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PSOE - Adelante

Programa electoral para las elecciones generales del 23 de Julio de 2023

Índice

1. Una política económica al servicio de la ciudadanía y de un crecimiento económico justo y sostenible

1.1. Estabilidad económica y financiera, reforzando la confianza en españa en el ámbito internacional

Es fundamental seguir manteniendo un entorno de estabilidad económica y financiera que prolongue el crecimiento económico y permita aprovechar plenamente las oportunidades de los cambios tecnológicos en marcha. Ello exige una gestión eficiente de los recursos públicos, una política fiscal responsable de reducción de las ratios de déficit y deuda en línea con las reglas europeas, una buena gestión del Tesoro para minimizar los costes financieros, amortiguar las fluctuaciones cíclicas, obteniendo de ese modo un crecimiento sostenido y sostenible en el plano económico y financiero. Para ello:

2. Crecimiento económico y pacto por el pleno empleo, aprovechando el proceso de innovación tecnológica en beneficio de la sociedad

La reforma laboral, pactada con la UE y con los agentes sociales, proporciona la mejor base para seguir traduciendo el impulso inversor en creación de empleo de calidad. Durante la próxima legislatura, debemos extender la fase alcista del ciclo económico iniciada en 2021 a través de una política de inversión que aumente el empleo y la productividad. Del mismo modo, la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos Next Generation debe servirnos para retomar la senda de prosperidad y convergencia con los países más avanzados iniciada desde la llegada de la democracia y truncada con la década perdida tras la gran crisis financiera de 2008, gestionada por el Gobierno del PP.

Además, sobre la base de los avances logrados en estos años, se trata de activar un círculo virtuoso de formación y colocación que permita reducir el desempleo estructural, especialmente el de la juventud, alineándolo con la media europea, y eliminar el desempleo de larga duración. Para ello:

  • Desplegaremos los proyectos estratégicos del plan de recuperación con el fin de impulsar la modernización de nuestra economía y posicionar a España entre los países líderes en los sectores y tecnologías del futuro: vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC); energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (PERTE ERHA); salud de vanguardia; descarbonización de la industria; modernización de la industria naval, agroalimentaria y aeroespacial; impulso al ecosistema empresarial de semiconductores y microprocesadores (PERTE CHIP); digitalización del ciclo del agua; economía circular; nueva economía de la lengua y de economía social y de los cuidados.
.1.3. Una digitalización que aumente la productividad, la prosperidad, la cohesión social y territorial, poniendo en el centro a las personas

La transformación digital se ha acelerado exponencialmente y presenta importantes oportunidades y también retos que hemos de abordar. Es fundamental encauzar el proceso para garantizar una digitalización que proteja nuestros valores y derechos, que impulse el empleo de calidad y permita mejorar la vida de las personas. Para ello:

.1.4. Apoyo a las empresas y autónomos en su proceso de modernización, impulsando el emprendimiento y el crecimiento empresarial

España dispone de un tejido productivo rico y diversificado. Cuenta con empresas grandes líderes en sectores tractores de futuro, desde el sector de la energía al agroalimentario, incluyendo las infraestructuras digitales, el sector de la salud, la inteligencia artificial, el sector audiovisual o las industrias culturales. Con un tejido vibrante de pymes, startups y autónomos, que compiten en el escenario internacional. Durante la próxima legislatura, seguiremos apoyándolas e impulsando su modernización, con un marco normativo favorable y dando apoyo a sus inversiones productivas. Para ello:

.1.5. Apoyo a las familias y los trabajadores autónomos

En línea con las medidas adoptadas para sostener la renta disponible de las familias en estos últimos años, seguiremos apostando por reducir las desigualdades, aumentar la productividad y los salarios, impulsar el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento, así como apoyar la conciliación de la vida profesional y familiar y lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

.1.6. Garantizar la inclusión financiera y digital, atendiendo especialmente a las personas mayores
.1.7. Liderazgo de españa en la construcción europea

Durante estos cinco años, España se ha consolidado como un país central en la Unión Europea, liderando los principales debates y apoyando las iniciativas dirigidas a reforzar la integración económica y social, la autonomía estratégica de la UE y la construcción de un espacio de valores y libertad. Para seguir avanzando en esta dirección:

.1.8. Refuerzo de la gobernanza global

Durante estos cinco años, España se ha consolidado como un socio de referencia en los principales foros internacionales, reforzando la red de seguridad financiera y contribuyendo a soluciones basadas en el diálogo y la paz, con una atención especial al apoyo a los países más vulnerables y de renta media.

.1.9. Una fiscalidad justa para un país moderno

1.9.1. Reforma tributaria

La sociedad española apuesta por unos servicios públicos fuertes, modernos y eficaces, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la clase media y trabajadora. Financiar el estado del bienestar no es un lujo que no nos podamos permitir. Tenemos la memoria y la experiencia de lo que ocurrió en la anterior crisis financiera, cuando se impuso una política de recortes que debilitó lo público y mermó la sanidad, la educación y la dependencia.

El estado del bienestar es la red de seguridad de la ciudadanía, la garantía de la igualdad de oportunidades y el vector de la cohesión social y territorial de España. Pero también es un potente motor de nuestra economía, con un impacto claro en la generación de empleo de calidad directo e indirecto y en la aportación de valor añadido a través de la innovación pública.

El Partido Socialista cree firmemente en el valor de lo público y en la justicia social como la base de nuestra convivencia democrática. De ahí que el sistema fiscal no sólo tiene la función de asegurar los ingresos necesarios para la provisión de las políticas públicas que garantizan los derechos y libertades de la ciudadanía. También debe cumplir los principios constitucionales de equidad y progresividad, así como asegurar que la igualdad de oportunidades sea efectiva y reducir la desigualdad social, territorial y de género.

Por ello a lo largo de esta legislatura hemos impulsado una política fiscal acorde a los principios constitucionales de equidad y progresividad, de manera de las mayores rentas y patrimonios, así como los grupos multinacionales y grandes empresas, contribuyan en mayor medida mientras que los más desfavorecidos reciben el mayor nivel de ayuda protegidos por el escudo social.

La fiscalidad no puede ser abordaba a través de un debate cortoplacista o basado en la demagogia. Es un debate nuclear en la concepción del país al que aspiramos y necesita pedagogía. Por ello desde el Partido Socialista planteamos una fiscalidad justa e inteligente, adaptada al siglo XXI y capaz de hacer frente a los retos de una economía globalizada, marcada por la digitalización, la transición verde y la lucha contra el fraude fiscal.

El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria de 2022 constituye un punto de partida riguroso y solvente para avanzar en este debate. Por ello proponemos:

1.9.2. Más medidas

Como base de la financiación autonómica y local, la fiscalidad es también una parte sustancial del modelo territorial de nuestro país. El Gobierno socialista ha demostrado que preservar el estado de bienestar, garantizando la prestación de los servicios públicos fundamentales, es cuestión de voluntad política. Las comunidades autónomas han podido enfrentarse y combatir las consecuencias de la crisis sanitaria y de la invasión de Ucrania gracias a las decisiones del Gobierno de España que les ha proporcionado recursos extraordinarios de más de 30.000 millones de euros al margen del sistema de financiación. Gracias a estos recursos, pudieron mantenerse los servicios públicos, la protección de la ciudadanía y nuestro tejido productivo.

Hay que recordar que es la ciudadanía quien hace uso de los servicios públicos y contribuye con sus impuestos a financiarlos. Por ello, tenemos que situar a las personas en el centro del debate. Solo si pensamos en satisfacer sus necesidades y aspiraciones podremos lograr el consenso político y territorial para hacer realidad un sistema de financiación aceptable para todos.

Del mismo modo apostamos por la mejora continua de la eficiencia en el gasto público, a través de los planes de revisión de gasto (spending review) y la evaluación de las políticas públicas, en un claro ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Defendemos que unas cuentas públicas saneadas y sostenibles son la mejor garantía para el presente y también para las futuras generaciones. En ese sentido, a pesar de la ausencia de reglas fiscales tras el impacto de la pandemia, hemos desarrollado una política fiscal y presupuestaria prudente y eficiente, protagonizando un descenso continuado de las ratios de déficit. Esto implica un compromiso explícito con la consolidación fiscal, al mismo tiempo que hemos posibilitado una inversión récord en políticas tractoras de la economía.

España merece un debate serio y riguroso sobre fiscalidad, con propuestas que vayan en línea de lo que marcan los organismos internacionales para promover una economía dinámica y competitiva, asumiendo los retos de la transformación digital y la transición ecológica mientras blindamos y fortalecemos nuestro estado del bienestar.

Por todo ello proponemos:

.1.10. Economía social

La economía social española es un ecosistema clave para la transformación y la resiliencia de la economía, así como para la generación de empleo decente, incluyendo el empleo inclusivo para aquellas personas en riesgo de exclusión social y para la contribución a la transición verde y digital en línea con los objetivos de la Unión Europea.

En España operan más de 43.100 empresas y entidades de la economía social que generan alrededor de 2,2 millones de empleos directivos e indirectos, y que operan en todos los sectores de actividad.

Continuaremos impulsando la economía social en España, y para ello:

.1.11. Turismo sostenible

El turismo es un importante motor para el crecimiento de la economía española y supone una fuerza transformadora extraordinaria, capaz de mejorar la vida de millones de personas, contribuyendo al desarrollo económico, a la generación de empleo y a la cohesión social y territorial.

España es un país líder, tanto en llegadas de turistas internacionales como en gasto. Los puntos fuertes de nuestro país son los recursos patrimoniales naturales y culturales, la calidad de nuestros destinos y productos turísticos, así como una red extraordinaria de infraestructuras y un alto nivel de seguridad.

El mercado turístico español ha llegado a representar cerca del 13% del PIB y del total del empleo, cifras que nos permiten afirmar la importancia del sector para la economía española y los logros de un mercado turístico que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas.

Sin embargo, nuestra industria turística se enfrenta a importantes retos de transformación y adaptación hacia un modelo turístico más sostenible e inteligente. Un modelo acorde a una realidad en constante cambio que debe hacer frente a los desafíos de la lucha contra el cambio climático, la digitalización, las tendencias internacionales y la maximización de la satisfacción de la experiencia en destino del turista.

Conscientes de la importancia del sector y de los retos de carácter transversal a los que debe hacer frente, el Gobierno de España ha impulsado durante estos años importantes medidas para proteger, reforzar y avanzar en la transformación del sector. Ejemplo de ello son las medidas de protección puestas en marcha ya antes de la pandemia, como la aprobación de la línea de ayudas por la quiebra de la turoperadora Thomas Cook por un total de 700 millones de euros para las empresas turísticas afectadas por el impago de la compañía quebrada.

Ante los peores momentos de la crisis de la COVID-19, el sector fue receptor de un apoyo económico público sin precedentes que pretendía paliar los nocivos efectos de la caída de la actividad provocada por unas restricciones imprescindibles para contener la propagación de un virus mortal.

Como medida más eficaz contra la destrucción de puestos de trabajo, se aprobaron los ERTES, financiados por el Estado, que beneficiaron a 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Además, los préstamos ICO, los fondos de solvencia a empresas estratégicas del sector, los 7.000 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas para subvencionar a fondo perdido las pérdidas de empresas y pymes, las prestaciones por cese de actividad a autónomos, la renegociación de alquileres, moratorias hipotecarias y aplazamientos de deudas tributarias, contribuyeron a sostener al sector.

Y para potenciar la recuperación se aprobó el Plan de Impulso del sector turístico, dotado con 4.262 millones de euros.

Gracias al esfuerzo colectivo, la implicación del sector y las medidas gubernamentales adoptadas ha sido posible la recuperación del turismo en nuestro país y su decisiva influencia positiva en la economía nacional. De hecho, el Banco de España ha señalado que los ingresos derivados del turismo impulsaron el superávit en la balanza por cuenta corriente un 2,6% en 2022, pasando de 11.500 millones a 11.800. Pero no podemos olvidar las lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia, con un alto impacto sobre la actividad turística. Es imprescindible avanzar en un modelo que haga al sector más sostenible y resistente ante nuevas adversidades o la aparición de nuevos competidores.

Es necesario continuar en el camino iniciado de modernización y competitividad del sector turístico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en su componente 14. Esto se ha traducido ya en ayudas a planes de sostenibilidad turística en destino, en planes nacionales que han promocionado el Xacobeo, el turismo enogastronómico y los destinos de sol y playa, en subvenciones de patrimonio con uso turístico, en ayudas para los territorios extrapeninsulares, y en planes de mejora de la oferta experiencial que España pone a disposición de sus visitantes, con la mirada puesta en atraer turismo de calidad.

En esta dirección, desde el PSOE tenemos como objetivo transformar el modelo turístico en base a la desestacionalización, la desconcentración y la diversificación, empleando la digitalización, el uso inteligente de datos y la sostenibilidad como palancas.

o Partimos de un modelo con un claro componente estacional. Nuestro clima determina en buena medida las temporadas de las distintas modalidades turísticas (sol y playa en época estival, esquí en invierno, etc.). Por ello, trabajaremos juntos con las administraciones públicas territoriales y la iniciativa privada para alargar la temporada, mejorar las capacidades de destino, diversificar la oferta turística, desestacionalizar la demanda y repartir los beneficios del turismo a lo largo de todos los meses del año.

o Partimos de un modelo concentrado, en el que los destinos de sol y playa suponen el 65% de la oferta y la demanda. Seguiremos apostando por los destinos maduros y apoyando a los nuevos destinos emergentes repartidos por todo el territorio, mejorando la accesibilidad y la movilidad.

o Apostaremos por la diversificación. Queremos poner en valor todos los productos turísticos, poniendo el foco en el turismo cultural o el turismo rural. El turismo más tradicional ya se complementa con una nueva oferta turística que queremos potenciar. El turismo deportivo, el de congresos, el gastronómico, el industrial o el musical son algunos de los ejemplos. El turismo enogastronómico va más allá del carácter complementario y ya se ha convertido en sí mismo en un importante producto turístico que pone en valor los productos de proximidad y la cultura de los territorios, avanzando con ello en sostenibilidad y en desestacionalización.

o Acompañaremos a las empresas y a los destinos turísticos en el uso de la digitalización y aprovechamiento de los datos como palanca para adaptarse a las nuevas demandas de los viajeros y a los nuevos modelos de negocio. Para ello, impulsaremos nuevas actuaciones que permitan fomentar un entorno digital que favorezca la competitividad de las empresas turísticas.

o Defenderemos que España siga posicionándose como referencia mundial en turismo y como una alternativa moderna, competitiva y a la vanguardia en la transformación del modelo hacia la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial. En esta sostenibilidad aplicaremos medidas destinadas a contribuir a un turismo respetuoso con el medioambiente y los recursos naturales, así como medidas dirigidas a garantizar el empleo digno y el equilibrio entre los visitantes y los residentes.

De acuerdo con estos objetivos promoveremos las siguientes medidas:'

.1.12. Comercio

El comercio es un sector estratégico para nuestro país, que representa el 13% del valor añadido bruto de nuestra economía, correspondiendo el 5,2% al comercio minorista. Pero, además, es un elemento clave para la revitalización en nuestros pueblos y ciudades, porque donde hay comercio hay activación de la vida social, generando un efecto arrastre sobre otras actividades económicas, culturales, deportivas y lúdicas.

El comercio interior se configura como esencial para el necesario proceso de transformación de nuestras empresas, impulsando la sostenibilidad, la digitalización, la economía circular y los productos de cercanía y calidad. Desde el PSOE creemos que el comercio de proximidad es un verdadero factor de desarrollo económico, social y cultural y que requiere de una coordinación sólida y estrecha con todas las administraciones, asociaciones y Cámaras de Comercio para la puesta en marcha de actuaciones conjuntas que permitan a nuestras empresas avanzar hacia su necesaria transformación.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está suponiendo una enorme oportunidad para impulsar el comercio tanto en el medio urbano como en el rural, favoreciendo su modernización, sostenibilidad y digitalización, y mejorando su presencia en todos los canales de distribución. Para el trienio 2021-2023 los fondos europeos han permitido una dotación presupuestaria de 415,6 millones de euros para las líneas de mercados sostenibles, zonas rurales, zonas turísticas y el fondo tecnológico.

Respecto al comercio exterior, durante los últimos años, este sector ha ganado competitividad, la base de empresas exportadoras crece de forma continuada y el comercio de servicios ofrece todavía un gran potencial de crecimiento, demostrando que las empresas españolas han sido capaces de adaptarse, reinventarse y seguir compitiendo en los mercados internacionales.

España apoyará una Unión Europea abierta al comercio exterior, motor de crecimiento y prosperidad. Por ello, es fundamental tanto evitar la fragmentación de nuestro mercado interior, como preservar la apertura al exterior y abrir nuevos mercados para aumentar las posibilidades de suministro y de exportación para nuestras empresas.

Esto no es impedimento para reconocer que la globalización, junto con otros fenómenos simultáneos, como el cambio tecnológico, pueden tener costes de ajuste y efectos distributivos importantes dentro de cada economía y que no siempre han sido tenidos suficientemente en consideración. Las políticas públicas deben orientarse a potenciar estos efectos positivos y a reducir o compensar los eventuales costes, de forma que los beneficios alcancen a todos y no dejen a nadie atrás.

Por todo ello, desde el PSOE nos comprometemos a trabajar en las siguientes medidas:'

1.12.1. En materia de comercio interior

1.12.2. En el ámbito del comercio exterior
.1.13. Política industrial para un modelo productivo en transformación
.1.14. La mejor españa conectada y digital

El Partido Socialista Obrero Español, en su acción de gobierno, ha estado comprometido con la transformación digital del país. La sociedad, la ciudadanía y las empresas están en un proceso de transformación global y digital que es clave para el país y para la competitividad de su economía. Esta es una realidad que debemos seguir apoyando y reforzando, desde una perspectiva humanista.

El PSOE ha demostrado saber responder con eficacia a los retos que supone la transformación digital de las empresas y de la sociedad. España avanza a buen ritmo en su proceso de digitalización y así lo demuestran los indicadores como el DESI, que nos sitúan en el puesto número siete dentro de la lista de los Estados miembros, cuatro puestos con respecto a 2018.

España Digital 2026 es la estrategia que ha engarzado nuestras actuaciones para el sector digital, consiguiendo mejorar nuestras fortalezas y desarrollar e impulsar nuevos servicios y las infraestructuras necesarias. Una clara apuesta por convertirnos en una referencia digital en el mundo.

Esta agenda tiene como objetivo una digitalización inclusiva que impulse el estado del bienestar, la igualdad de oportunidades y que contribuya, además, a la cohesión social y la vertebración territorial del país. Con esto se busca el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía vivan donde vivan. Porque si algo caracteriza a la acción de los gobiernos del PSOE es la búsqueda del cierre de todo tipo de brechas (sociales, económicas o de otro tipo). Ha sido, por tanto, una actuación prioritaria el cierre de la brecha digital, empezando por la de conectividad.

Al hablar de la brecha digital, hay dos elementos principales: la red de fibra óptica y la conexión de alta velocidad por satélite. Con ambas, hemos cerrado la brecha digital, llevando la conexión de alta velocidad al 100% del territorio en 2023. Dos años antes de lo previsto.

La conectividad digital es clave para poder desarrollar los proyectos económicos y vitales en todo el territorio, fijando población y permitiendo una mejor cohesión social y territorial. Gracias a los fondos europeos Next Generation, el gobierno socialista ha invertido más de 1.000 millones de euros para lograr la conectividad digital en el 100% del territorio. Con la extensión de la fibra, hemos logrado que 9 de cada 10 hogares tengan ya banda ancha, posicionando España como el país con las mejores infraestructuras digitales de Europa y uno de los mejores a nivel mundial. Además, con el programa “conéctate35” de Hispasat, hemos logrado llevar ya en 2023 la alta velocidad a todas las zonas remotas, rurales y poco pobladas de España, con una tarifa plana de 35 euros al mes, cerrando la brecha digital entre el ámbito rural y urbano dos años antes de lo previsto.

No podemos olvidar que las redes son aquellas infraestructuras que sirven de puertas a la sociedad digital. Mediante su extensión y mejora en la velocidad, estamos logrando garantizar la igualdad entre todos los españoles y españolas.

Estos servicios dan acceso a oportunidades económicas, culturales, sociales y personales; fomentan el surgimiento de nuevos modelos de negocio, de prosperidad y bienestar. Esto ayuda a fijar la población en el territorio, especialmente, en las zonas más en riesgo de despoblación, contribuyendo así a convertir toda España en un país más igualitario y más cohesionado.

Para permitir el acceso a los servicios digitales para toda la ciudadanía, España dispone de una infraestructura de conectividad digital de alto rendimiento, seguridad y sostenibilidad. Una red optimizada para aprovechar las últimas tecnologías de fibra óptica en redes fijas y para conectar sistemas inalámbricos innovadores como 5G o la futura evolución del 6G.

Con estas medidas, hoy 9 de cada 10 hogares tienen acceso a redes de al menos 100 Mbps mediante fibra óptica. Unos datos que se alcanzarán en el ámbito rural en 2024. Hemos reducido la brecha digital a 18 puntos porcentuales.

Sobre la fortaleza que supone la extensa red de telecomunicaciones del país, hemos cimentado la digitalización de España.

Es imprescindible aprovechar las enormes posibilidades de la economía del dato. La principal medida impulsada es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA). Esta estrategia será una pieza fundamental para aprovechar las oportunidades derivadas de la inteligencia artificial y de la transformación digital e impulsará la modernización del modelo productivo español. El desarrollo de esta estrategia ha permitido posicionar a España como un polo de atracción de inversión y talento internacional.

Las pymes españolas son la base de la economía de España y no podían quedar al margen de esta transformación digital que estamos viviendo. Desde el PSOE, conscientes de su gran importancia para la economía del país, hemos puesto en marcha programas con características muy innovadoras y que permiten el acceso a la digitalización a las pymes españolas. El programa Kit Digital, garantiza el acceso a aplicaciones y servicios esenciales para ser competitivas en la economía digital. La digitalización nos ofrece un elenco de oportunidades sin precedentes y a su vez nos plantea una serie de desafíos que no podemos obviar. Por ello, implementamos la Carta de Derechos Digitales de España, que se ha convertido en un referente en el establecimiento de principios y normas que permitan impulsar la innovación tecnológica sobre una base humanista.

En esta línea, hemos puesto el foco en la necesidad de que toda la ciudadanía tenga acceso a todos los beneficios que supone la digitalización en el mundo actual. Por ello impulsamos el Plan Nacional de Competencias Digitales. Este plan ofrece las herramientas necesarias para participar en la sociedad digital y no dejar a nadie atrás. El PSOE está comprometido con la modernización de la administración pública para hacerla más accesible para las empresas y el público en general. Para ello ha desarrollado de forma proactiva nuevos servicios, sobre todo en los ámbitos de la salud, la identificación digital, la ciberseguridad, las aplicaciones móviles y la integración de la IA en el sector. El desarrollo de la app Mi Carpeta Ciudadana es una de las más revolucionarias herramientas puestas en marcha para seguir garantizando el desarrollo de una administración ágil, eficiente y orientada al ciudadano.

Pero el gobierno socialista no ha impulsado, solamente, unas infraestructuras y servicios digitales que son ejemplos europeos de política digital. Su apuesta por la puesta en marcha de sectores innovadores ha implicado el lanzamiento de un Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de semiconductores y microelectrónica, alineado con la estrategia europea de soberanía digital y garantía de la seguridad en la cadena de suministros.

En la misma línea, el lanzamiento del Plan “España, hub audiovisual de Europa” aspira a convertir a nuestro país en un referente de las industrias culturales de Europa y de todo el mundo. Un plan ambicioso que ha puesto a España como referente para el desarrollo de todo tipo de proyectos audiovisuales.

Nuestro convencimiento es que la transformación digital nos llevará a tener un país más igualitario, más próspero y mejor para toda la ciudadanía.

Continuaremos desarrollando medidas que mejoren la cohesión social y la vertebración territorial. Seguiremos avanzando en facilitar que la ciudadanía, tengan acceso a una conectividad accesible y asequible en cualquier punto del territorio. Una sociedad que ya es digital no puede permitirse dejar fuera de la misma a colectivos importantes de su población.

Con nuestras medidas, promovemos un entorno que permita a nuestras empresas beneficiarse de la conectividad y de los incrementos de la productividad y de las oportunidades de negocio asociadas a la transformación digital.

Continuaremos contribuyendo a la capacitación digital de la ciudadanía y las empresas, fomentando la empleabilidad y respondiendo a las necesidades de las empresas promoviendo el talento digital. Poniendo siempre al ciudadano como el centro de la toma de decisiones, garantizando sus derechos, en un entorno de transformación completa de la sociedad.

Todo ello, aprovechando las ventajas de las soluciones digitales para favorecer la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo de la cohesión territorial y el crecimiento de la economía.

Queda un importante camino por recorrer para seguir garantizando el desarrollo de una administración ágil, eficiente y, sobre todo, orientada al ciudadano. En este sentido, y a pesar de que es necesario garantizar unos servicios públicos digitales de calidad, también es necesario garantizar la presencialidad cuando esta sea imprescindible.

1.14.1. Derechos digitales para la democracia del futuro

1.14.2. Medidas para afrontar el reto de la ciberseguridad en el nuevo contexto geopolítico
1.14.3. Una españa competitiva que apoya la trasformación digital de las empresas, las administraciones y del tejido productivo
1.14.4. Un plan de infraestructuras digitales para abrazar la disrupción tecnológica
1.14.5. Una digitalización inclusiva para impulsar el estado del bienestar, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la vertebración territorial
1.14.6. Convertir a españa en un agente relevante en el ámbito de la microelectrónica y los semiconductores
1.14.7. La economía de la lengua y la digitalización

El PERTE de la Nueva Economía de la Lengua tiene el objetivo de movilizar inversiones públicas y privadas para maximizar el valor del español y las lenguas cooficiales en el proceso de la transformación digital a nivel mundial. Se trata de impulsar toda la cadena de valor de esta nueva economía de la lengua, del conocimiento y de la inteligencia artificial que están en el centro de la digitalización. Este PERTE cuenta con una inversión pública de 1.100 millones de euros y aspira a movilizar otros 1.100 millones a través de la colaboración público-privada y es parte del Plan de Recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation EU.

El castellano y las lenguas cooficiales son unos recursos de enorme valor y potencial que debemos cuidar, potenciar y aprovechar como legado para el bienestar de las siguientes generaciones, abriendo opciones y oportunidades a nuestros jóvenes.

Nuestro objetivo es que España sea el nodo central de la inteligencia artificial en español y que los sistemas integren la riqueza de nuestras lenguas cooficiales en beneficio de la economía y, sobre todo, de las personas.

.1.15. El sector agroalimentario. protagonista de las oportunidades del desarrollo rural español

1.15.1. Defendemos el valor social y económico de un sector primario sostenible, innovador y de calidad

El Partido Socialista Obrero Español tiene un compromiso con el medio rural, y lo entendemos hoy, más que nunca, como un espacio vital para el desarrollo sostenible de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Entendemos la pluralidad y riqueza de nuestro territorio reconociendo la importancia de las diferentes tradiciones y culturas del medio rural y sus comunidades locales.

Reconocemos la importante interrelación que existe entre este espacio y los entornos urbanos, una relación que, por igual, requiere de una interdependencia eficaz y justa. La relación entre los entornos urbanos y rurales debe mantener un diálogo permanente en el que se fundamenta la cooperación en términos de complementariedad territorial, prestación de servicio y calidad ambiental.

El PSOE es el partido que mejor entiende y defiende la España rural y por ello tenemos un compromiso con el mundo rural y el sector agroalimentario. No se puede entender un país mejor sin entender la realidad de las zonas rurales, sus medios y recursos, de sus tradiciones, sus realidades económicas y sociales, y de los retos de futuro para afrontarlos con una visión integradora e igualitaria que permita responder a estos desde la ilusión compartida por un futuro mejor para nuestros pueblos del medio rural en alianza y cooperación con las grandes ciudades.

La base del sector la constituyen alrededor de 900.000 explotaciones agrarias repartidas por el territorio, ocupando una superficie total de 23,9 millones de hectáreas de superficie agraria utilizada.

La industria agroalimentaria constituye nuestro mayor subsector industrial, con más de 30.000 empresas que aportan una cuarta parte de la facturación de toda la industria manufacturera y una quinta parte del empleo. La gran mayoría (cerca del 80%) son pequeñas y medianas empresas, y las cooperativas y otras entidades de economía social tienen un peso destacado.

Asimismo, contamos con más de 3.600 cooperativas agroalimentarias que aglutinan más de 1.100.000 socios y tienen una fuerte vinculación con el territorio, generando 123.700 empleos directos. Su facturación supone el 68% del valor de la producción final agraria y el 28% de las ventas de la industria agroalimentaria.

Por otro lado, la actividad pesquera es una actividad de larga tradición en España que además de su papel como fuente de alimentos de alta calidad y baja huella en carbono, ayuda a fijar población en las zonas costeras y dinamizar su economía. La flota española, con 8.657 buques ocupa el primer lugar de la flota UE-27 en tonelaje bruto, y el tercer lugar en número de buques y en potencia.

El conjunto de la flota española capturó en el año 2022 un total de 1.303.617 toneladas de pescado, de las cuales, 807.697 toneladas se capturaron en aguas nacionales y de la Unión, 333.639 toneladas en aguas internacionales, y 162.280 toneladas en aguas de terceros países incluyendo al Reino Unido. El valor de mercado de estas capturas alcanzó los 2.252 millones de euros en 2022.

El sector agroalimentario como elemento vertebrador del mundo rural y de la creación de riqueza y empleo en el medio rural. El conjunto del sistema agroalimentario y pesquero aporta más del 10% del PIB y da empleo a 2,8 millones de personas. Desde que el Partido Socialista Obrero Español entró a liderar el Gobierno de España en junio de 2018, los afiliados a la Seguridad Social se han incrementado en cerca de 50.000 nuevos afiliados en las ramas vinculadas al sistema agroalimentario y pesquero, lo que es una muestra de la pujanza de este sector con el gobierno del Partido Socialista.

Somos un país que exportamos nuestros productos agroalimentarios de calidad a todo el mundo, es una de nuestras señas de identidad. La pujanza y estabilidad del sector agroalimentario y de la producción ecológica también se ve reflejada en las exportaciones agroalimentarias, dado que, en este período, las empresas españolas han sido capaces de incrementar las exportaciones agroalimentarias, desde los algo más de 48.000 millones de euros en 2018, a los más de 68.500 millones de euros en el último año móvil a febrero de 2023, con una balanza neta (exportaciones menos importaciones) de cerca de 14.000 millones de euros. En este contexto será clave seguir avanzando en el despliegue del PERTE agroalimentario como apuesta del gobierno del Partido Socialista para la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector.

Agricultura familiar y cooperativismo agroalimentario. La combinación necesaria para asegurar el futuro del sector. Porque la agricultura familiar y profesional es un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad alimentaria y la cohesión social y territorial de las zonas rurales. En este contexto, la apuesta por el desarrollo normativo específico y el fomento de la agricultura familiar serán fundamentales para que las pequeñas y medianas explotaciones familiares sigan siendo la piedra angular de nuestro sistema agroalimentario.

La eficiencia en el uso del agua será un elemento fundamental para la mejora de la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones agrarias. El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español ha comprometido, en los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, algo más de 5.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. Además, para la modernización y nuevos regadíos ha comprometido más de 2.130 millones de euros, actuaciones que en su mayor parte ya se están desarrollando y que suponen el volumen de inversiones en regadíos más ambicioso en lo que llevamos de siglo.

Esta es nuestra apuesta de futuro para el sector donde a través de la planificación y la inversión, no sólo en infraestructuras, a través también en la generación de conocimiento e innovación y el uso de nuevas tecnologías digitales y el asesoramiento agrario, nos va a permitir conciliar las necesidades del sector agroalimentario con la necesaria protección de los recursos naturales para asegurar la viabilidad y el futuro de nuestra agricultura.

Las mujeres como motor del desarrollo de las zonas rurales. Seguimos apostando por el fortalecimiento del papel de las mujeres como motor para el desarrollo empresarial en el medio rural, con el fomento del emprendimiento de impacto social, el desarrollo de la titularidad compartida y la promoción de actuaciones de formación como la red de aulas mentor y las microacreditaciones.

Jóvenes una apuesta por un sector con futuro. En la nueva PAC se han previsto en torno a 230 millones de euros anuales para apoyar el relevo generacional, la mayor cifra destinada a este objetivo en los 60 años de historia de la PAC. Las nuevas oportunidades para los jóvenes y las mujeres no deben verse solo en el plano económico, estas se deben acompañar de otros incentivos. Para ello el gobierno socialista ya ha puesto en marcha otros programas como el Programa cultiva de estancias formativas en explotaciones modelo, la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario o el Programa Campus Rural por el que más de mil jóvenes universitarios en 2023 van a poder realizar prácticas formativas en entornos rurales.

Iniciativas que vamos a fortalecer y seguir promoviendo para asegurar el futuro sostenible, igualitario e integrador del medio rural y de los pueblos para una España mejor.

1.15.2. Retos de futuro

El futuro del sector agroalimentario, pesquero y acuícola pasa por seguir mejorando su competitividad y sostenibilidad, en su triple vertiente: ambiental, económica y social. Hubo un tiempo en que el objetivo era producir más, luego fue producir con más calidad. Ahora el reto es producir mejor, es decir, de forma más eficiente y respetuosa con el medio, con los recursos naturales, con la sociedad y el bienestar animal.

Debemos aprovechar las ventajas de la economía circular y mejorar la rentabilidad, optimizando los costes e incrementando el valor añadido.

Y esto es posible gracias al conocimiento, la innovación, el talento humano, unas adecuadas estructuras de transformación y comercialización y, por supuesto, las inversiones necesarias.

Para ello, contamos con el potente instrumento de la Política Agrícola Común y el Plan Estratégico para su aplicación en España, diseñado entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los representantes del sector y la sociedad civil. Además, de forma extraordinaria, contamos con el apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permite llevar a cabo inversiones clave para impulsar la innovación, la digitalización y la mejora de la sostenibilidad. En total, sumando los fondos europeos y la cofinanciación estatal y autonómica suponen más de 54.000 millones de euros en el período 2021-2027. Se trata del mayor aporte de financiación comunitaria para el sector agroalimentario desde la entrada de España en la Unión Europea.

El sector pesquero se enfrenta al gran reto de la modernización y renovación de sus buques de cara a la transición energética y descarbonización, pero también para disponer de barcos más seguros, más confortables desde el punto de vista de la habitabilidad a bordo, con mayor conectividad y más tecnológicos. En definitiva, para hacer la pesca del siglo XXI con barcos del siglo XXI. Este reto está muy directamente relacionado con otro de los grandes retos de futuro del sector pesquero, como es el relevo generacional, tanto de tripulantes como de armadores.

Es necesario contar no solo con los adecuados instrumentos de apoyo, para incentivar las inversiones necesarias o el relevo generacional, sino también con un marco normativo adecuado y una gobernanza eficaz, que permita a los productores obtener una remuneración justa por sus producciones y evitar prácticas desleales. En el ámbito pesquero contamos con la Política Pesquera Común y la recientemente aprobada Ley 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. En la acuicultura, contamos con la contribución de España a las Directrices Estratégicas para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva 2021-2030 (EsAcui 21-30).

Contamos por lo tanto con los instrumentos y el programa adecuado para un sector estratégico en nuestro país, necesario para garantizar la seguridad alimentaria de forma sostenible.

Por unos pueblos con futuro.
El Partido Socialista Obrero Español ha sido el partido que ha liderado la priorización de las políticas dirigidas a la lucha contra el fenómeno de la despoblación que llevaba ocurriendo durante varias décadas. En este contexto hemos hecho una apuesta clara por la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario para que los habitantes del medio rural, los jóvenes, hombres y las mujeres, pueden desarrollar su modo de vida y con ello fortalecer la autonomía agroalimentaria y el equilibrio social y territorial en España.

Y lo vamos a seguir haciendo porque no se puede entender la mejor España sin entender la realidad de las zonas rurales, de sus tradiciones y de los retos de futuro para afrontarlos con una visión integradora e igualitaria que permita responder a estos retos desde la ilusión compartida por un futuro mejor para nuestros pueblos del medio rural en alianza y cooperación con las grandes ciudades.

Un pacto por un futuro del medio rural en la era digital. Desde el Partido Socialista Obrero Español vamos a continuar con la mejora de la conectividad en el medio rural para generar nuevas oportunidades de desarrollo. Desde 2018, la diferencia de cobertura en zonas rurales respecto al total del país se ha reducido a más de la mitad, pasando del 42% en 2018 a solo 18% en 2022. En 2025, continuando por esta senda, la vamos a llevar al 100% de la población. Finalizaremos el despliegue de programas desarrollados por el gobierno del Partido Socialista, como Único Banda Ancha con 500 millones de euros ya invertidos, Único Demanda Rural con internet de banda ancha satelital a 35€ y vamos a llevar la nueva era de la digitalización a través del 5G a todos los municipios rurales con 680 millones de euros de inversión para posibilitar el despliegue de estas redes.

La mejora de la conectividad y de las capacidades digitales, nos va a permitir continuar fortaleciendo al sector de las tecnologías auxiliares agroalimentarias. Vamos a posicionar a este sector como un referente global.

Un pacto por los servicios accesibles en el medio rural. El gobierno del Partido Socialista ha realizado una apuesta decisiva por el desarrollo de los servicios públicos en el territorio. Apostamos por la ampliación de la educación infantil de 0 a 3 años con la creación de más de 65.000 nuevas plazas, muchas de ellas en el medio rural. La apuesta por la Formación Profesional con la creación de más de 250.000 nuevas plazas, que ya está permitiendo que los jóvenes y mujeres puedan tener un futuro en las nuevas profesiones vinculadas a la doble transición climática y digital. Asimismo, la apuesta por el refuerzo de la atención primaria y la digitalización de los servicios sanitarios para una atención personalizada y el desarrollo de nuevos modelos de atención a las personas más humano y sostenible para lo que se han destinado más de 3.000 millones de euros para un nuevo modelo de economía de los cuidados.

Para asentar la mejora y accesibilidad de estos servicios clave en el medio rural, desde el PSOE, vamos a impulsar un marco normativo que fije el criterio de proximidad de los servicios públicos y su acceso a los habitantes del medio rural, evitando que ningún municipio quede fuera del radio básico de menos de 30 minutos de acceso a los servicios públicos.

1.15.3. El sector agroalimentario como garantía de autonomía alimentaria, sana, segura y de calidad

1.15.4. Pesca y acuicultura. un país que cuida de los recursos del mar y a su sector

1.15.5. Un sector cinegético que participa de la sostenibilidad del mundo rural

2. Una agenda verde para garantizar el bienestar de hoy y el del mañana

Desde junio de 2018 hemos gobernado para conseguir una sociedad más justa, reduciendo desigualdades y modernizando nuestro tejido productivo. La transición ecológica es una de las herramientas para conseguir estos objetivos. Hemos trabajado para transformar nuestras ciudades, nuestra movilidad, la energía, la industria y los servicios buscando la mayor eficiencia en el uso de los recursos, soluciones respetuosas con el medio ambiente y el sistema climático, conservando y restaurando ecosistemas y haciendo de nuestros municipios sitios sanos y saludables, pensados para los vecinos.

En estos años, hemos activado un cambio profundo de nuestro sistema energético, haciéndolo más eficiente y renovable. Lo hemos hecho acompañando a trabajadores, trabajadoras y consumidores domésticos e industriales, persiguiendo una transición justa, pero dando cobertura en los momentos difíciles, no sólo para reducir la pobreza energética y generar oportunidades en las comarcas del carbón, sino también en el área de influencia de la central nuclear de Garoña, abandonada por el PP, que ahora cuenta con un plan específico. También en los tiempos duros, en los que la COVID nos encerró en casa o en los meses en los que la energía se convirtió en un arma de guerra en manos de Putin.

Hemos conseguido contener los precios de la energía gracias a las medidas domésticas y a las soluciones que hemos construido en Europa. Y esto nos ha permitido contener la inflación y mantener una senda positiva en la inversión, el PIB y el empleo.

Porque queremos que la transición energética sea fuente de innovación, modernización de sectores industriales clásicos y germen de una nueva industria; queremos que sea una fuente de empleo de calidad y que reduzca nuestra costosa dependencia de suministros energéticos del exterior.

Queremos que baje la factura de los hogares, que contribuya a una movilidad limpia y silenciosa, a barrios y casas eficientes, a ganar el espacio urbano para las personas y a recuperar la naturaleza en nuestras ciudades.

Que la transición energética sea una manera de entender el uso de los recursos para preservar su disponibilidad para el futuro y que genere valor añadido en el modo en que producimos. Por eso, es tan importante el impulso de la economía circular y el ecodiseño, la capacidad de recuperar y reutilizar minerales, textiles, metales o baterías, de evitar el desperdicio alimentario, de mejorar el rendimiento de lo que utilizamos y de buscar nuevos materiales que desplacen a los que resulte más difícil obtener o reciclar.

Por eso, también, el agua debe ser gestionada de manera inteligente y eficiente. Es un recurso clave para nuestro bienestar y el de sectores tan importantes como la agricultura, el turismo, la energía o la industria. Pero lo es también para los ecosistemas. Es imprescindible anticipar la disponibilidad de agua en futuros escenarios climáticos que muestren un incremento e intensidad de los periodos de sequía, compatibles también con lluvias torrenciales. Queremos garantizar el abastecimiento de agua en todos nuestros hogares y su predictibilidad para los usos económicos, que tendrán que ser cada vez más eficientes y adaptados a la disponibilidad del recurso. Nuestros planes hidrológicos ofrecen seguridad, apostando por la eficiencia, la buena gestión y la inversión en desalación, reutilización y digitalización de todo el ciclo del agua. Sin olvidar su papel fundamental en la conservación de ecosistemas, fijando caudales ecológicos que garanticen el buen estado del río en todo momento.

Queremos culminar este nuevo enfoque en la gestión de los recursos hídricos y completar y modernizar nuestras infraestructuras de saneamiento y depuración. La conservación de nuestros ecosistemas y su restauración, –tanto de espacios emblemáticos como el Mar Menor, Doñana, las Tablas de Daimiel o el Delta del Ebro, así como entornos menos conocidos en los cauces de los ríos, el borde litoral, espacios marinos o del interior– resulta fundamental. Queremos preservar nuestros suelos, impulsar la bioeconomía, proteger a quienes nos protegen y protegen nuestra biodiversidad y nuestros montes y bosques. Esto exige compromiso, regulación y acción, facilitar la participación, el diálogo y el consenso.

Tenemos una responsabilidad ética también hacia los seres vivos no humanos, considerados como “seres sintientes” en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto del bienestar y la protección animal tendremos en cuenta siempre los avances científicos, así como las iniciativas de las instituciones europeas, compatibles con el desarrollo económico y social.

Un compromiso sobre el terreno que, desde lo local, garantice la calidad de vida, para que el menú básico de servicios públicos esté disponible a no más de 30 minutos del lugar donde se viva.

Una responsabilidad regional y nacional, que vele por el bienestar de personas, ecosistemas y animales. Pero una responsabilidad también con el resto de nuestros socios, en Europa y el Mediterráneo, con aquellos con los que sentimos fuertes lazos culturales y de historia o vecindad común, en América Latina o África. Una responsabilidad para hacer frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la protección del océano y la prosperidad de todos. Una responsabilidad en la que la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible han de inspirar nuestra acción y el modo en el que contribuimos a tejer lazos de cooperación y progreso común.

2.1. Energías renovables y reindustrialización verde, un plan para un nuevo modelo energético y productivo

2.1.1. Desarrollo del potencial renovable y nuevas tecnologías

La política energética llevada a cabo por el Gobierno durante esta legislatura ha demostrado su eficacia, multiplicando exponencialmente la presencia de energías renovables. Por ello, vamos a consolidar el desarrollo de nuestro potencial:

España, con el Gobierno socialista al frente, ha abierto en Europa el debate sobre la reforma de mercado eléctrico, algo que, al principio de la legislatura, parecía un tabú y que, como medida transitoria durante la crisis, logró la “solución ibérica” que ha permitido ahorrar miles de millones de euros a los consumidores españoles y portugueses y ha sido reclamada por consumidores en otros países europeos.

2.1.2. Un nuevo horizonte de reindustrialización a través de la cadena de valor de las energías renovables y de la generación de nuevas oportunidades de empleo

Las energías renovables son nuestra mejor herramienta para para reducir la factura energética, además de nuestra mayor ventaja competitiva como país. No solo generan energía, también generan nuevas oportunidades industriales y puestos de trabajo cualificados. Aprovecharemos el liderazgo español en transición energética para seguir impulsando una auténtica agenda de reindustrialización: apoyándonos en la competitividad generada por las renovables y los bajos costes de la energía que generan y respondiendo a nuevas exigencias que nos permitirán ser líderes en ámbitos punteros y de creciente demanda como el acero verde.

Las energías renovables y sus tecnologías y materias primas asociadas nos permiten construir un nuevo modelo productivo basado en la innovación, el conocimiento y el uso eficiente de los recursos. Nos permiten desarrollar nuestro potencial industrial y lograr oportunidades de empleo de calidad, mejor remunerado y estable.

2.1.3. Garantizar la justicia social en el acceso a la energía para los consumidores vulnerables

La transición energética no puede olvidar a los consumidores más vulnerables. Durante esta legislatura hemos reforzado las ayudas a través del bono social, especialmente, ante la crisis energética que hemos vivido. Debemos continuar en esta dirección para acabar con la lacra que supone la pobreza energética.

2.1.4. La transición justa, un modelo de éxito social en la reconversión industrial y energética

2.2. Mejores oportunidades, calidad de vida y equilibrio de ecosistemas en el medio rural y el medio urbano

2.2.1. Infraestructuras, transporte y movilidad

El PSOE ha planteado un nuevo enfoque para la movilidad, las infraestructuras, y las políticas urbanas guiados por un mismo propósito de modernidad, sostenibilidad e inclusión. Un enfoque marcado por el nuevo contexto tecnológico, ambiental, social y económico, así como por nuevas prioridades políticas en la acción de Gobierno, donde la movilidad cotidiana ha ganado protagonismo.

Avanzamos hacia una España más verde, más digital y cohesionada, un país en el que la movilidad y el transporte serán herramientas decisivas para la igualdad de oportunidades de las personas. Abanderamos el desarrollo sostenible sobre el que pivotará el nuevo modelo productivo que se está alumbrando.

El progreso ha de ser un aliado en la mejora de nuestra calidad de vida. Ha de permitirnos ciudades más humanas y habitables, transportes más seguros, respetuosos con el medio ambiente y accesibles para todas y todos.

Desde el primer momento comenzamos a trabajar en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 para adecuar las políticas de movilidad e infraestructuras de la próxima década al nuevo contexto global. Un contexto marcado por la necesidad de descarbonizar la economía, por dar respuesta al cambio climático, por la digitalización y la irrupción de nuevas tecnologías en el ámbito de la movilidad, así como todos los desafíos asociados al reto demográfico y a la inclusión social.

La estrategia responde también a la necesidad de adaptar la actividad a la nueva realidad de nuestra red de infraestructuras. Una vez superadas las carencias de conectividad básicas del siglo pasado y con una de las redes más completas del mundo, las prioridades se centran en optimizar su uso, priorizar las soluciones de movilidad cotidiana, su digitalización, la intermodalidad y la seguridad y garantizar su mantenimiento y conservación, sin perjuicio de la necesidad de completar las redes transeuropeas.

Hemos puesto las bases de una verdadera política de infraestructuras del transporte sostenible en la que el derecho a la movilidad, la seguridad y la transformación verde y digital han sido nuestra prioridad. Y en estos cuatro años que vienen queremos seguir trabajando para revertir el déficit de inversión de los últimos años de los gobiernos del PP.

Entendemos la movilidad como un derecho esencial para poder acceder a otros derechos fundamentales, como son el trabajo, la sanidad, la educación o el ocio.

1. Apuesta decidida por el ferrocarril

Los y las socialistas contemplamos las infraestructuras como la herramienta básica para la cohesión del territorio, Deben estar al servicio de las personas, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y de la competitividad de nuestro tejido productivo. En su desarrollo primamos cómo hacer que estas sean menos contaminantes. En estos años, hemos defendido y aplicado un gran cambio. El ferrocarril ha pasado a ser la principal fuente de inversión porque es un elemento fundamental en la lucha contra el cambio climático y un transporte eficiente.

1.1.1. Cercanías y rodalies

Apostamos por la red de Cercanías y las Rodalies por su proximidad y relevancia en el día a día de tantos españoles y españolas.

1.1.2. Alta velocidad

España tiene la red más extensa de alta velocidad de Europa. Haremos que la alta velocidad sea accesible a todos y todas y en todo el territorio, aumentando cada vez más su potencial y aprovechando al máximo su capacidad.

1.1.3. Corredores transeuropeos

Tenemos un compromiso firme con el desarrollo de los corredores transeuropeos. Apostamos por corredores multimodales que integren la infraestructura ferroviaria con los otros modos de transporte, gracias a nodos y terminales. Esto mejorará no solo las líneas de alta velocidad, sino especialmente las líneas ferroviarias convencionales.

1.1.4. Transporte ferroviario de mercancías

Potenciaremos el tren como medio de transporte de mercancías. Complementará al transporte de mercancías por carretera y aumentará su eficiencia. Es esencial continuar trabajando para mejorar su sostenibilidad desde una triple perspectiva: ambiental, económica y social.

2.1.2. Electrificación de la red de carreteras

Vamos a redefinir el modelo de carreteras para adaptarlas a los retos de la digitalización y sostenibilidad y a los vehículos del futuro. Electrificar la movilidad es uno de los grandes retos de nuestro país: reduce las emisiones, acelera la descarbonización de nuestra actividad e impulsa a nuestra industria automovilística.

2.1.3. Transporte de mercancías por carretera

El transporte marítimo de mercancías es fundamental para la actividad económica española, sosteniendo la mayor cuota modal en el comercio exterior. España, por su situación y longitud de costa, tiene que maximizar su liderazgo en este sector.

  • Trabajaremos para devolver el prestigio a la profesión de conductor de camión, mediante la implantación de un plan transversal para impulsar la FP en el sector, facilitando la obtención del carnet de conducir C+E. Reforzaremos la seguridad del gremio y realizaremos actuaciones de divulgación para la atracción de talento al sector, así como otras medidas que acerquen esta profesión a jóvenes y mujeres.
2.1.4. Red de carreteras del estado

La Red de Carreteras del Estado es uno de los grandes garantes de la cohesión territorial de nuestro país y uno de los instrumentos más importantes para asegurar la movilidad y la igualdad de oportunidades. Por ello, continuaremos trabajando en la ampliación de los diferentes ejes y en la mejora de los existentes basándonos en criterios de seguridad, mejora de la funcionalidad y conectividad.

2.1.5. Movilidad metropolitana

La movilidad en los diferentes entornos de las áreas metropolitanas de nuestras grandes ciudades requiere una especial atención. De la misma forma que trabajaremos para la mejora de las cercanías, también lo haremos para transformar y mejorar nuestras redes viarias metropolitanas, reformulando los accesos a las áreas metropolitanas.

2.1.6. Seguridad viaria

La seguridad viaria debe ser un pilar fundamental en las políticas de desarrollo de la red de carreteras.

2.1.7. Transporte marítimo de mercancías

El transporte marítimo de mercancías es fundamental para la actividad económica española, sosteniendo la mayor cuota modal en el comercio exterior. España, por su situación y longitud de costa, tiene que maximizar su liderazgo en este sector.

2.1.8. Transporte aéreo

El transporte aéreo es otro elemento esencial por las circunstancias de nuestra geografía, extensión bicontinental y la realidad insular.

2.1.9. Aeropuertos

Con el fin de ganar competitividad, realizaremos las inversiones necesarias en los aeropuertos para poder atender la demanda esperada, con los más altos niveles de seguridad, favoreciendo la conectividad de largo radio, así como su adaptación sostenible para poder hacer frente al reto de la descarbonización de la aviación.

2.1.10. Movilidad sostenible y activa

Uno de los factores que puede mejorar la transición ecológica ligada a la calidad de vida de las personas es conseguir un sistema que garantice una movilidad sostenible de cercanía y baja en emisiones.

2.1.11. Digitalización de la movilidad

2.3. Lucha contra la contaminación y eficiencia en el uso de los recursos. hacia una economía circular e innovadora

2.3.1. La economía circular como oportunidad de un nuevo sector económico y de empleo verde. residuos y reducción de plásticos de envases

En línea con la Unión Europea, hemos aprobado e impulsado un paquete normativo en materia de economía circular y residuos que, por un lado, puede atraer nuevos mercados en el entorno rural y, por otro, solucionar los problemas ambientales que genera el entorno urbano.

2.3.2. Mejora de la gestión de residuos en el espacio urbano

Seguiremos acompañando a las comunidades autónomas para el mejor tratamiento de los residuos y el fomento del compostaje en el entorno urbano (ejecución PERTE Economía Circular).

2.3.3. Contaminación por plásticos en la costa y el mar y otros espacios naturales

La contaminación por plásticos es uno de los grandes desafíos del s XXI. Por eso, es necesaria una correcta gestión que evite la afectación al paisaje, al suelo, a la vegetación y a los ecosistemas acuáticos.

2.4. El derecho al medio ambiente y la participación ciudadana. un país que aborda con valentía la emergencia climática desde la justicia social y la equidad

2.4.1. Derecho a un medio ambiente saludable y a la seguridad climática

2.4.2. Impulsaremos mayor ambición climática en el ámbito internacional y la búsqueda de acuerdos para la preservación de océanos, la biodiversidad y la reducción de plásticos

Gracias a la acción de Gobierno, España ha consolidado una posición de liderazgo en la diplomacia climática, tanto a escala europea como internacional, liderando los debates europeos y globales sobre el clima como en la Cumbre Climática Chile-Madrid- Tiempo de Actuar celebrada en 2019.

2.4.3. Revisión al alza de los compromisos climáticos de españa

Europa ha comprometido su neutralidad climática de aquí a 2050, en coherencia con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Para ello, los países de la Unión Europea han fijado un objetivo vinculante intermedio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, el 55 % en 2030 (con respecto a niveles de 1990).

  • Para contribuir a este objetivo, en la medida que corresponde a españa, nos comprometemos a revisar periódicamente, siempre al alza, los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así como en la revisión de este plan remitida a Bruselas en el pasado mes de junio.

2.4.4. Las personas en el centro de la toma de decisiones de la acción climática

La ciudadanía es consciente de los retos que el cambio climático supone para su bienestar y para la economía del país. Por ello, exigen respuestas efectivas por parte de los responsables públicos y de las empresas, pero también es necesario que participen activamente en el diseño de políticas climáticas que reduzcan la huella de carbono. Este compromiso social quedó patente en las recomendaciones surgidas de la Asamblea Ciudadana por el Clima, promovida por el Gobierno y que fueron entregadas al Congreso de los Diputados.

2.5. Conservación y restauración de la naturaleza. el medio ambiente como principal garante de la salud

2.5.1. Un país más resiliente y adaptado al cambio climático

Los escenarios climáticos previstos para España indican una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, como las sequías e inundaciones. En coherencia con la Declaración de Emergencia Climática que adoptamos en 2020, seguiremos integrando la variable climática en todas las políticas públicas, muy especialmente, en aquellas que afectan a la seguridad de las personas, los equipamientos y los bienes.

2.5.2. Anticipación frente a las sequías, inundaciones y la desertización

2.5.3. Prevención de incendios, gestión forestal y protección del medio rural

Es necesario continuar desarrollando e integrando en las políticas ambientales medidas de protección y adaptación frente a los riesgos derivados del cambio climático, paliando sus consecuencias y aumentando nuestra prevención y preparación ante fenómenos extremos, como sequías, inundaciones o incendios.

2.5.4. Preservación de la biodiversidad y los ecosistemas. acuerdo 30x30

España atesora un valioso patrimonio natural, siendo el país líder de la Unión Europea en espacios protegidos, con más de un 30% de su territorio integrado en la Red Natura 2000. Para conseguir el objetivo de Acuerdo 30x30, y mantener ese liderazgo, tenemos que acelerar la protección de nuestros espacios marinos, ya que la protección del océano y la conservación de los ecosistemas marinos es imprescindible para aportar medios de vida sostenibles, estabilidad climática, bienestar humano y salud global.

2.5.5. Preservación del patrimonio natural de los humedales

5.6. Garantizar el agua para las generaciones futuras

En política de agua anticiparemos respuestas al impacto del cambio climático. Los Planes Hidrológicos de tercer ciclo, recién aprobados, incluyen medidas para hacer frente a escenarios más extremos. Se trata de unos planes que fortalecen la previsibilidad, incorporan recursos no convencionales, promueven una gestión eficiente y se dotan de la adecuada flexibilidad.

Es imprescindible incorporar al conjunto de la sociedad al cambio cultural que ese esfuerzo de adaptación supone. Hablamos de un derecho, el del acceso al agua, que no admite exclusión alguna y que requiere del concierto de todas las administraciones, sectores productivos, colectivos ciudadanos y del mundo de la ciencia para lograr un pacto social. Ese pacto ha de sustentarse sobre tres pilares: ahorro, eficiencia y reutilización, porque no podemos malgastar hoy el agua que nuestros hijos necesitarán mañana.

2.6. Una agenda urbana centrada en el bienestar de las personas

2.6.1. Salud y medio ambiente

Las ciudades deben recuperar el espacio público para los vecinos, naturalizando el urbanismo, mejorando la calidad del aire para garantizar la salud pública, integrando peatonalización y movilidad sostenible y adaptando su fisonomía y sus equipamientos al cambio climático. Debemos garantizar el derecho a vivir en ciudades saludables, libres de la contaminación del aire, de la contaminación lumínica y del ruido; donde medio ambiente y salud sean sinónimos.

El Gobierno debe estar centrado en promover entornos saludables para la población, con un enfoque global basado en la ciencia y perdurable en el tiempo. Un medio ambiente sano constituye la base insustituible de nuestra salud y nuestra calidad de vida.

Es necesaria, además, la reducción sistemática de toda forma de contaminación, para evitar los riesgos hacia ecosistemas, la salud y la calidad de vida (contaminación química, contaminación acústica y lumínica).

Otro de los factores decisivos para la transición ecológica ligada a la calidad de vida de las personas es conseguir un sistema que garantice una movilidad sostenible de cercanía y baja en emisiones.

.2.7. Reduciendo la desigualdad eliminamos la brecha rural-urbana

España está creciendo demográficamente. En 2023, hemos superado por vez primera los 48 millones de habitantes, ha aumentado la esperanza de vida y la llegada de población dinamiza la pirámide demográfica. Este crecimiento está llegando también al medio rural. Desde 2019, el número de personas que han decidido residir en pueblos supera las 220.000. Y, entre ellas, una parte importante son mujeres (más de 100.000) y jóvenes (aproximadamente, 100.000 menores de 35 años). En la actualidad, el problema de pérdida de población se concentra en las ciudades intermedias (incluso algunas capitales de provincia en el interior peninsular) para las que es necesario establecer una estrategia y prioridades de ayuda desde el punto de vista de la población.

Eliminar la brecha urbano-rural es garantizar la calidad de vida para las personas que viven en el medio rural y los que quieren residir en nuestros pueblos. Servicios próximos y de calidad, vivienda, internet y empleo son las bases sobre la que se sostiene la política para nuestros pueblos.

2.7.1. Servicios básicos de calidad, accesibles y a 30 minutos máximo en el mundo rural

2.7.2. Más innovación y mejores oportunidades en el mundo rural

2.7.3. Vivienda asequible y eficiente para nuestros pueblos

2.7.4. Mejor atención a las personas: refuerzo de la calidad de vida en el mundo rural

2.7.5. Pueblos seguros. seguridad ciudadana y de los negocios del medio rural

2.7.6. Equilibrio entre el medio urbano y el rural: desconcentración de la administración y las instituciones

2.7.7. Atención al mundo rural en la acción de gobierno y la legislación

2.7.8. Las mujeres como motor del desarrollo económico del medio rural

  • Potenciaremos la red de aulas mentor que ha crecido en los últimos años un 79%, con el objetivo de que los habitantes del medio rural, especialmente, las mujeres, puedan acceder a una formación que les permita desarrollarse personal y laboralmente, mejorando su cualificación profesional y sus oportunidades de empleo en el marco de la doble transición climática y digital.

2.7.9. La juventud para un medio rural y un sector agroalimentario vivo y con futuro

3. Un ascensor social que garantice el bienestar y la igualdad de oportunidades para los jóvenes

El conocimiento es un factor clave en el desarrollo y crecimiento económico en una sociedad, y qué duda cabe que es un factor de mayor relevancia no solo para explicar sus causas, sino también sus efectos. Así pues, los procesos e instituciones por los que se producen, se crean, se adquieren y se desarrollan las competencias y capacidades para la ciudadanía, determinan las posibilidades y niveles de desarrollo social y económico, pero también las condiciones en las que las personas pueden disfrutar de dichos beneficios de dichos desarrollos y crecimiento. Además, la ciencia, la innovación y la creatividad son sectores y actores que pueden contribuir más desde una concertación de instituciones públicas y privadas y donde estas primeras pueden generar condiciones para un especial desarrollo y ejercer un papel emprendedor para la creación de valor.

Las dos pasadas legislaturas han inaugurado una nueva etapa de atención a los derechos de la juventud. Las personas jóvenes presentaban enormes vulnerabilidades en sus procesos de transición a la vida adulta, vinculadas a su precariedad laboral, su incapacidad de emanciparse o formar una familia. Para darles solución, el Gobierno socialista ha abordado un ambicioso programa de mejora de las condiciones de vida de los jóvenes en cuestiones cruciales para su bienestar material. Hemos actuado en las cuestiones más directas y de transformación inmediata, aprobado subidas sin precedentes del SMI, aumentándolo en casi un 50%, o una reforma laboral que ha hecho que pasemos de que solo 1 de cada 3 personas jóvenes tuvieran un contrato estable a que ahora sean 3 de cada 4. En materia de vivienda, el bono de alquiler joven, la ley de vivienda y el compromiso de alcanzar el 20% de vivienda pública son y serán claves para garantizar la emancipación de la población joven. Por otro lado, no podemos olvidar la inversión récord en becas (2.520M€), el bono cultural, la apuesta por un transporte público asequible, colocar la salud mental como una prioridad política o poner en marcha las primeras becas para jóvenes opositores.

El PSOE tiene un objetivo claro: asegurar por la vía de los hechos que las personas jóvenes no van a vivir peor que sus padres y que la sociedad española les ofrece un catálogo de medidas en favor de sus oportunidades y derechos acorde a su progresiva asunción de responsabilidades. Sin embargo, en España continuamos padeciendo una situación anómala: los jóvenes hasta los 30 años tienen una tasa de paro anormalmente alta y su edad de emancipación del hogar familiar es también anormalmente avanzada. Ambos aspectos son síntomas claros de una realidad: la juventud española necesita mayores oportunidades de empleo y mayores oportunidades de emancipación. Dar a la juventud española las oportunidades que se merece es uno de los grandes proyectos del PSOE en la nueva legislatura.

Así pues, derecho de acceso al conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su auténtica perspectiva de futuro sostenible para el conjunto de la sociedad y de desarrollo individual generalizado y justo en la participación de sus beneficios. La educación, la cultura, la ciencia y la investigación son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo. En ellas se basa la efectiva innovación, que tiene, a su vez, una profunda dimensión social.

Un programa de acción de gobierno que afronte semejante desafío ha de ser consciente de las causas y atender con realismo y eficacia las raíces con las que nutrir todo el sistema para que resulte efectivamente transformador. Se trata de una tarea colectiva que requiere participación y procedimientos claros y compartidos y seguir apostando por procesos de acuerdo. Se requiere estabilidad, legislativa y normativa, de objetivos y de recursos a largo plazo. Así lo ha hecho en esta legislatura el Gobierno socialista en materia de ciencia e innovación y en lo destinado en la educación y la FP.

La posibilidad de acceso al derecho a la educación mediante un sistema público y el desarrollo cultural son la base de una sociedad equitativa, con igualdad de oportunidades y con posibilidades para lograr una verdadera calidad, que no se reduzca a determinados resultados en la adquisición de conocimientos, por otra parte, imprescindibles. La educación, como señalaba Jaques Delors, “encierra un tesoro y este es que constituye el derecho que hace posible el resto de los derechos”. Y este proceso es más significativo en el mundo del siglo XXI donde el conocimiento es el punto de apoyo de su propio desarrollo y evolución. La empleabilidad y la preparación para el ejercicio profesional precisan de una formación consistente y versátil, pero no es un mero aprendizaje técnico. Se trata de derechos decisivos para el pleno ejercicio de la ciudadanía que han de garantizarse desde la primera infancia. Esto implica, a su vez, tener al alcance recursos y las mismas oportunidades de aprendizaje con independencia de sus condiciones socioeconómicas y culturales de partida.

Todos los análisis internacionales nos muestran que hay una correlación entre la inversión en conocimiento y el desarrollo social y económico de los países. España ha iniciado el giro hacia una sociedad del conocimiento, hacia la innovación, hacia el incremento de la productividad y hacia la generación de valor añadido, que solo se puede sostener sobre la base de una participación activa del recurso más importante con el que cuenta una sociedad: un capital humano formado, con iniciativa, productivo y capaz de contribuir activamente al proceso de transformación económica y social que necesita España.

Los centros de investigación, y muy singularmente las universidades, constituyen una referencia decisiva y son el verdadero horizonte del progreso social y económico a través de la generación y la transferencia del conocimiento, y es preciso articular estrategias que definan la singularidad en sus entornos geográficos y sociales y lograr en torno a ellos polos de mejora en todos los sentidos.

Los socialistas concebimos la educación, la ciencia y la cultura como vértebras constitutivas de una sociedad equilibrada, con posibilidades y justa, y aportamos compromisos específicos para lograrlo. No cabe hablar de una nueva economía que no sea una economía del conocimiento y que no tenga en su núcleo la formación, la innovación y la creatividad. Ofrecemos, por ello, los cauces y las medidas para lograrlo y lo hacemos con una perspectiva acorde con los retos europeos establecidos para las próximas décadas ante retos de tanta trascendencia como es la digitalización, la lucha contra el cambio climático y el incremento de la longevidad.

El acceso educación de calidad para todos es parte indispensable del Estado del Bienestar, es un derecho esencial en un sistema democrático y ha demostrado ser uno de los mecanismos más eficaces para promover la igualdad. Estas son razones consolidadas que hacen de la educación un asunto central de los programas socialistas.

La educación constituye un elemento indispensable para construir un modelo social de cohesión, desarrollo sostenible y contribuir al derecho de cada individuo a lograr su proyecto de vida personal. Es, por tanto, una de las piezas indispensables para asegurar el actual Estado de Bienestar actual y también el futuro.

Para que sea en efecto así es preciso que el conocimiento se sitúe en la escala de valores como un factor decisivo que ha de ampararse asimismo con los compromisos y los recursos necesarios. Y más aún, de una autentica participación social en la ciencia, su divulgación y su papel determinante para la toma de decisiones políticas. La ciencia debe ser un pilar esencial de la toma de decisiones políticas y no debemos renunciar a que forme parte de un bien social, la ciencia pública.

En la cultura residen dos dimensiones complementarias entre sí, como ocurre con las dos caras de una moneda, sin la una no hay la otra. La cultura es un servicio público y también es una industria. Esta sencilla pero potente premisa permite utilizar su enorme potencial para contribuir al bienestar, la libertad y la convivencia. En definitiva, un virtuoso desarrollo de ambas dimensiones de la cultura serán garantía de progreso.

Los socialistas tenemos en nuestro ADN la conciencia de la importancia y trascendencia emancipadora que el derecho de acceso a la cultura tiene para los hombres y mujeres.

En cada momento que el socialismo ha tenido oportunidad, y desde su acción de Gobierno, ha dado pasos trascendentales para el avance de la cultura. Conscientes de su enorme efecto y su importancia, supuso un elemento central de la construcción de la sociedad democrática desarrollada en los años ochenta, cuando estaba todo por hacer, desterrando la idea de que la cultura era producto de unas élites para sí mismas y que era un fruto solo para iniciados por mor del privilegio y la selección social. Somos testigos de que aquellos avances fueron muy importantes y hoy defendemos con claridad que el derecho de acceso a la cultura es parte del catálogo de derechos de Estado de Bienestar de las personas, idea que gracias a la Declaración de Florencia ha calado ya en el conjunto de las instituciones y que el confinamiento por la COVID-19, ha puesta con más fuerza de manifiesto.

El siglo XXI ha traído avances y nuevas perspectivas para la política cultural y su papel en el desarrollo de la sociedad. Los socialistas hemos puesto también el acento en la oportunidad que constituye esta segunda dimensión de la cultura como recurso, como sector económico de enorme trascendencia y que puede ser determinante para la creación de empleo y contribuir decisivamente a la consolidación de un modelo sostenible de alto valor añadido para nuestro proyecto de desarrollo económico.

El conocimiento y la efectiva oferta de oportunidades es la clave que puede hacer posible para nuestra juventud un futuro próspero y de avance en el bienestar en sus vidas. La apuesta por hacer de ello un elemento central en el desarrollo de España, y garantizar participar de este desarrollo, es lo que permitirá garantizar su derecho a desarrollar su proyecto de vida con plenitud.

POR UNA EDUCACIÓN EXCELENTE Y EQUITATIVA A LO LARGO DE LA VIDA La herramienta más importante para avanzar en igualdad y en la construcción de una ciudadanía responsable y exigente es la educación pública. Además de la función de “ascensor social” y de instrumento para lograr el empoderamiento individual, una educación inclusiva y de calidad es imprescindible para garantizar un progreso económico basado en el conocimiento, y consolidar una democracia basada en los principios de convivencia, cooperación, solidaridad o participación.

La educación es el pilar fundamental para una sociedad culta, libre y crítica, que tenga confianza en sí misma y en su futuro. Además, es un factor decisivo para la cohesión social y para el desarrollo personal, para que todos y todas nos enriquezcamos. Nuestro sistema educativo debe afrontar nuevos desafíos para universalizar una educación de excelencia que eleve, sin que nadie se quede atrás, el nivel cultural y de cualificación y garantice la empleabilidad a lo largo de la vida.

El Gobierno socialista ha logrado transformar y modernizar la educación española, pasando de la política del recorte y la involución a la política educativa de la inversión, la innovación, la excelencia y la equidad. El último presupuesto de Mariano Rajoy se situó en 2.525 M€, el presupuesto de educación ha alcanzado en el 2023 los 6.408 M€, un 254% más.

La última legislatura ha supuesto un avance histórico en igualdad de oportunidades con el récord en recursos y beneficiarios para becas: 2.500 M€ para más de un millón de estudiantes, y se han creado programas de cooperación territorial para ampliar la educación infantil 0-3, mejorar resultados educativos, para ampliar la oferta de formación profesional, reforzar la inclusión o avanzar en bienestar emocional.

La escuela pública tiene un papel esencial para garantizar el derecho a la educación y ser ante todo una escuela de las oportunidades y de excelencia; una escuela justa, no segregada, comprometida con la compensación de las desigualdades socioeconómicas y de acceso al conocimiento, con los mejores recursos materiales y humanos para asegurar la máxima equidad y reducir al mínimo el abandono escolar; el objetivo es seguir avanzando hacia una educación inclusiva e integradora que proteja el bienestar emocional del alumnado, con atención a las necesidades individuales de cada uno. Por eso reforzaremos el servicio público de la educación, constituido por centros y escuelas públicas inclusivas, protegiéndolo frente a la tendencia segregadora, que impulsan otros partidos políticos.

3.1. Por una educación excelente y equitativa a lo largo de la vida

3.1.1. Más y mejores oportunidades educativas

  • Ampliaremos el derecho a la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, universalizando la escolarización de 0 a 18 años, no mediante la obligatoriedad sino promoviendo de forma gradual una oferta suficiente de plazas públicas gratuitas, tanto de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, como de formación profesional, junto a un esquema de garantía formativa 16-18 que ayude a reducir el abandono temprano y refuerce la igualdad de oportunidades en las zonas rurales y en los barrios urbanos más vulnerables.
  • Reforzamos la equidad y la mejora de resultados educativos con programas de refuerzo y apoyo educativo en horario extraescolar y unidades de acompañamiento para acabar con el riesgo de absentismo, fracaso escolar, repetición, y abandono temprano de la educación. Más recursos y formación específicos para afrontar con éxito la respuesta educativa. Además, destinaremos más recursos a los departamentos de orientación de los centros de complejidad social. Reforzaremos los Departamentos de orientación con profesorado de Servicios a la Comunidad en centros de complejidad social. Mejoramos la formación en lengua extranjera. Crearemos una línea de becas y ayudas destinadas a un nuevo Programa de intercambio internacional para el alumnado de Bachillerato y FP de Grado Medio. Fomentaremos la participación en proyectos de movilidad y la internacionalización del alumnado y profesorado.

3.1.2. Una escuela que protege el bienestar emocional de sus alumnos

  • Tolerancia 0 ante el acoso. la escuela debe ser un lugar para la convivencia, la tolerancia y la prevención de la discriminación. Por ello, reforzaremos los contenidos educativos orientados a la mejora de la convivencia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos. Abordaremos con especial atención todos aquellos aspectos que, en colaboración con la comunidad escolar, especialmente las familias, organizaciones y municipios, permitan prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación y atender a sus víctimas.
  • Incorporaremos al observatorio de convivencia el cuidado del bienestar de la comunidad Educativa, con actuaciones encaminadas a la recogida de información y análisis de la situación del bienestar emocional y de elaboración de propuestas para prevenir problemas de salud mental y para la mejora del bienestar, con representantes de todos los sectores (educación, sanidad, servicios sociales, ayuntamientos...) impulsando la figura del coordinador de bienestar y seguridad en todos los centros educativos.

3.1.3. El centro educativo. un espacio exigente y excelente de aprendizaje ante los retos de nuestra sociedad

  • Impulsaremos una bajada de ratio en aquellos centros que presenten un proyecto de mejora. El objetivo es que los alumnos aprendan más y en mejores condiciones, escalonando la bajada de ratios con criterios de equidad y de innovación transformadora del propio centro. Con el objetivo de: facilitar las transiciones entre etapas y elevar el éxito escolar, y promover desdobles de refuerzo en Primaria y ESO hacia la excelencia y el alto rendimiento educativo.
  • Fomentaremos desde las etapas más tempranas la creatividad, el gusto por aprender y de emprender, las vocaciones científicas y tecnológicas (en las que nuestro país tiene déficit actualmente), y lo haremos especialmente entre niñas y mujeres para superar prejuicios y barreras invisibles que están limitando su acceso a estos estudios y profesiones; así como el uso crítico de Internet y de las redes sociales, fomentando siempre unas pautas de actuación basadas en la ética y los valores compartidos de convivencia y solidaridad.
  • Impulsaremos programas de fomento y estímulo de la lectura para mejorar la competencia y comprensión lectora del alumnado, capacitar para la búsqueda, análisis y procesamiento crítico de la información recibida en diferentes tipos de soportes, elaborar sus propios mensajes y desenvolverse con éxito en la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento.
  • Digitalización con paso decidido y seguro. impulsaremos el uso de plataformas de gestión y comunicación con toda la comunidad educativa, la mejora de los procesos de colaboración entre el profesorado a través de la red y las oportunidades de participación del alumnado para una transformación digital más democrática, abierta y centrada en el aprendizaje, el bienestar y los cuidados de toda la comunidad educativa.
  • Crearemos un instituto de desarrollo curricular con el fin de estudiar la modernización y la actualización permanente del currículo básico, de modo que garantice una formación integral, para adquirir las competencias necesarias ante los cambios sociales, ambientales y tecnológicos, desde una posición profesional e independiente, y con participación de la comunidad educativa.

3.1.4. Docentes motivados, formados y ampliamente reconocidos para alcanzar la excelencia educativa

  • La profesión docente es cada vez más compleja y los entornos en los que trabaja el profesorado plantean cada vez más retos y desafíos, que implican nuevas competencias profesionales y más carga administrativa. Por ello, diseñaremos e implementaremos, en coordinación con las CCAA, la nueva carrera docente y aprobaremos el Estatuto del Docente.

3.1.5. Un sistema educativo con nuevos servicios, más justo, participativo, que no se desentiende de la desigualdad social

  • Para facilitar la conciliación familiar, para evitar que la educación en la sombra genere desigualdad, para impulsar la escuela pública y cumplir con la función social de la educación, crearemos un Programa de conciliación en el ámbito escolar. Un programa de cooperación territorial que facilite una oferta gratuita de actividades extraescolares y refuerzo educativo en los centros públicos (refuerzos, talleres de lectura, manualidades, actividades deportivas, culturales, etcétera), con la implicación y colaboración mediante convenios con las distintas administraciones.
  • Seguiremos reforzando el sistema de becas para que ningún alumno o alumna se vea forzado a renunciar por falta de medios económicos. Aumentaremos la dotación de las becas en algunos conceptos e incorporaremos nuevas becas para colectivos con necesidades específicas, alumnado de centros de 2a oportunidad, alumnado que realice las pruebas de acceso a la universidad (exención de las tasas), y regulación de las cuantías de los distintos componentes de la beca (eliminación de la cuantía variable).
  • Crearemos el observatorio de la equidad educativa con el objetivo de dotar al sistema educativo de un instrumento de análisis, seguimiento y evaluación de la equidad educativa a fin de medir y conocer el estado de la equidad en cada una de las enseñanzas, así como el impacto que para conseguir dicho objetivo tienen las becas y ayudas al estudio y los programas de las administraciones educativas que favorecen la equidad y la escolarización equilibrada.

3.1.6. Un sistema educativo democrático y con más servicios

La educación en valores constituye la base fundamental para el ejercicio crítico y responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las personas. En el primer caso, proporciona las herramientas para que el alumnado adopte un compromiso activo y autónomo con los valores, principios y normas que articulan la convivencia democrática. En el segundo, contribuye a la formación intelectual, moral y emocional necesaria para que niños y niñas emprendan una reflexión personal en torno a los grandes retos y problemas que constituyen nuestro presente. La LOMLOE ha supuesto un avance en el ámbito de la formación cívica y en el papel que desempeña el sistema educativo en una formación integral del alumno en los principios constitucionales, los valores que inspiran y marcan la Unión Europea y su importancia para su pleno desarrollo como ciudadanos.

El PSOE está comprometido con la idea de que el sistema educativo puede contribuir decisivamente a la participación activa y razonada, a la interacción respetuosa y cooperativa, a la libre expresión de ideas, al pensamiento crítico y autónomo, a la consideración de las normas y valores comunes, a la mediación y resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles, a la gestión asertiva de las emociones y las relaciones afectivas con los demás y con el medio, de forma que, a través de todo ello, se promueva el desarrollo de una ciudadanía global y comprometida con los retos del siglo XXI.

Existe un sólido consenso político entre las instituciones de la Unión Europea sobre la necesidad de reforzar la educación cívica. Consideramos que este es un camino que gana cada vez más relevancia, haciendo una necesidad el promover acciones en favor de la convivencia, los valores de pluralidad y de lucha contra el populismo y la manipulación en el debate público. Preparar a nuestra juventud para ser personas competentes y preparadas para la ciudadanía del siglo XXI.

  • En el marco de la presidencia de turno de la presidencia del Consejo de la UE, España impulsará, de manera especial, el fortalecimiento de los valores europeos y la ciudadanía democrática. A esta línea de impulso se suma el apoyo a las mejores políticas, el acceso y la calidad en la educación digital y, en especial, la promoción de las vocaciones STEM entre las niñas.

3.2. Formación profesional, un proyecto intergeneracional para un futuro inclusivo

3.2.1. Formación profesional como proyecto de éxito , con una oferta formativa adaptada a las necesidades del mercado laboral, y a las de cada persona y cada empresa

Para garantizar el bienestar individual y colectivo hemos de disponer como país de personas muy bien formadas que puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento y generación de empleos.

El reto ante la economía del siglo XXI, determinante para el futuro económico, el crecimiento y la generación de empleo, es poner a disposición de todas las personas, juventud, mujeres y hombres trabajadores y empresas, una formación profesional que les permita optar, en cualquier momento y con la máxima facilidad, a una formación y actualización permanente a lo largo de toda la vida profesional.

Hemos conseguido la confianza y el prestigio social del nuevo sistema de formación profesional, como una opción de éxito para la juventud, una necesidad para todos los trabajadores y trabajadoras, y el reconocimiento de las empresas.

Es uno de los proyectos más prometedores como país, garantizar el futuro de los jóvenes y su incorporación al mercado laboral. Una juventud con oportunidades de formación y de empleo, de desarrollo personal y profesional, de talento y con proyecto vital. Apenas existe desempleo entre los jóvenes con titulaciones de formación profesional. Por eso, la formación profesional ya no puede ser un itinerario secundario, sino un camino normalizado de éxito. Un itinerario lleno de “paradas”, que permite a cada cual detenerse en su formación allá donde considere y retomarla en cualquier momento de su vida laboral.

Más allá de esto, el sistema educativo deberá progresivamente ir avanzando hacia una perspectiva moderna, en que los itinerarios académicos y profesionales sean permeables, y donde los itinerarios académicos de bachillerato incorporen retos y elementos profesionalizadores.

La concepción de la formación del pasado siglo ha quedado desfasada. Ya no hablamos de formación asociada solo al periodo de la juventud. La formación y cualificación profesional ha dejado de ser una elección para convertirse en parte de la cultura de los trabajadores y trabajadoras, imprescindible para actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias. Debemos garantizar que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, encuentre la formación que necesita para encontrar un empleo, mantenerlo o mejorar su posición.

Contamos con un modelo de formación profesional nuevo y ambicioso, que ha reunido el apoyo de estudiantes y trabajadores, organizaciones empresariales y sindicales, empresas, centros y profesorado. Un modelo al servicio de múltiples objetivos: de una juventud con talento, oportunidades y futuro; del mantenimiento del empleo por parte de los trabajadores; de la transformación de los sectores productivos en plena transición digital y verde que nos sitúe en un lugar privilegiado en el nuevo ecosistema económico; del ascenso de los niveles formativos, reduciendo el abandono educativo temprano; y, por último, al servicio de un modelo poblacional más equilibrado, con oportunidades formativas y de empleo también en zonas con menor población, promoviendo las oportunidades que la deslocalización internacional están abriendo.

3.2.2. Compromiso con los docentes de formación profesional

3.3. Ciencia, innovación y universidad

3.3.1. Universidad: una universidad pública para la transformación y el progreso de lasociedad

Las universidades juegan un papel fundamental como ascensor social y para lavertebración del territorio. Son agentes transformadores de la sociedad y base fundamental del progreso en una sociedad basada en el conocimiento. El modelo que defiende el PSOE es el de una universidad pública sustentada en los valores de igualdad, inclusión y sostenibilidad. Para que eso se cumpla, el Partido Socialista está firmemente comprometido con el aumento progresivo de la financiación estable de sus universidades, con la estabilización de sus plantillas, con el acceso a la educación superior del estudiantado en igualdad de condiciones, con la búsqueda de la internacionalización de las universidades y con la atracción y captación de talento. Las políticas de los gobiernos del PP (2011-2018) redujeron notablemente el número de becas y endurecieron sus requisitos de obtención, generando bolsas de precariedad por la imposibilidad de convocar plazas de profesorado, aumentaron las tasas universitarias y ahogaron a las Universidades públicas por falta de financiación pública.

Desde que el PSOE llegó al Gobierno en 2018, ha desplegado una política universitaria de recuperación de derechos que tiene su mejor ejemplo en la política de becas. Las partidas destinadas a becas universitarias han alcanzado los mayores niveles de nuestra historia reciente, siendo 2023 el año con mayor inversión pública en ayudas al estudio. Se consolida la beca como un derecho subjetivo, vinculada a la situación socioeconómica del estudiante buscando la equidad del sistema. Por otro lado, la política en materia de tasas universitarias emprendida por el Gobierno socialista ha permitido bajar las tasas universitarias, disparadas por las recetas conservadoras aplicadas a la universidad. Para el desarrollo de estas políticas el Gobierno de España ha contado con la alianza e implicación de las Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas que consiguieron amortiguar parte de las políticas de recortes de los conservadores, con medidas como la congelación de las tasas universitarias.

Además, la recientemente aprobada nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario refuerza la financiación pública de las universidades, la reducción de la precariedad, la formación a lo largo de la vida para adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad, el impulso de la movilidad internacional del estudiantado; una carrera académica más predecible, más corta y más estable y más autonomía en la gobernanza universitaria, así como la participación del estudiantado en los órganos de gobierno de la universidad.

Apostamos por una universidad pública y de calidad, independientemente del lugar donde vivan los estudiantes y de los recursos económicos de sus familias.

  • Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio y estableceremos la gratuidad de los estudios universitarios y de FP superior para aquellos alumnos que vayan aprobando las asignaturas a la primera, mediante un sistema de crédito ETC aprobado a la primera = crédito ETC que será gratuito en el siguiente curso. Seguiremos mejorando en cuantías y cantidad los presupuestos, ampliando las necesidades para movilidad y estancias en el extranjero, incluido el programa Erasmus

3.3.2. Ciencia e innovación al servicio del bienestar de las personas

Las sucesivas crisis de estos últimos años han mostrado la importancia de la ciencia para afrontar pandemias o crisis energéticas, así como su papel estratégico en el bienestar actual y futuro del país. Por ello, resulta esencial otorgar un protagonismo a la ciencia en el desarrollo social, en la toma de decisiones políticas y económicas, así como el aumento de la inversión en ciencia e innovación.

Los Gobiernos del Partido Popular deterioraron notablemente el sistema de I+D+I, en especial el sistema público de ciencia. Entre 2010 y 2015, descendió la financiación estatal en más del 30%, siendo el país de la UE que más recortó en este ámbito, a lo que se sumó en un claro deterioro en las condiciones laborales de las personas dedicadas a la investigación. Como consecuencia, desparecieron más de 10.000 plazas de científicos a tiempo completo en el sector público. De igual modo, los recortes crearon un tapón generacional bloqueando la entrada de nuevos investigadores, con una tasa de reposición 0 durante cuatro años (2012-2015). A causa de este bloqueo generacional, muchos jóvenes investigadores fueron obligados a salir de España en busca de oportunidades en otros países. En lugar de tratar la innovación y el desarrollo como una política anticíclica, como hicieron otros países europeos para impulsar la recuperación económica, fue una de las partidas que más recortes sufrió en la aplicación de las políticas de austeridad.

La llegada del PSOE al Gobierno en 2018 supuso un punto de inflexión para la recuperación del sistema de ciencia en España. En primer lugar, la ciencia y la innovación recuperaron su voz en el Consejo de Ministros. En segundo lugar, el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación se ha duplicado hasta alcanzar los 3.991 millones de euros entre 2020 y 2023, siendo España el segundo país de la Unión Europea que más fondos del Plan de Recuperación ha dedicado a la I+D+I. Este aumento de la financiación ha venido acompañado de la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Entre sus principales objetivos está el de garantizar una financiación pública de la I+D+I estable y creciente, con el objetivo de que en 2030 alcance el 1,25% del PIB, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea. Esta senda de crecimiento se ha visto respaldada, además, por un aumento del 20% del presupuesto nacional en I+D+I en 2023. En paralelo, se ha publicado la mayor oferta pública de empleo en el sistema público de ciencia y se ha lanzado el Plan de atracción y retención del talento científico e innovador con el objetivo de facilitar el retorno del talento que en años recientes salió de España ante la ausencia de oportunidades.

De igual modo, debemos destacar el desarrollo de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) como el de Salud de Vanguardia o el Aeroespacial, con el fin de impulsar y fortalecer sectores prioritarios, que, en la agenda del Plan de Recuperación aprobada en junio de 2023, se han visto incrementado en 1.300 millones de euros para acciones de I+D+I. Por otro lado, se ha puesto en marcha un nuevo un novedoso instrumento en política científica, los Planes Complementarios de I+D+I en áreas estratégicas, programas cofinanciados y cogobernados por la Administración General del Estado y las CCAA.

Estas inversiones y reformas ya están dando resultados claros en el cambio de modelo productivo: desde la pandemia, 1 de cada 4 nuevos empleos son en el ámbito de la ciencia y la innovación. En concreto, se han creado más de 270.000 nuevos empleos en dos sectores muy intensivos en conocimiento y que requieren de una alta cualificación como lo son el sector de la digitalización, las telecomunicaciones y el de las actividades profesionales científico-técnicas.

Esta senda debe ser no solo consolidada, sino que abre la puerta a una nueva etapa para España en la que la ciencia y la innovación pueden tener un papel determinante y ser políticas palanca de enorme retorno y utilidad para contribuir decisivamente a un modelo sostenible de desarrollo, mejorar el bienestar de toda la sociedad y luchar contra el cambio climático.

  • Aceleraremos el despliegue completo de la agencia espacial española e impulsaremos la primera Ley del Espacio en nuestro país para desarrollar operaciones y aplicaciones en el cosmos que repercutan en el bienestar y autonomía de nuestra sociedad. Un país líder en sectores punteros como el aeroespacial, que mejoran la vida de la ciudadanía a través de la monitorización y seguimiento del calentamiento global o los desastres naturales.
  • Promoveremos una mayor divulgación en medios sociales de comunicación y de difusión de la información, del trabajo que científicos y Organismos Públicos de Investigación desarrollan, así como el trabajo conjunto con Cultura y con los medios públicos de radiotelevisión para el desarrollo de formatos audiovisuales sobre ciencia y tecnología. Se promoverá en estos contenidos, ofrecer la visibilización e información sobre el papel de la mujer en la ciencia y la historia del desarrollo humano.

3.4. Cultura para la vida, vivir dignamente de la cultura

3.4.1. Cultura, una cuestión de estado

La cultura es un pilar fundamental de nuestra identidad como sociedad, parte indispensable de nuestro Estado de Bienestar y un factor claro para el desarrollo económico de España. El progreso está íntimamente ligado al desarrollo cultural individual y colectivo, como síntoma inequívoco de una sociedad buena, justa y de libertad.

El reconocimiento en el artículo 44 de la Constitución de la cultura como un derecho implica también la obligatoriedad de una actuación pública que promueva el desarrollo cultural y el acceso a los bienes culturales. Es necesario, pues, trasladar desde los poderes públicos y las instituciones educativas la idea de que el acceso a la cultura y la posibilidad de participar en ella es vital para las personas. Así lo ha hecho la UNESCO al ratificar la Declaración de Florencia que reivindica poner la cultura en el centro de las políticas públicas, haciendo de ella una herramienta y una solución para el progreso.

Además, la cultura española es una de las más influyentes a nivel mundial por su idioma, por su potencia creativa en todas las disciplinas artísticas, por el patrimonio cultural material e inmaterial que atesora y por el dinamismo y reconocimiento a su talento.

Representa el 3,5% del PIB y da trabajo a más de 700.000 trabajadores y trabajadoras, siendo también uno de los principales activos de la industria turística, tan esencial en nuestro modelo económico. Además, es un sector creativo por excelencia, algo vital para construir un modelo de desarrollo y crecimiento innovador y sostenible, que nos permita imaginar sociedades con mayor bienestar, más cohesionadas, inclusivas y con mayor salud democrática.

Es necesario, pues, trasladar desde los poderes públicos y las instituciones educativas la idea de que el acceso a la cultura y la posibilidad de participar en ella es vital para las personas. Así lo ha hecho la UNESCO al ratificar la Declaración de Florencia que reivindica poner la cultura en el centro de las políticas públicas, haciendo de ella una herramienta y una solución para el progreso.

La recuperación del rango ministerial para la Cultura fue la primera acción para la dignificación en la política de un sector capital en nuestra sociedad. Una manera de demostrar el papel central que debe jugar la cultura en el proyecto de nuestro país. A lo largo del profundo impacto que ha tenido en nuestra sociedad la pandemia provocada por la Covid-19, el papel de la Cultura en nuestras vidas cotidianas ha quedado más de manifiesto que nunca hasta la fecha. Por ello, por primera vez en la historia, en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se ha incluido la cultura como bien público de carácter esencial, algo especialmente necesario tras los efectos producidos en la pandemia en el sector.

Los socialistas queremos defender que no se debe considerar a la cultura como una parte accesoria de un proyecto político y que constituye un elemento importante del Estado de Bienestar y un recurso para la transformación económica que busca España. Por estas dos razones, el Gobierno de España ha situado la Cultura entre las diez políticas tractoras del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que agrupan los sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social.

Lograr este doble objetivo tiene también cuatro premisas indispensables: la primera es proteger a todos los agentes que componen el entramado cultural, que son los creadores, pero también técnicos, intérpretes y gestores; y es por ello que el PSOE está comprometido con la mejora de sus condiciones de trabajo, jubilación y de salud. La segunda premisa de este objetivo es hacer una política concertada, que permita trazar una ruta de colaboración y una visión estratégica.

La tercera constituye una declaración de propósito con el hemos predicado en el Gobierno y en la oposición: promoveremos el diálogo sobre la cultura con los distintos grupos políticos representados en el Parlamento con el fin de acordar un Pacto de Estado por la Cultura buscando el consenso y fomentando avances que sean lo más estables posibles.

La cuarta premisa parte de entender que la cultura es una competencia compartida del Estado, Comunidades Autónomas y municipios, que necesita una labor coordinada de todos los ámbitos para que desde el apoyo público pueda ponerse en valor todo el ecosistema cultural de forma eficiente y ordenada. Desde el PSOE consideramos que debemos avanzar en promover una legislación general sobre cultura y promover una mayor implicación, cooperación y coordinación de sus protagonistas en el diseño de la política cultural.

Necesitamos reforzar y poner en marcha estructuras e instituciones culturales sostenibles con el máximo consenso y con la dotación de recursos suficientes para desarrollar con total plenitud las políticas públicas culturales que persigan este objetivo. Por todo ello:

Para que la cultura potencie su papel como motor de crecimiento sostenible y tecnológico y alcance todo su potencial a nivel nacional e internacional:

  • Apoyaremos a los creadores, artistas y personas que trabajan en la cultura en el marco que ofrecen las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, contribuyendo al avance y progreso, integrando las nuevas tecnologías en los procesos creativos, sin olvidar el principio fundamental de garantizar la protección de los creadores y artistas, así como una justa remuneración de toda la cadena de valor.
  • Continuaremos con el impulso del “espacio audio” para sacar todo el potencial a las industrias culturales y creativas que utilizan nuestras lenguas oficiales y en particular el castellano como medio de expresión creativa. La música en español, por supuesto, que está viviendo un momento de éxito global que la equipara a la música en inglés por primera vez en la historia, pero también los pujantes sectores del podcast y el audiolibro. Incluyendo acciones de apoyo a la internacionalización.
  • Seguiremos impulsando el sector audiovisual y de videojuegos mediante el programa ‘españa Hub Audiovisual’. El objetivo es aumentar la producción audiovisual en un 30% mediante la movilización de transferencias y préstamos de los fondos Next Generation EU, para apoyar la digitalización y modernización de todas las actividades relacionadas y el impulso del talento en sectores conexos, desde la producción de películas y series hasta los medios de comunicación y los nuevos formatos y mercados emergentes, como los podcasts y los videojuegos, el metaverso y la realidad inmersiva.
  • Continuamos apoyando la prolongación de la actividad de rodaje en españa y la atracción de inversión y de producciones, promoviendo la cooperación con los grandes centros mundiales en el ámbito audiovisual, desde Estados Unidos a la India, con el fin de impulsar una actividad con una gran capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía, desde el turismo a la hostelería, pasando por el maquillaje y peluquería, vestuario, catering, mobiliario, iluminación, postproducción y transporte.
  • Promover la cultura del lenguaje audiovisual y de manera más especifica el Lenguaje cinematográfico, creando así nuevos públicos y promoviendo en generaciones más jóvenes, recuperar la asistencia a las salas de cine. En este sentido, se buscará también promover aquellos grupos de docentes y centros innovadores que hacen uso del cine y el documental como material de apoyo pedagógico y de extensión educativa.
  • Seguiremos consolidando la presencia y el papel de españa como país de referencia en las distintas ferias y festivales culturales de carácter internacional, fomentando, a través de una agencia de exportación específica, que se encargue además del apoyo a la participación de profesionales y empresas en ferias y circuitos profesionales internacionales.
.3.5. Juventud

Las dos pasadas legislaturas han inaugurado una nueva etapa de atención a los derechos de la juventud. Las personas jóvenes presentaban enormes vulnerabilidades en sus procesos de transición a la vida adulta, vinculados a su precariedad laboral, su incapacidad de emanciparse o formar una familia. Para darle solución, el Gobierno socialista ha abordado un ambicioso programa de mejora de las condiciones de vida de los jóvenes en cuestiones cruciales para su bienestar material.

Hemos aprobado subidas sin precedentes del SMI, aumentándolo en casi un 50%, o una reforma laboral que ha hecho que pasemos de que solo 1 de cada 3 personas jóvenes tuvieran un contrato estable a que ahora sean 3 de cada 4. En materia de vivienda, el bono de alquiler joven, la ley de vivienda y el compromiso de alcanzar el 20% de vivienda pública son y serán claves para garantizar la emancipación de la población joven. Por otro lado, no podemos olvidar la inversión récord en becas (2.520M€), el bono cultural, la apuesta por un transporte público asequible, colocar la salud mental como una prioridad política o poner en marcha las primeras becas para jóvenes opositores.

Estas medidas constituyen conjuntamente un proyecto integral, con el empeño de que este sea un buen país para la juventud. Sin embargo, la brecha generacional para poder construir un proyecto de vida digno sigue existiendo. Por ello, reforzar las políticas de juventud de forma transversal en toda la acción de gobierno va a seguir siendo una prioridad para los gobiernos socialistas. El PSOE tiene un objetivo claro: asegurar por la vía de los hechos que las personas jóvenes no van a vivir peor que sus padres.

3.5.1. Educación, formación y cultura

  • Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio y estableceremos la gratuidad de los estudios universitarios y de FP superior para aquellos alumnos que vayan aprobando las asignaturas a la primera, mediante un sistema de crédito ETC aprobado a la primera = crédito ETC que será gratuito en el siguiente curso. Seguiremos mejorando en cuantías y cantidad los presupuestos, ampliando las necesidades para movilidad y estancias en el extranjero, incluido el programa Erasmus

5.2. Vivienda

3.5.3. Movilidad

3.5.4. Salud

5.5. Igualdad

3.5.6. Participación

  • Crearemos el consejo digital joven, con el fin de contar con un órgano consultivo para articular las contribuciones y propuestas de las generaciones más jóvenes en la definición y ejecución de las políticas públicas en el ámbito digital. Dicho Consejo contará con una representación propuesta por las Comunidades Autónomas, las asociaciones juveniles de España y el ámbito latinoamericano.
  • Promoveremos, en diálogo con la sociedad civil, una plataforma digital paraguas para facilitar el acceso a jóvenes que quieran realizar voluntariado a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta iniciativa reunirá a jóvenes voluntarios, organizaciones del tercer sector español e instituciones para conectar las oportunidades de voluntariado a jóvenes interesados y dar apoyo durante un periodo de tiempo determinado a proyectos o programas de acción solidaria a nivel internacional.

3.5.7. Empleo

  • Con el objetivo de garantizar que ningún joven se quede sin una oportunidad Impulsaremos la formación en el empleo para los jóvenes, garantizándoles una protección adecuada con Plan de Choque contra el desempleo juvenil con el mecanismo Pack “FORMACIÓN + EMPLEO” en 12 meses de formación en alternancia con un contrato laboral.
  • Incrementaremos el programa “campus rural”, para la reconexión de la juventud y el medio rural, el relevo generacional en las explotaciones agrarias con el apoyo de más de 210 millones de euros/año para este objetivo, fomentaremos los laboratorios de Innovación Rural para promover iniciativas innovadoras, y reforzaremos la iniciativa de Erasmus rural para favorecer el intercambio de experiencias y de conocimiento entre jóvenes en todo el territorio. Y apoyaremos ampliar esta experiencia a otros países de nuestro entorno.

4. La mejor españa, la españa feminista

4.1. La mejor españa, la españa feminista

El PSOE, de la mano del movimiento feminista, ha estado detrás de los mayores avances que las mujeres han tenido en democracia en España y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de la ola reaccionaria y antifeminista que nos amenaza. Nos enfrentamos a cambios y transiciones ineludibles que necesitamos hacer de manera justa, con las mujeres pilotando y moldeando nuestro futuro común y sus propias vidas. Y necesitamos hacerlo garantizando ganancias en calidad de vida y bienestar; evitando que las mujeres sean malabaristas del tiempo, compatibilizando múltiples roles; viviendo sin miedo a una violencia que se ensaña con las mujeres por el simple hecho de serlo; en una sociedad que permita cuidar a nuestros mayores y dependientes con dignidad y de manera corresponsable; y que permita que nuestras hijas e hijos crezcan sin las cadenas de los estereotipos tóxicos y con las herramientas necesarias para construir una sociedad más justa y una convivencia basada en los valores democráticos. El PSOE apuesta por un feminismo que sume construyendo la mejor España.

Desde la llegada al gobierno hemos puesto en marcha medidas que impactan en las condiciones materiales de la vida de las mujeres y que, por tanto, abundan en su capacidad de emancipación. Fue nuestra prioridad, nada más llegar al gobierno en 2018, impulsar las medidas más urgentes para, por un lado, avanzar en derechos en el ámbito laboral, y por el otro, poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También hemos recuperado derechos y gobernado con los gobiernos más paritarios de la historia de España lo que ha facilitado la transversalidad de género en todo el ciclo político. España ha sido uno de los únicos tres países de la Unión Europea que han incluido la transversalidad de género en sus planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el ámbito de la igualdad en el empleo, aprobamos el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, que disponía: la ampliación de permisos iguales e intransferibles hasta las 16 semanas; obligaciones para las empresas en cuanto a la reducción de la brecha salarial; o la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras y cuidadores no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia (derecho que habían perdido durante los gobiernos del PP), entre otras medidas.

Hemos incrementado la pensión media de jubilación para las trabajadoras y la pensión de viudedad. También hemos subido las pensiones no contributivas, lo que tiene impacto principalmente en las mujeres, junto a los factores correctivos como el complemento para la reducción de la brecha de género.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros también ha sido un factor determinante en el camino para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se ha reducido en casi 4 puntos entre 2019 a 2021 y ha influido en el aumento de la tasa de empleo femenina. Los empleos más precarizados están principalmente ocupados por mujeres, así, el 57,5% de las beneficiarias de esta subida a tiempo completo son mujeres, a pesar de que sólo son el 46,2% de la población ocupada.

La cifra de mujeres afiliadas a la seguridad social ha experimentado un incremento de aproximadamente 640.000 durante los últimos años. En enero de 2023, las mujeres representan el 47,02% de la afiliación total, alcanzando un número de 9.442.857 afiliadas. La tasa de paro femenina ha descendido en casi dos puntos.

La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo ha abierto la senda para acabar en España con la discriminación que históricamente han venido sufriendo las personas que trabajan en el sector doméstico, la inmensa mayoría de mujeres, al reconocer la igualdad de trato con el resto de las personas trabajadoras y mejorar sus condiciones de trabajo y de Seguridad Social. Esta medida ha supuesto un avance sin precedentes en derechos y dignidad para las personas trabajadoras, especialmente en un sector feminizado como el de las empleadas del hogar.

El gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado un compromiso claro e inequívoco en la lucha contra la violencia de género avanzando en legislación y protocolos garantizados por el respaldo presupuestario. Con el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, pusimos en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que el PP estaba dejando morir, devolvimos a los Ayuntamientos las competencias en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género que les había arrebatado el PP; distribuimos los 120 millones para las Comunidades Autónomas y entidades locales, previstos en el Pacto de Estado, y conseguimos sacar adelante una iniciativa del grupo socialista en el Congreso para aumentar en 20 millones más para los ayuntamientos esta partida, hasta un total de 40; pusimos en marcha el título habilitante para facilitar la acreditación administrativa de víctima y poder acceder a recursos y prestaciones sociales; hemos compatibilizado las ayudas para las víctimas con otras de carácter autonómicas y locales, o que tengan que ver con violencia sexual; hemos facilitado, la asistencia psicológica a las y los menores expuestos a violencia sin consentimiento del maltratador. Además, hemos mejorado la protección por orfandad para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género con una ley propuesta por el Grupo Socialista.

La lucha contra la violencia sobre las mujeres ha sido y sigue siendo nuestro principal objetivo, debemos erradicar cualquier atisbo de violencia machista en nuestra sociedad, por ello hemos impulsado el compromiso para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y hemos aumentado los recursos destinados a ello, también hemos mejorado la protección a las huérfanas y huérfanos de las víctimas de violencia de género, y se ha facilitado el cambio de apellidos para los hijos e hijas de las víctimas. Frente a los partidos que pactan y gobiernan con quienes niegan la violencia de género, el PSOE apuesta por garantizar que las mujeres puedan vivir vidas plenas y libres de violencia como imperativo democrático.

En 2022, nuestro país dio un gran paso en la lucha contra la violencia sexual con la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley de Solo sí es sí, una ley que ofrece una respuesta integral a la violencia sexual contra las mujeres. Esta ley, aumentó los recursos a las mujeres víctimas de violencia sexual y puso en marcha la creación de los centros de crisis y atención 24 horas en todas las CCAA. Sin embargo, esta ley fue insuficiente porque no cumplió con la propuesta del PSOE al dejar fuera el abordaje de la prostitución y la explotación sexual. Por eso, impulsamos una norma para acabar con todas las formas de proxenetismo y dar así respuesta a todas las víctimas de violencia sexual, incluidas las de explotación sexual.

Esta ley provocó dolorosos e indeseados efectos con las condenas por violencia sexual. Por eso llevamos a cabo la reforma conveniente para paliarlos, asumiendo la responsabilidad, e impulsándola desde el grupo parlamentario socialista, porque no actuar no era una opción.

Con el gobierno de Pedro Sánchez hemos recuperado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres de 16 y 17 años y puesto fin a los tres días de reflexión. Acosar a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir su embarazo es ahora delito gracias a la iniciativa del Grupo Socialista. También hemos recuperado el derecho a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su estado civil u orientación sexual. Y establecido la autonomía a las mujeres con discapacidad para abortar sin exigir el consentimiento de su tutor legal, considerando además los abortos y embarazos forzosos como formas de violencia contra las mujeres.

El Compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con la transversalidad de género se ha plasmado en muchas iniciativas legislativas, políticas y presupuestarias, incluidas las de acabar con la llamada tasa rosa al poner el IVA reducido al 4% para productos de higiene femenina, tal y como se incluyó en la Ley 31/2022, de 22 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado.

La transversalidad de llevar la igualdad a las políticas e ir más allá de las políticas de igualdad ha sido una prioridad de los gobiernos socialistas como queda reflejado en leyes y políticas promovidas desde distintos departamentos y la inclusión de la igualdad de género en la preparación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo que está permitiendo que el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres esté presente en todas las acciones del plan y su ejecución presupuestaria.

La igualdad entre mujeres y hombres no solo es un principio fundamental, sino también un requisito para alcanzar una sociedad democrática plena. Sin feminismo no hay democracia. Además, es un motor de desarrollo económico y de justicia social.

El PSOE es un Partido feminista que, desde hace 144 años, ha defendido y acompañando la lucha de las mujeres por su emancipación, por la igualdad de derechos, libertades, oportunidades, obligaciones y trato. El feminismo socialista es heredero del feminismo revolucionario que vindicaba la ciudadanía para las mujeres, del movimiento obrero, de las sufragistas del S.XIX y por supuesto de las mujeres socialistas que desde los inicios del S.XX han luchado por la igualdad entre mujeres y hombres. Nuestra propuesta es un nuevo contrato social que no se base en la desigualdad entre mujeres y hombres, que nos permita construir una sociedad democrática y libre de injusticias, con igualdad de oportunidades tanto en el ámbito público como privado. Somos el partido que ha dado y sigue dando respuesta a las demandas y exigencias del movimiento feminista y a los problemas reales que sufre más del cincuenta por ciento de la población, las mujeres. Y, caminando siempre junto al él, apostamos por la consecución de los objetivos que marca la agenda feminista. Teniendo siempre en cuenta las condiciones materiales, el contexto y todos los condicionantes que afectan, a nivel material y simbólico, en la reproducción de las desigualdades de las mujeres. Trabajando para ampliar y fortalecer los consensos, porque solo con las grandes mayorías pueden consolidarse derechos y avances.

Las y los socialistas queremos establecer los instrumentos que hagan posible la plena materialización de la igualdad entre mujeres y hombres. Las políticas de igualdad, entendidas como las políticas responsables de acabar con la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, no pueden ser confundidas con políticas sociales ni con políticas de identidad.

El partido socialista apuesta por lo que mejor sabe hacer: políticas públicas que aborden las diversas formas de discriminación que enfrentan las mujeres sin caer en enfoques fragmentados. Trabajando hacia una sociedad más equitativa y justa para todas las mujeres, reconociendo y atendiendo de manera integral sus necesidades. Desde un enfoque estratégico para superar los complejos desafíos a los que nos enfrentamos de manera integral y ambiciosa, aprovechando el papel activo del Estado para impulsar la innovación, el crecimiento económico sostenible el bienestar social, y con la imprescindible participación del movimiento feminista y las organizaciones de mujeres. Las y los socialistas aspiramos a la ciudadanía plena de las mujeres, a remover todos los obstáculos, materiales y simbólicos, que impiden la autonomía y la emancipación de las mujeres. Con la igualdad como horizonte, y el feminismo como camino.

4.2. Empleo. vidas independientes y autónomas.

La igualdad efectiva pasa, necesariamente, por la independencia económica y por que las mujeres tengan vidas autónomas y la posibilidad de desarrollarse en el ámbito profesional. La igualdad en el empleo es, por tanto, un fin en sí mismo, pero es también un elemento estratégico y clave: el pleno disfrute de los derechos y libertades por parte de las mujeres sólo puede construirse a través de la independencia económica y la autonomía. Es imposible hablar de autonomía, igualdad y libertad si las mujeres siguen dependiendo económicamente de los hombres. Sin independencia económica no hay autonomía, y sin autonomía, no hay libertad.

Para el Partido socialista es indispensable profundizar en la mejora de las condiciones de las mujeres el ámbito de su independencia económica y, por tanto, de la garantía de las condiciones materiales para tener una vida digna y que garantice una libertad real en sus decisiones y expectativas. En el presente, con un trabajo que les permita tener un proyecto de vida propio. Y en el futuro, porque de cómo sean esos trabajos (tipos de contrato, jornada, salario, desarrollo profesional, etc.) dependerán las pensiones que reciban.

4.3. Igualdad en el empleo

Mujeres y hombres siguen teniendo un acceso desigual a los mercados de trabajo, al crédito y la financiación de sus proyectos, a los espacios de poder y de toma de decisiones. Existe un reparto desigual de los tiempos y trabajos, especialmente los domésticos de cuidados no remunerados, y las mujeres padecen el impacto desigual de las políticas económicas que siguen mostrando un diseño androcéntrico.

Las estructuras económicas y de conocimiento perpetúan las desigualdades entre las mujeres y los hombres, generando además una pérdida de competitividad de nuestra economía.

La situación estructural de las mujeres en el mercado de trabajo continúa siendo más precaria que la de los hombres debido principalmente al mandato social de los cuidados que hace que estos recaigan principalmente en las mujeres tanto de forma material como simbólica condicionando su participación real y el trato que reciben en el ámbito laboral, así como a la menor valoración de los sectores feminizados. Menor tasa de actividad (63,18% hombres y 54,18% mujeres – INE 1T 2023), de empleo (55,87% hombres y 45,99% mujeres – INE 1T 2023) y mayor tasa de paro (11,57% hombres y 15,13% mujeres – INE 1T 2023), y mayor parcialidad, las mujeres suponen en torno al 75% de los contratos a tiempo parcial. Esta situación tiene consecuencias no solo en el nivel de renta de las mujeres presente, o futuro, ya que las pensiones y otras prestaciones están asociadas al empleo, sino que impacta directamente en sus decisiones educativas, laborales y vitales, y por tanto, en su libertad real.

La libertad de las mujeres está intrínsecamente ligada a su autonomía y a su independencia económica. Para lograrla, hay que eliminar las barreras que impiden que las mujeres puedan acceder, permanecer y promocionar en el ámbito laboral, así como acabar con la brecha salarial.

4.4. Apuesta por el empleo verde y digital

Estamos viviendo una profunda transformación de nuestro sistema productivo con las transformaciones digital y verde. La segregación en los estudios y en las ocupaciones debe combatirse para que las mujeres puedan aprovecharse de la generación de empleos de calidad en estos sectores, y también estar presente en su diseño, para que como ha ocurrido en otros momentos de transformación, no queden excluidas. La situación de partida, teniendo en cuenta que son sectores masculinizados, supone una atención particular para articular estas políticas de transformación y reconversión. No se trata solo de una cuestión de justicia social, sino de invertir en el necesario talento de toda la población y garantizar oportunidades reales. Una verdadera política palanca que además contribuirá a la dinamización y la sostenibilidad de los territorios.

El partido socialista apuesta firmemente por la incorporación y la promoción de las mujeres en trabajos emergentes en el nuevo modelo productivo, en el marco de la economía digital y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en el proceso transformador de la transición ecológica.

La brecha digital de género es reseñable en cuanto a habilidades digitales y también en cuanto a la presencia de las mujeres en profesiones del sector. Existe una importante brecha digital en el acceso de las mujeres a las carreras STEM. Los roles y estereotipos, para uno y otro sexo, refuerzan los prejuicios sobre sus capacidades, intereses y motivaciones, por lo que la asociación de la ciencia y la tecnología a habilidades masculinas puede desincentivar las vocaciones STEM en las niñas y jóvenes. La presencia de las mujeres en el sector de tecnologías de la información (TIC), en todas las áreas y categorías profesionales es inferior a la de los hombres. Como indica red.es, en 2020, había 144.000 expertas en TIC, lo que supone un 19,8 % del total. Una de las razones para explicar este desequilibrio es la falta de mujeres graduadas en STEM. En 2018, la proporción de mujeres graduadas en estas disciplinas era de 14,3 por cada mil mujeres de entre 20 y 29 años en Europa. En España, la cifra era menor de 12,7.

Así mismo, la brecha en los trabajos vinculados con la transición verde es también muy elevada. Según los estudios más recientes, las mujeres solo acceden al 18% de los empleos, y la mitad de los puestos son administrativos, debido entre otras razones, a la menor presencia en carreras y puestos científicos y técnicos.

Necesitamos modificar estas cifras si queremos avanzar en igualdad y si queremos que España esté a la vanguardia de estas transiciones, situarnos de manera ventajosa en las cadenas de valor internacionales y garantizar nuestra autonomía estratégica y resiliencia frente a posibles futuras crisis o emergencias.

  • Potenciaremos el emprendimiento femenino, tanto en la transición energética y la economía verde como en la digitalización. Para ello es importante garantizar la financiación de las iniciativas promovidas por mujeres o en las que participen mujeres. Planes piloto desarrollados por la Comisión Europea apuntan a que una revisión de los protocolos de financiación ayudaría a desterrar prejuicios y valorar aspectos que suelen incluir los proyectos de las mujeres que son esenciales para la innovación y la resiliencia de estas nuevas empresas y que muchos casos no son tenidas en cuenta.

4.5. Servicios publicos de cuidados y política de tiempos

Los cuidados nos competen a todas las personas como sociedad y debemos avanzar hacia una organización social donde éstos no recaigan de manera de manera sistemática en las mujeres. La división sexual del trabajo y la desigual distribución en los usos del tiempo, a través de los mandatos de género establecidos socialmente, impiden la corresponsabilidad y sitúan a las mujeres en el centro de los cuidados. En el partido socialista creemos que es imprescindible desvincular la idea que asocia los cuidados con las mujeres. En esa idea, la de la división sexual del trabajo, se fundamenta toda la desigualdad y las discriminaciones que sufren las mujeres.

El mercado de trabajo está diseñado para personas sin responsabilidades domésticas ni familiares. Las mujeres se han introducido en el mercado laboral pero los hombres no se han introducido en los cuidados. Esta asimetría actúa en detrimento de las mujeres.

Cuando no existe una provisión pública suficiente y asequible de servicios públicos de cuidados, la participación laboral de las mujeres se ve seriamente afectada ya que son las mujeres quienes asumen gratuitamente, y a costa de su tiempo, las tareas de cuidados.

Avanzar en la consolidación del Estado del Bienestar y establecer políticas públicas para los cuidados, contribuirá a eliminar el freno que supone la maternidad para las mujeres. Así mismo, el socialismo debe de abanderar, también, cambio cultural para que los hombres asuman su responsabilidad en los cuidados. Aún estamos lejos de la corresponsabilidad, hay que generar las condiciones para lograr la implicación responsable de los hombres en el cuidado, un enorme reto para unas nuevas relaciones de género, para una sociedad democrática y decente. La corresponsabilidad no se dirime exclusivamente entre mujeres y hombres, sino que también es social. Los cuidados son una necesidad colectiva y el Estado debe asumir la responsabilidad de cubrirla. Por ello, impulsaremos medidas y servicios públicos de calidad para superar la sobrecarga que las familias, y de forma preeminente las mujeres, han venido soportando, asumiendo los cuidados para suplir los déficits de nuestro modelo de bienestar social.

Los servicios públicos de cuidados deben establecerse en torno a tres premisas:
- Garantizar los servicios públicos de cuidados como palanca de justicia social.
- Perseguir una nueva organización social de los cuidados que permita avanzar en igualdad entre mujeres y hombres.
- Cuidar a quien cuida. Garantizar la dignidad de quiénes reciben cuidados y de quiénes los prestan a través de servicios de acompañamiento psicosocial.

Y deben ir acompañados de una verdadera Política de tiempos basada en la racionalización de los horarios y en unos usos del tiempo, de trabajo, de cuidados y de ocio, cada vez más iguales entre mujeres y hombres.

Y deben ir acompañados de una verdadera Política de tiempos basada en la racionalización de los horarios y en unos usos del tiempo, de trabajo, de cuidados y de ocio, cada vez más iguales entre mujeres y hombres.

  • Pondremos en marcha un plan nacional para el trabajo flexible con un paquete de reformas legales y de incentivos a empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación de la vida personal y la profesional, mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral.

4.6. Pacto por la racionalización de los horarios y ley de usos del tiempo

El fortalecimiento de un Estado del Bienestar que garantice servicios públicos de cuidado, accesibles y de calidad, debe ir a acompañado de una verdadera política de tiempos. El uso del tiempo no es solo un asunto individual y privado. También es colectivo y público.

La organización y distribución del tiempo es un componente clave para establecer una sociedad igualitaria en cuanto a las oportunidades y las libertades de hombres y mujeres, y resulta un planteamiento estratégico por las múltiples repercusiones en muy diferentes aspectos de la vida de la ciudadanía. Facilitaría la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, fomentando la corresponsabilidad y tendría un impacto positivo, también estudiado, en la productividad laboral y en el bienestar de las personas trabajadoras, así como la de sus familias.

La racionalización de los horarios y la transformación de los usos del tiempo tienen como finalidad la redistribución de los tiempos acoplándolos a las necesidades vitales de la ciudadanía. Horarios escolares, comerciales, laborales, de ocio y entretenimiento, etc. debieran establecerse teniendo en cuenta estas necesidades. Una tarea ingente, que precisamente por su dimensión, requiere de una convergencia de voluntades de todos os ámbitos de la sociedad: económico, político, educativo, mediático, etc. Se trata de una reivindicación largamente demandada que ahora más que nunca es imprescindible llevar a cabo.

El objetivo es articular políticas de tiempos que vayan más allá de propuestas sobre días u horas máximas de trabajo remunerado y que aborden una racionalización de nuestros horarios que tenga como referencia una propuesta centrada en la igualdad entre mujeres y hombres, la salud integral de la sociedad, la eficiencia y la sostenibilidad.

Es una gran transformación de la sociedad para la que necesitamos consolidar un compromiso compartido.

  • Promoveremos un gran pacto social por la racionalización de los horarios que pueda reflejarse en iniciativas legislativas y con la implicación de todos los agentes implicados de todos los ámbitos: político, de la Administración y de la sociedad civil, sindicatos y organizaciones empresariales, comunidad educativa, comercios, medios de comunicación para que adapten los horarios de máxima audiencia, promoción a través de la FEMP de pactos locales para la gestión del tiempo, etc. Entre otras medidas, puede incluir la creación de una Mesa de Concertación Social para los Usos del Tiempo y Racionalización Horaria.
    • Pondremos en marcha un plan nacional para el trabajo flexible con un paquete de reformas legales y de incentivos a empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación de la vida personal y la profesional, mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral.

7. La paridad como requisito democrático

La incorporación de las mujeres al ámbito profesional ya no es un hecho reciente. Sin embargo, los puestos de decisión y responsabilidad, a pesar de los avances, siguen siendo mayoritariamente masculinos.

Según el INE, “en el año 2021, el porcentaje de mujeres en el conjunto de Consejos de Administración de las empresas que forman parte del Ibex-35 ha sido del 30,7%, porcentaje 3 puntos superior al del año anterior y que ha hecho un largo recorrido desde los 11,7% de 2012, pero que, sin duda, es todavía insuficiente. Si se considera el cargo ejercido en los consejos de administración, la presencia de mujeres en la presidencia de empresas es casi anecdótica (no llega al 6%)”.

La Constitución Española establece la necesidad de remover los obstáculos que impiden que la igualdad entre los sexos que consagra sea efectiva. Continuando la senda trazada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que ya establecía el “principio de presencia equilibrada”, nuestra propuesta de ley nace con esa vocación. La de impulsar y exigir que las mujeres ocupen los puestos que les corresponden por mérito y capacidad.

La paridad, esto es, la presencia equilibrada entre mujeres y hombres, es una exigencia democrática. El partido socialista quiere que la paridad sea una realidad en el poder económico y en el poder político, en el Gobierno de España y en el gobierno de las grandes empresas. Como dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez: Algunos dirán que es excesivo. Nosotras y nosotros decimos que es justo. Por ello el PSOE se compromete a aprobar la Ley de representación paritaria que ya se encontraba en el Congreso para su tramitación.

8. Construir conocimiento, el futuro digital y la inteligencia artificial sin sesgos de género

Necesitamos que las mujeres estén en todos los espacios donde se deciden las nuevas estrategias y los nuevos objetivos, pero también allí donde se transforman los contenidos, donde se genera el conocimiento.

Por una parte, a pesar de que las mujeres universitarias son mayoría en España desde hace décadas, no lo son entre el personal universitario y científico estable, ni en la cúspide de la carrera académica o científica. No solo existe un techo de cristal, sino un auténtico laberinto en el que se van perdiendo mujeres conforme avanzan sus carreras académicas y científicas. Incluso cuando llegan a la cumbre no siempre se les reconoce su autoridad, ni llegan a ser consideradas referentes.

Por otra parte, la brecha digital de género es reseñable en cuanto a habilidades digitales y también en cuanto a la presencia de las mujeres en profesiones del sector. Existe una importante brecha digital en el acceso de las mujeres a las carreras STEM. Los roles y estereotipos, para uno y otro sexo, refuerzan los prejuicios sobre sus capacidades, intereses y motivaciones, por lo que la asociación de la ciencia y la tecnología a habilidades masculinas puede desincentivar las vocaciones STEM en las niñas y jóvenes.

Existe una gran desproporción entre mujeres y hombres en los estudios tecnológicos, que luego se acrecienta aún más en el ámbito profesional donde se están generando los mejores puestos de trabajo y, sobre todo, donde se está diseñando el futuro.

  • Trabajaremos para incrementar de manera rápida y estable la proporción de mujeres en el personal científico e investigador, con especial énfasis en investigadoras pre y postdoctorales e investigadoras en posiciones permanentes. Seguiremos los criterios del Programa Marco Horizonte Europa sobre la financiación de la investigación para mejorar la perspectiva de género y la presencia de mujeres en los equipos de investigación y su liderazgo.
  • Fomentaremos las medidas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del sistema científico, universitario y empresarial, en desarrollo de la ley de la ciencia y la ley de universidades. Promoveremos la investigación sobre el papel de las mujeres en las ciencias, el conocimiento y el desarrollo humano. De manera más específica promoveremos en cooperación con científicas y mujeres tecnólogas, la visibilización del papel de las mujeres en la ciencia, en medios sociales y pedagógicos, aportando ejemplos para las niñas y mujeres jóvenes

4.9. Una inteligencia artifical sin sesgos de género

La digitalización de la sociedad no es opcional. El desarrollo tecnológico no puede ser ajeno ni reproducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Es imprescindible que todos los avances cuenten con perspectiva de género. En el marco de la regulación que se está llevando a cabo en la Unión Europea, así como de todas las medidas que se están implementando en nuestro país, seguiremos trabajando para que una digitalización y el desarrollo de la IA se haga sin sesgos de género, de manera que contribuya a eliminar y corregir las desigualdades del mundo analógico, en el mundo digital. Ambos mundos están fuertemente relacionados.

La influencia de la utilización de datos con sesgo de género tiene implicaciones en el mundo off line (que no te ofrezcan determinados puestos de trabajo por ser mujer, o que ningún asistente sepa responder a preguntas como dónde ir si te han violado), y también a nivel simbólico, vinculado con la reproducción de estereotipos y prejuicios de género, así como la construcción de nuestro marco mental de referencia que determina qué es más valioso en nuestras sociedades o quién tiene autoridad.

El reto de la configuración de algoritmos, de la Inteligencia Artificial en el más amplio sentido del término, hay que abordarlo desde dos perspectivas. La primera consiste en su propia configuración, en los procesos donde hay intervención humana. La segunda, consiste en cómo se reproducen – aprenden del entorno y reproducen sesgos – y en introducir mecanismos para corregirlo. El establecimiento de marcos éticos para regular los algoritmos, tal como se está haciendo en Ley sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea, son los pasos que se perfilan para abordar las implicaciones de la IA en las personas y la sociedad en el corto y medio plazo.

4.10. Igualdad efectiva entre mujeres y hombres como catalizador del mundo rural

El mundo rural está envejecido y masculinizado. El éxodo rural tiene rostro de mujer joven. Y se acrecienta con cada proyecto de vida fuera del pueblo. La falta de oportunidades en el empleo y la dispersión de los servicios públicos es una de las causas de la denominada feminización del éxodo rural, como lo es una división sexual del trabajo más marcada que en las ciudades y que conlleva a un reparto muy desigual de los trabajos y los tiempos asociados a los cuidados y trabajo doméstico no remunerado. En los contextos rurales suele haber un mayor arraigo de los roles más tradicionales y menos posibilidades de anonimato a la hora de tomar decisiones o llevar a cabo actuaciones que puedan señalar a las mujeres.

En comparación con las ciudades, en el medio rural, las mujeres sufren más paro, empleos de peor calidad o subsidiarios, más segregación horizontal y vertical. Escasa representación en los puestos de decisión, sin apenas presencia en los consejos rectores de las cooperativas agropecuarias y pesqueras. Por cada cien hombres, apenas hay treinta mujeres jefas de explotaciones.

A pesar de eso, las comunidades rurales están llenas de posibilidades y tenemos que conseguir que sean atractivas para las mujeres. En ese sentido, hay que desterrar la imagen estereotipada que existe de las zonas rurales. A lo largo y ancho de nuestro territorio hay multitud de proyectos de innovación en la vanguardia de sus sectores.

Necesitamos también que la imagen de las mujeres rurales, de las mujeres del campo y de las mujeres del mar, también sea la de mujeres jóvenes, preparadas, con ideas nuevas, con proyectos innovadores.

Es imprescindible invertir en servicios y recursos para las zonas rurales para mejorar sus condiciones de vida, fortalecer su participación económica y garantizar su acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Una red de servicios públicos con vocación de continuidad que no dependan de inversión coyuntural para su sostenimiento y que apuesten por el empleo de calidad.

Es indispensable abordar las especiales dificultades de las mujeres víctimas de violencia de género en los entornos rurales, donde el drama de la violencia machista está muchas veces silenciado o invisibilizado. Y la dispersión o carencia de recursos hace mucho más difícil que las víctimas reciban ayuda y lo hagan con la discreción que las víctimas requieren.

No habrá desarrollo del medio rural sin la contribución y participación de las mujeres en todos los ámbitos y, en especial, en la actividad económica, en el emprendimiento en diferentes sectores como el turismo, la artesanía, el ocio, así como en proyectos relacionados con la innovación. Las mujeres, y concretamente las mujeres rurales, tienen que estar en el centro de las transiciones verde y digital. Asegurar que las mujeres formen parte de este cambio contribuye además a tener en cuenta a toda la población para la transformación del capital humano local en la conformación de un nuevo modelo productivo. Es imprescindible para la vertebración y la cohesión territorial. No es solo una cuestión de igualdad y de justicia, sino una necesidad para mantener vivos nuestros pueblos.

4.11. Lucha contra la violencia machista

4.11.1. Ni un paso atrás contra la violencia machista

La violencia de género es una cuestión de Estado para el Partido Socialista. Es uno de los principales problemas estructurales del país, al que debemos responder con contundencia y recursos, económicos, materiales y humanos, desde las responsabilidades gubernamentales e institucionales, y también desde el compromiso democrático y feminista.

4.11.2. Defender el pacto de estado contra la violencia de género

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, demandado por el movimiento feminista, e impulsado por el partido socialista, fue un gran logro de toda la sociedad.

Defender el Pacto de Estado contra la violencia de género es urgente. Ahora más que nunca, ante lo que puede suponer un gobierno de coalición de derechas, con un partido negacionista, es necesario defender lo conquistado y los grandes consensos.

Es incompatible permanecer en el Pacto de Estado, y por tanto en el consenso de la lucha contra la violencia de género, y negociar con quienes la niegan. El PP o está en el Pacto de Estado, o está con Vox.

11.2.1. Renovar el pacto de estado contra la violencia de género

Más de 1200 mujeres asesinadas desde 2003. En los que llevamos de año, 23 menores han quedado huérfanos.

El pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se firmó en el Congreso de los Diputados la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la ausencia de la extrema derecha, para actualizarlo y blindar su financiación pública.

La renovación del Pacto, impulsada por el partido socialista, mejora la democracia y nos compromete a todas y todos con una verdadera política de Estado que es la lucha contra la violencia de género. El dictamen para su renovación incluye el refuerzo de la respuesta institucional integral y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combate de forma expresa los discursos negacionistas.

Las y los socialistas consideramos que es imprescindible que la confianza en las instituciones no se deteriore. La denuncia es la puerta de entrada al sistema de protección, que no es infalible, pero sin ella es muy complicado llegar a los casos de violencia. Sabemos que el paso de la denuncia es muy complejo. Numerosos estudios nos indican que el no reconocerse como víctima, el miedo al agresor, la incertidumbre por si no son creídas, y hasta la vergüenza, son factores que limitan, o incluso impiden, llegar a denunciar. Entender y tener en cuenta estos motivos harán mejorar las herramientas con las que contamos para proteger a las víctimas.

11.3. Menores huérfanos

Queremos seguir avanzando en reforzar su bienestar, reparar el daño y garantizar igualdad de oportunidades. Las ayudas y recursos están establecidas hasta la mayoría de edad, pero a los 18 años no se tiene, en la mayor parte de los casos, una vida independiente con unos ingresos autónomos.

4.11.4. Ciberviolencia. combatir la violencia de género en el ambito digital

Este fenómeno reciente tiene mayor incidencia sobre las mujeres y las niñas. La Unión Europea avanza en la definición y la regulación de este problema. Tal como señala el Parlamento Europeo, a medida que el mundo se mueve en línea, también lo hacen las formas de violencia que ya afectan a las mujeres y las niñas de forma desproporcionada, y las tecnologías digitales les permiten adoptar nuevas formas esta dimensión de la violencia posibilitada por internet, el correo electrónico, los teléfonos inteligentes y las plataformas de redes sociales. Forma parte de un conjunto más amplio de violencia de género, y sus manifestaciones cambiantes incluyen la incitación al odio sexista, el trollo, el doxing, el acoso (sexual) en línea y el acecho, las amenazas de violaciones o de muerte, la extorsión de carácter sexual y otras formas de abuso basado en la imagen. Al igual que otras formas de violencia de género, se basa en diferencias y relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. Lo que diferencia a la ciberviolencia es el anonimato que confiere a los autores y el hecho de que puede llevarse a cabo desde cualquier lugar y escala y de modo indeleble.

Siguiendo las recomendaciones y el marco europeo:

  • Siguiendo la ley europea de servicios digitales, apoyaremos que las plataformas en línea de muy gran tamaño se responsabilicen y apliquen medidas de reducción de contenidos que constituyan ciberviolencia, especialmente en lo que se refiere a garantizar que las víctimas puedan ejercer eficazmente sus derechos en relación con contenidos que representen el intercambio no consensuado de material íntimo o manipulado mediante el tratamiento rápido de notificaciones y la retirada inmediata de dichos contenidos.

4.11.5. Seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista

  • Desarrollaremos planes de acción para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres, integrando medidas en toda la geografía española, con implicación de los operadores y actores sociales. Reforzaremos y aumentaremos las políticas y actuaciones para la sensibilización sobre sus causas y consecuencias. Abogando por una respuesta multisectorial de calidad para las víctimas y los hijos e hijas de las víctimas, que incluyen seguridad, justicia, salud, y otros servicios esenciales.
  • Trabajaremos para mejorar la respuesta institucional a las víctimas a través de la coordinación y el trabajo en red para poder hacer efectivos los protocolos municipales. Para ello, se reforzará la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad en las zonas rurales, incluyendo unidades de apoyo judicial y policial en pequeños municipios, e impulsando el procedimiento de ventanilla única en zonas rurales para agilizar los trámites administrativos.

12. Mujeres jovenes y redes sociales

La relación entre las redes sociales y el deterioro emocional, especialmente entre las jóvenes, está siendo cada vez más evidente según numerosos estudios. Se observa un preocupante incremento del acoso y del número de suicidios. Además, se observa un crecimiento alarmante de la ansiedad social o la depresión. La baja autoestima, los trastornos alimentarios y los traumas relacionados con la imagen corporal también están en aumento. Del mismo modo, aumentan las cirugías estéticas entre las jóvenes para parecerse a los filtros de las aplicaciones que usan. Es indudable que este problema debe abordarse de manera urgente ya que apenas estamos comenzando a comprender el impacto que tiene en la salud mental y el desarrollo emocional de las personas, sobre todo en las jóvenes.

12.1. Proteger a los menores de la pornografía

Reivindicamos el derecho de la infancia y la adolescencia a desarrollar su sexualidad y a contar con formación e información que les ayude a tomar decisiones saludables y respetuosas sobre el sexo y la sexualidad a lo largo de sus vidas.

Debemos proteger a los y las menores del acceso a la pornografía. Según el estudio (Des)Información sexual: pornografía y adolescencia de “Save the Children” en septiembre de 2020, casi siete de cada diez adolescentes consumen pornografía de forma regular en nuestro país. Resulta especialmente preocupante que los niños y las niñas accedan a contenidos pornográficos a edades muy tempranas: más de la mitad, un 53,8%, afirma haber visto pornografía por primera vez entre los seis y los doce años. La mayoría de los menores (62,5%) reconoce haber visto pornografía. Las cifras son alarmantes. Casi el 88% de los chicos, y casi el 39% de las chicas, ha visto pornografía al menos una vez en su vida.

El acceso temprano a la pornografía puede tener diversos impactos negativos en los menores, como la distorsión de la percepción de la sexualidad, problemas emocionales y psicológicos, desarrollo de actitudes y comportamientos sexuales inapropiados e incluso violentos, riesgo de adicción, y alteración de la percepción de la intimidad y las relaciones amorosas, y cosificación de las mujeres y niñas. Es fundamental abordar este problema de manera efectiva y brindar a los menores el apoyo y la educación necesarios para comprender la sexualidad de manera saludable y respetuosa.

Para impedir que los menores accedan a la pornografía debe establecerse una iniciativa legislativa que aborde las diferentes dimensiones del problema y promueva la colaboración entre los diferentes actores involucrados, incluyendo a las familias, las escuelas, las instituciones gubernamentales, las empresas de sector y las organizaciones de la sociedad civil. Además, debe tener en cuenta los derechos de los menores y garantizar su protección, sin limitar indebidamente su acceso a información y educación sexual adecuada a su edad.

13. Las mujeres no son mercancías. ni prostitución ni vientres de alquiler

La prostitución y los vientres de alquiler son el producto de la intersección más brutal del capitalismo –donde los ricos compran a los pobres– y del patriarcado –donde los hombres compran a las mujeres–. Estas dos industrias se expanden gracias a la agravación de la pobreza, a la explotación de mujeres pobres y con menos recursos.
Frente a los discursos que presentan estos sistemas como innovadores e inocuos, hay que señalar el daño que estas estructuras causan para la vida y para la salud de las mujeres implicadas, y simbólicamente para todas las mujeres, ya que la prostitución se convierte en una auténtica escuela de desigualdad.

El partido socialista se posiciona claramente. Ni prostitución, ni trata, ni vientres de alquiler. Aspiramos a una sociedad de mujeres y hombres libres, una sociedad justa en la que las mujeres que se compran o se venden, en la que no se comercia con bebés.

4.13.1. Abolir la prostitución y erradicar la trata de seres humanos

En el Partido Socialista nos declaramos abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que proponemos, de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Los y las socialistas queremos dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo, que acaben con la prostitución y articulen una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud.

  • Nos comprometemos a apoyar la reforma de la directiva europea sobre trata de Personas, donde se plantea la necesidad de reforzar las capacidades de las autoridades policiales y judiciales nacionales; abordar la "digitalización" de la trata; introducir medidas más disuasorias contra las personas jurídicas y prestar asistencia y apoyo a las víctimas de forma más coherente; se considera que los Estados Miembros deben avanzar en la protección de las víctimas en los procedimientos penales; la asistencia a las víctimas, incluidos los grupos vulnerables; y las disposiciones relativas a la indemnización.

4.13.2. No a los vientres de alquiler

El deseo de ser madre o padre no es un derecho. Los cuerpos de las mujeres no son objetos de uso para satisfacer deseos de otras personas. Hay que acabar con la concepción de que las mujeres sean un medio para el fin de otros, atentando deliberadamente contra su autonomía y dignidad, y explotando su falta de recursos y oportunidades.

Los contratos gestación subrogada son nulos de pleno derecho según la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Tal como expresó el Tribunal Supremo en 2013, vulnera los derechos fundamentales de madres gestantes y niños reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos. Este mismo tribunal, en una sentencia del pasado abril de 2022, consideró que la gestación subrogada “entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables. Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad”.

El Partido Socialista se opone contundentemente a la práctica de la gestación por sustitución o gestación subrogada, términos que solo suavizan la cruel realidad de los denominados "vientres de alquiler". Consideramos que esta práctica vulnera los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo se ha incluido la prohibición de la publicidad de las agencias que hacen negocio con la explotación de las mujeres. Pero hay que continuar avanzando.

4.14. Más derechos y mejores vidas

4.14.1. Una maternidad libremente decidida. derechos sexuales y reproductivos

La punta de lanza del avance la derecha extrema y la extrema derechos son los derechos de las mujeres, y de manera concreta, el derecho al aborto. En Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, acabamos de ver cómo se pretendía restringir el derecho a decidir de las mujeres con chantajes emocionales y coacciones, como la obligación de escuchar los latidos del feto.

El derecho a la interrupción del embarazo es un gran consenso democrático. Se trata de una libertad individual que las mujeres deben poder ejercer en condiciones de dignidad. Para las mujeres el aborto solo puede ser dos cosas: o un derecho o una forma de poner su vida en juego.

En nuestro país, un tren de la libertad arrolló al último ministro que quiso revertirlo. Frente a la reacción, las feministas socialistas en primera línea. Hoy, trece años después del recurso del PP, la ley Aído, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, es constitucional.

Los derechos de las mujeres siempre son los primeros en ser cuestionados. El 24 de julio podemos estar en la senda para continuar avanzando, o podemos encontrarnos en un camino de retorno al blanco y negro para las mujeres. Se trata de avanzar o de retroceder.

Hay que seguir avanzando, para ello:

4.14.2. Mejorar la salud de las mujeres.

La literatura especializada ha llamado la atención sobre cómo el androcentrismo (la identificación de lo masculino con lo universal) en la medicina tiene un impacto determinante en la salud de las mujeres. Todavía muchos estudios biomédicos utilizan a los hombres como prototipo y aplican los resultados en mujeres. Signos, síntomas y efectos para las mujeres se han estudiado en menor medida. También se investiga menos en cuestiones que afectan a las mujeres que tienen que ver con enfermedades, como la endometriosis o procesos naturales, como la menopausia, sobre la que sigue habiendo un gran tabú social a pesar de afectar a millones de mujeres en nuestro país.

Además, existe una tendencia a medicalizar y patologizar el malestar emocional de las mujeres, lo que, junto con la tendencia a convertir los procesos fisiológicos naturales en procesos patológicos, da lugar a una sobremedicalización que no aborda, y por tanto no resuelve, los problemas relacionados con los ciclos naturales de las mujeres, ni con la salud mental. Una cuestión que adquiere una relevancia especial y concreta tras la pandemia y que no es ajena al agotamiento de las mujeres en sus múltiples roles y la sobrecarga vinculada al mandato social de los cuidados. En definitiva, tratar los efectos junto con las causas que llevan a las mujeres al agotamiento, la falta de tiempo y en muchos casos, en contextos de precariedad laboral.

Por ello, debemos analizar las políticas de salud y proponer acciones para reducir las desigualdades de género en este ámbito a través del Observatorio de Salud de las mujeres, recuperado en 2019 por el gobierno de Pedro Sánchez para transversalizar la perspectiva de género en las políticas de salud. Se debe seguir trabajando en esta línea a través de la apuesta por el conocimiento, la ciencia y la comprensión de la salud de las mujeres.

3. Lucha contra la pobreza de las mujeres

Las mujeres siguen viéndose desproporcionalmente más afectadas por la pobreza y el riesgo de exclusión social que los hombres, en especial aquellas que sufren formas múltiples o interseccionales de discriminación. Según el INE, la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres en España en 2022 se sitúa en el 21,1% mientras que la de los hombres se sitúa en un 19,8%. Y eso que la medición de la pobreza subestima la multidimensionalidad de la pobreza y su incidencia en las mujeres sobre todo al no tener en cuenta la pobreza de tiempo. Por ese motivo, se debe desarrollar una estrategia de lucha contra la pobreza que garantice un enfoque estructural y amplio para erradicar la pobreza femenina, y su vinculación con la perpetuación intergeneracional de la pobreza a través de la pobreza infantil, la más injusta y determinante de todas las pobrezas.

5. La españa de la cohesión y del bienestar

El Estado de bienestar forma parte de la mejor España. Los españoles y las españolas cuentan hoy con un Estado de bienestar que los protege y garantiza derechos gracias a las decisiones que adoptaron ejecutivos socialistas en los tres últimos decenios. Felipe González inauguró el verdadero trabajo en materia social en democracia. Por su acción política disponemos de pensiones dignas, prestaciones de desempleo robustas, un sistema público de atención sanitaria articulado y moderno o una red de servicios sociales que se extiende por el territorio. El gobierno de Zapatero puso en marcha el sistema de promoción a la autonomía y atención a la dependencia. Subió las pensiones mínimas, amplió el permiso de paternidad a 15 días y creó, por primera vez, el Ministerio de la Vivienda.

Los gobiernos socialistas de González y Zapatero sentaron las bases de un sistema de bienestar que hemos seguido cuidando con mimo durante esta legislatura. Nuestras pensiones, nuestra política de bienestar e inclusión, nuestra sanidad y nuestros servicios sociales han ampliado desde 2018 su capacidad de proteger y capacitar, garantizando ingresos, promoviendo la autonomía de las personas, luchando contra la discriminación y generando cohesión social. Gracias a ello, España es hoy menos desigual. Estamos creciendo, y lo hacemos de manera justa, sin dejar a nadie atrás, ofreciendo oportunidades con independencia del código postal en que nacimos o residimos. Estamos reparando el ascensor social que el gobierno de Rajoy dejo maltrecho. Seguimos empeñados en construir un modelo de bienestar para todas y todos, un modelo robusto y garantista, que necesitamos blindar para que la derecha insolidaria no nos lo pueda arrebatar cuando algún día vuelva al poder.

El listado de actuaciones promovidas durante esta legislatura es extenso. Hemos garantizado el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, revalorizando las pensiones contra el criterio de la oposición de derechas en un contexto de inflación internacional.

En el ámbito sanitario, entre otras iniciativas, hemos eliminado los copagos que introdujo el PP, ampliado la cartera de terapias y tratamientos avanzados y aprobado una Ley de Eutanasia. Hemos apoyado a las familias con nuevos permisos parentales iguales e intransferibles. Hemos protegido a los colectivos más vulnerables con un Ingreso Mínimo Vital. Hemos recuperado las cotizaciones para cuidadoras no profesionales.

Hemos luchado con denuedo contra la pobreza infantil, convirtiéndola en un asunto de Estado en el que no escatimamos esfuerzos. Hemos aprobado un Plan de Choque para recortar las listas de espera de la dependencia, y la primera ley de Vivienda de la democracia.

Son muchos y muy profundos los avances que hemos abanderado las y los socialistas, y no son menos los que tenemos en cartera para el futuro. En la próxima legislatura seguiremos la senda que nos ha traído hasta aquí: una senda coherente, de avances en el reconocimiento de derechos y en el acceso a prestaciones y servicios. Los pensionistas tendrán garantizada la revalorización de su pensión. Aumentaremos el montante de las pensiones mínimas. Mejoraremos el acceso al Ingreso Mínimo Vital.

Promoveremos la atención a la salud mental, una atención pública y gratuita, y crearemos una Agencia Estatal de Salud Pública. Seguiremos ampliando los permisos parentales y extendiendo los derechos y la protección de la infancia. Garantizar el derecho a la atención temprana en la infancia figurará entre nuestras prioridades. No dejaremos hasta asegurar que las personas dependientes cuenten con la atención y los cuidados que necesiten en el momento en que la precisen. Y no escatimaremos en inversiones para lograrlo. Hacer asequible la vivienda es el gran caballo de batalla de la próxima legislatura.

Hemos incluido la economía social y de los cuidados en la estrategia de un nuevo modelo de crecimiento, impulsando el Proyecto Estratégico del Plan de Recuperación para la Economía Social y de los Cuidados, con el fin de apoyar la modernización de este sector e impulsar su potencial desde el punto de vista económico y de creación de empleo.

Nuestros principios y objetivos son de sobra conocidos. Nos avalan 144 años de historia consagrados a pelear por el progreso social de nuestro país.

5.1. Pensiones

El Partido Popular de Rajoy recibió del PSOE en el año 2011 una herencia de 67.000 millones de euros en el Fondo de reservas—conocido como hucha de las pensiones— que en gran medida fue fruto del superávit registrado en las cuentas de la Seguridad Social durante los años del gobierno socialista de Zapatero. En tan sólo 7 años el Partido Popular dilapidó esa herencia que habíamos generado con la gestión del gobierno socialista. Un ahorro sobre el que se debía cimentar la sostenibilidad del sistema cuando se encuentre más tensionado (a partir de principios de la próxima esta década) por la jubilación de la denominada generación del baby boom, la mayor de nuestra historia.

Por si no bastara con dinamitar el futuro del sistema, en el año 2013 el Partido Popular impuso el rodillo de su mayoría absoluta para aprobar una aberrante reforma del sistema público de pensiones sin diálogo social ni el aval del Pacto de Toledo. Esta reforma suponía de facto y para siempre un empobrecimiento constante y paulatino de losa y laso pensionistas presentes y futuros.

Una reforma que condenaba las pensiones a la pérdida de poder adquisitivo por la aplicación de una revalorización mísera del 0,25% anual, al tiempo que reducía la cuantía inicial de todas las pensiones a futuro a través del factor de sostenibilidad. Estas medidas suponían la ruptura de nuestro sistema de pensiones de reparto, que perdía así sus señas de identidad y nos condenaba a unas pensiones cada vez más exiguas.

Desde junio de 2018, el PSOE se comprometió a revertir los recortes del Partido Popular y a recuperar esas señas de identidad del sistema público de pensiones, devolviendo la suficiencia económica a los y las pensionistas. Hoy podemos decir con orgullo que hemos cumplido con ese compromiso.

Retomando la senda del diálogo sobre el que se fraguó la reforma de 2011, hemos realizado una reforma del sistema de pensiones enmarcada en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y tras de un intenso y fructífero proceso de interlocución con las organizaciones sindicales y empresariales. Porque las pensiones para las y los socialistas son un derecho que entendemos como un asunto de Estado, y por ello consideramos necesario legitimar las reformas en este ámbito mediante el consenso social derivado de esa mesa tripartita de negociación.

El consenso que ha avalado las reformas emprendidas ha permitido garantizar en todo momento una paz social que contrasta con la situación que vivió España con la reforma del PP de 2013, o con la que ha conocido Francia recientemente. Y, además, se ha enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una de las principales reformas estructurales que sirve para garantizar la pervivencia del sistema en los próximos treinta años.

Como primer gran hito, se ha recuperado el derecho a la revalorización de las pensiones para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. Se ofrece así certidumbre al colectivo de pensionistas en un contexto extraordinariamente complicado, pese al cual la revalorización en 2023 ha supuesto una subida del 8,5%.

También hemos cumplido con nuestro compromiso de dignificar las pensiones más bajas, y por ello hemos establecido una senda de subida para las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, con la intención de evitar así situaciones de exclusión social derivadas de la falta de recursos en la tercera edad.

Además, se trata de una medida que tiene un gran impacto en la reducción de la brecha de género, dado que las mujeres cobran pensiones más bajas. En esta misma línea, hemos creado el complemento económico de brecha de género, y hemos aplicado medidas que permiten reducir el impacto de las lagunas de cotización de la vida laboral, un fenómeno feminizado por causa de la maternidad.

Todo ello se hace dentro del marco de una estrategia integral con la que equilibrar las cuentas de la seguridad social por la vía de los ingresos, terminando con la insolvencia heredada y fortaleciendo la estructura de ingresos del sistema. Por otro lado, la reforma introduce importantes elementos redistributivos. Sabemos que la reducción de la desigualdad es el fundamental para lograr el bienestar social, y por ello nuestra reforma tiene la solidaridad como principio motor.

El socialismo propone el diálogo y el acuerdo como forma de legitimación, y es por ese planteamiento que aprueba sus reformas reforzando, no recortando.

Gracias al gobierno socialista de Pedro Sánchez, el sistema de pensiones es hoy más sostenible, digno, garantista, igualitario e inclusivo. Y se puede comprobar objetivamente que los resultados refuerzan ya la orientación de las reformas realizadas.

Es importante resaltar que estas reformas se han implementado con la oposición frontal del PP, siendo la voluntad transformadora y progresista del PSOE la que ha devuelto a las y los pensionistas los derechos arrebatados por la derecha:

Los futuros pensionistas, especialmente las y los más jóvenes, son quienes más beneficiados de la eliminación del factor de sostenibilidad que cercenaba su derecho a una pensión digna (con la reforma del PP, los jóvenes habrían perdido de media 300 euros mensuales en su pensión futura).

Más de 10 millones de pensionistas actuales han recuperado el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones.

De este modo, una persona pensionista que cobraba 1090€ cuando llegamos al gobierno cobra hoy en día 1367€, en lugar de los 1104€ que cobraría de haberse mantenido la reforma del PP. La diferencia son 3.681€ anuales.

De esos más de 10 millones de pensionistas, 2,5 millones se beneficiarán de la dignificación de las pensiones mínimas, y otro medio millón de la subida de las pensiones no contributivas.

Hemos ampliado derechos y mejorado todas las prestaciones de la Seguridad Social de acuerdo con tres ejes de actuación.

Igualdad entre mujeres y hombres. Por vez primera, se hace explícito el objetivo de reducción de la brecha de género en el sistema de pensiones. Ello se traduce, más allá de las actuaciones para la eliminación de la brecha salarial, en la adopción de medidas dirigidas específicamente a corregir la injusta desigualdad existente entre las pensiones de las mujeres frente a las de los hombres.

Compromiso intergeneracional. Algunas de las medidas adoptadas están dirigidas a los más jóvenes: de forma destacada, la derogación del factor de sostenibilidad —el instrumento diseñado por el PP para reducir automáticamente la cuantía de las pensiones— y su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional.

Solidaridad y redistribución: La capacidad financiera de nuestro sistema de Seguridad Social se ha reforzado significativamente a través de medidas que piden un esfuerzo adicional, pero asequible, a quienes tienen una mayor capacidad adquisitiva.

Hemos garantizado el equilibrio de la seguridad social. Después de heredar un déficit del 1,6% del gobierno de Rajoy, las medidas basadas en el aumento de ingresos y la asunción por parte del Estado de los gastos de naturaleza no contributiva han permitido una reducción rápida de ese déficit que, tal y como recoge el Plan de Estabilidad, se convertirá en equilibrio presupuestario en la próxima legislatura. Hemos logrado este resultado bajo situaciones extraordinarias como una pandemia o una guerra en Europa, y afrontando esas realidades mediante la protección social.

Hemos avanzado en la recuperación de la confianza en el sistema:

Garantizando la sostenibilidad financiera: al reforzar la estructura de ingresos del sistema que permitirá recuperar el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones,) que superará los 5.000 millones este año (la primera vez que aumenta desde 2011) y que, con la reforma aprobada, alcanzará 130 mil millones de euros cuando más se necesita para combatir el reto demográfico.

Garantizando la sostenibilidad social: al blindar legalmente la revalorización de las pensiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, y al dignificar las pensiones mínimas y no contributivas, preservando la suficiencia y adecuación de las pensiones que proclama nuestra Constitución.

Garantizando la sostenibilidad política, mediante el fortalecimiento de la legitimación democrática de nuestro sistema de pensiones, al hacer que las reformas aprobadas sean el resultado de intensos procesos de negociación y diálogo, desarrollados en dos planos:

El político: todas las recomendaciones del Pacto de Toledo han sido, total o parcialmente, atendidas.

El social: todas las reformas han sido discutidas y enriquecidas en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, siendo las más importantes el producto de grandes acuerdos tripartitos.

5.1.1. Nuestra visión del sistema de pensiones

Los segmentos superiores de la pirámide de población son probablemente los que han experimentado cambios más sustanciales en los últimos 40 años, suponiendo una auténtica transformación en su modo de vida.

A un notable aumento de la esperanza de vida —6 años más que entonces— debemos añadir la mejora de la calidad de la misma a partir de los 65 años, todo un logro sin duda que hace que hoy disfrutemos de una jubilación más larga y más plena.

Son las políticas emprendidas por los distintos gobiernos socialistas las que han hecho posible esa transformación, por su innegable contribución para la reducción de las desigualdades sociales, la mejora de las condiciones laborales y la creación y fortalecimiento de los pilares del Estado del bienestar Todas estas medidas han consolidado en poco tiempo en España un Estado Social y Democrático de Derecho sustentado sobre una gran clase media trabajadora.

La robustez y el alcance del sistema público de pensiones es la herramienta clave que ha hecho que la jubilación dejara de ser una etapa vital marcada por la carencia de autonomía, la inactividad, el sedentarismo y en muchos casos la dependencia de las hijas o hijos, para convertirse en un periodo vital caracterizado por una combinación de autonomía personal y tiempo libre para ser disfrutado en plenitud.

El sistema de pensiones se basa en la solidaridad intergeneracional. Quienes cobrarán una pensión los próximos años ya han contribuido a la jubilación de las generaciones anteriores, por lo que el Estado tiene la obligación de proveerles una pensión digna. Debemos, por tanto, combatir el discurso neoliberal que pretende buscar un enfrentamiento generacional que allane el camino hacia el desmantelamiento del sistema.

Por todo ello, vamos a seguir reforzando la confianza en el sistema público de pensiones desde mayor consenso social y político posible, y siguiendo los criterios de sostenibilidad del sistema y suficiencia económica de los y las pensionistas.

Para el PSOE, el sistema público de pensiones es un derecho esencial y sostenible, siendo imprescindible garantizar el poder adquisitivo de los y las pensionistas a largo plazo. Esa es la única manera de dar cumplimiento al verdadero espíritu del artículo 50 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar unas pensiones “adecuadas y periódicamente actualizadas”.

Hay dos visiones enfrentadas sobre el modo en que se debe afrontar el reto planteado al sistema de pensiones por la realidad demográfica. Y la visión que se imponga va a impactar decisivamente en la configuración de la sociedad venidera. Un planteamiento basado en los recortes y en la reducción del gasto aumentaría la desigualdad y la exclusión social, minaría la independencia y obstaculizaría la posibilidad de envejecimiento activo de la mayoría de las personas mayores, beneficiando solo a aquellas personas que más tienen.

Frente a esta sociedad, desde el partido socialista proponemos un modelo distinto en el que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales contemplando la última etapa con confianza .Y, para lograrlo, seguiremos utilizando fórmulas basadas en la igualdad, la solidaridad y la redistribución, garantizando ingresos suficientes a quienes reciban una pensión, que permitan que las pensiones puedan desempeñar su papel esencial como herramienta de cohesión.

.5.2. Apoyo a las familias y politicas del bienestar para todas las personas

5.2.1. Apoyo y protección a las familias

Hacemos nuestros y priorizamos en nuestros gobiernos los principios rectores constitucionales de la política social y económica, con la protección social, económica y jurídica de la familia. Las transformaciones demográficas y sociales que se han producido en las últimas décadas en nuestro país han modificado radicalmente las estructuras familiares y las formas de organización de responsabilidades y tareas dentro de las familias, a la vez que se han diversificado los modelos de familia: parejas de hecho, una sola persona progenitora, personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, familias en las que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores, familias adoptivas o acogedoras, etc.

El gobierno socialista ha priorizado en estos años la protección social y económica de las familias ante circunstancias adversas. En este ejercicio de protección se ha considerado especialmente a tipologías familiares vulnerables, como los hogares monoparentales o los que cuentan entre sus miembros con alguna persona con discapacidad. En este empeño, nuestro compromiso ha sido reconocer la diversidad de realidades familiares existentes en nuestro país y responder a sus necesidades diferenciadas.

El proyecto socialista está comprometido con abordar los problemas de corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Nuestro objetivo es que la responsabilidad que representan los cuidados recaiga en hombres y mujeres de manera igualitaria, corrigiendo situaciones donde la desigualdad se expresa en menores cotas de bienestar o salud para ellas.

En esta materia, ha habido avances que han supuesto un antes y un después para las familias de este país, como la aprobación en 2019 de la norma que reconoce permisos iguales e intransferibles de nacimiento para el cuidado de los hijos e hijas a ambos progenitores hasta el primer año de vida, el inicio de la tramitación de la ley de familias, y la reciente incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.

Esta norma es expresión de los principios de igualdad de género y de equilibrio entre vida familiar y vida profesional. Su trasposición nos permite avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, al mejorar el elenco de derechos de conciliación de las personas trabajadoras estableciendo nuevos permisos y ampliando los existentes.

La norma crea un nuevo permiso parental para el cuidado de hijo o menor acogido por tiempo superior a un año, que podrá disfrutarse hasta que el menor cumpla 8 años. Este permiso, de duración no superior a 8 semanas, continuas o discontinuas, es intransferible y podrá disfrutarse de manera flexible. Además, y entre otros permisos y reducciones de jornada, se amplía el derecho a la adaptación de la jornada de las personas con dependientes a cargo para quienes acrediten deberes de cuidado respecto de los hijos o hijas mayores de 12 años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado del trabajador, así como de otras personas dependientes cuando convivan en el mismo domicilio y no puedan valerse por sí mismas.

El PSOE se compromete a:

5.2.2. Refuerzo y consolidación del sistema de servicios sociales, como cuarto pilar del estado del bienestar, y desarrollo del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

Si bien los servicios sociales fueron incorporados a la lista de pilares del estado del bienestar, desde la ya lejana aprobación en 1988 del Plan Concertado su desarrollo y reconocimiento no se ha producido al mismo nivel que otros. El protagonismo de administración local, autonómica y estatal hace del sistema de servicios sociales un reto constante de cooperación y colaboración entre administraciones para atender adecuadamente a toda la ciudadanía. Nuestro objetivo es disponer de unos servicios sociales más fuertes, con recursos suficientes a todos los niveles de actuación y coordinados para hacer efectiva la igualdad y la equidad.

La crisis sanitaria y social derivada de la pandemia por COVID-19, evidenció la necesidad de dar un impulso definitivo a la transformación de los cuidados de larga duración en nuestro país. Nuestro gobierno se ha centrado en recuperar la cogobernanza entre comunidades autónomas y gobierno, en revertir los duros recortes de los gobiernos conservadores (la dotación para el ejercicio 2023 es un 96% mayor que en el año 2018) y en impulsar las reformas e inversiones necesarias para la modernización de las políticas de cuidados, en general, y de los servicios sociales, en particular.

Entre los retos y objetivos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del gobierno de España, se encuentra modernizar los servicios sociales públicos y dotarlos de un nuevo marco normativo para todo el Estado. Se trata de una inversión cercana a los 875 millones de euros para la modernización de los servicios sociales, la transformación tecnológica, la innovación, la formación y el refuerzo de la atención a la infancia.

Asimismo, es necesario reconocer el papel que las entidades del tercer sector desempeñan como interlocutoras ante la Administración General del Estado en el desarrollo de las políticas públicas sociales, especialmente, durante los momentos de crisis social y económica que hemos afrontado.

Para avanzar en la consolidación y el refuerzo del Sistema de Servicios Sociales, como Cuarto Pilar del estado del bienestar, y junto a la mejora de la protección constitucional de los derechos sociales, el PSOE se compromete a:

5.2.3. Reforma del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

Creemos en una sociedad que cuida y que entiende el cuidado como un derecho para garantizar una vida digna a todas las personas. La promulgación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en el año 2006 supuso un gran avance, con el reconocimiento del derecho subjetivo y el despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD).

Nuestra prioridad ha sido reforzar la atención a la dependencia y avanzar en un nuevo modelo de apoyos y cuidados de larga duración, alineado con el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Hemos incrementado la financiación recortada por el PP, disminuido la lista de espera y acortado el tiempo medio de gestión.

Después del balance de los años de vigencia de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia, las consecuencias de la pandemia en la atención a las personas con dependencia y la apuesta en los fondos europeos por la inversión en cuidados, nos comprometemos a:

  • Seguir con la reforma del saad: nuevos servicios y prestaciones adaptados a las necesidades de cada persona, dispositivos que acaben con la lista de espera, reorganización y modernización de la atención a domicilio y ampliación de la teleasistencia, mejora de la calidad de los servicios y del empleo prestigiando a sus profesionales, fortalecimiento y mantenimiento del carácter público de los servicios, y clarificación de la participación del sector privado y el tercer sector social.
  • Mejorar la normativa por la que se regulan las prestaciones del saad culminando el proceso de reversión de los recortes, adaptándonos a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, favoreciendo la flexibilidad, e incrementando las posibilidades de combinación de prestaciones y servicios del SAAD para una adecuación más personalizada.
  • Mejorar el modelo residencial, aumentando la calidad de la atención en centros tanto públicos como privados en equipamientos y profesionales. Avanzaremos hacia un modelo que se parezca lo máximo posible a un hogar, ajustando los cambios a cada contexto, a través de un cambio organizacional hacia unidades de convivencia más reducidas; contemplando los nuevos roles de los profesionales, fijando la figura del profesional de referencia, elaborando una historia de vida, promoviendo la autonomía, planes personalizados y los cambios del entorno necesarios. El objetivo es desarrollar la atención integral centrada en la persona mediante un modelo colaborativo entre los servicios sociales, sanitarios y otros comunitarios, y las personas residentes, familia, profesionales y voluntariado.

5.2.4. El desafío de la longevidad. derechos para todas las edades

En España, en este momento, la población de más de 65 años representa el 20% del total, y se prevé que alcance el 26% en el año 2037. El aumento de la longevidad es un fenómeno generalizado en nuestro entorno europeo y debe considerarse un éxito, especialmente de un modelo social que apuesta por el bienestar. Constituye un gran reto social y político que ha de abordarse desde una perspectiva de derechos. Las personas mayores se enfrentan a situaciones de mayor vulneración de derechos humanos, discriminación, barreras en la participación en sociedad y amenazas a su dignidad personal y su capacidad para seguir tomando decisiones libres y autónomas sobre su propia vida.

Para combatir el edadismo, así como otras discriminaciones como la homofobia, xenofobia o la discriminación por religión, los y las socialistas hemos promovido la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No discriminación, que otorga instrumentos efectivos para luchar contra la discriminación por edad. El proyecto socialista promueve los derechos y la participación de las personas mayores en todos los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos, así como la incorporación de su perspectiva en el conjunto de las políticas públicas.

En cuanto a la apuesta intergeneracional, la acción del gobierno se ha centrado en garantizar los equilibrios intergeneracionales que legitiman las políticas de bienestar, con la intención de atender las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital, y de reducir las distintas brechas de desigualdad que existen, también por edad.

Con la vejez, el riesgo de que las personas caigan en situación de aislamiento y de soledad no deseada aumenta. Según estudios recientes, los costes de la soledad no deseada se sitúan cerca del 1,17% del PIB de España. En esta etapa de la vida también supone un problema social la brecha digital, porque dificulta y limita el acceso a servicios sociales básicos y las posibilidades de participación social y política. El gobierno se ha ocupado de este asunto con acciones concretas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relacionadas con la formación e inclusión digital de la ciudadanía, para hacer frente al proceso de transformación digital.

La intergeneracionalidad conlleva una nueva perspectiva que los y las socialistas queremos incorporar al diseño de las políticas públicas. Una sociedad intergeneracional permitirá una comunidad más cohesionada y capaz de afrontar las transformaciones sociales que el aumento de la longevidad conlleva. Contar con el talento de todas las personas y la experiencia de los y las senior reforzará además una sociedad más competitiva y sostenible.

El PSOE se compromete a:

  • Bajo el amparo de la ley de igualdad de trato y no Discriminación, impulsar en el ámbito de la negociación colectiva la elaboración en las empresas de Planes para la Retención del Talento Senior, trabajando para prevenir el edadismo en la contratación laboral.
  • Pondremos en marcha un plan nacional anticaídas para prevenir las más de 250.000 caídas al año de personas mayores, generalmente en el propio domicilio. Estas caídas afectan enormemente a la calidad de vida, con graves consecuencias de salud de forma irreversible en muchos casos. Con este plan lograríamos mantener su calidad de vida, al tiempo que se posibilita un ahorro significativo en la atención hospitalaria, en sintonía con lo recogido en el documento de consenso sobre prevención de la fragilidad en la persona mayor del Ministerio de Sanidad en 2022.

5.2.5. Protección y promoción de los derechos de la infancia

Esta legislatura ha sido la legislatura de la infancia. A pesar de las dificultades que hemos afrontado como país, como la crisis derivada de la pandemia o las consecuencias de la guerra de Ucrania, hemos avanzado más que nunca en derechos de la infancia y la adolescencia, y el gobierno ha cumplido prácticamente la totalidad de las propuestas formuladas en este campo de cara a las elecciones de 2019.

Los últimos datos disponibles, referidos a 2021, nos muestran cómo la desigualdad y la pobreza en la infancia han descendido en España hasta alcanzar cifras previas a la crisis de la Covid-19, y similares a las que tenía el país antes de la crisis de 2008.

Una reducción que, además, es mayor en los tipos más graves de pobreza infantil.

Esta mejora se deja ver en muchos indicadores: Los hogares sin ingresos con niños, niñas o adolescentes continúan bajando en 2023 y se consolidan en niveles previos a la recesión provocada por la crisis de 2008, descendiendo en más de un 50% si lo comparamos con el punto más alto de 2013 (es decir, 110.500 hogares menos.) España también mejora sustancialmente en otros indicadores que afectan a la infancia y la adolescencia más vulnerable, como el abandono educativo temprano, que se reduce cuatro puntos en nuestro país hasta llegar al 13,3%, la cifra más baja desde que hay registros, beneficiando especialmente a los y las jóvenes con ingresos más bajos. O el cierre de la brecha digital, con una disminución del 75% en los últimos cinco años de los hogares con niños y niñas que no pueden permitirse el acceso a internet.

Además, sabemos lo que nos hubiera costado como país no actuar: más de 900.000 niños, niñas y adolescentes habrían entrado en situación de pobreza si no se hubiera desplegado el escudo social puesto en marcha por el gobierno durante la Covid-19, y más de 750.000 lo habrían hecho en 2021 si no se hubiesen realizado las transferencias sociales. En esta legislatura la salida de la crisis ha sido diferente a la que experimentamos en 2008: se ha protegido a toda la infancia, sin dejar a nadie atrás.

Estos indicadores mejoran y, con ellos, la vida de muchos niños, niñas y adolescentes, gracias a la apuesta decidida que el gobierno progresista ha hecho por la infancia y la adolescencia y por la igualdad de oportunidades. Una apuesta que llegaba tras años de negacionismo político por parte de la derecha respecto a la pobreza infantil, y de congelación de las ayudas destinadas a la infancia y la adolescencia más vulnerable.

La creación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil demuestra la acción decidida de este gobierno por la justicia social. El Alto Comisionado ha desarrollado una labor transversal, garantizando el cumplimiento de la Convención de derechos de la Infancia, transversalizando la mirada de infancia y adolescencia vulnerable a la acción impulsada desde los ministerios y las administraciones territoriales, y generando conocimiento sobre la pobreza infantil para que las políticas destinadas a combatirla sean más eficaces. En definitiva, convirtiendo la lucha contra la pobreza infantil en una cuestión de estado.

El Alto Comisionado ha impulsado también la Alianza País Pobreza Infantil Cero, destinada a alinear esfuerzos y reforzar el compromiso de todos los agentes en la lucha contra pobreza infantil. Esta Alianza cuenta ya con cerca de 250 administraciones públicas, empresas, entidades del tercer sector, fundaciones y universidades, que han generado un tejido social comprometido con la lucha contra la pobreza infantil.

El gobierno ha puesto en marcha políticas clave contra la pobreza y la desigualdad en la infancia con la mayor inversión presupuestaria en infancia de la historia de nuestro país —más de 11.380 millones de euros en los PGE de 2023 — y con la aprobación de múltiples leyes destinadas a la protección de la infancia, cumpliendo con los compromisos adquiridos en 2019 a pesar de las circunstancias tan adversas que hemos atravesado.

La aprobación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto la creación de un nuevo pilar en nuestro estado de bienestar, una de las políticas claves en la lucha contra la pobreza infantil. El IMV, que beneficia especialmente a los hogares con niños y niñas y, en particular, a las familias monoparentales, encabezadas en su mayoría por mujeres, ha llegado ya a más de 1,75 millones de personas, es decir, más de 600.000 hogares, de los cuales en dos tercios viven niños o niñas.

Otra medida clave para la protección de la infancia puesta en marcha es la prestación por hijo/a a cargo. Hemos triplicado la cuantía para niños y niñas de 0 a 3 años con el desarrollo del Complemento de Ayuda a la Infancia que beneficia a más de 350.000 niños, niñas y adolescentes. Además, como medida de ayuda a la crianza, se han equiparado los permisos de maternidad y paternidad en el marco del Real Decreto de 2019 de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

Con la aprobación de la Ley para la Reforma Laboral, se ha favorecido la contratación indefinida y la bajada de la temporalidad. Esto redunda, además, en el beneficio de los hogares con niños y niñas a cargo, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros en 14 pagas.

Hemos aprobado también la nueva Ley de Educación (LOMLOE) en la que se incluye la universalización de la educación 0-3 años o medidas destinadas a reducir el abandono educativo temprano. El gobierno ha impulsado, también, una inversión histórica en becas y ayudas al estudio, movilizando 2.549 millones de euros, una cifra nunca antes vista, así como en acceso a la educación infantil de 0 a 3 años, en la cual existe una importante brecha de participación en función de la renta del hogar.

Se ha aumentado también la inversión en el Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, el PROA+, de refuerzo al alumnado en situación de vulnerabilidad, y se mantiene el programa Vacaciones Escolares, Continuar Aprendiendo, conocido como VECA, cuyo objetivo es garantizar el derecho básico a la alimentación, al ocio, a la actividad física y a la cultura durante los periodos no lectivos.

Además, y con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los más jóvenes, se ha aprobado la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional y se han movilizado 1.300 millones de euros destinados a la creación de 45.000 nuevas plazas de Formación Profesional.

Con la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia con medidas que beneficiarán directamente a los hogares con niños y niñas como la construcción de vivienda pública, los límites al precio de los alquileres o las moratorias de desahucios.

Además, el gobierno ha puesto en marcha los bonos sociales eléctrico y térmico para garantizar los suministros básicos en hogares con menos recursos. También se ha puesto en marcha la tarificación para familias en situación de vulnerabilidad para garantizar el acceso a internet.

El acceso igualitario a la salud es otro de los ejes clave en la lucha contra la pobreza infantil, con medidas como el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, coordinado por el Alto Comisionado y que contiene 200 medidas con el propósito de hacer accesibles los estilos de vida saludables a toda la infancia en sus entornos más cercanos. También hemos impulsado el Plan de Salud Bucodental, que incrementa los servicios comunes ofrecidos por la sanidad pública priorizando a la población infanto-juvenil.

En materia de protección a la infancia el gobierno ha puesto en marcha la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como LOPIVI, y que refuerza también la prevención de estas violencias; y la Ley de Extranjería, que favorece la inclusión de los y las menores de edad no acompañados y los y las jóvenes extutelados.

También se han creado el Consejo Estatal de Participación de la infancia y la Adolescencia, y la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, destinada a la cooperación territorial entre las diferentes administraciones públicas para la protección y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El principal hito europeo es la aprobación de la Garantía Infantil Europea, destinada a romper el círculo de la pobreza infantil en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Acompañada de nuevos recursos financieros que provienen principalmente del Fondo Social Europeo Plus: en España dispondremos de más de 1.600 millones de euros adicionales de este fondo para combatir la pobreza infantil hasta 2027, una inversión nunca antes vista en nuestro país. Este éxito se consolidó en nuestro país con la aprobación del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), El motor que impulsa nuestra acción es que todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país crezcan, sanos seguros y protegidos, libres del riesgo de la pobreza y la exclusión social y que accedan, en igualdad, a las oportunidades de desarrollo y movilidad social. Para esto, nuestro estado de bienestar debe garantizar los derechos de la infancia, promover la equidad desde el inicio de la vida y proteger a niños y niñas del riesgo de pobreza.

Este cambio que se ha iniciado debe seguir avanzando para consolidar la igualdad de oportunidades de manera eficaz, derribando las creencias, corrosivas y falaces, que justifican a la meritocracia como forma justa de distribuir recursos. Los niños y niñas que nacen y crecen en circunstancias desfavorables merecen tener la oportunidad desarrollar sus talentos como todos los niños y niñas de nuestro país y por eso deben ser protegidos con especial ahínco.

Vamos a seguir combatiendo la pobreza infantil porque es una cuestión de justicia social, de calidad democrática y de eficacia. Desarrollaremos la senda que se ha iniciado y por la que se debe seguir transitando en la siguiente legislatura. La reducción de la pobreza infantil seguirá siendo una cuestión de Estado. Por todo ello, nos comprometemos a:

2.5.1. Garantía de rentas y apoyo a la crianza
2.5.2. Educación y cuidado de la primera infancia (0 a 3 años)
2.5.3. Salud

2.5.4. Vivienda

2.5.5. Participación infantil
2.5.6. Protección de la infancia

5.2.6. Tercer sector social, la economía solidaria y los agentes socioeconómicos, aliados estratégicos de las políticas sociales

Es fundamental que recordemos la importancia de que los partidos canalicen las demandas de los colectivos convirtiéndolas en leyes y políticas públicas. Por tanto, estamos llamados a un trabajo coordinado con todos los movimientos sociales y con las organizaciones que reivindiquen los derechos de las personas tomando el pulso de sus demandas y fomentando la participación activa.

Reforzar el cuarto pilar del estado del bienestar ha sido y es tarea del conjunto de la sociedad. Desde la responsabilidad pública, pero con la participación imprescindible de la sociedad organizada, es el momento de dar un nuevo impulso a todo el sistema de cuidados y de servicios sociales de forma colaborativa con todos los actores sociales.

El papel del tercer sector es clave para el desarrollo de las políticas sociales, creando valor público por su disposición para dar respuesta a las nuevas necesidades de forma rápida y eficiente y por su inversión continuada en innovación social. Los y las socialistas nos comprometemos a favorecer que sigan manteniendo y cultivando valores añadidos como son la incardinación comunitaria, la presencia en el territorio, la acción voluntaria, la participación ciudadana y la innovación social.

5.3. La inclusión, una política de estado

5.3.1. La inclusión social comienza en la lucha contra la desigualdad

Pese a que la riqueza global ha aumentado durante los últimos años, también lo ha hecho la desigualdad, debido en gran parte a una tendencia global a la concentración de la riqueza por parte de unas pocas élites económicas.

Para atajar esta tendencia, que en último caso conduce a la pobreza y la exclusión social, los y las socialistas confiamos en una fórmula que combina las medidas predistributivas y las redistributivas.

Es necesario intervenir en los casos de vulnerabilidad extrema y exclusión social. Ahora bien, es igualmente importante establecer estrategias para la reducción de la desigualdad. Estas deben incluir acciones previas, en la fase de producción, de tal forma que se evite, o al menos se reduzca, la generación de la desigualdad. Nos referimos, por ejemplo, a la garantía de salarios dignos, o la recuperación de la fortaleza sindical y los procesos de negociación colectiva. Es necesario dar herramientas a la ciudadanía para fortalecerla ante los posibles cambios derivados de los ciclos económicos, de tal manera que las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social derivadas de las mismas no tiendan a su desaparición.

Para acabar con la exclusión —es decir, con las barreras de acceso a oportunidades laborales, habitacionales, formativas, residenciales u otras—, debemos comenzar atacando los factores sociales y económicos que abocan a las personas a estas situaciones de vulnerabilidad, o las agravan. Pero con ello no basta. Hay que plantear enfoques integrales que aborden todas las dimensiones implicadas. Los procesos de exclusión son fenómenos dinámicos y, generalmente, no existe un único factor que lleva a una persona a la pobreza y la exclusión, sino que se trata de la interconexión entre varios. La pobreza debe de tratarse en con un enfoque de múltiples factores en su origen, y lo mismo ocurre con las desigualdades y los distintos ejes que las generan.

La desigualdad aumentó durante la crisis de 2008, aumento que se agravó en nuestro país debido a la aplicación de fórmulas neoliberales basadas en los recortes con las que el gobierno del PP abordó la situación económica.

La pandemia de la COVID también ha supuesto un impacto desigual, como sucedió en la anterior crisis, afectando con más intensidad a familias que ya tenían rentas bajas.

Sin embargo, en esta ocasión, las medidas de recuperación social impulsadas por los gobiernos socialistas en España, así como las iniciativas de algunos gobiernos autonómicos y Administraciones Locales, han hecho posible amortiguar el impacto.

Debemos consolidar las políticas de bienestar que dan respuesta a situaciones de adversidad coyuntural, y reforzar la inclusión social plena de las personas más vulnerables que han experimentado privación y exclusión de larga duración.

Como señala el informe FOESSA 2022, “a diferencia de la crisis previa, la respuesta de las políticas públicas ante el crecimiento de las necesidades sociales ha sido más intensa y de naturaleza más protectora”.

Nuestro compromiso en la lucha contra la pobreza es firme, y por ello vamos a seguir insistiendo con estrategias, planes y políticas, fieles a nuestra convicción de que hay que apostar simultáneamente por la predistribución y la redistribución.

5.3.2. Hacia un país con pobreza cero. el ingreso mínimo vital

España presenta tasas inaceptablemente altas de pobreza en comparación con países de nuestro entorno, muy especialmente entre niños, niñas y jóvenes. Durante la última legislatura hemos adoptado medidas de diverso orden que están contribuyendo a reducir estas tasas. Estas medidas ya están dando resultados: según los últimos datos disponibles, la tasa de riesgo de pobreza en nuestro país, situada en el 20,4%, se ha reducido hasta niveles previos a la crisis de 2008, y la desigualdad -medida por el coeficiente de Gini- se sitúa incluso por debajo de los niveles de 2008. Asimismo, los hogares sin ingresos, un indicador de pobreza severa, también han descendido de forma importante en esta última legislatura hasta llegar a la mitad de los que había en 2013, en plena recesión económica. Además, la pobreza infantil también ha disminuido en nuestro país, especialmente en sus formas más severas.

Para el partido socialista, la pobreza es un fenómeno a erradicar y no cejaremos en el empeño de que España se convierta en un país con pobreza cero. La lucha contra la pobreza ha figurado en el corazón de la política de los gobiernos socialistas desde siempre.

En 2019 aprobamos una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, largo tiempo reclamada por el tercer sector para fijar prioridades, coordinar acciones e impulsar el reconocimiento de este objetivo como uno de los grandes asuntos de Estado que debían marcar la legislatura.

Los gobiernos socialistas han impulsado una ambiciosa carta de iniciativas para combatir formas de exclusión vinculadas con la pobreza, como la obesidad infantil, el fracaso escolar y abandono educativo temprano o la falta de oportunidades de ocio en verano. También han liderado el debate en Europa sobre la Garantía Infantil Europea, un programa que desarrolla principios recogidos en el Pilar Social.

La lucha contra la pobreza ha contado además con la protección económica de los colectivos más vulnerables como nunca se había hecho antes gracias a la creación del Ingreso Mínimo vital, que también incluye toda una serie de medidas de inclusión social.

En las elecciones de 2019, el PSOE fue el único partido que incluyó en su programa el compromiso de crear una renta garantizada como herramienta para evitar los casos de pobreza severa y exclusión social.

En junio del año 2020 entró en vigor el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida con la que cerrábamos una brecha histórica respecto a los países del entorno, que en su mayoría ya contaban con mecanismos similares.

El IMV es una herramienta con la que se pretenden corregir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, y muy especialmente la pobreza infantil, verdadera lacra estructural de nuestro país, dotando de unos ingresos mínimos a las personas que más lo necesitan para que puedan reemprender sus proyectos vitales con unas mínimas garantías básicas.

Además, dado que el IMV establece un mínimo de renta vinculado al importe de las pensiones no contributivas, se corrige una situación en la que las personas en situación de vulnerabilidad percibían rentas de inserción muy desiguales en función de su lugar de residencia. Ahora, las comunidades pueden complementar la ayuda estatal, pero hemos establecido un mínimo que garantiza unos ingresos dignos iguales para todas y todos.

Gracias a todas estas acciones, el IMV ha llegado a 650.000 hogares, de los que dos de cada tres tienen como titular a una mujer, y a un total de 1,9 millones de personas, de las que cuatro de cada diez son menores.

Debido a su naturaleza, es fundamental que el IMV vaya acompañado de una constante evaluación que permita introducir cuantas modificaciones sean necesarias para mejorar su alcance y uso instrumental.

Pese a haber sido un compromiso electoral de nuestro partido, el estallido de la pandemia obligó a aplicarlo de manera urgente para paliar, en la medida de lo posible, el efecto de la falta de ingresos debido al cese productivo.

Debido a esa emergencia, ha hecho falta pulir determinados aspectos de la ley. Por ello, desde su entrada en vigor, el gobierno socialista ha introducido diferentes mejoras encaminadas, entre otras cosas, a flexibilizar las condiciones de acceso, introducir el complemento de ayuda a la infancia o simplemente establecer sistemas de información que permitan llegar a potenciales beneficiarios o beneficiarias que no están recibiendo la ayuda por desconocimiento o por problemas con la tramitación.

El importe del IMV también ha sido periódicamente actualizado para hacer frente a las subidas del coste de la vida. Además, como medida excepcional, el gobierno aumentó las cuantías un 15% como parte del paquete de medidas aprobado para paliar los efectos de la guerra de Ucrania.

El IMV no es un fin, sino un medio para garantizar la inserción de las personas en situaciones graves de vulnerabilidad. Por ello, otra medida fundamental que hemos introducido como complemento y refuerzo al propio IMV son los itinerarios de inserción laboral y el incentivo al empleo, para que las personas que estén percibiendo el IMV encuentren estímulos en la incorporación al trabajo, garantizando que su renta disponible aumente con su acceso al mercado laboral o al incrementar el número de horas en caso de beneficiarios que ya estuvieran trabajando.

Por todo ello:

3. Sinhogarismo

El sinhogarismo es una forma de exclusión social extrema que vulnera los derechos fundamentales de las personas. El número de personas sin hogar ha crecido en un 24,5% en los últimos 10 años; en España hay 28.552 personas sin hogar.

La primera Ley de Vivienda de la democracia reconoce el ejercicio del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. Asimismo, determina que las políticas en materia de vivienda tendrán en cuenta especialmente a las personas sin hogar.

El Acuerdo Marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para dar solución al sinhogarismo, aprobado en enero de 2023 y respaldado por la Estrategia nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030, tiene tres objetivos: erradicar el sinhogarismo de calle en 2030, prevenir las situaciones de calle y revertir la institucionalización.

Daremos una atención especial a las personas sin hogar, una realidad extrema y que representa una de las expresiones más agudizadas de exclusión social.

Impulsaremos la creación de una red de recursos residenciales a modo de viviendas normalizadas en entornos barriales, utilizando metodologías como housing first o housing led, o programas No Second Night Out, para las personas que viven en la amenaza constante del sinhogarismo, permitiéndoles ser miembros activos de su comunidad.

El PSOE se compromete a:

  • Impulsar el diseño de un plan de acción por las administraciones públicas competentes, con dotación económica suficiente, para la erradicación del chabolismo y los asentamientos segregados, que incluya la participación de la población gitana en el diseño del mismo, tal y como se aprobó en el Congreso de los diputados en las resoluciones del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano

5.4. Garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad

En España 1 de cada 5 hogares lo compone algún miembro con discapacidad. Los Derechos de las personas con discapacidad han de ser contemplados de manera transversal en todas las etapas de la vida y en todos los ámbitos legislativos, empezando por la propia Constitución Española. Una sociedad abierta e inclusiva es aquella que suprime las barreras que impiden el acceso a estos Derechos. La Accesibilidad Universal (física, sensorial y cognitiva) es el principio imprescindible para hacer realidad una sociedad exenta de esas barreras, y ha de estar siempre presente en el diseño de cualquier bien, servicio, producto o espacio. Sin Accesibilidad Universal nunca consagraremos una sociedad en igualdad de oportunidades y libre de discriminación.

Los importantes logros alcanzados en nuestro país en materia de discapacidad, con múltiples avances normativos desde 2018, son debidos en parte al trabajo de la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad. No podemos perder este valor social, siendo necesario el compromiso firme del gobierno de España con el sostenimiento de este imprescindible tejido social.

La acción del gobierno ha centrado sus esfuerzos en proteger y asegurar el goce pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con atención especial sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Ha promovido el respeto de su dignidad, en cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se ha promulgado la Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, y la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Estas normas se unen a la aprobación en 2018 de la modificación del régimen electoral general, que garantizó el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Hemos aprobado la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, concebida como una hoja de ruta para que las administraciones contribuyan a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias, y alineada con Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030.

Y hemos promovido la normativa necesaria que permitirá actualizar y mejorar el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

El proyecto socialista está plenamente comprometido con la accesibilidad universal y la implantación de forma efectiva del diseño para todos. Entre las inversiones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del gobierno de España, se encuentra el Plan España País Accesible.

El PSOE se compromete a:

  • La atención temprana.
    Aprobaremos, en colaboración con las CCAA, un marco común de Atención Temprana como servicio preventivo de posibles trastornos de desarrollo en niños y niñas entre 0 y 6 años, reconociendo por ley del derecho subjetivo a la Atención Temprana para todos los niños y las niñas y sus familias con apoyo expreso a las familias con menores con Trastorno del Espectro del Autismo.
  • Plan director de educación inclusiva
    La LOMLOE, alineada con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsa la educación inclusiva de calidad en colaboración con los centros de educación especial. Aseguraremos que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios con el fin de atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
  • Accesibilidad universal.
    Lo que es bueno para la discapacidad, también lo es para la sociedad. Una sociedad inclusiva, abierta, solidaria y accesible universalmente solo se consigue suprimiendo las barreras físicas, sensoriales y cognitivas que impiden la participación plena de la ciudadanía independientemente de su edad, de sus capacidades o de su situación particular. Perseguiremos el cumplimiento real de los mandatos legales vigentes que fijaban como límite temporal el año 2017 para que todos los entornos, productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos sean universalmente accesibles. Crearemos el Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, y fomentaremos la edición de información y materiales en formato de fácil lectura, con especial atención a documentos de relevancia para la calidad de vida de las personas con discapacidad.
  • Inclusión laboral.
    Reformaremos, actualizaremos y mejoraremos la normativa que regula el empleo de las personas con discapacidad, en base a las propuestas realizadas por el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad.
  • Inclusión laboral.
    La inactividad forzosa y el desempleo siguen siendo muy elevados entre las personas con discapacidad, lo que genera pobreza, exclusión social y falta de autonomía económica. El modelo legal actual de impulso al empleo tiene más de 30 años y ha quedado obsoleto en buena parte. Llevaremos a cabo un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con discapacidad basado en la activación, los apoyos, la acción positiva para las discapacidades más excluidas y con más dificultades de inserción laboral, teniendo siempre presente la perspectiva de género.
  • Vida independiente.
    La ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia aborda el derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad física, sensorial, sicosocial o intelectual. Daremos más protagonismo a la asistencia personal para el desarrollo de una vida autónoma, y mejoraremos la teleasistencia avanzada y accesible.
  • Fortalecimiento del tercer sector de la discapacidad.
    La participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad es esencial para diseñar las mejores intervenciones públicas. Favoreceremos la sostenibilidad y eficacia de las entidades para seguir desarrollando una actividad vital en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

5.4.1. La inclusión digital

La imparable transformación digital que se está produciendo en nuestro país con el impulso del gobierno quiere poner a las personas en el centro, haciendo de la alfabetización digital de la ciudadanía un requisito esencial. La España digital es una oportunidad para todos y todas, y por eso dentro de la agenda España Digital 2026 el Plan Nacional de Competencias Digitales moviliza miles de millones de euros. La formación en competencias digitales y el acceso a las infraestructuras necesarias para la inclusión digital son objetivos de nuestra acción colectiva. La transición digital debe ser inclusiva.

Pese a ello, según el INE uno de cada tres hogares con una renta inferior a 900 euros no tiene acceso a internet. Entre los hogares que ingresan menos de 900 euros, los porcentajes son del 67,3% en acceso fijo y del 21,8% sólo mediante el móvil. El 60,9% de los usuarios de internet declaran haber tenido algún problema con la administración electrónica, como el uso del sitio web o la firma electrónica. Además, según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el 60% de los desconectados son mujeres. Y el 29% reside las poblaciones menos habitadas, por un 10% de los que viven en capitales de provincia (tres veces más). 4,2 millones de personas de entre 10 y 100 años nunca han entrado en Internet, lo que supone casi un 10% de la población total española. La edad se constituye como el factor más determinante a la hora de identificar la Brecha digital que sufre nuestro país. Así, el rango que aglutina a personas entre los 75 y los 84 años concita al 40% de las y los excluidos digitales, y un 95% del total de las personas que nunca han accedido a Internet superan los 55 años.

Los y las socialistas combatiremos la exclusión digital en todas sus formas. La denominada brecha digital afecta a muchos colectivos por cuestiones económicas, geográficas, de sexo, de edad o culturales, y está impidiendo de forma creciente el acceso a derechos básicos de ciudadanía. Por eso, estudiaremos las necesidades específicas con el objetivo de establecer planes de acción para combatir la exclusión digital en todas sus formas, tanto de capacitación como de acceso. Además, examinaremos y adaptaremos la tramitación electrónica que desde la administración se ponen a disposición de la ciudadanía, para que sea accesible a todas las personas independientemente de su condición física y edad.

Nos comprometemos a:

5.4.2. Las situaciones de soledad y su repercusión en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía

La soledad no deseada es un problema global que puede afectar a personas diversas de cualquier edad, sexo y origen: un cambio de residencia, la pérdida de un ser querido, la no aceptación entre el grupo de iguales, la pérdida del empleo o de ingresos, la falta de círculos y redes familiares y comunitarias, situaciones de violencia o discriminación son algunas circunstancias que pueden desencadenar la soledad no deseada. Afecta especialmente a mujeres mayores y a jóvenes., y condiciona el bienestar social y emocional, vinculándose con hábitos poco saludables, con una percepción de inseguridad, y con el deterioro de las relaciones sociales, la salud física y la mental. Los y las socialistas afrontaremos el reto de la soledad no deseada desde una perspectiva de ciclo de vida.

  • Impulsaremos políticas para abordar el problema de la soledad no deseada a través de una Estrategia Nacional que coordine acciones y promueva el reconocimiento de este problema social como una de las grandes asignaturas de protección de la que deben ocuparse nuestras administraciones públicas. Para ello, profundizaremos en la cuantificación y conocimiento que nos lleve al diseño de acciones concretas, así como la implicación de los profesionales del ámbito social y de toda la sociedad para generar vínculos solidarios y comunitarios que promuevan una sociedad inclusiva y cuidadora.

5.5. Sanidad

Los y las socialistas defendemos una sanidad pública, de cobertura universal y de calidad, que garantice el acceso a las prestaciones sanitarias a toda la ciudadanía, en todo el territorio de nuestro país con equidad.

Para ello, seguiremos trabajando para tener servicios públicos sanitarios de calidad que cuiden y protejan a todas las personas, para que puedan llevar a cabo una vida plena y hacer frente a las enfermedades, vivan donde vivan, tengan los recursos que tengan.

En eso consiste tener un potente estado del bienestar, como el que hemos construido los socialistas en España.

La protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios son derechos protegidos por la Constitución española, y su concreción se constituyó como una de las políticas públicas que configuran el estado del bienestar.

En esta tarea estuvo, está y estará el PSOE, en la construcción y mejora continua de este sistema sanitario que representa uno de los pilares más sólidos de nuestro Estado del bienestar. Nuestro propósito es seguir mejorando el sistema público, defendiéndolo frente a otros intereses, para que se siga percibiendo como un elemento social de calidad que iguala y cohesiona a la ciudadanía de este país, y del cual estamos profundamente orgullosos.

Para los y las socialistas la protección de la salud y la sanidad pública, gratuita y universal son elementos vertebradores de nuestro estado del bienestar, por sus efectos en la mejora de la vida de la gente y en la cohesión social y territorial. También por su papel en el fortalecimiento de la justicia social como base de la convivencia, por su capacidad de redistribución de la riqueza y por su participación en el modelo económico innovador y generador de empleo de calidad.

Frente a la derecha, que entiende la sanidad como un servicio público más que se puede privatizar, y ante cualquier intento de desmantelamiento del sistema público de salud, queremos dejar muy claro que contará con el rechazo frontal de nuestro partido, y que haremos todo lo posible para defender una sanidad pública, gratuita y universal. La Sanidad Pública es un orgullo que tenemos como país y es nuestro deber protegerla, reforzarla e invertir en ella.

Desde que la OMS declaró la situación de pandemia, desde el gobierno socialista hemos afrontado la respuesta a la mayor crisis sanitaria en los últimos 100 años con el objetivo de salvar vidas y proteger la salud de toda la ciudadanía. Hemos desplegado la mayor campaña de vacunación de la historia reciente, cumpliendo incluso con antelación a los hitos marcados por la Unión Europea. Este éxito colectivo de país nos ha situado como referente internacional, y nos ha permitido proteger a la población ante la enfermedad, priorizando a las personas más vulnerables, y recuperando la actividad económica y social del país.

La crisis sanitaria consecuencia del COVID-19 mostró tanto las fortalezas del Sistema Nacional de Salud (SNS) como la necesidad de corregir problemas estructurales que ya existían, herencia de la falta de impulso y voluntad de privatización del Partido Popular, respondiendo a los retos emergentes en salud.

Siempre, pero especialmente durante la pandemia, nuestro personal sanitario ha desempeñado un papel fundamental en el sistema público de salud. Gracias a su profesionalidad y compromiso hemos podido afrontar los desafíos sanitarios. A ellas y ellos, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud.

El sistema sanitario público se había resentido de las decisiones adoptadas por los gobiernos del Partido Popular, como el establecimiento de copagos sanitarios, los recortes y políticas de austeridad, y la falta de planificación de los recursos humanos sanitarios.

Hemos aumentado exponencialmente la inversión en la política de Sanidad, alcanzando en el año 2021 el 7,3% del PIB, un 1,4% más que en el año 2018. Hemos situado el refuerzo del sistema sanitario dentro de las 10 políticas palancas del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del gobierno de España, referido a la renovación y ampliación de las capacidades del SNS.

Hemos aprobado la Estrategia de Salud Pública para estar mejor preparados ante futuras crisis sanitarias, y para dar cumplimiento a lo que en materia de vigilancia estaba previsto en la Ley General de Salud Pública de 2011 (a diferencia del PP, que no desarrolló esta importante norma.) Aprobamos también la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública, y de cara a su implementación estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de vigilancia en Salud Pública, más amplio y resiliente, para el que se están destinando 27,4 millones de euros de fondos europeos.

Hemos eliminado el copago farmacéutico a 6,8 millones de personas: pensionistas con rentas bajas, perceptores del Ingreso Mínimo Vital y menores con discapacidad. Y seguimos trabajando para su eliminación total. Hemos aprobado la Ley de la Eutanasia, despenalizando y regulando por primera una prestación de ayuda para morir en nuestro país. Un nuevo derecho que surge de la empatía con la condición humana y la compasión con las personas que les tocó vivir su última etapa con un sufrimiento insoportable. Por eso, como sociedad, adaptamos nuestras reglas de convivencia, nuestras leyes, para permitirles decir: hasta aquí he llegado. Ante una derecha que quiere derogar esta ley, su defensa está garantizada por nosotras y nosotros, contando además con el aval del Tribunal Constitucional.

Para los gobiernos socialistas, el fortalecimiento de la Atención Primaria como eje vertebrador del sistema ha sido una prioridad. Por ello elaboramos y aprobamos un Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, destinando una inversión sin precedentes distribuida entre las comunidades autónomas entre los años 2022 y 2023, por encima de los 1.000 millones de euros. Destaca el Plan MINAP de Mejora de nfraestructuras de Atención Primaria, que supondrá una inversión sin precedentes de 493,87 millones de euros para la construcción y renovación de los centros de salud y consultorios desplegados por todo el territorio.

Para contar con un mayor número de profesionales, hemos aumentado el número de plazas ofertadas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, un 36% (645 plazas más) respecto del año 2018, y hemos promovido la jubilación activa de pediatras y médicos de familia.

La atención a la salud mental y la prevención de la conducta suicida han sido una prioridad de las políticas públicas impulsadas por los socialistas. Tras 12 años paralizada por el Partido Popular, hemos actualizado la Estrategia de Salud Mental del SNS. Hemos aprobado por primera vez un Plan de Acción de Salud Mental, dotado con 100 millones de euros, y hemos puesto en marcha el teléfono 024, que en su primer año de funcionamiento ha atendido 120.000 llamadas. Asimismo, hemos aprobado el Plan de Mejora de las Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria, dotado con 14,5 millones de euros, para la mejora de las infraestructuras y equipamientos clínicos de los centros, servicios y unidades destinados a la atención de la salud mental comunitaria.

En 2021 creamos el título de Médico Especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En la convocatoria MIR de este año se han adjudicado por primera vez 20 plazas de esta nueva especialidad. Además, por la vía de acceso extraordinario, se han reconocido 656 títulos de esta especialidad.

Desde el gobierno socialista, hemos recuperado la política de recursos humanos en el SNS para dar respuesta a la falta de profesionales, poniendo en marcha la mayor oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de toda la historia del SNS: 11.171 plazas, un 40% más que cuando gobernaba el Partido Popular, y hemos destinado 52 millones de euros de inversión para incrementar en 750 el número de plazas en las Facultades de Medicina.

Además, hemos aprobado las normas que están permitiendo reducir la temporalidad en las profesiones sanitarias, impulsando el mayor proceso de estabilización laboral en la historia del SNS, que ha mejorado la estabilidad laboral de 85.253 profesionales con plazas de todas las categorías.

También aprobamos el Real Decreto que regula la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud y los criterios para crear nuevos títulos de especialista o diplomas de área de capacitación específica, estableciendo así el procedimiento para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o de un nuevo diploma de área de capacitación específica.

Hemos priorizado la lucha contra el cáncer, promoviendo la actualización de la Estrategia Nacional en Cáncer después de 10 años desde su última puesta al día. Esta estrategia tiene por objetivo clave mejorar la calidad de la atención que reciben las personas enfermas de cáncer y sus familias.

Desde el gobierno hemos apostado por la mejora de la capacidad diagnóstica y de innovación del SNS. a través del Plan INVEAT, con una inversión de 795 millones de euros para renovar y/o ampliar 851 equipamientos de alta tecnología en hospitales públicos de todo el SNS.

Continuamos desplegando el Plan para la implantación de la protonterapia en el SNS, una inversión de más de 260 millones de euros que va a permitir que España pase de no tener ningún equipo de esta modalidad de radioterapia en ningún hospital público del país, a disponer de 10 equipos en hospitales públicos repartidos por toda la geografía.

Acercamos así este innovador tratamiento frente al cáncer a pacientes que lo necesiten.

Convencidos de la importancia de ampliar la Cartera de Servicios Comunes del SNS, cumplimos compromisos aprobando el Plan para la ampliación de la cartera común de Salud Bucodental, que va a permitir homogeneizar las prestaciones de atención bucodental en el territorio. Un plan dotado con 112 millones de euros del que se van a beneficiar más de 6 millones de personas.

Hemos impulsado la salud digital, y por primera vez se ha aprobado una Estrategia de Salud Digital del SNS, dotada con más de 800 millones entre los años 2021 y 2028, cuyos objetivos son desarrollar los servicios públicos digitales en el sector salud, impulsar la interoperabilidad de la información sanitaria en el ámbito nacional e internacional, y el refuerzo de la analítica de datos y de la explotación de información.

Queremos que cualquier persona pueda tener acceso a su historia clínica esté donde esté.

Hemos puesto en marcha un PERTE de Salud de Vanguardia, dotado con más de 2.500 millones de euros y con cifras de ejecución globales superiores al 70%. Este proyecto estratégico tiene un objetivo tan sencillo como elevado: aprovechar las oportunidades que nos brindan la tecnología y la ciencia para mejorar y sostener la salud de la población. Se estructura en torno a 3 ejes: Plan de Atención Digital Personalizada, implantación de la cartera de servicios de genómica, y mejora de la asistencia a los pacientes con enfermedades raras.

Avanzamos en la investigación y en la mejora del diagnóstico de las enfermedades raras o poco frecuentes con el impulso a la Medicina de Precisión, a través de una inversión de 100 millones de euros. También hemos previsto, en la Adenda al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 70 millones de euros de los fondos europeos para la mejora de la atención sanitaria a pacientes con enfermedades raras y ELA.

También a través de fondos europeos, en una apuesta decidida por la promoción de la salud, el Ministerio de Sanidad ha articulado una subvención directa a la FEMP por valor de 18,4 millones de euros a lo largo del período 2021-23, con el propósito de impulsar la transformación de nuestros municipios en espacios saludables (mejora de equipamientos deportivos urbanos, carril bici, rutas de senderismo etc.).

Hemos situado la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades cardiovasculares entre los objetivos prioritarios del SNS, aprobando la nueva Estrategia de Salud Cardiovascular desde una visión integral de la atención a las personas con enfermedades cardiovasculares.

El modelo de donación de órganos español sigue siendo un ejemplo y referente mundial.

En 2022 se registraron 2.196 donantes de órganos, con lo que España alcanzó una tasa de 46,3 donantes por millón de habitantes, con un crecimiento del 15% con respecto al año anterior. Cifras que nos colocan muy por encima de la actividad registrada en el resto del mundo y de la media de la Unión Europea, situada en los 19,5 donantes por millón de habitantes. La Organización Nacional de Trasplantes lidera hoy los debates mundiales sobre la materia, y representa el altruismo de la ciudadanía española en la comunidad internacional.

Hemos recuperado el Fondo de Cohesión Sanitaria para financiar la asistencia a pacientes derivados entre comunidades autónomas en centros, servicios y unidades de referencia (CSUR), y así reforzar la cohesión del sistema.

Por todo ello, y para continuar en nuestro empeño por mejorar la sanidad pública, nos comprometemos a:

5.5.1. Refuerzo del sistema nacional de salud

  • La aprobación de la llamada ley de equidad seguirá siendo un objetivo prioritario, pues estamos decididos a que la salud no esté condicionada por el lugar de nacimiento o las circunstancias socioeconómicas. Una ley que modificará diversas normas para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud, fortaleciendo la Sanidad Pública y ensanchando derechos. Este proyecto de Ley pretende ampliar el acceso universal al SNS, recuperar la cartera común de servicios del SNS, y establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios.
  • Pondremos en marcha la red estatal de vigilancia en salud pública, que ampliará la actual vigilancia de enfermedades infecciosas incorporando la de las enfermedades no transmisibles, como son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, permitiendo un mayor conocimiento de las patologías y priorizando las acciones necesarias para mejorar la salud de la población.

5.5.2. Acuerdo por la sanidad, que incluirá medidas para las listas de espera y en favor de las y los profesionales sanitarios

  • Aprobaremos y desarrollaremos los diplomas de acreditación en el área funcional de Cuidados Paliativos, posibilitando un mejor desempeño por parte de las y los profesionales que atienden a pacientes que precisan atención paliativa, teniendo en cuenta la frecuencia, complejidad, gravedad y especificidad de los procesos, las patologías o los procedimientos relacionados con dicha área competencial, y la mejora en la calidad y seguridad que recibiría el paciente.

5.5.3. Pacto por la salud mental

5.5.4. Nuevos planes, más derechos y mejoras en el sistema

  • Avanzaremos en la optimización de los programas de cribado de cáncer ya implantados, ampliando progresivamente las poblaciones destinatarias en algunos de ellos, como el del cáncer de mama. Y extenderemos también los programas de cribado a otros tipos de cánceres (cáncer de pulmón, de próstata y, en determinadas circunstancias, el gástrico) tras su estudio para la inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

5.5.5. Plan nacional para la promoción de la salud

  • Promoveremos un plan de acción junto a la femp y la red de Ciudades saludables con el objetivo de incorporar desde el municipalismo dos líneas de acción, que permitirán cofinanciar la incorporación de nutricionistas a las plantillas municipales para diseñar planes de acción local en salud, así como la promoción de hábitos saludables.
  • Hemos hecho nuestro el objetivo 2030 de poner fin a la pandemia del VIH, y lo cierto es que estamos más cerca que nunca de lograrlo. Durante los próximos cuatro años seguiremos implementando el Pacto Social por la no Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, del mismo modo seguiremos impulsando todas las medidas de diagnóstico temprano para poder llegar a los objetivos 95- 95-95, porque tenemos la suerte y la responsabilidad de poder crear la primera generación libre de VIH.

5.5.6. Salud en el trabajo

El principal avance en esta legislatura ha sido lograr el acuerdo del gobierno con las organizaciones sindicales y empresariales para aprobar la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, con el objetivo de modificar la legislación en materia de riesgos laborales, que data del año 1995. De cara a la próxima legislatura desarrollaremos el contenido de esta Estrategia, prestando especial atención a los siguientes elementos:

5.5.7. Prevención frente al tabaquismo. apostando por una generación libre de humos

5.5.8. Drogas y adicciones

5.6. Consumo

La creación del Ministerio de Consumo ha dotado de mayor relevancia, transversalidad y visibilidad a las políticas de defensa de las personas consumidoras impulsadas desde el gobierno, suponiendo un refuerzo a la gestión integral de la seguridad alimentaria en toda la cadena de producción, elaboración, distribución y consumo, en cumplimiento de los correspondientes mandatos constitucionales. Ello se ha traducido en decisiones concretas que han servido para dotar de una mayor protección y seguridad a las personas consumidoras y usuarias, y empoderarlas en su toma de decisiones.

Destacan, entre otros, los siguientes hitos desarrollados a lo largo de la XIV legislatura: Refuerzo de la protección de personas consumidoras vulnerables, garantizando que las relaciones de consumo se realizan en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad. Porque nadie está exento de sufrir, a lo largo de la vida, situaciones de vulnerabilidad ante las empresas.

o Se ha dotado de competencia sancionadora al Estado ante fraudes masivos en materia de consumo. Se ha modificado el régimen sancionador ante infracciones y abusos en materia de derechos de personas consumidoras, haciéndolo más efectivo, proporcional y disuasorio, e incrementando las sanciones, que podrán ascender a 8 veces el beneficio ilícito obtenido. Ello facilitará que las personas afectadas por cláusulas abusivas recuperen su dinero, considerando como infracción el incumplimiento de las obligaciones relativas a los servicios de atención a la clientela, y garantizando así la imposición de sanciones por las CCAA.
o El plazo de garantía de los productos se ha ampliado hasta los tres años (antes eran dos) para los productos vendidos a partir del 1 de enero de 2022, y los fabricantes deberán asegurar las piezas de repuesto de sus productos durante diez años, y no durante cinco años, como hasta ahora. También se ha ampliado de tres a cinco años el plazo de prescripción para ejercer los derechos que la persona consumidora tiene cuando no esté conforme con el bien suministrado o el servicio prestado.
o Se ha reforzado la protección de las personas consumidores y usuarias en los entornos digitales y en el comercio electrónico.
o Se ha incluido como desleal la práctica de revender entradas de espectáculos cuando el empresario que las revende utiliza programas (software) como “bots”, que le permiten comprar un número de entradas o sortear cualquier otro medio técnico empleado por el vendedor primario. De esta manera se garantiza la accesibilidad de entradas a todas las personas.
o Se ha modernizado la Red de Alertas, se ha puesto en marcha la Oficina de Enlace Único ante la Unión Europea, y se han reforzado las inspecciones y análisis de bienes y productos alimentarios y no alimentarios realizados por el Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC) y el Centro Nacional de Alimentación (CNA).
o En materia de resolución alternativa de litigios con las personas consumidoras, se han renovado 66 juntas arbitrales de consumo entre CCAA, provinciales y municipales, y se les ha dotado con 1,3 millones de euros para su digitalización e interconexión.
o Una parte importante de los fondos destinados a programas específicos dentro de la convocatoria de subvenciones a asociaciones de consumidores se han destinado a la información y defensa de los derechos de consumidores y usuarios ante abusos ligados al endeudamiento familiar y a las hipotecas. Se ha reforzado la información sobre los derechos de las personas consumidoras para la reclamación de gastos hipotecarios abusivos. Se ha logrado un acuerdo con las CCAA para coordinar expedientes sanciones a las entidades financieras con cláusulas abusivas en sus contratos. Y se ha reforzado la educación financiera mediante la firma de un convenio con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
o En materia de políticas de juego, la interconexión de los registros de auto prohibidos en todo el Estado ha culminado un proceso paralizado desde 2017; se ha regulado de forma mucho más restrictiva la publicidad de juego, reforzando así las campañas, la vigilancia, la inspección y las subvenciones a asociaciones de jugadores en rehabilitación. Y se ha reforzado la lucha contra amaños en apuestas deportivas.
o En lo referente a las políticas de seguridad alimentaria, un aspecto fundamental de la salud pública, se hace desde la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y hemos seguido reforzando las garantías y la información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario .Y también se ha dado un mayor impulso al fomento de la salud a través de la nutrición mediante el desarrollo de estrategias y actuaciones orientadas a promover una alimentación saludable, la actividad física y la prevención de la obesidad. , preservando en todo momento los elementos fundamentales de la dieta mediterránea y los productos de calidad de nuestro país.

En línea con la importancia de estos objetivos, el presupuesto de la AESAN se ha incrementado un 21% en esta legislatura, dotando a los centros y laboratorios dependientes de mayores recursos y mejor equipamiento; se ha modernizado los sistemas de recogida de información y datos para el Control Oficial, facilitando con ello también el trabajo en las comunidades autónomas; se han reforzado las políticas públicas de nutrición saludable y sostenible necesarias para hacer frente a las elevadas cifras de obesidad y sobrepeso infantil existentes en España, y que nos sitúan a la cabeza de los países europeos en este grave problema de salud pública; se han intensificado los trabajos de la Estrategia NAOS y del Observatorio de la Obesidad, y se ha puesto en marcha el Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España (ALADINO) 2019, con el objeto de recabar datos sobre el impacto de la pandemia en la alimentación y salud de los y las menores.

Hemos reforzado las campañas de formación, información y concienciación destinadas a señalar la importancia de desarrollar una alimentación segura, saludable y sostenible en colegios y centros educativos, así como a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclado de materiales plásticos para su reutilización en el envasado de alimentos, explicando los controles que han de realizarse para garantizar la seguridad de estos materiales.

5.6.1. Una compromiso por una mayor protección de las personas consumidoras y usuarias

Los y las socialistas vamos a seguir impulsando actuaciones que garanticen la efectividad de la información, la resolución extrajudicial de conflictos y la tutela de las Administraciones Públicas de los derechos de las personas consumidoras.

Continuaremos reforzando los derechos de las personas consumidoras, para que sean protagonistas en la tarea colectiva y personal y tengan participación en las cuestiones que sectorialmente les afectan, tanto en el ámbito normativo como en el seguimiento del impacto de los productos y servicios en lo que atañe a la sostenibilidad, la igualdad, la justicia, la seguridad y la calidad de vida.

Impulsaremos una ciudadanía solidaria que tome conciencia ética de su rol, para cambiar las formas de consumo, personal e institucionalmente, por razones de justicia y de felicidad.

Desde esos principios, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

  • Continuaremos impulsando en europa el desarrollo de unas políticas de protección de las personas consumidoras que garantice el más elevado nivel de protección de sus derechos y la mejora de los mecanismos que faciliten la resolución de controversias transfronterizas entre consumidores y empresas. Trabajaremos, en línea con los objetivos de la Nueva Agenda del Consumidor de la Unión Europea, para que las personas consumidoras desempeñen un papel activo orientado a la recuperación sostenible y ecológica y a la consecución de una sociedad más justa, teniendo en cuenta las brechas digitales y previendo posibles causas de exclusión.
  • Vamos a seguir reforzando la seguridad alimentaria y concienciando de la importancia de una alimentación saludable. En España tenemos la ventaja de contar con una que aporta grandes beneficios, como es la dieta mediterránea. De ahí la importancia de impulsarla, así como de recuperar modelos de producción agroalimentaria y consumo que favorezcan el consumo de cercanía, potenciando las normas de calidad que se autoimponen las Denominaciones de Origen o las Indicaciones Geográficas Protegidas.
  • El fomento del consumo responsable desde la escuela, contando con la colaboración de las asociaciones de consumidores, constituirá uno de los ejes de nuestra acción de gobierno. Promoveremos una manera de consumir bienes y servicios que tenga en cuenta, además del precio y la calidad, las características sociales y laborales del entorno de producción y las consecuencias medioambientales posteriores. Con ello contribuiremos desde las políticas de consumo a la creación de un modelo de sociedad más equitativa y sostenible, y a favorecer el establecimiento de relaciones comerciales más justas.
  • Dotaremos de un nuevo impulso a la protección de las personas consumidoras y usuarias mediante la incorporación y desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico del derecho a la promoción del consumo sostenible, añadiendo la exigencia a los poderes públicos para desarrollar políticas transversales que promuevan modalidades sostenibles de consumo mediante una combinación de acciones normativas, económicas y sociales. Incorporaremos el “consumo sostenible” como un nuevo derecho básico de las personas consumidoras y usuarias, promoviendo el diseño, la elaboración y la utilización de productos y servicios que ahorren energía y no sean tóxicos, desincentivando las modalidades no sostenibles de consumo mediante el desarrollo y la utilización de nuevos productos y servicios ecológicamente racionales, y promoviendo aquellas tecnologías que puedan satisfacer las necesidades de las personas consumidoras a la vez que contribuyen a reducir la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales.
  • Aprobaremos una ley que regule los servicios de atención a la clientela. El proyecto de ley que presentamos desde el gobierno ha decaído como consecuencia del adelanto electoral. Nos comprometemos a volver a presentarlo, incorporando los mismos parámetros de calidad: que las reclamaciones se resuelvan en un plazo inferior a quince días; que las incidencias en el caso de interrupción de servicios básicos deban de ser informadas en un plazo de dos horas; que no se pueda cortar un servicio básico mientras exista una reclamación en curso; que los tiempos de espera en las llamadas telefónicas se limiten a un máximo de tres minutos; que no se permita la utilización exclusiva de sistemas robotizados de atención al cliente; que exista una atención personalizada; que los servicios sean accesibles y se adapten a los consumidores en situación de vulnerabilidad; que el servicio de atención a la clientela sirva para atender sus consultas y reclamaciones, y no para ofrecer nuevos contratos; y que las personas consumidoras puedan conocer, mediante la publicación de la auditoría, el funcionamiento del servicio de atención a la clientela de una gran empresa, antes de decidir contratarse ala.
  • Aprobaremos definitivamente la ley de creación de la autoridad de protección del Cliente Financiero, también decaída como consecuencia del adelanto electoral, cuyas resoluciones serán de obligado cumplimiento para las entidades financieras, y que garantizará la inclusión financiera a través de la atención personalizada especialmente a personas mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar reclamaciones.
  • Continuaremos reforzando la seguridad alimentaria sobre la mejor evidencia científica, como aspecto fundamental de la salud pública, para ofrecer garantías e información objetiva a las personas consumidoras y agentes económicos del sector agroalimentario español. Dotaremos de un reforzado impulso a las estrategias de promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad. Promoveremos dietas saludables y sostenibles, especialmente la dieta mediterránea; mejoraremos el etiquetado nutricional de los productos alimenticios, y trabajaremos para recuperar modelos de producción agroalimentaria y consumo que favorezcan el consumo de cercanía.
  • Seguiremos fomentando la responsabilidad y reforzando la seguridad en la oferta y consumo de juegos de azar mediante medidas dirigidas a un mayor control de la publicidad y el refuerzo de los mecanismos de protección de las personas jugadoras, con especial atención a los sectores vulnerables. Continuaremos fortaleciendo los instrumentos de prevención y la cooperación institucional en la lucha contra el fraude, así como la implicación de los operadores de juegos de azar en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación.

5.7. Diversidad

La ausencia de colectivos y grupos discriminados o directamente excluidos dentro de una sociedad es un indicador clave para medir la calidad de una democracia.

Históricamente, la diversidad en nuestro país se ha gestionado en torno a dos enfoques distintos: como activo social, o como un problema.

Los y las socialistas tenemos el objetivo último de lograr la plena inclusión social de todas las minorías, propiciando así el enriquecimiento mutuo fundamental para lograr el correcto funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho que mandata nuestra Constitución.

Para el Partido Popular, la diversidad es una anomalía, las minorías que la conforman son un problema, las políticas contra la discriminación son un gasto inútil, y la lucha contra el odio es simple censura.

Además, jugando de manera repulsiva con el descontento social provocado en gran medida por la austeridad y el abandono de las políticas de sus gobiernos, han sabido reabrir falsos debates de carácter identitario, buscando enfrentar unas minorías con otras en un intento de soliviantar los derechos de todas ellas.

Somos distintos en nuestras políticas y somos distintos en la manera de hacerlas. Frente a la imposición y el descontento social que generan las políticas de la derecha, los socialistas legitimamos nuestras acciones y leyes con el consenso resultante de un amplio diálogo social.

El problema de la discriminación es múltiple, y por lo tanto la interlocución social es esencial para garantizar que las acciones de gobierno actúen de manera efectiva contra las barreras que encuentran cada día millones de personas en todos los ámbitos, debido a la discriminación que sufren las distintas minorías.

La inclusión de las minorías debe abordarse de manera específica, pero la realidad de todas ellas suele ser común: mayores tasas de abandono escolar y paro, peores salarios, menor calidad de vida, violencia en bastantes casos. Lograr la plena inclusión dependerá de cómo afrontar todas estas realidades, y de combatir la discriminación con medidas específicas en cada uno de los ámbitos.

Educación de calidad, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico... Son todos ellos objetivos de la agenda 2030, todos ellos estrechamente relacionados con la inclusión, y todos ellos fundamentales para reducir la brechass que existen en nuestro país determinadas simplemente por el sexo, el color de la piel, la religión, el lugar de nacimiento, orientación y la identidad sexual y la expresión de género, entre un largo etcétera.

Durante los próximos cuatro años vamos a seguir desarrollando políticas que terminen con esas barreras, y elaborando estrategias a largo plazo que permitan incidir y reducir el impacto de la discriminación. Porque creemos firmemente que una sociedad en la que no se discrimina a las minorías es una sociedad mejor para todos y todas.

Durante esta legislatura hemos aprobado la llamada Ley Zerolo, la Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación: una herramienta fundamental que otorga derecho de resarcimiento a las víctimas de la discriminación.

Durante los próximos cuatro años seguiremos también combatiendo los discursos de odio, porque no son libertad de expresión, sino libertad de opresión. Generan polarización social, e incitan al odio y la violencia contra las minorías.

5.7.1. Personas con discapacidad, múltiple discriminación

El Partido Socialista muestra su profunda preocupación la situación de discriminación múltiple a la que se enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito social, educativo, formativo, laboral, económica, participativo, sanitario y jurídico. Pondremos en marcha de campañas de sensibilización de forma periódica y sistemática sobre la realidad de las personas con discapacidad. Esta labor se complementaría con campañas de información sobre la Convención de la ONU y los derechos y el trato adecuado de las personas con discapacidad. Nos comprometemos a:

5.7.2. La hora de la igualdad real para el colectivo lgtbi

Si durante el gobierno de Zapatero las personas del colectivo LGTBI dejaron de ser ciudadanía de segunda y vieron reconocidos sus derechos constitucionales y civiles (igualdad, matrimonio, propia identidad...), gracias al gobierno de Pedro Sánchez se ha construido un amplio aparato legislativo para impulsar el derecho al ejercicio de la plena ciudadanía, libre de discriminación y con independencia de la orientación, la identidad sexual y la expresión de género.

Hemos cumplido todos los compromisos legislativos que se incluyeron en el programa de 2019 en materia LGTBI:

Hemos aprobado un amplio marco regulador en línea con la estrategia LGTBI europea y en de la mano del colectivo LGTBI, que había sido ignorado por el gobierno del PP y que ahora ve reconocidas sus reivindicaciones de su derecho a la igualdad:

o Hemos devuelto derechos que habían sido arrebatados, como el acceso libre de discriminación de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida, limitado a las parejas heterosexuales por un Partido Popular que sólo reconoce un tipo de familia.

o Hemos convertido reivindicaciones históricas en nuevos derechos.

o Hemos creado herramientas legales para combatir la discriminación que permiten, por ejemplo, actuar contra los cánticos homófobos en los estadios o sancionar a los establecimientos que vetan la entrada a las personas del colectivo.

Hemos abanderado los derechos LGTBI en la esfera internacional, denunciando ante la comisión Europea la violación de los derechos fundamentales de la Unión que supone la Ley antipropaganda de Hungría, y estableciendo colaboraciones estratégicascon entidades que trabajan por la igualdad del colectivo en otros países.

Hemos avanzado en la lucha contra los delitos de odio. Unos delitos que no se pueden cuantificar en denuncias, porque sabemos que la mayoría de los que se producen no se denuncian. Por ello, desde el gobierno hemos implementado una serie de medidas que ponen en el centro la mejora de la atención a las víctimas, y que establecen protocolos de actuación y especialización con el único objetivo de erradicar la peor expresión de la LGTBIfobia, reduciendo la infradenuncia.

Hemos avanzado en el proceso de despatologización de las personas del colectivo, siguiendo las recomendaciones de la ONU y la Estrategia LGTBI Europea. Pese a toda la legislación para combatir la discriminación basada en la orientación y la identidad sexual, y pese a la consolidación de reivindicaciones en forma de derechos, el reto sigue siendo el mismo: remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que las personas LGTBI desarrollen sus proyectos vitales en igualdad y libres de discriminación.

Los indicadores muestran, entre otras cosas, que la orientación y la identidad sexual tienen una relación directa con unas mayores tasas de depresión y de desempleo (muy significativo es el caso de las mujeres trans), y también aumentan la probabilidad de sufrir violencia física.

Además, más de la mitad de los menores LGTBI sufre acoso en las aulas en nuestro país, según datos de la FELGTB. El bullying, la depresión infantil, el abandono escolar y la exclusión social son fenómenos en ocasiones concatenados, y es necesario actuar para romper esa cadena.

El colectivo había sido ignorado durante los años de gobierno del PP, y se hacía imprescindible una actualización de sus derechos. Ahora, cuatro años después, estamos en disposición de implementar todas las medidas incluidas en la Ley LGTBI, para actuar sobre realidades como el éxodo de las personas LGTBI hacia las grandes ciudades motivado por la discriminación en su lugar de origen.

En consecuencia, la principal acción que vamos a realizar durante los próximos años no es otra que impulsar la correcta implementación y desarrollo de todas las medidas recogidas en la ley, actuando en una serie de ámbitos en los que sabemos que una correcta intervención de los poderes públicos puede desempeñar un papel fundamental para terminar con la lacra de la LGTBI fobia.

Ámbito educativo: impulsaremos la formación de profesionales en detección y prevención del acoso, así como la del alumnado, en materia de diversidad sexual y familiar en todas las etapas educativas. Velaremos por la inclusión de referentes positivos.

Empleo: implementaremos las medidas para la reducción de la discriminación en el entorno laboral y especialmente en el acceso de las personas trans, impulsando y evaluando el impacto de las medidas dispuestas en la ley a tal efecto. Política exterior: España ha sido un ejemplo para que otros países implementaran leyes de protección y dotaran de derechos al colectivo. Seguiremos abanderando la causa LGTBI en los organismos internacionales de los que formemos parte, continuando con nuestra política de realizar litigios estratégicos en aquellos casos en los que observemos violaciones de los Derechos Humanos de las personas LGTBI, especialmente en el seno de la Unión Europeo.

Mayores. Las personas mayores del colectivo son las que han sufrido la represión de la dictadura franquista, y debemos garantizar que no se vean obligadas a volver al armario en la última etapa de su vida. Por todo ello, implementaremos todas las medidas de creación de espacios específicos y formación de profesionales que se recogen en la Ley,

Por todo ello, proponemos:

  • Como se recoge en la ley lgtbi, las personas lgtbi, especialmente las jóvenes y mayores, tienen un mayor riesgo de padecer exclusión social y situaciones de sinhogarismo derivadas de la discriminación .Por ello, fomentaremos la colaboración entre administraciones y las entidades del tercer sector especializadas en este ámbito para identificar y actuar frente a las situaciones graves que requieren atención de los poderes públicos, y en especial aquellas con elevado riesgo de exclusión social asociados a este tipo concreto de discriminación.

7.3. 2030 hacia el fin del vih

Un objetivo 2030 es lograr poner fin a la pandemia del VIH, así como terminar con el estigma que aún pende sobre el virus y las personas que lo portan, y que supone una barrera crucial que dificulta la detección temprana.

Una sociedad con cero discriminación hacia las personas con VIH sería una sociedad en la que habría cero infecciones nuevas. Desde el gobierno, los y las socialistas hemos derribado muchas barreras históricas que impedían a las personas con VIH acceder al empleo, porque sabemos que indetectable significa intransmisible.

5.7.4. La lucha contra cualquier tipo de discriminación, el racismo y los discursos de odio.

Para combatir el racismo no solo basta con ser no racista: hay que ser antirracista, en compromiso activo con las personas que sufren estigmas y discriminación por su condición étnica, por su color de piel o por su origen nacional. Por tanto, identificar las causas que provocan la discriminación racial y trabajar por una educación en valores se hace cada vez más imprescindible.

España ha sido y es un país de acogida y solidario, en el que tenemos que seguir trabajando para fomentar la interculturalidad y combatir la discriminación, el racismo y a xenofobia. La experiencia ha demostrado que la potenciación de las diferentes culturas enriquece nuestra sociedad, cohesiona a los diferentes y favorece la integración y la vida en una coexistencia positiva basada en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades sociales; en la construcción de un discurso en positivo de la diversidad; y, sobre todo, en el fomento de la interacción social positiva entre el conjunto de la población, luchando contra la discriminación y la exclusión de personas y colectivos.

Cuando hablamos de inclusión, ésta es sin asimilación; debe ser bidireccional. Hay que fomentar que la participación ciudadana de las personas migrantes sea fluida, y que a su vez éstas aporten su riqueza cultural, para que la población de acogida entienda los valores que aporta la interculturalidad al desarrollo de las sociedades.

El PSOE se compromete a:

  • Poner en marcha de la autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación, regulada en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, también llamada “Ley Zerolo”. La Autoridad será un órgano que deberá ofrecer protección frente a toda clase de discriminación y promoverá el cumplimiento efectivo del derecho antidiscriminatorio.

5.7.5. Pueblo gitano

Nuestro país, nuestra democracia, siguen teniendo una deuda con el pueblo gitano. Poco a poco estamos consiguiendo desde la política que el reconocimiento ocupe el espacio de debate público que le corresponde. Por eso tiene tanto valor que personas gitanas, activistas, líderes de movimientos sociales o profesionales, hayan acudido al lugar donde reside la soberanía popular para reivindicar que la política tenga en cuenta la voz del pueblo gitano a la hora legislar y emprender medidas destinadas a promover la igualdad.

En la actualidad la población gitana se calcula en más de un millón de españoles y españolas, donde aún persisten importantes desigualdades respecto a la población general, y de la que un porcentaje significativo continúa siendo víctima de la discriminación, la intolerancia y la exclusión social. En la última década, la Unión Europea y los Estados miembros han desarrollado marcos normativos, recomendaciones y planes estratégicos para mejorar las condiciones de vida de la población gitana, buscando igualar el acceso a las oportunidades y a los derechos sin distinción de origen racial o étnico, sexo o nacionalidad. Gracias a ello, se ha extendido la promoción de acciones positivas o medidas específicas que reviertan su situación.

En esta legislatura se ha producido un mayor impulso al debate en torno a las políticas dirigidas a la población gitana, con la aprobación de leyes y planes que mejoran la situación de desventaja social que existe en relación a la salud, la educación, el empleo y la vivienda.

La apuesta clara y decidida del gobierno liderado por el partido socialista ha permitido introducir la perspectiva gitana en cada medida, acción y normativa para garantizar la participación y el acceso a los derechos más fundamentales.

El reconocimiento institucional a la población gitana por su enorme contribución a forjar el carácter y la personalidad de nuestro país es incontestable, aunque aún no es suficiente. Para ello, los y las socialistas debemos seguir fortaleciendo y trabajando codo con codo con las organizaciones civiles del ámbito del tercer sector, mejorando los espacios de dialogo e interlocución con los poderes y administraciones públicos.

Legislar en democracia supone un poder inmenso. La regulación de los materiales educativos que enseñan la historia y la cultura gitanas en los centros escolares aprobado en la Ley de Educación; la normativa que protege al comercio ambulante del que tradicionalmente ejerce gran parte de la ciudadanía gitana; la Ley de Memoria Democrática que incluye la restitución de la memoria del pueblo gitano represaliado por el franquismo; o la Ley de Empleo, que menciona específicamente al Pueblo Gitano como grupo de especial cuidado y seguimiento, son ejemplos del paquete legislativo desarrollado en estaos cuatro años. Medidas concretas que den respuestas a necesidades históricas, como la aprobación en el 2021 de la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano 2021-2030.

Como también hay que señalar la relevancia de la promulgación de la nueva Ley Zerolo, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que ha permitido la inclusión del antigitanismo como agravante y como delito de odio en los artículos 22 y 510 del Código Penal. Un hito histórico que establece que el antigitanismo es una forma específica de discriminación, y además conlleva una reforma esencial del Código Penal; en definitiva, un paso más para luchar contra la impunidad. Después de un largo camino combatiendo el racismo, elevar la lucha contra el antigitanismo a nivel institucional se está convirtiendo en una cuestión de Estado y una prioridad para los y las socialistas.

Asimismo, se ha de poner en valor el impulso y apoyo a las conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe de la Subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano del Congreso de los Diputados, aprobado en marzo de 2023.

En los próximos años:

5.8. Deporte, motor de salud y bienestar

El deporte se ha convertido en España en los últimos años en un motor de transformación social, de promoción de la salud física y mental, así como en una palanca para la construcción de un modelo de sociedad más sostenible. Los y las socialistas entendemos el deporte y la actividad física como un derecho esencial de toda la ciudadanía y así lo hemos explicitado con la nueva Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022 después de 32 años de vigencia de la anterior.

Los y las socialistas concebimos un modelo de sociedad sostenible, y éste sólo es viable a través de una ciudadanía activa que incorpore en su agenda vital la práctica deportiva como una actividad esencial.

Durante esta legislatura, el deporte ha reforzado su posición como una parte importante de la vida cotidiana de las personas, demostrando su utilidad durante la gestión y la recuperación de los efectos de la pandemia.

Las políticas socialistas en esta legislatura han expandido la transversalidad del deporte a través del impulso del turismo deportivo y de la internacionalización del deporte español, así como el impulso a la Liga Profesional de Fútbol femenino. El deporte, en definitiva, es un sector que, a través de la constante innovación, constituye un gran yacimiento de empleo, especialmente joven, y un vector de continuo crecimiento económico.

Para que el esfuerzo realizado se consolide:

  • Desarrollaremos reglamentariamente la nueva ley del deporte, con el objetivo de afianzar los principios rectores a partir de los cuales se ha aprobado esta normativa, poniendo el foco en el acceso de las mujeres a la práctica deportiva, la presencia de las mismas en puestos de gestión, el fomento del deporte practicado por personas con discapacidad, y la consecución de entornos seguros en el deporte libres de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia.

5.9. Vivienda

Para los y las socialistas, la vivienda debe constituir el quinto pilar del estado del bienestar, y en la actualidad requiere de medidas firmes que permitan a millones de personas desarrollar una vida privada y familiar, y especialmente un proyecto de vida nuevo entre los más jóvenes y las personas económicamente más vulnerables. En 2018 nos encontramos una herencia de corrupción, exclusión social y especulación de la vivienda tanto en venta como en alquiler, donde se recortaron las ayudas públicas, se desprotegió al arrendatario y se abandonó e incluso privatizó el parque público de viviendas. Desde el gobierno hemos dado prioridad a la puesta en marcha de una auténtica política de vivienda donde antes no la había.

Hemos aprobado la primera Ley de Vivienda de nuestra democracia, apuntalando dicho quinto pilar del estado del bienestar. Una ley que cumple con la función social de la propiedad, fundamentada sobre la base de la cooperación entre Administraciones y la lucha contra la especulación urbanística y en el ámbito de la vivienda. Se trata de la primera norma de la democracia que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna, y que pretende garantizar el acceso a la vivienda e imponer su consecución como una obligación a los poderes públicos, que no podrán mirar para otro lado ante situaciones injustas.

Aborda, además, el problema de la vivienda en toda su dimensión. Supone un compromiso con la ciudadanía y sobre todo con los jóvenes de nuestro país, para que puedan realizar sus proyectos vitales accediendo a una vivienda en unos precios razonables, dejando atrás las burbujas inmobiliarias que provocaron las políticas fracasadas del Partido Popular.

La ley nos dota de los instrumentos necesarios para atender las prioridades de la mayoría social de este país: controlar subidas de precios abusivas, sacar al mercado viviendas vacías, establecer incentivos fiscales para el control de precios, y, lo más importante, garantizar y blindar el parque público de vivienda. Por lo tanto, nos comprometemos a activar y desarrollar los instrumentos previstos en la ley:

5.9.1. Política de alquiler

  • Incrementaremos el actual parque de vivienda pública de alquiler social mediante una decidida y ambiciosa política de inversión pública a medio y largo plazo en viviendas de calidad, atendiendo especialmente a la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad universal. El objetivo será alcanzar el 20% de vivienda pública en régimen de alquiler en los próximos años, situándonos en la media de viviendas que disponen países de la Unión Europea como Francia, Países Bajos o Alemania.
5.9.2. Políticas para colectivos vulnerables

En España existe una evidente emergencia habitacional. Además del desarrollo y ampliación del parque público de vivienda, los y las socialistas impulsaremos una ambiciosa política hacia los arrendatarios con menos recursos y colectivos vulnerables, con el doble objetivo de evitar la pérdida de la vivienda por quienes disponen de ella de forma precaria, y de facilitar el acceso a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no pueden alcanzar los precios de mercado; sin olvidar a aquellas familias económicamente vulnerables, dependientes, víctimas de violencia de género o con menores a cargo ysin alternativa habitacional, para que no queden sin vivienda.

  • Daremos una atención especial a las personas sin hogar: una realidad extrema y que representa una de las expresiones más agudizadas de exclusión social. Y promoveremos la creación de una red de recursos residenciales a modo de viviendas normalizadas en entornos barriales, utilizando metodologías como housing first o housing led, o programas No Second Night Out, para las personas que viven en la amenaza constante del sinhogarismo, posibilitando que sean miembros activos de su comunidad.

5.9.3. Rehabilitación

Existen en torno a 9,7 millones de viviendas principales en España que necesitan rehabilitación para abordar problemas de accesibilidad, de ineficiencia energética, y para promover la introducción de energías renovables en los hogares. La accesibilidad universal es una condición inherente a la convivencia inclusiva que defendemos los y las socialistas. Queremos entornos que favorezcan la seguridad ciudadana, la cohesión y la articulación de un tejido de relaciones comunitarias, donde todo el mundo pueda sentirse integrado.

  • Impulsaremos el desarrollo de la ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura, alineada con la estrategia a largo plazo del gobierno y la propuesta de la Comisión Europea (nueva Bauhaus) para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, promocionando su adaptación de estándares al contexto mediterráneo.

5.9.4. Innovación

La innovación debe ser una seña de identidad de todas las iniciativas en políticas de vivienda. Hacemos un planteamiento general de diversificación de los formatos y las tendencias habitacionales para dar respuesta a diferentes necesidades familiares, individuales y colectivas que tengan en cuenta las cambiantes circunstancias vitales.

5.9.5. Acceso de las personas jóvenes a la vivienda

La juventud y sus dificultades específicas para acceder a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, ocupan una parte importante de las políticas del gobierno y de los y las socialistas. Para dar respuesta a la demanda de este colectivo:

6. La españa de las libertades y la convivencia

6.1. La mejor españa que convive integrada y avanza en derechos

En los últimos años, el Gobierno socialista se ha enfrentado a importantes desafíos para la convivencia en España. El PSOE alcanzó el poder tras la moción de censura de 2018 en el contexto de la mayor crisis constitucional que ha sufrido nuestro país desde 1978, motivada por el proceso independentista en Cataluña, con la convocatoria de un referéndum de independencia, la Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación de la coerción estatal prevista en el artículo 155 de la Constitución. Durante este periodo, el Gobierno socialista ha trabajado para recuperar la convivencia con diálogo y respeto, en el marco constitucional.

Ese mismo espíritu de diálogo, búsqueda de entendimiento y colaboración se ha aplicado para hacer frente a la terrible pandemia que nos ha asolado en estos años, con las continuas reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o de la Conferencia de Presidentes, y luego en los procedimientos para la distribución y ejecución de los Fondos Europeos Next Generation EU. Nos hemos afanado por fortalecer la cohesión territorial, siempre con el lastre de una derecha que actúa a la contra al tratar de patrimonializar los símbolos comunes o provocar el enfrentamiento entre unos territorios y otros.

Seguiremos construyendo un tiempo nuevo con diálogo, a partir de los principios de lealtad y colaboración: Es la cogobernanza. Frente a la unilateralidad que ha caracterizado siempre al centralismo de la derecha, la cogobernanza implica la participación y el intercambio entre niveles de gobierno. Frente a la imposición, la cogobernanza implica cooperación y acuerdo, basados en los principios de buen gobierno y lealtad institucional.

En este sentido, nuestro compromiso es profundizar en la participación y corresponsabilidad en el marco de las relaciones entre los distintos niveles de gobierno.

Así, más allá de seguir avanzando en las relaciones de colaboración, debemos abordar dos grandes retos en la próxima legislatura. Por un lado, el impulso del municipalismo, superando las limitaciones a su autonomía que derivan todavía de la malhadada reforma de 2013 y mejorando la financiación de los municipios. Y por otro, la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica.

La convivencia en la mejor España también significa seguir avanzando en derechos, singularmente para aquellos que necesitan la especial protección de los poderes públicos. En estos años, se han reconocido nuevos derechos a las personas con discapacidad, derechos laborales o se ha incorporado a nuestro ordenamiento el derecho a la eutanasia, entre otros muchos avances. En esa línea, para reforzar la convivencia resulta adecuado el refuerzo constitucional de derechos que están débilmente garantizados en la Constitución y dependen, por tanto, de la voluntad política del legislador coyuntural que puede constreñirlos y directamente eliminarlos, como estamos comprobando en algunas Comunidades Autónomas. Es el momento, por tanto, de reforzar la garantía constitucional del derecho a la salud, a la vivienda, a una pensión digna o el derecho a un medio ambiente adecuado, por citar algunos de los más destacados.

Esa convivencia que queremos reforzar en la próxima legislatura debe llevarse a cabo en un contexto de seguridad ciudadana, como pilar fundamental para el desarrollo de la vida de las personas; con una justicia moderna, en cuya independencia pueda confiar la ciudadanía; una administración pública inteligente, accesible y proactiva que actúe desde los principios de transparencia y buen gobierno; un conocimiento cierto de nuestra memoria democrática, a partir de los principios de verdad, justicia y reparación o una adecuada integración de las personas migrantes con una política migratoria sustentada en el control de las fronteras y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, los y las socialistas presentamos un ambicioso programa para la convivencia y el avance en derechos en la mejor España.

6.1.1. La cohesión territorial en una españa plural

España está hoy más cohesionada, unida e integrada que en 2018. Entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, nuestro país sufrió una grave crisis constitucional motivada por el proceso independentista en Cataluña. La división se trasladó desde las instituciones a las calles y generó una fractura social y emocional cuyos efectos se sintieron en buena parte de los sectores que componen la sociedad catalana.
En estos años, el Gobierno socialista ha afrontado con valentía el grave conflicto que se generó durante el gobierno del PP en España, y ha trabajado para recuperar la convivencia y construir un proyecto de país en el que tengan cabida todos los territorios.

Solo el tiempo permitirá valorar con justicia el éxito alcanzado: se ha superado la situación de ruptura que existía hace cinco años y el número de personas contrarias al marco constitucional ha descendido de manera abrupta en Cataluña, tal y como demuestran las encuestas realizadas por distintos organismos, como el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya.
Así pues, el verdadero desafío que afrontamos las y los socialistas permanece: consolidar la cohesión territorial como principio estructural de toda la acción política., que garantice la adecuada integración de los territorios en una España plural. La derecha trata de patrimonializar los símbolos comunes e imponer una idea de España en la que solo caben ellos, promoviendo el enfrentamiento de unos territorios con otros. La derecha y la extrema derecha quieren hacernos olvidar que han sido gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas, como fue el caso de la derrota de la banda terrorista ETA, posible gracias a la decidida acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Y mientras ellos continúan con sus críticas desmedidas y su estrategia de deslegitimación de las instituciones democráticas, somos los y las socialistas quienes día a día fortalecemos la unidad y la cohesión territorial en España. El PSOE ha trabajado, trabaja y trabajará para avanzar en la integración y en la cohesión territorial que, de la mano de la cohesión social, garantice la convivencia y la concordia entre toda la ciudadanía española y españolas.

6.1.2. Un marco renovado de cogobernanza: cooperación y coordinación.

Estamos en una nueva etapa de la construcción del Estado autonómico. Las Administraciones Públicas ya no son órganos estancos que pugnan por ejercer un mayor número de competencias, sino que son parte de un sistema que vela por la protección del interés general y que debe funcionar de manera armónica y coordinada. En los últimos años se ha logrado un clima de colaboración sin precedentes, que ha sido posible gracias a las diferentes instituciones.

España es una comunidad política plural, que se enriquece con las aportaciones de todos los territorios. La materialización más clara de esta tendencia la encontramos en la experiencia de la gestión de la pandemia, marcada por una absoluta colaboración y lealtad institucional del Estado y las Comunidades Autónomas, como pudo comprobarse en las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o la Conferencia de Presidentes. Este clima de colaboración y lealtad institucional se ha mantenido también en la gestión de los fondos europeos Next Generation EU.

Con el impulso del Partido Socialista, estamos construyendo una nueva manera de gobernar adaptada a las necesidades de nuestro tiempo: la cogobernanza. Se trata de un modelo de responsabilidad compartida que combina los tres principios básicos de nuestro Estado descentralizado, consagrados en el artículo 2 de la Constitución: unidad, autonomía y solidaridad.

En esta Legislatura, que ha sido la de mayor producción normativa autonómica de la historia, también se ha incrementado y consolidado la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, siendo el período de menor conflictividad de nuestra andadura constitucional. El reforzamiento de la cooperación entre Gobierno y Autonomías responde, en última instancia, a un modelo de país más cohesionado social y territorialmente.

En suma, la lección extraída es que la decisión más acertada es la que nace del acuerdo y del diálogo. Por eso, para el PSOE, la cogobernanza es el mejor instrumento para renovar el esquema de relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Estado. La cogobernanza precisa que afrontemos una mejora y profundización de las relaciones intergubernamentales de nuestro sistema territorial en dos direcciones simultáneas. Por un lado, para potenciar los mecanismos de cooperación vertical entre el Gobierno central y los gobiernos de las Comunidades Autónomas ya existentes. Y por otro, para fomentar la relación entre las propias Comunidades. El objetivo último debe ser constitucionalizar los avances realizados hasta el momento, que vienen a reflejar la progresiva descentralización del sistema y, paralelamente, el reforzamiento de los instrumentos de cooperación.

Por ello, en la próxima Legislatura en el Partido Socialista nos proponemos reforzar y extender la cogobernanza y, así, mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. Y para ello:

  • Aprobaremos una ley de cohesión territorial y fomento de la colaboración que permita poner en práctica las lecciones aprendidas durante la pandemia y cubrir algunas deficiencias advertidas. Esta ley incluirá un marco común para incentivar la cooperación en materia de prestación de servicios esenciales, compartir datos estadísticos, o la necesidad de coordinar las políticas autonómicas de ordenación del territorio, para crear un paisaje armonizado y protegido. Esta ley servirá para aclarar, fijar y concretar el régimen jurídico de la cooperación y la coordinación y los principios que han de regir las diversas tipologías de órganos.
  • Seguiremos avanzando en el proceso de institucionalización del diálogo entre instituciones y entre los distintos niveles de Gobierno. Tras la reforma de la Conferencia de Presidentes, las y los socialistas seguiremos promoviendo nuevos avances en los instrumentos de cooperación orientados a reforzar la solidaridad interterritorial y la mejora en las políticas públicas. Reconoceremos a la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de cogobernanza política con el desarrollo del nuevo Reglamento, acordado en La Palma en marzo de 2022.
  • Crearemos una estructura que coordine la celebración de las conferencias sectoriales y reúna toda la información de estas de manera unitaria, para mejorar la toma de decisiones y la transparencia. También potenciaremos las Conferencias Sectoriales para la Agenda 2030, el reto demográfico y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un calendario común de reuniones y la publicación de todos los acuerdos alcanzados.
  • Estableceremos un sistema de interrelación de la conferencia de presidentes con las Conferencias Sectoriales. Se trata de configurar un ecosistema de relaciones de colaboración donde todas las piezas se articulen y retroalimenten.
    Esta vinculación podrá llevarse a cabo a través de diferentes instrumentos, como planes estratégicos a aprobar en el seno de las Conferencias Sectoriales y un plan general y global aprobado por la Conferencia de Presidentes.
  • Durante todos estos años, el psoe ha defendido la reforma del senado, que continúa hoy resultando necesaria para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial. El Senado debe ser una cámara que represente la diversidad y singularidades de los territorios de España, ofreciendo respuestas adecuadas desde un enfoque integrador, constructivo y eficiente. En tanto no se produzca la reforma constitucional necesaria, las y los socialistas impulsaremos el papel del Senado como espacio de diálogo y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno e intensificaremos sus relaciones con los parlamentos autonómicos.

6.1.3. El impulso del municipalismo

El PSOE es un partido municipalista, y por ello defendemos políticas y reformas que permitan a los municipios recuperar la autonomía en su actuación que les fue cercenada durante los años de gobierno del PP, así como garantizar su adecuada financiación. En este sentido, promoveremos un gran Pacto por la Política Local que sitúe las necesidades de las entidades locales en el centro del debate público y que incluya:

  • Una mejora de la financiación local. los ayuntamientos han dispuesto, en la legislatura que ahora termina, del mayor nivel de recursos de la historia reciente. Es preciso dar continuidad a esta tendencia para asegurar que los servicios públicos locales atienden las necesidades de todas las vecinas y vecinos, y en particular de quienes más lo necesitan. Pero, sobre todo, debemos abordar la reforma y mejora del sistema de financiación local, mediante la previsión de tributos propios mínimos, adecuados al marco competencial.

6.1.4. Un modelo de financiación autonómica y local garante de los servicios de ciudadanía

El sistema de financiación autonómica, y también el de los municipios, está íntimamente ligado al modelo de sociedad y de país que queremos construir. La pandemia de la Covid-19 ha reforzado el consenso de la ciudadanía en la necesidad de contar con un estado del bienestar avanzado, con unos servicios públicos de calidad y accesibles a todos, que cubran nuestras necesidades, nos permitan afrontar los desafíos futuros y nos protejan en los momentos de adversidad.

El Gobierno socialista ha demostrado que preservar el Estado de bienestar, garantizando la prestación de los servicios públicos fundamentales, es cuestión de voluntad política. Las Comunidades Autónomas han podido enfrentarse y combatir las consecuencias de la crisis sanitaria y de la invasión de Ucrania gracias a las decisiones del Gobierno de España, que les ha proporcionado recursos extraordinarios para mantener los servicios públicos, la protección de la ciudadanía y nuestro tejido productivo. Ahora, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puede permitir obtener financiación para el desarrollo de proyectos concretos, incardinados en los distintos componentes y medidas previstas en el Plan. El vigente Sistema de Financiación Autonómica caducó en 2013. Tenemos la obligación de lograr un consenso que nos dote de un modelo de financiación autonómica actualizado conforme a las necesidades actuales, distintas a las existentes cuando se acordó el vigente. Un modelo de futuro capaz de hacer efectivo el disfrute de los servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los españoles y españolas, reconociendo la diversidad y la pluralidad. En definitiva, un modelo justo y equitativo.

Este consenso no será posible sin superar el debate maximalista entre territorios. Es la ciudadanía quien hace uso de los servicios públicos y contribuye con sus impuestos a financiarlos. Por ello, tenemos que situar a las personas en el centro del debate. Sólo si pensamos en atender sus necesidades y aspiraciones podremos lograr el consenso para hacer realidad un sistema de financiación aceptable para todas y todos.

Durante los años de Gobierno del PP, las Comunidades Autónomas recibieron menos recursos y, a cambio de limitar su autonomía, solo obtuvieron préstamos que incrementaron su deuda. A pesar de ello, el PP nunca lo ha querido reformar. En sus años de gobierno retrasó el debate, sin realizar una propuesta de un nuevo modelo. El Gobierno socialista ha actuado de forma diametralmente opuesta. Ha adoptado decisiones que han proporcionado más recursos y flexibilidad a las Comunidades Autónomas y ha afrontado desde el principio de la legislatura la tarea de la reforma del modelo de financiación autonómica, aunque excepcionales circunstancias lo han ido impidiendo.

  • Impulsaremos la aprobación en el plazo máximo de un año de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad, tanto los que son la base del Estado del bienestar -la sanidad, la educación o la dependencia-, como otros igualmente imprescindibles de cara al progreso y dinamismo económico y social, entre los que destacan la vivienda, el fomento del empleo, la movilidad o la cultura. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

6.1.5. Apoyo a las zonas afectadas por catástrofes naturales

En relación con las ayudas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por catástrofes naturales, proponemos las siguientes medidas:

6.2. La españa de los nuevos derechos y libertades

6.2.1. Extensión y consolidación de nuevos derechos de las personas

El cambio climático y la digitalización están produciendo profundos cambios en nuestras vidas. Estos cambios necesitan ir acompañados de una respuesta política, porque no pueden traducirse en nuevas formas de desigualdad o ahondar en brechas ya existentes. Por eso, el Partido Socialista desarrollará nuevos derechos, para garantizar la igualdad y la justicia social, que ofrezcan respuesta a los retos que se abren en la España del futuro, al mismo tiempo, estableceremos mecanismos para reforzar nuestro compromiso con la garantía de los derechos humanos y la eliminación de toda forma de discriminación.

Además, defendemos acuerdos y reformas consensuados para blindar todas las conquistas que ya forman parte del patrimonio político y social de España y que se ven amenazados por la emergencia de opciones extremistas de derecha que, aunque defienden postulados abiertamente contrarios a los grandes consensos, pueden acabar prosperando ante la debilidad de opciones conservadoras dispuestas a sacrificar estos derechos con tal de alcanzar el poder.

6.2.2. Lucha contra la discriminación y en favor de los derechos humanos

  • Ampliaremos nuestro compromiso con el sistema de derechos humanos, mediante la implementación del II Plan Nacional de Derechos Humanos, recientemente aprobado, reforzando el conjunto de tratados ratificados por España sobre derechos humanos. Apostamos por los derechos humanos en la totalidad de nuestra acción política en España, Europa y el mundo, y para afrontar los desafíos a los que nos enfrenta el siglo XXI, entre ellos, el cambio climático, el desarrollo de la IA, el envejecimiento de la población o los procesos migratorios.
  • Pondremos en marcha la autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación, regulada en la Ley Integral para la Igualdad de trato y no discriminación, también llamada “Ley Zerolo”. La Autoridad será un órgano que deberá ofrecer protección frente a toda clase de discriminación y promoverá el cumplimiento efectivo del derecho antidiscriminatorio.

6.2.3. Nuevos derechos medioambientales

6.2.4. Nuevos derechos para la sociedad digital

6.3. Seguridad

6.3.1. Vive seguro como quieras

El PSOE está comprometido con hacer de España un país más preparado y resiliente ante los retos globales a la seguridad. Fenómenos como la cibercriminalidad, el cambio climático, o el incremento de la criminalidad organizada internacional y de los delitos de odio son sólo parte de los desafíos que hemos de afrontar como país, para poder hacer de nuestras calles espacios seguros para la convivencia donde se garantice el libre desarrollo de la personalidad.

España es uno de los países más seguros del mundo, tal y como demuestra el Global Peace Index de 2022, que nos sitúa por delante de países como Italia o Reino Unido en la posición 29, en un ranking de 163.

En los últimos años, gracias al incremento sostenido de la inversión en seguridad ciudadana, hemos logrado aumentar el número de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, recuperando los agentes perdidos durante los gobiernos del Partido Popular y superando el máximo histórico alcanzado en 2011. Además, hemos incrementado sus retribuciones en más de un 38% de media y mejorado y modernizado las instalaciones y los medios con los que cuentan nuestros agentes.

Del mismo modo, hemos impulsado el Sistema Nacional de Protección Civil para dotarnos de mecanismos y herramientas con los que poder responder a los enormes desafíos que plantea un cambio climático que se hace notar en aspectos tan diferentes como la salud de nuestros mayores y de los más pequeños, en nuestras costas y playas, en nuestros bosques y montes, con incendios cada vez más virulentos y devastadores, o en la persistente sequía que padece nuestro país.

En línea con este compromiso en hacer de nuestras calles, barrios, pueblos y ciudades un espacio seguro para todas y todos.

3.1.1. En el ámbito de la seguridad ciudadana
3.1.2. Fuerzas y cuerpos de seguridad

Desde 2018 y hasta la actualidad, el Gobierno del PSOE ha creado 14.381 plazas netas de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, alcanzando así el máximo histórico de 156.453 efectivos, frente al recorte de 13.000 efectivos que se produjo en los más de siete años del anterior gobierno del PP.

1.2.1. Seguridad privada
  • Actualizaremos la regulación vigente en nuestro país para modernizarla y adecuarla a los avances que se han producido en los últimos años, fomentando y potenciando el uso de tecnologías limpias y renovables, destacando la digitalización y la inteligencia artificial, así como atender las demandas de una sociedad que constantemente afronta nuevos riesgos y necesidades bajo las indicaciones y las prioridades señaladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asegurando que se respetan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
1.2.2. Frente al cambio climático
3.1.3. Violencia machista

Los y las socialistas hemos estado siempre a la vanguardia de la defensa de los derechos y libertades, y nuestra historia reciente demuestra que, cuando gobierna el Partido Socialista Obrero Español, todas y todos avanzamos. Desde la primera Ley de Igualdad de la democracia, pasando por la Ley contra la Violencia de Género, pionera en Europa, o la reciente aprobación de la llamada Ley Zerolo, la primera ley integral contra la discriminación, los y las socialistas demostramos con hechos nuestro compromiso con la igualdad y con la lucha contra la discriminación.

La lucha contra la violencia machista es una de nuestras absolutas e irrenunciables prioridades políticas. Por ello, y para lograr su total erradicación:

3.1.4. Migración

Las y los socialistas somos firmes defensores del concepto de “seguridad humana”, aquella que garantiza la libertad y los derechos sin perder de vista las condiciones materiales que son causa de la inseguridad. Por ello, confiamos en una sociedad solidaria capaz de luchar contra la lacra de la trata de personas de forma que, sin caer en el populismo o en propuestas simplistas que sólo ponen en mayor riesgo las vidas de los más vulnerables, puedan dar una repuesta ordenada, al fenómeno de la migración irregular. Para ello:

3.1.5. Movilidad

Las y los socialistas también queremos hacer que la movilidad, en nuestro país, sea cada vez más segura. A pesar de la notable mejoría en los datos de siniestralidad vial, tenemos que seguir avanzando para poder alcanzar y superar el objetivo de reducir un 50% la siniestralidad mortal y grave, para poder reducir al 50% tanto las víctimas mortales como el número de personas heridas graves, tal y como han propuesto la ONU y la Comisión Europea. Para ello:

6.4. Una administración pública inteligente, accesible y proactiva

Las administraciones públicas tienen que responder a las necesidades y expectativas de una clase media y trabajadora que demanda servicios públicos de calidad, cercanos, accesibles y eficientes. No se trata sólo de modernizar los servicios públicos aprovechando la digitalización. Se trata de repensar de principio a fin los trámites y procedimientos, poniendo en el centro a las personas, para resolver sus problemas de forma individualizada y proactiva. Se trata de aprovechar las ventajas de una administración inteligente que gestiona el conocimiento sin que haya compartimentos estancos. Se trata de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía ofreciendo una respuesta eficiente, garantista, de calidad y adaptada, evitando brechas en nuestros mayores o con aquellos que viven en el ámbito rural, con independencia de razones socioeconómicas, de género o de las diferentes capacidades de las personas.

El Partido Socialista cree en una administración pública moderna y preparada, disponible 24 horas al día y siete días a la semana y adaptada a una sociedad del siglo XXI. Y también defendemos que hay que seguir dando pasos en la conquista de nuevos derechos y prestaciones. Porque sólo así las administraciones públicas podrán seguir legitimando su función social ante una ciudadanía cada vez más exigente con el uso de los recursos públicos.

Por ello:"

6.4.1. Un empleo público a la altura de los desafíos de país

Por un diseño y una gestión de los empleados públicos que potencie su excelencia y propicie unos servicios públicos que respondan a las demandas ciudadanas. Los empleados públicos son el mayor activo de nuestro estado del bienestar y son los protagonistas indiscutibles de la modernización de las administraciones públicas. El Partido Socialista defiende un empleo público de calidad, estable, flexible e innovador, dando respuestas a los desafíos relacionados con el envejecimiento de las plantillas, la captación del talento o el desarrollo de la carrera profesional, de la mano de las organizaciones sindicales.

Por ello:

  • Aprobaremos la ley de función pública de la administración del estado, ya acordada con los sindicatos, que reforzará el papel de liderazgo de la Administración ante los retos de la sociedad, profundizando en la modernización de los servicios públicos e implantando un modelo de recursos humanos basado en la planificación, la fijación de objetivos, la evaluación del desempeño y en competencias, que favorezca la atracción y retención del talento, mediante la articulación de una carrera profesional que asegure la igualdad entre mujeres y hombres.
  • Garantizaremos la existencia de unidades de discapacidad en todos los ministerios para velar por la integración de las personas con discapacidad en la Administración y su acompañamiento a lo largo de toda la vida profesional. Y elevaremos al 10% el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad en el ámbito del empleo público, mediante la regulación de adaptaciones de tiempos y medios que garanticen una mayor igualdad en el acceso al empleo público.
4.1.1. Transparencia

Las Administraciones Públicas tienen que ser ejemplares en su funcionamiento y el Partido Socialista se compromete con la igualdad, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. Por ello:

4.1.2. Eficiencia administrativa

Las administraciones públicas tienen que avanzar en eficiencia administrativa aprovechando una gestión del conocimiento basada en datos. Para ello:

6.4.2. Modernización de la administración pública

6.5. Por una españa que avanza en transparencia y calidad democrática

Las democracias avanzadas se cimentan sobre una ciudadanía cada vez más exigente respecto a la política, las instituciones y las administraciones públicas. Por ello, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación ciudadana en el codiseño de las políticas públicas y la ejemplaridad en la lucha contra la corrupción son palancas imprescindibles para mejorar la calidad democrática y regenerar la vida pública.

El Gobierno socialista nació de la demanda ciudadana de regeneración democrática y se ha mantenido fiel a ese mandato, con iniciativas como la publicación del patrimonio de los altos cargos, la reversión de las reformas legislativas que favorecían la impunidad de los delitos de corrupción y la creación de sistemas de rendición de cuentas. Así lo constatan, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, así como el proyecto de Ley de Transparencia de Grupos de Interés y el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.

Para el PSOE, regenerar la política y las instituciones es un objetivo que exige ir más allá de combatir la corrupción. Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado un importante esfuerzo para reforzar los instrumentos de transparencia. Durante esta legislatura se han consensuado entre la sociedad civil y las tres administraciones públicas las bases para la reforma de la Ley de Transparencia y se han finalizado los trámites para la ratificación del Convenio de Acceso a los Documentos Públicos del Consejo de Europa.

También se ha desarrollado un informe pionero en nuestro entorno, denominado “Cumpliendo”, que consolida a España como un país en la vanguardia de la rendición de cuentas del conjunto de la acción del Gobierno. Y se ha puesto en marcha el laboratorio de participación en políticas públicas Hazlab y desarrollado campañas de información en gobierno abierto inclusivo.

Además, en estos años hemos facilitado la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y posibilitado su acceso a las iniciativas que contribuyen al ejercicio de sus derechos a la información. En este sentido, hemos consolidado una trayectoria muy potente y valorada. De hecho, la reciente incorporación de nuestro país al comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto supone un reconocimiento al esfuerzo desplegado en la elaboración y ejecución de estas políticas a través del IV Plan de Gobierno Abierto (2022-2024). Dicho Plan fue fruto de un proceso abierto y participativo entre la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y las tres administraciones públicas (estatal, autonómica y local) y tiene una vigencia de cuatro años, a diferencia de los anteriores que eran bienales, lo que ha permitido asumir compromisos más ambiciosos.

La regeneración democrática debe situar los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación en auténticos derechos de la ciudadanía al buen gobierno. Cuanto más sólidamente arraigados estén estos principios en el funcionamiento del gobierno y la administración, mayor será la calidad de nuestro sistema democrático y mayor la satisfacción de la ciudadanía.

La regeneración de la vida pública pasa por todos estos principios y, principalmente, por la lealtad a la Constitución y a las instituciones. En esta Legislatura, la derecha ha sobrepasado todos los límites mostrando una profunda deslealtad a las instituciones e incumpliendo la Constitución, queriendo imponer un bloqueo frente al normal funcionamiento de la democracia.

Estamos, por tanto, ante unas elecciones fundamentales en las que se decide si seguimos avanzando en políticas de transparencia, gobierno abierto y regeneración democrática. Ante la amenaza de involución que representan las derechas, los socialistas nos comprometemos a seguir profundizando en el funcionamiento de nuestra democracia. Nuestro propósito es poner en el centro a la ciudadanía y su derecho a conocer, evaluar, contrastar información y disfrutar de instituciones que funcionen adecuadamente.

Para el Partido Socialista impulsar la cultura de transparencia en la sociedad, en las instituciones públicas y en nuestra organización es indispensable y un elemento clave para el fortalecimiento de nuestra democracia. Desde estas ideas y principios, los y las socialistas nos comprometemos a impulsar un nuevo paradigma en el ejercicio del poder político. Para ello:

6.5.1. Transparencia e integridad

  • Incorporaremos al portal de la transparencia de forma proactiva las categorías de información más demandadas por la ciudadanía a través del derecho de acceso. En particular, en relación a los altos cargos, se publicará por publicidad activa información relativa a las agendas, al gasto de los viajes y viviendas oficiales, la declaración completa de bienes y actividades y sus peticiones y denegaciones de compatibilidad. Igualmente, avanzaremos en la información sobre el personal eventual, la publicidad institucional, los contratos públicos y los procesos selectivos.
  • Aprobaremos las leyes de transparencia de grupos de interés y de prevención de conflictos de intereses del personal empleado público. Reforzando la actividad y la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para la comprobación del patrimonio y la actividad de los máximos responsables públicos, dotándole además de facultades para detectar posibles casos del nuevo delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos.

6.5.2. Rendición de cuentas y participación ciudadana

6.5.3. Democracia reforzada

  • Reforzaremos el pacto antitransfuguismo, para impedir que las personas tránsfugas puedan alterar la voluntad popular evitando que puedan disfrutar de los derechos económicos y administrativos de los que disfrutan los grupos políticos elegidos por la ciudadanía y promoviendo la extensión del Pacto a cargos públicos no electos por sufragio directo (es decir, aquellos designados con una lógica representativa por organismos parlamentarios o por las administraciones públicas).
  • Contribuiremos a la reforma del reglamento del congreso de los diputados y del Senado, así como de los mecanismos internos de la Administración General del Estado, para asegurar la transparencia y publicidad de las relaciones con los grupos de interés y la incorporación de sistemas de huella legislativa para que la sociedad pueda conocer la influencia de cada entidad en las iniciativas normativas.

6.6. Modernización de la justicia

6.6.1. Por una justicia 5.0: una justicia centrada en las personas

La Justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho. En los últimos cuatro años de legislatura socialista hemos puesto los cimientos de la Justicia del siglo XXI en España y lo hemos hecho mejorando, simultáneamente, organización y procesos, junto con una gran inversión en infraestructuras digitales.

  • Las y los socialistas apostamos por garantizar el derecho de acceso al servicio público de Justicia, que es, a su vez, garantía para el ejercicio de los derechos y las libertades de todas y de todos. Por ello, hemos puesto las bases para cerrar las brechas territoriales, económicas y digitales en el acceso al servicio público de Justicia en España. El resultado es una Justicia que pone en el centro a las personas: el Plan Justicia 2030.

6.6.2. Servicio público de justicia

Para garantizar el derecho de acceso al servicio público de Justicia:

6.6.3. Justicia eficiente y sostenible

  • Mejoraremos la inversión en la conexión digital de todos los órganos judiciales para permitir a la ciudadanía una tramitación más próxima, rápida, eficiente y sencilla de sus expedientes. Antes de finalizar la legislatura, todos y cada uno de los órganos judiciales de España estarán conectados: el movimiento de expedientes será inmediato, reduciendo los tiempos y el papel (“papel 0”) y los juicios telemáticos. Las declaraciones a distancia serán posibles desde cada municipio con plenas garantías de seguridad.
  • Se impulsará la conexión entre la administración de justicia y la administración Local, lo que, a su vez, debe facilitar la relación entre ambas y mejorar la coordinación y cooperación, especialmente respecto a la actuación de servicios sociales para protección de personas y colectivos en riesgo de vulnerabilidad, cuando entran en el sistema de justicia (por ejemplo, desahucios y lanzamientos sin alternativa habitacional, protección de niños, niñas y adolescentes, protección ante violencias machistas, etc.).

6.6.4. Consolidación de derechos y garantías de la ciudadanía

6.6.5. Ocupación

La ocupación ilegal de viviendas es un hecho grave y debe combatirse, especialmente la acción de las mafias. Por eso, para el Gobierno de España ha sido una prioridad dar respuesta y certidumbre a todos aquellas personas que en algún momento se han podido ver inquietados en el pacífico disfrute de su vivienda o de sus propiedades. En ese sentido:

6.6.6. Cogobernanza con las comunidades autónomas en materia de justicia

6.6.7. La justicia española en europa

6.7. Memoria democrática, una cuestión de estado

La Constitución Española de 1978 se fundamentó en un amplio compromiso social y político para superar las graves y profundas heridas de la Guerra Civil y la dictadura.

Para el PSOE la memoria es una cuestión de Estado y por ello hemos impulsado la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Una Ley que se asienta en los principios del derecho internacional humanitario de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Una Ley que favorece la convivencia y propicia la necesaria conciencia ciudadana que ayude a cerrar de una vez por todas las heridas aún abiertas. La democracia es incompatible con el olvido.

Por ello, los socialistas reafirmamos hoy más que nunca nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político, máxime cuando asistimos en España, en toda Europa y en otros lugares del mundo, a un resurgimiento de movimientos de ultraderecha.

Para ello, durante la próxima Legislatura:

  • Desarrollaremos en su integridad la ley de memoria democrática, completando las actuaciones del Plan de Exhumaciones, de modo que al final de legislatura se hayan exhumado todas las fosas comunes localizadas y nos permita la entrega a sus familiares de los restos para su digna sepultura; poniendo en marcha el Banco Estatal de ADN y el Registro y Censo de las víctimas de la Guerra y la Dictadura; profundizando en medidas de reparación, como en lo relativo a las incautaciones; concluyendo la inclusión de los contenidos de memoria democrática en el sistema educativo; declarando nuevos lugares de memoria democrática; retirando símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que aún permanecen en España; e impulsando la extinción de las fundaciones y la ilegalización de las asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo.

6.8. Una españa que avanza en laicidad

A lo largo de los últimos años del siglo XX y en este siglo XXI, España, y sus ciudadanos y ciudadanas, han avanzado de manera firme hacia los valores de igualdad, pluralidad, diversidad, inclusión y tolerancia que configuran a nuestro país como una moderna sociedad democrática.

El PSOE ha sido el partido político que ha impulsado dichos avances. Las leyes y normativas promovidas y aplicadas por Gobiernos socialistas sobre divorcio, interrupción voluntaria del embarazo, muerte digna, matrimonio entre personas del mismo sexo, igualdad entre mujeres y hombres, violencia de género... son expresión de espacios de laicidad conquistados por y para la ciudadanía, que siempre han tenido que vencer democráticamente la oposición de sectores conservadores, como ha sido el del Partido Popular. Ahora, además, asistimos a un renacimiento de movimientos ultranacionalistas y supremacistas en España y en toda Europa, que alimentan el odio a quien tiene otra cultura u otra religión distinta de la que ha sido tradicional en nuestro país.

Para el Partido Socialista defender la Constitución es defender la igualdad, la diversidad y el ejercicio de la libertad dentro del marco que la misma dispone. Por ello y desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado intensamente en la normalización de la diversidad religiosa y el reconocimiento de las minorías, así como en la neutralidad y la igualdad del sistema de relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso. Y, al mismo tiempo, ha desarrollado una importante actividad legislativa en materia de libertad de conciencia, religiosa y de convicciones.

Para profundizar en la convivencia de una sociedad plural e inclusiva, emprenderemos las siguientes actuaciones:

No podemos dejar que el discurso del odio y la intolerancia gane terreno y, por eso, en la próxima legislatura los y las socialistas trabajaremos para que la sociedad no vea en el pluralismo religioso un problema, sino una oportunidad de ir más lejos en la consecución de los principios que la Constitución quiso que presidieran nuestro modelo de convivencia.

6.9. Migración y asilo

La movilidad humana es inherente a la historia de la humanidad y se ha convertido en uno de los desafíos globales que debemos gestionar como país y como comunidad internacional.

Si bien las personas migrantes internacionales suponen menos del 3% de la población mundial, los países desarrollados como España tienden a concentrar una proporción creciente de los mismos, que cada vez más huyen de conflictos y de las consecuencias del cambio climático en sus países. Los países de acogida debemos estar preparados para gestionar la llegada de personas migrantes de una manera beneficiosa y posible para ambas partes

Europa ha tenido que afrontar en estos últimos años varias crisis humanitarias mundiales en las que España ha reaccionado con rapidez y eficacia hasta convertirse en un referente en la gestión de acogida. Como de las más de 3.000 personas evacuadas de Afganistán en 2021 y la concesión inmediata de protección temporal a más de 178.000 personas procedentes de Ucrania tras la agresión rusa en 2022, han mostrado la capacidad de respuesta coordinada del Gobierno de España ante estas situaciones y convirtió a nuestro país en el alma de Europa, como nos calificó la presidenta de la Comisión Europea.

El compromiso con quienes necesitan de nuestra ayuda fue expresado, tras la agresión rusa a Ucrania, con la puesta en marcha de un dispositivo sin precedentes para implementar la directiva europea de protección temporal y habilitando los recursos necesarios para que estas personas obtuvieran los derechos que les otorga la directiva de manera rápida y sencilla.

Se confirmó así la necesidad de reforzar el sistema de acogida para solicitantes de asilo y refugio y dotarlo de más y mejores recursos y capacidades, que llevó a la reforma de su financiación, pasando de un modelo de subvenciones anuales a entidades colaboradoras a uno de acción concertada, que le da estabilidad y, en consecuencia, garantía de la atención a las personas acogidas.

La próxima legislatura abundaremos en las reformas emprendidas:

6.9.1. Integración

El PSOE pone en valor la contribución de las personas migrantes al desarrollo y prosperidad del país y por ello abogamos por una migración regular, segura y ordenada que garantice la plena inclusión social y laboral de las personas migrantes, como han demostrado las dos reformas del reglamento de la ley de extranjería realizadas en la presente legislatura. La primera de ellas ha permitido que casi 15.000 jóvenes que estaban condenados a la irregularidad y la economía sumergida y la explotación, puedan formarse y contribuir al crecimiento económico del país que los ha acogido desde niños. La segunda reforma del reglamento de extranjería se centra en la actualización de las actuales figuras de arraigo y la creación de nuevas, la facilitación de la permanencia de estudiantes extranjeros en el país, el refuerzo de las vías de migración laboral regular y la mejora del sistema de gestión.

Somos conscientes de que la gestión de la migración en nuestra sociedad debe hacerse también con la responsabilidad de propiciar políticas de integración que ayuden a una mejor convivencia, apelando a la responsabilidad de las instituciones y de la ciudadanía.

Entendemos la integración como un proceso bidireccional de adaptación mutua, que requiere la participación de toda la ciudadanía: personas inmigrantes y personas españolas. Estas políticas de integración deben prestar una especial atención a los hijos e hijas de inmigrantes.

Las personas de origen extranjero son sujetos de derechos, y también de obligaciones. Estas obligaciones (en el ámbito tributario o de la Seguridad Social, o la escolarización de los hijos e hijas menores que se encuentren a su cargo), junto a la necesidad de realizar esfuerzos tendentes a la integración en la comunidad de acogida deben valorarse a la hora de promover su estabilidad en el territorio español.

El acceso a la nacionalidad española por residencia debe ser visto como corolario de un proceso de integración de las personas extranjeras en España. A través de una Ley de nacionalidad, que se plantea también como una propuesta para abordar en lo que atañe a las y los españoles y españolas en el exterior, debe adecuarse el acceso a la nacionalidad por residencia de las personas extranjeras residentes en nuestro país, pues la adquisición de la nacionalidad comporta la plenitud de derechos de ciudadanía.

Desde esta perspectiva:

6.10. La españa europea abierta al mundo

Tras la pandemia del Covid-19 y la agresión rusa a Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales, nos encontramos ante un momento decisivo para el mundo. La línea que dividía la política exterior de la política interior ya no existe. Las decisiones que el gobierno toma en política europea e internacional tienen un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía española. En las próximas elecciones vamos a decidir si queremos la política internacional del Partido Popular: belicista y de confrontación, de la época de Aznar, o la irrelevancia de Rajoy, o una política exterior como la del Gobierno de Pedro Sánchez, con el liderazgo internacional necesario para garantizar el bienestar y protección de las y los españoles y españolas.

Desde 2020, España ha aumentado su liderazgo internacional. Ahora, la voz de España se está escuchando con fuerza en Europa y en el mundo.

Con el Gobierno de Pedro Sánchez, España ha entrado en el club de países que tienen voz propia para la toma de decisiones mundiales, promoviendo en el mundo los valores que caracterizan a la sociedad española: justicia, paz, tolerancia, solidaridad.

6.10.1. España, motor de europa. una europa fuerte para una españa fuerte

El Gobierno de Pedro Sánchez ha liderado en el seno de la Unión Europea las respuestas a la crisis del Covid-19 y a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. En la próxima legislatura:

  • Continuaremos trabajando para acelerar la transición energética justa, para ser más sostenibles y para reducir nuestra dependencia energética del exterior, incentivando la inversión en energías renovables. Hemos de ser capaces de consolidar la transición energética y la sostenibilidad de nuestro modelo económico y de consumo sin dejar a nadie atrás. Estamos convencidos de que la transformación económica que estamos impulsando, basada en el Pacto Verde Europeo y la digitalización de nuestra economía, es la única opción en la lucha contra el cambio climático.

6.10.2. Compromiso firme con la cooperación internacional por un entorno más próspero, justo y estable

La solidaridad y el compromiso con la cooperación internacional es una de las señas de identidad de la sociedad española. Solo mediante la cooperación con otros países podemos hacer frente a los grandes retos globales: desigualdad, hambre, pobreza, y así garantizar también el bienestar de las personas.

En los últimos años, el Gobierno liderado por el PSOE ha impulsado la reconstrucción de la cooperación española tras una década perdida durante los gobiernos del Partido Popular, que condujo al abandono político y presupuestario de un vector fundamental de la acción exterior de España.

En esta legislatura aprobamos la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, tras un amplio proceso participativo y con un gran consenso político que renueva a la obsoleta Ley de 1998, y que nos sitúa a la vanguardia de los modelos de cooperación en el seno de la comunidad internacional y representa el punto de partida de una ambiciosa reforma de nuestro sistema de cooperación.

El compromiso del Gobierno socialista con la cooperación también ha sido presupuestario: En 2018, cuando llegamos al Gobierno, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) representaba el 0,19% de la Renta Nacional Bruta (RNB), en 2022 la AOD representó el 0,28% de la RNB y en el 2023, y en los PGE 2023 se alcanza el 0,34% de la RNB, caminando hacia el objetivo del 0,7% en 2030 recogido en la nueva Ley de Cooperación. En la próxima legislatura:

  • Mantendremos el compromiso con el multilateralismo para la provisión de bienes públicos globales y la vocación de liderazgo internacional en el ámbito de la salud global. Para ello, aprobaremos una Estrategia de Salud Global para nuestro país desde una perspectiva multidisciplinar y alineada con la estrategia de la UE, para lograr la equidad en salud. Consolidaremos en las contribuciones de España a la salud global señas de identidad como la igualdad de género y la generación y transferencia de conocimiento científico. Continuaremos los compromisos con iniciativas de impacto, como el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, o la Alianza Global para la Inmunización GAVI.

6.10.3. Soluciones multilaterales para los desafíos globales

En una escena internacional cada vez más inestable y polarizada, los derechos humanos y las democracias están cada vez más amenazados por fuerzas reaccionarias. Frente a ello, el PSOE siempre ha defendido un multilateralismo fuerte, incluyente y eficaz como la vía para dar soluciones reales a los desafíos que afronta el mundo. En la próxima legislatura:

  • Avanzaremos en la doble vía de más españa en la onu y más ONU en España. Promoviendo, por un lado, el establecimiento de oficinas de las agencias de las Naciones Unidas en España y la presencia de profesionales españoles y españolas en el sistema de las Naciones Unidas, por otro.

6.10.4. España liderando nuestras relaciones estratégicas

10.4.1. América latina, en el centro de la acción españa y europa

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a situar a América Latina en el centro de nuestra política exterior. En esta legislatura, hemos reactivado la celebración presencial de las Cumbres Iberoamericanas, hemos dado prioridad a todos los países de América Latina. Nuestro patrimonio común, el español, es uno de nuestros grandes activos que nos proyecta en el mundo.

  • Continuaremos reforzando las relaciones con los países de américa latina y el Caribe. Pondremos al servicio de nuestros socios en Europa nuestra capacidad privilegiada de generar puentes entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe como aliados naturales, llamados a asumir papeles activos en espacios multilaterales. La Cumbre UE-CELAC durante la Presidencia española de la UE será el punto de partida, y haremos de 2023 el año de Iberoamérica en Europa.
10.4.2. Excelentes relaciones transatlánticas que contribuyen a nuestra seguridad

En esta legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado las relaciones entre España y los Estados Unidos al máximo nivel.

10.4.3. Relaciones bilaterales estratégicas con nuestros vecinos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado durante los últimos años por tenerman las mejores relaciones con los países vecinos con los que España comparte frontera terrestre, con el objetivo de garantizar nuestra prosperidad mutua y el bienestar de las personas. En la próxima legislatura:

10.4.4. Vecindad sur: gestionando un espacio compartido

El Gobierno liderado por el PSOE ha trabajado por impulsar las relaciones con los países del Mediterráneo y Vecindad Sur, fundamentales para la seguridad y estabilidad de España y del continente europeo.

10.4.5. África

El Gobierno de Pedro Sánchez ha inaugurado una nueva etapa en las relaciones con África con el objetivo de contribuir a la estabilidad y prosperidad del continente. En 2019 se aprobó el III Plan África y en 2021 se puso en marcha el programa Foco África 2023. En la próxima legislatura:

10.4.6. Relaciones con asia-pacífico.

La voz de España también se tiene que escuchar en Asia. Para ello:

10.4.7. España, referente en el mundo en la promoción de derechos.

España es un país referente en el mundo en la lucha contra la violencia de género, las políticas de igualdad o los derechos de las personas LGTBI, gracias a los avances alcanzados con gobiernos socialistas. Este Gobierno ha desarrollado una política exterior feminista que ha liderado iniciativas internacionales de importante calado y que se asienta en los valores que definen a los españoles y las españolas: la igualdad y no discriminación.

10.4.8. Españoles y españolas en el exterior: las personas en el centro de la acción exterior

En cuanto a la mejora de los servicios consulares en el exterior, además del incremento presupuestario ya realizado, en la próxima legislatura:

  • Garantizar los derechos y proteger a los españoles y las personas españolas en el exterior ha sido una de los principales preocupaciones y objetivos del gobierno. Hemos cumplido con la promesa histórica de derogar el voto rogado para facilitar que las y los españoles y españolas residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho constitucional a voto. Como también hemos ampliado los supuestos de adquisición de nacionalidad para los descendientes de españoles y españolas en el exterior a través de la Disposición Adicional 7a de la Ley de Memoria Democrática, convirtiendo a España en el país con la legislación más avanzada en la materia.

En esta misma línea de reconocimiento de derechos a los españoles y españolas en el exterior:

En cuanto a la mejora de los servicios consulares en el exterior, además del incremento presupuestario ya realizado, en la próxima legislatura:

  • Continuaremos mejorando y reforzando la atención a los españoles y españolas la ciudadanía española en el exterior a través de la Red de Consulados y Embajadas de España, avanzando en el Plan de Digitalización de los servicios consulares y dotando a los Consulados de refuerzos e instrumentos que permitan que las y los ciudadanos y ciudadanas españoles en el exterior vean atendidas sus necesidades.

6.11. Defensa

6.11.1. España, un socio fiable para la seguridad internacional

Los cambios en la arquitectura internacional de seguridad producidos durante la última década, tanto por la erosión del orden internacional, el incremento del recurso a la fuerza, el incremento de actores no estatales (terrorismo y crimen organizado) con capacidad para amenazar la seguridad de nuestras sociedades, la utilización de acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio, la presión económica y otras estrategias en la «zona gris» han configurado un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre y la constante aparición de nuevos desafíos como ha puesto de manifiesto la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales para el conjunto de Europa.

Esta situación exige de una aproximación multidisciplinar para afrontar de manera exitosa los retos. En ella, la Defensa proporciona capacidades, especialización y disponibilidad únicas para ampliar las posibilidades de acción en múltiples escenarios, incluido el de la demandante lucha contra el terrorismo internacional y los ataques en el ciberespacio, que son imprescindibles para la construcción de un sistema de seguridad nacional integrador, capaz de desarrollar estrategias que permitan anticipar, identificar y contrarrestar tempranamente cualquier amenaza.

En este nuevo entorno caracterizado por la transnacionalidad y la existencia de riesgos y amenazas compartidas, la colaboración entre socios y aliados se revela como un elemento esencial si se quiere hacer frente a los desafíos con cierto éxito. Por ello, España ha de reforzar su participación en las organizaciones internacionales con responsabilidades en Seguridad y Defensa de las que es parte, así como reforzar la red de relaciones bilaterales; de modo que nos integremos en un sistema muy sólido y flexible que actúa como multiplicador de nuestras capacidades e influencia sobre situaciones de riesgo; lo que también exige el compromiso de aportación solidaria a los esfuerzos realizados por estas organizaciones. Por lo tanto, y en coherencia con lo dicho:

  • Mantendremos el apoyo solidario de españa a los aliados afectados por el conflicto en Ucrania; así como mantendremos el compromiso con las diferentes misiones en las que España participa activamente con Naciones Unidas o con otros organismos internacionales de los que somos parte, como la misión en el Líbano, la lucha contra la piratería en el océano Índico, las misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de países aliados que no disponen de tal capacidad, o la relativa al cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia.

6.11.2. La defensa al servicio de la ciudadanía y de la democracia

Cuando en junio de 2018 el PSOE asumió el Gobierno de España, tuvo que hacer frente a las consecuencias de años de desinversión en Defensa de los gobiernos del Partido Popular. Desde entonces, hemos trabajado sin descanso para revertir la situación. Actualmente, hemos doblado el presupuesto que la derecha destinaba a la Defensa, con el objetivo de lograr unas Fuerzas Armadas modernas y adaptabas a los retos del siglo XXI.

Creemos que nuestras Fuerzas Armadas cumplen con el importante deber, plasmado en nuestra Constitución, de garantizar la seguridad de España y con ella, los derechos, libertades y bienestar que nuestra sociedad disfruta.

Las necesidades que nuestras Fuerzas Armadas tienen para cumplir su papel han llevado a desbloquear e impulsar un importante número programas de adquisición y actualización de sus capacidades. Con ello, hemos impulsado, y continuaremos impulsando el desarrollo de la industria española de Defensa, asegurando así nuestra autonomía estratégica, en ámbitos innovadores, en el I+D+i, cada vez con un carácter más dual, y en la generación de productos con alto valor añadido y empleo cualificado. Para continuar con esta importante labor:

6.11.3. Nuestro ejército: la columna vertebral de nuestras fuerzas armadas

La columna vertebral de nuestras Fuerzas Armadas son nuestras y nuestros: oficiales, suboficiales, tropa y marinería. Son ellos y ellas, con su profesionalidad, esfuerzo y devoción de servicio los que hacen posible que tengamos unas Fuerzas Armadas profesionales y ejemplares, no sólo para nuestros compatriotas, sino también para nuestros socios. Hemos de sentirnos orgullos de los hombres y mujeres que componen y trabajan en nuestras Fuerzas Armadas.

Es por eso por lo que las y los socialistas hemos trabajado en el desarrollo de una política de personal que atienda la moral, calidad de vida, formación y adiestramiento de los miembros de los Ejércitos y de la Armada. Los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas constituyen el núcleo de esta institución esencial para garantizar la seguridad y con ella los derechos, libertades y bienestar que nuestra sociedad disfruta.