en un país con pobreza cero. La lucha contra la pobreza ha figurado en el corazón de la política de los gobiernos socialistas desde siempre.

En 2019 aprobamos una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, largo tiempo reclamada por el tercer sector para fijar prioridades, coordinar acciones e impulsar el reconocimiento de este objetivo como uno de los grandes asuntos de Estado que debían marcar la legislatura.

Los gobiernos socialistas han impulsado una ambiciosa carta de iniciativas para combatir formas de exclusión vinculadas con la pobreza, como la obesidad infantil, el fracaso escolar y abandono educativo temprano o la falta de oportunidades de ocio en verano. También han liderado el debate en Europa sobre la Garantía Infantil Europea, un programa que desarrolla principios recogidos en el Pilar Social.

La lucha contra la pobreza ha contado además con la protección económica de los colectivos más vulnerables como nunca se había hecho antes gracias a la creación del Ingreso Mínimo vital, que también incluye toda una serie de medidas de inclusión social.

En las elecciones de 2019, el PSOE fue el único partido que incluyó en su programa el compromiso de crear una renta garantizada como herramienta para evitar los casos de pobreza severa y exclusión social.

En junio del año 2020 entró en vigor el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida con la que cerrábamos una brecha histórica respecto a los países del entorno, que en su mayoría ya contaban con mecanismos similares.

El IMV es una herramienta con la que se pretenden corregir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, y muy especialmente la pobreza infantil, verdadera lacra estructural de nuestro país, dotando de unos ingresos mínimos a las personas que más lo necesitan para que puedan reemprender sus proyectos vitales con unas mínimas garantías básicas.

Además, dado que el IMV establece un mínimo de renta vinculado al importe de las pensiones no contributivas, se corrige una situación en la que las personas en situación de vulnerabilidad percibían rentas de inserción muy desiguales en función de su lugar de residencia. Ahora, las comunidades pueden complementar la ayuda estatal, pero hemos establecido un mínimo que garantiza unos ingresos dignos iguales para todas y todos.

Gracias a todas estas acciones, el IMV ha llegado a 650.000 hogares, de los que dos de cada tres tienen como titular a una mujer, y a un total de 1,9 millones de personas, de las que cuatro de cada diez son menores.

Debido a su naturaleza, es fundamental que el IMV vaya acompañado de una constante evaluación que permita introducir cuantas modificaciones sean necesarias para mejorar su alcance y uso instrumental.

Pese a haber sido un compromiso electoral de nuestro partido, el estallido de la pandemia obligó a aplicarlo de manera urgente para paliar, en la medida de lo posible, el efecto de la falta de ingresos debido al cese productivo.

Debido a esa emergencia, ha hecho falta pulir determinados aspectos de la ley. Por ello, desde su entrada en vigor, el gobierno socialista ha introducido diferentes mejoras encaminadas, entre otras cosas, a flexibilizar las condiciones de acceso, introducir el complemento de ayuda a la infancia o simplemente establecer sistemas de información que permitan llegar a potenciales beneficiarios o beneficiarias que no están recibiendo la ayuda por desconocimiento o por problemas con la tramitación.

El importe del IMV también ha sido periódicamente actualizado para hacer frente a las subidas del coste de la vida. Además, como medida excepcional, el gobierno aumentó las cuantías un 15% como parte del paquete de medidas aprobado para paliar los efectos de la guerra de Ucrania.

El IMV no es un fin, sino un medio para garantizar la inserción de las personas en situaciones graves de vulnerabilidad. Por ello, otra medida fundamental que hemos introducido como complemento y refuerzo al propio IMV son los itinerarios de inserción laboral y el incentivo al empleo, para que las personas que estén percibiendo el IMV encuentren estímulos en la incorporación al trabajo, garantizando que su renta disponible aumente con su acceso al mercado laboral o al incrementar el número de horas en caso de beneficiarios que ya estuvieran trabajando.

Por todo ello:
  • Continuaremos evaluando el alcance del imv con la intención de eliminar las posibles barreras de acceso de las y los potenciales beneficiarios.
  • Continuaremos simplificando y mejorando los sistemas de acceso, facilitando los trámites y adecuando la documentación requerida. Además, seguiremos fomentando la existencia de sistemas presenciales de información y presentación de las solicitudes.
  • Culminaremos la integración de prestaciones no contributivas en torno al imv.
    • Mejoraremos la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos dirigidos a las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social, asegurando una cobertura de renta adecuada.
    • Articularemos un sistema más sencillo, incorporando prestaciones complementarias al imv, con mejoras significativas en requisitos y cuantías, que, además, permitan atender circunstancias como la presencia de menores de edad, de personas con discapacidad o de personas en edad de jubilación.
    • Actuaremos en coherencia con el resto de los esquemas de protección del estado del bienestar, de tal manera que no se generen desincentivos en los ámbitos de la cotización y activación laboral, combinando así la eficacia y eficiencia de los sistemas de protección.
    • Este nuevo esquema y gestión integrada de prestaciones supone la consolidación del sistema no contributivo, asegurando continuidad en la cobertura de rentas de los hogares más vulnerables.
  • Extenderemos y mejoraremos los itinerarios de inclusión socio-laboral a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
    • Contaremos con un fondo de inclusión social de más 2.500 millones €, financiado con los fondos Next Generation, para mejorar la eficiencia del sistema (garantizando una mejor convivencia entre el IMV y los programas de rentas mínimas y de emergencia de las distintas administraciones con el IMV,) y para escalar los resultados exitosos de los proyectos actuales de inclusión. También servirá para financiar infraestructuras físicas de apoyo a la inclusión social, incluido el sistema de acogida a personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional.
    • Esta novedosa medida es el resultado de haber evaluado políticas públicas en el ámbito social para los colectivos más vulnerables, escalando posteriormente las que mejor hayan funcionado.
  • Incentivaremos el desarrollo de políticas coordinadas con las ccaa para mejorar y perfeccionar el alcance de las políticas de inclusión en su conjunto, garantizando el uso instrumental y no finalista del IMV.
  • Seguiremos apoyando los proyectos piloto para evaluar el impacto de las políticas públicas en el ámbito de la inclusión social, incorporando las lecciones derivadas de los que están en marcha en todo el territorio para diseñar una nueva generación de políticas más eficientes en este ámbito.

3. Sinhogarismo

El sinhogarismo es una forma de exclusión social extrema que vulnera los derechos fundamentales de las personas. El número de personas sin hogar ha crecido en un 24,5% en los últimos 10 años; en España hay 28.552 personas sin hogar.

La primera Ley de Vivienda de la democracia reconoce el ejercicio del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. Asimismo, determina que las políticas en materia de vivienda tendrán en cuenta especialmente a las personas sin hogar.

El Acuerdo Marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para dar solución al sinhogarismo, aprobado en enero de 2023 y respaldado por la Estrategia nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030, tiene tres objetivos: erradicar el sinhogarismo de calle en 2030, prevenir las situaciones de calle y revertir la institucionalización.

Daremos una atención especial a las personas sin hogar, una realidad extrema y que representa una de las expresiones más agudizadas de exclusión social.

Impulsaremos la creación de una red de recursos residenciales a modo de viviendas normalizadas en entornos barriales, utilizando metodologías como housing first o housing led, o programas No Second Night Out, para las personas que viven en la amenaza constante del sinhogarismo, permitiéndoles ser miembros activos de su comunidad.

El PSOE se compromete a:
  • Trabajar por erradicar el sinhogarismo de calle en 2030, desarrollando el acuerdo Marco e impulsando la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030.
  • Garantizar y proteger derecho a la salud de las personas en situación de sinhogarismo.
  • Ampliar la red de atención temporal a personas sin hogar, desde un modelo housing first, housing led o a través de alojamientos de emergencia temporal.
  • Establecer mecanismos de colaboración entre las administraciones públicas y estos gestores para conseguir estos objetivos.
  • Impulsar los programas para las personas sin hogar acompañadas con un programa de Ocupación, para garantizar una completa reinserción social en su sentido más amplio.
  • Impulsar el diseño de un plan de acción por las administraciones públicas competentes, con dotación económica suficiente, para la erradicación del chabolismo y los asentamientos segregados, que incluya la participación de la población gitana en el diseño del mismo, tal y como se aprobó en el Congreso de los diputados en las resoluciones del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano

5.4. Garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad

En España 1 de cada 5 hogares lo compone algún miembro con discapacidad. Los Derechos de las personas con discapacidad han de ser contemplados de manera transversal en todas las etapas de la vida y en todos los ámbitos legislativos, empezando por la propia Constitución Española. Una sociedad abierta e inclusiva es aquella que suprime las barreras que impiden el acceso a estos Derechos. La Accesibilidad Universal (física, sensorial y cognitiva) es el principio imprescindible para hacer realidad una sociedad exenta de esas barreras, y ha de estar siempre presente en el diseño de cualquier bien, servicio, producto o espacio. Sin Accesibilidad Universal nunca consagraremos una sociedad en igualdad de oportunidades y libre de discriminación.

Los importantes logros alcanzados en nuestro país en materia de discapacidad, con múltiples avances normativos desde 2018, son debidos en parte al trabajo de la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad. No podemos perder este valor social, siendo necesario el compromiso firme del gobierno de España con el sostenimiento de este imprescindible tejido social.

La acción del gobierno ha centrado sus esfuerzos en proteger y asegurar el goce pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con atención especial sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Ha promovido el respeto de su dignidad, en cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se ha promulgado la Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, y la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Estas normas se unen a la aprobación en 2018 de la modificación del régimen electoral general, que garantizó el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Hemos aprobado la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, concebida como una hoja de ruta para que las administraciones contribuyan a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias, y alineada con Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030.

Y hemos promovido la normativa necesaria que permitirá actualizar y mejorar el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

El proyecto socialista está plenamente comprometido con la accesibilidad universal y la implantación de forma efectiva del diseño para todos. Entre las inversiones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del gobierno de España, se encuentra el Plan España País Accesible.

El PSOE se compromete a:
  • Fomentar la transversalidad de las políticas de atención a las personas con discapacidad con la presencia de la inclusión y accesibilidad en todas las políticas.
  • Culminar la reforma del artículo 49 de la constitución española, para reforzar la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España y acabar con la terminología que no respeta la dignidad de las personas con discapacidad.
  • La atención temprana.
    Aprobaremos, en colaboración con las CCAA, un marco común de Atención Temprana como servicio preventivo de posibles trastornos de desarrollo en niños y niñas entre 0 y 6 años, reconociendo por ley del derecho subjetivo a la Atención Temprana para todos los niños y las niñas y sus familias con apoyo expreso a las familias con menores con Trastorno del Espectro del Autismo.
  • Plan director de educación inclusiva
    La LOMLOE, alineada con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsa la educación inclusiva de calidad en colaboración con los centros de educación especial. Aseguraremos que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios con el fin de atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
  • Accesibilidad universal.
    Lo que es bueno para la discapacidad, también lo es para la sociedad. Una sociedad inclusiva, abierta, solidaria y accesible universalmente solo se consigue suprimiendo las barreras físicas, sensoriales y cognitivas que impiden la participación plena de la ciudadanía independientemente de su edad, de sus capacidades o de su situación particular. Perseguiremos el cumplimiento real de los mandatos legales vigentes que fijaban como límite temporal el año 2017 para que todos los entornos, productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos sean universalmente accesibles. Crearemos el Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, y fomentaremos la edición de información y materiales en formato de fácil lectura, con especial atención a documentos de relevancia para la calidad de vida de las personas con discapacidad.
  • Inclusión laboral.
    Reformaremos, actualizaremos y mejoraremos la normativa que regula el empleo de las personas con discapacidad, en base a las propuestas realizadas por el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad.
  • Inclusión laboral.
    La inactividad forzosa y el desempleo siguen siendo muy elevados entre las personas con discapacidad, lo que genera pobreza, exclusión social y falta de autonomía económica. El modelo legal actual de impulso al empleo tiene más de 30 años y ha quedado obsoleto en buena parte. Llevaremos a cabo un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con discapacidad basado en la activación, los apoyos, la acción positiva para las discapacidades más excluidas y con más dificultades de inserción laboral, teniendo siempre presente la perspectiva de género.
  • Vida independiente.
    La ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia aborda el derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad física, sensorial, sicosocial o intelectual. Daremos más protagonismo a la asistencia personal para el desarrollo de una vida autónoma, y mejoraremos la teleasistencia avanzada y accesible.
  • I+d+i en el campo de la accesibilidad.
    Inversión en proyectos de investigación a través, entre otras herramientas, de un nuevo Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva.
  • Fortalecimiento del tercer sector de la discapacidad.
    La participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad es esencial para diseñar las mejores intervenciones públicas. Favoreceremos la sostenibilidad y eficacia de las entidades para seguir desarrollando una actividad vital en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
  • Reforzar y formar a profesionales de los servicios sociales municipales para realizar la valoración y diagnóstico del tipo de apoyos o, así como para la asistencia a personas adultas en el ejercicio de su capacidad jurídica, dando cumplimiento a la Ley 8/2021.

5.4.1. La inclusión digital

La imparable transformación digital que se está produciendo en nuestro país con el impulso del gobierno quiere poner a las personas en el centro, haciendo de la alfabetización digital de la ciudadanía un requisito esencial. La España digital es una oportunidad para todos y todas, y por eso dentro de la agenda España Digital 2026 el Plan Nacional de Competencias Digitales moviliza miles de millones de euros. La formación en competencias digitales y el acceso a las infraestructuras necesarias para la inclusión digital son objetivos de nuestra acción colectiva. La transición digital debe ser inclusiva.

Pese a ello, según el INE uno de cada tres hogares con una renta inferior a 900 euros no tiene acceso a internet. Entre los hogares que ingresan menos de 900 euros, los porcentajes son del 67,3% en acceso fijo y del 21,8% sólo mediante el móvil. El 60,9% de los usuarios de internet declaran haber tenido algún problema con la administración electrónica, como el uso del sitio web o la firma electrónica. Además, según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el 60% de los desconectados son mujeres. Y el 29% reside las poblaciones menos habitadas, por un 10% de los que viven en capitales de provincia (tres veces más). 4,2 millones de personas de entre 10 y 100 años nunca han entrado en Internet, lo que supone casi un 10% de la población total española. La edad se constituye como el factor más determinante a la hora de identificar la Brecha digital que sufre nuestro país. Así, el rango que aglutina a personas entre los 75 y los 84 años concita al 40% de las y los excluidos digitales, y un 95% del total de las personas que nunca han accedido a Internet superan los 55 años.

Los y las socialistas combatiremos la exclusión digital en todas sus formas. La denominada brecha digital afecta a muchos colectivos por cuestiones económicas, geográficas, de sexo, de edad o culturales, y está impidiendo de forma creciente el acceso a derechos básicos de ciudadanía. Por eso, estudiaremos las necesidades específicas con el objetivo de establecer planes de acción para combatir la exclusión digital en todas sus formas, tanto de capacitación como de acceso. Además, examinaremos y adaptaremos la tramitación electrónica que desde la administración se ponen a disposición de la ciudadanía, para que sea accesible a todas las personas independientemente de su condición física y edad.

Nos comprometemos a:
  • Continuar con la expansión de redes de telecomunicaciones, los bonos sociales digitales, el Kit Digital empresarial y el Plan Nacional de competencias digitales, intensificando las sinergias entre todos ellos y coordinando la transversalidad que supone la inclusión digital en todas las políticas.
  • Poner en marcha servicios de capacitación digital para colectivos en riesgo de exclusión digital, en colaboración con las administraciones autonómicas, locales y el tercer sector de acción social.
  • Crear el observatorio de la inclusión digital, con la participación de todos los actores implicados que detecten necesidades y propongan mejoras para reducir la brecha digital.
  • Garantizar el derecho a una buena administración accesible para toda la ciudadanía, ya sea presencial o electrónica, simplificando trámites, agilizando procedimientos y realizándose en condiciones de igualdad, participación y transparencia.

5.4.2. Las situaciones de soledad y su repercusión en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía

La soledad no deseada es un problema global que puede afectar a personas diversas de cualquier edad, sexo y origen: un cambio de residencia, la pérdida de un ser querido, la no aceptación entre el grupo de iguales, la pérdida del empleo o de ingresos, la falta de círculos y redes familiares y comunitarias, situaciones de violencia o discriminación son algunas circunstancias que pueden desencadenar la soledad no deseada. Afecta especialmente a mujeres mayores y a jóvenes., y condiciona el bienestar social y emocional, vinculándose con hábitos poco saludables, con una percepción de inseguridad, y con el deterioro de las relaciones sociales, la salud física y la mental. Los y las socialistas afrontaremos el reto de la soledad no deseada desde una perspectiva de ciclo de vida.
  • Impulsaremos políticas para abordar el problema de la soledad no deseada a través de una Estrategia Nacional que coordine acciones y promueva el reconocimiento de este problema social como una de las grandes asignaturas de protección de la que deben ocuparse nuestras administraciones públicas. Para ello, profundizaremos en la cuantificación y conocimiento que nos lleve al diseño de acciones concretas, así como la implicación de los profesionales del ámbito social y de toda la sociedad para generar vínculos solidarios y comunitarios que promuevan una sociedad inclusiva y cuidadora.

5.5. Sanidad

Los y las socialistas defendemos una sanidad pública, de cobertura universal y de calidad, que garantice el acceso a las prestaciones sanitarias a toda la ciudadanía, en todo el territorio de nuestro país con equidad.

Para ello, seguiremos trabajando para tener servicios públicos sanitarios de calidad que cuiden y protejan a todas las personas, para que puedan llevar a cabo una vida plena y hacer frente a las enfermedades, vivan donde vivan, tengan los recursos que tengan.

En eso consiste tener un potente estado del bienestar, como el que hemos construido los socialistas en España.

La protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios son derechos protegidos por la Constitución española, y su concreción se constituyó como una de las políticas públicas que configuran el estado del bienestar.

En esta tarea estuvo, está y estará el PSOE, en la construcción y mejora continua de este sistema sanitario que representa uno de los pilares más sólidos de nuestro Estado del bienestar. Nuestro propósito es seguir mejorando el sistema público, defendiéndolo frente a otros intereses, para que se siga percibiendo como un elemento social de calidad que iguala y cohesiona a la ciudadanía de este país, y del cual estamos profundamente orgullosos.

Para los y las socialistas la protección de la salud y la sanidad pública, gratuita y universal son elementos vertebradores de nuestro estado del bienestar, por sus efectos en la mejora de la vida de la gente y en la cohesión social y territorial. También por su papel en el fortalecimiento de la justicia social como base de la convivencia, por su capacidad de redistribución de la riqueza y por su participación en el modelo económico innovador y generador de empleo de calidad.

Frente a la derecha, que entiende la sanidad como un servicio público más que se puede privatizar, y ante cualquier intento de desmantelamiento del sistema público de salud, queremos dejar muy claro que contará con el rechazo frontal de nuestro partido, y que haremos todo lo posible para defender una sanidad pública, gratuita y universal. La Sanidad Pública es un orgullo que tenemos como país y es nuestro deber protegerla, reforzarla e invertir en ella.

Desde que la OMS declaró la situación de pandemia, desde el gobierno socialista hemos afrontado la respuesta a la mayor crisis sanitaria en los últimos 100 años con el objetivo de salvar vidas y proteger la salud de toda la ciudadanía. Hemos desplegado la mayor campaña de vacunación de la historia reciente, cumpliendo incluso con antelación a los hitos marcados por la Unión Europea. Este éxito colectivo de país nos ha situado como referente internacional, y nos ha permitido proteger a la población ante la enfermedad, priorizando a las personas más vulnerables, y recuperando la actividad económica y social del país.

La crisis sanitaria consecuencia del COVID-19 mostró tanto las fortalezas del Sistema Nacional de Salud (SNS) como la necesidad de corregir problemas estructurales que ya existían, herencia de la falta de impulso y voluntad de privatización del Partido Popular, respondiendo a los retos emergentes en salud.

Siempre, pero especialmente durante la pandemia, nuestro personal sanitario ha desempeñado un papel fundamental en el sistema público de salud. Gracias a su profesionalidad y compromiso hemos podido afrontar los desafíos sanitarios. A ellas y ellos, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud.

El sistema sanitario público se había resentido de las decisiones adoptadas por los gobiernos del Partido Popular, como el establecimiento de copagos sanitarios, los recortes y políticas de austeridad, y la falta de planificación de los recursos humanos sanitarios.

Hemos aumentado exponencialmente la inversión en la política de Sanidad, alcanzando en el año 2021 el 7,3% del PIB, un 1,4% más que en el año 2018. Hemos situado el refuerzo del sistema sanitario dentro de las 10 políticas palancas del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del gobierno de España, referido a la renovación y ampliación de las capacidades del SNS.

Hemos aprobado la Estrategia de Salud Pública para estar mejor preparados ante futuras crisis sanitarias, y para dar cumplimiento a lo que en materia de vigilancia estaba previsto en la Ley General de Salud Pública de 2011 (a diferencia del PP, que no desarrolló esta importante norma.) Aprobamos también la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública, y de cara a su implementación estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de vigilancia en Salud Pública, más amplio y resiliente, para el que se están destinando 27,4 millones de euros de fondos europeos.

Hemos eliminado el copago farmacéutico a 6,8 millones de personas: pensionistas con rentas bajas, perceptores del Ingreso Mínimo Vital y menores con discapacidad. Y seguimos trabajando para su eliminación total. Hemos aprobado la Ley de la Eutanasia, despenalizando y regulando por primera una prestación de ayuda para morir en nuestro país. Un nuevo derecho que surge de la empatía con la condición humana y la compasión con las personas que les tocó vivir su última etapa con un sufrimiento insoportable. Por eso, como sociedad, adaptamos nuestras reglas de convivencia, nuestras leyes, para permitirles decir: hasta aquí he llegado. Ante una derecha que quiere derogar esta ley, su defensa está garantizada por nosotras y nosotros, contando además con el aval del Tribunal Constitucional.

Para los gobiernos socialistas, el fortalecimiento de la Atención Primaria como eje vertebrador del sistema ha sido una prioridad. Por ello elaboramos y aprobamos un Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, destinando una inversión sin precedentes distribuida entre las comunidades autónomas entre los años 2022 y 2023, por encima de los 1.000 millones de euros. Destaca el Plan MINAP de Mejora de nfraestructuras de Atención Primaria, que supondrá una inversión sin precedentes de 493,87 millones de euros para la construcción y renovación de los centros de salud y consultorios desplegados por todo el territorio.

Para contar con un mayor número de profesionales, hemos aumentado el número de plazas ofertadas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, un 36% (645 plazas más) respecto del año 2018, y hemos promovido la jubilación activa de pediatras y médicos de familia.

La atención a la salud mental y la prevención de la conducta suicida han sido una prioridad de las políticas públicas impulsadas por los socialistas. Tras 12 años paralizada por el Partido Popular, hemos actualizado la Estrategia de Salud Mental del SNS. Hemos aprobado por primera vez un Plan de Acción de Salud Mental, dotado con 100 millones de euros, y hemos puesto en marcha el teléfono 024, que en su primer año de funcionamiento ha atendido 120.000 llamadas. Asimismo, hemos aprobado el Plan de Mejora de las Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria, dotado con 14,5 millones de euros, para la mejora de las infraestructuras y equipamientos clínicos de los centros, servicios y unidades destinados a la atención de la salud mental comunitaria.

En 2021 creamos el título de Médico Especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En la convocatoria MIR de este año se han adjudicado por primera vez 20 plazas de esta nueva especialidad. Además, por la vía de acceso extraordinario, se han reconocido 656 títulos de esta especialidad.

Desde el gobierno socialista, hemos recuperado la política de recursos humanos en el SNS para dar respuesta a la falta de profesionales, poniendo en marcha la mayor oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de toda la historia del SNS: 11.171 plazas, un 40% más que cuando gobernaba el Partido Popular, y hemos destinado 52 millones de euros de inversión para incrementar en 750 el número de plazas en las Facultades de Medicina.

Además, hemos aprobado las normas que están permitiendo reducir la temporalidad en las profesiones sanitarias, impulsando el mayor proceso de estabilización laboral en la historia del SNS, que ha mejorado la estabilidad laboral de 85.253 profesionales con plazas de todas las categorías.

También aprobamos el Real Decreto que regula la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud y los criterios para crear nuevos títulos de especialista o diplomas de área de capacitación específica, estableciendo así el procedimiento para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o de un nuevo diploma de área de capacitación específica.

Hemos priorizado la lucha contra el cáncer, promoviendo la actualización de la Estrategia Nacional en Cáncer después de 10 años desde su última puesta al día. Esta estrategia tiene por objetivo clave mejorar la calidad de la atención que reciben las personas enfermas de cáncer y sus familias.

Desde el gobierno hemos apostado por la mejora de la capacidad diagnóstica y de innovación del SNS. a través del Plan INVEAT, con una inversión de 795 millones de euros para renovar y/o ampliar 851 equipamientos de alta tecnología en hospitales públicos de todo el SNS.

Continuamos desplegando el Plan para la implantación de la protonterapia en el SNS, una inversión de más de 260 millones de euros que va a permitir que España pase de no tener ningún equipo de esta modalidad de radioterapia en ningún hospital público del país, a disponer de 10 equipos en hospitales públicos repartidos por toda la geografía.

Acercamos así este innovador tratamiento frente al cáncer a pacientes que lo necesiten.

Convencidos de la importancia de ampliar la Cartera de Servicios Comunes del SNS, cumplimos compromisos aprobando el Plan para la ampliación de la cartera común de Salud Bucodental, que va a permitir homogeneizar las prestaciones de atención bucodental en el territorio. Un plan dotado con 112 millones de euros del que se van a beneficiar más de 6 millones de personas.

Hemos impulsado la salud digital, y por primera vez se ha aprobado una Estrategia de Salud Digital del SNS, dotada con más de 800 millones entre los años 2021 y 2028, cuyos objetivos son desarrollar los servicios públicos digitales en el sector salud, impulsar la interoperabilidad de la información sanitaria en el ámbito nacional e internacional, y el refuerzo de la analítica de datos y de la explotación de información.

Queremos que cualquier persona pueda tener acceso a su historia clínica esté donde esté.

Hemos puesto en marcha un PERTE de Salud de Vanguardia, dotado con más de 2.500 millones de euros y con cifras de ejecución globales superiores al 70%. Este proyecto estratégico tiene un objetivo tan sencillo como elevado: aprovechar las oportunidades que nos brindan la tecnología y la ciencia para mejorar y sostener la salud de la población. Se estructura en torno a 3 ejes: Plan de Atención Digital Personalizada, implantación de la cartera de servicios de genómica, y mejora de la asistencia a los pacientes con enfermedades raras.

Avanzamos en la investigación y en la mejora del diagnóstico de las enfermedades raras o poco frecuentes con el impulso a la Medicina de Precisión, a través de una inversión de 100 millones de euros. También hemos previsto, en la Adenda al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 70 millones de euros de los fondos europeos para la mejora de la atención sanitaria a pacientes con enfermedades raras y ELA.

También a través de fondos europeos, en una apuesta decidida por la promoción de la salud, el Ministerio de Sanidad ha articulado una subvención directa a la FEMP por valor de 18,4 millones de euros a lo largo del período 2021-23, con el propósito de impulsar la transformación de nuestros municipios en espacios saludables (mejora de equipamientos deportivos urbanos, carril bici, rutas de senderismo etc.).

Hemos situado la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades cardiovasculares entre los objetivos prioritarios del SNS, aprobando la nueva Estrategia de Salud Cardiovascular desde una visión integral de la atención a las personas con enfermedades cardiovasculares.

El modelo de donación de órganos español sigue siendo un ejemplo y referente mundial.

En 2022 se registraron 2.196 donantes de órganos, con lo que España alcanzó una tasa de 46,3 donantes por millón de habitantes, con un crecimiento del 15% con respecto al año anterior. Cifras que nos colocan muy por encima de la actividad registrada en el resto del mundo y de la media de la Unión Europea, situada en los 19,5 donantes por millón de habitantes. La Organización Nacional de Trasplantes lidera hoy los debates mundiales sobre la materia, y representa el altruismo de la ciudadanía española en la comunidad internacional.

Hemos recuperado el Fondo de Cohesión Sanitaria para financiar la asistencia a pacientes derivados entre comunidades autónomas en centros, servicios y unidades de referencia (CSUR), y así reforzar la cohesión del sistema.

Por todo ello, y para continuar en nuestro empeño por mejorar la sanidad pública, nos comprometemos a:

5.5.1. Refuerzo del sistema nacional de salud

  • La aprobación de la llamada ley de equidad seguirá siendo un objetivo prioritario, pues estamos decididos a que la salud no esté condicionada por el lugar de nacimiento o las circunstancias socioeconómicas. Una ley que modificará diversas normas para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud, fortaleciendo la Sanidad Pública y ensanchando derechos. Este proyecto de Ley pretende ampliar el acceso universal al SNS, recuperar la cartera común de servicios del SNS, y establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios.
  • Continuaremos impulsando la creación de la agencia estatal de salud pública, que concentrará los recursos técnicos y científicos y las capacidades del Estado para identificar, evaluar y monitorear los riesgos para la salud pública.
  • Aprobaremos un plan estatal de preparación y respuesta frente a amenazas para la salud pública que nos permita estar mejor preparados ante futuras crisis sanitarias. El plan establecerá las capacidades, recursos, mecanismos de coordinación y las acciones de los diferentes niveles, incluyendo a las administraciones implicadas, para una respuesta eficaz, anticipatoria y coordinada.
  • Redefiniremos el espacio de la escuela nacional de sanidad, aumentando su autonomía y buscando sinergias con la universidad y el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS)
  • Completaremos la implementación de la cartera de diagnóstico genómico de manera equitativa en todo el SNS. Y, de manera prioritaria, impulsaremos el diagnóstico genómico y la identificación de biomarcadores para pacientes con cáncer.
  • Impulsaremos en el congreso de los diputados una ley de donantes vivos.
  • Integraremos en el sistema sanitario y socio sanitario una atención óptima en la atención de las enfermedades raras en España, permitiendo que las y los pacientes accedan a los recursos más especializados sin desplazamientos innecesarios.
  • Crearemos un plan de ayudas económicas para cubrir los gastos energéticos de pacientes con terapias electrodependientes.
  • Pondremos en marcha la red estatal de vigilancia en salud pública, que ampliará la actual vigilancia de enfermedades infecciosas incorporando la de las enfermedades no transmisibles, como son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, permitiendo un mayor conocimiento de las patologías y priorizando las acciones necesarias para mejorar la salud de la población.
  • Fomentaremos la excelencia en los cuidados de los pacientes con enfermedades crónicas y en situación compleja, potenciando a través del desarrollo de la Iniciativa Marco en Cuidados la promoción de la salud y la prevención, el seguimiento y la continuidad de los cuidados, y la orientación al autocuidado y la recuperación.
  • Desarrollaremos el protocolo interministerial para la mejora de la atención de familiares y pacientes con ELA.
  • Crearemos el foro abierto de la salud como espacio colegiado de participación de pacientes y sociedades científicas en el ámbito del Ministerio de Sanidad.

5.5.2. Acuerdo por la sanidad, que incluirá medidas para las listas de espera y en favor de las y los profesionales sanitarios

  • Acabaremos con las listas de espera, estableciendo por ley unos tiempos máximos de espera en el SNS de 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas, y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia del ciudadano/a.
  • Avanzaremos en la revisión del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, con el objetivo esencial de atender todas las nuevas necesidades.
  • Desarrollaremos la acreditación de la formación de la función del tutor de Formación Sanitaria Especializada, y el reconocimiento de la labor que desempeña.
  • Promoveremos la jubilación activa mejorada en las especialidades deficitarias, para permitir la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 72 años en esas áreas.
  • Impulsaremos, junto al área de universidades y el sistema nacional de salud, un estudio de necesidades de personal sanitario que permita diseñar un incremento de hasta un 15% de las plazas ofertadas en el grado de Medicina.
  • Incluiremos una asignatura de atención primaria y medicina de familia en el Grado en Medicina.
  • Revisaremos el programa de la especialidad de medicina de familia y comunitaria para incrementar el tiempo de rotación en centros de atención primaria durante a la formación sanitaria especializada.
  • Promoveremos el avance competencial y el desarrollo enfermero, y ordenaremos un modelo organizativo de cuidados que integre los diferentes perfiles existentes.
  • Definiremos y desarrollaremos la enfermería de práctica avanzada, que incluya conocimientos expertos y habilidades para la toma de decisiones complejas y el desempeño de funciones profesionales de un mayor nivel de especialización, como contribución a la mejora de la accesibilidad, coordinación y respuesta a la complejidad asistencial, optimización de los resultados en salud, y satisfacción y experiencia de la ciudadanía.
  • Crearemos un programa “erasmus rural” para que el estudiantado de los grados de Enfermería y Medicina puedan desarrollar estancias en centros de atención rural.
  • Concluiremos la aprobación de las especialidades en medicina de urgencias y emergencias, Enfermedades infecciosas, del Deporte, y Genética, así como nuevas especialidades que se adapten a las necesidades presentes y futuras de la población.
  • Aprobaremos y desarrollaremos los diplomas de acreditación en el área funcional de Cuidados Paliativos, posibilitando un mejor desempeño por parte de las y los profesionales que atienden a pacientes que precisan atención paliativa, teniendo en cuenta la frecuencia, complejidad, gravedad y especificidad de los procesos, las patologías o los procedimientos relacionados con dicha área competencial, y la mejora en la calidad y seguridad que recibiría el paciente.

5.5.3. Pacto por la salud mental

  • Estableceremos garantías de tiempo máximo de espera en la asistencia la salud mental que incluya un máximo de 15 días para menores de 21 años.
  • Continuaremos incrementando hasta el 30% las plazas de formación sanitaria especializada en todas las especialidades de Salud Mental.
  • Promoveremos la adecuación del volumen de profesionales de acuerdo con las características sociodemográficas y de carga de enfermedad mental de la población atendida.
  • Reforzaremos la línea 024, incrementando el número de profesionales.
  • Promoveremos los grupos de apoyo mutuo y todo tipo de iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad, la mejora en la gestión de las situaciones vitales estresantes, así como el fomento de la resiliencia.
  • Facilitaremos la atención psicológica a las personas enfermas de cáncer y a las personas con enfermedades raras o poco frecuentes desde el diagnóstico, e impulsaremos protocolos de derivación temprana en el SNS.

5.5.4. Nuevos planes, más derechos y mejoras en el sistema

  • Celiaquía: daremos apoyo económico a la dieta sin gluten para paliar el sobrecoste de los pacientes a la hora de adquirir estos productos (mediante la aplicación de un IVA súper reducido a dichos alimentos y/o fijando ayudas directas periódicas a las personas celiacas.).
  • Desarrollaremos las medidas sanitarias y sociales necesarias para las personas afectadas por la pandemia de la poliomielitis, que se contemplan en la disposición adicional de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
  • Digitalización de la historia clínica: conseguiremos que cualquier paciente pueda tener acceso a su historia clínica con independencia del territorio en el que se encuentre.
  • Avanzaremos en la receta electrónica interoperable a nivel europeo.
  • Daremos desarrollo al recién aprobado derecho al olvido oncológico, para que los pacientes oncológicos no sean discriminados a la hora de contratar productos y servicios.
  • Avanzaremos en la optimización de los programas de cribado de cáncer ya implantados, ampliando progresivamente las poblaciones destinatarias en algunos de ellos, como el del cáncer de mama. Y extenderemos también los programas de cribado a otros tipos de cánceres (cáncer de pulmón, de próstata y, en determinadas circunstancias, el gástrico) tras su estudio para la inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
  • Avanzaremos en la normativa necesaria para evitar el intrusismo y garantizar que todas las actividades sanitarias se realizan por profesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida.
  • Promoveremos el refuerzo de la normativa sobre la autorización de los centros sanitarios de Cirugía Estética, y el impulso de un Plan de Control Coordinado de los Centros de cirugía plástica, reparadora y estética.
  • Salud bucodental: promoveremos la incorporación progresiva de servicios como las obturaciones (empastes) o los implantes dentales a más colectivos, comenzando por personas mayores de 75 años.
  • Programa de salud visual: propondremos un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a niños y niñas menores de 18 años para familias con menos recursos.
  • Mejoraremos el acceso a medicamentos, garantizando la equidad y sostenibilidad dentro del Sistema Nacional de Salud mediante la creación de una autoridad independiente de evaluación de la financiación y fijación de precio de los medicamentos y productos sanitarios, adscrita al Ministerio de Sanidad.
  • Promoveremos una ley que permita adecuar la normativa a las necesidades y desafíos actuales y futuros en política farmacéutica del SNS, en el marco de la Estrategia Farmacéutica Europea.
  • Impulsaremos un ecosistema farmacéutico equilibrado en el que el acceso a la innovación, el uso de medicamentos genéricos y biosimilares, y el cuidado de medicamentos antiguos que aun retienen valor sean compatibles y complementarios, para proporcionar la mejor asistencia a los pacientes y garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el largo plazo.
  • Revisión de copagos farmacéuticos: reformaremos la aportación del usuario al pago de medicamentos para beneficiar a las rentas menores de 18.000 euros, y mantendremos la gratuidad para grupos vulnerables.
  • Apoyaremos a la farmacia rural como establecimiento básico en el medio rural de nuestro país, con especial atención a aquellas que prestan sus servicios en las zonas menos habitadas.
  • Promoveremos el uso terapéutico del cánnabis, desarrollando un sistema de atención farmacológica que permita el acceso terapéutico a cannabinoides a los pacientes con patologías que así lo indiquen.

5.5.5. Plan nacional para la promoción de la salud

  • Promoveremos un plan de acción junto a la femp y la red de Ciudades saludables con el objetivo de incorporar desde el municipalismo dos líneas de acción, que permitirán cofinanciar la incorporación de nutricionistas a las plantillas municipales para diseñar planes de acción local en salud, así como la promoción de hábitos saludables.
  • Avanzaremos en programas de prevención de enfermedades cardiovasculares para el conjunto del SNS, tanto prevención primaria, como secundaria.
  • Constituiremos la primera red estatal de escuelas saludables, donde continuaremos desarrollando el programa Patios Abiertos-En plan bien para beneficiar a 300.000 niños, niñas y adolescentes desde educación infantil hasta secundaria obligatoria. El objetivo es fomentar estilos de vida saludables yel aumento de la oferta de ocio de calidad en horario no lectivo, priorizando entornos educativos vulnerables.
  • Promoveremos que la educación en salud forme parte trasversal del currículo educativo.
  • Hemos hecho nuestro el objetivo 2030 de poner fin a la pandemia del VIH, y lo cierto es que estamos más cerca que nunca de lograrlo. Durante los próximos cuatro años seguiremos implementando el Pacto Social por la no Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, del mismo modo seguiremos impulsando todas las medidas de diagnóstico temprano para poder llegar a los objetivos 95- 95-95, porque tenemos la suerte y la responsabilidad de poder crear la primera generación libre de VIH.

5.5.6. Salud en el trabajo

El principal avance en esta legislatura ha sido lograr el acuerdo del gobierno con las organizaciones sindicales y empresariales para aprobar la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, con el objetivo de modificar la legislación en materia de riesgos laborales, que data del año 1995. De cara a la próxima legislatura desarrollaremos el contenido de esta Estrategia, prestando especial atención a los siguientes elementos:
  • Mejorar la prevención de los accidentes de trabajo, profundizando en la investigación de las causas que provocan accidentes de trabajo mortales debido a patologías no traumáticas, los cuales representan el 40% de los accidentes letales.
  • Por primera vez, pondremos la salud física y la salud mental al mismo nivel: se llevarán a cabo planes específicos para la identificación, evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en actividades con mayor prevalencia de enfermedades mentales.
  • Identificación de los colectivos profesionales con peores datos de siniestralidad laboral, para estudiar sus características y así poder aprobar una política pública de prevención de riesgos laborales específica. Dos ejemplos de estos colectivos son el de las personas empleadas en el hogar y las que trabajan en el sector de atención a la dependencia.
  • Incorporaremos la perspectiva de género en los procesos de evaluación de riesgos y los estudios sobre las condiciones de seguridad laboral. Revisaremos el cuadro de enfermedades profesionales.

5.5.7. Prevención frente al tabaquismo. apostando por una generación libre de humos

  • Regularemos el uso de los vapeadores y productos dulcificados derivados del tabaco.
  • Evaluaremos la ley vigente para avanzar para avanzar hacia la promoción de espacios libres de humo, en la línea propuesta por la Unión Europea Europa.
  • Continuaremos desincentivando el consumo de tabaco con en todas las herramientas para reducir la adicción.
  • Apostaremos por una generación libre de humos.

5.5.8. Drogas y adicciones

  • Tramitaremos un proyecto de ley para proteger a los y las menores de los efectos negativos del alcohol.
  • Acordaremos la estrategia nacional de adicciones 2025-32, tras evaluar la estrategia 2017-24.

5.6. Consumo

La creación del Ministerio de Consumo ha dotado de mayor relevancia, transversalidad y visibilidad a las políticas de defensa de las personas consumidoras impulsadas desde el gobierno, suponiendo un refuerzo a la gestión integral de la seguridad alimentaria en toda la cadena de producción, elaboración, distribución y consumo, en cumplimiento de los correspondientes mandatos constitucionales. Ello se ha traducido en decisiones concretas que han servido para dotar de una mayor protección y seguridad a las personas consumidoras y usuarias, y empoderarlas en su toma de decisiones.

Destacan, entre otros, los siguientes hitos desarrollados a lo largo de la XIV legislatura: Refuerzo de la protección de personas consumidoras vulnerables, garantizando que las relaciones de consumo se realizan en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad. Porque nadie está exento de sufrir, a lo largo de la vida, situaciones de vulnerabilidad ante las empresas.

o Se ha dotado de competencia sancionadora al Estado ante fraudes masivos en materia de consumo. Se ha modificado el régimen sancionador ante infracciones y abusos en materia de derechos de personas consumidoras, haciéndolo más efectivo, proporcional y disuasorio, e incrementando las sanciones, que podrán ascender a 8 veces el beneficio ilícito obtenido. Ello facilitará que las personas afectadas por cláusulas abusivas recuperen su dinero, considerando como infracción el incumplimiento de las obligaciones relativas a los servicios de atención a la clientela, y garantizando así la imposición de sanciones por las CCAA.
o El plazo de garantía de los productos se ha ampliado hasta los tres años (antes eran dos) para los productos vendidos a partir del 1 de enero de 2022, y los fabricantes deberán asegurar las piezas de repuesto de sus productos durante diez años, y no durante cinco años, como hasta ahora. También se ha ampliado de tres a cinco años el plazo de prescripción para ejercer los derechos que la persona consumidora tiene cuando no esté conforme con el bien suministrado o el servicio prestado.
o Se ha reforzado la protección de las personas consumidores y usuarias en los entornos digitales y en el comercio electrónico.
o Se ha incluido como desleal la práctica de revender entradas de espectáculos cuando el empresario que las revende utiliza programas (software) como “bots”, que le permiten comprar un número de entradas o sortear cualquier otro medio técnico empleado por el vendedor primario. De esta manera se garantiza la accesibilidad de entradas a todas las personas.
o Se ha modernizado la Red de Alertas, se ha puesto en marcha la Oficina de Enlace Único ante la Unión Europea, y se han reforzado las inspecciones y análisis de bienes y productos alimentarios y no alimentarios realizados por el Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC) y el Centro Nacional de Alimentación (CNA).
o En materia de resolución alternativa de litigios con las personas consumidoras, se han renovado 66 juntas arbitrales de consumo entre CCAA, provinciales y municipales, y se les ha dotado con 1,3 millones de euros para su digitalización e interconexión.
o Una parte importante de los fondos destinados a programas específicos dentro de la convocatoria de subvenciones a asociaciones de consumidores se han destinado a la información y defensa de los derechos de consumidores y usuarios ante abusos ligados al endeudamiento familiar y a las hipotecas. Se ha reforzado la información sobre los derechos de las personas consumidoras para la reclamación de gastos hipotecarios abusivos. Se ha logrado un acuerdo con las CCAA para coordinar expedientes sanciones a las entidades financieras con cláusulas abusivas en sus contratos. Y se ha reforzado la educación financiera mediante la firma de un convenio con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
o En materia de políticas de juego, la interconexión de los registros de auto prohibidos en todo el Estado ha culminado un proceso paralizado desde 2017; se ha regulado de forma mucho más restrictiva la publicidad de juego, reforzando así las campañas, la vigilancia, la inspección y las subvenciones a asociaciones de jugadores en rehabilitación. Y se ha reforzado la lucha contra amaños en apuestas deportivas.
o En lo referente a las políticas de seguridad alimentaria, un aspecto fundamental de la salud pública, se hace desde la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y hemos seguido reforzando las garantías y la información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario .Y también se ha dado un mayor impulso al fomento de la salud a través de la nutrición mediante el desarrollo de estrategias y actuaciones orientadas a promover una alimentación saludable, la actividad física y la prevención de la obesidad. , preservando en todo momento los elementos fundamentales de la dieta mediterránea y los productos de calidad de nuestro país.

En línea con la importancia de estos objetivos, el presupuesto de la AESAN se ha incrementado un 21% en esta legislatura, dotando a los centros y laboratorios dependientes de mayores recursos y mejor equipamiento; se ha modernizado los sistemas de recogida de información y datos para el Control Oficial, facilitando con ello también el trabajo en las comunidades autónomas; se han reforzado las políticas públicas de nutrición saludable y sostenible necesarias para hacer frente a las elevadas cifras de obesidad y sobrepeso infantil existentes en España, y que nos sitúan a la cabeza de los países europeos en este grave problema de salud pública; se han intensificado los trabajos de la Estrategia NAOS y del Observatorio de la Obesidad, y se ha puesto en marcha el Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España (ALADINO) 2019, con el objeto de recabar datos sobre el impacto de la pandemia en la alimentación y salud de los y las menores.

Hemos reforzado las campañas de formación, información y concienciación destinadas a señalar la importancia de desarrollar una alimentación segura, saludable y sostenible en colegios y centros educativos, así como a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclado de materiales plásticos para su reutilización en el envasado de alimentos, explicando los controles que han de realizarse para garantizar la seguridad de estos materiales.

5.6.1. Una compromiso por una mayor protección de las personas consumidoras y usuarias

Los y las socialistas vamos a seguir impulsando actuaciones que garanticen la efectividad de la información, la resolución extrajudicial de conflictos y la tutela de las Administraciones Públicas de los derechos de las personas consumidoras.

Continuaremos reforzando los derechos de las personas consumidoras, para que sean protagonistas en la tarea colectiva y personal y tengan participación en las cuestiones que sectorialmente les afectan, tanto en el ámbito normativo como en el seguimiento del impacto de los productos y servicios en lo que atañe a la sostenibilidad, la igualdad, la justicia, la seguridad y la calidad de vida.

Impulsaremos una ciudadanía solidaria que tome conciencia ética de su rol, para cambiar las formas de consumo, personal e institucionalmente, por razones de justicia y de felicidad.

Desde esos principios, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes actuaciones:
  • Continuaremos impulsando en europa el desarrollo de unas políticas de protección de las personas consumidoras que garantice el más elevado nivel de protección de sus derechos y la mejora de los mecanismos que faciliten la resolución de controversias transfronterizas entre consumidores y empresas. Trabajaremos, en línea con los objetivos de la Nueva Agenda del Consumidor de la Unión Europea, para que las personas consumidoras desempeñen un papel activo orientado a la recuperación sostenible y ecológica y a la consecución de una sociedad más justa, teniendo en cuenta las brechas digitales y previendo posibles causas de exclusión.
  • Vamos a seguir reforzando la seguridad alimentaria y concienciando de la importancia de una alimentación saludable. En España tenemos la ventaja de contar con una que aporta grandes beneficios, como es la dieta mediterránea. De ahí la importancia de impulsarla, así como de recuperar modelos de producción agroalimentaria y consumo que favorezcan el consumo de cercanía, potenciando las normas de calidad que se autoimponen las Denominaciones de Origen o las Indicaciones Geográficas Protegidas.
  • Continuaremos mejorando la protección de las personas consumidoras vulnerables mediante desarrollos normativos que refuercen los derechos de quienes puedan encontrarse en una especial situación de subordinación o indefensión. Implantaremos sistemas que faciliten su identificación por parte de las administraciones y de las empresas, con objeto de impedir cualquier traba en el acceso a los beneficios y ayudas destinados a estas personas.
  • Daremos desarrollo al nuevo derecho al olvido oncológico, recién aprobado. con ello vamos a mejorar la vida cotidiana de miles de ciudadanos y ciudadanas que, después de sufrir un cáncer, ya no son considerados enfermos por su médico, pero lo siguen siendo para las compañías aseguradoras.
  • El fomento del consumo responsable desde la escuela, contando con la colaboración de las asociaciones de consumidores, constituirá uno de los ejes de nuestra acción de gobierno. Promoveremos una manera de consumir bienes y servicios que tenga en cuenta, además del precio y la calidad, las características sociales y laborales del entorno de producción y las consecuencias medioambientales posteriores. Con ello contribuiremos desde las políticas de consumo a la creación de un modelo de sociedad más equitativa y sostenible, y a favorecer el establecimiento de relaciones comerciales más justas.
  • Dotaremos de un nuevo impulso a la protección de las personas consumidoras y usuarias mediante la incorporación y desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico del derecho a la promoción del consumo sostenible, añadiendo la exigencia a los poderes públicos para desarrollar políticas transversales que promuevan modalidades sostenibles de consumo mediante una combinación de acciones normativas, económicas y sociales. Incorporaremos el “consumo sostenible” como un nuevo derecho básico de las personas consumidoras y usuarias, promoviendo el diseño, la elaboración y la utilización de productos y servicios que ahorren energía y no sean tóxicos, desincentivando las modalidades no sostenibles de consumo mediante el desarrollo y la utilización de nuevos productos y servicios ecológicamente racionales, y promoviendo aquellas tecnologías que puedan satisfacer las necesidades de las personas consumidoras a la vez que contribuyen a reducir la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales.
  • Aprobaremos una ley que regule los servicios de atención a la clientela. El proyecto de ley que presentamos desde el gobierno ha decaído como consecuencia del adelanto electoral. Nos comprometemos a volver a presentarlo, incorporando los mismos parámetros de calidad: que las reclamaciones se resuelvan en un plazo inferior a quince días; que las incidencias en el caso de interrupción de servicios básicos deban de ser informadas en un plazo de dos horas; que no se pueda cortar un servicio básico mientras exista una reclamación en curso; que los tiempos de espera en las llamadas telefónicas se limiten a un máximo de tres minutos; que no se permita la utilización exclusiva de sistemas robotizados de atención al cliente; que exista una atención personalizada; que los servicios sean accesibles y se adapten a los consumidores en situación de vulnerabilidad; que el servicio de atención a la clientela sirva para atender sus consultas y reclamaciones, y no para ofrecer nuevos contratos; y que las personas consumidoras puedan conocer, mediante la publicación de la auditoría, el funcionamiento del servicio de atención a la clientela de una gran empresa, antes de decidir contratarse ala.
  • Aprobaremos definitivamente la ley de creación de la autoridad de protección del Cliente Financiero, también decaída como consecuencia del adelanto electoral, cuyas resoluciones serán de obligado cumplimiento para las entidades financieras, y que garantizará la inclusión financiera a través de la atención personalizada especialmente a personas mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar reclamaciones.
  • Pondremos en marcha un plan nacional de apoyo al sistema arbitral que potencie y fomente entre personas consumidoras y empresas el recurso al arbitraje de consumo como vía de resolución de reclamaciones.
  • Continuaremos reforzando la seguridad alimentaria sobre la mejor evidencia científica, como aspecto fundamental de la salud pública, para ofrecer garantías e información objetiva a las personas consumidoras y agentes económicos del sector agroalimentario español. Dotaremos de un reforzado impulso a las estrategias de promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad. Promoveremos dietas saludables y sostenibles, especialmente la dieta mediterránea; mejoraremos el etiquetado nutricional de los productos alimenticios, y trabajaremos para recuperar modelos de producción agroalimentaria y consumo que favorezcan el consumo de cercanía.
  • Seguiremos fomentando la responsabilidad y reforzando la seguridad en la oferta y consumo de juegos de azar mediante medidas dirigidas a un mayor control de la publicidad y el refuerzo de los mecanismos de protección de las personas jugadoras, con especial atención a los sectores vulnerables. Continuaremos fortaleciendo los instrumentos de prevención y la cooperación institucional en la lucha contra el fraude, así como la implicación de los operadores de juegos de azar en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación.
  • Potenciaremos desde la cogobernanza las oficinas municipales de información al consumidor.

5.7. Diversidad

La ausencia de colectivos y grupos discriminados o directamente excluidos dentro de una sociedad es un indicador clave para medir la calidad de una democracia.

Históricamente, la diversidad en nuestro país se ha gestionado en torno a dos enfoques distintos: como activo social, o como un problema.

Los y las socialistas tenemos el objetivo último de lograr la plena inclusión social de todas las minorías, propiciando así el enriquecimiento mutuo fundamental para lograr el correcto funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho que mandata nuestra Constitución.

Para el Partido Popular, la diversidad es una anomalía, las minorías que la conforman son un problema, las políticas contra la discriminación son un gasto inútil, y la lucha contra el odio es simple censura.

Además, jugando de manera repulsiva con el descontento social provocado en gran medida por la austeridad y el abandono de las políticas de sus gobiernos, han sabido reabrir falsos debates de carácter identitario, buscando enfrentar unas minorías con otras en un intento de soliviantar los derechos de todas ellas.

Somos distintos en nuestras políticas y somos distintos en la manera de hacerlas. Frente a la imposición y el descontento social que generan las políticas de la derecha, los socialistas legitimamos nuestras acciones y leyes con el consenso resultante de un amplio diálogo social.

El problema de la discriminación es múltiple, y por lo tanto la interlocución social es esencial para garantizar que las acciones de gobierno actúen de manera efectiva contra las barreras que encuentran cada día millones de personas en todos los ámbitos, debido a la discriminación que sufren las distintas minorías.

La inclusión de las minorías debe abordarse de manera específica, pero la realidad de todas ellas suele ser común: mayores tasas de abandono escolar y paro, peores salarios, menor calidad de vida, violencia en bastantes casos. Lograr la plena inclusión dependerá de cómo afrontar todas estas realidades, y de combatir la discriminación con medidas específicas en cada uno de los ámbitos.

Educación de calidad, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico... Son todos ellos objetivos de la agenda 2030, todos ellos estrechamente relacionados con la inclusión, y todos ellos fundamentales para reducir la brechass que existen en nuestro país determinadas simplemente por el sexo, el color de la piel, la religión, el lugar de nacimiento, orientación y la identidad sexual y la expresión de género, entre un largo etcétera.

Durante los próximos cuatro años vamos a seguir desarrollando políticas que terminen con esas barreras, y elaborando estrategias a largo plazo que permitan incidir y reducir el impacto de la discriminación. Porque creemos firmemente que una sociedad en la que no se discrimina a las minorías es una sociedad mejor para todos y todas.

Durante esta legislatura hemos aprobado la llamada Ley Zerolo, la Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación: una herramienta fundamental que otorga derecho de resarcimiento a las víctimas de la discriminación.

Durante los próximos cuatro años seguiremos también combatiendo los discursos de odio, porque no son libertad de expresión, sino libertad de opresión. Generan polarización social, e incitan al odio y la violencia contra las minorías.

5.7.1. Personas con discapacidad, múltiple discriminación

El Partido Socialista muestra su profunda preocupación la situación de discriminación múltiple a la que se enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito social, educativo, formativo, laboral, económica, participativo, sanitario y jurídico. Pondremos en marcha de campañas de sensibilización de forma periódica y sistemática sobre la realidad de las personas con discapacidad. Esta labor se complementaría con campañas de información sobre la Convención de la ONU y los derechos y el trato adecuado de las personas con discapacidad. Nos comprometemos a:
  • Aumentar de los recursos para luchar contra la violencia que sufren mujeres y niñas con discapacidad.
  • Desarrollar acciones y habilitar recursos específicos para las mujeres con discapacidad en cuanto a la salud sexual y reproductiva, facilitando los apoyos necesarios a su capacidad de decidir y obrar, para que disfruten de una salud sexual óptima y obtengan los apoyos que precisen en el desarrollo de la maternidad.
  • Reforzar la comunicación, la sensibilización y la información sobre su realidad, luchando contra el estigma de una sociedad que desconoces sus necesidades y previniendo el suicidio y el desánimo de las familias.
  • Diseñar nuevos modelos residenciales accesibles y adaptados a las necesidades de personas mayores y dependientes con discapacidad.
  • Aprobar una estrategia nacional de desarrollo rural inclusivo 2019-2022, que promueva, coordine y encauce los distintos programas y acciones dirigidas a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural en España.

5.7.2. La hora de la igualdad real para el colectivo lgtbi

Si durante el gobierno de Zapatero las personas del colectivo LGTBI dejaron de ser ciudadanía de segunda y vieron reconocidos sus derechos constitucionales y civiles (igualdad, matrimonio, propia identidad...), gracias al gobierno de Pedro Sánchez se ha construido un amplio aparato legislativo para impulsar el derecho al ejercicio de la plena ciudadanía, libre de discriminación y con independencia de la orientación, la identidad sexual y la expresión de género.

Hemos cumplido todos los compromisos legislativos que se incluyeron en el programa de 2019 en materia LGTBI:

Hemos aprobado un amplio marco regulador en línea con la estrategia LGTBI europea y en de la mano del colectivo LGTBI, que había sido ignorado por el gobierno del PP y que ahora ve reconocidas sus reivindicaciones de su derecho a la igualdad:

o Hemos devuelto derechos que habían sido arrebatados, como el acceso libre de discriminación de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida, limitado a las parejas heterosexuales por un Partido Popular que sólo reconoce un tipo de familia.

o Hemos convertido reivindicaciones históricas en nuevos derechos.

o Hemos creado herramientas legales para combatir la discriminación que permiten, por ejemplo, actuar contra los cánticos homófobos en los estadios o sancionar a los establecimientos que vetan la entrada a las personas del colectivo.

Hemos abanderado los derechos LGTBI en la esfera internacional, denunciando ante la comisión Europea la violación de los derechos fundamentales de la Unión que supone la Ley antipropaganda de Hungría, y estableciendo colaboraciones estratégicascon entidades que trabajan por la igualdad del colectivo en otros países.

Hemos avanzado en la lucha contra los delitos de odio. Unos delitos que no se pueden cuantificar en denuncias, porque sabemos que la mayoría de los que se producen no se denuncian. Por ello, desde el gobierno hemos implementado una serie de medidas que ponen en el centro la mejora de la atención a las víctimas, y que establecen protocolos de actuación y especialización con el único objetivo de erradicar la peor expresión de la LGTBIfobia, reduciendo la infradenuncia.

Hemos avanzado en el proceso de despatologización de las personas del colectivo, siguiendo las recomendaciones de la ONU y la Estrategia LGTBI Europea. Pese a toda la legislación para combatir la discriminación basada en la orientación y la identidad sexual, y pese a la consolidación de reivindicaciones en forma de derechos, el reto sigue siendo el mismo: remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que las personas LGTBI desarrollen sus proyectos vitales en igualdad y libres de discriminación.

Los indicadores muestran, entre otras cosas, que la orientación y la identidad sexual tienen una relación directa con unas mayores tasas de depresión y de desempleo (muy significativo es el caso de las mujeres trans), y también aumentan la probabilidad de sufrir violencia física.

Además, más de la mitad de los menores LGTBI sufre acoso en las aulas en nuestro país, según datos de la FELGTB. El bullying, la depresión infantil, el abandono escolar y la exclusión social son fenómenos en ocasiones concatenados, y es necesario actuar para romper esa cadena.

El colectivo había sido ignorado durante los años de gobierno del PP, y se hacía imprescindible una actualización de sus derechos. Ahora, cuatro años después, estamos en disposición de implementar todas las medidas incluidas en la Ley LGTBI, para actuar sobre realidades como el éxodo de las personas LGTBI hacia las grandes ciudades motivado por la discriminación en su lugar de origen.

En consecuencia, la principal acción que vamos a realizar durante los próximos años no es otra que impulsar la correcta implementación y desarrollo de todas las medidas recogidas en la ley, actuando en una serie de ámbitos en los que sabemos que una correcta intervención de los poderes públicos puede desempeñar un papel fundamental para terminar con la lacra de la LGTBI fobia.

Ámbito educativo: impulsaremos la formación de profesionales en detección y prevención del acoso, así como la del alumnado, en materia de diversidad sexual y familiar en todas las etapas educativas. Velaremos por la inclusión de referentes positivos.

Empleo: implementaremos las medidas para la reducción de la discriminación en el entorno laboral y especialmente en el acceso de las personas trans, impulsando y evaluando el impacto de las medidas dispuestas en la ley a tal efecto. Política exterior: España ha sido un ejemplo para que otros países implementaran leyes de protección y dotaran de derechos al colectivo. Seguiremos abanderando la causa LGTBI en los organismos internacionales de los que formemos parte, continuando con nuestra política de realizar litigios estratégicos en aquellos casos en los que observemos violaciones de los Derechos Humanos de las personas LGTBI, especialmente en el seno de la Unión Europeo.

Mayores. Las personas mayores del colectivo son las que han sufrido la represión de la dictadura franquista, y debemos garantizar que no se vean obligadas a volver al armario en la última etapa de su vida. Por todo ello, implementaremos todas las medidas de creación de espacios específicos y formación de profesionales que se recogen en la Ley,

Por todo ello, proponemos:
  • Promover un pacto de estado contra la lgtbifobia. porque, sin la implicación de todos los poderes públicos, instituciones y fuerzas políticas, no lograremos terminar con la discriminación que sufren las personas del colectivo LGTBI.
  • Como ya hacen 43 estados, incluiremos las terapias de conversión como un delito tipificado en el código penal, ya que, como señala el experto independiente de la ONU, “todas las terapias de conversión parten de la creencia de que las personas sexualmente diversas o de género diverso son, de alguna manera, inferiores”.
  • Fomentaremos y facilitaremos la adopción a nivel nacional e internacional, y centraremos nuestra acción en la eliminación de las barreras que impiden la igualdad real para las familias LGTBI en este ámbito:
    • Revisando y agilizando los procesos de adopción nacional.
    • Intensificando la firma de tratados de adopción internacional con aquellos países que permiten la adopción a las parejas del mismo sexo y con laso que nuestro país aún no cuenta con acuerdos.
  • En el marco del quinto pilar de la estrategia europea lgtbi 2020-2025, promoveremos el derecho a la libre circulación de las familias LGTBI dentro de la Unión.
  • Favoreceremos el acceso de las familias lgtbi a los procesos de acogida de los menores tutelados.
  • Aprobaremos una estrategia de turismo lgtbi que tenga como objetivo el diseño y promoción de experiencias de turismo especializadas en el segmento LGTBI, contando además con la participación de empresas y asociaciones turísticas del colectivo, así como de las comunidades autónomas para su coordinación y aplicación.
  • Promoveremos protocolos de actuación y estándares de certificación para destinos y establecimientos turísticos que aseguren un tratamiento adecuado con las personas LGTBI.
  • Fomentaremos la conservación de la memoria del sufrimiento y la lucha del colectivo a través del centro documental de la memoria histórica.
  • Impulsaremos programas para la conservación de la documentación, el estudio y la investigación sobre la memoria histórica y democrática LGTBI y la conservación e identificación de los espacios y lugares de memoria.
  • El chemsex se ha convertido en un problema de salud pública que abordaremos mediante la formación específica de profesionales, con el objetivo de mejorar los resultados de las acciones preventivas y la detección y tratamiento de los usuarios que ya hayan desarrollado problemas de adicción.
  • Como se recoge en la ley lgtbi, las personas lgtbi, especialmente las jóvenes y mayores, tienen un mayor riesgo de padecer exclusión social y situaciones de sinhogarismo derivadas de la discriminación .Por ello, fomentaremos la colaboración entre administraciones y las entidades del tercer sector especializadas en este ámbito para identificar y actuar frente a las situaciones graves que requieren atención de los poderes públicos, y en especial aquellas con elevado riesgo de exclusión social asociados a este tipo concreto de discriminación.

7.3. 2030 hacia el fin del vih

Un objetivo 2030 es lograr poner fin a la pandemia del VIH, así como terminar con el estigma que aún pende sobre el virus y las personas que lo portan, y que supone una barrera crucial que dificulta la detección temprana.

Una sociedad con cero discriminación hacia las personas con VIH sería una sociedad en la que habría cero infecciones nuevas. Desde el gobierno, los y las socialistas hemos derribado muchas barreras históricas que impedían a las personas con VIH acceder al empleo, porque sabemos que indetectable significa intransmisible.
  • Durante los próximos cuatro años seguiremos combatiendo la discriminación el pacto social por la no Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, del mismo modo seguiremos impulsando todas las medidas de diagnóstico temprano para poder llegar a los objetivos 95-95-95.

5.7.4. La lucha contra cualquier tipo de discriminación, el racismo y los discursos de odio.

Para combatir el racismo no solo basta con ser no racista: hay que ser antirracista, en compromiso activo con las personas que sufren estigmas y discriminación por su condición étnica, por su color de piel o por su origen nacional. Por tanto, identificar las causas que provocan la discriminación racial y trabajar por una educación en valores se hace cada vez más imprescindible.

España ha sido y es un país de acogida y solidario, en el que tenemos que seguir trabajando para fomentar la interculturalidad y combatir la discriminación, el racismo y a xenofobia. La experiencia ha demostrado que la potenciación de las diferentes culturas enriquece nuestra sociedad, cohesiona a los diferentes y favorece la integración y la vida en una coexistencia positiva basada en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades sociales; en la construcción de un discurso en positivo de la diversidad; y, sobre todo, en el fomento de la interacción social positiva entre el conjunto de la población, luchando contra la discriminación y la exclusión de personas y colectivos.

Cuando hablamos de inclusión, ésta es sin asimilación; debe ser bidireccional. Hay que fomentar que la participación ciudadana de las personas migrantes sea fluida, y que a su vez éstas aporten su riqueza cultural, para que la población de acogida entienda los valores que aporta la interculturalidad al desarrollo de las sociedades.

El PSOE se compromete a:
  • Promover un pacto de estado contra los delitos de odio.
  • Poner en marcha de la autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación, regulada en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, también llamada “Ley Zerolo”. La Autoridad será un órgano que deberá ofrecer protección frente a toda clase de discriminación y promoverá el cumplimiento efectivo del derecho antidiscriminatorio.
  • Aprobaremos un plan contra el racismo, en sintonía con el plan de acción de la Unión Europea Antirracismo 2020-2025.
  • Desarrollaremos programas de evaluación de la discriminación y búsqueda de discriminación 0 como complemento a la estrategia de inclusión basada en el modelo intercultural, dotándolos de recursos y estrategias participativas para detectar, evaluar y corregir posibles sesgos discriminatorios en la prestación de servicios públicos, así como situaciones de discriminación.
  • Promoveremos campañas de prevención, sensibilización y reconocimiento de la diversidad cultural como estrategia de combate contra el racismo, favoreciendo la participación de las personas racializadas en los medios de comunicación, especialmente en las televisiones públicas, como referentes positivos que desactiven los prejuicios y estereotipos que son la antesala del racismo.

5.7.5. Pueblo gitano

Nuestro país, nuestra democracia, siguen teniendo una deuda con el pueblo gitano. Poco a poco estamos consiguiendo desde la política que el reconocimiento ocupe el espacio de debate público que le corresponde. Por eso tiene tanto valor que personas gitanas, activistas, líderes de movimientos sociales o profesionales, hayan acudido al lugar donde reside la soberanía popular para reivindicar que la política tenga en cuenta la voz del pueblo gitano a la hora legislar y emprender medidas destinadas a promover la igualdad.

En la actualidad la población gitana se calcula en más de un millón de españoles y españolas, donde aún persisten importantes desigualdades respecto a la población general, y de la que un porcentaje significativo continúa siendo víctima de la discriminación, la intolerancia y la exclusión social. En la última década, la Unión Europea y los Estados miembros han desarrollado marcos normativos, recomendaciones y planes estratégicos para mejorar las condiciones de vida de la población gitana, buscando igualar el acceso a las oportunidades y a los derechos sin distinción de origen racial o étnico, sexo o nacionalidad. Gracias a ello, se ha extendido la promoción de acciones positivas o medidas específicas que reviertan su situación.

En esta legislatura se ha producido un mayor impulso al debate en torno a las políticas dirigidas a la población gitana, con la aprobación de leyes y planes que mejoran la situación de desventaja social que existe en relación a la salud, la educación, el empleo y la vivienda.

La apuesta clara y decidida del gobierno liderado por el partido socialista ha permitido introducir la perspectiva gitana en cada medida, acción y normativa para garantizar la participación y el acceso a los derechos más fundamentales.

El reconocimiento institucional a la población gitana por su enorme contribución a forjar el carácter y la personalidad de nuestro país es incontestable, aunque aún no es suficiente. Para ello, los y las socialistas debemos seguir fortaleciendo y trabajando codo con codo con las organizaciones civiles del ámbito del tercer sector, mejorando los espacios de dialogo e interlocución con los poderes y administraciones públicos.

Legislar en democracia supone un poder inmenso. La regulación de los materiales educativos que enseñan la historia y la cultura gitanas en los centros escolares aprobado en la Ley de Educación; la normativa que protege al comercio ambulante del que tradicionalmente ejerce gran parte de la ciudadanía gitana; la Ley de Memoria Democrática que incluye la restitución de la memoria del pueblo gitano represaliado por el franquismo; o la Ley de Empleo, que menciona específicamente al Pueblo Gitano como grupo de especial cuidado y seguimiento, son ejemplos del paquete legislativo desarrollado en estaos cuatro años. Medidas concretas que den respuestas a necesidades históricas, como la aprobación en el 2021 de la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano 2021-2030.

Como también hay que señalar la relevancia de la promulgación de la nueva Ley Zerolo, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que ha permitido la inclusión del antigitanismo como agravante y como delito de odio en los artículos 22 y 510 del Código Penal. Un hito histórico que establece que el antigitanismo es una forma específica de discriminación, y además conlleva una reforma esencial del Código Penal; en definitiva, un paso más para luchar contra la impunidad. Después de un largo camino combatiendo el racismo, elevar la lucha contra el antigitanismo a nivel institucional se está convirtiendo en una cuestión de Estado y una prioridad para los y las socialistas.

Asimismo, se ha de poner en valor el impulso y apoyo a las conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe de la Subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano del Congreso de los Diputados, aprobado en marzo de 2023.

En los próximos años:
  • Desarrollar e impulsar las medidas incorporadas en el pacto de estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano, en coordinación con la implementación de la Estrategia Nacional para la igualdad, inclusión y participación del pueblo gitano 2020-2030, con especial atención a las iniciativas relacionadas con la lucha y prevención del antigitanismo.
  • Crearemos la comisión de trabajo sobre la memoria y la reconciliación con el Pueblo Gitano en España, aplicando los principios de verdad, justicia y reparación y garantizando la participación del Consejo de Memoria Democrática, del conjunto de las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones representativas del pueblo gitano de ámbito estatal.
  • Fortaleceremos el tercer sector y los movimientos sociales gitanos, especialmente de mujeres y jóvenes como referentes positivos.

5.8. Deporte, motor de salud y bienestar

El deporte se ha convertido en España en los últimos años en un motor de transformación social, de promoción de la salud física y mental, así como en una palanca para la construcción de un modelo de sociedad más sostenible. Los y las socialistas entendemos el deporte y la actividad física como un derecho esencial de toda la ciudadanía y así lo hemos explicitado con la nueva Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022 después de 32 años de vigencia de la anterior.

Los y las socialistas concebimos un modelo de sociedad sostenible, y éste sólo es viable a través de una ciudadanía activa que incorpore en su agenda vital la práctica deportiva como una actividad esencial.

Durante esta legislatura, el deporte ha reforzado su posición como una parte importante de la vida cotidiana de las personas, demostrando su utilidad durante la gestión y la recuperación de los efectos de la pandemia.

Las políticas socialistas en esta legislatura han expandido la transversalidad del deporte a través del impulso del turismo deportivo y de la internacionalización del deporte español, así como el impulso a la Liga Profesional de Fútbol femenino. El deporte, en definitiva, es un sector que, a través de la constante innovación, constituye un gran yacimiento de empleo, especialmente joven, y un vector de continuo crecimiento económico.

Para que el esfuerzo realizado se consolide:
  • Desarrollaremos reglamentariamente la nueva ley del deporte, con el objetivo de afianzar los principios rectores a partir de los cuales se ha aprobado esta normativa, poniendo el foco en el acceso de las mujeres a la práctica deportiva, la presencia de las mismas en puestos de gestión, el fomento del deporte practicado por personas con discapacidad, y la consecución de entornos seguros en el deporte libres de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia.
  • Fomentaremos el deporte y la actividad física como derecho y servicio público de calidad, garantizando el acceso a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad.
  • Lideraremos, junto a las federaciones deportivas, ligas y otras instituciones del deporte, una estrategia conjunta para la erradicación de la violencia, el odio, el racismo y la xenofobia en el deporte.
  • Crearemos un hub de innovación deportiva que impulse el impacto económico del deporte, la atracción del talento joven, el desarrollo de todas las industrias relacionadas con el deporte y sus conexiones con los diferentes y nuevos perfiles tecnológicos.
  • Lideraremos la consolidación del modelo de digitalización del deporte español a través de las federaciones deportivas, así como de otros agentes públicos o privados del sector deportivo.
  • Implementaremos el programa reto de, por el que las zonas rurales contarán con beneficios fiscales en materia deportiva para la adecuación de instalaciones deportivas.
  • Generaremos un nuevo marco regulatorio para las profesiones actuales vinculadas con el deporte, que a su vez contemple la inserción de aquellas otras que puedan surgir en la conexión del deporte con otros sectores.
  • Desarrollaremos iniciativas sustentadas en la nueva ley del deporte que contribuyan a alcanzar la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en el deporte.
  • Profundizaremos en las potencialidades del observatorio de la igualdad en el deporte.
  • Impulsaremos la integración de las federaciones de deportes practicados por personas con discapacidad en las federaciones deportivas, así como ella promoción d deporte inclusivo como elemento integrador.
  • Desarrollaremos un estatuto del deportista.
  • Desarrollaremos e implementaremos una estrategia nacional del fomento del deporte contra el sedentarismo y la inactividad física, para incrementar la práctica de la actividad física y deportiva en el conjunto de la población española. De igual forma, promoveremos medidas que incentiven la práctica habitual de actividad física y deporte en el ámbito laboral.
  • Diseñaremos nuevas fórmulas de colaboración público-privada que puedan reforzar el impulso económico de las nuevas necesidades del deporte.
  • Pondremos en marcha del primer plan estratégico del deporte español, enmarcado en la nueva Ley del Deporte.

5.9. Vivienda

Para los y las socialistas, la vivienda debe constituir el quinto pilar del estado del bienestar, y en la actualidad requiere de medidas firmes que permitan a millones de personas desarrollar una vida privada y familiar, y especialmente un proyecto de vida nuevo entre los más jóvenes y las personas económicamente más vulnerables. En 2018 nos encontramos una herencia de corrupción, exclusión social y especulación de la vivienda tanto en venta como en alquiler, donde se recortaron las ayudas públicas, se desprotegió al arrendatario y se abandonó e incluso privatizó el parque público de viviendas. Desde el gobierno hemos dado prioridad a la puesta en marcha de una auténtica política de vivienda donde antes no la había.

Hemos aprobado la primera Ley de Vivienda de nuestra democracia, apuntalando dicho quinto pilar del estado del bienestar. Una ley que cumple con la función social de la propiedad, fundamentada sobre la base de la cooperación entre Administraciones y la lucha contra la especulación urbanística y en el ámbito de la vivienda. Se trata de la primera norma de la democracia que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna, y que pretende garantizar el acceso a la vivienda e imponer su consecución como una obligación a los poderes públicos, que no podrán mirar para otro lado ante situaciones injustas.

Aborda, además, el problema de la vivienda en toda su dimensión. Supone un compromiso con la ciudadanía y sobre todo con los jóvenes de nuestro país, para que puedan realizar sus proyectos vitales accediendo a una vivienda en unos precios razonables, dejando atrás las burbujas inmobiliarias que provocaron las políticas fracasadas del Partido Popular.

La ley nos dota de los instrumentos necesarios para atender las prioridades de la mayoría social de este país: controlar subidas de precios abusivas, sacar al mercado viviendas vacías, establecer incentivos fiscales para el control de precios, y, lo más importante, garantizar y blindar el parque público de vivienda. Por lo tanto, nos comprometemos a activar y desarrollar los instrumentos previstos en la ley:
  • Desarrollaremos las medidas contempladas para la contención de los precios de la vivienda.
  • Regularemos y diversificaremos los contratos de arrendamientos para recoger las peculiaridades de cada situación, de manera que se atienda al arrendador/a y al arrendatario/a y a la situación concreta que se pretende regular, sobre todo en el caso de arrendamientos temporales para uso como primera vivienda.
  • Impulsaremos medidas que incentiven la oferta de viviendas adecuadas, asequibles, sostenibles y dignas.

5.9.1. Política de alquiler

  • Incrementaremos el actual parque de vivienda pública de alquiler social mediante una decidida y ambiciosa política de inversión pública a medio y largo plazo en viviendas de calidad, atendiendo especialmente a la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad universal. El objetivo será alcanzar el 20% de vivienda pública en régimen de alquiler en los próximos años, situándonos en la media de viviendas que disponen países de la Unión Europea como Francia, Países Bajos o Alemania.
  • Beneficiaremos principalmente a quienes tienen más dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo a las personas jóvenes en sus procesos de emancipación.
  • Este incremento del parque de vivienda pública de alquiler será posible bien mediante amplios mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, bien con viviendas de nueva construcción. Hablamos de viviendas públicas y de promoción de viviendas privadas, contando en el caso de las protegidas con una protección blindada de su uso social de forma permanente e irreversible.
  • Continuaremos con el desarrollo del plan de vivienda para el alquiler asequible:
    • Promoción y finalización de 15.000 viviendas mediante acuerdos del estado con comunidades autónomas y Entes Locales.
    • Impulso de 10.000 viviendas a través acuerdos realizados directamente con entidades locales.
    • 50.000 viviendas promovidas directamente por el estado a través de la entidad Pública Estatal de Suelo (Sepes), de las que 30.000 pertenecen a actuaciones en diferentes desarrollos, y 20.000 corresponden a suelos provenientes de 50 antiguas instalaciones militares.
    • 63.000 viviendas con recursos de los fondos europeos adscritos al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
    • 20.000 viviendas mediante autónomas y entes locales.
    • 43.000 con préstamos , para poder financiar viviendas tanto en suelo público como privado.
  • 50.000 viviendas procedentes de la sareb:
    • 15.000 que posibilitarán la conformación de alquileres sociales.
    • 15.000 que se construirán en suelo de la entidad.
    • 20.000 que se pondrán a disposición de comunidades autónomas y entes locales.
  • 11.000 del fondo social de viviendas acordado con las entidades bancarias.
  • Estableceremos, en colaboración con los ayuntamientos, fórmulas de promoción de viviendas localizables en suelos dotacionales de uso y dominio público, en aquellas situaciones donde se considere un refuerzo y una respuesta a necesidades de viviendas en determinados entornos geográficos.
  • Protegeremos el parque de vivienda social y alquiler asequible:
    • Incrementaremos las reservas de suelo para vivienda social y, por supuesto, aseguraremos que una gran parte de la plusvalía generada por la actividad urbanística redundará en la financiación de la política de vivienda.
    • Emplearemos fórmulas como la del derecho de superficie para la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.
    • Impediremos cualquier posibilidad de incorporarse al mercado libre mediante procesos de descalificación y/o privatización de vivienda para un uso social, garantizando que no pueda venderse a ningún fondo de inversión.
    • Aseguraremos que las reservas obligatorias de suelo para vivienda de protección oficial en los nuevos desarrollos urbanísticos destinen, por lo menos, el 50% a la construcción de viviendas en régimen de alquiler social y alquiler asequible.
  • Estableceremos mecanismos ágiles y modelos de acuerdo entre entidades bancarias y administraciones (estatal, autonómicas y locales) para movilizar las viviendas vacías y destinarlas a uso social.
  • Estableceremos programas de incentivos rehabilitación, entre otras finalidades, para que los propietarios puedan poner viviendas en el mercado de alquiler asequible, y con ello eliminar el problema de habitabilidad que muchas de ellas tienen.
5.9.2. Políticas para colectivos vulnerables
En España existe una evidente emergencia habitacional. Además del desarrollo y ampliación del parque público de vivienda, los y las socialistas impulsaremos una ambiciosa política hacia los arrendatarios con menos recursos y colectivos vulnerables, con el doble objetivo de evitar la pérdida de la vivienda por quienes disponen de ella de forma precaria, y de facilitar el acceso a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no pueden alcanzar los precios de mercado; sin olvidar a aquellas familias económicamente vulnerables, dependientes, víctimas de violencia de género o con menores a cargo ysin alternativa habitacional, para que no queden sin vivienda.
  • Reforzaremos los programas de los planes estatales de vivienda.
  • Reforzaremos las medidas adoptadas en materia social, en la articulación de soluciones habitacionales y las procedimentales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
  • Daremos una atención especial a las personas sin hogar: una realidad extrema y que representa una de las expresiones más agudizadas de exclusión social. Y promoveremos la creación de una red de recursos residenciales a modo de viviendas normalizadas en entornos barriales, utilizando metodologías como housing first o housing led, o programas No Second Night Out, para las personas que viven en la amenaza constante del sinhogarismo, posibilitando que sean miembros activos de su comunidad.
  • Impulsaremos el diseño de un plan de acción por las administraciones públicas competentes, con dotación económica suficiente, para la erradicación del chabolismo y de los asentamientos segregados, incluyendo la participación de la población gitana en el diseño del mismo.

5.9.3. Rehabilitación

Existen en torno a 9,7 millones de viviendas principales en España que necesitan rehabilitación para abordar problemas de accesibilidad, de ineficiencia energética, y para promover la introducción de energías renovables en los hogares. La accesibilidad universal es una condición inherente a la convivencia inclusiva que defendemos los y las socialistas. Queremos entornos que favorezcan la seguridad ciudadana, la cohesión y la articulación de un tejido de relaciones comunitarias, donde todo el mundo pueda sentirse integrado.
  • Potenciaremos el trabajo coordinado de las administraciones autonómicas y locales para asegurar la dotación de infraestructura física adecuadas, servicios básicos y el acceso de los vecinos y vecinas a todos los suministros que necesiten.
  • Impulsaremos el desarrollo de la ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura, alineada con la estrategia a largo plazo del gobierno y la propuesta de la Comisión Europea (nueva Bauhaus) para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, promocionando su adaptación de estándares al contexto mediterráneo.
  • Fortaleceremos el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio en España, tanto en los ámbitos urbanos como rurales, con el marco estratégico de la Agenda Urbana Española.
  • Desarrollaremos normativas que permitan cambios de usos de edificios según las necesidades habitacionales, en coordinación con los ayuntamientos, para reconvertir edificios públicos y privados no utilizados.
  • Aseguraremos políticas efectivas de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad que, además, propicien actuaciones integrales que contribuyan a una mejora de la calidad, del estado de conservación y de la digitalización de los edificios.
  • Adecuaremos las viviendas a necesidades específicas de colectivos vulnerables, como personas de edad avanzada o con alguna discapacidad.
  • El objetivo es poder rehabilitar más de 500.000 viviendas en esta legislatura.
  • Generaremos un marco normativo administrativo y técnico que responda a estas nuevas realidades, permitiendo viviendas de calidad con otros estándares, aportando seguridad jurídica para la gestión y propiedad en distintos modelos.
  • Potenciaremos un clúster de industrialización y prefabricación con el sector para posicionarnos competitivamente, producir más rápido y con mejores estándares de calidad y sostenibilidad, ayudando a la conexión de toda la cadena de valor del sector, y creando viviendas públicas y viviendas acordes a las exigencias actuales en materia de resiliencia, seguridad y eficiencia energética.

5.9.4. Innovación

La innovación debe ser una seña de identidad de todas las iniciativas en políticas de vivienda. Hacemos un planteamiento general de diversificación de los formatos y las tendencias habitacionales para dar respuesta a diferentes necesidades familiares, individuales y colectivas que tengan en cuenta las cambiantes circunstancias vitales.
  • Desarrollaremos una regulación sobre nuevas modalidades residenciales como el alojamiento temporal, el “cohousing”, los apartamentos dotacionales, las viviendas intergeneracionales y las cooperativas de cesión de uso, para proveer a sus usuarios de seguridad jurídica y para que la promoción privada pueda colaborar en su desarrollo. las personas usuarias.
  • Impulsaremos herramientas de colaboración público-privada, a través de créditos ico, disposición de suelo público en cesión y subvenciones, entre otros, para impulsar estos nuevos modelos.

5.9.5. Acceso de las personas jóvenes a la vivienda

La juventud y sus dificultades específicas para acceder a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, ocupan una parte importante de las políticas del gobierno y de los y las socialistas. Para dar respuesta a la demanda de este colectivo:
  • Consolidaremos el bono alquiler joven como elemento esencial que facilite el acceso al alquiler asequible.
  • Reforzaremos las ayudas directas para el alquiler de vivienda habitual contempladas en los Planes Estatales de Vivienda.
  • Desarrollaremos y aplicaremos la nueva línea de avales del instituto de crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años. El sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes tiene el objetivo de posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas
  • El 30% de las viviendas promovidas a través de cualquiera de las líneas del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible serán destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años.
  • Apoyaremos a los jóvenes para el acceso a la vivienda en régimen de propiedad en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.
  • Daremos ayudas directas para el acceso a la vivienda habitual en régimen cooperativo o en promociones de cohousing.
  • Desarrollaremos un plan de vivienda asequible dimensionada a la demanda no satisfecha de jóvenes y vulnerables, mediante la adquisición de suelo para construcción de viviendas de alquiler social, con el objetivo de seguir aumentando la oferta de suelo y bajar los precios de forma efectiva, mejorando las condiciones no sólo de las personas jóvenes, sino de todas las inquilinas.
  • Crearemos, en coordinación con los bancos, una cuenta de ahorro bonificada para la compra de una primera vivienda. Podrán abrirla jóvenes de hasta 39 años, y tanto los rendimientos que genere como las aportaciones anuales estarán exentas de tributación en el IRPF, con un límite anual 2.000 euros y un total de 30.000 euros.

6. La españa de las libertades y la convivencia

6.1. La mejor españa que convive integrada y avanza en derechos

En los últimos años, el Gobierno socialista se ha enfrentado a importantes desafíos para la convivencia en España. El PSOE alcanzó el poder tras la moción de censura de 2018 en el contexto de la mayor crisis constitucional que ha sufrido nuestro país desde 1978, motivada por el proceso independentista en Cataluña, con la convocatoria de un referéndum de independencia, la Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación de la coerción estatal prevista en el artículo 155 de la Constitución. Durante este periodo, el Gobierno socialista ha trabajado para recuperar la convivencia con diálogo y respeto, en el marco constitucional.

Ese mismo espíritu de diálogo, búsqueda de entendimiento y colaboración se ha aplicado para hacer frente a la terrible pandemia que nos ha asolado en estos años, con las continuas reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o de la Conferencia de Presidentes, y luego en los procedimientos para la distribución y ejecución de los Fondos Europeos Next Generation EU. Nos hemos afanado por fortalecer la cohesión territorial, siempre con el lastre de una derecha que actúa a la contra al tratar de patrimonializar los símbolos comunes o provocar el enfrentamiento entre unos territorios y otros.

Seguiremos construyendo un tiempo nuevo con diálogo, a partir de los principios de lealtad y colaboración: Es la cogobernanza. Frente a la unilateralidad que ha caracterizado siempre al centralismo de la derecha, la cogobernanza implica la participación y el intercambio entre niveles de gobierno. Frente a la imposición, la cogobernanza implica cooperación y acuerdo, basados en los principios de buen gobierno y lealtad institucional.

En este sentido, nuestro compromiso es profundizar en la participación y corresponsabilidad en el marco de las relaciones entre los distintos niveles de gobierno.

Así, más allá de seguir avanzando en las relaciones de colaboración, debemos abordar dos grandes retos en la próxima legislatura. Por un lado, el impulso del municipalismo, superando las limitaciones a su autonomía que derivan todavía de la malhadada reforma de 2013 y mejorando la financiación de los municipios. Y por otro, la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica.

La convivencia en la mejor España también significa seguir avanzando en derechos, singularmente para aquellos que necesitan la especial protección de los poderes públicos. En estos años, se han reconocido nuevos derechos a las personas con discapacidad, derechos laborales o se ha incorporado a nuestro ordenamiento el derecho a la eutanasia, entre otros muchos avances. En esa línea, para reforzar la convivencia resulta adecuado el refuerzo constitucional de derechos que están débilmente garantizados en la Constitución y dependen, por tanto, de la voluntad política del legislador coyuntural que puede constreñirlos y directamente eliminarlos, como estamos comprobando en algunas Comunidades Autónomas. Es el momento, por tanto, de reforzar la garantía constitucional del derecho a la salud, a la vivienda, a una pensión digna o el derecho a un medio ambiente adecuado, por citar algunos de los más destacados.

Esa convivencia que queremos reforzar en la próxima legislatura debe llevarse a cabo en un contexto de seguridad ciudadana, como pilar fundamental para el desarrollo de la vida de las personas; con una justicia moderna, en cuya independencia pueda confiar la ciudadanía; una administración pública inteligente, accesible y proactiva que actúe desde los principios de transparencia y buen gobierno; un conocimiento cierto de nuestra memoria democrática, a partir de los principios de verdad, justicia y reparación o una adecuada integración de las personas migrantes con una política migratoria sustentada en el control de las fronteras y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, los y las socialistas presentamos un ambicioso programa para la convivencia y el avance en derechos en la mejor España.

6.1.1. La cohesión territorial en una españa plural

España está hoy más cohesionada, unida e integrada que en 2018. Entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, nuestro país sufrió una grave crisis constitucional motivada por el proceso independentista en Cataluña. La división se trasladó desde las instituciones a las calles y generó una fractura social y emocional cuyos efectos se sintieron en buena parte de los sectores que componen la sociedad catalana.
En estos años, el Gobierno socialista ha afrontado con valentía el grave conflicto que se generó durante el gobierno del PP en España, y ha trabajado para recuperar la convivencia y construir un proyecto de país en el que tengan cabida todos los territorios.

Solo el tiempo permitirá valorar con justicia el éxito alcanzado: se ha superado la situación de ruptura que existía hace cinco años y el número de personas contrarias al marco constitucional ha descendido de manera abrupta en Cataluña, tal y como demuestran las encuestas realizadas por distintos organismos, como el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya.
Así pues, el verdadero desafío que afrontamos las y los socialistas permanece: consolidar la cohesión territorial como principio estructural de toda la acción política., que garantice la adecuada integración de los territorios en una España plural. La derecha trata de patrimonializar los símbolos comunes e imponer una idea de España en la que solo caben ellos, promoviendo el enfrentamiento de unos territorios con otros. La derecha y la extrema derecha quieren hacernos olvidar que han sido gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas, como fue el caso de la derrota de la banda terrorista ETA, posible gracias a la decidida acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Y mientras ellos continúan con sus críticas desmedidas y su estrategia de deslegitimación de las instituciones democráticas, somos los y las socialistas quienes día a día fortalecemos la unidad y la cohesión territorial en España. El PSOE ha trabajado, trabaja y trabajará para avanzar en la integración y en la cohesión territorial que, de la mano de la cohesión social, garantice la convivencia y la concordia entre toda la ciudadanía española y españolas.

6.1.2. Un marco renovado de cogobernanza: cooperación y coordinación.

Estamos en una nueva etapa de la construcción del Estado autonómico. Las Administraciones Públicas ya no son órganos estancos que pugnan por ejercer un mayor número de competencias, sino que son parte de un sistema que vela por la protección del interés general y que debe funcionar de manera armónica y coordinada. En los últimos años se ha logrado un clima de colaboración sin precedentes, que ha sido posible gracias a las diferentes instituciones.

España es una comunidad política plural, que se enriquece con las aportaciones de todos los territorios. La materialización más clara de esta tendencia la encontramos en la experiencia de la gestión de la pandemia, marcada por una absoluta colaboración y lealtad institucional del Estado y las Comunidades Autónomas, como pudo comprobarse en las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o la Conferencia de Presidentes. Este clima de colaboración y lealtad institucional se ha mantenido también en la gestión de los fondos europeos Next Generation EU.

Con el impulso del Partido Socialista, estamos construyendo una nueva manera de gobernar adaptada a las necesidades de nuestro tiempo: la cogobernanza. Se trata de un modelo de responsabilidad compartida que combina los tres principios básicos de nuestro Estado descentralizado, consagrados en el artículo 2 de la Constitución: unidad, autonomía y solidaridad.

En esta Legislatura, que ha sido la de mayor producción normativa autonómica de la historia, también se ha incrementado y consolidado la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, siendo el período de menor conflictividad de nuestra andadura constitucional. El reforzamiento de la cooperación entre Gobierno y Autonomías responde, en última instancia, a un modelo de país más cohesionado social y territorialmente.

En suma, la lección extraída es que la decisión más acertada es la que nace del acuerdo y del diálogo. Por eso, para el PSOE, la cogobernanza es el mejor instrumento para renovar el esquema de relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Estado. La cogobernanza precisa que afrontemos una mejora y profundización de las relaciones intergubernamentales de nuestro sistema territorial en dos direcciones simultáneas. Por un lado, para potenciar los mecanismos de cooperación vertical entre el Gobierno central y los gobiernos de las Comunidades Autónomas ya existentes. Y por otro, para fomentar la relación entre las propias Comunidades. El objetivo último debe ser constitucionalizar los avances realizados hasta el momento, que vienen a reflejar la progresiva descentralización del sistema y, paralelamente, el reforzamiento de los instrumentos de cooperación.

Por ello, en la próxima Legislatura en el Partido Socialista nos proponemos reforzar y extender la cogobernanza y, así, mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. Y para ello:
  • Aprobaremos una ley de cohesión territorial y fomento de la colaboración que permita poner en práctica las lecciones aprendidas durante la pandemia y cubrir algunas deficiencias advertidas. Esta ley incluirá un marco común para incentivar la cooperación en materia de prestación de servicios esenciales, compartir datos estadísticos, o la necesidad de coordinar las políticas autonómicas de ordenación del territorio, para crear un paisaje armonizado y protegido. Esta ley servirá para aclarar, fijar y concretar el régimen jurídico de la cooperación y la coordinación y los principios que han de regir las diversas tipologías de órganos.
  • Continuaremos con el proceso de desconcentración de sedes de entidades públicas estatales y autonómicas. A través de un procedimiento abierto, transparente y competitivo seremos capaces de acercar el Estado a la ciudadanía, avanzar en la igualdad de oportunidades y crear una Administración más cercana a la sociedad a la que sirve.
  • Seguiremos avanzando en el proceso de institucionalización del diálogo entre instituciones y entre los distintos niveles de Gobierno. Tras la reforma de la Conferencia de Presidentes, las y los socialistas seguiremos promoviendo nuevos avances en los instrumentos de cooperación orientados a reforzar la solidaridad interterritorial y la mejora en las políticas públicas. Reconoceremos a la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de cogobernanza política con el desarrollo del nuevo Reglamento, acordado en La Palma en marzo de 2022.
  • Crearemos una estructura que coordine la celebración de las conferencias sectoriales y reúna toda la información de estas de manera unitaria, para mejorar la toma de decisiones y la transparencia. También potenciaremos las Conferencias Sectoriales para la Agenda 2030, el reto demográfico y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un calendario común de reuniones y la publicación de todos los acuerdos alcanzados.
  • Estableceremos un sistema de interrelación de la conferencia de presidentes con las Conferencias Sectoriales. Se trata de configurar un ecosistema de relaciones de colaboración donde todas las piezas se articulen y retroalimenten.
    Esta vinculación podrá llevarse a cabo a través de diferentes instrumentos, como planes estratégicos a aprobar en el seno de las Conferencias Sectoriales y un plan general y global aprobado por la Conferencia de Presidentes.
  • Fortaleceremos el programa “la administración cerca de ti”. más de tres mil municipios y cerca de siete millones de personas tendrán acceso a trámites de Seguridad Social, de prestaciones de desempleo o de tráfico, por ejemplo, sin desplazarse de sus localidades.
  • Durante todos estos años, el psoe ha defendido la reforma del senado, que continúa hoy resultando necesaria para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial. El Senado debe ser una cámara que represente la diversidad y singularidades de los territorios de España, ofreciendo respuestas adecuadas desde un enfoque integrador, constructivo y eficiente. En tanto no se produzca la reforma constitucional necesaria, las y los socialistas impulsaremos el papel del Senado como espacio de diálogo y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno e intensificaremos sus relaciones con los parlamentos autonómicos.

6.1.3. El impulso del municipalismo

El PSOE es un partido municipalista, y por ello defendemos políticas y reformas que permitan a los municipios recuperar la autonomía en su actuación que les fue cercenada durante los años de gobierno del PP, así como garantizar su adecuada financiación. En este sentido, promoveremos un gran Pacto por la Política Local que sitúe las necesidades de las entidades locales en el centro del debate público y que incluya:
  • Una reforma en profundidad de la ley de bases de régimen local para ampliar y mejorar las capacidades de gestión de los entes locales, clarificar sus competencias y funciones, reforzar su autonomía e impulsar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos locales.
  • Una mejora de la financiación local. los ayuntamientos han dispuesto, en la legislatura que ahora termina, del mayor nivel de recursos de la historia reciente. Es preciso dar continuidad a esta tendencia para asegurar que los servicios públicos locales atienden las necesidades de todas las vecinas y vecinos, y en particular de quienes más lo necesitan. Pero, sobre todo, debemos abordar la reforma y mejora del sistema de financiación local, mediante la previsión de tributos propios mínimos, adecuados al marco competencial.
  • La elaboración de un estatuto de municipios de menor población que tenga en cuenta las características singulares de los municipios pequeños y en riesgo de despoblación, que simplifique algunas de sus tramitaciones administrativas y que les permita disponer de los recursos necesarios para funcionar con normalidad.
  • Seguir trabajando en el proceso de modernización y digitalización de las administraciones locales para que incrementen y mejoren los servicios públicos electrónicos a disposición de la ciudadanía, prestando especial atención a las zonas rurales y despobladas.

6.1.4. Un modelo de financiación autonómica y local garante de los servicios de ciudadanía

El sistema de financiación autonómica, y también el de los municipios, está íntimamente ligado al modelo de sociedad y de país que queremos construir. La pandemia de la Covid-19 ha reforzado el consenso de la ciudadanía en la necesidad de contar con un estado del bienestar avanzado, con unos servicios públicos de calidad y accesibles a todos, que cubran nuestras necesidades, nos permitan afrontar los desafíos futuros y nos protejan en los momentos de adversidad.

El Gobierno socialista ha demostrado que preservar el Estado de bienestar, garantizando la prestación de los servicios públicos fundamentales, es cuestión de voluntad política. Las Comunidades Autónomas han podido enfrentarse y combatir las consecuencias de la crisis sanitaria y de la invasión de Ucrania gracias a las decisiones del Gobierno de España, que les ha proporcionado recursos extraordinarios para mantener los servicios públicos, la protección de la ciudadanía y nuestro tejido productivo. Ahora, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puede permitir obtener financiación para el desarrollo de proyectos concretos, incardinados en los distintos componentes y medidas previstas en el Plan. El vigente Sistema de Financiación Autonómica caducó en 2013. Tenemos la obligación de lograr un consenso que nos dote de un modelo de financiación autonómica actualizado conforme a las necesidades actuales, distintas a las existentes cuando se acordó el vigente. Un modelo de futuro capaz de hacer efectivo el disfrute de los servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los españoles y españolas, reconociendo la diversidad y la pluralidad. En definitiva, un modelo justo y equitativo.

Este consenso no será posible sin superar el debate maximalista entre territorios. Es la ciudadanía quien hace uso de los servicios públicos y contribuye con sus impuestos a financiarlos. Por ello, tenemos que situar a las personas en el centro del debate. Sólo si pensamos en atender sus necesidades y aspiraciones podremos lograr el consenso para hacer realidad un sistema de financiación aceptable para todas y todos.

Durante los años de Gobierno del PP, las Comunidades Autónomas recibieron menos recursos y, a cambio de limitar su autonomía, solo obtuvieron préstamos que incrementaron su deuda. A pesar de ello, el PP nunca lo ha querido reformar. En sus años de gobierno retrasó el debate, sin realizar una propuesta de un nuevo modelo. El Gobierno socialista ha actuado de forma diametralmente opuesta. Ha adoptado decisiones que han proporcionado más recursos y flexibilidad a las Comunidades Autónomas y ha afrontado desde el principio de la legislatura la tarea de la reforma del modelo de financiación autonómica, aunque excepcionales circunstancias lo han ido impidiendo.
  • Impulsaremos la aprobación en el plazo máximo de un año de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad, tanto los que son la base del Estado del bienestar -la sanidad, la educación o la dependencia-, como otros igualmente imprescindibles de cara al progreso y dinamismo económico y social, entre los que destacan la vivienda, el fomento del empleo, la movilidad o la cultura. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.
  • En este marco, abriremos el debate para que el nuevo modelo de financiación autonómica impulse que la inversión del conjunto de Administraciones Públicas en Sanidad sea como mínimo del 7% del PIB, en Educación del 5% y en Servicios Sociales del 2%.
  • El nuevo modelo reconocerá el mayor coste que determinadas variables - población, superficie, población protegida, insularidad...- provocan en la prestación de servicios y reforzará, igualmente, la corresponsabilidad fiscal como elemento indispensable de gobernanza, de manera que se eviten paradojas de propiciar renuncias a la capacidad fiscal propia, al tiempo que se reclaman más recursos al sistema.
  • Abordaremos, en paralelo, la reforma de la financiación local para garantizar los recursos suficientes que cubran las necesidades de la ciudadanía, en base a un nuevo marco adecuado de competencias adaptado a su realidad y a la proximidad en la prestación de los servicios.

6.1.5. Apoyo a las zonas afectadas por catástrofes naturales

En relación con las ayudas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por catástrofes naturales, proponemos las siguientes medidas:
  • Seguiremos avanzando en la agilización de las ayudas para paliar los daños causados por catástrofes naturales, como incendios o inundaciones.
  • Prestaremos especial atención al medio rural y a los municipios de menor población. Las ayudas tienen que ser más amplias cuando se dirigen a zonas menos habitadas, siendo además necesario que las administraciones faciliten todo lo posible las tramitaciones a aquellas entidades locales que disponen de menos recursos.
  • Continuaremos incrementando los recursos dedicados a paliar las catástrofes naturales.

6.2. La españa de los nuevos derechos y libertades

6.2.1. Extensión y consolidación de nuevos derechos de las personas

El cambio climático y la digitalización están produciendo profundos cambios en nuestras vidas. Estos cambios necesitan ir acompañados de una respuesta política, porque no pueden traducirse en nuevas formas de desigualdad o ahondar en brechas ya existentes. Por eso, el Partido Socialista desarrollará nuevos derechos, para garantizar la igualdad y la justicia social, que ofrezcan respuesta a los retos que se abren en la España del futuro, al mismo tiempo, estableceremos mecanismos para reforzar nuestro compromiso con la garantía de los derechos humanos y la eliminación de toda forma de discriminación.

Además, defendemos acuerdos y reformas consensuados para blindar todas las conquistas que ya forman parte del patrimonio político y social de España y que se ven amenazados por la emergencia de opciones extremistas de derecha que, aunque defienden postulados abiertamente contrarios a los grandes consensos, pueden acabar prosperando ante la debilidad de opciones conservadoras dispuestas a sacrificar estos derechos con tal de alcanzar el poder.

6.2.2. Lucha contra la discriminación y en favor de los derechos humanos

  • Blindaremos el matrimonio igualitario, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la muerte digna, la asistencia de víctimas de violencia de género, el sistema público de pensiones, el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la seguridad climática y al acceso al agua potable como derechos fundamentales de las personas, de modo que no puedan ser derogados o anulados por una coyuntural mayoría parlamentaria.
  • Culminaremos la reforma del artículo 49 de la constitución para suprimir el término “disminuidos” y reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad.
  • Conquistaremos la igualdad efectiva en los ámbitos de decisión de la vida política, social y económica mediante la aprobación de la ley de representación paritaria de mujeres y hombres.
  • Ampliaremos nuestro compromiso con el sistema de derechos humanos, mediante la implementación del II Plan Nacional de Derechos Humanos, recientemente aprobado, reforzando el conjunto de tratados ratificados por España sobre derechos humanos. Apostamos por los derechos humanos en la totalidad de nuestra acción política en España, Europa y el mundo, y para afrontar los desafíos a los que nos enfrenta el siglo XXI, entre ellos, el cambio climático, el desarrollo de la IA, el envejecimiento de la población o los procesos migratorios.
  • Pondremos en marcha la autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación, regulada en la Ley Integral para la Igualdad de trato y no discriminación, también llamada “Ley Zerolo”. La Autoridad será un órgano que deberá ofrecer protección frente a toda clase de discriminación y promoverá el cumplimiento efectivo del derecho antidiscriminatorio.

6.2.3. Nuevos derechos medioambientales

  • Extenderemos el derecho a la protección del medio ambiente a elementos integrantes del patrimonio natural español que se encuentre bajo amenaza, para que cualquier persona pueda defender los intereses del ecosistema ante los tribunales, como ya hemos hecho con el Mar Menor.

6.2.4. Nuevos derechos para la sociedad digital

  • Velaremos por el cumplimiento de la carta de derechos digitales, desplegando iniciativas que faciliten su conocimiento por parte de la ciudadanía y garantizando el pleno ejercicio de los derechos contenidos en ella.
  • Mejoraremos el derecho a la desconexión digital y, en el marco del diálogo social, desarrollaremos medidas que ayuden a garantizar los derechos digitales de los trabajadores y trabajadoras.
  • Impulsaremos nuevos derechos que protejan especialmente a los menores en el ámbito tecnológico, para garantizar su seguridad y luchar contra la discriminación y las nuevas formas de violencia.
  • Seguiremos eliminando las barreras y obstáculos que se encuentran las personas mayores a la hora de usar y acceder a la tecnología, así como todos los elementos que contribuyen a la brecha digital de las personas mayores y de las residentes en el ámbito rural.
  • Aprobaremos normas para establecer los requisitos y condiciones del derecho al testamento digital.
  • Crearemos un certificado digital para medir el nivel de respeto a los derechos de ciudadanía digital de toda página o espacio web.

6.3. Seguridad

6.3.1. Vive seguro como quieras

El PSOE está comprometido con hacer de España un país más preparado y resiliente ante los retos globales a la seguridad. Fenómenos como la cibercriminalidad, el cambio climático, o el incremento de la criminalidad organizada internacional y de los delitos de odio son sólo parte de los desafíos que hemos de afrontar como país, para poder hacer de nuestras calles espacios seguros para la convivencia donde se garantice el libre desarrollo de la personalidad.

España es uno de los países más seguros del mundo, tal y como demuestra el Global Peace Index de 2022, que nos sitúa por delante de países como Italia o Reino Unido en la posición 29, en un ranking de 163.

En los últimos años, gracias al incremento sostenido de la inversión en seguridad ciudadana, hemos logrado aumentar el número de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, recuperando los agentes perdidos durante los gobiernos del Partido Popular y superando el máximo histórico alcanzado en 2011. Además, hemos incrementado sus retribuciones en más de un 38% de media y mejorado y modernizado las instalaciones y los medios con los que cuentan nuestros agentes.

Del mismo modo, hemos impulsado el Sistema Nacional de Protección Civil para dotarnos de mecanismos y herramientas con los que poder responder a los enormes desafíos que plantea un cambio climático que se hace notar en aspectos tan diferentes como la salud de nuestros mayores y de los más pequeños, en nuestras costas y playas, en nuestros bosques y montes, con incendios cada vez más virulentos y devastadores, o en la persistente sequía que padece nuestro país.

En línea con este compromiso en hacer de nuestras calles, barrios, pueblos y ciudades un espacio seguro para todas y todos.
3.1.1. En el ámbito de la seguridad ciudadana
  • Vamos a seguir adecuando del número de efectivos para garantizar la seguridad ciudadana.
  • Invertiremos en nuevas infraestructuras y mejores medios y potenciaremos una formación de excelencia y en ciberseguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Vamos a seguir desplegando agentes y reforzando las plantillas de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cada comarca y pueblo de España.
  • Extenderemos las especialidades de la guardia civil para que la ciberseguridad o la lucha contra la Violencia de Género no sean servicios exclusivos de las zonas urbanas.
  • Combatiremos las estructuras mafiosas que delinquen con las ocupaciones de vivienda y alteran la vida de las comunidades.
  • Fortaleceremos las políticas resocializadoras de nuestro sistema penitenciario para evitar la reincidencia, fomentando en los internos la revisión crítica del pasado y el reconocimiento del daño causado.
3.1.2. Fuerzas y cuerpos de seguridad
Desde 2018 y hasta la actualidad, el Gobierno del PSOE ha creado 14.381 plazas netas de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, alcanzando así el máximo histórico de 156.453 efectivos, frente al recorte de 13.000 efectivos que se produjo en los más de siete años del anterior gobierno del PP.
  • Culminaremos en esta legislatura las actuaciones para la rehabilitación energética de los cuarteles ubicados en 160 municipios del medio rural,
  • Promoveremos medidas con el objetivo de garantizar la seguridad en los pueblos y las explotaciones agrarias.
  • Seguridad en el medio rural. la apuesta por la permanencia de la Guardia Civil en el territorio pasa por el incremento de las plantillas.
1.2.1. Seguridad privada
  • Actualizaremos la regulación vigente en nuestro país para modernizarla y adecuarla a los avances que se han producido en los últimos años, fomentando y potenciando el uso de tecnologías limpias y renovables, destacando la digitalización y la inteligencia artificial, así como atender las demandas de una sociedad que constantemente afronta nuevos riesgos y necesidades bajo las indicaciones y las prioridades señaladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asegurando que se respetan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
  • Adaptaremos la legislación a un contexto cambiante a fin de lograr la prestación óptima e integral de los servicios de seguridad privada.
1.2.2. Frente al cambio climático
  • Seguiremos potenciando el sistema nacional de protección civil para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a emergencias y catástrofes.
  • Frente al negacionismo climático, apostamos por el cuidado del medio ambiente para prevenir el riesgo de incendios o inundaciones y vamos a impulsar la coordinación entre administraciones y con la UE para mejorar la respuesta a las catástrofes.
  • Frente al abandono de nuestro patrimonio natural y de la españa rural, aumentaremos las ayudas públicas para las personas afectadas por emergencias y catástrofes.
3.1.3. Violencia machista
Los y las socialistas hemos estado siempre a la vanguardia de la defensa de los derechos y libertades, y nuestra historia reciente demuestra que, cuando gobierna el Partido Socialista Obrero Español, todas y todos avanzamos. Desde la primera Ley de Igualdad de la democracia, pasando por la Ley contra la Violencia de Género, pionera en Europa, o la reciente aprobación de la llamada Ley Zerolo, la primera ley integral contra la discriminación, los y las socialistas demostramos con hechos nuestro compromiso con la igualdad y con la lucha contra la discriminación.

La lucha contra la violencia machista es una de nuestras absolutas e irrenunciables prioridades políticas. Por ello, y para lograr su total erradicación:
  • Vamos a destinar más agentes y medios para la lucha contra la violencia de género, y vamos a potenciar y a dotar de más instrumentos al sistema VioGén.
  • Vamos a implementar nuevas políticas con perspectiva feminista para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
  • Vamos a mejorar los mecanismos de protección de las víctimas de los delitos de odio.
3.1.4. Migración
Las y los socialistas somos firmes defensores del concepto de “seguridad humana”, aquella que garantiza la libertad y los derechos sin perder de vista las condiciones materiales que son causa de la inseguridad. Por ello, confiamos en una sociedad solidaria capaz de luchar contra la lacra de la trata de personas de forma que, sin caer en el populismo o en propuestas simplistas que sólo ponen en mayor riesgo las vidas de los más vulnerables, puedan dar una repuesta ordenada, al fenómeno de la migración irregular. Para ello:
  • Aplicaremos una política migratoria que reduzca llegadas irregulares y que salve vidas.
  • Potenciaremos una estrategia que desmantele las mafias que trafican con seres humanos en los países de origen.
  • Reforzaremos las capacidades de la oficina de asilo y refugio.
3.1.5. Movilidad
Las y los socialistas también queremos hacer que la movilidad, en nuestro país, sea cada vez más segura. A pesar de la notable mejoría en los datos de siniestralidad vial, tenemos que seguir avanzando para poder alcanzar y superar el objetivo de reducir un 50% la siniestralidad mortal y grave, para poder reducir al 50% tanto las víctimas mortales como el número de personas heridas graves, tal y como han propuesto la ONU y la Comisión Europea. Para ello:
  • Reforzaremos las medidas para reducir la mortalidad en carretera, hasta alcanzar las cero víctimas mortales.
  • Protegeremos a los usuarios vulnerables de las vías de comunicación.
  • Diseñaremos ciudades sostenibles para las personas y no para los automóviles.

6.4. Una administración pública inteligente, accesible y proactiva

Las administraciones públicas tienen que responder a las necesidades y expectativas de una clase media y trabajadora que demanda servicios públicos de calidad, cercanos, accesibles y eficientes. No se trata sólo de modernizar los servicios públicos aprovechando la digitalización. Se trata de repensar de principio a fin los trámites y procedimientos, poniendo en el centro a las personas, para resolver sus problemas de forma individualizada y proactiva. Se trata de aprovechar las ventajas de una administración inteligente que gestiona el conocimiento sin que haya compartimentos estancos. Se trata de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía ofreciendo una respuesta eficiente, garantista, de calidad y adaptada, evitando brechas en nuestros mayores o con aquellos que viven en el ámbito rural, con independencia de razones socioeconómicas, de género o de las diferentes capacidades de las personas.

El Partido Socialista cree en una administración pública moderna y preparada, disponible 24 horas al día y siete días a la semana y adaptada a una sociedad del siglo XXI. Y también defendemos que hay que seguir dando pasos en la conquista de nuevos derechos y prestaciones. Porque sólo así las administraciones públicas podrán seguir legitimando su función social ante una ciudadanía cada vez más exigente con el uso de los recursos públicos.

Por ello:"
  • Elaboraremos una cartera básica de servicios esenciales de manera participada, que contenga todas las prestaciones esenciales que el sector público ofrece a la ciudadanía de forma accesible y con lenguaje claro.
  • Pondremos en marcha la agenda ciudadana individualizada, donde cada ciudadano encontrará sus trámites, con los preavisos y la información necesaria previa a su tramitación.
  • Implantaremos un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía sin cita previa obligatoria, adaptado a las necesidades reales de la sociedad del siglo XXI, garantizando unos horarios flexibles y la existencia de un punto de atención presencial de todas las Administraciones Públicas en cada municipio de menos de 5.000 habitantes.
  • Garantizaremos por ley un tiempo máximo de respuesta en los servicios públicos y estableceremos un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes como la prestación por desempleo o a las ayudas a la dependencia. Con ello los servicios públicos se legitiman ante la ciudadanía y se orientan hacia la gestión por objetivos.
  • Aseguraremos que la digitalización de los trámites administrativos no generará exclusión de colectivos, para los que siempre estará disponible la opción de la tramitación multicanal. Para ello, crearemos la figura del asistente personal de registro y tramitación, que ayudará a las personas con mayores dificultades a la hora de gestionar sus trámites ante la Administración.
  • Adoptaremos un protocolo de atención preferente diseñado con los mayores de 65 años, para garantizar su acceso multicanal a los servicios públicos y limitar el impacto de la brecha digital.

6.4.1. Un empleo público a la altura de los desafíos de país

Por un diseño y una gestión de los empleados públicos que potencie su excelencia y propicie unos servicios públicos que respondan a las demandas ciudadanas. Los empleados públicos son el mayor activo de nuestro estado del bienestar y son los protagonistas indiscutibles de la modernización de las administraciones públicas. El Partido Socialista defiende un empleo público de calidad, estable, flexible e innovador, dando respuestas a los desafíos relacionados con el envejecimiento de las plantillas, la captación del talento o el desarrollo de la carrera profesional, de la mano de las organizaciones sindicales.

Por ello:
  • Garantizaremos el derecho al desarrollo profesional del personal público, dotándolo de una verdadera carrera profesional vertical y horizontal que satisfaga sus expectativas laborales, y de una formación personalizada que contemple la actualización permanente de sus competencias y cualificaciones profesionales.
  • Garantizaremos el diálogo social para el reconocimiento de las condiciones de trabajo y el establecimiento de nuevos derechos, buscando el consenso en los avances en materia de empleo público, y proponiendo un II Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.
  • Seguiremos avanzando, desde el diálogo social, negociando con los sindicatos un programa de atracción y retención de talento, rejuvenecimiento de las plantillas y propiciando el relevo generacional en la Administración Pública.
  • Impulsaremos un programa incentivado de mentorización para que el personal funcionario con mayor experiencia acompañe y tutorice al personal recién incorporado, acelerando así la formación práctica de estos y robusteciendo la excelencia de su desempeño como servidores públicos.
  • Regularemos ofertas de empleo público plurianuales para dotar a las administraciones públicas de instrumentos de planificación que permitan incorporar el número de efectivos suficientes para la prestación de servicios públicos, e incluyendo a los nuevos perfiles profesionales que demanda la sociedad actual.
  • Culminaremos el proceso de estabilización de empleo temporal comprometido con la unión Europea para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad.
  • Aprobaremos la ley de función pública de la administración del estado, ya acordada con los sindicatos, que reforzará el papel de liderazgo de la Administración ante los retos de la sociedad, profundizando en la modernización de los servicios públicos e implantando un modelo de recursos humanos basado en la planificación, la fijación de objetivos, la evaluación del desempeño y en competencias, que favorezca la atracción y retención del talento, mediante la articulación de una carrera profesional que asegure la igualdad entre mujeres y hombres.
  • Impulsaremos el puesto de trabajo digital, que conllevará la capacitación de nuestros profesionales, la organización del trabajo por objetivos, el teletrabajo, la evaluación y el derecho a la desconexión digital de las empleadas y empleados públicos.
  • Reduciremos la uniformidad con la que las políticas retributivas tienden a aplicarse en los sistemas públicos, e introduciremos fórmulas de retribución variable ligadas al rendimiento.
  • Transformaremos el instituto nacional de administración pública en la gran agencia del conocimiento y la gestión del empleo público, ampliando sus competencias en selección, formación, investigación y evaluación de políticas públicas.
  • Aprobaremos un nuevo plan de igualdad y de tolerancia cero ante las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en la Administración del Estado, en el que se incluirá la atención a la diversidad y la integración del colectivo LGTBI.
  • Garantizaremos la existencia de unidades de discapacidad en todos los ministerios para velar por la integración de las personas con discapacidad en la Administración y su acompañamiento a lo largo de toda la vida profesional. Y elevaremos al 10% el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad en el ámbito del empleo público, mediante la regulación de adaptaciones de tiempos y medios que garanticen una mayor igualdad en el acceso al empleo público.
  • Estableceremos incentivos en territorios con especiales dificultades de acceso a la vivienda para el arrendamiento al personal público, con la finalidad de garantizar una prestación presencial de servicios esenciales a la ciudadanía.
  • Continuaremos con las políticas de democratización en el acceso al empleo público, ampliando el programa de becas destinado a opositores, poniendo a su disposición materiales de apoyo gratuito a la preparación y consolidando el modelo de descentralización de celebración de las pruebas de acceso al empleo público en todo el territorio.
4.1.1. Transparencia
Las Administraciones Públicas tienen que ser ejemplares en su funcionamiento y el Partido Socialista se compromete con la igualdad, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. Por ello:
  • Aprobaremos la ley de lobbies para dar transparencia a las actividades de los grupos de interés, creando un registro público y gratuito que permita monitorizar las actividades de influencia que se ejercen sobre el personal empleado público.
  • Aprobaremos una ley que regule el sistema de incompatibilidades del personal al servicio del sector público para evitar los conflictos de intereses y la práctica de puertas giratorias.
  • Aprobaremos el v plan de gobierno abierto en colaboración con todas las Administraciones públicas y el Tercer Sector, para que España continúe liderando las políticas de Gobierno Abierto y transparencia.
4.1.2. Eficiencia administrativa
Las administraciones públicas tienen que avanzar en eficiencia administrativa aprovechando una gestión del conocimiento basada en datos. Para ello:
  • Impulsaremos la simplificación y agilización de los procedimientos de contratación administrativa, potenciando la utilización de aquellos que garantizan una mayor agilidad en los procesos de convocatoria y adjudicación de los contratos públicos. Se trata con ello de reducir, o incluso suprimir, elementos de complejidad burocrática, con la correspondiente reforma normativa si fuera necesaria, sin merma de las garantías y siempre en un marco orientado al objetivo de “corrupción cero”.
  • Estableceremos un sistema de garantías de pago a las empresas adjudicatarias de contratos con el sector público. Para ello promoveremos los instrumentos financieros que permitan reducir los tiempos de pago.
  • Reforzaremos la lucha contra la morosidad, especialmente mediante actuaciones dirigidas a mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas y que eviten, en los contratos adjudicados por el sector público a grandes empresas, el impago de salarios tanto a las PYMES como a los autónomos subcontratados.
  • Crearemos la agencia de gestión de prestaciones sociales públicas, aprovechando el conocimiento de la Agencia Tributaria, para automatizar los procesos y centralizando la gestión y los pagos a través de la inteligencia artificial.

6.4.2. Modernización de la administración pública

  • Elaboraremos anualmente un informe sobre el estado de implementación y cumplimiento de los preceptos constitucionales, especialmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales y los principios rectores de la política social y económica.
  • Desarrollaremos las ofertas de empleo de forma territorializada para que las personas que superen las pruebas selectivas no tengan que desplazarse desde su residencia de origen a plazas de fuera de su comunidad autónoma o provincia.
  • Facilitaremos la vida a la ciudadanía modernizando la administración, poniendo en marcha mecanismos para solicitar, junto con la inscripción en el registro civil, las prestaciones por nacimiento de hijo/a y la tarjeta sanitaria en el propio hospital.

6.5. Por una españa que avanza en transparencia y calidad democrática

Las democracias avanzadas se cimentan sobre una ciudadanía cada vez más exigente respecto a la política, las instituciones y las administraciones públicas. Por ello, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación ciudadana en el codiseño de las políticas públicas y la ejemplaridad en la lucha contra la corrupción son palancas imprescindibles para mejorar la calidad democrática y regenerar la vida pública.

El Gobierno socialista nació de la demanda ciudadana de regeneración democrática y se ha mantenido fiel a ese mandato, con iniciativas como la publicación del patrimonio de los altos cargos, la reversión de las reformas legislativas que favorecían la impunidad de los delitos de corrupción y la creación de sistemas de rendición de cuentas. Así lo constatan, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, así como el proyecto de Ley de Transparencia de Grupos de Interés y el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.

Para el PSOE, regenerar la política y las instituciones es un objetivo que exige ir más allá de combatir la corrupción. Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado un importante esfuerzo para reforzar los instrumentos de transparencia. Durante esta legislatura se han consensuado entre la sociedad civil y las tres administraciones públicas las bases para la reforma de la Ley de Transparencia y se han finalizado los trámites para la ratificación del Convenio de Acceso a los Documentos Públicos del Consejo de Europa.

También se ha desarrollado un informe pionero en nuestro entorno, denominado “Cumpliendo”, que consolida a España como un país en la vanguardia de la rendición de cuentas del conjunto de la acción del Gobierno. Y se ha puesto en marcha el laboratorio de participación en políticas públicas Hazlab y desarrollado campañas de información en gobierno abierto inclusivo.

Además, en estos años hemos facilitado la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y posibilitado su acceso a las iniciativas que contribuyen al ejercicio de sus derechos a la información. En este sentido, hemos consolidado una trayectoria muy potente y valorada. De hecho, la reciente incorporación de nuestro país al comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto supone un reconocimiento al esfuerzo desplegado en la elaboración y ejecución de estas políticas a través del IV Plan de Gobierno Abierto (2022-2024). Dicho Plan fue fruto de un proceso abierto y participativo entre la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y las tres administraciones públicas (estatal, autonómica y local) y tiene una vigencia de cuatro años, a diferencia de los anteriores que eran bienales, lo que ha permitido asumir compromisos más ambiciosos.

La regeneración democrática debe situar los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación en auténticos derechos de la ciudadanía al buen gobierno. Cuanto más sólidamente arraigados estén estos principios en el funcionamiento del gobierno y la administración, mayor será la calidad de nuestro sistema democrático y mayor la satisfacción de la ciudadanía.

La regeneración de la vida pública pasa por todos estos principios y, principalmente, por la lealtad a la Constitución y a las instituciones. En esta Legislatura, la derecha ha sobrepasado todos los límites mostrando una profunda deslealtad a las instituciones e incumpliendo la Constitución, queriendo imponer un bloqueo frente al normal funcionamiento de la democracia.

Estamos, por tanto, ante unas elecciones fundamentales en las que se decide si seguimos avanzando en políticas de transparencia, gobierno abierto y regeneración democrática. Ante la amenaza de involución que representan las derechas, los socialistas nos comprometemos a seguir profundizando en el funcionamiento de nuestra democracia. Nuestro propósito es poner en el centro a la ciudadanía y su derecho a conocer, evaluar, contrastar información y disfrutar de instituciones que funcionen adecuadamente.

Para el Partido Socialista impulsar la cultura de transparencia en la sociedad, en las instituciones públicas y en nuestra organización es indispensable y un elemento clave para el fortalecimiento de nuestra democracia. Desde estas ideas y principios, los y las socialistas nos comprometemos a impulsar un nuevo paradigma en el ejercicio del poder político. Para ello:

6.5.1. Transparencia e integridad

  • Culminaremos la reforma de la ley de transparencia para incorporar las bases acordadas entre la sociedad civil y las tres administraciones, lo que nos convertirá en un país referente de las mejores prácticas en materia internacional.
  • Incorporaremos al portal de la transparencia de forma proactiva las categorías de información más demandadas por la ciudadanía a través del derecho de acceso. En particular, en relación a los altos cargos, se publicará por publicidad activa información relativa a las agendas, al gasto de los viajes y viviendas oficiales, la declaración completa de bienes y actividades y sus peticiones y denegaciones de compatibilidad. Igualmente, avanzaremos en la información sobre el personal eventual, la publicidad institucional, los contratos públicos y los procesos selectivos.
  • Aprobaremos las leyes de transparencia de grupos de interés y de prevención de conflictos de intereses del personal empleado público. Reforzando la actividad y la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para la comprobación del patrimonio y la actividad de los máximos responsables públicos, dotándole además de facultades para detectar posibles casos del nuevo delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos.
  • Defenderemos la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en los casos ajenos al ejercicio de la actividad propia de su cargo.
  • Reforzaremos la política de apertura de datos a fin de consolidar la posición de liderazgo de España en el índice europeo de administración digital.
  • Impulsaremos un nuevo estatuto del consejo de transparencia y buen gobierno que refuerce el papel medular de esta autoridad independiente en el fomento de la apertura de las administraciones.
  • Reforzaremos la entrada en funcionamiento de la autoridad de protección del informante con la aprobación por el Gobierno de la Estrategia Nacional Anticorrupción, en la que se integrarán el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y el conjunto se los instrumentos de prevención y reacción contra el fraude.
  • Culminaremos la aprobación de la estrategia nacional de lucha contra las campañas de Desinformación, en línea con los objetivos fijados por la UE.

6.5.2. Rendición de cuentas y participación ciudadana

  • Incorporaremos el programa cumpliendo a la futura ley de transparencia y lo completaremos con nuevos desarrollos que permitan realizar un seguimiento real de la evolución de las distintas políticas públicas y de sus principales indicadores, a través de la actividad de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas.
  • Constituiremos una red de laboratorios de participación ciudadana para favorecer la innovación social y el codiseño de las políticas públicas.
  • Culminaremos el proyecto de huella normativa, a fin de que la ciudadanía pueda participar activamente en los procesos de elaboración de normas, con especial atención a la participación de la infancia y adolescencia.
  • Esarrollaremos de forma sistemática procesos de democracia deliberativa en las iniciativas de alto impacto en la acción de gobierno.
  • Institucionalizaremos los ejercicios de rendición de cuentas, como la iniciativa cumpliendo o la presentación anual del Plan Anual Normativo, y de su evaluación, de modo que resulte obligatorio ofrecer a las Cortes Generales y a la ciudadanía una explicación y evaluación sistemática y coherente de la acción de gobierno en línea con los compromisos adquiridos.

6.5.3. Democracia reforzada

  • Promoveremos el cumplimiento de la constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones.
  • Reformaremos la legislación electoral para hacer obligatorios los debates electorales, de modo que la ciudadanía vea garantizado su derecho a conocer los diferentes proyectos políticos y las consecuencias de los mismos sobre sus vidas.
  • Reforzaremos el pacto antitransfuguismo, para impedir que las personas tránsfugas puedan alterar la voluntad popular evitando que puedan disfrutar de los derechos económicos y administrativos de los que disfrutan los grupos políticos elegidos por la ciudadanía y promoviendo la extensión del Pacto a cargos públicos no electos por sufragio directo (es decir, aquellos designados con una lógica representativa por organismos parlamentarios o por las administraciones públicas).
  • Contribuiremos a la reforma del reglamento del congreso de los diputados y del Senado, así como de los mecanismos internos de la Administración General del Estado, para asegurar la transparencia y publicidad de las relaciones con los grupos de interés y la incorporación de sistemas de huella legislativa para que la sociedad pueda conocer la influencia de cada entidad en las iniciativas normativas.

6.6. Modernización de la justicia

6.6.1. Por una justicia 5.0: una justicia centrada en las personas

La Justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho. En los últimos cuatro años de legislatura socialista hemos puesto los cimientos de la Justicia del siglo XXI en España y lo hemos hecho mejorando, simultáneamente, organización y procesos, junto con una gran inversión en infraestructuras digitales.
  • Las y los socialistas apostamos por garantizar el derecho de acceso al servicio público de Justicia, que es, a su vez, garantía para el ejercicio de los derechos y las libertades de todas y de todos. Por ello, hemos puesto las bases para cerrar las brechas territoriales, económicas y digitales en el acceso al servicio público de Justicia en España. El resultado es una Justicia que pone en el centro a las personas: el Plan Justicia 2030.
  • Además, facilitamos el acceso democratizador a las profesiones jurídicas, lo que hace que nuestra Justicia sea más parecida a la sociedad diversa y plural de nuestro país.
  • Por otro lado, preservar las instituciones y respetar las reglas del juego democrático son claves para garantizar el respeto a la independencia judicial, que pasa por defender un el modelo de elección del gobierno del Poder Judicial avalado por el Tribunal Constitucional y consagrado por un pacto de Estado.
  • Por ello, seguiremos exigiendo la inmediata renovación del consejo general del poder Judicial con el sistema actual de doble legitimación en su elección, conectando el gobierno de los jueces con la única fuente de legitimidad, ya que como señala el artículo 1.2 de la Constitución Española, todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo español.

6.6.2. Servicio público de justicia

Para garantizar el derecho de acceso al servicio público de Justicia:
  • Continuaremos el desarrollo y la implementación del plan de justicia 2030 para conseguir un servicio público de Justicia accesible, eficiente y sostenible, donde se fomente la igualdad entre hombres y mujeres y la cohesión social y territorial.
  • Reforzaremos la carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, poniendo especial atención y cuidado con aquellas personas que se encuentran más desprotegidas: mayores, menores de edad, con discapacidades físicas o psíquicas, víctimas de delitos y, en especial, víctimas de violencia de género, e inmigrantes.
  • Intensificaremos la asistencia jurídica gratuita y dignificación del turno de oficio, así como la actualización de los baremos para mejorar la prestación del servicio.
  • Promoveremos servicios de orientación jurídica, medios adecuados de solución de controversias, así como el ejercicio del derecho de defensa, a través de los correspondientes colegios profesionales, o de las oficinas de víctimas y contra la violencia de género.
  • Promoveremos la aprobación inmediata de la ley de derecho de defensa.
  • Fomentaremos el uso de un lenguaje sencillo que favorezca la comprensión.
  • Impulsaremos la mediación y un enfoque de justicia restaurativa como un instrumento adecuado para la resolución de conflictos y para facilitar el acuerdo.
  • Incrementaremos el número de jueces y fiscales, para aproximarnos a las ratios de la Unión Europea de jueces/habitantes.
  • Pondremos en marcha un nuevo plan de igualdad del servicio público de Justicia que tenga como ejes principales la corresponsabilidad y la conciliación laboral, personal y familiar.
  • Potenciaremos los servicios de interpretación y traducción judiciales para mejorar la accesibilidad a la justicia de colectivos vulnerables.
  • Ampliaremos y consolidaremos el programa de becas del ministerio de justicia para el acceso a las carreras de los distintos operadores jurídicos, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades.
  • Reforzaremos los equipos psicosociales en la administración de justicia para mejorar y ampliar los servicios y la atención dada a los y las ciudadanas en los procesos judiciales.
  • Continuaremos con el proceso de modernización de infraestructuras del instituto nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos Médico Legales, dependientes del Ministerio de Justicia.

6.6.3. Justicia eficiente y sostenible

  • Promoveremos la interoperabilidad de la administración de justicia para mejorar la cohesión social, económica, digital y territorial, modernizando su estructura organizativa, su digitalización y el favorecimiento del teletrabajo.
  • Como culminación del proceso de transformación de la justicia con el plan Justicia 2030, promoveremos la aprobación de las leyes de Eficiencia del Servicio Público de Justicia: Organizativa, Procesal y Digital.
  • Avanzaremos en la digitalización de la administración de justicia para la agilización y mejora de los servicios públicos, implementando herramientas digitales a los procesos para hacerlos más rápidos, menos costosos, con menor impacto ambiental, más transparentes, más accesibles y disponibles 24/7, evitando los desplazamientos presenciales a las sedes judiciales.
  • Se implantará y desarrollará la carta de derechos digitales en el servicio Público de Justicia.
  • Mejoraremos la inversión en la conexión digital de todos los órganos judiciales para permitir a la ciudadanía una tramitación más próxima, rápida, eficiente y sencilla de sus expedientes. Antes de finalizar la legislatura, todos y cada uno de los órganos judiciales de España estarán conectados: el movimiento de expedientes será inmediato, reduciendo los tiempos y el papel (“papel 0”) y los juicios telemáticos. Las declaraciones a distancia serán posibles desde cada municipio con plenas garantías de seguridad.
  • Impulsaremos la regulación normativa del uso y aplicación de la ia centrada en la seguridad y los derechos fundamentales.
  • Pondremos en marcha la carpeta justicia para que la ciudadanía, las organizaciones, las empresas y los operadores jurídicos puedan hacer trámites y consultar sus expedientes de manera inmediata desde cualquier tipo de dispositivo y desde cualquier lugar.
  • Implementaremos plataformas digitales para agilizar los procedimientos concursales y de ejecución.
  • Se aplicará un plan de implantación, en todo el territorio nacional, de las Oficinas de Justicia en los municipios para que los Juzgados de Paz evolucionen hacia recursos profesionalizados y mejoren la calidad de los servicios de justicia en las localidades más pequeñas.
  • Se impulsará un plan de acción con los ayuntamientos con participación de la FEMP y los operadores jurídicos para la implantación de las conexiones mediante videoconferencia con los tribunales, la obtención de toda clase de documentos y el acceso a todos los servicios posibles.
  • Se impulsará un plan de renovación sostenible para la actualización, adecuación y modernización de los distintos edificios y sedes judiciales, respetando las diferentes competencias de las administraciones concernidas.
  • Se mejorará la agilidad en el procedimiento de adquisición de nacionalidad española, gracias a las nuevas tecnologías, reduciendo plazos y agilizando los trámites burocráticos.
  • Se contribuirá a la transición ecológica con el plan director sobre edificabilidad judicial, mediante la creación del Bosque de la Justicia: implantación de zonas verdes en las nuevas construcciones de sedes judiciales que compensen las emisiones de CO2 y contribuyan a la sostenibilidad.
  • Se aplicará un plan de actuación específico sobre la conciliación familiar, personal y laboral, con base en el teletrabajo.
  • Se impulsará la conexión entre la administración de justicia y la administración Local, lo que, a su vez, debe facilitar la relación entre ambas y mejorar la coordinación y cooperación, especialmente respecto a la actuación de servicios sociales para protección de personas y colectivos en riesgo de vulnerabilidad, cuando entran en el sistema de justicia (por ejemplo, desahucios y lanzamientos sin alternativa habitacional, protección de niños, niñas y adolescentes, protección ante violencias machistas, etc.).

6.6.4. Consolidación de derechos y garantías de la ciudadanía

  • Pondremos en marcha una ley integral contra la trata y la explotación de Seres Humanos, para abordar de manera global la lucha contra todas las formas de trata y de explotación, con perspectiva de derechos humanos centrada en las víctimas y abordar nuevas tipificaciones como la esclavitud.
  • Pondremos en marcha un plan de prevención y actuación contra los delitos de odio, especialmente los cometidos en Internet.
  • Promoveremos la reforma integral de la ley de enjuiciamiento criminal, modernizando y haciendo más garantista y ágil el proceso penal y los procedimientos de investigación.
  • Promoveremos la aprobación urgente de la ley de equipos conjuntos de investigación y Agentes encubiertos para una mayor eficacia de la investigación de asesinatos y desapariciones (particularmente de niños y niñas).

6.6.5. Ocupación

La ocupación ilegal de viviendas es un hecho grave y debe combatirse, especialmente la acción de las mafias. Por eso, para el Gobierno de España ha sido una prioridad dar respuesta y certidumbre a todos aquellas personas que en algún momento se han podido ver inquietados en el pacífico disfrute de su vivienda o de sus propiedades. En ese sentido:
  • Seguiremos mejorando la eficiencia de los procedimientos judiciales. en particular, se impulsará la reforma Legislativa normativa para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas.
  • Abordaremos la cuestión desde la garantía del derecho a la vivienda y la atención social a la vulnerabilidad.
  • Combatiremos las estructuras mafiosas que delinquen con las ocupaciones de vivienda y alteran la vida de las comunidades.
  • Defenderemos la propiedad privada ante estas ocupaciones conflictivas e ilegales

6.6.6. Cogobernanza con las comunidades autónomas en materia de justicia

  • Profundizaremos en la cogobernanza con las comunidades autónomas del servicio público de Justicia. Mejoraremos la cooperación institucional con todas las Comunidades autónomas con competencias transferidas.
  • Implementaremos los nodos de interoperabilidad para establecer un diálogo tecnológico compatible entre los distintos sistemas de gestión procesal autonómicos.
  • Intensificaremos la cooperación para la creación de unidades judiciales.
  • Daremos dimensión europea e internacional a la conferencia sectorial para que las Comunidades autónomas participen en estos foros.

6.6.7. La justicia española en europa

  • Trabajaremos en la “estrategia de igualdad de género de la unión europea”, potenciando la igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres.
  • Mejoraremos los medios para luchar contra el crimen organizado y transnacional.
  • Estrategia de lucha contra la corrupción: pondremos en funcionamiento la autoridad independiente de protección del informante.
  • Cooperación judicial internacional. tendremos la máxima implicación en la persecución y sanción de los crímenes internacionales, en particular en relación con la guerra de Ucrania.
  • Potenciaremos el liderazgo de la participación del ministerio de justicia en los foros y organismos internacionales, contando con el talento de profesionales del sector justicia.
  • Dimensionaremos en la legislación nacional las pautas de la justicia internacional: verdad, justicia y reparación sobre los estándares europeos de protección de Derechos Humanos.
  • Potenciaremos la formación de los operadores jurídicos en el ámbito de la Justicia internacional y de los Derechos Humanos.
  • Introduciremos mecanismos de refuerzo para apoyar a la corte penal internacional.

6.7. Memoria democrática, una cuestión de estado

La Constitución Española de 1978 se fundamentó en un amplio compromiso social y político para superar las graves y profundas heridas de la Guerra Civil y la dictadura.

Para el PSOE la memoria es una cuestión de Estado y por ello hemos impulsado la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Una Ley que se asienta en los principios del derecho internacional humanitario de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Una Ley que favorece la convivencia y propicia la necesaria conciencia ciudadana que ayude a cerrar de una vez por todas las heridas aún abiertas. La democracia es incompatible con el olvido.

Por ello, los socialistas reafirmamos hoy más que nunca nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político, máxime cuando asistimos en España, en toda Europa y en otros lugares del mundo, a un resurgimiento de movimientos de ultraderecha.

Para ello, durante la próxima Legislatura:
  • Desarrollaremos en su integridad la ley de memoria democrática, completando las actuaciones del Plan de Exhumaciones, de modo que al final de legislatura se hayan exhumado todas las fosas comunes localizadas y nos permita la entrega a sus familiares de los restos para su digna sepultura; poniendo en marcha el Banco Estatal de ADN y el Registro y Censo de las víctimas de la Guerra y la Dictadura; profundizando en medidas de reparación, como en lo relativo a las incautaciones; concluyendo la inclusión de los contenidos de memoria democrática en el sistema educativo; declarando nuevos lugares de memoria democrática; retirando símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que aún permanecen en España; e impulsando la extinción de las fundaciones y la ilegalización de las asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo.
  • Impulsaremos iniciativas para el reconocimiento del papel activo desempeñado por las mujeres españolas en la conquista de la democracia, así como para reparar las formas específicas de represión o violencia de cualquier tipo sufridas por el hecho de ser mujeres.
  • Culminaremos la resignificación del valle de cuelgamuros como lugar de memoria democrática y procederemos a la creación de un centro de interpretación.
  • Continuaremos y extenderemos las acciones de reconocimiento del exilio republicano español, su contribución a la memoria democrática europea, así como el conocimiento de la represión y el exterminio de nuestros compatriotas en los campos nazis y la contribución de muchos de ellos a la victoria de las democracias en la II Guerra Mundial.
  • Impulsaremos la creación de un gran centro de la memoria democrática, con la finalidad de salvaguardar la dignidad de las víctimas y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos.

6.8. Una españa que avanza en laicidad

A lo largo de los últimos años del siglo XX y en este siglo XXI, España, y sus ciudadanos y ciudadanas, han avanzado de manera firme hacia los valores de igualdad, pluralidad, diversidad, inclusión y tolerancia que configuran a nuestro país como una moderna sociedad democrática.

El PSOE ha sido el partido político que ha impulsado dichos avances. Las leyes y normativas promovidas y aplicadas por Gobiernos socialistas sobre divorcio, interrupción voluntaria del embarazo, muerte digna, matrimonio entre personas del mismo sexo, igualdad entre mujeres y hombres, violencia de género... son expresión de espacios de laicidad conquistados por y para la ciudadanía, que siempre han tenido que vencer democráticamente la oposición de sectores conservadores, como ha sido el del Partido Popular. Ahora, además, asistimos a un renacimiento de movimientos ultranacionalistas y supremacistas en España y en toda Europa, que alimentan el odio a quien tiene otra cultura u otra religión distinta de la que ha sido tradicional en nuestro país.

Para el Partido Socialista defender la Constitución es defender la igualdad, la diversidad y el ejercicio de la libertad dentro del marco que la misma dispone. Por ello y desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado intensamente en la normalización de la diversidad religiosa y el reconocimiento de las minorías, así como en la neutralidad y la igualdad del sistema de relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso. Y, al mismo tiempo, ha desarrollado una importante actividad legislativa en materia de libertad de conciencia, religiosa y de convicciones.

Para profundizar en la convivencia de una sociedad plural e inclusiva, emprenderemos las siguientes actuaciones:
  • Reforzaremos las políticas de neutralidad religiosa en actos públicos y de representación del Estado, respetando todas las creencias y convicciones religiosas y cumpliendo el principio constitucional de laicidad.
  • El régimen fiscal de las confesiones religiosas será el mismo que el de las entidades sin ánimo de lucro.
  • Seguiremos trabajando con la iglesia católica en el marco del acuerdo de Asuntos económicos, para avanzar en el compromiso asumido por la Iglesia de alcanzar por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades
  • Impulsaremos políticas en materia de diversidad religiosa y de conciencia que promuevan las condiciones para el ejercicio efectivo de la libertad religiosa en igualdad, para contribuir a la convivencia de una sociedad plural e inclusiva.
No podemos dejar que el discurso del odio y la intolerancia gane terreno y, por eso, en la próxima legislatura los y las socialistas trabajaremos para que la sociedad no vea en el pluralismo religioso un problema, sino una oportunidad de ir más lejos en la consecución de los principios que la Constitución quiso que presidieran nuestro modelo de convivencia.

6.9. Migración y asilo

La movilidad humana es inherente a la historia de la humanidad y se ha convertido en uno de los desafíos globales que debemos gestionar como país y como comunidad internacional.

Si bien las personas migrantes internacionales suponen menos del 3% de la población mundial, los países desarrollados como España tienden a concentrar una proporción creciente de los mismos, que cada vez más huyen de conflictos y de las consecuencias del cambio climático en sus países. Los países de acogida debemos estar preparados para gestionar la llegada de personas migrantes de una manera beneficiosa y posible para ambas partes

Europa ha tenido que afrontar en estos últimos años varias crisis humanitarias mundiales en las que España ha reaccionado con rapidez y eficacia hasta convertirse en un referente en la gestión de acogida. Como de las más de 3.000 personas evacuadas de Afganistán en 2021 y la concesión inmediata de protección temporal a más de 178.000 personas procedentes de Ucrania tras la agresión rusa en 2022, han mostrado la capacidad de respuesta coordinada del Gobierno de España ante estas situaciones y convirtió a nuestro país en el alma de Europa, como nos calificó la presidenta de la Comisión Europea.

El compromiso con quienes necesitan de nuestra ayuda fue expresado, tras la agresión rusa a Ucrania, con la puesta en marcha de un dispositivo sin precedentes para implementar la directiva europea de protección temporal y habilitando los recursos necesarios para que estas personas obtuvieran los derechos que les otorga la directiva de manera rápida y sencilla.

Se confirmó así la necesidad de reforzar el sistema de acogida para solicitantes de asilo y refugio y dotarlo de más y mejores recursos y capacidades, que llevó a la reforma de su financiación, pasando de un modelo de subvenciones anuales a entidades colaboradoras a uno de acción concertada, que le da estabilidad y, en consecuencia, garantía de la atención a las personas acogidas.

La próxima legislatura abundaremos en las reformas emprendidas:
  • Incrementaremos las capacidades del sistema de acogida y reforzaremos la gestión pública y estable de las mismas
  • Consolidaremos la colaboración con organizaciones internacionales como acnur (alto comisionado de naciones Unidas para los Refugiados) y la OIM (Organización Internacional de Migraciones).
  • Reforzaremos nuestro trabajo con las instituciones de la unión europea, particularmente con la EUAA.
  • Reforzaremos la perspectiva de género en la política de acogida, la protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género.
  • Avanzaremos en la atención a colectivos de especial vulnerabilidad, potenciando la red de centros de acogida para las personas demandantes de protección internacional por razones de LGTBIfobia.

6.9.1. Integración

El PSOE pone en valor la contribución de las personas migrantes al desarrollo y prosperidad del país y por ello abogamos por una migración regular, segura y ordenada que garantice la plena inclusión social y laboral de las personas migrantes, como han demostrado las dos reformas del reglamento de la ley de extranjería realizadas en la presente legislatura. La primera de ellas ha permitido que casi 15.000 jóvenes que estaban condenados a la irregularidad y la economía sumergida y la explotación, puedan formarse y contribuir al crecimiento económico del país que los ha acogido desde niños. La segunda reforma del reglamento de extranjería se centra en la actualización de las actuales figuras de arraigo y la creación de nuevas, la facilitación de la permanencia de estudiantes extranjeros en el país, el refuerzo de las vías de migración laboral regular y la mejora del sistema de gestión.

Somos conscientes de que la gestión de la migración en nuestra sociedad debe hacerse también con la responsabilidad de propiciar políticas de integración que ayuden a una mejor convivencia, apelando a la responsabilidad de las instituciones y de la ciudadanía.

Entendemos la integración como un proceso bidireccional de adaptación mutua, que requiere la participación de toda la ciudadanía: personas inmigrantes y personas españolas. Estas políticas de integración deben prestar una especial atención a los hijos e hijas de inmigrantes.

Las personas de origen extranjero son sujetos de derechos, y también de obligaciones. Estas obligaciones (en el ámbito tributario o de la Seguridad Social, o la escolarización de los hijos e hijas menores que se encuentren a su cargo), junto a la necesidad de realizar esfuerzos tendentes a la integración en la comunidad de acogida deben valorarse a la hora de promover su estabilidad en el territorio español.

El acceso a la nacionalidad española por residencia debe ser visto como corolario de un proceso de integración de las personas extranjeras en España. A través de una Ley de nacionalidad, que se plantea también como una propuesta para abordar en lo que atañe a las y los españoles y españolas en el exterior, debe adecuarse el acceso a la nacionalidad por residencia de las personas extranjeras residentes en nuestro país, pues la adquisición de la nacionalidad comporta la plenitud de derechos de ciudadanía.

Desde esta perspectiva:
  • Avanzaremos en la implementación de las reformas emprendidas esta legislatura.
  • Habilitaremos mejores vías para la migración regular y ordenada que permitan una mejor inserción social y laboral de las personas migrantes, fomentando convenios de migración circular exitosos como los que ya funcionan.
  • Mejoraremos el sistema de gestión de la política migratoria, simplificando los procedimientos y acelerando el cambio de modelo de las oficinas de extranjería.
  • Seguiremos trabajando en la facilitación de la incorporación al mercado laboral de las personas que ya se encuentran en España, fomentando la compatibilidad de formación y trabajo para favorecer el acceso al trabajo de los y las estudiantes.
  • Reforzaremos la lucha contra el racismo y la xenofobia aunando políticas públicas e iniciativas no gubernamentales, con especial incidencia en las acciones relativas a materia educativa y políticas de comunicación y sensibilización
  • Reforzaremos los programas de acogida educativa para paliar las carencias y necesidades del alumnado extranjero, especialmente en niños y niñas procedentes de la reagrupación familiar; previniendo el abandono temprano y el absentismo escolar en centros de educación primaria y secundaria, incluyendo el apoyo a profesionales de la educación, en colaboración con los Ayuntamientos.

6.10. La españa europea abierta al mundo

Tras la pandemia del Covid-19 y la agresión rusa a Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales, nos encontramos ante un momento decisivo para el mundo. La línea que dividía la política exterior de la política interior ya no existe. Las decisiones que el gobierno toma en política europea e internacional tienen un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía española. En las próximas elecciones vamos a decidir si queremos la política internacional del Partido Popular: belicista y de confrontación, de la época de Aznar, o la irrelevancia de Rajoy, o una política exterior como la del Gobierno de Pedro Sánchez, con el liderazgo internacional necesario para garantizar el bienestar y protección de las y los españoles y españolas.

Desde 2020, España ha aumentado su liderazgo internacional. Ahora, la voz de España se está escuchando con fuerza en Europa y en el mundo.

Con el Gobierno de Pedro Sánchez, España ha entrado en el club de países que tienen voz propia para la toma de decisiones mundiales, promoviendo en el mundo los valores que caracterizan a la sociedad española: justicia, paz, tolerancia, solidaridad.

6.10.1. España, motor de europa. una europa fuerte para una españa fuerte

El Gobierno de Pedro Sánchez ha liderado en el seno de la Unión Europea las respuestas a la crisis del Covid-19 y a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. En la próxima legislatura:
  • Durante la presidencia española de la unión europea, seguiremos ofreciendo el liderazgo y el impulso político necesario para que España continúe siendo el motor de Europa y que el proyecto europeo siga avanzando.
  • Seguiremos apoyando a ucrania en su defensa de la paz, la libertad, su soberanía e integridad territorial y trabajaremos para lograr la paz. Seguiremos acompañándola en su camino hacia la integración europea.
  • Trabajaremos por reforzar las capacidades energéticas, la conectividad digital, la seguridad alimentaria o la salud en Europa.
  • Apostamos por una europa tecnológicamente avanzada, competitiva y con capacidad de apoyar a la industria y a las y los trabajadoras y trabajadores europeos, liderando las grandes transformaciones de nuestro tiempo.
  • Daremos un impulso a la autonomía estratégica abierta de la ue a corto y medio plazo con el objetivo de formular una agenda consensuada para una Unión más fuerte, competitiva y resiliente en los próximos años, que sea socialmente justa y medioambientalmente sostenible.
  • Apostamos por una europa que promueva una digitalización responsable y respetuosa con los derechos humanos y libertades fundamentales.
  • Trabajaremos por lograr el despliegue de las energías renovables, apostando por una mayor soberanía energética europea, y por completar la reforma del mercado energético europeo.
  • Impulsaremos la europa social a nivel político, para que se tome en cuenta el aspecto social durante la Presidencia española de la UE, así como durante la siguiente legislatura. La Europa Social debe ser un objetivo transversal de nuestras políticas.
  • Queremos una europa para todos los europeos, inclusiva. una década de crisis sucesivas han dejado cicatrices en nuestro tejido social. Trabajaremos por una Europa justa, social y solidaria, comprometida con el bienestar de los europeos.
  • Trabajaremos por reformar la gobernanza económica de europa para acordar unas normas fiscales más justas, realistas y previsibles.
  • Seguiremos promoviendo una europa fuerte y unida para hacer frente con eficacia a los grandes retos globales como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la inseguridad energética o futuras pandemias.
  • Impulsaremos la toma de decisiones en política exterior y de seguridad común por mayoría cualificada.
  • Seguiremos trabajando por una unión más feminista, que garantice la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En la lucha contra la violencia de género, el PSOE continuará apoyando la aprobación de la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
  • Trabajaremos para conseguir a nivel europeo la adopción de un nuevo pacto de Migración y Asilo, que esté en línea con los valores de dignidad humana y solidaridad establecidos en nuestros tratados.
  • Seguiremos abogando por alcanzar un acuerdo en relación a gibraltar que cree una zona de prosperidad compartida para Gibraltar y Campo de Gibraltar, respetando la posición jurídica de España con respecto a su soberanía.
  • Continuaremos trabajando para acelerar la transición energética justa, para ser más sostenibles y para reducir nuestra dependencia energética del exterior, incentivando la inversión en energías renovables. Hemos de ser capaces de consolidar la transición energética y la sostenibilidad de nuestro modelo económico y de consumo sin dejar a nadie atrás. Estamos convencidos de que la transformación económica que estamos impulsando, basada en el Pacto Verde Europeo y la digitalización de nuestra economía, es la única opción en la lucha contra el cambio climático.
  • Garantizaremos que europa siga siendo un espacio de libertad, seguridad y justicia. Los derechos y las libertades que disfrutamos hoy están amenazadas por las voces reaccionarias que surgen en España y en Europa. Frente a ello, defenderemos unas políticas que prioricen los derechos humanos, las libertades fundamentales y la protección de las personas.
  • Seguiremos apoyando el proceso de adhesión a europa de los países de los Balcanes Occidentales, dando un impulso con la celebración, durante la Presidencia española del Consejo de la UE, de la reunión ministerial UE- Balcanes Occidentales.

6.10.2. Compromiso firme con la cooperación internacional por un entorno más próspero, justo y estable

La solidaridad y el compromiso con la cooperación internacional es una de las señas de identidad de la sociedad española. Solo mediante la cooperación con otros países podemos hacer frente a los grandes retos globales: desigualdad, hambre, pobreza, y así garantizar también el bienestar de las personas.

En los últimos años, el Gobierno liderado por el PSOE ha impulsado la reconstrucción de la cooperación española tras una década perdida durante los gobiernos del Partido Popular, que condujo al abandono político y presupuestario de un vector fundamental de la acción exterior de España.

En esta legislatura aprobamos la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, tras un amplio proceso participativo y con un gran consenso político que renueva a la obsoleta Ley de 1998, y que nos sitúa a la vanguardia de los modelos de cooperación en el seno de la comunidad internacional y representa el punto de partida de una ambiciosa reforma de nuestro sistema de cooperación.

El compromiso del Gobierno socialista con la cooperación también ha sido presupuestario: En 2018, cuando llegamos al Gobierno, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) representaba el 0,19% de la Renta Nacional Bruta (RNB), en 2022 la AOD representó el 0,28% de la RNB y en el 2023, y en los PGE 2023 se alcanza el 0,34% de la RNB, caminando hacia el objetivo del 0,7% en 2030 recogido en la nueva Ley de Cooperación. En la próxima legislatura:
  • Seguiremos impulsando el refuerzo presupuestario y caminando hacia el objetivo el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030, destinando el 10% a Ayuda Humanitaria.
  • Completaremos la reforma de la agencia española de cooperación internacional - aecid, herramienta fundamental de la Cooperación Española, con mayores capacidades, instrumentos más ágiles y flexibles y una estructura adaptada a las necesidades de la cooperación del futuro, así como el reforzamiento del resto de los actores del sistema de cooperación, destacando la cooperación descentralizada.
  • Completaremos la reforma normativa de la cooperación española: nuevos órganos de gobernanza, el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), la desburocratización del sistema de subvenciones y el reconocimiento de la labor y la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de la cooperación, con un nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes.
  • Adoptaremos un nuevo plan director de la cooperación española que apueste por una cooperación estratégica, eficaz y transformadora basada en las alianzas, con un compromiso inequívoco con una agenda feminista y ecologista, y con los derechos humanos.
  • Seguiremos impulsando las alianzas con la sociedad civil, el sector privado, la cooperación descentralizada de Comunidades Autónomas y entes locales, y las universidades.
  • Seguiremos mejorando nuestras capacidades en acción humanitaria y cooperación financiera con nuevos instrumentos de cooperación. Reforzaremos la acción humanitaria en recursos y capacidades, atendiendo la perspectiva de contextos e incorporando el triple nexo acción humanitaria- desarrollo-paz, así como el refuerzo de la educación para la ciudadanía global y acción humanitaria.
  • Profundizaremos el marco de relación entre la administración y las ongd con el propósito de fortalecer la participación de la sociedad civil con el despliegue de la cooperación para el desarrollo y la educación para la ciudadanía global.
  • Continuaremos el trabajo en la protección de los derechos humanos y libertades en contextos humanitarios como alimentación, salud o educación con la seguridad para el personal humanitario y la población civil como una prioridad de nuestra acción y del conjunto de actores internacionales.
  • Mantendremos el compromiso con el multilateralismo para la provisión de bienes públicos globales y la vocación de liderazgo internacional en el ámbito de la salud global. Para ello, aprobaremos una Estrategia de Salud Global para nuestro país desde una perspectiva multidisciplinar y alineada con la estrategia de la UE, para lograr la equidad en salud. Consolidaremos en las contribuciones de España a la salud global señas de identidad como la igualdad de género y la generación y transferencia de conocimiento científico. Continuaremos los compromisos con iniciativas de impacto, como el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, o la Alianza Global para la Inmunización GAVI.

6.10.3. Soluciones multilaterales para los desafíos globales

En una escena internacional cada vez más inestable y polarizada, los derechos humanos y las democracias están cada vez más amenazados por fuerzas reaccionarias. Frente a ello, el PSOE siempre ha defendido un multilateralismo fuerte, incluyente y eficaz como la vía para dar soluciones reales a los desafíos que afronta el mundo. En la próxima legislatura:
  • Seguiremos reforzando el sistema multilateral, clave para abordar los grandes desafíos globales y mantener la paz y la seguridad y por la estabilidad y el desarrollo sostenible en el ámbito internacional.
  • Seguiremos promoviendo los derechos humanos en el mundo.
  • Seguiremos trabajando por el cumplimiento de la agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible.
  • Avanzaremos en la doble vía de más españa en la onu y más ONU en España. Promoviendo, por un lado, el establecimiento de oficinas de las agencias de las Naciones Unidas en España y la presencia de profesionales españoles y españolas en el sistema de las Naciones Unidas, por otro.

6.10.4. España liderando nuestras relaciones estratégicas

10.4.1. América latina, en el centro de la acción españa y europa
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a situar a América Latina en el centro de nuestra política exterior. En esta legislatura, hemos reactivado la celebración presencial de las Cumbres Iberoamericanas, hemos dado prioridad a todos los países de América Latina. Nuestro patrimonio común, el español, es uno de nuestros grandes activos que nos proyecta en el mundo.
  • Trabajaremos con los países de américa latina y el caribe para la difusión, promoción y enseñanza del español en el mundo.
  • Continuaremos reforzando las relaciones con los países de américa latina y el Caribe. Pondremos al servicio de nuestros socios en Europa nuestra capacidad privilegiada de generar puentes entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe como aliados naturales, llamados a asumir papeles activos en espacios multilaterales. La Cumbre UE-CELAC durante la Presidencia española de la UE será el punto de partida, y haremos de 2023 el año de Iberoamérica en Europa.
  • Seguiremos impulsando el sistema de cumbres iberoamericanas y proyectos conjuntos como la Carta de Derechos Digitales iberoamericana.
  • Conscientes de la importancia de reforzar la gobernabilidad y la democracia desde el fortalecimiento institucional, trabajaremos con nuestros socios en el programa de Fortalecimiento de la Democracia en América Latina lanzado para apoyar instituciones, colectivos y mecanismos de refuerzo de las democracias.
  • Seguiremos protegiendo a aquellas personas latinoamericanas que se vean privadas de manera arbitraria de sus derechos fundamentales, realizando un esfuerzo especial con las personas defensoras de los derechos humanos.
  • Continuaremos apoyando los esfuerzos e iniciativas de paz y diálogo en los países de la región.
  • Avanzaremos hacia la ratificación de los acuerdos de la unión europea con Chile, con México y con Mercosur.
10.4.2. Excelentes relaciones transatlánticas que contribuyen a nuestra seguridad
En esta legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado las relaciones entre España y los Estados Unidos al máximo nivel.
  • Seguiremos fortaleciendo las excelentes relaciones de amistad y alianza entre españa y los Estados Unidos sin renunciar a nuestro europeísmo, avanzando en proyectos entre los dos países que benefician a nuestras sociedades.
  • Continuaremos trabajando en el seno de la otan por la defensa de la paz y la seguridad, del orden internacional y de los valores democráticos.
10.4.3. Relaciones bilaterales estratégicas con nuestros vecinos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado durante los últimos años por tenerman las mejores relaciones con los países vecinos con los que España comparte frontera terrestre, con el objetivo de garantizar nuestra prosperidad mutua y el bienestar de las personas. En la próxima legislatura:
  • Continuaremos profundizando en las relaciones bilaterales con francia.
  • Seguiremos exportando soluciones ibéricas en beneficio de la ciudadanía española y portuguesa, como es la excepción a los precios de la energía refrendada por las instituciones europeas.
  • Impulsaremos la firma del acuerdo de asociación ue-andorra que proteja los derechos de las personas trabajadoras transfronterizas.
  • Seguiremos profundizando en la nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales con marruecos, en la que hemos firmado una veintena de acuerdos para fortalecer la cooperación en la lucha contra la trata de personas y contra el terrorismo, la cooperación migratoria, o la promoción de las empresas exportadoras y de las empresas españolas en Marruecos.
10.4.4. Vecindad sur: gestionando un espacio compartido
El Gobierno liderado por el PSOE ha trabajado por impulsar las relaciones con los países del Mediterráneo y Vecindad Sur, fundamentales para la seguridad y estabilidad de España y del continente europeo.
  • Continuaremos reforzando el diálogo y la cooperación con los países del mediterráneo para establecer una zona de desarrollo económico sostenible, seguridad y estabilidad.
  • Durante la presidencia española de la ue impulsaremos la relación con los vecinos del sur y con la Unión por el Mediterráneo, un verdadero partenariado mediterráneo.
  • En relación con el sáhara occidental, seguiremos apoyando al enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas para alcanzar una solución mutuamente aceptable en el marco de las Naciones Unidas. Mantendremos la ayuda humanitaria a la población saharaui en los campamentos, como hemos hecho siempre, siendo España el principal donante bilateral.
  • En oriente medio, seguiremos promoviendo y apoyando los esfuerzos dirigidos a retomar las conversaciones de paz, necesarias para avanzar en la solución de los dos Estados, que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad, libertad y democracia. Apostamos por un diálogo serio y sincero que derive en una solución viable y justa al conflicto y que garantice una paz estable y duradera en la región.
10.4.5. África
El Gobierno de Pedro Sánchez ha inaugurado una nueva etapa en las relaciones con África con el objetivo de contribuir a la estabilidad y prosperidad del continente. En 2019 se aprobó el III Plan África y en 2021 se puso en marcha el programa Foco África 2023. En la próxima legislatura:
  • Seguiremos reforzando las relaciones con todos los países del continente africano, basándonos en el diálogo de igual a igual, la promoción de la presencia de España, incluyendo la económica, y la cooperación en estrecha coordinación con los socios locales.
  • Seguiremos acompañando los esfuerzos de estabilidad en el sahel y en áfrica Occidental. Para ello, adoptaremos una estrategia específica para promover la estabilidad y el desarrollo del Sahel y seguiremos colaborando estrechamente con los países de la región en la lucha contra el terrorismo y fomentando la cooperación institucional.
  • Continuaremos apoyando los procesos de integración regional como la unión africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), a través de apoyo a sus esfuerzos para la paz y seguridad en el continente.
  • Impulsaremos la cooperación en materia de conocimiento y formación con áfrica de modo similar a la labor que realiza la Fundación Carolina con Iberoamérica.
  • Seguiremos trabajando a favor de la instauración de un régimen democrático con elecciones libres y respetuoso de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, país con el que nos unen lazos históricos, culturales, sociales y económicos.
10.4.6. Relaciones con asia-pacífico.
La voz de España también se tiene que escuchar en Asia. Para ello:
  • Seguiremos reforzando la presencia de españa en la región y ejerciendo influencia al mismo tiempo que mantenemos unas relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas.
  • Continuaremos trabajando por reducir tensiones y contribuyendo al diálogo, aprovechando las oportunidades que presenta la región.
10.4.7. España, referente en el mundo en la promoción de derechos.
España es un país referente en el mundo en la lucha contra la violencia de género, las políticas de igualdad o los derechos de las personas LGTBI, gracias a los avances alcanzados con gobiernos socialistas. Este Gobierno ha desarrollado una política exterior feminista que ha liderado iniciativas internacionales de importante calado y que se asienta en los valores que definen a los españoles y las españolas: la igualdad y no discriminación.
  • Seguiremos desarrollando la política exterior feminista a través del compromiso con el multilateralismo, en la Unión Europea, y en nuestras relaciones con todos los países.
  • Desarrollaremos la primera estrategia española de diplomacia humanitaria, adoptada este año, promoviendo el respeto al Derecho Internacional Humanitario y profundizando en los instrumentos y enfoque para la promoción y protección de los derechos humanos de mujeres y niñas.
  • Seguiremos apoyando la aplicación de la agenda mujer, paz y seguridad y defendiendo los derechos de las mujeres y niñas en todas las partes del mundo, y en contextos especialmente complejos como Afganistán, Irán o Ucrania.
  • Seguiremos abogando por la defensa de los derechos humanos y luchando contra todo tipo de discriminación, liderando iniciativas en materia de derechos de las personas con discapacidad, derechos de la infancia, de las personas LGTBI y la lucha contra el racismo y la xenofobia.
  • Reforzaremos nuestro compromiso con la justicia global y el derecho internacional humanitario con el apoyo a la ratificación de la enmienda al Estatuto de Roma, que convierte en crimen de guerra el uso de la alimentación como método bélico.
10.4.8. Españoles y españolas en el exterior: las personas en el centro de la acción exterior
En cuanto a la mejora de los servicios consulares en el exterior, además del incremento presupuestario ya realizado, en la próxima legislatura:
  • Garantizar los derechos y proteger a los españoles y las personas españolas en el exterior ha sido una de los principales preocupaciones y objetivos del gobierno. Hemos cumplido con la promesa histórica de derogar el voto rogado para facilitar que las y los españoles y españolas residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho constitucional a voto. Como también hemos ampliado los supuestos de adquisición de nacionalidad para los descendientes de españoles y españolas en el exterior a través de la Disposición Adicional 7a de la Ley de Memoria Democrática, convirtiendo a España en el país con la legislación más avanzada en la materia.
En esta misma línea de reconocimiento de derechos a los españoles y españolas en el exterior:
  • Seguiremos ampliando el reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes en el exterior, al amparo de la Ley de Memoria Democrática, dotando para ello con mayores recursos materiales y humanos a nuestras oficinas consulares.
  • Promoveremos la aprobación de una ley de nacionalidad que regule los derechos de ciudadanía de los españoles y españolas en el exterior, tal como plantea el Consejo de Residentes Españoles en el Exterior – CRE.
  • Estableceremos un plan estratégico de españoles y españolas en el exterior y Personas Retornadas, incidiendo especialmente en las áreas sanitarias, educativa, sociales y culturales.
  • Recuperaremos el sistema sanitario universal, derogando la retirada de la tarjeta sanitaria a los 90 días y promover convenios bilaterales para proporcionar cobertura sanitaria.
  • Dotaremos a los consejos de residentes españoles en exterior de medio materiales y financieros.
  • Adoptaremos los recursos de la administración electrónica, que facilite la realización telemática de los trámites administrativos.
  • Estableceremos un plan estratégico de retorno que recoja medidas socio-laborales para facilitar el retorno y la inserción de españoles y españolas procedentes del exterior.
  • Crearemos programas de talento investigador y talento profesional orientado al retorno de jóvenes investigadores, personal directivo y técnico joven, en colaboración con Universidades y empresas inclusivas en conocimiento.
En cuanto a la mejora de los servicios consulares en el exterior, además del incremento presupuestario ya realizado, en la próxima legislatura:
  • Continuaremos mejorando y reforzando la atención a los españoles y españolas la ciudadanía española en el exterior a través de la Red de Consulados y Embajadas de España, avanzando en el Plan de Digitalización de los servicios consulares y dotando a los Consulados de refuerzos e instrumentos que permitan que las y los ciudadanos y ciudadanas españoles en el exterior vean atendidas sus necesidades.
  • Completaremos el acuerdo de doble nacionalidad entre españa y rumanía, y el Acuerdo de Doble Nacionalidad entre España e Italia.

6.11. Defensa

6.11.1. España, un socio fiable para la seguridad internacional

Los cambios en la arquitectura internacional de seguridad producidos durante la última década, tanto por la erosión del orden internacional, el incremento del recurso a la fuerza, el incremento de actores no estatales (terrorismo y crimen organizado) con capacidad para amenazar la seguridad de nuestras sociedades, la utilización de acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio, la presión económica y otras estrategias en la «zona gris» han configurado un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre y la constante aparición de nuevos desafíos como ha puesto de manifiesto la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales para el conjunto de Europa.

Esta situación exige de una aproximación multidisciplinar para afrontar de manera exitosa los retos. En ella, la Defensa proporciona capacidades, especialización y disponibilidad únicas para ampliar las posibilidades de acción en múltiples escenarios, incluido el de la demandante lucha contra el terrorismo internacional y los ataques en el ciberespacio, que son imprescindibles para la construcción de un sistema de seguridad nacional integrador, capaz de desarrollar estrategias que permitan anticipar, identificar y contrarrestar tempranamente cualquier amenaza.

En este nuevo entorno caracterizado por la transnacionalidad y la existencia de riesgos y amenazas compartidas, la colaboración entre socios y aliados se revela como un elemento esencial si se quiere hacer frente a los desafíos con cierto éxito. Por ello, España ha de reforzar su participación en las organizaciones internacionales con responsabilidades en Seguridad y Defensa de las que es parte, así como reforzar la red de relaciones bilaterales; de modo que nos integremos en un sistema muy sólido y flexible que actúa como multiplicador de nuestras capacidades e influencia sobre situaciones de riesgo; lo que también exige el compromiso de aportación solidaria a los esfuerzos realizados por estas organizaciones. Por lo tanto, y en coherencia con lo dicho:
  • Seguiremos manteniendo el liderazgo de españa en la escena internacional y especialmente en la Europa de la Defensa, fomentando la aplicación de un modelo de seguridad cooperativa con la colaboración de los actores locales en las iniciativas internacionales de paz como, por ejemplo, en las regiones del Sahel y del Golfo de Guinea, y la aplicación de los principios de Kigali y Vancouver.
  • Contribuiremos al reforzamiento de las capacidades propias de la unión europea en materia de defensa y reforzaremos la participación española en los proyectos PESCO.
  • Daremos a españa el lugar que le corresponde en la consolidación e impulso del Concepto Estratégico aprobado en la Cumbre de Madrid de 2022, dando especial importancia al desarrollo del concepto de seguridad y defensa frente a todas las amenazas externas, con atención prioritaria en el flanco sur.
  • Mantendremos el apoyo solidario de españa a los aliados afectados por el conflicto en Ucrania; así como mantendremos el compromiso con las diferentes misiones en las que España participa activamente con Naciones Unidas o con otros organismos internacionales de los que somos parte, como la misión en el Líbano, la lucha contra la piratería en el océano Índico, las misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de países aliados que no disponen de tal capacidad, o la relativa al cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia.
  • Vamos a seguir contribuyendo desde la política de defensa a la agenda Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, al programa de Escuelas Seguras y a la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias.

6.11.2. La defensa al servicio de la ciudadanía y de la democracia

Cuando en junio de 2018 el PSOE asumió el Gobierno de España, tuvo que hacer frente a las consecuencias de años de desinversión en Defensa de los gobiernos del Partido Popular. Desde entonces, hemos trabajado sin descanso para revertir la situación. Actualmente, hemos doblado el presupuesto que la derecha destinaba a la Defensa, con el objetivo de lograr unas Fuerzas Armadas modernas y adaptabas a los retos del siglo XXI.

Creemos que nuestras Fuerzas Armadas cumplen con el importante deber, plasmado en nuestra Constitución, de garantizar la seguridad de España y con ella, los derechos, libertades y bienestar que nuestra sociedad disfruta.

Las necesidades que nuestras Fuerzas Armadas tienen para cumplir su papel han llevado a desbloquear e impulsar un importante número programas de adquisición y actualización de sus capacidades. Con ello, hemos impulsado, y continuaremos impulsando el desarrollo de la industria española de Defensa, asegurando así nuestra autonomía estratégica, en ámbitos innovadores, en el I+D+i, cada vez con un carácter más dual, y en la generación de productos con alto valor añadido y empleo cualificado. Para continuar con esta importante labor:
  • Reforzaremos el presupuesto específico de defensa que permita desarrollar los proyectos de planeamiento y programas del Ministerio, así como el cumplimiento del incremento de las inversiones de Defensa en el marco de los compromisos internacionales asumidos por España.
  • Lideraremos una política industrial de defensa que asegure nuestra autonomía estratégica mediante el fomento de la competitividad, el desarrollo tecnológico y el empleo. Suponen una gran inversión y la creación de miles de puestos de trabajo en Galicia, Asturias, Andalucía, País Vasco, Madrid y Murcia, entre otros territorios.
    • Mantendremos el impulso dado en la anterior legislatura a los programas de los vehículos VCR 8X8, fragatas F-110, submarinos S-80, sistema FCAS/NGWS, cazas Halcon y drones Euromale.
    • Pondremos en marcha los programas de los buques bam-is, y los vehículos de combate Pizarro y VAC.
  • Nos comprometemos con la investigación, el desarrollo y la innovación (i+d+i) aplicadas a la Defensa y Seguridad:
    • Impulsaremos el centro tecnológico de desarrollo y experimentación (cetedex) en jaén, invirtiendo 220 M€ y creando 2.500 empleos para proyectos de defensa anti-dron, vehículos inteligentes e Inteligencia Artificial.
    • Reforzaremos el proyecto ceus en huelva, como centro de investigación de los sistemas no tripulados.
    • Impulsaremos la base conde de gazola (león), dotándola de medios e instalaciones para la recién creada Unidad de Drones de la UME (UDRUME). Vamos a realizar una inversión total de unos 40 M€ para drones de altas prestaciones, de equipos de apoyo, mando y control, vehículos y materiales necesarios.
    • Estos proyectos se unen a los criterios de la estrategia nacional frente al Reto Demográfico, fomentando la desconcentración de unidades militares por el territorio nacional para el desarrollo de nuevas oportunidades y ejercer de impulsor económico:
      • Construiremos la base logística del ejército de tierra en córdoba, que creará 1.600 puestos de trabajo.
      • Continuaremos con los trabajos de reapertura de las instalaciones militares de monte la Reina en Toro (Zamora)
6.11.3. Nuestro ejército: la columna vertebral de nuestras fuerzas armadas
La columna vertebral de nuestras Fuerzas Armadas son nuestras y nuestros: oficiales, suboficiales, tropa y marinería. Son ellos y ellas, con su profesionalidad, esfuerzo y devoción de servicio los que hacen posible que tengamos unas Fuerzas Armadas profesionales y ejemplares, no sólo para nuestros compatriotas, sino también para nuestros socios. Hemos de sentirnos orgullos de los hombres y mujeres que componen y trabajan en nuestras Fuerzas Armadas.

Es por eso por lo que las y los socialistas hemos trabajado en el desarrollo de una política de personal que atienda la moral, calidad de vida, formación y adiestramiento de los miembros de los Ejércitos y de la Armada. Los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas constituyen el núcleo de esta institución esencial para garantizar la seguridad y con ella los derechos, libertades y bienestar que nuestra sociedad disfruta.
  • Continuaremos con la ejecución de las medidas aprobadas por la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, facilitando salidas profesionales a los militares profesionales de tropa y marinería, al tiempo que revisamos la eficacia de las medidas tomadas.
  • Continuaremos profundizando en la implementación de medidas de conciliación familiar en las Fuerzas Armadas.
  • Proseguiremos con el programa de mejora de las condiciones de vida en instalaciones de las Fuerzas Armadas.